El concejal de Acción Tandilense-La Libertad Avanza, Federico Sánchez Chopa, analizó la situación del transporte público de pasajeros en Tandil y los desafíos para garantizar la continuidad y mejorar la calidad del servicio. Durante su participación en La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, se refirió a la emergencia del sector, los subsidios, los controles y las nuevas alternativas de movilidad.

Sánchez Chopa asumió recientemente la presidencia de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, en reemplazo de Luján Fiego. En ese marco, sostuvo que la crisis planteada por la Cámara de Transporte se repite desde hace años y señaló que el Ejecutivo cuenta con herramientas para adoptar medidas que permitan sostener el servicio.

El edil destacó que el Concejo Deliberante delegó en el Departamento Ejecutivo la posibilidad de tomar decisiones urgentes. También mencionó la actualización del boleto mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un mecanismo que, según indicó, su bloque había propuesto con anterioridad. Para el concejal, más allá de las diferencias entre los distintos sectores, “la prioridad debe ser encontrar soluciones que mejoren el servicio para los usuarios”.

Sánchez Chopa advirtió sobre modificaciones en recorridos y frecuencias que, según sostuvo, se estarían realizando sin la debida comunicación. En ese sentido, consideró necesario revisar el pliego de bases y condiciones firmado en 2022 y reforzar los controles municipales para verificar su cumplimiento.

También mencionó denuncias relacionadas con el uso de teléfonos celulares por parte de algunos choferes durante la prestación del servicio y remarcó la importancia de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los pasajeros.

Otro de los ejes de la entrevista fue el esquema de subsidios nacionales. El concejal explicó que el sistema busca dirigir los beneficios a los usuarios mediante la tarjeta SUBE, en lugar de transferirlos directamente a las empresas. A su entender, este cambio obliga a revisar el funcionamiento del sector y la forma en que se financia la prestación.

Federico Sánchez Chopa también se refirió al proyecto de ordenanza para regular las aplicaciones de transporte, como Uber. Consideró necesario establecer reglas claras que contemplen la seguridad de los pasajeros y las oportunidades laborales que genera esta modalidad.

Además, planteó la necesidad de adaptar la infraestructura urbana a las nuevas demandas de movilidad, con propuestas como la creación de ciclovías en sectores donde las características de las avenidas dificultan la circulación segura de bicicletas.

Entre las herramientas que podrían contribuir a mejorar el servicio, mencionó la incorporación de tecnologías como el seguimiento por GPS y la conexión Wi-Fi en las unidades. Según explicó, mejorar la puntualidad, los recorridos y la información disponible permitiría incentivar el uso del transporte público frente al crecimiento del parque automotor privado.

En relación con los taxis, Sánchez Chopa se mostró favorable a analizar el pedido de los trabajadores del sector para incorporar publicidad en sus vehículos. Señaló que podría representar una fuente adicional de ingresos, aunque consideró necesario acordar con el Ejecutivo las condiciones de implementación y el cumplimiento de las tasas municipales correspondientes.

Finalmente, el concejal de Acción Tandilense-La Libertad Avanza sostuvo que el Estado debe actualizar las normativas para acompañar los cambios en las formas de movilidad y permitir la convivencia de distintos servicios bajo reglas claras. El objetivo, planteó, debe ser “mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la calidad del transporte para los vecinos de Tandil”.

La gratuidad en Brasil los fines de semana del transporte público urbano, conocida como “tarifa cero”, podría reducir en 0,25 puntos porcentuales la inflación mensual y redistribuir hasta 45.000 millones de reales (unos 8.800 millones de dólares) adicionales al año para el consumo de bienes y servicios básicos, según estimaciones de especialistas.

La propuesta de gratuidad los sábados, domingos y feriados fue anunciada el jueves por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, quien afirmó que enviará al Congreso un proyecto de enmienda constitucional para garantizar el transporte colectivo urbano gratuito durante esos días.

La iniciativa comenzaría a regir en 2027 en caso de que Lula da Silva sea reelecto y deberá contar con las enmiendas parlamentarias, que son las cuotas del presupuesto nacional que se adjudican los diputados y senadores.

La tarifa cero se está aplicando en grandes ciudades como Brasilia, Sao Paulo y Belo Horizonte, pero la propuesta de Lula da Silva incluye masificarlos con su aplicación en los más de 5.000 municipios del país que tengan el servicio de transporte colectivo. (NA).

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) aprobó un nuevo cuadro tarifario para los aeropuertos del Grupo A, operados por Aeropuertos Argentina 2000. La medida, oficializada a través de la Resolución 69/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, establece un cambio significativo en la forma de expresar la tasa de uso de aeroestación para vuelos de cabotaje, la cual dejará de estar fijada en pesos para expresarse en dólares.

De esta manera, la tarifa pasará de los actuales 5.685 pesos, equivalentes a unos 3,70 dólares, a 9 dólares. Esto implica un ajuste en torno al 143%. Según los fundamentos de la normativa, esta modificación tiene como objetivo preservar el valor de la contraprestación, evitar ajustes nominales recurrentes y contribuir a la sostenibilidad económica de la concesión. El ORSNA aclaró que este cambio no altera el carácter regulado de las tarifas ni sus facultades de control.

El nuevo esquema también contempla modificaciones en las tarifas de aterrizaje y estacionamiento internacional. En el caso del aterrizaje internacional, el cuadro aprobado incorpora una reducción equivalente al 30 por ciento que anteriormente se aplicaba mediante un acuerdo entre el ORSNA, Aeropuertos Argentina 2000 y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Con esta actualización, la bonificación queda integrada directamente en los valores tarifarios, eliminando la dependencia de acuerdos previos o condiciones de pago específicas.

Al respecto, el ORSNA detalló los ajustes en otras categorías: "Se mantendrá congelada la tasa internacional (US$ 57) y habrá una importante reducción de la tasa para vuelos regionales de hasta 1000 kilómetros (un pedido que venían realizando gobernadores, intendentes, el sector del turismo y las líneas aéreas para promover el turismo y la conectividad), que baja de US$ 57 a US$ 25,16, lo cual representa una baja del 56%".

