La concejal de la UCR Maridé Condino volvió a manifestar su rechazo al proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, una iniciativa que, de aprobarse, implicaría una reducción del beneficio para miles de usuarios de Tandil y otros municipios de la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, en diálogo con El Eco Multimedios, la edil cuestionó algunos de los argumentos utilizados para impulsar los cambios y rechazó el planteo de que los subsidios deban limitarse únicamente en función del poder adquisitivo de los beneficiarios.

"El discurso de que el que tiene plata que la pague, como que el que es pobre es pobre porque quiere, es un discurso que se va metiendo", sostuvo. Además, respondió a quienes plantean que el régimen beneficia a sectores de altos ingresos y puso como ejemplo a otras regiones del país donde el sistema continúa vigente sin modificaciones.

"También es cierto que en el sur, en Calafate, los hoteles que tienen las piletas climatizadas tienen Zona Fría y tienen subsidios. Acá se dijo en una sesión que no le íbamos a pagar la pileta climatizada a los ricos. Bueno, los hoteles de Calafate también tienen su pileta climatizada con subsidio de Zona Fría, igual que en Bariloche y en todos los lugares donde está por ley", afirmó.

Condino remarcó que el beneficio responde a las condiciones climáticas de cada región y consideró que esa realidad también alcanza a ciudades bonaerenses como Tandil. "Tenemos estos fríos intensos durante el invierno y eso es lo que nos hace diferentes", expresó.

Respecto del futuro del proyecto, la concejal reconoció que semanas atrás creía que la eliminación del beneficio era un hecho, aunque ahora observa un escenario diferente en la Cámara alta. "Hace dos meses decía que con seguridad nos sacaban la Zona Fría. Ahora tengo mis dudas y creo que los senadores están revisando un poco más la situación que los diputados", señaló.

En ese sentido, fue crítica con la postura que adoptaron algunos legisladores nacionales durante el tratamiento de la iniciativa. "Los diputados del norte cambiaron el voto de la Zona Fría por un subsidio de Zona Cálida. Negociaron y votaron la baja de la Zona Fría para esta provincia", sostuvo.

Por otra parte, Condino también se refirió a la situación de las familias que no cuentan con gas natural y dependen del Programa Hogar, destinado a subsidiar la compra de garrafas. La concejal lamentó que, según indicó, no se haya realizado una campaña de difusión suficiente para informar a los potenciales beneficiarios sobre la necesidad de inscribirse nuevamente para acceder al subsidio.

En ese contexto, aseguró que el Municipio puso a disposición su estructura para colaborar con la inscripción y el relevamiento de las familias que necesitan la asistencia. "Estamos a disposición. Los centros comunitarios e incluso los centros de salud pueden servir para llegar a todos los barrios y hacer un buen relevamiento de los vecinos que necesitan el subsidio para garrafas. Anses puede utilizar las dependencias municipales", explicó.

Finalmente, advirtió que la eliminación o reducción de un beneficio no modifica las necesidades de quienes dependen de esa ayuda para afrontar el invierno. "La necesidad existe. No porque se elimine un subsidio se elimina la necesidad, ni las personas que lo requieren. Y la Municipalidad definitivamente es quien enfrenta este tipo de demanda sola", concluyó.

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, Emiliano Balbín, encabezó un acto en Bahía Blanca con motivo de la asunción de las nuevas autoridades partidarias locales. Durante el encuentro, el dirigente lanzó duras críticas contra la gestión del gobernador Axel Kicillof, centrando sus cuestionamientos en la crisis que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el deterioro de la red vial en la Provincia.

En relación a la situación de la obra social, Balbín manifestó su preocupación por el impacto en los afiliados. “No podemos naturalizar que los bonaerenses estén desamparados. El abandono de este Gobierno provincial se siente todos los días en la piel de los vecinos, en la falta de respuestas básicas y en una gestión que parece más preocupada por la interna política que por gobernar“, afirmó el dirigente.

El presidente del comité provincial profundizó sobre la problemática que afecta al sur bonaerense, tema que ha sido eje de debate en la oposición. “La situación del IOMA ya no es una deficiencia administrativa, es una crisis humanitaria encubierta. Hay miles de afiliados en la región que se quedaron sin prestaciones básicas, sin cobertura médica y sin medicamentos en el momento en que más lo necesitan", señaló. "El Gobernador tiene que dejar de mirar para otro lado y normalizar la obra social de los empleados públicos de manera urgente“, añadió.

Por otro lado, el referente radical calificó el estado de las rutas como una “ruleta rusa”, argumentando que la falta de inversión y mantenimiento por parte del Estado provincial ha dejado la infraestructura en condiciones críticas. “Esto no solo frena el desarrollo productivo y el transporte de nuestra producción, sino que se cobra vidas humanas todas las semanas. Las rutas del sur bonaerense están detonadas y son el reflejo del olvido de La Plata“, apuntó.

En el plano partidario, Balbín instó a consolidar a la UCR como una alternativa electoral para 2027, dejando atrás los periodos de “doble comando”.

“Frente a este panorama de desidia, el radicalismo tiene la responsabilidad histórica de plantarse como una oposición constructiva pero firme. La renovación de autoridades en Bahía Blanca es un paso clave para fortalecer un partido que está de pie, que camina la Provincia y que se prepara para devolverle la dignidad y el futuro a los bonaerenses“, concluyó.

El acto contó con la presencia de las nuevas autoridades locales, el presidente Fernando Roig, la vicepresidenta Noelia Pino y la convencional Elisa Quartucci. Además, participaron representantes de la Juventud Radical y de Franja Morada, junto a diversos dirigentes que se sumaron de manera virtual.

La diputada Myriam Bregman se mantiene firme en su postura de no avanzar hacia una candidatura en la Ciudad de Buenos Aires y rechaza cualquier tipo de alianza electoral con el peronismo o el radicalismo. A pesar de haber escalado en las encuestas de imagen frente al desgaste de los dirigentes tradicionales, desde su entorno aseguran que su objetivo principal es la carrera presidencial dentro del Frente de Izquierda.

