Trenes Argentinos, la operadora ferroviaria del área metropolitana, ha puesto en marcha un esquema de patrullas de control con el objetivo de reducir la evasión y cobrar multas a los usuarios que viajen sin validar correctamente su pasaje mediante la tarjeta SUBE. Según informaron fuentes de la empresa, el despliegue responde a una problemática histórica que busca garantizar el cumplimiento del pago del servicio.

El procedimiento exige que los pasajeros apoyen la tarjeta en los molinetes tanto al ingresar en la estación de origen como al descender en la de destino. En el primer movimiento, el sistema retiene el valor del viaje máximo, mientras que al finalizar el trayecto se valida el costo real. Si el usuario no realiza ambos pasos, el sistema detecta la irregularidad. Al respecto, desde la empresa señalaron:

“El problema de evasión es histórico, por eso la conformación de estas patrullas que controlan. Lo que le importa a la empresa es que la gente pague”.

Las patrullas recorren las formaciones equipadas con dispositivos electrónicos portátiles para verificar el estado de la tarjeta. En caso de que el movimiento no sea compatible con el recorrido, se aplica una multa de 3.500 pesos, cifra equivalente a 10 pasajes mínimos. Durante el mes de mayo, se labraron casi 16 mil multas bajo esta modalidad. El pago de las sanciones puede efectuarse en efectivo o mediante QR a través de billeteras virtuales y entidades bancarias, entregándose comprobantes numerados.

Actualmente, el sistema cuenta con 10 patrullas activas en la línea Roca, cinco en la línea San Martín y dos en la línea Belgrano Sur, con planes de sumar otras dos unidades en esta última en los próximos días. Asimismo, la empresa confirmó que la implementación se extenderá próximamente a las líneas Mitre y Sarmiento, aunque los cronogramas específicos aún se encuentran en etapa de definición.

Para facilitar la regularización de los viajes, la empresa recordó que existen diversas opciones para cargar saldo en la tarjeta SUBE. Los usuarios pueden utilizar la aplicación oficial en teléfonos con tecnología NFC, el sistema de Carga a Bordo en colectivos habilitados o las terminales automáticas en estaciones. Además, se mantiene la carga presencial en kioscos y locales adheridos. La compañía destacó que el registro de la tarjeta permite acceder a la Tarifa Social y recuperar el saldo ante casos de robo o extravío a través de los centros de atención de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.

El Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra cada 3 de junio, representa una convocatoria internacional para poner en valor un medio de transporte que combina utilidad, salud y cuidado ambiental. La efeméride fue instaurada oficialmente el 12 de abril de 2018, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/72/272, reconociendo a la bicicleta como un recurso confiable, sostenible y de bajo costo.

Desde su proclamación, el organismo internacional ha destacado la singularidad, longevidad y versatilidad de este vehículo, que cuenta con dos siglos de presencia en diversas sociedades. El objetivo central de la fecha es alentar a los Estados a implementar políticas públicas que faciliten su incorporación a la vida cotidiana, priorizando siempre la seguridad vial tanto para ciclistas como para peatones.

En términos de salud, las Naciones Unidas subrayan que la actividad física moderada, como el pedaleo, aporta beneficios significativos para el bienestar físico y mental, además de prevenir enfermedades. 

Asimismo, el uso de la bicicleta se presenta como una herramienta fundamental para la inclusión social, al reducir las barreras económicas y facilitar el acceso a servicios básicos como la educación y la atención sanitaria para las poblaciones más vulnerables.

La agenda de movilidad urbana también ocupa un lugar central en esta conmemoración. La organización enfatiza que, para lograr un cambio real hacia modos de transporte activos, es indispensable contar con infraestructura y diseño urbano que reduzcan los riesgos en la circulación. De este modo, la bicicleta se posiciona como una alternativa clave para reducir las emisiones de gases contaminantes, disminuir la congestión vehicular y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También representa un ahorro económico, dado que la bicicleta es considerada uno de los medios de transporte más económicos que existen. Sus costos de adquisición, mantenimiento y uso son muy inferiores a los de un automóvil o una motocicleta, lo que hace que cada vez más personas opten por su uso.

La continuidad del compromiso con el Día Mundial de la Bicicleta quedó ratificada el 15 de marzo de 2022, cuando la Asamblea General adoptó una nueva resolución enfocada en la integración del uso generalizado de la bicicleta en los sistemas de transporte público. A través de estas acciones, se busca consolidar una cultura que trascienda lo simbólico y promueva prácticas sostenidas en el tiempo.

El Gobierno nacional oficializó la designación de la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen que regula los servicios privados de movilidad y reparto prestados a través de plataformas tecnológicas. La medida fue formalizada mediante el Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial el 1 de junio de 2026.

La normativa alcanza a diversas plataformas digitales dedicadas al transporte de pasajeros y al reparto de bienes, entre las que se encuentran Uber, Cabify, Didi, Rappi y PedidosYa, además de otras empresas que operan bajo esquemas tecnológicos similares.