La resolución destaca que estos cambios buscan otorgar mayor transparencia y previsibilidad al sistema. La readecuación alcanza exclusivamente a los aeropuertos, categorías y conceptos del Grupo A, que actualmente comprende 35 terminales, mientras que el resto de los aeropuertos conservará sus regímenes tarifarios vigentes.

Esta actualización se enmarca en el acuerdo de readecuación contractual entre el Estado nacional y Aeropuertos Argentina 2000, con el fin de recomponer el equilibrio económico-financiero de la concesión. Las futuras modificaciones tarifarias deberán ajustarse a los mecanismos de revisión ordinaria o extraordinaria y a las actualizaciones periódicas previstas en dicho acuerdo.

La empresa Uber fue condenada a pagar 40 millones de dólares a la familia de una joven de 23 años, quien falleció tras ser atropellada en una autopista de California. El trágico episodio ocurrió el 12 de agosto de 2023, cuando Emily Normandin-Parker regresaba a su hogar junto a una amiga.

Según los documentos judiciales, el conflicto se inició cuando la acompañante de la víctima se sintió descompuesta y vomitó dentro del automóvil. Ante esta situación, el conductor, identificado como Vu Tran, detuvo el vehículo al costado de la autopista y obligó a ambas mujeres, que se encontraban bajo los efectos del alcohol, a descender del rodado. Poco después, Normandin-Parker fue impactada por otro vehículo y perdió la vida.

El juez Richard Stone dictaminó la indemnización tras un proceso de arbitraje de cinco días. Durante el proceso, los abogados de la firma Panish, Shea, Ravipudi, representantes de la familia, señalaron que el conductor no solicitó asistencia para las pasajeras. En su lugar, el chofer se comunicó con Uber para exigir el cobro de una tarifa de limpieza por el incidente.

Emily hizo todo lo que Uber le dice a los usuarios que hagan: tomó la decisión responsable de no conducir y confiamos en Uber para que la llevara a casa a salvo. Esa confianza le costó la vida a nuestra hija.

El juez Stone cuestionó el accionar del conductor, al afirmar que mostró una preocupación desmedida por su vehículo nuevo en lugar de velar por la seguridad de sus pasajeras, destacando que el chofer pudo haber tomado una salida para dejarlas en un lugar seguro. Por su parte, la empresa argumentó que el conductor era un contratista independiente y que no debía ser considerada responsable de sus acciones.

A través de un comunicado, Uber expresó su desacuerdo con la decisión del árbitro y sostuvo que continúan fortaleciendo sus políticas de seguridad. La firma legal que representa a los padres de la víctima reveló que la compañía había ofrecido inicialmente un acuerdo de 10 millones de dólares, condicionado a que la familia no hablara sobre el caso, oferta que fue rechazada.

El Gobierno nacional oficializó la extensión hasta el 10 de septiembre de 2027 de la continuidad del contrato de concesión de Ferrosur Roca, firma que opera el servicio ferroviario de cargas en el sector de la Red Ferroviaria Nacional correspondiente a la Línea General Roca. 

La prórroga, que excluye al corredor Altamirano-Miramar y sus tramos urbanos, comenzará a regir desde las cero horas del 11 de septiembre de 2026, fecha en la que vencía el plazo establecido previamente por la Secretaría de Transporte.

El trazado ferroviario bajo concesión abarca 3110 kilómetros de vías de trocha ancha, atravesando las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Esta red resulta estratégica al conectar diversos polos productivos, desde Zapala hasta los principales centros de distribución del Gran Buenos Aires, garantizando el acceso a puertos y centros de consumo fundamentales para la economía.

La empresa Ferrosur Roca S.A., controlada por Loma Negra a través de Cofesur, mantiene la explotación de este sector desde diciembre de 1992. Según lo dispuesto, la extensión se mantendrá vigente hasta la fecha estipulada o hasta que se concrete la contratación de un nuevo esquema de vinculación entre el Estado y el sector privado, lo que ocurra primero.

La resolución establece que la prestación continuará con carácter precario y podrá ser revocada en cualquier momento, sin que ello genere derechos a favor de la empresa ni el reconocimiento de sumas por una eventual finalización anticipada. Durante este período, la firma tiene la obligación de mantener el servicio y cumplir con todas las normativas contractuales vigentes.

En paralelo, el Gobierno nacional continúa con los actos de gestión destinados a diseñar un nuevo esquema contractual para la explotación de la Línea General Roca con participación privada. Esta medida se enmarca en el proceso iniciado en 2025, el cual busca replicar la incorporación de inversión privada aplicada en otras líneas ferroviarias. De acuerdo con la resolución, ya se han realizado los relevamientos y la recopilación de información necesaria para estructurar el futuro esquema, con el objetivo de coordinar este proceso con los lineamientos generales adoptados para la Red Ferroviaria Nacional.

Los trabajadores de ATE/ANAC anunciaron nuevas medidas de fuerza para el jueves 3 y viernes 4 de septiembre, con asambleas y manifestaciones que podrían generar demoras y complicaciones en los vuelos de Aeroparque y Ezeiza. La protesta se llevará adelante en dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21, en el transcurso de ambas jornadas.

Desde el gremio aclararon que se mantendrá la atención de los vuelos en desarrollo, además de los servicios sanitarios y oficiales. La medida responde a un reclamo que combina cuestiones salariales y operativas. 

ATE/ANAC exige que los haberes incorporen los aumentos correspondientes a conceptos extra paritarios ya acordados, la apertura de la paritaria sectorial y mayores recursos para las tareas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y las áreas de Fiscalización.

El conflicto se da en un contexto de mayor presión sobre la operación aeroportuaria. El reciente cierre de Aeroparque por trabajos de mantenimiento obligó a trasladar parte de sus vuelos a Ezeiza, que durante 55 horas llegó a registrar unos 940 movimientos, frente a los aproximadamente 530 habituales en períodos similares. Para el gremio, ese incremento de la actividad expuso la falta de personal, vehículos y equipamiento necesarios para garantizar las tareas de control y fiscalización.

El coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, sostuvo que las demandas fueron planteadas en distintas instancias de diálogo, pero que no hubo avances suficientes. Según explicó, la medida fue anunciada con anticipación para que las aerolíneas y los demás actores del sector puedan tomar previsiones y reducir el impacto sobre los pasajeros: "Las demandas fueron planteadas en distintas instancias de diálogo, pero no hubo avances suficientes".

Como es habitual con la llegada del nuevo mes, una serie de servicios sufrirán un ajuste que, en muchos casos, se ubica por encima de la inflación mensual de julio, del 2,1%. Colectivos, prepagas y colegios privados, entre otros, ya tienen subas confirmadas para septiembre.

Como todos los meses, el ajuste más fuerte volverá a darse en los alquileres alcanzados por la antigua ley, que tendrán una actualización anual de 35,52%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Aunque el indicador se desaceleró de manera significativa respecto de los aumentos de tres dígitos que se registraron en 2025, todavía representa un peso importante en el presupuesto familiar. En tanto, los inquilinos a los que les corresponda un ajuste trimestral deberán afrontar una suba del 6,22%.

Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires completarán la segunda cuota del ajuste en las tarifas que había autorizado el Gobierno. Será del 2,5%, lo que se suma al 5% que ya se había aplicado en agosto. La medida alcanza a los distintos niveles de enseñanza —Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior— y ajusta las escalas según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, el cual varía entre el 40 y el 100%.

Desde el inicio del nuevo mes, los colectivos en el Área Metropolitana (AMBA) tendrán un aumento que afectará, entre otros, a usuarios del Gran La Plata. La decisión implica una suba desde el próximo martes del 4,79%, por lo que el boleto mínimo trepará de los $1.210,17 actuales a $1.268,20 y el más caro, que se abona por recorridos de 27 km o más, pasará de $2.077,96 a 2.177,59.

Dentro de la categoría transporte, el ajuste más marcado será en los trenes del AMBA, que subirán 14,29%. De esta manera, el boleto mínimo para las líneas Urquiza, Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur quedará establecido en 480 pesos. El subte, por su parte, también tendrá una suba del 4,1%, con lo que su boleto mínimo pasará a 1.753 pesos.

Las empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Salud los porcentajes de suba que aplicarán a partir de septiembre. En esta oportunidad, se esperan ajustes muy variados dentro del sistema, con diferencias incluso en los diferentes planes de cada empresa. Por ejemplo, OSDE informó incrementos de entre 1,9% y 2,3%; Hospital Italiano, 2,1%; Swiss Medical, 2,2%; Galeno, entre 2,3% y 2,8% y Omint, hasta 2,9%.

La tarifa de agua de AySA, que presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano, aumentará 2,3%. Esta suba se suma a los incrementos mensuales que viene aplicando la empresa. También ABSA tendrá un ajuste como parte de las subas bimestrales que realiza. Como sucede todos los meses, en los próximos días se espera la publicación de los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN. Los montos de las subas todavía no están confirmados, pero es un hecho que las tarifas de electricidad y gas volverán a aumentar. Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento del 2,5% promedio, según el servicio y la operadora.

Más de 400 camiones permanecen demorados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca como consecuencia de un conflicto salarial entre los recibidores de granos y las empresas del sector. Esta situación comenzó a afectar la normal operatoria agroexportadora y encendió la alerta por la interrupción de la cadena logística.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresó su profunda preocupación ante la falta de acatamiento por parte de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) a los términos de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. La entidad presentó una denuncia formal ante la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, solicitando la urgente intervención de la autoridad de aplicación.

“La situación reviste una gravedad particular en el Puerto de Bahía Blanca. En dicho complejo portuario, delegados gremiales comunicaron a las empresas terminales la decisión de negarse a realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o derivación de personal entre sectores”, señaló la entidad.

Sobre el impacto de la medida, la cámara advirtió que, aunque las horas extra son opcionales por ley, en la operativa agroexportadora resultan indispensables para garantizar la fluidez del comercio exterior. El gerente general de la cámara, Federico Spoturno, explicó en diálogo con Radio Mitre que el conflicto se originó tras el rechazo de una propuesta económica que contemplaba un incremento del 31,99% para el período enero-diciembre de 2026.

Federico Spoturno remarcó que la negativa a realizar tareas normales y habituales genera un clima de tensión.

“Realmente se genera un clima de mucha tensión, porque son alrededor de 400 camioneros que quieren descargar, quieren volver a sus casas y empiezan a congestionar las rutas. Esto complica realmente el escenario”, advirtió.

Ante este panorama, el sector empresario espera que la intervención de la Secretaría de Trabajo permita encauzar la negociación en la audiencia prevista para los próximos días.

La situación del transporte público de pasajeros en Tandil atraviesa, según advirtió el delegado local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Sebastián Altamiranda, un escenario cada vez más complejo, que excede la discusión salarial y pone en riesgo la continuidad de algunas empresas y, consecuentemente, fuentes de trabajo.

En diálogo con El Eco , Altamiranda sostuvo que el sistema de transporte “se está deteriorando para todas las empresas” y planteó la necesidad de que los distintos niveles del Estado adopten medidas para evitar que la situación se profundice.

“El salario es un tema también, por los arreglos que hace el sindicato, que por ahí no son de los mejores. Pero hoy el tema que nos preocupa es la continuidad de las fuentes laborales, particularmente en algunas empresas. Uno por ahí piensa que hay dos empresas que están mal, pero la realidad es que el sistema se está deteriorando para todas las empresas”, explicó.

Altamiranda señaló que la línea 502 y la 500 son las que atraviesan el escenario más delicado, aunque remarcó que el resto tampoco cuenta con margen suficiente. “La blanca (502) está en terapia intensiva, entubada. Básicamente así. Está muy complicada a nivel empresa”, graficó, una situación que viene desde larga data y que según el transportista esta llegando a un límite irreversible.

 “Esta muy cerca de bajar las persianas. Y en las demás tendrán un poco más de margen, pero la situación es similar”, afirmó. 