La estrategia del espacio busca que la boleta presidencial de Bregman traccione votos para sumar bancas, superando los actuales tres diputados por la Provincia y la representación que ya poseen en la Ciudad. En este sentido, el PTS lanzó recientemente comités en diversas provincias con el fin de organizar a la militancia de cara a 2027.

Desde el sector de la diputada sostienen que, por el momento, las prioridades son otras. Al respecto, señalaron:

no es momento de hablar de candidaturas, porque el pueblo trabajador no da más, que hay que derrotar en las calles a Milei y su plan de hambre y entrega.

El crecimiento de la figura de Bregman ha generado repercusiones en otras fuerzas políticas. En el peronismo, algunos dirigentes analizan que su reciente visita a Cristina Kirchner podría influir en la disputa por los votos que se referencian en Juan Grabois, aunque descartan un acuerdo formal debido a la naturaleza del trotskismo, que veta las alianzas con partidos burgueses. Un dirigente del PJ porteño calificó la posibilidad de una coalición como un experimento de laboratorio difícil de concretar en la práctica.

Por su parte, en la UCR sostienen que la diputada suele obtener mejores resultados en elecciones legislativas que en las ejecutivas. Los radicales advierten que, si Bregman no logra una buena performance en la Ciudad, se le dificultará consolidar su elección en octubre. Mientras tanto, el peronismo mantiene abiertas sus opciones para 2027, incluyendo nombres como Leandro Santoro, Matías Lammens, Mariano Recalde y el actor Leonardo Sbaraglia.

Mientras avanzan las tareas de montaje de la nueva planta de hormigón, ubicada en el predio de la Dirección de Vialidad, concejales de distintos bloques políticos recorrieron las instalaciones para conocer detalles del proyecto que fue el resultado del plan de inversión de los recursos obtenidos por la venta del inmueble municipal ubicado en Santamarina 450, donde funcionó el exCorralón y la Dirección de Servicios, que quedó en manos de Bahms SA, empresa del grupo Faro Verde en junio del año pasado.

La visita, que fue el resultado de una invitación extendida por el Departamento Ejecutivo a todos los bloques, tuvo lugar el martes por la mañana y contó con la participación de los concejales María Haydeé Condino, Andrea Pezzi y Matías Tringler; Severiano Mon, Rogelio Iparraguirre y Marilén Pogorzelski; Luján Fiego, Clara Ardura y Martiniano Corbetta.

Durante la jornada, los ediles de las bancadas de la Unión Cívica Radical, Fuerza Patria y Acción Tandilense - La Libertad Avanza pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento técnico de la planta dosificadora a partir de las precisiones que compartieron el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, y el director de Vialidad, Mauro Ortega.

Para conocer las distintas miradas sobre el proyecto, El Eco de Tandil consultó a los concejales que participaron de la recorrida. Las respuestas reflejaron un consenso general sobre el valor técnico de la obra, aunque con matices a la hora de evaluar su alcance y el impacto que tendrá en la operatividad del Municipio.

Por su parte, Condino (UCR) calificó la inversión como una “nueva joya” para la ciudad y una herramienta que trascenderá a la gestión actual, y destacó el equipamiento del laboratorio de Vialidad, que permite medir con precisión la dureza y resistencia del hormigón según los requerimientos de cada obra. Para la edil, contar con producción propia permitirá abaratar los costos del asfalto y dinamizar la competencia entre las empresas privadas en las licitaciones de pavimentación.

En tanto, Fiego valoró la mayor capacidad operativa de la nueva planta frente a la estructura previa, pero remarcó que el esquema no estaría completo hasta que se adquiera también una planta de asfalto. Advirtió que “no hay un ciclo cerrado” y aclaró que su bloque continuará el seguimiento del uso de los fondos.

El concejal Rogelio Iparraguirre, de Fuerza Patria, calificó la obra como un “acierto” para la infraestructura urbana y destacó la eficiencia del sistema instalado.

El senador nacional de la UCR, Maximiliano Abad, manifestó su rechazo a la iniciativa del Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría y consideró que una eventual reducción de subsidios al gas debería implementarse en un contexto económico diferente.

En diálogo con Calle Belgrano, por FM 104.1 Tandil, ECO TV y El Eco Streaming, el dirigente radical señaló que el proyecto “no está ni en tratamiento de comisión” en el Senado y aclaró que, aunque llegó desde la Cámara de Diputados, “no tiene comisiones asignadas”.

“Yo no estoy a favor del proyecto del Gobierno por varias razones. Cualquier quita de subsidios se tiene que hacer con una economía en crecimiento y con salarios fortalecidos y debe ser en modo gradual”, sostuvo.

Abad cuestionó además la efectividad del esquema propuesto y afirmó que el beneficio perdería buena parte de su impacto. “El proyecto del Gobierno le quita subsidios aún a los que no quedan fuera de Zona Fría. Ahora se aplicará sobre el valor del gas, que es el 13 por ciento de la boleta; el otro 87 por ciento está vinculado a distribución e impuestos. Por lo tanto, el impacto del subsidio en los sectores de clase media baja y menos pudientes será prácticamente nulo”, advirtió.

En ese sentido, aseguró que el discurso oficial respecto de la segmentación no se corresponde con el alcance concreto del beneficio. “Cuando se presentó el proyecto, el Gobierno salió a decir que se segmentaba y que iban a seguir teniendo régimen de Zona Fría los sectores de clase media y media baja, hasta tres canastas básicas. Eso tampoco es así, porque antes el subsidio era sobre el total de la factura y ahora pasa a ser sobre el valor del gas, que es apenas el 13 por ciento”, afirmó.

El legislador recordó que las regiones alcanzadas por el régimen presentan mayores niveles de consumo energético y consideró inoportuno avanzar con modificaciones en el actual contexto económico.

“Todos sabemos que las zonas frías consumen el doble que las zonas templadas y este es un momento para acompañar a los vecinos y ciudadanos de nuestras zonas y no para ponerles más palos en la rueda”, expresó.

Abad también sostuvo que los indicadores macroeconómicos favorables no se traducen en una mejora para distintos sectores productivos. “Hoy hay una economía que fortalece la minería y la energía, pero ese crecimiento de la macroeconomía no se ve reflejado en las pymes, el turismo, el comercio o la industria. Por eso no tenemos que poner un problema más a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”, remarcó.