De acuerdo con la reglamentación, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de aplicar el régimen específico previsto para los prestadores independientes que desarrollan actividades mediante estas aplicaciones. Por su parte, la Secretaría de Trabajo mantendrá las competencias vinculadas con los convenios colectivos que puedan surgir dentro de la actividad.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que la regulación de estos servicios debe quedar bajo la órbita de Transporte debido a que su naturaleza principal está asociada con la movilidad y la logística. Esta decisión se inscribe en el marco de la reforma laboral sancionada por el Congreso, la cual creó un régimen específico para los prestadores de servicios de plataformas y excluyó estos vínculos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo.

Con esta medida, el Poder Ejecutivo ratificó el criterio de considerar a conductores y repartidores como trabajadores independientes alcanzados por una regulación particular, diferenciada del régimen laboral tradicional. Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es otorgar mayor previsibilidad regulatoria a una actividad en expansión y adecuar su supervisión a organismos con competencias técnicas específicas.

El reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, expuso que entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de transporte en el AMBA registra incrementos que superan con creces la inflación acumulada del período, la cual se situó en un 303,5 por ciento.

El ajuste, impulsado por la quita de subsidios nacionales y el encarecimiento de los costos operativos, ha provocado una drástica caída en el poder adquisitivo de los usuarios y una disminución en la cantidad de pasajeros.

El análisis detalla que la tarifa del subte fue la que más subió, multiplicándose por más de 17 veces al pasar de 80 a 1.414 pesos, lo que representa un aumento nominal del 1.668 por ciento y un incremento real de 337 puntos por encima de la inflación.

Por su parte, el boleto de colectivos se multiplicó hasta por 16 entre noviembre de 2023 y abril de 2026, registrando en la Provincia de Buenos Aires una suba nominal del 1.545 por ciento, mientras que en la jurisdicción nacional el aumento fue del 1.221, con variaciones reales de entre 228 y 307 por ciento por encima de la inflación acumulada del período.

El tren metropolitano, aunque tuvo la menor suba nominal (741 por ciento), también superó ampliamente la dinámica general de precios con un aumento real del 119 por ciento entre noviembre de 2023 y abril de 2026, pasando de 33,29 a 280 pesos. A partir de mayo de 2026, la tarifa del tren metropolitano aumentó a 330, lo que representa una suba adicional del 17,9 por ciento respecto al valor de abril.

La brecha entre el costo del transporte y los ingresos de los hogares se ha ensanchado notoriamente. Para un trabajador que percibe el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y combina colectivo y subte, el gasto mensual en transporte pasó de representar el 2,6 por ciento de su ingreso en diciembre de 2023 al 17,3 en abril de 2026.

Desde CEPA explicaron que el deterioro se debe a que “las tarifas del transporte aumentaron muy por encima de la inflación general, mientras que el SMVM fue fijado sistemáticamente por debajo de ella”.

Al respecto, precisaron que el SMVM pasó de 156 mil pesos en diciembre de 2023 a 357.800 en abril de 2026, indicando que es “un incremento nominal del 129 por ciento que quedó muy por debajo de la inflación acumulada del 303,5 en el mismo período, implicando una caída real de aproximadamente 43 por ciento en el poder adquisitivo del salario mínimo”.

La situación es igualmente crítica para los beneficiarios de la Beca Progresar. Debido al congelamiento del monto de la beca en 35 mil pesos desde marzo de 2025 frente a los constantes aumentos de boletos, su poder de compra se desplomó un 87 por ciento. En diciembre de 2023, la beca permitía costear 839 viajes en colectivo con descuento, hoy apenas alcanza para 111 boletos.

El informe de CEPA también remarcó la profunda brecha tarifaria entre el AMBA y el interior del país, profundizada tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior en 2024. Mientras que en el AMBA el boleto mínimo es de 700 pesos, en ciudades como San Martín de los Andes llega a los 2.300 y en Rawson a 2.192, lo que representa más de tres veces el valor metropolitano.

Detrás de estos aumentos, el análisis mencionó el alza en los costos operativos, particularmente del gasoil, que acumuló una suba de 536 pesos entre noviembre de 2023 y abril de 2026, superando en más de 230 puntos porcentuales la inflación general. NA

El Municipio de Tandil resolvió otorgar un adelanto financiero por 3 millones de pesos a la empresa La Nueva Movediza Transportes S.A., prestataria de la línea 502 de colectivos, ante la situación económico-financiera que atraviesa la firma.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Nº 1494/2026, fechado el 14 de mayo, luego de una presentación realizada por la Cámara de Empresas de Transporte de Tandil.

Según se desprendió de los considerandos del decreto, la empresa manifestó dificultades para afrontar “en tiempo y forma” el pago de una suma fija acordada para el mes de mayo con su personal.

En ese contexto, el Ejecutivo advirtió que la situación podía derivar en medidas de acción directa por parte de los trabajadores de la línea 502 y que el conflicto incluso podría extenderse al resto de las líneas urbanas “como mecanismo de solidaridad gremial”.

Frente a ese escenario, el Gobierno comunal consideró necesario intervenir para “evitar posibles conflictos en el sector y garantizar el normal funcionamiento del servicio público de transporte urbano de pasajeros”.

Por ese motivo, el Municipio autorizó a Contaduría General a extender una orden de pago por 3 millones de pesos a favor de La Nueva Movediza Transportes S.A.

