Los trabajadores de ATE/ANAC anunciaron nuevas medidas de fuerza para el jueves 3 y viernes 4 de septiembre, con asambleas y manifestaciones que podrían generar demoras y complicaciones en los vuelos de Aeroparque y Ezeiza. La protesta se llevará adelante en dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21, en el transcurso de ambas jornadas.

Desde el gremio aclararon que se mantendrá la atención de los vuelos en desarrollo, además de los servicios sanitarios y oficiales. La medida responde a un reclamo que combina cuestiones salariales y operativas. 

ATE/ANAC exige que los haberes incorporen los aumentos correspondientes a conceptos extra paritarios ya acordados, la apertura de la paritaria sectorial y mayores recursos para las tareas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y las áreas de Fiscalización.

El conflicto se da en un contexto de mayor presión sobre la operación aeroportuaria. El reciente cierre de Aeroparque por trabajos de mantenimiento obligó a trasladar parte de sus vuelos a Ezeiza, que durante 55 horas llegó a registrar unos 940 movimientos, frente a los aproximadamente 530 habituales en períodos similares. Para el gremio, ese incremento de la actividad expuso la falta de personal, vehículos y equipamiento necesarios para garantizar las tareas de control y fiscalización.

El coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, sostuvo que las demandas fueron planteadas en distintas instancias de diálogo, pero que no hubo avances suficientes. Según explicó, la medida fue anunciada con anticipación para que las aerolíneas y los demás actores del sector puedan tomar previsiones y reducir el impacto sobre los pasajeros: "Las demandas fueron planteadas en distintas instancias de diálogo, pero no hubo avances suficientes".

Como es habitual con la llegada del nuevo mes, una serie de servicios sufrirán un ajuste que, en muchos casos, se ubica por encima de la inflación mensual de julio, del 2,1%. Colectivos, prepagas y colegios privados, entre otros, ya tienen subas confirmadas para septiembre.

Como todos los meses, el ajuste más fuerte volverá a darse en los alquileres alcanzados por la antigua ley, que tendrán una actualización anual de 35,52%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Aunque el indicador se desaceleró de manera significativa respecto de los aumentos de tres dígitos que se registraron en 2025, todavía representa un peso importante en el presupuesto familiar. En tanto, los inquilinos a los que les corresponda un ajuste trimestral deberán afrontar una suba del 6,22%.

Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires completarán la segunda cuota del ajuste en las tarifas que había autorizado el Gobierno. Será del 2,5%, lo que se suma al 5% que ya se había aplicado en agosto. La medida alcanza a los distintos niveles de enseñanza —Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior— y ajusta las escalas según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, el cual varía entre el 40 y el 100%.

Desde el inicio del nuevo mes, los colectivos en el Área Metropolitana (AMBA) tendrán un aumento que afectará, entre otros, a usuarios del Gran La Plata. La decisión implica una suba desde el próximo martes del 4,79%, por lo que el boleto mínimo trepará de los $1.210,17 actuales a $1.268,20 y el más caro, que se abona por recorridos de 27 km o más, pasará de $2.077,96 a 2.177,59.

Dentro de la categoría transporte, el ajuste más marcado será en los trenes del AMBA, que subirán 14,29%. De esta manera, el boleto mínimo para las líneas Urquiza, Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur quedará establecido en 480 pesos. El subte, por su parte, también tendrá una suba del 4,1%, con lo que su boleto mínimo pasará a 1.753 pesos.

Las empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Salud los porcentajes de suba que aplicarán a partir de septiembre. En esta oportunidad, se esperan ajustes muy variados dentro del sistema, con diferencias incluso en los diferentes planes de cada empresa. Por ejemplo, OSDE informó incrementos de entre 1,9% y 2,3%; Hospital Italiano, 2,1%; Swiss Medical, 2,2%; Galeno, entre 2,3% y 2,8% y Omint, hasta 2,9%.

La tarifa de agua de AySA, que presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano, aumentará 2,3%. Esta suba se suma a los incrementos mensuales que viene aplicando la empresa. También ABSA tendrá un ajuste como parte de las subas bimestrales que realiza. Como sucede todos los meses, en los próximos días se espera la publicación de los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN. Los montos de las subas todavía no están confirmados, pero es un hecho que las tarifas de electricidad y gas volverán a aumentar. Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento del 2,5% promedio, según el servicio y la operadora.

Más de 400 camiones permanecen demorados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca como consecuencia de un conflicto salarial entre los recibidores de granos y las empresas del sector. Esta situación comenzó a afectar la normal operatoria agroexportadora y encendió la alerta por la interrupción de la cadena logística.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresó su profunda preocupación ante la falta de acatamiento por parte de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) a los términos de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. La entidad presentó una denuncia formal ante la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, solicitando la urgente intervención de la autoridad de aplicación.

“La situación reviste una gravedad particular en el Puerto de Bahía Blanca. En dicho complejo portuario, delegados gremiales comunicaron a las empresas terminales la decisión de negarse a realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o derivación de personal entre sectores”, señaló la entidad.

Sobre el impacto de la medida, la cámara advirtió que, aunque las horas extra son opcionales por ley, en la operativa agroexportadora resultan indispensables para garantizar la fluidez del comercio exterior. El gerente general de la cámara, Federico Spoturno, explicó en diálogo con Radio Mitre que el conflicto se originó tras el rechazo de una propuesta económica que contemplaba un incremento del 31,99% para el período enero-diciembre de 2026.

Federico Spoturno remarcó que la negativa a realizar tareas normales y habituales genera un clima de tensión.

“Realmente se genera un clima de mucha tensión, porque son alrededor de 400 camioneros que quieren descargar, quieren volver a sus casas y empiezan a congestionar las rutas. Esto complica realmente el escenario”, advirtió.

Ante este panorama, el sector empresario espera que la intervención de la Secretaría de Trabajo permita encauzar la negociación en la audiencia prevista para los próximos días.

La situación del transporte público de pasajeros en Tandil atraviesa, según advirtió el delegado local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Sebastián Altamiranda, un escenario cada vez más complejo, que excede la discusión salarial y pone en riesgo la continuidad de algunas empresas y, consecuentemente, fuentes de trabajo.