Respecto de la línea 500, a cargo de Transportes 9 de Julio, sostuvo que “está siguiendo los pasos" del servicio gestionado por La Nueva Movediza aunque consideró que cuenta con una estructura que le permitiría tener mayores posibilidades de recuperación.

También cuestionó el estado de parte de las unidades y sostuvo que algunas empresas realizan reparaciones de manera permanente para poder mantener los colectivos en circulación. “Van remendando, remendando, remendando, en base a los recursos, pero se va a volver insostenible”, describió.

Ante este escenario, Altamiranda reclamó que el Municipio adopte medidas para sostener el sistema de transporte y evitar que la crisis termine afectando directamente a los trabajadores. “Hay que tomar medidas a nivel gobierno, tomar decisiones cuanto antes y buscar la forma de darle un salvataje al sector, declarar la emergencia en el transporte y ver de qué forma se puede llegar a mejorar esto”, sostuvo.

El delegado de la UTA cuestionó particularmente la reducción de los subsidios nacionales y afirmó que los fondos que deberían llegar al sistema presentan demoras, una situación que viene siendo advertida desde hace tiempo por la Cámara de Transporte. En ese sentido, mencionó que el atributo social proveniente de Nación registra, según sus dichos, unos 90 días de retraso.

“Todo lo que viene de Nación viene atrasado y lo que no viene, no lo están pasando. Y no solamente acá, sino en toda la provincia”, aseguró. También apuntó contra la política del Gobierno nacional y sostuvo que “hoy el Gobierno nacional es destructivo para las empresas y para los trabajadores”.

“Yo soy un convencido de que incrementar el boleto no es la solución. Porque lo único que hace es alejar al pasajero”, sostuvo. En cambio, planteó la necesidad de buscar mecanismos alternativos de financiamiento que permitan sostener el transporte sin cargar todo el costo sobre quienes utilizan el servicio. 

Entre las propuestas que, según explicó, fueron acercadas desde el gremio al gobierno comunal aparece la posibilidad de establecer un impuesto o porcentaje local sobre el combustible destinado al sostenimiento de servicios esenciales, además de destinar una parte de los recursos provenientes del estacionamiento medido.

Respecto de este último ingreso, mencionó la posibilidad de ampliar el área de cobertura incorporando más calles al sistema, una medida que, según su mirada, podría generar recursos adicionales y, al mismo tiempo, favorecer un mayor uso del transporte público. 

Entre las iniciativas impulsadas por la UTA, Altamiranda también mencionó un proyecto para crear una playa de estacionamiento destinada a los colectivos que llegan desde otras ciudades, que incluiría un puesto fitosanitario y espacios para permanencia durante los días de estadía. La propuesta tendría, además, un objetivo recaudatorio que podría contribuir al sostenimiento del sistema.

El dirigente sostuvo que las propuestas fueron conversadas con distintos bloques del Concejo Deliberante y que también existe diálogo con la Cámara de Transporte. “Estámos siempre en contacto. Cuando hemos ido a pedir algo ha sido siempre en diálogo. Creemos que esto se salva entre todos, pero que hay actuar cuanto antes”, afirmó.

Altamiranda insistió en que el objetivo  es evitar que la crisis termine provocando el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. “Cuando peor estamos, no le tenemos que poner la soga al cuello a las empresas porque de eso depende nuestro trabajo. Lo que nosotros queremos es sumar para que puedan seguir las seis, ir mejorando y obviamente pensando a futuro en que tengamos buenas unidades”, sostuvo.

En esa línea, también consideró que el sistema actual tiene exigencias que resultan difíciles de cumplir para las empresas en el contexto económico vigente. “Es imposible cuando las cosas están mal cumplir con los pliegos que hoy se nos exigen”, afirmó.

Consultado sobre el impacto de plataformas virtuales tales como Uber o Didi en un escenario de caída del uso del transporte público, Altamiranda relativizó su incidencia y señaló que no concentran sus reclamos en ese punto.

“Nosotros no hacemos hincapié en las aplicaciones porque siempre estuvieron. Los remises y los taxis siempre existieron en Tandil. El que trabaja tiene que trabajar”, sostuvo. De todos modos, remarcó que el gremio defiende especialmente la continuidad de los servicios públicos que tienen una larga trayectoria en la ciudad. 

Por último, volvió a hacer hincapié en que la solución requiere una intervención conjunta y urgente antes de que la situación se vuelva irreversible. “Yo creo que la gravedad la van a ver cuando se caiga una de las empresas y entonces van a decir: ‘Era verdad’”.

El Concejo Deliberante sigue debatiendo en comisión una normativa para regularizar en Tandil aplicaciones de transportes de pasajeros como Uber, Didi y otras. Es una discusión de larga data, y los bloques trabajan diferentes alternativas en busca de consenso.

Uno de los puntos centrales que se barajan es el de la posibilidad o no de que las aplicaciones tributen a nivel local: se trata de un aspecto no menor, en vista de generar un marco regulatorio que no promueva la competencia desleal con las agencias de remises y los choferes de taxis.

Fue el exconcejal Juan Manazzoni quien presentó, en abril de 2025, un proyecto de ordenanza al respecto. El mismo se analizó en el marco de la comisión de Transporte tras el recambio legislativo en diciembre pasado, y en enero se elevó al Ejecutivo. Tal como informó El Eco, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, la Dirección de Control Urbano Vehicular consideró oportuno regular el servicio a través de aplicaciones, aunque consideró que el proyecto de ordenanza “interfiere” con otras normas vigentes sobre transporte de pasajeros.

Cabe recordar, Tandil cuenta con una legislación que regula a las empresas de remises o dueños de taxis: deben cumplir con una normativa que entre otros aspectos, exige contar con domicilio fiscal en la ciudad y pagar los impuestos correspondientes, además de solicitar controles respecto de vehículos y choferes. 

Tiempo atrás hubo un contacto de Cabify con la comisión de Transporte, y del mismo modo procedió Vamox, un desarrollo local. Sin embargo, otras empresas extranjeras como Uber o Didi no establecieron vínculo, pero activaron sus aplicaciones en la ciudad, y se encuentran operando.