El decreto aclaró que el dinero será entregado “en concepto de adelanto de atributos locales del Sistema SUBE” y que la suma será descontada posteriormente de la liquidación correspondiente al mes de mayo, cuyo pago se efectivizará en junio.

La medida fue refrendada por el secretario de Gobierno y comunicada a las áreas de Economía y Administración y Contaduría General.

Miles de usuarios de la Línea Sarmiento deberán modificar sus recorridos habituales durante los próximos días debido a una interrupción programada del servicio ferroviario en el oeste del conurbano bonaerense.

La medida afectará el tramo que conecta las estaciones de Merlo y Moreno, donde no circularán las formaciones durante tres días. Esta situación obligará a los pasajeros a reorganizar sus viajes y realizar combinaciones con colectivos, especialmente en las horas pico de mayor afluencia.

El servicio limitado se implementará durante este fin de semana largo, impactando de manera directa en la movilidad de una zona con un fuerte movimiento diario de trabajadores y estudiantes que dependen de este medio de transporte para trasladarse desde y hacia distintas localidades.

Más allá de conducir rodados o usar medios de transporte, todas las personas que viven en espacios urbanos son peatones, los usuarios más vulnerables en el sistema del tránsito. En el mundo, cada año, mueren más de 270.000 peatones en eventos viales. En Argentina, se estima que en 2025 cerca de 1.300 peatones murieron en el tránsito.

En las capitales del mundo y las grandes ciudades, los peatones lideran las estadísticas de mortalidad. En la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 10 años, más del 40% de las víctimas fatales fueron peatones.

La asociación argentina Luchemos por la Vida midió el uso de teléfonos celulares por parte de conductores y de peatones, comprobando que la distracción, al volante o a pie agrega más peligro al tránsito cotidiano.

Esta cifra resulta alarmante, ya que significa que entre los vehículos particulares que circulan por la ciudad de Buenos Aires, diariamente 1.400.000, hay aproximadamente 240.800 usando un celular mientras conduce, pese a la expresa prohibición en la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Asimismo, los trabajadores de reparto que se movilizan en moto o bicicleta tienen incorporada la pantalla al circuito de trabajo, lo que genera un gran peligro para el resto de los eslabones del sistema de tránsito.

Más allá de la reducción de velocidades y cambios en la infraestructura para el cuidado de los peatones, lograr usuarios de la vía pública más seguros implica también, concientizar, controlar y sancionar para desalentar comportamientos que ponen en riesgo la vida propia y de los demás.

España acaba de implementar una osada medida de control y sanción a peatones que crucen mirando el teléfono celular, con ánimo de reducir las muertes de tránsito y construir ámbitos más seguros de circulación. Esta acción se considera “negligente” y se aplica a todos los peatones, independientemente de que respeten el semáforo y las sendas peatonales. De no hacer esto, la multa que parte de 80 euros puede llegar hasta los 200 euros.

La medida definida por el Gobierno español se fundamenta en que se comprobó que en el país entre el 20 % y el 30 % de los siniestros graves en ciudades involucran a peatones que han sido atropellados al cruzar distraídos, fundamentalmente por el uso del celular. En otros estudios, se comprobó que 1 de cada 3 peatones cruza sin prestar atención al tránsito, con riesgo de ser atropellado.

Hace años que la ciencia estudia las importantes limitaciones que nuestro cerebro tiene para realizar dos tareas que demanden atención al mismo tiempo, y los investigadores han probado hasta qué punto es peligroso conducir mientras se habla o mensajea por celular, aún con el sistema de manos libres.

Recientes investigaciones internacionales han concluido que caminar hablando por teléfono celular es muy riesgoso ya que las personas observadas despliegan comportamientos tales como cruzar más despacio, sin mirar al tránsito circundante y no esperar a que los vehículos se detengan para comenzar a cruzar, en una proporción muchísimo mayor que los no usuarios de celular.

Para los peatones el problema real principal parece ser la distracción, así como les sucede a los conductores. Y en el tránsito caótico de nuestro país, este nuevo hábito compartido por peatones y conductores no hace más que empeorar la seguridad de todos en la vía.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires emitió una resolución que establece que los conductores de aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi deberán tramitar una licencia profesional y contar con seguros específicos para continuar operando. La medida busca igualar las reglas de juego con las que ya cumplen los servicios de taxis y remises.

El fallo surge tras un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis. Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín entendieron que las plataformas digitales prestan un servicio de transporte de pasajeros y, por lo tanto, no pueden funcionar por fuera de los controles y exigencias del sector. Según la resolución, mientras no exista una ley específica que regule a estas empresas, sus choferes deben cumplir con los mismos requisitos que los taxistas, incluyendo habilitaciones y seguros profesionales.

En sus fundamentos, los magistrados remarcaron que las aplicaciones no pueden seguir operando en un vacío legal que les permita evitar controles regulatorios. Consideraron que Uber y otras plataformas forman parte de un servicio global de transporte y no solamente de una herramienta tecnológica, citando para ello antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sentencia también cuestionó al Gobierno porteño por haber permitido durante años una apariencia de regularidad en el funcionamiento de las plataformas. El texto señala que, aunque la Ciudad calificaba a Uber como un servicio clandestino, permitía su publicidad en espacios públicos y no avanzaba con controles efectivos. Ante esta situación, la Justicia ordenó iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales a las empresas y realizar campañas de difusión para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos.