Finalmente, señaló que, de acuerdo con el escenario que observa en la Cámara alta, la iniciativa enfrenta dificultades para conseguir respaldo político. “Hoy no hay acuerdo, en función de lo que estoy viendo en el Senado, para que el proyecto prospere en los términos en que ha sido planteado”, concluyó.

Rogelio Iparraguirre fue uno de los concejales que participó del encuentro que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación para defender Zona Fría. Tras la reunión, el referente de Fuerza Patria dialogó con El Eco: dijo que el régimen no es un beneficio para los vecinos de la ciudad y si bien valoró la campaña de firmas que inició el Municipio, planteó que el Foro de Intendentes Radicales podría ejercer presión positiva sobre el senador radical Maximiliano Abad para que defina su voto en favor de los tandilenses.

“Reconocemos la labor del intendente de Tandil. No hay muchos intendentes radicales que hayan hecho esto, pero nosotros lo que necesitamos es asegurar votos en el Senado”, señaló en referencia a lo planteado por Juliana Di Tullio, quien coordinó el encuentro.

“En este caso puede hacer un aporte, el intendente Lunghi, muy importante porque uno de los senadores que hasta acá viene votando todo con el gobierno de Milei es el senador Maximiliano Abad de Mar de Plata. Entonces, ya que el Foro de Intendentes Radicales manifestó su preocupación en torno a la posible eliminación o inminente eliminación de Zona Fría, bueno, que trabajen sobre su senador, ejerciendo presión positiva, como hay que hacer en estos casos”, expresó Iparraguirre.

El encuentro en el Congreso tuvo el objetivo de “analizar estrategias destinadas a evitar que avance en el Senado el proyecto de ley que modifica el régimen de Zona Fría”. Junto a Iparraguirre estuvieron los concejales Severiano Mon y Marcelo Valle.

“Fue para darnos a escuchar a los intendentes en relación al impacto que produce nuestras comunidades”, precisó el jefe de la bancada peronista local.

“Nosotros vemos con muy buenos ojos el haber hecho una junta de firmas”, sostuvo Iparraguirre, quien agregó que el bloque radical cuenta con “un senador que en principio no manifestó la voluntad de votar en contra”, por lo que “puede ser de mucha ayuda” la presión positiva para que defina su postura.

“No es ningún beneficio”

“Acá no estamos hablando de ningún beneficio”, manifestó Iparraguirre sobre Zona Fría. Al respecto, desarrolló tres aspectos para argumentar su posición.

El primero, la diversidad bioclimática “inmensa” del territorio argentino, que Zona Fría morigera. A modo de ejemplo, sostuvo que para lograr una temperatura de 18 o 19 grados en un hogar residencial de Tandil, hay que consumir alrededor de un 40 por ciento más de lo que consume un hogar similar en Capital Federal.

El segundo punto es que mantener el régimen no pone en peligro al “sacrosanto superávit fiscal”, ya que “no hay emisión de moneda y no son fondos del Tesoro, sino que es un fondo fiduciario que sostienen la totalidad de los abonados al servicio de gas del resto del territorio”.

A su vez señaló que la modificación de Zona Fría, “no elimina el fondo fiduciario, con lo cual todo da a pensar que van a hacer algo muy parecido con el subsidio al impuesto al combustible, que eliminaron el subsidio al sistema de transporte público de pasajeros este del interior del país, pero el impuesto lo siguen cobrando”.

Por último hizo mención a que Argentina se encuentra en “pleno tránsito” en materia energética, “gracias a decisiones acertadas como fueron la recuperación de YPF”. En el presente, marcó, el país pasó de importar a exportar materia prima energética, y se proyecta un superávit de miles de millones de dólares para el año en curso.

“El problema es qué se hace con esos millones, si son todos para los mismos cinco que se la llevan siempre y para el Fondo Monetario Internacional o para, como están haciendo en este contexto todos los países del mundo, generar soberanía energética”, concluyó.

El Municipio de Tandil concedió a la Unión Cívica Radical una exención del ciento por ciento del pago de diversas tasas municipales correspondientes al período comprendido entre 2022 y 2025 inclusive. La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 1714/2026, firmado por Miguel Lunghi y el secretario de Economía y Administración, Raúl Moyano.

La solicitud había sido presentada de manera extemporánea por la Unión Cívica Radical, en su carácter de partido político, una categoría contemplada por la Ordenanza Nº 9584 y por la Ordenanza Fiscal vigente.

Según se indicó en los considerandos del decreto, el inmueble involucrado es utilizado para actividades propias de la institución y la Agencia de Ingresos Municipales verificó el cumplimiento de los requisitos y la documentación necesaria para avanzar con el beneficio fiscal.

La exención comprende la Tasa Retributiva de Servicios Públicos, la Tasa para la Salud, la Complementaria de Protección Ciudadana, el Fondo de Inversión Vial, la Tasa por Servicios Sanitarios, el Fondo Especial de Obras Sanitarias y el Fondo de Gas, correspondientes a las cuentas TRS Nº 1592/000 y TSS Nº 3171/000.

De este modo, la sede partidaria de la UCR quedó liberada del pago de esos tributos durante los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025.

La medida se amparó en las disposiciones previstas para los partidos políticos en la normativa municipal vigente y fue refrendada por la Secretaría de Economía y Administración.

El presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, inauguró hoy el Encuentro de la región centro de la Juventud Radical en la ciudad de Tandil. Durante la apertura, afirmó: “Aquí se ve lo que implica que cuando no se roba, la plata alcanza: alcanza para tener educación de calidad, para tener salud pública de calidad y para tener una ciudad con infraestructura que hoy es una de las principales referencias innovadoras, productivas y de turismo receptivo del país”.

En ese marco, Chiarella puso como ejemplo de gestión al intendente local, Miguel Lunghi, al sostener que “en Tandil se ve claramente lo que implica un Estado honesto, eficiente y humano”.

Ante los más de 600 jóvenes que participan del campamento, el líder radical arengó a la militancia: “Si trabajamos con unidad, con método y con la solidaridad entre radicales, les puedo asegurar que, más temprano que tarde, vamos a volver a poner al próximo presidente de la República Argentina”.

