El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes en el Boletín Oficial la Ley N° 15.613, la cual establece la obligatoriedad de colocar pictogramas de accesibilidad en todas las unidades del transporte público de pasajeros. La medida tiene como objetivo principal garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de transporte, con especial énfasis en los colectivos.

La reglamentación se formaliza un mes después de que la Legislatura bonaerense sancionara la norma, la cual busca facilitar la comunicación de personas con discapacidad que presentan dificultades en el lenguaje verbal. Asimismo, la ley dispone la capacitación obligatoria de los conductores en el trato hacia este colectivo.

En términos técnicos, la normativa incorpora el artículo 47 Bis al Decreto-Ley 16.378/57, que regula el transporte de pasajeros en la provincia. De esta manera, las empresas prestadoras del servicio deberán instalar obligatoriamente los pictogramas dentro de las unidades. 

A su vez, se modifica el artículo 26 de la Ley 13.927 de Tránsito, exigiendo que los conductores acrediten la realización y aprobación de las capacitaciones determinadas por la autoridad de aplicación como requisito indispensable para obtener la licencia habilitante.

Por otro lado, la ley establece que el Poder Ejecutivo deberá proveer a los municipios que adhieran a la normativa los pictogramas de señalización necesarios. Estos deberán ser colocados en terminales de ómnibus, paradas de colectivos y otros espacios vinculados al transporte público, con el propósito de facilitar la anticipación y comprensión del entorno por parte de los usuarios.

Si bien la iniciativa ya contaba con experiencias previas de carácter voluntario, a partir de ahora su implementación es obligatoria. Un caso destacado es el de la línea 85 de Quilmes, considerada una de las pioneras en la materia y cuya experiencia sirvió de inspiración para la redacción de esta ley provincial. Sus unidades ya cuentan con señalización pictográfica diseñada para asistir a personas con algún trastorno del espectro autista (TEA) u otra discapacidad que dificulte la comunicación verbal.

El Trambús, un sistema de colectivos eléctricos con carriles exclusivos, comenzará a operar antes de fin de año y ya avanza la construcción de paradores y las modificaciones viales necesarias para su implementación.

El proyecto busca mejorar la conexión entre el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires mediante un corredor de alta frecuencia, con prioridad en los semáforos y una fuerte integración con las líneas de subte, los ferrocarriles y el Metrobús.

Además de las nuevas estaciones, la obra implicará cambios en el sentido de circulación de avenidas clave, especialmente en Caballito.

La nueva línea, identificada como T1, contará con unidades cien por ciento eléctricas, sin emisiones contaminantes durante su funcionamiento y con tecnología de asistencia a la conducción (ADAS), monitoreo permanente y espejos retrovisores digitales.

La primera línea tendrá un recorrido de aproximadamente 22 kilómetros, desde Nueva Pompeya hasta el Aeroparque Jorge Newbery, atravesando algunos de los corredores urbanos con mayor movimiento de pasajeros.

Los barrios que recorrerá serán, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo y Palermo.

Durante el trayecto circulará por avenidas como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte, Rivadavia, Honorio Pueyrredón y otros corredores estratégicos de la Ciudad.

Según las estimaciones oficiales, el nuevo sistema permitirá reducir hasta un 40 por ciento los tiempos de viaje, tendrá una frecuencia cercana a un servicio cada cuatro minutos y transportará alrededor de 60 mil pasajeros por día.

Uno de los principales objetivos del Trambús será facilitar las combinaciones con el resto del transporte público.

Entre las estaciones ya confirmadas se destacan las ubicadas en Av. Bullrich y Juan B. Justo (conexión con Línea D y Ferrocarril San Martín);

Juan B. Justo y Corrientes (Línea B y Ferrocarril San Martín); Av. La Plata y Rivadavia (Línea A); Av. José María Moreno y Rivadavia (Línea A y Ferrocarril Sarmiento); Av. La Plata y Directorio (Línea E); y Almafuerte (Línea H).

En total, el corredor contará con 71 paradores, que permitirán integrar el servicio con la red de subtes, trenes metropolitanos y corredores de Metrobús.

Las obras también modificarán la circulación en distintos sectores de Caballito, donde se construyen varios de los nuevos paradores.

Los cambios previstos incluyen a la avenida Acoyte, que pasará a tener mano única hacia el norte entre Neuquén y Díaz Vélez. En tanto, Honorio Pueyrredón modificará su circulación entre Gaona y Neuquén, quedando con sentido hacia el sur desde octubre.

También habrá cambios en calles como Felipe Vallese, Ambrosetti y Balcarce para reorganizar el tránsito de la zona.

Aunque su nombre remite a un tranvía, el Trambús no utilizará vías ni catenarias aéreas. Circulará sobre neumáticos y funcionará exclusivamente con energía eléctrica.

Las unidades también incorporarán sistema ADAS (asistencia a la conducción), alerta de colisión frontal, detección de peatones, monitoreo permanente del vehículo, detección de punto ciego, espejos retrovisores digitales y prioridad semafórica mediante semáforos inteligentes. NA 

El Ministerio de Transporte dispuso una nueva restricción para la circulación de vehículos de transporte de cargas de más de siete toneladas de porte bruto con motivo del fin de semana largo por el Día de la Independencia.