Finalmente, la Cámara determinó que, mientras persista esta diferencia regulatoria, el Gobierno de la Ciudad no podrá cobrar a los taxistas determinados aranceles administrativos vinculados a licencias y trámites de operación. Los jueces concluyeron que no se puede exigir un esquema de costos más pesado para un sector mientras otro compite sin obligaciones equivalentes.

El Municipio, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, concretó la demarcación de las paradas de colectivos en las extensiones de dos trayectos de las líneas 505 y 502, ordenamiento que permitirá avanzar con los trámites para el desembarco de la aplicación Cuándo Subo. Los trabajos en el territorio se concretaron entre el jueves y ayer.

La señalética vertical se logró instalar luego de que la directora del SUMO, Luján Brito, le solicitara al Concejo Deliberante que fije las paradas de las extensiones de la Línea 505 (Marrón) a la zona del barrio Graduados y aledaños, y de la 502 (Blanca) a la exEscuela Granja. La solicitud derivó en la modificación de la ordenanza de 2024, que había reordenado todas las paradas del sistema de transporte local a pedido de Nación, como requisito para implementar la aplicación Cuándo Subo. 

En paralelo, concejales de la oposición habían marcado cuestionamientos por la falta de difusión de los recorridos y de los horarios en que circulan los colectivos –sobre todo en los alargues- y la imposibilidad de los usuarios de chequear los trayectos en tiempo real –a través de herramientas digitales-, combo que desalienta el uso del servicio público.

A finales de la semana pasada, una cuadrilla de la comuna avanzó con la colocación de los carteles verticales en las paradas de la extensión de la Línea 505 (Marrón) al barrio de Graduados.

En tanto, en la víspera se instaló la señalética sobre la avenida Jujuy, en el recorrido que la Línea 502 (Blanca) realiza a la Escuela Granja.

Desde el Departamento Ejecutivo informaron que la decisión de instalar los carteles en las esquinas se tomó a partir de un pedido de la Dirección de SUMO, con el objetivo de demarcar las extensiones de recorridos que fueron aprobadas en la última concesión y que estaban pendientes.

Antes de iniciar las tareas en los barrios, la directora del SUMO, Luján Brito, solicitó a la presidenta de la Comisión de Transporte, Luján Fiego, que se establezcan las paradas de colectivos de los dos alargues que no habían sido contemplados en la Ordenanza 18.401, sancionada en 2024, herramienta que detalló las paradas del sistema de transporte público de pasajeros y derogó las normas municipales para generar un solo texto ordenado.

En la Línea 505 “Extensión barrio Graduados”, se colocó la cartelería en las esquinas de Pedersen y Los Ombúes, Los Robles y Los Ceibos; en Cerrillada esquina Pedersen, Salceda y pasaje Mercedes Sosa; en Segundo Sombra y La Merced, y en La Merced y Salceda y Pedersen.

Para la Línea 205 Alargue a Granja, la señalética vertical se instaló en las paradas de avenida Jujuy y sus intersecciones con Ñandú, Flamenco, Tasende, Peumayén, Ronca Hue, Perdiz, Calihue, Peñasco y Gorrión.

En un breve contacto con este Diario, el secretario de Servicios Públicos del Municipio, Claudio Fuentes, confirmó que las paradas de las extensiones de las líneas 502 y 505 quedaron señalizadas.

En paralelo, remarcó que se encuentran atendiendo a la demarcación de paradas que solicitan las líneas de colectivos, ya sea por reposición de carteles dañados o por faltantes.

Por último, el funcionario adelantó que llevan adelante un plan para la instalación de 2 mil carteles con señales de tránsito y nombres de calles en distintos sectores de la ciudad.

Los empresarios pretenden definiciones oficiales sobre cómo afrontarán el aumento de los costos operativos, en particular el impacto del precio del gasoil. La posición de los ejecutivos aparece luego de dos semanas en las que cortaron servicios ante la falta de fondos.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, las entidades advirtieron que, pese al tiempo transcurrido desde la implementación de medidas de racionalización del servicio, aún no recibieron precisiones concretas sobre mecanismos de compensación ni sobre el reconocimiento de mayores costos. En ese contexto, remarcaron que la situación financiera del sector se vuelve cada vez más crítica.

Según indicaron, la falta de respuestas se da incluso después de gestiones oficiales para cancelar parcialmente deudas en concepto de compensaciones -que, aseguran, superan los 128 mil millones de pesos- y de múltiples instancias de diálogo en las que se presentaron propuestas para mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, sostienen que hasta el momento no se tradujeron en soluciones efectivas.

Frente a este escenario, las empresas alertaron que la continuidad del servicio en las condiciones actuales resulta “insostenible”. Por eso, anticiparon que, de no mediar medidas satisfactorias en el corto plazo, podrían profundizarse las acciones de racionalización, con el consiguiente impacto en la prestación habitual para los usuarios.

En paralelo, las cámaras informaron que fueron convocadas a una reunión el próximo 30 de abril en la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí esperan recibir “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre los plazos y mecanismos para afrontar los mayores costos que enfrenta el sector.