En diálogo con El Eco , Altamiranda sostuvo que el sistema de transporte “se está deteriorando para todas las empresas” y planteó la necesidad de que los distintos niveles del Estado adopten medidas para evitar que la situación se profundice.

“El salario es un tema también, por los arreglos que hace el sindicato, que por ahí no son de los mejores. Pero hoy el tema que nos preocupa es la continuidad de las fuentes laborales, particularmente en algunas empresas. Uno por ahí piensa que hay dos empresas que están mal, pero la realidad es que el sistema se está deteriorando para todas las empresas”, explicó.

Altamiranda señaló que la línea 502 y la 500 son las que atraviesan el escenario más delicado, aunque remarcó que el resto tampoco cuenta con margen suficiente. “La blanca (502) está en terapia intensiva, entubada. Básicamente así. Está muy complicada a nivel empresa”, graficó, una situación que viene desde larga data y que según el transportista esta llegando a un límite irreversible.

 “Esta muy cerca de bajar las persianas. Y en las demás tendrán un poco más de margen, pero la situación es similar”, afirmó. 

Respecto de la línea 500, a cargo de Transportes 9 de Julio, sostuvo que “está siguiendo los pasos" del servicio gestionado por La Nueva Movediza aunque consideró que cuenta con una estructura que le permitiría tener mayores posibilidades de recuperación.

También cuestionó el estado de parte de las unidades y sostuvo que algunas empresas realizan reparaciones de manera permanente para poder mantener los colectivos en circulación. “Van remendando, remendando, remendando, en base a los recursos, pero se va a volver insostenible”, describió.

Ante este escenario, Altamiranda reclamó que el Municipio adopte medidas para sostener el sistema de transporte y evitar que la crisis termine afectando directamente a los trabajadores. “Hay que tomar medidas a nivel gobierno, tomar decisiones cuanto antes y buscar la forma de darle un salvataje al sector, declarar la emergencia en el transporte y ver de qué forma se puede llegar a mejorar esto”, sostuvo.

El delegado de la UTA cuestionó particularmente la reducción de los subsidios nacionales y afirmó que los fondos que deberían llegar al sistema presentan demoras, una situación que viene siendo advertida desde hace tiempo por la Cámara de Transporte. En ese sentido, mencionó que el atributo social proveniente de Nación registra, según sus dichos, unos 90 días de retraso.

“Todo lo que viene de Nación viene atrasado y lo que no viene, no lo están pasando. Y no solamente acá, sino en toda la provincia”, aseguró. También apuntó contra la política del Gobierno nacional y sostuvo que “hoy el Gobierno nacional es destructivo para las empresas y para los trabajadores”.

“Yo soy un convencido de que incrementar el boleto no es la solución. Porque lo único que hace es alejar al pasajero”, sostuvo. En cambio, planteó la necesidad de buscar mecanismos alternativos de financiamiento que permitan sostener el transporte sin cargar todo el costo sobre quienes utilizan el servicio. 

Entre las propuestas que, según explicó, fueron acercadas desde el gremio al gobierno comunal aparece la posibilidad de establecer un impuesto o porcentaje local sobre el combustible destinado al sostenimiento de servicios esenciales, además de destinar una parte de los recursos provenientes del estacionamiento medido.

Respecto de este último ingreso, mencionó la posibilidad de ampliar el área de cobertura incorporando más calles al sistema, una medida que, según su mirada, podría generar recursos adicionales y, al mismo tiempo, favorecer un mayor uso del transporte público. 

Entre las iniciativas impulsadas por la UTA, Altamiranda también mencionó un proyecto para crear una playa de estacionamiento destinada a los colectivos que llegan desde otras ciudades, que incluiría un puesto fitosanitario y espacios para permanencia durante los días de estadía. La propuesta tendría, además, un objetivo recaudatorio que podría contribuir al sostenimiento del sistema.

El dirigente sostuvo que las propuestas fueron conversadas con distintos bloques del Concejo Deliberante y que también existe diálogo con la Cámara de Transporte. “Estámos siempre en contacto. Cuando hemos ido a pedir algo ha sido siempre en diálogo. Creemos que esto se salva entre todos, pero que hay actuar cuanto antes”, afirmó.

Altamiranda insistió en que el objetivo  es evitar que la crisis termine provocando el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. “Cuando peor estamos, no le tenemos que poner la soga al cuello a las empresas porque de eso depende nuestro trabajo. Lo que nosotros queremos es sumar para que puedan seguir las seis, ir mejorando y obviamente pensando a futuro en que tengamos buenas unidades”, sostuvo.

En esa línea, también consideró que el sistema actual tiene exigencias que resultan difíciles de cumplir para las empresas en el contexto económico vigente. “Es imposible cuando las cosas están mal cumplir con los pliegos que hoy se nos exigen”, afirmó.

Consultado sobre el impacto de plataformas virtuales tales como Uber o Didi en un escenario de caída del uso del transporte público, Altamiranda relativizó su incidencia y señaló que no concentran sus reclamos en ese punto.

“Nosotros no hacemos hincapié en las aplicaciones porque siempre estuvieron. Los remises y los taxis siempre existieron en Tandil. El que trabaja tiene que trabajar”, sostuvo. De todos modos, remarcó que el gremio defiende especialmente la continuidad de los servicios públicos que tienen una larga trayectoria en la ciudad. 

Por último, volvió a hacer hincapié en que la solución requiere una intervención conjunta y urgente antes de que la situación se vuelva irreversible. “Yo creo que la gravedad la van a ver cuando se caiga una de las empresas y entonces van a decir: ‘Era verdad’”.

El Concejo Deliberante sigue debatiendo en comisión una normativa para regularizar en Tandil aplicaciones de transportes de pasajeros como Uber, Didi y otras. Es una discusión de larga data, y los bloques trabajan diferentes alternativas en busca de consenso.

Uno de los puntos centrales que se barajan es el de la posibilidad o no de que las aplicaciones tributen a nivel local: se trata de un aspecto no menor, en vista de generar un marco regulatorio que no promueva la competencia desleal con las agencias de remises y los choferes de taxis.