“A la antipolítica le respondemos con más política y más militancia, estando al lado de los que están sufriendo”, añadió el jefe de la UCR, quien compartió el panel de apertura junto al intendente Lunghi y al presidente de la Juventud Radical, Nahuel Breglia.

Previo al inicio del encuentro juvenil, Chiarella fue recibido por Lunghi en el Comité local. Posteriormente, los dirigentes realizaron una recorrida por el Polo Sanitario de Tandil, que incluyó visitas al Hospital de Niños, el Centro Oncológico, el Hospital Central y el Laboratorio Municipal.

La polémica por la falta de acuerdo entre los sectores internos del radicalismo sumó ayer un nuevo capítulo al conocerse un comunicado difundido por dos dirigentes y exfuncionarios de la gestión en el que sentaron su posicionamiento respecto al rumbo de la conducción del Comité de la Unión Cívica Radical.

Luciano Grasso y Gastón Morando, que cumplieron distintos cargos en la administración comunal desde 2003, llamaron a la unidad de cara al proceso político que se abrirá tras la finalización del ciclo encabezado por el intendente Miguel Lunghi en 2027. Los dirigentes plantearon la necesidad de construir una propuesta “sólida” y “competitiva” que permita al partido continuar al frente del Municipio.

A su vez, hicieron un llamado a la unidad partidaria y lamentaron que la reciente conformación de autoridades del Comité local no haya reflejado una integración más amplia entre los distintos sectores internos.

En esa línea, propusieron que la candidatura para suceder a Lunghi surja de un proceso “democrático y participativo”, similar al que consagró al actual jefe comunal en 2003, y advirtieron que “sin unidad, difícilmente” el radicalismo pueda sostener su competitividad electoral.

El debate se abrió tras conocerse, el domingo por la noche, el fracaso en las negociaciones para alcanzar una lista de integración entre el lunghismo y el espacio que lidera el concejal de Alternativa Tandil Marcos Nicolini con miras a las elecciones partidarias del próximo 7 de junio.

En primer lugar, señalaron que compartieron las ideas a través del documento “como radicales que queremos que el radicalismo continúe gobernando Tandil porque es la fuerza política más capacitada para hacerlo con honestidad y eficiencia”.

Luego, aclararon no formar parte de ningún grupo interno, pero se posicionaron como representantes de “muchas personas” identificadas con el radicalismo e incluso independientes, que “quieren que haya un proceso de unidad para fortalecer una propuesta política sólida hacia la ciudadanía”.

La preocupación central de Grasso y Morando radicó en que, según su visión, se perdió una oportunidad en la conformación de la nueva mesa de conducción que contuviera a los espacios internos. “Si bien nos pusimos a disposición e intentamos colaborar para que se avanzara hacia un acuerdo, no tuvimos éxito”, reconocieron los dirigente que estuvieron a cargo de mediar el diálogo entre las partes.

Y lamentaron que la situación se resolvió en un sentido “contrario a lo que creemos conveniente y necesario”. En efecto, alertaron que la composición decidida no refleja la unidad de los distintos sectores internos, mencionando específicamente al oficialismo lunghista, al grupo liderado por Marcos Nicolini y a los denominados radicales “no alineados”.

Los exfuncionarios municipales partieron de un hecho concreto, en relación a que en 2027 concluirá un ciclo político liderado por el intendente Miguel Lunghi, el cual calificaron como una “transformación histórica en términos de desarrollo” para la ciudad.

Ante este panorama, sostuvieron que el partido tiene el “deber histórico de constituir y liderar la mejor propuesta programática y electoral para convencer a la sociedad que la mejor opción” para la intendencia sigue siendo un representante del radicalismo “si queremos profundizar el proceso de desarrollo, con eficacia, honestidad y respeto por las instituciones”.

En este sentido, remarcaron que el objetivo de profundizar el desarrollo de Tandil “debe ir de la mano de la unión en la diferencia”, de la “integración entre sectores radicales que se han separado por el peso de algunas disidencias en detrimento de las coincidencias”.

“Es tiempo de priorizar lo que une, más allá de lo que separa, como históricamente ha hecho el radicalismo”, sentenciaron.

Para los dirigentes, el método para resolver la futura candidatura a la intendencia debe imitar las decisiones del pasado. En el documento, recordaron la importancia de elegir al representante de la manera “más democrática y participativa posible”, tal como sucedió en la elección interna de 2003, cuando Miguel Lunghi resultó electo para encabezar la boleta que lo llevaría por primera vez al Gobierno.

De esta manera, según su visión, “quien resulte ganador o ganadora de ese proceso electoral cuente con la legitimidad y el apoyo total de las personas que integran el partido”.

La propuesta de Grasso y Morando es clara: “Quien gane, llevará la bandera. Y todos los demás acompañaremos”, sentenciaron los autores del comunicado.

“La unión es un requisito fundamental para la competitividad de nuestra propuesta. Sin unidad, difícilmente podamos ganar la próxima elección”, remarcaron.

Finalmente, los referentes se pusieron a disposición para colaborar en la construcción de este nuevo esquema. Según explicaron, todos los radicales que han tenido participación en los ámbitos locales de decisión deben aportar a la construcción de una propuesta sólida.

“Creemos que los radicales que han tenido y tienen participación en los ámbitos locales de decisión, debemos ponernos a disposición para colaborar y aportar en este proceso. Todas estas ideas están pensadas y escritas desde la búsqueda de lo mejor para Tandil y para el radicalismo”, concluyeron.

Los concejales del bloque de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de resolución para solicitar información oficial al Gobierno Nacional sobre la continuidad de los subsidios para la compra de garrafas y la implementación del nuevo esquema denominado Subsidio Energético Focalizado (SEF). Hay incertidumbre por el acceso al gas envasado.

Según advierten los ediles, el programa atraviesa un proceso de desactualización en los montos otorgados frente a los aumentos significativos en el precio del gas envasado. Esta falta de ajuste proporcional impacta directamente en el bolsillo de los beneficiarios, profundizando las desigualdades en sectores vulnerables.