El debate al interior del Concejo para lograr acuerdos en torno a una normativa para regularizar las aplicaciones de transporte de pasajeros, continúa. Los bloques analizan propuestas para arribar a un proyecto común, y si bien restan definir algunos aspectos clave, existe un consenso en la necesidad de avanzar en una nueva ordenanza que contemple a las nuevas modalidades del servicio.

Entre otros aspectos, se discute la exigencia del carnet profesional para choferes y el seguro para vehículos y pasajeros. Pero más allá de los posibles requerimientos, la ordenanza deberá contemplar la actual normativa de taxis y remises, para no promover la competencia deleal.

La ordenanza de remises, por ejemplo, exige a las agencias contar con un local a la calle, domiciliado en Tandil, algo con lo que las plataformas digitales no cuentan en las ciudades en las que operan.

Se trata de un punto sensible y de especial interés porque el domicilio fiscal posibilitaría que, al igual que lo hacen las empresas remiseras, las aplicaciones tributen a nivel local. Ese es el ítem al que los concejales analizan para “buscarle la vuelta” y generar una normativa equitativa con las firmas de la ciudad.

Más allá de la legislación vigente, por lo menos dos plataformas se encuentran operando en Tandil, y su servicio es cada vez más solicitado por usuarios y choferes. Por un lado, por las promociones que las empresas promueven para instalar la marca y diferenciarse de la competencia. Por otro, como una salida laboral en tiempos económicos complejos.

Sin embargo, la actividad no se encuentra habilitada a nivel local, y los operativos realizados por la Dirección de Control Urbano proceden a infraccionar y a realizar la retención del vehículo en el caso de registrarlo en operativos de tránsito. Si bien los secuestros no han sido frecuentes en el último tiempo, los agentes deben en tal caso adjuntar el acta de captura que acredite que el mismo fue detectado en funciones inhabilitadas.

Con o sin habilitación, un caso sentó un precedente en la ciudad: fue a partir del fallo del juez Carlos Alberto Pocorena, titular del Juzgado en lo Correccional, que anuló un procedimiento de Control Urbano y absolvió a un chofer de la plataforma Uber, Matías Joel Marincioni, al determinar que el operativo fue fruto de una confabulación entre el dueño de una agencia de remís y las autoridades municipales para interceptar al trabajador de forma irregular. El hecho se remonta al 27 de marzo de 2025.

Para la justicia, el pasajero que viajaba en el vehículo, Daniel Marcos Emiliozzi, actuó en combinación con las autoridades y el sector de los remises para generar la detención. Esta resolución judicial expuso la fragilidad del esquema de controles actual y la zona gris en la que se encuentran los trabajadores de aplicaciones.

Con el aval del ministro de Economía, el Gobierno nacional abrió formalmente la licitación para privatizar las líneas ferroviarias Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza. El proceso, que contempla una concesión por 50 años, permitirá a empresas nacionales e internacionales administrar, mantener y modernizar la infraestructura, además de incluir la opción de adquirir el material rodante.

La medida fue habilitada mediante una resolución firmada por Luis Caputo y el proceso se gestionará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR. Según el cronograma oficial, las consultas podrán realizarse hasta el 28 de octubre, mientras que la presentación de ofertas tiene como fecha límite el 11 de noviembre a las 9:59, con la apertura de sobres prevista para las 10 de ese mismo día.

El esquema de privatización, impulsado por el gobierno de Javier Milei, abarca 7.594 kilómetros de vías que atraviesan 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales hacia Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. La concesión no contempla el pago de cánones ni subsidios estatales, por lo que los operadores obtendrán sus ingresos mediante el cobro de peajes y la explotación comercial de inmuebles linderos.

Sobre la finalidad de esta medida, el ministro de Economía señaló: “Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas”.

El plan contempla inversiones por 755 millones de dólares, distribuidos en 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano Cargas y 75 millones para la Urquiza. Además, se habilitó el acceso a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para las obras de renovación y desarrollo de infraestructura.

Para la evaluación de las propuestas, se conformó una comisión integrada por Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García. Finalmente, la adjudicación está prevista para entre abril y mayo de 2027, momento en el cual los nuevos operadores deberán iniciar sus planes de obra bajo supervisión estatal.

El Gobierno actualizó el régimen de pesos y dimensiones para los vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas, en busca de reducir costos en el sector, mediante el Decreto 689/2026, que sustituye el Anexo R del Decreto 779/95.

La modificación incorpora nuevas configuraciones vehiculares y adapta la normativa a los actuales estándares de fabricación de la industria automotriz, “con el objetivo de mejorar la eficiencia del transporte y simplificar los procedimientos”.

La reforma adecua las dimensiones máximas para vehículos con nuevas tecnologías de motorización, al contemplar configuraciones para unidades propulsadas a Gas Natural Comprimido (GNC) dedicado, que podrán utilizar cubiertas súper anchas para compensar los mayores costos asociados a estas tecnologías y mejorar su capacidad de transporte.

Al mismo tiempo, la nueva norma también incorpora criterios similares para vehículos eléctricos puros e híbridos, favoreciendo una mayor utilización de tecnologías menos nocivas para el ambiente.

En el caso de los vehículos de carga, se establecen nuevas longitudes máximas: 19,60 metros para configuraciones de tractocamión con semirremolque de articulación simple, y 23,40, 26,50 y 31,25 metros para bitrenes de doble articulación, según las configuraciones B1, B2 y B3, respectivamente.

Al respecto, desde el Ejecutivo destacaron que “la actualización busca acompañar los nuevos estándares de fabricación regionales y aprovechar la disponibilidad de Gas Natural Vehicular derivada del desarrollo de Vaca Muerta”.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resaltó que la actualización permitirá “agilizar y bajar costos del transporte terrestre”. En ese sentido, explicó que la nueva normativa equipara las medidas de los camiones con las vigentes en Brasil, aumenta los pesos permitidos respetando los límites por eje y adapta las reglas a las nuevas tecnologías de vehículos a gas y electricidad.