Fue el exconcejal Juan Manazzoni quien presentó, en abril de 2025, un proyecto de ordenanza al respecto. El mismo se analizó en el marco de la comisión de Transporte tras el recambio legislativo en diciembre pasado, y en enero se elevó al Ejecutivo. Tal como informó El Eco, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, la Dirección de Control Urbano Vehicular consideró oportuno regular el servicio a través de aplicaciones, aunque consideró que el proyecto de ordenanza “interfiere” con otras normas vigentes sobre transporte de pasajeros.

Cabe recordar, Tandil cuenta con una legislación que regula a las empresas de remises o dueños de taxis: deben cumplir con una normativa que entre otros aspectos, exige contar con domicilio fiscal en la ciudad y pagar los impuestos correspondientes, además de solicitar controles respecto de vehículos y choferes. 

Tiempo atrás hubo un contacto de Cabify con la comisión de Transporte, y del mismo modo procedió Vamox, un desarrollo local. Sin embargo, otras empresas extranjeras como Uber o Didi no establecieron vínculo, pero activaron sus aplicaciones en la ciudad, y se encuentran operando.

El debate al interior del Concejo para lograr acuerdos en torno a una normativa para regularizar las aplicaciones de transporte de pasajeros, continúa. Los bloques analizan propuestas para arribar a un proyecto común, y si bien restan definir algunos aspectos clave, existe un consenso en la necesidad de avanzar en una nueva ordenanza que contemple a las nuevas modalidades del servicio.

Entre otros aspectos, se discute la exigencia del carnet profesional para choferes y el seguro para vehículos y pasajeros. Pero más allá de los posibles requerimientos, la ordenanza deberá contemplar la actual normativa de taxis y remises, para no promover la competencia deleal.

La ordenanza de remises, por ejemplo, exige a las agencias contar con un local a la calle, domiciliado en Tandil, algo con lo que las plataformas digitales no cuentan en las ciudades en las que operan.

Se trata de un punto sensible y de especial interés porque el domicilio fiscal posibilitaría que, al igual que lo hacen las empresas remiseras, las aplicaciones tributen a nivel local. Ese es el ítem al que los concejales analizan para “buscarle la vuelta” y generar una normativa equitativa con las firmas de la ciudad.

Más allá de la legislación vigente, por lo menos dos plataformas se encuentran operando en Tandil, y su servicio es cada vez más solicitado por usuarios y choferes. Por un lado, por las promociones que las empresas promueven para instalar la marca y diferenciarse de la competencia. Por otro, como una salida laboral en tiempos económicos complejos.

Sin embargo, la actividad no se encuentra habilitada a nivel local, y los operativos realizados por la Dirección de Control Urbano proceden a infraccionar y a realizar la retención del vehículo en el caso de registrarlo en operativos de tránsito. Si bien los secuestros no han sido frecuentes en el último tiempo, los agentes deben en tal caso adjuntar el acta de captura que acredite que el mismo fue detectado en funciones inhabilitadas.

Con o sin habilitación, un caso sentó un precedente en la ciudad: fue a partir del fallo del juez Carlos Alberto Pocorena, titular del Juzgado en lo Correccional, que anuló un procedimiento de Control Urbano y absolvió a un chofer de la plataforma Uber, Matías Joel Marincioni, al determinar que el operativo fue fruto de una confabulación entre el dueño de una agencia de remís y las autoridades municipales para interceptar al trabajador de forma irregular. El hecho se remonta al 27 de marzo de 2025.

Para la justicia, el pasajero que viajaba en el vehículo, Daniel Marcos Emiliozzi, actuó en combinación con las autoridades y el sector de los remises para generar la detención. Esta resolución judicial expuso la fragilidad del esquema de controles actual y la zona gris en la que se encuentran los trabajadores de aplicaciones.

Con el aval del ministro de Economía, el Gobierno nacional abrió formalmente la licitación para privatizar las líneas ferroviarias Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza. El proceso, que contempla una concesión por 50 años, permitirá a empresas nacionales e internacionales administrar, mantener y modernizar la infraestructura, además de incluir la opción de adquirir el material rodante.

La medida fue habilitada mediante una resolución firmada por Luis Caputo y el proceso se gestionará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR. Según el cronograma oficial, las consultas podrán realizarse hasta el 28 de octubre, mientras que la presentación de ofertas tiene como fecha límite el 11 de noviembre a las 9:59, con la apertura de sobres prevista para las 10 de ese mismo día.

El esquema de privatización, impulsado por el gobierno de Javier Milei, abarca 7.594 kilómetros de vías que atraviesan 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales hacia Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. La concesión no contempla el pago de cánones ni subsidios estatales, por lo que los operadores obtendrán sus ingresos mediante el cobro de peajes y la explotación comercial de inmuebles linderos.

Sobre la finalidad de esta medida, el ministro de Economía señaló: “Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas”.

El plan contempla inversiones por 755 millones de dólares, distribuidos en 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano Cargas y 75 millones para la Urquiza. Además, se habilitó el acceso a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para las obras de renovación y desarrollo de infraestructura.

Para la evaluación de las propuestas, se conformó una comisión integrada por Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García. Finalmente, la adjudicación está prevista para entre abril y mayo de 2027, momento en el cual los nuevos operadores deberán iniciar sus planes de obra bajo supervisión estatal.

El Gobierno actualizó el régimen de pesos y dimensiones para los vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas, en busca de reducir costos en el sector, mediante el Decreto 689/2026, que sustituye el Anexo R del Decreto 779/95.

La modificación incorpora nuevas configuraciones vehiculares y adapta la normativa a los actuales estándares de fabricación de la industria automotriz, “con el objetivo de mejorar la eficiencia del transporte y simplificar los procedimientos”.

La reforma adecua las dimensiones máximas para vehículos con nuevas tecnologías de motorización, al contemplar configuraciones para unidades propulsadas a Gas Natural Comprimido (GNC) dedicado, que podrán utilizar cubiertas súper anchas para compensar los mayores costos asociados a estas tecnologías y mejorar su capacidad de transporte.