Esta política pública nacional es la que permite a miles de familias sin conexión a la red de gas natural, así como a entidades de bien público, acceder a garrafas mediante un subsidio estatal.

El nuevo esquema SEF: más dudas que certezas

El eje del conflicto radica en la posible implementación de un nuevo sistema llamado Subsidio Energético Focalizado (SEF), que reemplazaría al Programa HOGAR a partir de este año.

A pesar de que el cambio ya ha trascendido, los concejales denuncian que no existe información oficial clara sobre puntos clave para la tranquilidad de los vecinos. Entre las incógnitas que resalta el proyecto se encuentran:

• Los criterios de acceso y el universo de beneficiarios.• La modalidad de implementación y los mecanismos de inscripción.• Los montos que se contemplarán para la asistencia.

Ante esta falta de previsibilidad, el proyecto de resolución solicita formalmente al Poder Ejecutivo Nacional —a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Capital Humano— que brinde respuestas concretas sobre ciertos puntos fundamentales.

Se busca aclarar si efectivamente se realizará la sustitución de programas, cuáles serán los mecanismos de transición para no dejar a los actuales beneficiarios sin asistencia y cuál es la fecha exacta prevista para el inicio del nuevo esquema.

El objetivo final es garantizar que el Estado asegure la continuidad de las políticas que permiten el acceso básico a la energía, considerado un derecho fundamental para la salud y la vivienda digna.

La concejala del oficialismo Maridé Condino expuso la preocupación de su bloque por el tema de referencia del proyecto y “ahora también se suma a la posibilidad de modificación de la ley de zona fría que contempla eliminar al partido de Tandil del beneficio en la tarifa del gas”.

Y recordó que ese reconocimiento como zona fría a partir del año 2021 fue producto de un arduo trabajo de asociaciones de consumidores, el Departamento Ejecutivo a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, este Concejo Deliberante, diputados tandilenses y la Defensoría del Pueblo.

“Ese estatus es un reconocimiento de la diferencia climática de nuestro país y está basado en criterios objetivos y técnicos. Es necesario reconocer que las zonas frías parten de desigualdades en el uso del servicio”, enfatizó.

Y cerró reflexionando: “Todo aquello que el gobierno nacional recorta y ajusta para que le den los números de la macroeconomía termina siendo un gasto superior para el Presupuesto Municipal. Si para que cierren los números la estrategia es dejar de pagar las obligaciones, estamos en un gravísimo problema que a mediano plazo va a repercutir en la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas de Tandil”.

La unidad alcanzada en el Comité de la UCR en la provincia de Buenos Aires, que presidirá Emiliano Balbín, las repercusiones no se hicieron esperar en Tandil. Anoche, Alternativa Tandil, que lidera el concejal Marcos Nicolini, salió a exponer el diálogo trunco para construir una lista de integración y la intención del lunghismo de marcarles la cancha de cara a la elección del candidato a intendente para 2027.

En principio, desde el espacio celebraron “la unidad alcanzada en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, donde fue posible dejar de lado las diferencias sectoriales para conformar una lista de unidad que ordena institucionalmente  al partido”.

Como contrapartida, expresaron que “lamentablemente en Tandil, a pesar de que dos interlocutores, los afiliados Luciano Grasso y Gastón Morando, tomaron contacto con nuestro sector para ver si existía una posibilidad de acercamiento, nuestro posicionamiento fue claro y contundente: que estábamos abiertos al diálogo y que para reconstruir confianza, el primer hito era la integración de una lista que representara a todos los sectores del comité local”.

En el marco de las conversaciones, señalaron que “estos dos afiliados, si bien anteponían el sistema de elección de candidatos, fueron debidamente informados de que antes de definir métodos de elección, para los cuales consideramos que no es el tiempo oportuno, era necesaria la integración de la lista del comité local”.

En tanto, manifestaron que antes del cierre del plazo para presentar listas partidarias, “se comprometieron a trasladar nuestra posición al oficialismo partidario y a que iban a regresar con una respuesta que nunca trajeron”.

Sobre el final del intento de acercar a los sectores, desde el Ateneo manifestaron que “luego del cierre de lista volvieron a comunicarse sin dar ningún tipo de respuesta de parte del oficialismo partidario, lo que demuestra la nula voluntad de dialogo del ese sector”.

En tren de una reorganización, la UCR bonaerense dio un paso fundamental rumbo a las elecciones partidarias del próximo 7 de junio. El viernes último venció el plazo para la presentación de las listas y al filo del reloj, logró la unidad tras una ardua negociación entre todas las líneas internas.

Tras el acuerdo, la UCR bonaerense será conducida por el exdiputado provincial Emiliano Balbín -nieto del dirigente histórico Ricardo Balbín-. El ungido como presidente del radicalismo cuenta con el respaldo del sector mayoritario que lidera Maximiliano Abad, obligado a acercar posiciones con los radicales rebeldes y construir afinidad con su nuevo socio Evolución, que dirige Martín Lousteau, y que ubicó como vicepresidenta a Josefina Mendoza y como secretario general al diputado tandilense Matías Civale.

Tras el consenso entre los dos sectores mayoritarios, en los últimos minutos del viernes consiguieron que la línea Adelante, que encarnan el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández y la diputada provincial Alejandra Lordén, dejara a un lado las diferencias con Evolución para subirse al tren ya casi en marcha.

De ese modo, el comité provincial empezará a escribir otra página legitimada por todos los sectores, lejos de la conducción judicializada, entendiendo que el más fuerte lidera y la minoría acompaña.

Si bien la primera lectura es que la unidad alcanzada se presenta endeble y que está lejos de zanjarse el debate por la postura que tomará el centenario partido rumbo a 2027, el primer paso fue dado.

Lo ocurrido en la UCR bonaerense puso el foco en la realidad local, con un lunghismo que, a pesar del mensaje que recibió en las urnas en 2025, no accedió a abrir la lista partidaria para integrar al sector que lidera Marcos Nicolini.

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, con el respaldo del resto de las bancadas que integran el Concejo Deliberante, elevó un proyecto de resolución que busca dar respuesta a una problemática de larga data en la ciudad: el impacto de la actividad del Tiro Federal de Tandil en su entorno urbano. La iniciativa solicita formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento de la institución.

