Tras un debate que no demandó más de una jornada en la sala de audiencias del TOC 1, el juez Martín Viceconte dio por finalizado el proceso judicial contra Juan Facundo Alvarez. El magistrado resolvió condenar al imputado a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento por considerarlo autor penalmente responsable de un robo ocurrido en una peluquería céntrica. Sin embargo, en el mismo fallo, Alvarez resultó absuelto de una segunda acusación por un robo agravado por efracción, al considerar que las pruebas presentadas por la fiscalía no lograban superar el estándar de duda razonable.

El primer hecho, que derivó en la condena, ocurrió el cinco de febrero de 2024, alrededor de las 19.30. Según quedó acreditado en el debate, Juan Facundo Alvarez ingresó a una vivienda y local comercial ubicado en la calle Alsina 707. Para lograr su cometido, el delincuente debió escalar un portón de garage de más de dos metros de altura, forzar los postigos de una puerta trasera y romper uno de los vidrios para acceder al interior. Una vez dentro, se apoderó de una notebook marca Lenovo, diversas planchitas de pelo, secadores, herramientas de peluquería y una suma cercana a los 20 mil pesos.

La dueña del local, relató durante el juicio que fue alertada por un vecino que escuchó ruidos extraños. Al llegar al lugar junto a efectivos policiales, la víctima pudo observar a través de las cámaras de seguridad el momento exacto del ingreso. "Pudimos observar a la persona que había ingresado y la filmación del momento. Recuerdo ver en la cámara que la persona mira la cámara y agarra una toalla y la tapa", declaró la damnificada ante el tribunal. La rapidez del accionar policial permitió interceptar al sospechoso apenas diez minutos después del llamado de alerta.

La materialidad del robo en la calle Alsina y la participación de  Alvarez resultaron indiscutibles para el magistrado. El oficial de la Policía, Fernando Damián Aguilera, detalló cómo divisó al sospechoso a unas siete cuadras del lugar del hecho. El imputado caminaba con un bolso blanco y, al notar la presencia policial, abordó un taxi. Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado en la esquina de la avenida Colón y calle Montevideo.

Dentro del taxi, los efectivos hallaron la totalidad de los elementos sustraídos de la peluquería. El chofer del vehículo  aportó un dato revelador durante la instrucción: el pasajero se encontraba visiblemente transpirado y, al ser consultado, afirmó ser "peluquero a domicilio", justificando su viaje en taxi por una supuesta rotura de su motocicleta. 

Para el juez Viceconte, este escenario de cuasi flagrancia, sumado a las imágenes de las cámaras de seguridad donde el imputado fue reconocido por su fisonomía y vestimenta, constituyó una prueba de cargo irrefutable.

"La reconstrucción del hecho ha sido cabal a partir de la filmación del evento y la intervención de los agentes que produjeron la identificación al momento que trataba de abordar un taxi", sostuvo el magistrado.

Un escenario completamente distinto se planteó respecto a la segunda causa acumulada, caratulada como robo agravado por efracción  ocurrido entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de febrero de 2024 en una vivienda de la calle Ameghino 757. De allí se sustrajeron un televisor plasma de 32 pulgadas, una motocicleta Motomel 250 y 200 mil pesos en efectivo. 

Si bien la materialidad del robo quedó probada por los testimonios de las hijas de la víctima, la autoría de Juan Facundo Alvarez fue puesta en duda.

La acusación se basó primordialmente en la visualización de cámaras de seguridad privadas y públicas, y en el testimonio de los oficiales Cristian Hernán Maugere y Víctor González. Los efectivos afirmaron reconocer a Alvarez en las filmaciones por su contextura física y, fundamentalmente, por una característica renguera en una de sus piernas. Sin embargo, el juez Viceconte consideró que estas apreciaciones resultaron insuficientes y carentes de objetividad científica para fundar una condena.