Al mismo tiempo, la nueva norma también incorpora criterios similares para vehículos eléctricos puros e híbridos, favoreciendo una mayor utilización de tecnologías menos nocivas para el ambiente.

En el caso de los vehículos de carga, se establecen nuevas longitudes máximas: 19,60 metros para configuraciones de tractocamión con semirremolque de articulación simple, y 23,40, 26,50 y 31,25 metros para bitrenes de doble articulación, según las configuraciones B1, B2 y B3, respectivamente.

Al respecto, desde el Ejecutivo destacaron que “la actualización busca acompañar los nuevos estándares de fabricación regionales y aprovechar la disponibilidad de Gas Natural Vehicular derivada del desarrollo de Vaca Muerta”.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resaltó que la actualización permitirá “agilizar y bajar costos del transporte terrestre”. En ese sentido, explicó que la nueva normativa equipara las medidas de los camiones con las vigentes en Brasil, aumenta los pesos permitidos respetando los límites por eje y adapta las reglas a las nuevas tecnologías de vehículos a gas y electricidad.

Además, el funcionario señaló que “teníamos el absurdo de tener camiones que pudiendo cargar más no podían hacerlo porque la norma, obsoleta, lo prohibía”. La reforma busca así eliminar restricciones que habían quedado desactualizadas y mejorar la eficiencia del transporte de cargas.

El decreto también otorga a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía facultades para actualizar y modificar el Anexo R de acuerdo con la evolución tecnológica y las necesidades del sector.

De esta manera, podrá establecer nuevas configuraciones, modificar longitudes permitidas e incorporar nuevas relaciones de peso y potencia, así como definir una implementación gradual, excepciones o prórrogas cuando resulte necesario.

Desde el Gobierno remarcaron que “la reforma apunta a contar con una regulación más dinámica, capaz de acompañar la evolución de la industria automotriz y del transporte, promover tecnologías más eficientes y mejorar las condiciones para el desarrollo de un sistema de cargas y pasajeros que sea moderno, competitivo y con menores costos logísticos” (NA).

La modificación incorpora nuevas configuraciones vehiculares y adapta la normativa a los actuales estándares de fabricación de la industria automotriz, “con el objetivo de mejorar la eficiencia del transporte y simplificar los procedimientos”.

La reforma adecua las dimensiones máximas para vehículos con nuevas tecnologías de motorización, al contemplar configuraciones para unidades propulsadas a Gas Natural Comprimido (GNC) dedicado, que podrán utilizar cubiertas súper anchas para compensar los mayores costos asociados a estas tecnologías y mejorar su capacidad de transporte.

Al mismo tiempo, la nueva norma también incorpora criterios similares para vehículos eléctricos puros e híbridos, favoreciendo una mayor utilización de tecnologías menos nocivas para el ambiente.

En el caso de los vehículos de carga, se establecen nuevas longitudes máximas: 19,60 metros para configuraciones de tractocamión con semirremolque de articulación simple, y 23,40, 26,50 y 31,25 metros para bitrenes de doble articulación, según las configuraciones B1, B2 y B3, respectivamente.

Al respecto, desde el Ejecutivo destacaron que “la actualización busca acompañar los nuevos estándares de fabricación regionales y aprovechar la disponibilidad de Gas Natural Vehicular derivada del desarrollo de Vaca Muerta”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resaltó que la actualización permitirá “agilizar y bajar costos del transporte terrestre”. En ese sentido, explicó que la nueva normativa equipara las medidas de los camiones con las vigentes en Brasil, aumenta los pesos permitidos respetando los límites por eje y adapta las reglas a las nuevas tecnologías de vehículos a gas y electricidad.

Además, el funcionario señaló que “teníamos el absurdo de tener camiones que pudiendo cargar más no podían hacerlo porque la norma, obsoleta, lo prohibía”. La reforma busca así eliminar restricciones que habían quedado desactualizadas y mejorar la eficiencia del transporte de cargas. NA  

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó una reforma de la Parte 129 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) con el objetivo de agilizar el reconocimiento de certificados de explotador extranjeros. Esta medida busca eliminar trámites redundantes y facilitar el ingreso de nuevas líneas aéreas internacionales al mercado nacional, manteniendo los estándares de seguridad operacional exigidos por la normativa vigente.

La actualización representa una nueva etapa de modernización regulatoria para el cuerpo normativo que regula la operación de transportadores aéreos extranjeros en servicios internacionales hacia y desde la Argentina. El cambio apunta a simplificar procedimientos, reducir tiempos de tramitación y eliminar cargas administrativas innecesarias, en línea con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las tendencias de liberalización controlada del mercado aéreo.

El eje central de la reforma es la incorporación de un esquema más ágil para el reconocimiento de los Certificados de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) emitidos por otros Estados. A partir de ahora, los operadores provenientes de países que mantengan acuerdos vigentes con la Argentina y cuyas autoridades aeronáuticas registren niveles satisfactorios de implementación efectiva de la vigilancia de la seguridad operacional, podrán acceder a un procedimiento simplificado.

En la práctica, esto significa que la ANAC evitará duplicar verificaciones ya realizadas por autoridades que cumplen estándares internacionales, concentrando sus recursos en la revisión de aspectos críticos y en la supervisión de operadores que presenten mayores niveles de riesgo. Este modelo se alinea con la lógica de fiscalización basada en riesgo que la OACI impulsa para priorizar la supervisión sobre aquellos Estados u operadores con brechas de cumplimiento.

La actualización de la Parte 129 se inscribe en un proceso más amplio de desburocratización del sistema aeronáutico argentino. En los últimos años, el organismo avanzó en la digitalización de trámites y la armonización de sus regulaciones con los anexos de la OACI, en un contexto de crecimiento del tráfico internacional y mayor presencia de operadores low cost.

Desde el punto de vista de mercado, la simplificación de procedimientos puede favorecer la competencia y ampliar la oferta de conectividad internacional. La reducción de tiempos para el reconocimiento de AOC facilita la entrada de nuevos operadores en rutas donde la oferta es limitada, lo cual puede contribuir a mejorar la conectividad de ciudades del interior con hubs regionales y globales.