El pedido surgió a raíz de las constantes manifestaciones de preocupación por parte de vecinos y vecinas de la zona, quienes han denunciado ruidos de alta intensidad generados por las prácticas de tiro. Según se detalla en los considerandos del proyecto, estas emanaciones sonoras afectan de manera directa el descanso, la tranquilidad y la calidad de vida cotidiana de las familias que residen en las inmediaciones del predio.

“Solicitar al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento del Tiro Federal de Tandil, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación, seguridad y condiciones de operación del polígono de tiro, especialmente en lo referido a las prácticas desarrolladas al aire libre, incluyendo el análisis del impacto sonoro que dicha actividad genera en la población circundante y la eventual adopción de medidas correctivas o de mitigación que correspondan”, formula el texto del proyecto.

La concejal Andrea Pezzi, integrante del bloque de la UCR y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Seguridad, explicó los alcances de la propuesta y la necesidad de recurrir a estamentos nacionales. "Nuestro bloque de la UCR, con el acompañamiento del resto de los bloques, presentamos una resolución para que el organismo de nivel nacional venga a hacer una inspección del lugar, una evaluación del funcionamiento y las condiciones edilicias", señaló la legisladora local.

La normativa que rige la actividad de tiro con armas de fuego en el país es la Ley Nacional N° 20.429. Este marco legal establece que la Agencia Nacional de Materiales Controlados es la autoridad competente para ejercer el control sobre el uso, tenencia y disposición de armas, así como para garantizar que las entidades habilitadas mantengan condiciones adecuadas de seguridad y mantenimiento en sus polígonos.

En ese marco, el proyecto de resolución no solo se enfoca en los aspectos técnicos de la seguridad, sino que introduce el concepto de seguridad integral. Esto implica que la actividad no solo debe prevenir accidentes dentro del predio, sino también minimizar los impactos negativos sobre la población circundante. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad es considerada por los ediles como un problema que excede lo administrativo para transformarse en una cuestión de salud pública, debido a los efectos adversos que puede generar en la salud física y psíquica de las personas.

Bajo esta premisa, el texto legislativo invoca el principio preventivo y el principio precautorio, pilares de la legislación ambiental argentina. Estos principios obligan a las autoridades a adoptar medidas anticipatorias frente a posibles daños, incluso cuando no exista una certeza científica absoluta sobre las consecuencias a largo plazo de la contaminación sonora en contextos periurbanos.

"Tenés una cuestión repartida. La actividad en sí, y el reclamo de los vecinos. Entonces, para buscar un equilibrio, empezamos el camino a transitar para que el organismo venga y haga un control de lugar", sostuvo Andrea Pezzi, subrayando la búsqueda de un punto de encuentro entre el derecho de la institución a funcionar y el derecho de los ciudadanos al bienestar.

La evaluación solicitada a la Agencia Nacional de Materiales Controlados deberá verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación y condiciones de operación, con especial énfasis en las prácticas desarrolladas al aire libre. El objetivo final es que el organismo nacional determine si es necesario adoptar medidas correctivas o de mitigación sonora para reducir el impacto en el vecindario.

No obstante, el horizonte de una solución definitiva parece estar vinculado a la relocalización de la actividad, una posibilidad que ya se baraja entre las partes involucradas. Al respecto, la concejal Andrea Pezzi fue cauta pero optimista sobre el futuro del predio y la resolución del conflicto.

El presidente del Foro de intendentes radicales bonaerenses, Maximiliano Suescun, se refirió a la convocatoria a elecciones internas de la UCR provincial, previstas para el 7 de junio, y dejó abierta la puerta a un acuerdo entre los distintos sectores antes del cierre de las listas.

“Todavía no hay candidatos”, dijo el jefe comunal a El Eco de Tandil, y agregó que “todavía hay tiempo para definirlos” al referirse al escenario interno del centenario partido.

Según precisó, el cronograma electoral ya se encuentra en marcha: “Quedó fija la fecha del 7 de junio para las elecciones, con lo cual la primer semana de mayo habrá que presentar las listas”, sostuvo.

De acuerdo a la convocatoria oficial, el plazo límite para la presentación de listas será el 8 de mayo a las 23:59, instancia a partir de la cual se abrirá un período previo a los comicios.

En ese lapso, Suescun consideró que aún existe margen para consensuar posiciones: “Luego, entre la presentación de la lista y el 7 de junio, hay tiempo para que se conforme una lista de unidad”, aseguró.

En ese sentido, expresó su expectativa de que el radicalismo bonaerense logre evitar una confrontación interna: “Esperemos que el Partido pueda tener esa posibilidad”, deseó.

La convocatoria fue resuelta por el Plenario del Comité de Contingencia en una sesión realizada en La Plata, en el marco de las facultades establecidas por la Carta Orgánica partidaria. El proceso electoral tiene como objetivo avanzar en la normalización institucional de la UCR provincial y renovar sus autoridades.

En los comicios se elegirán delegados a la Convención Nacional y al Comité Nacional, así como también autoridades del Comité de la provincia de Buenos Aires, delegados a la Convención Provincial y autoridades de los comités de distrito y de circuito.

Actualmente, el partido a nivel provincial es presidido por Miguel Fernández, exintendente de Trenque Lauquen y referente del sector que conduce Maximiliano Abad, quien se impuso en las internas de 2024 al frente de la lista “Unidad Radical”.

Desde la conducción partidaria destacaron que la convocatoria reafirma el compromiso con el funcionamiento democrático interno y con la participación de los afiliados en la definición de las autoridades, en un proceso que deberá desarrollarse conforme a la normativa vigente.

La senadora bonaerense del bloque Unión Cívica Radical (UCR), Nerina Neumann, presentó un proyecto de ley que busca modificar el régimen vigente de venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio provincial. La iniciativa apunta a establecer un nuevo esquema horario más amplio, junto con un sistema flexible que habilite a los municipios y al Ejecutivo provincial a fijar restricciones según cada contexto local.