La medida regirá desde este miércoles en distintas rutas provinciales y en la Autopista Buenos Aires-La Plata, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y reducir el riesgo de siniestros durante el recambio turístico.

Además, la disposición incorpora el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno nacional, a las medidas previstas para el feriado, luego de que esa fecha hubiera sido omitida por error en una resolución anterior.

La restricción se aplicará en los corredores comprendidos por la Resolución N° 85/26, que incluye las rutas provinciales 2, 11, 36, 56, 63, 74 y 88, además de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Los horarios establecidos son los siguientes: el miércoles 8 de julio, de 18 a 23.59, en sentido ascendente, es decir, de salida del Área Metropolitana de Buenos Aires; el jueves 9 de julio, de 6 a 14, también en sentido ascendente; y el domingo 12 de julio, de 14 a 23.59, en sentido descendente, correspondiente al regreso hacia el Área Metropolitana.

Desde la cartera de Transporte señalaron que la decisión responde al incremento previsto en la circulación de vehículos particulares durante el fin de semana largo, especialmente en los accesos a los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, donde aumenta el riesgo de accidentes por la convivencia entre el tránsito liviano y los vehículos de gran porte.

No obstante, la medida mantiene las excepciones contempladas en la Resolución N° 5/26 para determinados transportes considerados esenciales, entre ellos los destinados al abastecimiento de productos perecederos y otras actividades estratégicas, con el fin de garantizar la continuidad de la producción y la distribución de bienes.

Las subas se aplicarán luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo. Ese dato sirve como referencia para distintos mecanismos de actualización previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado.

En el caso de los alquileres, los contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres continuarán ajustándose según el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central, por lo que en julio registrarán un incremento anual del 31,54%. En tanto, los contratos que actualizan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aplicarán subas de acuerdo con el período pactado: 8,1% para ajustes trimestrales, 11% para los cuatrimestrales y 16,7% para los semestrales.

En materia de transporte público, los usuarios de la provincia de Buenos Aires enfrentarán un aumento del 4,1% desde el 1° de julio. El boleto mínimo de colectivo pasará a costar $1.057,25, mientras que el tramo de 3 a 6 kilómetros tendrá un valor de $1.189,39; el de 6 a 12 kilómetros costará $1.321,55 y los recorridos de 12 a 27 kilómetros ascenderán a $1.585,89.

El ajuste responde al esquema de actualización que combina la inflación con un adicional de dos puntos porcentuales. El Gobierno nacional sostuvo que la medida busca garantizar la continuidad y calidad del servicio. Además, continuará vigente el descuento del 55% para beneficiarios de la tarifa social, jubilados, pensionados y otros grupos alcanzados por prestaciones de Anses.

Por su parte, las empresas de medicina prepaga ya comenzaron a informar a sus afiliados los nuevos valores que regirán en julio. Al menos cinco compañías aplicarán incrementos cercanos al 2,9%, porcentaje que supera la inflación de referencia y que llega tras la desregulación del sector acordada entre las empresas y el Gobierno nacional.

En cuanto a la energía eléctrica, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán una suba promedio del 1,5% en las facturas que se abonarán durante julio. En el interior bonaerense, donde operan otras distribuidoras y cooperativas, los cargos fijos aumentarán entre 5% y 8%, mientras que el cargo variable se incrementará 2%, según la empresa prestadora.

Finalmente, las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, en un contexto de mayor demanda por las bajas temperaturas propias del invierno.

Con estos ajustes, julio volverá a estar marcado por una serie de incrementos en servicios y gastos habituales que tendrán impacto directo sobre el presupuesto de las familias.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunció una nueva medida de fuerza para este martes, que consistirá en la liberación de los molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B. La acción se llevará a cabo entre las 7 y las 8 de la mañana en el marco de un conflicto que mantienen con la empresa concesionaria Emova.

El gremio denunció a la compañía por aplicar descuentos salariales y sanciones disciplinarias que calificaron como ilegales. Según informaron, cuentan con medidas cautelares y resoluciones judiciales favorables que intiman a la empresa a dejar sin efecto dichas medidas. Además, confirmaron que ya fueron presentadas denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad.

Al respecto, Claudio Dellecarbonara, secretario ejecutivo del ente gremial, señaló:

“Se aplican descuentos compulsivos sobre los salarios y se utilizan las sanciones como mecanismo de presión para desalentar las denuncias vinculadas a las condiciones laborales y al estado del servicio”.

El dirigente advirtió que el plan de lucha continuará durante los próximos días y no descartó nuevas iniciativas que podrían afectar el funcionamiento del servicio si no se alcanza una solución. Claudio Dellecarbonara afirmó que la liberación de molinetes de este martes es solo el primer paso de un plan de acción más amplio.

Por su parte, la empresa Emova emitió un comunicado oficial en el que rechazó las acusaciones del gremio. La concesionaria sostuvo que las acciones responden a descuentos realizados a empleados que no cumplieron con sus horarios de trabajo establecidos sin justificación.