Finalmente, la ANAC subrayó que la reforma no implica una relajación de los estándares de seguridad. El nuevo esquema mantiene las exigencias en materia de seguridad operacional, cumplimiento de programas de mantenimiento, formación de tripulaciones y gestión de riesgos, reforzando la capacidad de focalizar las auditorías en aquellos operadores que requieren un mayor nivel de supervisión.

La Administración General de Puertos (AGP) dispuso una nueva prórroga de la bonificación tarifaria del peaje de la Hidrovía hasta el traspaso definitivo al nuevo concesionario. La medida fue oficializada mediante la Resolución 105/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La norma extendió el beneficio tarifario de 1,30 dólares por tonelada para el tramo de Santa Fe al norte. El objetivo central de esta decisión es garantizar la estabilidad de los costos fluviales hasta que la unión de empresas conformada por Jan de Nul y Servimagnus asuma la operación efectiva del servicio.

Esta prórroga se aplica de forma retroactiva a partir del 1 de julio de 2026 y continuará vigente de manera ininterrumpida hasta que la nueva empresa adjudicataria de la concesión tome posesión efectiva. La resolución, que lleva la firma del interventor Gastón Benvenuto, se fundamenta en la necesidad de evitar la alteración de las condiciones tarifarias actuales para los usuarios fluviales en este último tramo de transición institucional.

El proceso de licitación pública para la modernización y mantenimiento de la Hidrovía finalizó a principios de julio, resultando adjudicataria la unión de empresas conformada por Jan de Nul y Servimagnus. El contrato de concesión se firmó el pasado 8 de julio. De acuerdo con las pautas del acuerdo, las partes cuentan con un plazo de 30 días corridos desde la firma para suscribir el Acta de Inicio y concretar la toma de posesión del servicio.

La extensión de la bonificación dictada por la AGP actúa como un reaseguro de continuidad operativa y de previsibilidad económica para los transportistas que operan en el norte de la vía navegable antes del inminente desembarco del operador privado.

El conflicto por el cuadro tarifario en la Sección II se remonta a 2022, cuando se fijó una tarifa original de 1,47 dólares por TRN para el transporte internacional. Ante la fuerte resistencia de los usuarios y diversas presentaciones judiciales, el Ministerio de Transporte de aquel entonces ordenó suspender la tarifa plena.

En septiembre de 2024, la AGP implementó un esquema de bonificaciones provisorias, comenzando con un descuento que dejaba la tarifa en 1,20 dólares y dispuso la creación de una Mesa de Trabajo para analizar la razonabilidad y la estructura de costos del tramo de Santa Fe al norte. Sin embargo, la reestructuración del área portuaria iniciada a principios de 2025, que incluyó la disolución de la AGP y la creación de la ANPYN, obligó a focalizar los recursos técnicos en la transición institucional. Esto impidió el normal funcionamiento de la mesa, derivando en una serie consecutiva de prórrogas mensuales.

El octavo mes del año comenzará con una nueva batería de aumentos que impactarán sobre el presupuesto de los hogares. Entre las subas ya confirmadas figuran la luz, el gas, los alquileres, las cuotas de los colegios privados, las empresas de medicina prepaga, el transporte público, los peajes, el servicio de agua y las tarifas de internet, cable y telefonía.

El ajuste más importante volverá a registrarse en los alquileres que todavía se rigen por la ley que fue derogada por el actual Gobierno. En esos contratos, la actualización anual será del 34,95%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Si bien el porcentaje muestra una fuerte desaceleración respecto de los incrementos de tres dígitos registrados el año pasado, continúa representando un fuerte impacto para quienes alquilan.

Por otra parte, el Gobierno bonaerense aprobó un nuevo incremento de las tarifas de la luz, que regirá desde agosto para los usuarios las distribuidoras eléctricas con asiento en el territorio bonaerense. La suba variará entre el 1,5% y el 3,5%, según la categoría, la empresa y el nivel de consumo de cada usuario.

La actualización fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y contempla ajustes tanto en el Valor Agregado de Distribución (VAD) como en el precio mayorista de la energía definido por las autoridades nacionales. Según la normativa, los nuevos montos se aplicarán sobre los consumos registrados a partir del 1° de julio y del 1° de agosto, por lo que el incremento comenzará a reflejarse en las facturas que lleguen desde septiembre.

El Gobierno nacional confirmó que las tarifas de gas natural aumentarán un 2,99% promedio en todo el país desde el 1° de agosto, como parte de la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución que integran la factura. Al mismo tiempo, mantendrá durante agosto las bonificaciones extraordinarias para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En la provincia de Buenos Aires, las cuotas de los colegios privados con aporte estatal aumentarán un 5,5%. Los nuevos valores variarán según el nivel educativo y el porcentaje de subvención, con cuotas que irán desde poco más de $ 37.000 en el nivel inicial y primario con financiamiento estatal pleno hasta casi $250.000 en establecimientos técnicos, agrarios y artísticos con menor nivel de aporte.

También habrá un incremento del 3% en las tarifas de agua para los usuarios de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que llevará la factura promedio mensual a $ 32.745,74.

Las empresas de medicina prepaga ya comenzaron a comunicar a sus afiliados nuevas actualizaciones que llegarán hasta el 2,1%, incluyendo también los copagos.

Las compañías atribuyen el aumento al incremento de los costos del sistema de salud, como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

El transporte público volverá a encarecerse. En los colectivos del AMBA las tarifas subirán entre 3,9% y 4,4%, según la jurisdicción. El boleto mínimo pasará a costar $ 1.111,19 en las líneas bonaerenses y $ 852,90 en las porteñas. Para los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el pasaje será de $ 1.250,08 en la provincia y de $ 947,71 en la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso del subte, el incremento será del 4,1%, por lo que el viaje pasará de $ 1.558 a $ 1.621.

Los trenes metropolitanos también aumentarán. El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur subirá de $ 380 a $ 420. La segunda sección costará $ 586 y la tercera $ 729.