Finalmente, las entidades subrayaron la necesidad de adoptar decisiones urgentes que permitan restablecer previsibilidad y garantizar el funcionamiento de un sistema considerado esencial para millones de pasajeros en el AMBA.

El comunicado lleva la firma de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba). NA

Los empresarios pretenden definiciones oficiales sobre cómo afrontarán el aumento de los costos operativos, en particular el impacto del precio del gasoil. La posición de los ejecutivos aparece luego de dos semanas en las que cortaron servicios ante la falta de fondos.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, las entidades advirtieron que, pese al tiempo transcurrido desde la implementación de medidas de racionalización del servicio, aún no recibieron precisiones concretas sobre mecanismos de compensación ni sobre el reconocimiento de mayores costos. En ese contexto, remarcaron que la situación financiera del sector se vuelve cada vez más crítica.

Según indicaron, la falta de respuestas se da incluso después de gestiones oficiales para cancelar parcialmente deudas en concepto de compensaciones -que, aseguran, superan los 128 mil millones de pesos- y de múltiples instancias de diálogo en las que se presentaron propuestas para mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, sostienen que hasta el momento no se tradujeron en soluciones efectivas.

Frente a este escenario, las empresas alertaron que la continuidad del servicio en las condiciones actuales resulta “insostenible”. Por eso, anticiparon que, de no mediar medidas satisfactorias en el corto plazo, podrían profundizarse las acciones de racionalización, con el consiguiente impacto en la prestación habitual para los usuarios.

En paralelo, las cámaras informaron que fueron convocadas a una reunión el próximo 30 de abril en la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí esperan recibir “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre los plazos y mecanismos para afrontar los mayores costos que enfrenta el sector.

Finalmente, las entidades subrayaron la necesidad de adoptar decisiones urgentes que permitan restablecer previsibilidad y garantizar el funcionamiento de un sistema considerado esencial para millones de pasajeros en el AMBA.

El comunicado lleva la firma de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba). NA

La Cámara de Transporte tomó la decisión de aplicar un recorte en las frecuencias de los colectivos que se efectivizó anoche, con el horario de las 22 como última salida de cada una de las cabeceras. La medida “excepcional” también contempla que los sábados habrá servicios cada media hora y los domingos, cada una hora.

Las seis empresas firmaron una nota que elevaron el último viernes al Concejo, dirigida al presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik. “Dejamos claro que son medidas excepcionales en virtud de la profunda crisis que atraviesa el sector y que busca evitar el colapso total del sistema de transporte en nuestra ciudad”, cerraron en el escrito.

Hoy, en el marco de la reunión de la Comisión de Transporte, los bloques políticos evaluarán la situación que se suma a un reciente pedido de incremento por parte de las prestatarias del servicio público concesionado.

En diálogo con “La Mañana de El Eco” (El Eco Streaming y 104.1 Tandil FM), el presidente de la Cámara de Transporte, Daniel Albanese, informó que el martes de la semana pasada asistieron a la reunión de comisión del Legislativo y quedaron en acercar el estudio de costos de la entidad empresaria que estará finalizado en los próximos días.

Invitó a los bloques a que “trabajemos para adelante”, en vistas a que el aumento por IPC que se aplicará en mayo no servirá para mitigar el incremento del 47 por ciento en los combustibles que contabilizaron desde marzo pasado.

Consultado por posibles alternativas, Albanse anticipó que “entendemos que alguna fórmula polinómica que aumente la tarifa” podría aliviar la situación, ya que “estamos a la deriva, tratando de sobrevivir”. Al mismo tiempo, demandó “algunas políticas que puedan a sostener al transporte”, teniendo en cuenta que las dos últimas discusiones para actualizar tarifas demoraron 6 y 4 meses.

En comunicación con El Eco, el titular de la cámara confirmó que a partir de ayer “va a haber reducción de frecuencias, sobre todo a partir del próximo fin de semana” y anticipó que serán de 30 minutos los sábados y de una hora los domingos. En tanto, indicó que a partir de anoche, el último servicio saldrá a las 22 de las cabeceras de cada una de las líneas, recortando los de las 22.30 y 23.

En paralelo, adelantó el funcionamiento previsto para el feriado del viernes 1 de mayo, cuando los colectivos funcionarán con frecuencias de una hora, con la primera salida desde cada cabecera a las 9 y la última a las 20.

Al analizar los motivos, Daniel Albanese expuso que las medidas responden a los últimos aumentos de combustibles, que en el caso de Tandil fueron superiores al 40 por ciento en marzo.

Sostuvo que el combustible “se lleva el 60 ó 70 por ciento del único subsidio que tenemos, que es el provincial, y si no priorizamos los días de semana y los horarios en que anda la gente, vamos a terminar colapsando el transporte y no pudiendo andar ni siquiera los días de semana”.

El presidente de la Cámara de Transporte recalcó que la medida es “excepcional” con miras a “ver si se pueden acomodar los precios de los combustibles, si aparece alguna propuesta al respecto” y aclaró que “es en defensa del transporte público porque entendemos que los sábados y los domingos son los días que menos va a afectar a los usuarios del sistema”.