“Estas acciones gremiales responden a descuentos realizados a aquellos empleados que no cumplieron con sus horarios de trabajo establecidos sin justificación alguna”.

Finalmente, la empresa aseguró que se abonaron los días trabajados y que las quitas solo afectaron a quienes no prestaron servicios.

En la Ciudad de Buenos Aires, los taxis eléctricos comenzaron a circular con el propósito de renovar la flota de transporte, reducir los gases contaminantes y disminuir la contaminación sonora. Para garantizar la sustentabilidad del proyecto, se ha consolidado una red de 400 puntos de carga públicos en diversos puntos estratégicos.

Gerardo Trillini, chofer con 35 años de trayectoria, es uno de los conductores que ya opera un vehículo propulsado íntegramente por energía eléctrica. Sobre su experiencia, señaló:

“No hace ruido, no emite ningún sonido. Es lo mismo apagado o en marcha. Además, la dirección es recontra liviana”.

El conductor admitió que, previo a la adquisición, atravesó un proceso de incertidumbre:

“Al principio uno está lleno de miedos por todo lo desconocido”.

Entre los interrogantes que debió resolver se encontraban la autonomía de la batería, el mantenimiento y la disponibilidad de repuestos. Actualmente, realiza la carga en su domicilio, aunque también utiliza el sistema de carga rápida en estaciones de servicio, supermercados y locales de comida rápida.

“El otro día desayuné un café con leche y medialunas y en media hora llené el tanque”, ejemplificó.

El vehículo cuenta con una autonomía de 380 kilómetros por carga completa, con un costo de 30 mil pesos en la vía pública. El mantenimiento, en tanto, se efectúa cada 20 mil kilómetros y resulta más económico que el de los rodados a combustión.

La compra de estas unidades fue financiada a través de un préstamo del Banco Ciudad, que ofrece hasta 28 millones de pesos para la adquisición de coches 0Km eléctricos o híbridos enchufables. El crédito cuenta con un plazo de 48 meses y cubre hasta el 70% del valor del vehículo. Asimismo, los autos eléctricos particulares radicados en Buenos Aires gozan de una exención del 100% de patentes y descuentos en peajes.

Desde el Gobierno de la Ciudad destacaron que esta iniciativa forma parte de un plan integral.

“Es un paso más dentro del plan de Electromovilidad de la Ciudad. A los créditos para el recambio de la flota se suma la creación de una red de 400 puntos de carga públicos. Y para 2027, todos los colectivos que se sumen a la red de transporte público deberán ser eléctricos o a gas”, explicaron.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo:

“Estamos trayendo la última tecnología del mundo para movernos mejor, y al mismo tiempo tener una Ciudad más silenciosa y sin contaminación. El objetivo es que los vecinos tengan opciones rápidas, eficientes y seguras”.

La Secretaría de Transporte de la Nación aprobó una serie de modificaciones al Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO) del sistema ferroviario argentino. Esta medida tiene como objetivo principal incorporar nuevas tecnologías de comunicación, modernizar los procedimientos de maniobra y ampliar las herramientas operativas destinadas a mejorar la seguridad y la eficiencia de los servicios de pasajeros y cargas.

La resolución se enmarca en la “emergencia ferroviaria” declarada por el Gobierno nacional y forma parte de un proceso de revisión integral de las normas de mantenimiento y seguridad que rigen el Sistema Ferroviario Nacional.

Entre los cambios más destacados, la normativa autoriza el uso de sistemas de radiocomunicación inalámbrica para la transmisión de instrucciones operativas en situaciones donde las señales ferroviarias se encuentren descompuestas. Hasta el momento, estas tareas se realizaban principalmente mediante teléfonos integrados al sistema de señalamiento.

Para garantizar el control, la nueva reglamentación establece que las comunicaciones por radio deberán quedar registradas mediante equipos de grabación homologados. Estos dispositivos funcionarán de manera independiente de los operadores y deberán conservar los registros durante un período mínimo de cinco años. Asimismo, toda instrucción vinculada con la autorización para atravesar señales fuera de servicio deberá ser confirmada y verificada por ambas partes para asegurar la circulación.

Según los fundamentos de la resolución, la incorporación de estas tecnologías permitirá agilizar las operaciones ante contingencias y reducir los tiempos de respuesta frente a emergencias, aprovechando sistemas modernos que ya funcionan en distintos sectores de la red.

Otra novedad es la incorporación formal al reglamento de nuevos indicadores luminosos y semáforos de maniobra, diseñados específicamente para operaciones en playas de maniobras y estaciones. Estos dispositivos informarán a los conductores sobre la ruta habilitada y las condiciones de circulación, con el fin de reducir la posibilidad de errores humanos. 

Finalmente, la normativa fija velocidades máximas para las maniobras según el tipo de señalización utilizada y establece los procedimientos precisos que deberán seguir operadores y conductores en cada caso.

El Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo de Mar del Plata han iniciado las tratativas formales para regular las aplicaciones de transporte, un paso que busca poner fin al prolongado conflicto entre taxistas y choferes particulares. Tras años de silencio institucional y episodios de violencia, el gobierno de Agustín Neme envió al cuerpo deliberativo los informes técnicos pendientes desde 2022.

La propuesta central del Ejecutivo es que el registro a crearse sea de empresas y no de conductores, descartando de plano un sistema unificado con los taxis. Ante este avance, los concejales opositores de la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical introdujeron modificaciones en sus proyectos y convocaron a una reunión conjunta de las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación.

Los informes fueron firmados por el director general de Transporte de Mar del Plata, Federico Chioli. La definición principal establece que el registro propuesto sea para las empresas dueñas de las plataformas digitales que intermedian en la oferta y demanda. Como requisito excluyente, se fija contar con domicilio especial en el Partido de General Pueyrredon.

La responsabilidad de verificar los requisitos de los choferes recaerá en las empresas, que deberán acreditar que sus conductores cuenten con licencia profesional categoría D1, inexistencia de antecedentes penales, titularidad o autorización para conducir el vehículo, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada y vigente para transporte de pasajeros, y un seguro que contemple la actividad con responsabilidad civil frente a terceros.

Uno de los puntos de debate es la antigüedad máxima de los vehículos. Mientras el Ejecutivo sugirió unificarla con el resto de los servicios, desde la Coalición Cívica propusieron fijarla en 15 años, lo que implicaría extender la vida útil de los taxis, actualmente limitada a 10 años más eventuales prórrogas. Sobre el uso de motos, el director de Transporte sostuvo que no existe impedimento legal para que presten el servicio si cumplen los requisitos, descartando la prohibición que proponía un proyecto de La Libertad Avanza.

Por su parte, el proyecto de la UCR propone la creación de un Registro especial de taxímetros incorporados al sistema de aplicaciones digitales. El radicalismo también planteó extender la vida útil de los taxis a 15 años. Un punto novedoso es la posibilidad de que las tarifas de los taxis varíen cuando el viaje sea contratado a través de una aplicación. Al respecto, el proyecto establece que cuando la contratación sea digital, el valor del servicio será el que surja de la plataforma, mientras que a los viajes tomados fuera de las apps no se podrán aplicar recargos.

Finalmente, el informe de la Dirección de Transporte solicitó mantener la inspección anual obligatoria, aclarando que se trata de una revisión técnica vinculada al servicio y no mecánica, proponiendo eliminar el pago del derecho de oficina asociado a dicho trámite.

Trenes Argentinos, la operadora ferroviaria del área metropolitana, ha puesto en marcha un esquema de patrullas de control con el objetivo de reducir la evasión y cobrar multas a los usuarios que viajen sin validar correctamente su pasaje mediante la tarjeta SUBE. Según informaron fuentes de la empresa, el despliegue responde a una problemática histórica que busca garantizar el cumplimiento del pago del servicio.

El procedimiento exige que los pasajeros apoyen la tarjeta en los molinetes tanto al ingresar en la estación de origen como al descender en la de destino. En el primer movimiento, el sistema retiene el valor del viaje máximo, mientras que al finalizar el trayecto se valida el costo real. Si el usuario no realiza ambos pasos, el sistema detecta la irregularidad. Al respecto, desde la empresa señalaron:

“El problema de evasión es histórico, por eso la conformación de estas patrullas que controlan. Lo que le importa a la empresa es que la gente pague”.

Las patrullas recorren las formaciones equipadas con dispositivos electrónicos portátiles para verificar el estado de la tarjeta. En caso de que el movimiento no sea compatible con el recorrido, se aplica una multa de 3.500 pesos, cifra equivalente a 10 pasajes mínimos. Durante el mes de mayo, se labraron casi 16 mil multas bajo esta modalidad. El pago de las sanciones puede efectuarse en efectivo o mediante QR a través de billeteras virtuales y entidades bancarias, entregándose comprobantes numerados.

Actualmente, el sistema cuenta con 10 patrullas activas en la línea Roca, cinco en la línea San Martín y dos en la línea Belgrano Sur, con planes de sumar otras dos unidades en esta última en los próximos días. Asimismo, la empresa confirmó que la implementación se extenderá próximamente a las líneas Mitre y Sarmiento, aunque los cronogramas específicos aún se encuentran en etapa de definición.

Para facilitar la regularización de los viajes, la empresa recordó que existen diversas opciones para cargar saldo en la tarjeta SUBE. Los usuarios pueden utilizar la aplicación oficial en teléfonos con tecnología NFC, el sistema de Carga a Bordo en colectivos habilitados o las terminales automáticas en estaciones. Además, se mantiene la carga presencial en kioscos y locales adheridos. La compañía destacó que el registro de la tarjeta permite acceder a la Tarifa Social y recuperar el saldo ante casos de robo o extravío a través de los centros de atención de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.

El Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra cada 3 de junio, representa una convocatoria internacional para poner en valor un medio de transporte que combina utilidad, salud y cuidado ambiental. La efeméride fue instaurada oficialmente el 12 de abril de 2018, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/72/272, reconociendo a la bicicleta como un recurso confiable, sostenible y de bajo costo.