Además, el funcionario señaló que “teníamos el absurdo de tener camiones que pudiendo cargar más no podían hacerlo porque la norma, obsoleta, lo prohibía”. La reforma busca así eliminar restricciones que habían quedado desactualizadas y mejorar la eficiencia del transporte de cargas.

El decreto también otorga a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía facultades para actualizar y modificar el Anexo R de acuerdo con la evolución tecnológica y las necesidades del sector.

De esta manera, podrá establecer nuevas configuraciones, modificar longitudes permitidas e incorporar nuevas relaciones de peso y potencia, así como definir una implementación gradual, excepciones o prórrogas cuando resulte necesario.

Desde el Gobierno remarcaron que “la reforma apunta a contar con una regulación más dinámica, capaz de acompañar la evolución de la industria automotriz y del transporte, promover tecnologías más eficientes y mejorar las condiciones para el desarrollo de un sistema de cargas y pasajeros que sea moderno, competitivo y con menores costos logísticos” (NA).

La modificación incorpora nuevas configuraciones vehiculares y adapta la normativa a los actuales estándares de fabricación de la industria automotriz, “con el objetivo de mejorar la eficiencia del transporte y simplificar los procedimientos”.

La reforma adecua las dimensiones máximas para vehículos con nuevas tecnologías de motorización, al contemplar configuraciones para unidades propulsadas a Gas Natural Comprimido (GNC) dedicado, que podrán utilizar cubiertas súper anchas para compensar los mayores costos asociados a estas tecnologías y mejorar su capacidad de transporte.

Al mismo tiempo, la nueva norma también incorpora criterios similares para vehículos eléctricos puros e híbridos, favoreciendo una mayor utilización de tecnologías menos nocivas para el ambiente.

En el caso de los vehículos de carga, se establecen nuevas longitudes máximas: 19,60 metros para configuraciones de tractocamión con semirremolque de articulación simple, y 23,40, 26,50 y 31,25 metros para bitrenes de doble articulación, según las configuraciones B1, B2 y B3, respectivamente.

Al respecto, desde el Ejecutivo destacaron que “la actualización busca acompañar los nuevos estándares de fabricación regionales y aprovechar la disponibilidad de Gas Natural Vehicular derivada del desarrollo de Vaca Muerta”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resaltó que la actualización permitirá “agilizar y bajar costos del transporte terrestre”. En ese sentido, explicó que la nueva normativa equipara las medidas de los camiones con las vigentes en Brasil, aumenta los pesos permitidos respetando los límites por eje y adapta las reglas a las nuevas tecnologías de vehículos a gas y electricidad.

Además, el funcionario señaló que “teníamos el absurdo de tener camiones que pudiendo cargar más no podían hacerlo porque la norma, obsoleta, lo prohibía”. La reforma busca así eliminar restricciones que habían quedado desactualizadas y mejorar la eficiencia del transporte de cargas. NA  

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó una reforma de la Parte 129 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) con el objetivo de agilizar el reconocimiento de certificados de explotador extranjeros. Esta medida busca eliminar trámites redundantes y facilitar el ingreso de nuevas líneas aéreas internacionales al mercado nacional, manteniendo los estándares de seguridad operacional exigidos por la normativa vigente.

La actualización representa una nueva etapa de modernización regulatoria para el cuerpo normativo que regula la operación de transportadores aéreos extranjeros en servicios internacionales hacia y desde la Argentina. El cambio apunta a simplificar procedimientos, reducir tiempos de tramitación y eliminar cargas administrativas innecesarias, en línea con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las tendencias de liberalización controlada del mercado aéreo.

El eje central de la reforma es la incorporación de un esquema más ágil para el reconocimiento de los Certificados de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) emitidos por otros Estados. A partir de ahora, los operadores provenientes de países que mantengan acuerdos vigentes con la Argentina y cuyas autoridades aeronáuticas registren niveles satisfactorios de implementación efectiva de la vigilancia de la seguridad operacional, podrán acceder a un procedimiento simplificado.

En la práctica, esto significa que la ANAC evitará duplicar verificaciones ya realizadas por autoridades que cumplen estándares internacionales, concentrando sus recursos en la revisión de aspectos críticos y en la supervisión de operadores que presenten mayores niveles de riesgo. Este modelo se alinea con la lógica de fiscalización basada en riesgo que la OACI impulsa para priorizar la supervisión sobre aquellos Estados u operadores con brechas de cumplimiento.

La actualización de la Parte 129 se inscribe en un proceso más amplio de desburocratización del sistema aeronáutico argentino. En los últimos años, el organismo avanzó en la digitalización de trámites y la armonización de sus regulaciones con los anexos de la OACI, en un contexto de crecimiento del tráfico internacional y mayor presencia de operadores low cost.

Desde el punto de vista de mercado, la simplificación de procedimientos puede favorecer la competencia y ampliar la oferta de conectividad internacional. La reducción de tiempos para el reconocimiento de AOC facilita la entrada de nuevos operadores en rutas donde la oferta es limitada, lo cual puede contribuir a mejorar la conectividad de ciudades del interior con hubs regionales y globales.

Finalmente, la ANAC subrayó que la reforma no implica una relajación de los estándares de seguridad. El nuevo esquema mantiene las exigencias en materia de seguridad operacional, cumplimiento de programas de mantenimiento, formación de tripulaciones y gestión de riesgos, reforzando la capacidad de focalizar las auditorías en aquellos operadores que requieren un mayor nivel de supervisión.

La Administración General de Puertos (AGP) dispuso una nueva prórroga de la bonificación tarifaria del peaje de la Hidrovía hasta el traspaso definitivo al nuevo concesionario. La medida fue oficializada mediante la Resolución 105/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La norma extendió el beneficio tarifario de 1,30 dólares por tonelada para el tramo de Santa Fe al norte. El objetivo central de esta decisión es garantizar la estabilidad de los costos fluviales hasta que la unión de empresas conformada por Jan de Nul y Servimagnus asuma la operación efectiva del servicio.