Todos estos valores son con la tarjeta SUBE registrada.

En la Ciudad de Buenos Aires, además, los peajes tendrán una actualización del 3,9%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los automóviles pagarán $ 4.610,98 fuera del horario pico y $ 6.534,52 en hora pico. En la autopista Illia, así como en los accesos Retiro II-Sarmiento y Salguero, los valores serán de $ 1.921,05 y $ 2.716,64, respectivamente.

Por último, las empresas de Internet, televisión por cable y telefonía también comenzaron a notificar a sus clientes nuevos ajustes tarifarios que rondarán el 2,5%, aunque el porcentaje variará según la operadora y el servicio contratado.

En tanto, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, mediante el Decreto 693/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica el cronograma previsto en el Decreto 617/2025 y establece que, durante todo agosto, solo se aplicará una parte de los incrementos pendientes correspondientes a las actualizaciones de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.

De esta manera, el Ejecutivo volvió a postergar una porción de la actualización impositiva con el objetivo de "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". El decreto fija aumentos parciales de $ 10,572 por litro para las naftas en el impuesto a los combustibles líquidos, mientras que para el gasoil dispone incrementos de $ 9,511 en ese tributo, $ 5,150 en el tratamiento diferencial para la región patagónica y $ 1,084 en el impuesto al dióxido de carbono. El texto también establece que el resto de los incrementos diferidos comenzará a regir desde el 1° de septiembre de 2026.

La presencia de la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas" en el transporte público volvió a quedar en el centro de la escena tras una denuncia realizada por choferes de colectivos y representantes gremiales, quienes aseguraron que distintas empresas comenzaron a retirar de las unidades las calcomanías y carteles con esa inscripción, cuya exhibición es obligatoria por ley.

La controversia se produjo en medio del debate que se generó luego del partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, cuando los futbolistas de la Selección exhibieron una bandera en alusión a las Islas Malvinas, gesto que incluso motivó declaraciones del presidente Javier Milei.

Según denunciaron trabajadores del transporte, la medida no solo alcanzó a colectivos, sino también a algunas formaciones ferroviarias. De acuerdo con los testimonios difundidos, varias empresas habrían comunicado internamente la decisión de retirar la señalización alusiva a la soberanía argentina sobre las islas.

Entre las firmas mencionadas figura el Grupo DOTA, cuyos choferes aseguraron haber recibido instrucciones para quitar los mapas y banderas vinculados a la causa Malvinas de distintas unidades durante los últimos días.

Frente a las versiones, Marcelo Pasciuto, director del Grupo DOTA, negó que exista una decisión de eliminar la referencia a las Islas Malvinas de los colectivos y sostuvo que se trata únicamente de una renovación de la cartelería.

"No sacamos el logo de Malvinas de los colectivos, es un recambio. Se está recambiando por algo más lindo", aseguró el directivo en declaraciones radiales.

Además, explicó que la señalización actualmente instalada corresponde a la colocada en 2022, cuando se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas, y que el paso del tiempo provocó su deterioro.

"Es una ley que está desde 2022. En ese momento se puso un cartel blanco pegado en la chapa. Pasaron cuatro años, se desgastaron y ahora se va a cambiar por algo más lindo, que va a ir en algunas unidades sobre la chapa y en otras en las ventanillas", señaló.

La colocación de la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas" en las unidades de transporte público fue establecida por ley en el marco de los 40 años del conflicto bélico de 1982, con el objetivo de reafirmar el reclamo de soberanía argentino.

Mientras continúan las denuncias de trabajadores sobre el retiro de la cartelería, desde una de las principales empresas del sector insisten en que no se eliminará la referencia a Malvinas, sino que será reemplazada por una nueva versión con un diseño renovado.

En un contexto marcado por los reclamos del sector empresarial ante la insuficiencia de los subsidios para cubrir los costos operativos, el Gobierno nacional oficializó una medida que busca garantizar la continuidad de los servicios de transporte de larga distancia. A través de un decreto, se prorrogó por un año la habilitación para que los ómnibus modelo 2012 puedan seguir circulando.

La normativa establece que estas unidades podrán prestar servicios interjurisdiccionales hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que aprueben una Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada tres meses. Esta disposición alcanza a los vehículos comprendidos en el Decreto 883/2024 que estuvieran habilitados al 1 de enero de 2026 e inscriptos en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.

La medida funciona como una excepción al límite de antigüedad vigente en la Ley Nacional de Tránsito, la cual estipula un máximo de 10 años para los vehículos de transporte de pasajeros. Según los fundamentos del decreto, el objetivo central es evitar una salida masiva y simultánea de unidades del sistema mientras se debate un proyecto legislativo para modificar el régimen de antigüedad máxima.

Desde el Gobierno señalaron que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó que, al 30 de abril de 2026, existían 559 unidades modelo 2012 habilitadas. De acuerdo con el organismo, la permanencia de estos vehículos no altera de manera significativa la antigüedad promedio de la flota nacional.

Asimismo, la CNRT, con el respaldo de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, consideró que la prórroga es técnicamente viable bajo la condición de controles técnicos trimestrales. En este sentido, el decreto subraya que todas las unidades alcanzadas que hayan superado la antigüedad máxima legal deberán cumplir con esta periodicidad en sus revisiones para mantener vigente su habilitación.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes en el Boletín Oficial la Ley N° 15.613, la cual establece la obligatoriedad de colocar pictogramas de accesibilidad en todas las unidades del transporte público de pasajeros. La medida tiene como objetivo principal garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de transporte, con especial énfasis en los colectivos.

La reglamentación se formaliza un mes después de que la Legislatura bonaerense sancionara la norma, la cual busca facilitar la comunicación de personas con discapacidad que presentan dificultades en el lenguaje verbal. Asimismo, la ley dispone la capacitación obligatoria de los conductores en el trato hacia este colectivo.

En términos técnicos, la normativa incorpora el artículo 47 Bis al Decreto-Ley 16.378/57, que regula el transporte de pasajeros en la provincia. De esta manera, las empresas prestadoras del servicio deberán instalar obligatoriamente los pictogramas dentro de las unidades. 