Desde su proclamación, el organismo internacional ha destacado la singularidad, longevidad y versatilidad de este vehículo, que cuenta con dos siglos de presencia en diversas sociedades. El objetivo central de la fecha es alentar a los Estados a implementar políticas públicas que faciliten su incorporación a la vida cotidiana, priorizando siempre la seguridad vial tanto para ciclistas como para peatones.

En términos de salud, las Naciones Unidas subrayan que la actividad física moderada, como el pedaleo, aporta beneficios significativos para el bienestar físico y mental, además de prevenir enfermedades. 

Asimismo, el uso de la bicicleta se presenta como una herramienta fundamental para la inclusión social, al reducir las barreras económicas y facilitar el acceso a servicios básicos como la educación y la atención sanitaria para las poblaciones más vulnerables.

La agenda de movilidad urbana también ocupa un lugar central en esta conmemoración. La organización enfatiza que, para lograr un cambio real hacia modos de transporte activos, es indispensable contar con infraestructura y diseño urbano que reduzcan los riesgos en la circulación. De este modo, la bicicleta se posiciona como una alternativa clave para reducir las emisiones de gases contaminantes, disminuir la congestión vehicular y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También representa un ahorro económico, dado que la bicicleta es considerada uno de los medios de transporte más económicos que existen. Sus costos de adquisición, mantenimiento y uso son muy inferiores a los de un automóvil o una motocicleta, lo que hace que cada vez más personas opten por su uso.

La continuidad del compromiso con el Día Mundial de la Bicicleta quedó ratificada el 15 de marzo de 2022, cuando la Asamblea General adoptó una nueva resolución enfocada en la integración del uso generalizado de la bicicleta en los sistemas de transporte público. A través de estas acciones, se busca consolidar una cultura que trascienda lo simbólico y promueva prácticas sostenidas en el tiempo.

El Gobierno nacional oficializó la designación de la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen que regula los servicios privados de movilidad y reparto prestados a través de plataformas tecnológicas. La medida fue formalizada mediante el Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial el 1 de junio de 2026.

La normativa alcanza a diversas plataformas digitales dedicadas al transporte de pasajeros y al reparto de bienes, entre las que se encuentran Uber, Cabify, Didi, Rappi y PedidosYa, además de otras empresas que operan bajo esquemas tecnológicos similares.

De acuerdo con la reglamentación, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de aplicar el régimen específico previsto para los prestadores independientes que desarrollan actividades mediante estas aplicaciones. Por su parte, la Secretaría de Trabajo mantendrá las competencias vinculadas con los convenios colectivos que puedan surgir dentro de la actividad.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que la regulación de estos servicios debe quedar bajo la órbita de Transporte debido a que su naturaleza principal está asociada con la movilidad y la logística. Esta decisión se inscribe en el marco de la reforma laboral sancionada por el Congreso, la cual creó un régimen específico para los prestadores de servicios de plataformas y excluyó estos vínculos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo.

Con esta medida, el Poder Ejecutivo ratificó el criterio de considerar a conductores y repartidores como trabajadores independientes alcanzados por una regulación particular, diferenciada del régimen laboral tradicional. Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es otorgar mayor previsibilidad regulatoria a una actividad en expansión y adecuar su supervisión a organismos con competencias técnicas específicas.

El reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, expuso que entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de transporte en el AMBA registra incrementos que superan con creces la inflación acumulada del período, la cual se situó en un 303,5 por ciento.

El ajuste, impulsado por la quita de subsidios nacionales y el encarecimiento de los costos operativos, ha provocado una drástica caída en el poder adquisitivo de los usuarios y una disminución en la cantidad de pasajeros.

El análisis detalla que la tarifa del subte fue la que más subió, multiplicándose por más de 17 veces al pasar de 80 a 1.414 pesos, lo que representa un aumento nominal del 1.668 por ciento y un incremento real de 337 puntos por encima de la inflación.

Por su parte, el boleto de colectivos se multiplicó hasta por 16 entre noviembre de 2023 y abril de 2026, registrando en la Provincia de Buenos Aires una suba nominal del 1.545 por ciento, mientras que en la jurisdicción nacional el aumento fue del 1.221, con variaciones reales de entre 228 y 307 por ciento por encima de la inflación acumulada del período.

El tren metropolitano, aunque tuvo la menor suba nominal (741 por ciento), también superó ampliamente la dinámica general de precios con un aumento real del 119 por ciento entre noviembre de 2023 y abril de 2026, pasando de 33,29 a 280 pesos. A partir de mayo de 2026, la tarifa del tren metropolitano aumentó a 330, lo que representa una suba adicional del 17,9 por ciento respecto al valor de abril.

La brecha entre el costo del transporte y los ingresos de los hogares se ha ensanchado notoriamente. Para un trabajador que percibe el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y combina colectivo y subte, el gasto mensual en transporte pasó de representar el 2,6 por ciento de su ingreso en diciembre de 2023 al 17,3 en abril de 2026.