El magistrado analizó minuciosamente los videos y detectó contradicciones insalvables. En la filmación que registra el momento en que los delincuentes se llevan la motocicleta a la rastra, el sujeto señalado como Alvarez vestía prendas diferentes a las captadas en fragmentos anteriores. Además, al llevar el vehículo a pie, no era posible advertir el modo característico de caminar que los policías pretendían usar como prueba de identidad. "Por encontrarse llevando una motocicleta a la rastra no permite que se exhiba ningún modo característico de caminar (renguera)", explicó el juez.

Asimismo, el fallo advierte sobre la subjetividad de los testimonios policiales basados en "conocimientos previos" de los sospechosos. El juez señaló que, si bien los oficiales conocen a Alvarez por intervenciones anteriores en el barrio de Villa Italia, sus afirmaciones en este caso resultaron conjeturales. La ausencia de pericias biométricas, estudios antropométricos o análisis morfológicos comparativos sobre los videos impidió alcanzar la certeza necesaria. Ante este panorama, el tribunal aplicó el principio de in dubio pro reo y dictó la absolución por este hecho.

Otro elemento que la fiscalía intentó utilizar fue un registro de llamadas telefónicas del coimputado López, donde figuraba un contacto agendado como "Facu" con comunicaciones en horarios cercanos al robo. No obstante, el juez desestimó este indicio por considerarlo "incompleto e inconexo". No se pudo corroborar que esa línea perteneciera efectivamente a Juan Facundo Alvarez, ni se conoció el contenido de los mensajes. Además, en los allanamientos realizados en el domicilio del imputado no se halló ninguno de los elementos robados a la familia Carballido.

La defensa, ejercida por el abogado Diego Araujo, hizo hincapié en que la identificación por parte de los policías fue "por descarte" y no por una observación nítida de los rasgos faciales, ya que en los videos el autor aparecía con una capucha o cuello levantado. El magistrado coincidió con este planteo, señalando que la mera apreciación policial, sin el respaldo de una trazabilidad rigurosa de los archivos informáticos o peritajes especializados, no puede ser el único sustento de una sentencia condenatoria en un estado de derecho.

Al momento de fijar la pena por el robo en la peluquería, el juez Viceconte consideró como atenuante la inmediata recuperación de la totalidad de los bienes, lo que minimizó el perjuicio económico para la víctima. Por el contrario, como agravante, se computó la existencia de sentencias condenatorias previas que figuran en el Registro Nacional de Reincidencia. El magistrado rechazó el pedido de la fiscalía de elevar la pena por la supuesta "desprotección" del local un día lunes, argumentando que el aviso inmediato de un vecino demostró que el bien no estaba desamparado.

Durante el debate, el propio Juan Facundo Alvarez prestó declaración, aunque no sobre los hechos, sino sobre su historia personal. Relató haber pasado 16 años de su vida en prisión, describiendo situaciones de extrema violencia y hacinamiento en el sistema carcelario bonaerense. "Pasé situaciones extremas donde estuvo mi vida en juego", manifestó el imputado, mencionando incidentes con armas blancas y las duras condiciones de vida en los pabellones.

El sentado en el banquillo de los acusados, Juan Facundo Alvarez, no es la primera vez que estaba en esa condición, de hecho como el mismo relató de sus 43 años, 16 estuvo detrás de las rejas por distintos hechos endilgados.

A la hora de concederle la palabra en el juicio, anticipó que no declararía sobre los hechos acusados, empero sí sobre ciertas cuestiones personales atinentes al tiempo que pasó privado de libertad como consecuencia de condenas previas

"...Tengo 43 años, y pasé 16 años detenido, pasé situaciones extremas, donde también estuvo mi vida en juego. Me acuerdo cuando tenía 22 años, que recién ingresaba a la cárcel, estaba en la unidad 35, Magdalena, y no había teléfono celular. Entonces, era un teléfono fijo para todo el pabellón. Me acuerdo que casi pierdo la vida por un llamado de teléfono. Éramos ponele, 25 personas en el pabellón. Entonces yo era chico, tenía 22 años, recién venía a la cárcel, y me tocaba a mí el teléfono y otra persona que llevaba mucho más años que yo, me agarró el teléfono como así, de Cheto, y se puso hablar por teléfono. Entonces, cuando terminó de hablar, yo le dije, ¿por qué me había hecho eso que me tocaba a mí? Bueno, me arrancó una faca y me empezó a tirar muchas puñaladas y me dio en el brazo y en la pierna, y justo se metió otro chico ahí que estaba viendo y me dio una faca y lamentablemente, murió el otro, podía haber sido yo, pero murió el otro”, relató con crudeza el reo.