Esta prórroga se aplica de forma retroactiva a partir del 1 de julio de 2026 y continuará vigente de manera ininterrumpida hasta que la nueva empresa adjudicataria de la concesión tome posesión efectiva. La resolución, que lleva la firma del interventor Gastón Benvenuto, se fundamenta en la necesidad de evitar la alteración de las condiciones tarifarias actuales para los usuarios fluviales en este último tramo de transición institucional.

El proceso de licitación pública para la modernización y mantenimiento de la Hidrovía finalizó a principios de julio, resultando adjudicataria la unión de empresas conformada por Jan de Nul y Servimagnus. El contrato de concesión se firmó el pasado 8 de julio. De acuerdo con las pautas del acuerdo, las partes cuentan con un plazo de 30 días corridos desde la firma para suscribir el Acta de Inicio y concretar la toma de posesión del servicio.

La extensión de la bonificación dictada por la AGP actúa como un reaseguro de continuidad operativa y de previsibilidad económica para los transportistas que operan en el norte de la vía navegable antes del inminente desembarco del operador privado.

El conflicto por el cuadro tarifario en la Sección II se remonta a 2022, cuando se fijó una tarifa original de 1,47 dólares por TRN para el transporte internacional. Ante la fuerte resistencia de los usuarios y diversas presentaciones judiciales, el Ministerio de Transporte de aquel entonces ordenó suspender la tarifa plena.

En septiembre de 2024, la AGP implementó un esquema de bonificaciones provisorias, comenzando con un descuento que dejaba la tarifa en 1,20 dólares y dispuso la creación de una Mesa de Trabajo para analizar la razonabilidad y la estructura de costos del tramo de Santa Fe al norte. Sin embargo, la reestructuración del área portuaria iniciada a principios de 2025, que incluyó la disolución de la AGP y la creación de la ANPYN, obligó a focalizar los recursos técnicos en la transición institucional. Esto impidió el normal funcionamiento de la mesa, derivando en una serie consecutiva de prórrogas mensuales.

El octavo mes del año comenzará con una nueva batería de aumentos que impactarán sobre el presupuesto de los hogares. Entre las subas ya confirmadas figuran la luz, el gas, los alquileres, las cuotas de los colegios privados, las empresas de medicina prepaga, el transporte público, los peajes, el servicio de agua y las tarifas de internet, cable y telefonía.

El ajuste más importante volverá a registrarse en los alquileres que todavía se rigen por la ley que fue derogada por el actual Gobierno. En esos contratos, la actualización anual será del 34,95%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Si bien el porcentaje muestra una fuerte desaceleración respecto de los incrementos de tres dígitos registrados el año pasado, continúa representando un fuerte impacto para quienes alquilan.

Por otra parte, el Gobierno bonaerense aprobó un nuevo incremento de las tarifas de la luz, que regirá desde agosto para los usuarios las distribuidoras eléctricas con asiento en el territorio bonaerense. La suba variará entre el 1,5% y el 3,5%, según la categoría, la empresa y el nivel de consumo de cada usuario.

La actualización fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y contempla ajustes tanto en el Valor Agregado de Distribución (VAD) como en el precio mayorista de la energía definido por las autoridades nacionales. Según la normativa, los nuevos montos se aplicarán sobre los consumos registrados a partir del 1° de julio y del 1° de agosto, por lo que el incremento comenzará a reflejarse en las facturas que lleguen desde septiembre.

El Gobierno nacional confirmó que las tarifas de gas natural aumentarán un 2,99% promedio en todo el país desde el 1° de agosto, como parte de la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución que integran la factura. Al mismo tiempo, mantendrá durante agosto las bonificaciones extraordinarias para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En la provincia de Buenos Aires, las cuotas de los colegios privados con aporte estatal aumentarán un 5,5%. Los nuevos valores variarán según el nivel educativo y el porcentaje de subvención, con cuotas que irán desde poco más de $ 37.000 en el nivel inicial y primario con financiamiento estatal pleno hasta casi $250.000 en establecimientos técnicos, agrarios y artísticos con menor nivel de aporte.

También habrá un incremento del 3% en las tarifas de agua para los usuarios de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que llevará la factura promedio mensual a $ 32.745,74.

Las empresas de medicina prepaga ya comenzaron a comunicar a sus afiliados nuevas actualizaciones que llegarán hasta el 2,1%, incluyendo también los copagos.

Las compañías atribuyen el aumento al incremento de los costos del sistema de salud, como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

El transporte público volverá a encarecerse. En los colectivos del AMBA las tarifas subirán entre 3,9% y 4,4%, según la jurisdicción. El boleto mínimo pasará a costar $ 1.111,19 en las líneas bonaerenses y $ 852,90 en las porteñas. Para los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el pasaje será de $ 1.250,08 en la provincia y de $ 947,71 en la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso del subte, el incremento será del 4,1%, por lo que el viaje pasará de $ 1.558 a $ 1.621.

Los trenes metropolitanos también aumentarán. El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur subirá de $ 380 a $ 420. La segunda sección costará $ 586 y la tercera $ 729.

Todos estos valores son con la tarjeta SUBE registrada.

En la Ciudad de Buenos Aires, además, los peajes tendrán una actualización del 3,9%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los automóviles pagarán $ 4.610,98 fuera del horario pico y $ 6.534,52 en hora pico. En la autopista Illia, así como en los accesos Retiro II-Sarmiento y Salguero, los valores serán de $ 1.921,05 y $ 2.716,64, respectivamente.

Por último, las empresas de Internet, televisión por cable y telefonía también comenzaron a notificar a sus clientes nuevos ajustes tarifarios que rondarán el 2,5%, aunque el porcentaje variará según la operadora y el servicio contratado.

En tanto, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, mediante el Decreto 693/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica el cronograma previsto en el Decreto 617/2025 y establece que, durante todo agosto, solo se aplicará una parte de los incrementos pendientes correspondientes a las actualizaciones de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.