Respecto de la tarifa, Albanese explicó que el boleto aumentará por IPC el próximo 1 de mayo y agregó que “para adelante no se sabe qué va a pasar. Los concejales no han decidido nada al respecto pero la ordenanza establece un último aumento para mayo”.

En tanto, expuso que definieron el recorte de frecuencias debido a que “el 1 de mayo nos queda lejos” y sumó que “el aumento del combustible ha sido de tal magnitud que pasó de 1.557 pesos los primeros días de marzo a 2.297 pesos a fines de marzo. Es decir, representa casi 90 millones de pesos más por mes solamente para cubrir el combustible, con lo cual ya las empresas venían con dificultades y esto es un golpe mortal”.

El empresario refirió que la misma situación atraviesa el transporte en Bahía Blanca, Mar del Plata, Olavarría y en todo el AMBA, al tiempo que aseguró que “se ha vuelto inviable el transporte con estos precios del combustible” e insistió en que las líneas locales, “tratamos de preservar el combustible para los días de semana que es cuando la actividad es mayor” e insistió en que “va a ser la menor afectación lo que estamos decidiendo como medida excepcional pero en defensa de la continuidad del sistema, no es en contra de nadie”.

En cuanto al subsidio provincial, el único que perciben las empresas, Albanese explicó que “está congelado hace más de un año y medio” e informó que “el sistema de transporte de Tandil perdió a la fecha 3.600 millones de pesos a valor nominal, si lo ajustamos por inflación es mucho más, por el Fondo Compensador”.

Cuestionó que “el Estado nacional sigue cobrando el Impuesto a los Combustibles pero se lo queda, no transfiere el porcentaje que le corresponde al transporte público por ley y además, lo que es el atributo federal, ese descuento que se hace cargo el Estado nacional, recién el viernes cobramos los boletos que vendimos en enero, con lo cual era incluso una tarifa distinta”.

Ante este panorama, el vocero del sector empresario concluyó que “hay una desfinanciación muy importante del sistema y ahora la frutilla del postre es este aumento de combustible, de una manera exorbitante, que no puede ser absorbido de ninguna manera por las empresas, no solo en Tandil sino en todo el país”.

Entre otros factores que suman a la compleja crisis, sumó que “también tenemos paritarias retroactivas a enero, así que el viernes pagamos una cuota de 120 mil; hay incrementos de salarios ya en abril y viáticos que aumentaron más del 45 por ciento”.

Con esos números, Albanese definió que “es todo un combo que realmente nos ha puesto contra las cuerdas y no sabemos para dónde disparar”, y advirtió que es “muy difícil la ecuación” teniendo en cuenta hasta dónde se puede presionar sobre el costo que pagan los usuarios.

Por ese motivo, más allá de lo que se pueda acordar en el Legislativo, el camarista sostuvo que “el resto depende de que el Estado nacional libere los fondos que nos corresponden cuando cobra el combustible. Imaginen con este valor del combustible lo que se debe estar recaudando, pero se lo queda hace casi dos años y desfinancia al sistema de transporte; a su vez todos los subsidios que quitó y el delay que tiene para pagar el atributo federal. Todas estas cuestiones hacen inviable al sistema de transporte porque no hay manera de sostenerlo. Los costos del transporte son crecientes y los ingresos son muy escasos”.

Por último, apuntó a los concejales por las demandas hacia las empresas para que cumplan con los términos del pliego de concesión del servicio: “Los primeros que tienen que cumplir con el pliego son los concejales que tienen la responsabilidad, primero, de garantizar el mantenimiento del transporte, porque es la responsabilidad de ellos, no nuestra”.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió que el sistema de transporte público en la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación crítica. Según indicó el funcionario, el escenario responde a la eliminación de subsidios nacionales y al incremento de los costos operativos, fundamentalmente en el rubro de los combustibles.

En declaraciones radiales, Bianco explicó que el esquema de financiamiento se sostenía con aportes compartidos entre la Nación y la Provincia de manera equitativa. Sin embargo, denunció que el Ejecutivo liderado por Javier Milei dejó de aportar su 50% correspondiente. En este marco, informó que la deuda con el sector asciende a $90.700 millones, afectando a más de 100 líneas de colectivos en territorio bonaerense.

“Que el Gobierno se haga cargo de pagar los subsidios que corresponde o de poner un precio del combustible que las empresas de transporte y los usuarios puedan pagar”, manifestó.

El funcionario destacó que, mientras la Provincia cumple con sus compromisos, la interrupción del aporte nacional genera una "fragilidad inédita". Asimismo, señaló que el aumento de entre un 20 y 25% en los combustibles es uno de los factores centrales del deterioro. Ante esto, sugirió que la empresa YPF podría intervenir para amortiguar el impacto en los costos.

La problemática presenta matices según la región. Mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la quita de subsidios complicó la integración del sistema, en el interior bonaerense el golpe principal fue la eliminación del fondo compensador nacional.

Bianco reveló que el gobernador Axel Kicillof solicitó reuniones con el Presidente, sin obtener resultados positivos. Esta falta de acuerdos complica la gestión de un servicio esencial para millones de ciudadanos. "No nos atiende el teléfono el Gobierno nacional", afirmó contundente.