Agregó sobre las cosas que pasan a cárcel, “que por ahí no justifico, pero fue algo que me quedó porque me dio mucho miedo. En esa causa fui sobreseído por legítima defensa”.

Siguió relatando ante el juez que “muchas cosas pasan, frío, hambre. Sí sufrí violencia física en la cárcel, más antes en la otra época era a diario, cotidiano. Por ejemplo dormí desnudo en un buzón adentro de un de un colchón. Tenés que abrir el colchón y meterte adentro desnudo porque si no te morís de frío”. “En la cárcel –continuó-, por ahí discutir con uno, con otro, con la policía, no digo que toda la policía sea mala, ni toda la policía sea buena, ni todo el preso sea malo, ni todo sea bueno, hay de todo, pero, bueno, ahí adentro se viven muchas cosas. Está todo superpoblado. Ahí en la sede donde estoy ahora somos como 12 y es para 8, ponele, hay 8 camas y somos 12. Yo durmiendo en el piso, ponele. Ahora tengo un colchón. Muchas veces estuve sin colchón...".

Alvarez se detuvo en sus días en prisión y la complejidad de convivir con el sistema penitenciario. Más allá de la atendible consideración sobre su sensible estadía, poco aportó a lo que estaba en debate en la sala, por lo que nada influyó a la hora de ser condenado como absuelto en las causas en su contra.

El juez determinó que la pena de tres años de prisión debe ser de cumplimiento efectivo. El magistrado fundamentó esta decisión en que Alvarez ya ha transitado procesos de institucionalización previos por delitos contra la propiedad y, aun así, volvió a delinquir. "Este nuevo evento transgresor implica una reedición de conductas lesivas hacia terceros", sentenció Viceconte, descartando la posibilidad de una ejecución condicional. El imputado continuará alojado en la Unidad Penitenciaria  7 de Azul, mientras que las víctimas fueron notificadas de su derecho a ser informadas sobre los avances en la ejecución de la pena.

En un reciente juicio abreviado acordado por las partes, el Tribunal Oral Criminal 1 sentenció la suerte procesal de un detenido, acusado de asaltar una heladería. La descripción física de la víctima, más la corroboración de los imágenes de las cámaras de seguridad sirvieron para dar con el sospechoso, quien también había posteado en la red social fotos con la misma vestimenta que cometió el atraco.

En efecto, según se desprende del fallo del juez Albano Gallicchio, se dio por probado que el 21 de marzo de 2023,  a las 21.30 aproximadamente, Gonzalo Nahuel Zavaleta ingresó al comercio del rubro heladería "Iglú" sito en avenida Del Valle 175, luego extrajo un arma de fuego tipo revolver color plateada y apuntó a la empleada ordenándole "la plata, la plata" y se apoderó de unos 20 mil pesos que se hallaban en la caja registradora y dos teléfonos celulares.

Como prueba de la responsabilidad de Zavaleta en el hecho, se tuvo en cuenta el testimonio de la damnificada, quien relató que por esos instantes se encontraba dentro del depósito, y es entonces que escucha que entra alguien al local y cuando se dirige hacia el mostrador y observó que se encontraba un hombre con un casco de moto colocado de color negro y le habló a la denunciante, pero esta no alcanza a entender lo que le decía hasta que observó que portaba entre sus manos un arma de fuego color plateado, con la que le apunta y le refiere “la plata, la plata".

Sin ofrecer resistencia, ella le entregó el dinero que había en la caja, pero el ladrón le pide también los teléfonos celulares, tras lo cual la obliga a ingresar al baño y que no saliera de allí por unos minutos.