A su vez, se modifica el artículo 26 de la Ley 13.927 de Tránsito, exigiendo que los conductores acrediten la realización y aprobación de las capacitaciones determinadas por la autoridad de aplicación como requisito indispensable para obtener la licencia habilitante.

Por otro lado, la ley establece que el Poder Ejecutivo deberá proveer a los municipios que adhieran a la normativa los pictogramas de señalización necesarios. Estos deberán ser colocados en terminales de ómnibus, paradas de colectivos y otros espacios vinculados al transporte público, con el propósito de facilitar la anticipación y comprensión del entorno por parte de los usuarios.

Si bien la iniciativa ya contaba con experiencias previas de carácter voluntario, a partir de ahora su implementación es obligatoria. Un caso destacado es el de la línea 85 de Quilmes, considerada una de las pioneras en la materia y cuya experiencia sirvió de inspiración para la redacción de esta ley provincial. Sus unidades ya cuentan con señalización pictográfica diseñada para asistir a personas con algún trastorno del espectro autista (TEA) u otra discapacidad que dificulte la comunicación verbal.

El Trambús, un sistema de colectivos eléctricos con carriles exclusivos, comenzará a operar antes de fin de año y ya avanza la construcción de paradores y las modificaciones viales necesarias para su implementación.

El proyecto busca mejorar la conexión entre el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires mediante un corredor de alta frecuencia, con prioridad en los semáforos y una fuerte integración con las líneas de subte, los ferrocarriles y el Metrobús.

Además de las nuevas estaciones, la obra implicará cambios en el sentido de circulación de avenidas clave, especialmente en Caballito.

La nueva línea, identificada como T1, contará con unidades cien por ciento eléctricas, sin emisiones contaminantes durante su funcionamiento y con tecnología de asistencia a la conducción (ADAS), monitoreo permanente y espejos retrovisores digitales.

La primera línea tendrá un recorrido de aproximadamente 22 kilómetros, desde Nueva Pompeya hasta el Aeroparque Jorge Newbery, atravesando algunos de los corredores urbanos con mayor movimiento de pasajeros.

Los barrios que recorrerá serán, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo y Palermo.

Durante el trayecto circulará por avenidas como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte, Rivadavia, Honorio Pueyrredón y otros corredores estratégicos de la Ciudad.

Según las estimaciones oficiales, el nuevo sistema permitirá reducir hasta un 40 por ciento los tiempos de viaje, tendrá una frecuencia cercana a un servicio cada cuatro minutos y transportará alrededor de 60 mil pasajeros por día.

Uno de los principales objetivos del Trambús será facilitar las combinaciones con el resto del transporte público.

Entre las estaciones ya confirmadas se destacan las ubicadas en Av. Bullrich y Juan B. Justo (conexión con Línea D y Ferrocarril San Martín);

Juan B. Justo y Corrientes (Línea B y Ferrocarril San Martín); Av. La Plata y Rivadavia (Línea A); Av. José María Moreno y Rivadavia (Línea A y Ferrocarril Sarmiento); Av. La Plata y Directorio (Línea E); y Almafuerte (Línea H).

En total, el corredor contará con 71 paradores, que permitirán integrar el servicio con la red de subtes, trenes metropolitanos y corredores de Metrobús.

Las obras también modificarán la circulación en distintos sectores de Caballito, donde se construyen varios de los nuevos paradores.

Los cambios previstos incluyen a la avenida Acoyte, que pasará a tener mano única hacia el norte entre Neuquén y Díaz Vélez. En tanto, Honorio Pueyrredón modificará su circulación entre Gaona y Neuquén, quedando con sentido hacia el sur desde octubre.

También habrá cambios en calles como Felipe Vallese, Ambrosetti y Balcarce para reorganizar el tránsito de la zona.

Aunque su nombre remite a un tranvía, el Trambús no utilizará vías ni catenarias aéreas. Circulará sobre neumáticos y funcionará exclusivamente con energía eléctrica.

Las unidades también incorporarán sistema ADAS (asistencia a la conducción), alerta de colisión frontal, detección de peatones, monitoreo permanente del vehículo, detección de punto ciego, espejos retrovisores digitales y prioridad semafórica mediante semáforos inteligentes. NA 

El Ministerio de Transporte dispuso una nueva restricción para la circulación de vehículos de transporte de cargas de más de siete toneladas de porte bruto con motivo del fin de semana largo por el Día de la Independencia.

La medida regirá desde este miércoles en distintas rutas provinciales y en la Autopista Buenos Aires-La Plata, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y reducir el riesgo de siniestros durante el recambio turístico.

Además, la disposición incorpora el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno nacional, a las medidas previstas para el feriado, luego de que esa fecha hubiera sido omitida por error en una resolución anterior.

La restricción se aplicará en los corredores comprendidos por la Resolución N° 85/26, que incluye las rutas provinciales 2, 11, 36, 56, 63, 74 y 88, además de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Los horarios establecidos son los siguientes: el miércoles 8 de julio, de 18 a 23.59, en sentido ascendente, es decir, de salida del Área Metropolitana de Buenos Aires; el jueves 9 de julio, de 6 a 14, también en sentido ascendente; y el domingo 12 de julio, de 14 a 23.59, en sentido descendente, correspondiente al regreso hacia el Área Metropolitana.

Desde la cartera de Transporte señalaron que la decisión responde al incremento previsto en la circulación de vehículos particulares durante el fin de semana largo, especialmente en los accesos a los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, donde aumenta el riesgo de accidentes por la convivencia entre el tránsito liviano y los vehículos de gran porte.

No obstante, la medida mantiene las excepciones contempladas en la Resolución N° 5/26 para determinados transportes considerados esenciales, entre ellos los destinados al abastecimiento de productos perecederos y otras actividades estratégicas, con el fin de garantizar la continuidad de la producción y la distribución de bienes.

Las subas se aplicarán luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo. Ese dato sirve como referencia para distintos mecanismos de actualización previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado.