Desde CEPA explicaron que el deterioro se debe a que “las tarifas del transporte aumentaron muy por encima de la inflación general, mientras que el SMVM fue fijado sistemáticamente por debajo de ella”.

Al respecto, precisaron que el SMVM pasó de 156 mil pesos en diciembre de 2023 a 357.800 en abril de 2026, indicando que es “un incremento nominal del 129 por ciento que quedó muy por debajo de la inflación acumulada del 303,5 en el mismo período, implicando una caída real de aproximadamente 43 por ciento en el poder adquisitivo del salario mínimo”.

La situación es igualmente crítica para los beneficiarios de la Beca Progresar. Debido al congelamiento del monto de la beca en 35 mil pesos desde marzo de 2025 frente a los constantes aumentos de boletos, su poder de compra se desplomó un 87 por ciento. En diciembre de 2023, la beca permitía costear 839 viajes en colectivo con descuento, hoy apenas alcanza para 111 boletos.

El informe de CEPA también remarcó la profunda brecha tarifaria entre el AMBA y el interior del país, profundizada tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior en 2024. Mientras que en el AMBA el boleto mínimo es de 700 pesos, en ciudades como San Martín de los Andes llega a los 2.300 y en Rawson a 2.192, lo que representa más de tres veces el valor metropolitano.

Detrás de estos aumentos, el análisis mencionó el alza en los costos operativos, particularmente del gasoil, que acumuló una suba de 536 pesos entre noviembre de 2023 y abril de 2026, superando en más de 230 puntos porcentuales la inflación general. NA

El Municipio de Tandil resolvió otorgar un adelanto financiero por 3 millones de pesos a la empresa La Nueva Movediza Transportes S.A., prestataria de la línea 502 de colectivos, ante la situación económico-financiera que atraviesa la firma.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Nº 1494/2026, fechado el 14 de mayo, luego de una presentación realizada por la Cámara de Empresas de Transporte de Tandil.

Según se desprendió de los considerandos del decreto, la empresa manifestó dificultades para afrontar “en tiempo y forma” el pago de una suma fija acordada para el mes de mayo con su personal.

En ese contexto, el Ejecutivo advirtió que la situación podía derivar en medidas de acción directa por parte de los trabajadores de la línea 502 y que el conflicto incluso podría extenderse al resto de las líneas urbanas “como mecanismo de solidaridad gremial”.

Frente a ese escenario, el Gobierno comunal consideró necesario intervenir para “evitar posibles conflictos en el sector y garantizar el normal funcionamiento del servicio público de transporte urbano de pasajeros”.

Por ese motivo, el Municipio autorizó a Contaduría General a extender una orden de pago por 3 millones de pesos a favor de La Nueva Movediza Transportes S.A.

El decreto aclaró que el dinero será entregado “en concepto de adelanto de atributos locales del Sistema SUBE” y que la suma será descontada posteriormente de la liquidación correspondiente al mes de mayo, cuyo pago se efectivizará en junio.

La medida fue refrendada por el secretario de Gobierno y comunicada a las áreas de Economía y Administración y Contaduría General.

Miles de usuarios de la Línea Sarmiento deberán modificar sus recorridos habituales durante los próximos días debido a una interrupción programada del servicio ferroviario en el oeste del conurbano bonaerense.

La medida afectará el tramo que conecta las estaciones de Merlo y Moreno, donde no circularán las formaciones durante tres días. Esta situación obligará a los pasajeros a reorganizar sus viajes y realizar combinaciones con colectivos, especialmente en las horas pico de mayor afluencia.

El servicio limitado se implementará durante este fin de semana largo, impactando de manera directa en la movilidad de una zona con un fuerte movimiento diario de trabajadores y estudiantes que dependen de este medio de transporte para trasladarse desde y hacia distintas localidades.

Más allá de conducir rodados o usar medios de transporte, todas las personas que viven en espacios urbanos son peatones, los usuarios más vulnerables en el sistema del tránsito. En el mundo, cada año, mueren más de 270.000 peatones en eventos viales. En Argentina, se estima que en 2025 cerca de 1.300 peatones murieron en el tránsito.

En las capitales del mundo y las grandes ciudades, los peatones lideran las estadísticas de mortalidad. En la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 10 años, más del 40% de las víctimas fatales fueron peatones.

La asociación argentina Luchemos por la Vida midió el uso de teléfonos celulares por parte de conductores y de peatones, comprobando que la distracción, al volante o a pie agrega más peligro al tránsito cotidiano.

Esta cifra resulta alarmante, ya que significa que entre los vehículos particulares que circulan por la ciudad de Buenos Aires, diariamente 1.400.000, hay aproximadamente 240.800 usando un celular mientras conduce, pese a la expresa prohibición en la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Asimismo, los trabajadores de reparto que se movilizan en moto o bicicleta tienen incorporada la pantalla al circuito de trabajo, lo que genera un gran peligro para el resto de los eslabones del sistema de tránsito.