La víctima agregó como descripción física del asaltante que vestía campera de abrigo de color negro y pantalón de jeans y una mochila colgada en su espalda de color negra, de contextura delgada, de un metro setenta de altura, con el detalle de la nariz prominente.

El magistrado también valoró el aporte del policía que miró el soporte fílmico de las cámaras de seguridad del comercio en cuestión y expresó sobre lo que observó de la escena delictiva, coincidiendo con las ropas y el casco que la víctima había señalado y otro dato sobre lo poco que se podía indicar sobre su físico: “se observa la nariz pronunciada”.

También el material fílmico del Centro de Monitoreo logró reproducir el periplo a bordo de la moto del sospechoso. Así, se lo observó en un motovehículo tipo Gilera Smash 100 cc de color blanco con vivos rojos, circulando por Del Valle en dirección a calle Alonso. El cual al cruzar la arteria de Lunghi, siguió unos cuarenta metros aproximadamente y se detuvo frente a un kiosco de fachada blanca y violeta, desciende del rodado y luego de un instante subió al mismo para realizar una vuelta en U y retomar en dirección a avenida Lunghi. Seguidamente y siendo las 21.33 se volvió a visualizar circulando por la misma avenida en dirección a Alonso.

Se añadió al respecto el testimonio de otro oficial que vinculó las imágenes fílmicas antes aludidas con fotografías del perfil público en la red social Facebook denominado “Gonza Nahuel”, perteneciente a Gonzalo Nahuel Zavaleta.

En efecto, según se exponía en la red social, publicó una fotografía suya vistiendo la misma campera que el autor del presente hecho, reconociendo la misma por el logo bordado o estampado del lado izquierdo del pecho. Además, observando el perfil el 2 de marzo del 2023, posteó otra foto donde porta una mochila con las mismas características que llevaba en el atraco.

También el juez valoró como evidencia indiciaria la circunstancia de haberse hallado en el domicilio del acusado sito en De Los Granaderos 371, la motocicleta igual a la utilizada para llegar e irse del local comercial donde se produjo el hecho imputado.

Frente al cúmulo de pruebas incriminantes, se dio por acreditado el hecho como la autoría del señalado, sentenciándolo  a Zavaleta, con último domicilio en calle De los Granaderos 371, a la pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento, como autor penalmente responsable de los delitos de “Robo agravado por el uso de arma de fuego sin aptitud acreditada para el disparo y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”.

La progresiva generación de vacantes dentro del Poder Judicial provincial, no cubiertas en tiempos razonables por los órganos encargados de realizar las designaciones de nuevos jueces, fiscales y defensores, presenta un panorama sombrío en el actual funcionamiento de los tribunales de justicia, frente al cual La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación y demanda.

Cabe consignar que en la ciudad, el actual Tribunal Oral Criminal 1 se quedó sin jueces. En efecto, recientemente el doctor Guillermo Arecha ya asumió su licencia rumbo a la jubilación, que debería efectivizarse en el corriente mes. 

Como oportunamente se informó, de la última conformación del tribunal ya también se había jubilado Pablo Galli, en tanto que Gustavo Agustín Echevarría asumió como juez de la Cámara de Apelaciones de Azul. Durante los dos últimos retiros citados, nunca se designó un reemplazante, quedando el Tribunal a cargo de Arecha que, recientemente entró en el proceso de retiro.   

Dicho sensible escenario, que hasta aquí es salvado por la intervención del juez correccional Carlos Alberto Pocorena o en su defecto alguno de los jueces de Garantías en caso de algún debate oral que requiera de la conformación del jurado técnico, se replica también en otros distritos a lo largo y a lo ancho de la provincia. 

Bajo dicha situación, desde la Red de Jueces Penales subrayaron que “el Preámbulo de la Constitución Nacional contiene y condensa las decisiones político-institucionales fundamentales, definiendo los fines y objetivos del estado, así como el esquema estructural del programa de gobierno propuesto por el constituyente. Dentro del orden normativo, el Preámbulo incluye los principios rectores que informan las disposiciones ulteriormente desarrolladas en la Carta Magna, tanto en la parte dogmática cuanto en la parte operativa”.