Por su parte, el diputado bonaerense Fabián Luayza presentó un proyecto en la Legislatura manifestando su preocupación por el recorte en la frecuencia de las unidades. El legislador del bloque Nuevos Aires remarcó la vulnerabilidad de quienes dependen del servicio. "Los usuarios de los colectivos no tienen la culpa de que suba el precio del gasoil todo el tiempo. Esta situación impacta especialmente en los sectores más vulnerables, que dependen exclusivamente del transporte público para el acceso al trabajo, la educación, la salud y otros servicios esenciales", declaró.

El Gobierno Nacional se desligó del conflicto iniciado por los transportistas que vienen haciendo protestas para incrementar las tarifas de referencia de carga, al afirmar que los acuerdos se pactan entre productores y prestadores del servicio.

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, recordó que la “Mesa de Negociación” que funcionaba en conjunto con el sector fue eliminada dado que los propios actores la consideraban “poco funcional” y la percibían como “una instancia obligatoria adicional que complejizaba el sistema”.

El motivo de la disolución se dio en respuesta a una “necesidad del sector” y permitió “generar un espacio de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados, afianzando el principio de libertad económica y la desburocratización de los procesos administrativos”.

En las últimas horas, diversas agrupaciones de transportistas mantienen protestas frente a las rutas en distintos puntos de Buenos Aires y otras provincias.

Reclaman un aumento de las tarifas de referencia de carga que oscile entre el 30 y 35 por ciento.

El motivo surge dado el alza que sufrió el combustible desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, que fue de más del 20 por ciento. NA

Así lo definieron el secretario coordinador de Infraestructura Carlos Frugoni, el titular de Transporte, Fernando Herrmann, el subsecretario del área, Fernando Cortés y directivos de Aaeta, Ceutupba, CTPBA, Cetuba y CEAP, en la reunión con el Gobierno.

Además, se supo que el Gobierno Nacional pagó lo adeudado y las partes armaron una mesa de trabajo que continuarán con el diálogo el próximo martes. Sin embargo, las decenas de líneas del AMBA comenzarán a normalizar su frecuencia gradualmente, tras el cobro de subsidios que ingresaron en el día de ayer.

Esta medida de fuerza, que marcó horarios reducidos de fin de semana, e incluso algunas empresas funcionaron con cronograma de días feriados, ocasionaron una jornada con serias complicaciones para millones de usuarios.

Durante el mediodía, las Secretarías de Coordinación de Infraestructura y de Transporte y, mediante un comunicado, informaron que mantuvieron un encuentro con representantes de las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para “analizar la situación del sistema” y “relevar las principales necesidades del sector”.

Asimismo, indicaron que las autoridades nacionales “propusieron avanzar en una reestructuración integral del sistema”, ya que señalaron “desequilibrios estructurales y demandas persistentes”, con el fin de “mejorar su eficiencia y sustentabilidad”.

“En el día de ayer se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60 por ciento del mes de abril de 2026. También se analizaron alternativas para la regularización de saldos pendientes. En materia tarifaria, se destacó que, desde la asunción de las nuevas autoridades, en enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41 por ciento, con el objetivo de fortalecer la autonomía operativa de las empresas”, expresó el comunicado.

Para finalizar, indicaron que como medida “inmediata” realizarán una “mesa técnica” para el próximo martes por la mañana, con el fin de trabajar en propuestas de “reorganización del sistema” y en las variantes de “pago de las deudas pendientes”. NA

Luego de que el Gobierno transfiriera a las empresas de colectivos los fondos para pagar los salarios de este mes, se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Transporte para discutir el reclamo por mayores subsidios para cubrir el aumento del gasoil y evitar posibles medidas de fuerza que afecten el servicio en el AMBA.

El encuentro fue programado para las 11 en la sede de la cartera de Transporte, adonde asistirán representantes de las cámaras CEAP, Cetuba, CTBPA y Ceutupba.

Este miércoles a la mañana, las empresas de transporte de pasajeros le enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que alertaron que, de no haber una actualización en la estructura de costos y el pago de subsidios adeudados, no podrán garantizar el servicio ni pagarles a los choferes.

El martes y miércoles, los pasajeros se vieron afectados por una menor frecuencia de colectivos porque las empresas redujeron en un 30 por ciento el servicio, en medio de su pedido de actualización de subsidios por la suba del 25 por ciento en el último mes por la guerra en Medio Oriente.

“El Estado Nacional adeuda al sector la suma total de 151.600 millones, encontrándose en mora respecto de obligaciones cuyo pago resulta indispensable para la continuidad regular del servicio público”, advirtieron los titulares de cuatro cámaras del sector que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las empresas de colectivos también sostuvieron que los ingresos que deriva Nación al sector son insuficientes, llevándolas a “una situación económica y financiera insostenible”.

Según indicaron, el Gobierno reconoce el litro de diésel a 1.744,15 pesos mientras que el valor de mercado vigente se ubica en un rango de entre 2.042 y 2.440 pesos. NA

Los equipos de fiscalización del transporte de pasajeros de la Provincia de Buenos Aires desarrollaron operativos en rutas y terminales de todo el territorio bonaerense durante Semana Santa con el objetivo de reforzar los controles y garantizar la seguridad en los viajes.