Más allá de la reducción de velocidades y cambios en la infraestructura para el cuidado de los peatones, lograr usuarios de la vía pública más seguros implica también, concientizar, controlar y sancionar para desalentar comportamientos que ponen en riesgo la vida propia y de los demás.

España acaba de implementar una osada medida de control y sanción a peatones que crucen mirando el teléfono celular, con ánimo de reducir las muertes de tránsito y construir ámbitos más seguros de circulación. Esta acción se considera “negligente” y se aplica a todos los peatones, independientemente de que respeten el semáforo y las sendas peatonales. De no hacer esto, la multa que parte de 80 euros puede llegar hasta los 200 euros.

La medida definida por el Gobierno español se fundamenta en que se comprobó que en el país entre el 20 % y el 30 % de los siniestros graves en ciudades involucran a peatones que han sido atropellados al cruzar distraídos, fundamentalmente por el uso del celular. En otros estudios, se comprobó que 1 de cada 3 peatones cruza sin prestar atención al tránsito, con riesgo de ser atropellado.

Hace años que la ciencia estudia las importantes limitaciones que nuestro cerebro tiene para realizar dos tareas que demanden atención al mismo tiempo, y los investigadores han probado hasta qué punto es peligroso conducir mientras se habla o mensajea por celular, aún con el sistema de manos libres.

Recientes investigaciones internacionales han concluido que caminar hablando por teléfono celular es muy riesgoso ya que las personas observadas despliegan comportamientos tales como cruzar más despacio, sin mirar al tránsito circundante y no esperar a que los vehículos se detengan para comenzar a cruzar, en una proporción muchísimo mayor que los no usuarios de celular.

Para los peatones el problema real principal parece ser la distracción, así como les sucede a los conductores. Y en el tránsito caótico de nuestro país, este nuevo hábito compartido por peatones y conductores no hace más que empeorar la seguridad de todos en la vía.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires emitió una resolución que establece que los conductores de aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi deberán tramitar una licencia profesional y contar con seguros específicos para continuar operando. La medida busca igualar las reglas de juego con las que ya cumplen los servicios de taxis y remises.

El fallo surge tras un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis. Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín entendieron que las plataformas digitales prestan un servicio de transporte de pasajeros y, por lo tanto, no pueden funcionar por fuera de los controles y exigencias del sector. Según la resolución, mientras no exista una ley específica que regule a estas empresas, sus choferes deben cumplir con los mismos requisitos que los taxistas, incluyendo habilitaciones y seguros profesionales.

En sus fundamentos, los magistrados remarcaron que las aplicaciones no pueden seguir operando en un vacío legal que les permita evitar controles regulatorios. Consideraron que Uber y otras plataformas forman parte de un servicio global de transporte y no solamente de una herramienta tecnológica, citando para ello antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sentencia también cuestionó al Gobierno porteño por haber permitido durante años una apariencia de regularidad en el funcionamiento de las plataformas. El texto señala que, aunque la Ciudad calificaba a Uber como un servicio clandestino, permitía su publicidad en espacios públicos y no avanzaba con controles efectivos. Ante esta situación, la Justicia ordenó iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales a las empresas y realizar campañas de difusión para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos.

Finalmente, la Cámara determinó que, mientras persista esta diferencia regulatoria, el Gobierno de la Ciudad no podrá cobrar a los taxistas determinados aranceles administrativos vinculados a licencias y trámites de operación. Los jueces concluyeron que no se puede exigir un esquema de costos más pesado para un sector mientras otro compite sin obligaciones equivalentes.

El Municipio, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, concretó la demarcación de las paradas de colectivos en las extensiones de dos trayectos de las líneas 505 y 502, ordenamiento que permitirá avanzar con los trámites para el desembarco de la aplicación Cuándo Subo. Los trabajos en el territorio se concretaron entre el jueves y ayer.

La señalética vertical se logró instalar luego de que la directora del SUMO, Luján Brito, le solicitara al Concejo Deliberante que fije las paradas de las extensiones de la Línea 505 (Marrón) a la zona del barrio Graduados y aledaños, y de la 502 (Blanca) a la exEscuela Granja. La solicitud derivó en la modificación de la ordenanza de 2024, que había reordenado todas las paradas del sistema de transporte local a pedido de Nación, como requisito para implementar la aplicación Cuándo Subo. 

En paralelo, concejales de la oposición habían marcado cuestionamientos por la falta de difusión de los recorridos y de los horarios en que circulan los colectivos –sobre todo en los alargues- y la imposibilidad de los usuarios de chequear los trayectos en tiempo real –a través de herramientas digitales-, combo que desalienta el uso del servicio público.

A finales de la semana pasada, una cuadrilla de la comuna avanzó con la colocación de los carteles verticales en las paradas de la extensión de la Línea 505 (Marrón) al barrio de Graduados.

En tanto, en la víspera se instaló la señalética sobre la avenida Jujuy, en el recorrido que la Línea 502 (Blanca) realiza a la Escuela Granja.

Desde el Departamento Ejecutivo informaron que la decisión de instalar los carteles en las esquinas se tomó a partir de un pedido de la Dirección de SUMO, con el objetivo de demarcar las extensiones de recorridos que fueron aprobadas en la última concesión y que estaban pendientes.