“Afianzar la justicia –señalan- es uno de los principales enunciados del Preámbulo, con el que se quiso significar, por un lado, la realización de la justicia como valor, desde el poder público y como servicio esencial para la comunidad y, por el otro, la administración de justicia como función del poder estatal, específicamente a cargo del Poder Judicial. Por lo tanto, afianzar la justicia significa –al mismo tiempo– el derecho de los justiciables de acudir al Poder Judicial, en demanda de la justicia, configurada como derecho de acceso a la jurisdicción o, simplemente, como acceso a la justicia (parte dogmática), y el sistema de organización institucional de la administración de justicia (parte orgánica).

Demandas

Con la firma del presidente de la Red,  doctor Juan Sebastián Galarreta y el secretario Julio Andrés Grassi, se indicó que “los órganos del Poder Judicial, a los que generalmente se los llama tribunales de justicia, también se integran con los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública, y compete a todos ellos, cada uno según su específica función jurídica, el deber de trabajar en favor de la realización de los valores constitucionales, entre los que destaca el de afianzar la justicia”.

Se agrega en el comunicado que “la citada previsión del Preámbulo se conecta en forma inescindible con el conjunto de reglas contenidas en el art. 18 de la Constitución Nacional, pero muy especialmente con el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.

Y en lo relativo al sistema de enjuiciamiento penal, “la aprobación del bloque de constitucionalidad federal (art. 75 n° 22, CN), incorporado por la reforma de 1994, vino a reforzar el mandato constitucional de afianzar la justicia, al incluir no sólo las garantías judiciales del imputado (art. 8 n° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), sino también el derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 8 n° 1 y 25 de la CADH), en su triple dimensión: a) el derecho de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran frustrarlo; b) el derecho a obtener una sentencia jurisdiccional, motivada en los hechos y fundada en el derecho, dentro de un tiempo razonable; y c) el derecho a que esa sentencia se cumpla, o sea, a la ejecutoriedad del fallo. Por lo tanto, las históricas prescripciones del art. 18 del CN, aparecen revitalizadas con estas disposiciones esenciales al estado de derecho, que se caracteriza por el sometimiento de todos –gobernantes y gobernados, sin excepciones– al imperio de la ley, de manera tal que nada ni nadie pueda estar por encima o al margen de ella”.

“Sin embargo –acotaron-, tan diáfano panorama normativo, desde hace tiempo, resulta opacado por el progresivo aumento de las vacantes en todos los fueros de la justicia provincial, incluidos los ministerios públicos (fiscal y de la defensa), como tuvo ocasión de sostenerlo esta entidad, el 25 de octubre de 2022, al expresar que “existen más de setecientos cargos vacantes en el Poder Judicial bonaerense, obligando a que los magistrados provinciales deban desdoblarse en sus funciones, ejerciendo alargadas subrogancias, situación que no es novedosa, pero que se agrava año tras año ante las dilaciones institucionales para la cobertura de los cargos vacantes”. 

Se subrayó que “estas circunstancias configuran marcadas disfuncionalidades que requieren de urgente subsanación, a fin de velar por el buen desempeño del sistema judicial”.

Desde entonces la situación lejos de mejorar, empeoró, como resulta de los pedidos formulados por la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo provincial para la pronta cobertura de varios cientos de cargos judiciales, añosamente vacantes. 

“Sin la dotación necesaria de jueces, fiscales y defensores, máxime ante el exponencial incremento de la litigiosidad que revelan las estadísticas tribunalicias, en todos los fueros, el Poder Judicial bonaerense se halla cada vez más dificultado de cumplir, en plenitud, con el mandato constitucional de afianzar la justicia”.

En consecuencia, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires a la vez que pone en conocimiento público esta sombría realidad, hace una exhortación

a las autoridades competentes para que, a la mayor brevedad, “realicen las designaciones que el sistema judicial requiere, para el cabal cumplimiento de sus funciones institucionales, y que la sociedad reclama al hacer cada día más ostensible sus pedidos de justicia”.