En el caso de los alquileres, los contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres continuarán ajustándose según el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central, por lo que en julio registrarán un incremento anual del 31,54%. En tanto, los contratos que actualizan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aplicarán subas de acuerdo con el período pactado: 8,1% para ajustes trimestrales, 11% para los cuatrimestrales y 16,7% para los semestrales.

En materia de transporte público, los usuarios de la provincia de Buenos Aires enfrentarán un aumento del 4,1% desde el 1° de julio. El boleto mínimo de colectivo pasará a costar $1.057,25, mientras que el tramo de 3 a 6 kilómetros tendrá un valor de $1.189,39; el de 6 a 12 kilómetros costará $1.321,55 y los recorridos de 12 a 27 kilómetros ascenderán a $1.585,89.

El ajuste responde al esquema de actualización que combina la inflación con un adicional de dos puntos porcentuales. El Gobierno nacional sostuvo que la medida busca garantizar la continuidad y calidad del servicio. Además, continuará vigente el descuento del 55% para beneficiarios de la tarifa social, jubilados, pensionados y otros grupos alcanzados por prestaciones de Anses.

Por su parte, las empresas de medicina prepaga ya comenzaron a informar a sus afiliados los nuevos valores que regirán en julio. Al menos cinco compañías aplicarán incrementos cercanos al 2,9%, porcentaje que supera la inflación de referencia y que llega tras la desregulación del sector acordada entre las empresas y el Gobierno nacional.

En cuanto a la energía eléctrica, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán una suba promedio del 1,5% en las facturas que se abonarán durante julio. En el interior bonaerense, donde operan otras distribuidoras y cooperativas, los cargos fijos aumentarán entre 5% y 8%, mientras que el cargo variable se incrementará 2%, según la empresa prestadora.

Finalmente, las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, en un contexto de mayor demanda por las bajas temperaturas propias del invierno.

Con estos ajustes, julio volverá a estar marcado por una serie de incrementos en servicios y gastos habituales que tendrán impacto directo sobre el presupuesto de las familias.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunció una nueva medida de fuerza para este martes, que consistirá en la liberación de los molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B. La acción se llevará a cabo entre las 7 y las 8 de la mañana en el marco de un conflicto que mantienen con la empresa concesionaria Emova.

El gremio denunció a la compañía por aplicar descuentos salariales y sanciones disciplinarias que calificaron como ilegales. Según informaron, cuentan con medidas cautelares y resoluciones judiciales favorables que intiman a la empresa a dejar sin efecto dichas medidas. Además, confirmaron que ya fueron presentadas denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad.

Al respecto, Claudio Dellecarbonara, secretario ejecutivo del ente gremial, señaló:

“Se aplican descuentos compulsivos sobre los salarios y se utilizan las sanciones como mecanismo de presión para desalentar las denuncias vinculadas a las condiciones laborales y al estado del servicio”.

El dirigente advirtió que el plan de lucha continuará durante los próximos días y no descartó nuevas iniciativas que podrían afectar el funcionamiento del servicio si no se alcanza una solución. Claudio Dellecarbonara afirmó que la liberación de molinetes de este martes es solo el primer paso de un plan de acción más amplio.

Por su parte, la empresa Emova emitió un comunicado oficial en el que rechazó las acusaciones del gremio. La concesionaria sostuvo que las acciones responden a descuentos realizados a empleados que no cumplieron con sus horarios de trabajo establecidos sin justificación.

“Estas acciones gremiales responden a descuentos realizados a aquellos empleados que no cumplieron con sus horarios de trabajo establecidos sin justificación alguna”.

Finalmente, la empresa aseguró que se abonaron los días trabajados y que las quitas solo afectaron a quienes no prestaron servicios.

En la Ciudad de Buenos Aires, los taxis eléctricos comenzaron a circular con el propósito de renovar la flota de transporte, reducir los gases contaminantes y disminuir la contaminación sonora. Para garantizar la sustentabilidad del proyecto, se ha consolidado una red de 400 puntos de carga públicos en diversos puntos estratégicos.

Gerardo Trillini, chofer con 35 años de trayectoria, es uno de los conductores que ya opera un vehículo propulsado íntegramente por energía eléctrica. Sobre su experiencia, señaló:

“No hace ruido, no emite ningún sonido. Es lo mismo apagado o en marcha. Además, la dirección es recontra liviana”.

El conductor admitió que, previo a la adquisición, atravesó un proceso de incertidumbre:

“Al principio uno está lleno de miedos por todo lo desconocido”.

Entre los interrogantes que debió resolver se encontraban la autonomía de la batería, el mantenimiento y la disponibilidad de repuestos. Actualmente, realiza la carga en su domicilio, aunque también utiliza el sistema de carga rápida en estaciones de servicio, supermercados y locales de comida rápida.

“El otro día desayuné un café con leche y medialunas y en media hora llené el tanque”, ejemplificó.

El vehículo cuenta con una autonomía de 380 kilómetros por carga completa, con un costo de 30 mil pesos en la vía pública. El mantenimiento, en tanto, se efectúa cada 20 mil kilómetros y resulta más económico que el de los rodados a combustión.

La compra de estas unidades fue financiada a través de un préstamo del Banco Ciudad, que ofrece hasta 28 millones de pesos para la adquisición de coches 0Km eléctricos o híbridos enchufables. El crédito cuenta con un plazo de 48 meses y cubre hasta el 70% del valor del vehículo. Asimismo, los autos eléctricos particulares radicados en Buenos Aires gozan de una exención del 100% de patentes y descuentos en peajes.

Desde el Gobierno de la Ciudad destacaron que esta iniciativa forma parte de un plan integral.

“Es un paso más dentro del plan de Electromovilidad de la Ciudad. A los créditos para el recambio de la flota se suma la creación de una red de 400 puntos de carga públicos. Y para 2027, todos los colectivos que se sumen a la red de transporte público deberán ser eléctricos o a gas”, explicaron.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo:

“Estamos trayendo la última tecnología del mundo para movernos mejor, y al mismo tiempo tener una Ciudad más silenciosa y sin contaminación. El objetivo es que los vecinos tengan opciones rápidas, eficientes y seguras”.