De esta manera, el Ejecutivo volvió a postergar una porción de la actualización impositiva con el objetivo de "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". El decreto fija aumentos parciales de $ 10,572 por litro para las naftas en el impuesto a los combustibles líquidos, mientras que para el gasoil dispone incrementos de $ 9,511 en ese tributo, $ 5,150 en el tratamiento diferencial para la región patagónica y $ 1,084 en el impuesto al dióxido de carbono. El texto también establece que el resto de los incrementos diferidos comenzará a regir desde el 1° de septiembre de 2026.

La presencia de la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas" en el transporte público volvió a quedar en el centro de la escena tras una denuncia realizada por choferes de colectivos y representantes gremiales, quienes aseguraron que distintas empresas comenzaron a retirar de las unidades las calcomanías y carteles con esa inscripción, cuya exhibición es obligatoria por ley.

La controversia se produjo en medio del debate que se generó luego del partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, cuando los futbolistas de la Selección exhibieron una bandera en alusión a las Islas Malvinas, gesto que incluso motivó declaraciones del presidente Javier Milei.

Según denunciaron trabajadores del transporte, la medida no solo alcanzó a colectivos, sino también a algunas formaciones ferroviarias. De acuerdo con los testimonios difundidos, varias empresas habrían comunicado internamente la decisión de retirar la señalización alusiva a la soberanía argentina sobre las islas.

Entre las firmas mencionadas figura el Grupo DOTA, cuyos choferes aseguraron haber recibido instrucciones para quitar los mapas y banderas vinculados a la causa Malvinas de distintas unidades durante los últimos días.

Frente a las versiones, Marcelo Pasciuto, director del Grupo DOTA, negó que exista una decisión de eliminar la referencia a las Islas Malvinas de los colectivos y sostuvo que se trata únicamente de una renovación de la cartelería.

"No sacamos el logo de Malvinas de los colectivos, es un recambio. Se está recambiando por algo más lindo", aseguró el directivo en declaraciones radiales.

Además, explicó que la señalización actualmente instalada corresponde a la colocada en 2022, cuando se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas, y que el paso del tiempo provocó su deterioro.

"Es una ley que está desde 2022. En ese momento se puso un cartel blanco pegado en la chapa. Pasaron cuatro años, se desgastaron y ahora se va a cambiar por algo más lindo, que va a ir en algunas unidades sobre la chapa y en otras en las ventanillas", señaló.

La colocación de la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas" en las unidades de transporte público fue establecida por ley en el marco de los 40 años del conflicto bélico de 1982, con el objetivo de reafirmar el reclamo de soberanía argentino.

Mientras continúan las denuncias de trabajadores sobre el retiro de la cartelería, desde una de las principales empresas del sector insisten en que no se eliminará la referencia a Malvinas, sino que será reemplazada por una nueva versión con un diseño renovado.

En un contexto marcado por los reclamos del sector empresarial ante la insuficiencia de los subsidios para cubrir los costos operativos, el Gobierno nacional oficializó una medida que busca garantizar la continuidad de los servicios de transporte de larga distancia. A través de un decreto, se prorrogó por un año la habilitación para que los ómnibus modelo 2012 puedan seguir circulando.

La normativa establece que estas unidades podrán prestar servicios interjurisdiccionales hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que aprueben una Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada tres meses. Esta disposición alcanza a los vehículos comprendidos en el Decreto 883/2024 que estuvieran habilitados al 1 de enero de 2026 e inscriptos en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.

La medida funciona como una excepción al límite de antigüedad vigente en la Ley Nacional de Tránsito, la cual estipula un máximo de 10 años para los vehículos de transporte de pasajeros. Según los fundamentos del decreto, el objetivo central es evitar una salida masiva y simultánea de unidades del sistema mientras se debate un proyecto legislativo para modificar el régimen de antigüedad máxima.

Desde el Gobierno señalaron que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó que, al 30 de abril de 2026, existían 559 unidades modelo 2012 habilitadas. De acuerdo con el organismo, la permanencia de estos vehículos no altera de manera significativa la antigüedad promedio de la flota nacional.

Asimismo, la CNRT, con el respaldo de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, consideró que la prórroga es técnicamente viable bajo la condición de controles técnicos trimestrales. En este sentido, el decreto subraya que todas las unidades alcanzadas que hayan superado la antigüedad máxima legal deberán cumplir con esta periodicidad en sus revisiones para mantener vigente su habilitación.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes en el Boletín Oficial la Ley N° 15.613, la cual establece la obligatoriedad de colocar pictogramas de accesibilidad en todas las unidades del transporte público de pasajeros. La medida tiene como objetivo principal garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de transporte, con especial énfasis en los colectivos.

La reglamentación se formaliza un mes después de que la Legislatura bonaerense sancionara la norma, la cual busca facilitar la comunicación de personas con discapacidad que presentan dificultades en el lenguaje verbal. Asimismo, la ley dispone la capacitación obligatoria de los conductores en el trato hacia este colectivo.

En términos técnicos, la normativa incorpora el artículo 47 Bis al Decreto-Ley 16.378/57, que regula el transporte de pasajeros en la provincia. De esta manera, las empresas prestadoras del servicio deberán instalar obligatoriamente los pictogramas dentro de las unidades. 

A su vez, se modifica el artículo 26 de la Ley 13.927 de Tránsito, exigiendo que los conductores acrediten la realización y aprobación de las capacitaciones determinadas por la autoridad de aplicación como requisito indispensable para obtener la licencia habilitante.

Por otro lado, la ley establece que el Poder Ejecutivo deberá proveer a los municipios que adhieran a la normativa los pictogramas de señalización necesarios. Estos deberán ser colocados en terminales de ómnibus, paradas de colectivos y otros espacios vinculados al transporte público, con el propósito de facilitar la anticipación y comprensión del entorno por parte de los usuarios.

Si bien la iniciativa ya contaba con experiencias previas de carácter voluntario, a partir de ahora su implementación es obligatoria. Un caso destacado es el de la línea 85 de Quilmes, considerada una de las pioneras en la materia y cuya experiencia sirvió de inspiración para la redacción de esta ley provincial. Sus unidades ya cuentan con señalización pictográfica diseñada para asistir a personas con algún trastorno del espectro autista (TEA) u otra discapacidad que dificulte la comunicación verbal.