La propuesta pretende modificar la Ley Nº 11.825, que regula la comercialización de alcohol en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de ordenar criterios y corregir las distorsiones que, según la autora, generó la aplicación de la normativa actual. En ese marco, el articulado establece una franja general de venta entre las ocho y las 24 horas, en lugar del esquema vigente que permite la actividad entre las diez y las 21.

En defensa de su planteo, Neumann señaló las dificultades que enfrentan los comerciantes y los consumidores bajo el régimen vigente, al advertir que las restricciones horarias no contemplan las dinámicas reales del consumo ni las particularidades de cada región. Al respecto, la legisladora oriunda de Bahía Blanca sostuvo que la normativa actual genera inequidades entre distintos tipos de comercios y afecta de forma directa a quienes operan dentro de la legalidad.

"La legislación vigente ha demostrado ser un fracaso rotundo en la lucha contra el consumo problemático de alcohol con medidas administrativas, que además traen injusticia para los comerciantes responsables", manifestó.

La dirigente radical apuntó contra el funcionamiento del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) y explicó que el esquema actual perjudica especialmente a supermercados y autoservicios, que tienen bloqueada la venta después de las 21. Según precisó la legisladora, esta situación desplaza la demanda hacia otros canales de venta que operan por fuera de los controles formales.

A su vez, la iniciativa contempla el impacto de las restricciones sobre los habitantes de zonas rurales y los adultos mayores, quienes suelen concentrar sus compras en horarios matutinos. El texto también pone el foco en los inconvenientes que genera el horario de cierre para rubros como vinotecas, bodegas o rotiserías.

"Debemos buscar un horario marco más amplio que conste en la Ley, pero paralelamente permitir que tanto el Ejecutivo provincial como los municipios puedan generar normativas complementarias de mayor restricción teniendo en cuenta la época del año, los rubros o costumbres locales", sostuvo Neumann.

Otro de los ejes centrales del proyecto se vincula con la incorporación de nuevas modalidades de comercialización, en particular aquellas que operan a través de plataformas digitales. La iniciativa modifica el artículo seis de la normativa para incluir como responsables a quienes distribuyen o venden bebidas mediante aplicaciones, páginas web o redes sociales. 

"Desde la informalidad, aplicaciones o perfiles en redes sociales obtienen ventajas, por eso es necesario incorporar explícitamente a los responsables de estas herramientas virtuales como sujetos alcanzados por la ley", declaró la senadora.

Finalmente, la impulsora del proyecto planteó que el Gobierno bonaerense debe avanzar con políticas públicas más integrales en lugar de sostener un esquema que impacta sobre los sectores que cumplen la ley. "Desde el Estado debemos evaluar y poner en marcha de forma urgente herramientas concretas de prevención de consumos problemáticos, como así también de contención y recuperación", concluyó.

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de impugnación presentado por el sector interno de la UCR bonaerense que lidera el titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández. De esta manera, el magistrado ratificó que las elecciones partidarias se realizarán el próximo siete de junio.

La resolución judicial se dio a conocer tras una audiencia en La Plata donde se escuchó a los representantes del sector que encabeza el senador nacional Maximiliano Abad y el espacio Evolución, que responde a Martín Lousteau. Estos sectores se encuentran enfrentados con la facción de Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen, quien solicitaba respetar la fecha de septiembre acordada previamente para el año 2025.

El conflicto se originó cuando el sector opositor obtuvo la mayoría en una reunión partidaria a principios de marzo para adelantar la votación. Con el nuevo fallo, el 7 de junio se elegirán las autoridades del Comité Provincia. 

El texto judicial señala:

“El cronograma establecido que culmina con fecha de elecciones el 7 de junio próximo, cumple con la antelación requerida en el art. 28° de la carta orgánica partidaria por lo que ninguna afectación de derechos, ventaja, ni perjuicio se advierte para ningún sector, toda vez que no se han acortado los plazos establecidos que se han aplicado en todos los procesos electorales, dejando a todos los interesados en postular candidatos en igualdad de condiciones”

Desde el entorno de Abad, ex presidente del comité provincial, sostienen que el radicalismo bonaerense debe resolver su crisis de conducción con prontitud. El objetivo es recuperar presencia y competitividad con la mirada puesta en 2027. Su espacio, acompañado por dirigentes como Daniel Salvador y Gustavo Posse, considera indispensable avanzar hacia una nueva conducción para fortalecer a los intendentes radicales.

La crisis institucional en el partido se profundizó tras la elección de 2025. Ante la cercanía de los comicios generales del año pasado, se había establecido una tregua con un esquema de conducción de emergencia integrado por todos los sectores, aunque las afinidades internas han mutado desde entonces.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la segunda prórroga de las ordenanzas 18.721 y 18.988, una decisión que prolongó por seis meses el régimen destinado a la regularización construcciones en el partido. La iniciativa se fundamentó principalmente en los resultados concretos del programa, que mostraron un crecimiento del 21 por ciento en las estadísticas de ampliaciones y un aumento significativo en la base tributaria municipal. El consenso alcanzado para la prórroga abrió a su vez el debate sobre la continuidad o no de la medida.

La concejal de la UCR, María Haydeé Condino, destacó el éxito del programa desde su implementación original. "Las ordenanzas han sido muy exitosas, ha crecido la cantidad de carpetas presentadas, la cantidad de metros cuadrados declarados, y esto hace que la base para el tributo se amplíe, lo cual es bueno para la Municipalidad. Pero también es muy bueno y es lo que nosotros destacamos, para que aquellas personas que no tienen en sus viviendas o en sus emprendimientos un final de obra puedan tenerlo", puntualizó la edil.

El pedido de extensión, solicitado originalmente por el Departamento Ejecutivo, se sustentó en datos duros que reflejaron un cambio de tendencia a partir de la primera sanción del régimen. Según la información oficial, durante el año 2024 se presentaron 842 nuevas carpetas de obra, pero tras el lanzamiento del programa de regularización, el número saltó a 1065 trámites iniciados. Este movimiento representó un incremento del 26 por ciento en la gestión de nuevos proyectos, lo que equivale a más de 75 mil metros cuadrados construidos.