Antes de iniciar las tareas en los barrios, la directora del SUMO, Luján Brito, solicitó a la presidenta de la Comisión de Transporte, Luján Fiego, que se establezcan las paradas de colectivos de los dos alargues que no habían sido contemplados en la Ordenanza 18.401, sancionada en 2024, herramienta que detalló las paradas del sistema de transporte público de pasajeros y derogó las normas municipales para generar un solo texto ordenado.

En la Línea 505 “Extensión barrio Graduados”, se colocó la cartelería en las esquinas de Pedersen y Los Ombúes, Los Robles y Los Ceibos; en Cerrillada esquina Pedersen, Salceda y pasaje Mercedes Sosa; en Segundo Sombra y La Merced, y en La Merced y Salceda y Pedersen.

Para la Línea 205 Alargue a Granja, la señalética vertical se instaló en las paradas de avenida Jujuy y sus intersecciones con Ñandú, Flamenco, Tasende, Peumayén, Ronca Hue, Perdiz, Calihue, Peñasco y Gorrión.

En un breve contacto con este Diario, el secretario de Servicios Públicos del Municipio, Claudio Fuentes, confirmó que las paradas de las extensiones de las líneas 502 y 505 quedaron señalizadas.

En paralelo, remarcó que se encuentran atendiendo a la demarcación de paradas que solicitan las líneas de colectivos, ya sea por reposición de carteles dañados o por faltantes.

Por último, el funcionario adelantó que llevan adelante un plan para la instalación de 2 mil carteles con señales de tránsito y nombres de calles en distintos sectores de la ciudad.

Los empresarios pretenden definiciones oficiales sobre cómo afrontarán el aumento de los costos operativos, en particular el impacto del precio del gasoil. La posición de los ejecutivos aparece luego de dos semanas en las que cortaron servicios ante la falta de fondos.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, las entidades advirtieron que, pese al tiempo transcurrido desde la implementación de medidas de racionalización del servicio, aún no recibieron precisiones concretas sobre mecanismos de compensación ni sobre el reconocimiento de mayores costos. En ese contexto, remarcaron que la situación financiera del sector se vuelve cada vez más crítica.

Según indicaron, la falta de respuestas se da incluso después de gestiones oficiales para cancelar parcialmente deudas en concepto de compensaciones -que, aseguran, superan los 128 mil millones de pesos- y de múltiples instancias de diálogo en las que se presentaron propuestas para mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, sostienen que hasta el momento no se tradujeron en soluciones efectivas.

Frente a este escenario, las empresas alertaron que la continuidad del servicio en las condiciones actuales resulta “insostenible”. Por eso, anticiparon que, de no mediar medidas satisfactorias en el corto plazo, podrían profundizarse las acciones de racionalización, con el consiguiente impacto en la prestación habitual para los usuarios.

En paralelo, las cámaras informaron que fueron convocadas a una reunión el próximo 30 de abril en la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí esperan recibir “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre los plazos y mecanismos para afrontar los mayores costos que enfrenta el sector.

Finalmente, las entidades subrayaron la necesidad de adoptar decisiones urgentes que permitan restablecer previsibilidad y garantizar el funcionamiento de un sistema considerado esencial para millones de pasajeros en el AMBA.

El comunicado lleva la firma de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba). NA

Los empresarios pretenden definiciones oficiales sobre cómo afrontarán el aumento de los costos operativos, en particular el impacto del precio del gasoil. La posición de los ejecutivos aparece luego de dos semanas en las que cortaron servicios ante la falta de fondos.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, las entidades advirtieron que, pese al tiempo transcurrido desde la implementación de medidas de racionalización del servicio, aún no recibieron precisiones concretas sobre mecanismos de compensación ni sobre el reconocimiento de mayores costos. En ese contexto, remarcaron que la situación financiera del sector se vuelve cada vez más crítica.

Según indicaron, la falta de respuestas se da incluso después de gestiones oficiales para cancelar parcialmente deudas en concepto de compensaciones -que, aseguran, superan los 128 mil millones de pesos- y de múltiples instancias de diálogo en las que se presentaron propuestas para mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, sostienen que hasta el momento no se tradujeron en soluciones efectivas.

Frente a este escenario, las empresas alertaron que la continuidad del servicio en las condiciones actuales resulta “insostenible”. Por eso, anticiparon que, de no mediar medidas satisfactorias en el corto plazo, podrían profundizarse las acciones de racionalización, con el consiguiente impacto en la prestación habitual para los usuarios.

En paralelo, las cámaras informaron que fueron convocadas a una reunión el próximo 30 de abril en la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí esperan recibir “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre los plazos y mecanismos para afrontar los mayores costos que enfrenta el sector.

Finalmente, las entidades subrayaron la necesidad de adoptar decisiones urgentes que permitan restablecer previsibilidad y garantizar el funcionamiento de un sistema considerado esencial para millones de pasajeros en el AMBA.

El comunicado lleva la firma de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba). NA