En el caso de Tandil, los últimos procedimientos realizados permitieron detectar 25 infracciones durante controles desplegados en distintos puntos estratégicos de circulación.

Según se informó, los operativos se realizaron en los cruces de la Ruta Nacional 226 con la Ruta Provincial 74, en la intersección de la Ruta Provincial 30 con la avenida Juan B. Justo y en los accesos turísticos sobre la Ruta Provincial 30, zonas clave por el movimiento de transporte de pasajeros y el ingreso de visitantes a la ciudad.

Las tareas forman parte de los operativos dinámicos que llevan adelante diariamente los agentes de fiscalización del Ministerio de Transporte bonaerense en rutas provinciales, accesos urbanos y terminales de ómnibus, donde se verifican condiciones de seguridad de las unidades, documentación obligatoria y habilitaciones necesarias para prestar el servicio.

Este tipo de controles busca prevenir irregularidades en el transporte de pasajeros, tanto en servicios de media y larga distancia como en traslados turísticos o especiales, además de garantizar que las unidades circulen con las condiciones de seguridad requeridas.

En paralelo con estas acciones, la Provincia continúa reforzando las políticas de seguridad vial vinculadas al control del consumo de alcohol al volante.

En ese marco, el Ministerio de Transporte bonaerense informó que durante 2026 ya se equipó a más de 46 municipios con nuevos dispositivos para realizar controles de alcoholemia en calles y rutas.

Durante el primer trimestre del año se distribuyeron 46 alcoholímetros y 45 alómetros homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que serán utilizados para fortalecer los operativos de control dentro de los ejidos urbanos. Entre los distritos alcanzados por esta iniciativa se encuentra Tandil.

Las entregas se concretaron en el marco de la implementación de la Ley de Alcohol Cero al volante en la provincia de Buenos Aires, una política que busca reducir la siniestralidad vial a través de la prevención, el control y la concientización.

De acuerdo a los datos oficiales, durante el último operativo de verano se realizaron más de 80.000 test de alcoholemia en rutas, accesos y destinos turísticos de la provincia, con 900 casos positivos detectados, lo que representó una tasa de positividad del 1,12 por ciento.

Desde la cartera provincial destacaron que estos resultados muestran una tendencia descendente en los casos positivos y remarcaron que el fortalecimiento del equipamiento y de los operativos coordinados con los municipios apunta a consolidar una política pública centrada en la prevención de siniestros viales y la protección de la vida en calles, avenidas y rutas bonaerenses.

De esta manera, el Índice de Costos del Transporte (ICT) de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) acumula 15 por ciento de incremento en el primer trimestre de 2026 (enero-marzo) y 48 en los últimos doce meses.

Tal como advirtió Fadeeac, la continua escalada en el precio del gasoil fue el motor de la suba. El combustible, que representa aproximadamente el 35 por ciento de la estructura de costos, sufrió un aumento promedio del 24,7 en marzo, aunque en algunas ciudades del interior y de modo particular en la modalidad “a granel” (mayorista), que usan primordialmente las empresas de transporte, superó el 27 por ciento.

La velocidad del ajuste no tiene antecedentes cercanos: solo en marzo se concentró más de la mitad de todo el aumento registrado en 2025. Mientras que el año pasado el gasoil subió un 45 por ciento, en apenas 31 días de marzo los precios se incrementaron entre tres y cinco veces.

“El sector vive una situación crítica. Históricamente el litro de gasoil osciló entre 0,80 y 1,20 dólares. Hoy esa cifra trepa a 1,60 dólar y no solo lo ubica como uno de los valores más altos de la última década, sino como uno de los más elevados entre los países de la región”, describió Cristian Sanz, presidente de Fadeeac.

Si bien el crudo Brent saltó de 65 dólares a más de 100 por el conflicto en Medio Oriente, el impacto interno se vio agravado por el debilitamiento de los mecanismos que permitan desacoplar los precios internos de los internacionales y moderar el shock externo, a pesar de la pujante producción local de petróleo en Vaca Muerta.

“El desproporcionado aumento de los precios del gasoil en marzo pone a nuestra actividad en una situación muy compleja, teniendo en cuenta la gravitación del combustible en las operaciones, las señales de desaceleración en la economía real y el deterioro de la infraestructura vial”, dijo Sanz.

En este contexto, también se advierte que la dinámica de costos comienza a trasladarse a un plano operativo.

Por su parte, los especialistas del Departamento de Estudios Económicos de Fadeeac señalaron que en el primer trimestre de 2026 el Combustible acumula un aumento de 29 por ciento y que, en medio de este contexto, volvió a diferirse la aplicación plena de la actualización de los impuestos al Combustible (Decreto 116/26).

El ICT que elabora Fadeeac y audita la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), releva el comportamiento de 11 rubros que inciden directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia técnica clave para la determinación y actualización de tarifas del sector.

En marzo, detrás del Combustible -que encabeza el ranking de aumentos-, se ubicó Peajes, con una suba de 8,26 por ciento, (en febrero 13,3), teniendo en cuenta nuevos incrementos mensuales en los accesos a CABA. NA