El fenómeno también se manifestó con fuerza en el rubro de las reformas y ampliaciones de viviendas ya existentes. En este segmento, las estadísticas pasaron de 152 trámites en 2024 a 182 durante el primer tramo de 2025, consolidando una suba del 21 por ciento.

Uno de los motores principales de esta respuesta ciudadana fue el incentivo económico. El régimen propuso una reducción de costos del orden del 33 por ciento para quienes decidieran ponerse al día con sus planos. En términos técnicos, los propietarios pasaron de tributar el 1,5 por ciento del valor del metro cuadrado a pagar tan solo el 0,5 por ciento, una diferencia sustancial que facilitó la decisión de muchas familias de formalizar sus propiedades.

"Esto sirve para familias que han hecho habitaciones nuevas, que han ampliado sus casas, que han hecho un quincho, que han hecho un garage, que han techado algo. Esto sirve para poder hacer el plano y terminar el plano de una vivienda unifamiliar. También sirve para aquellas personas que en sus domicilios han hecho un local o han ampliado un local y le han hecho un depósito", destacó Condino.

Asimismo, la edil puso el foco en dos sectores clave para la economía local: el turismo y el comercio. "Es para familias, para pequeños comercios, para industrias pequeñas y en el caso del turismo también sirve. Nosotros queremos que se profundice esto, para aquellas personas que quieran declarar e incorporar metros cuadrados construidos en las habilitaciones que hoy están al alcance, como son por ejemplo los alojamientos extra-hoteleros, para tener un final de obra y tener una habilitación", amplió la concejal oficialista.

Si bien agregó que otros usos clave son las habilitaciones comerciales, aclaró que “para evitar malos entendidos este beneficio no es para aquellas cosas que están por fuera del PDT. No es para excepciones. Tampoco es un beneficio para las multas, no es un beneficio para un convenio urbanístico, es un beneficio para los derechos de construcción", sentenció.

A pesar del acompañamiento unánime en la votación, el bloque de Fuerza Patria introdujo matices de cara al debate futuro. La discusión se centra en si este tipo de regímenes deben ser excepcionales o si el éxito de los mismos amerita una reforma estructural en la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Desde la oposición advirtieron sobre los riesgos de encadenar prórrogas de manera indefinida.

El concejal Severiano Mon fue el encargado de expresar la postura de su bloque, enfatizando la necesidad de una evaluación técnica rigurosa una vez que concluya este nuevo plazo de 180 días.

"En un primer momento este tipo de planes en general son siempre temporarios. De acuerdo a diversas situaciones pueden darse estos períodos de ventana y a eso apunta la herramienta, a buscar la regularización de metros cuadrados en un tiempo de ventana. Lo que sí planteamos nosotros es que al momento de que finalice este plazo de seis meses, hay que evaluar. No estaríamos de acuerdo en una prórroga automática, sino en poder ver si finalmente modificamos las alícuotas de la ordenanza fiscal impositiva", manifestó Mon durante el debate legislativo.

El edil opositor concluyó señalando que el próximo semestre será clave para determinar si la iniciativa cumplió con su ciclo o si debe integrarse al esquema tributario ordinario de la ciudad. "Hay que trabajar fuertemente en la difusión de este programa y evaluar en tal caso a los seis meses si fue exitoso", cerró Mon, dejando abierta la puerta a una discusión más profunda sobre la presión fiscal en el sector de la construcción y la necesidad de otorgar beneficios equitativos a otros actores de la economía tandilense que hoy reclaman medidas de alivio similares.

El legislador bonaerense Diego Garciarena planteó la necesidad de avanzar en una reforma del sistema electoral de la provincia de Buenos Aires y propuso la implementación de la Boleta Única de Papel como una herramienta para modernizar el proceso de votación.

A través de una serie de publicaciones en redes sociales, el dirigente señaló que el debate electoral “no es un tema técnico”, sino una cuestión institucional que impacta directamente en la calidad democrática. En ese sentido, sostuvo que es necesario establecer “reglas claras que devuelvan confianza y fortalezcan la representación”.

Según explicó, la iniciativa comenzó a tomar forma tras una reunión que mantuvo junto a los dirigentes Maximiliano Abad y Nerina Neumann, en la que coincidieron en que el sistema electoral bonaerense “quedó viejo frente a las demandas de la sociedad”.

Garciarena indicó que el esquema actual resulta complejo para los votantes y, en muchos casos, genera desigualdades entre las distintas fuerzas políticas. “Hoy tenemos un sistema poco transparente para el ciudadano común, y eso no le hace bien a la democracia”, expresó.

En ese marco, explicó que la propuesta de reforma se sostiene en tres ejes principales: mayor transparencia, más equidad entre los espacios políticos y una participación ciudadana más sencilla.

Entre las herramientas planteadas, destacó la Boleta Única de Papel, un mecanismo que ya funciona en varias provincias argentinas y en distintos países. Según detalló, su implementación permitiría simplificar el acto de votar, garantizar que toda la oferta electoral esté disponible para el elector, eliminar prácticas consideradas obsoletas y reducir costos en la organización de los comicios.

“El objetivo es construir un sistema más transparente, donde cada bonaerense tenga la certeza de que su voto se respeta tal como fue emitido”, señaló.

El legislador remarcó además que una reforma electoral no puede imponerse de manera unilateral. Por el contrario, sostuvo que debe surgir de un amplio consenso entre los distintos sectores políticos.

“Nosotros no venimos a imponer una idea, venimos a abrir una conversación seria con todas las fuerzas políticas. Si algo necesita la provincia es recuperar confianza, y eso solo se logra con reglas de juego claras y compartidas”, afirmó.

En esa línea, adelantó que se convocará a otros espacios políticos para trabajar en una propuesta común y organizar jornadas de debate que incluyan a legisladores, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Para Garciarena, el contexto actual resulta propicio para discutir estos cambios. “Hay una demanda social por instituciones más transparentes y por una política que esté a la altura de los desafíos actuales”, consideró.

Finalmente, advirtió que la provincia de Buenos Aires “no puede seguir con herramientas del siglo pasado” y que avanzar hacia un sistema electoral más moderno y confiable es un paso necesario para fortalecer las instituciones democráticas.