La polémica por la falta de acuerdo entre los sectores internos del radicalismo sumó ayer un nuevo capítulo al conocerse un comunicado difundido por dos dirigentes y exfuncionarios de la gestión en el que sentaron su posicionamiento respecto al rumbo de la conducción del Comité de la Unión Cívica Radical.

Luciano Grasso y Gastón Morando, que cumplieron distintos cargos en la administración comunal desde 2003, llamaron a la unidad de cara al proceso político que se abrirá tras la finalización del ciclo encabezado por el intendente Miguel Lunghi en 2027. Los dirigentes plantearon la necesidad de construir una propuesta “sólida” y “competitiva” que permita al partido continuar al frente del Municipio.

A su vez, hicieron un llamado a la unidad partidaria y lamentaron que la reciente conformación de autoridades del Comité local no haya reflejado una integración más amplia entre los distintos sectores internos.

En esa línea, propusieron que la candidatura para suceder a Lunghi surja de un proceso “democrático y participativo”, similar al que consagró al actual jefe comunal en 2003, y advirtieron que “sin unidad, difícilmente” el radicalismo pueda sostener su competitividad electoral.

El debate se abrió tras conocerse, el domingo por la noche, el fracaso en las negociaciones para alcanzar una lista de integración entre el lunghismo y el espacio que lidera el concejal de Alternativa Tandil Marcos Nicolini con miras a las elecciones partidarias del próximo 7 de junio.

En primer lugar, señalaron que compartieron las ideas a través del documento “como radicales que queremos que el radicalismo continúe gobernando Tandil porque es la fuerza política más capacitada para hacerlo con honestidad y eficiencia”.

Luego, aclararon no formar parte de ningún grupo interno, pero se posicionaron como representantes de “muchas personas” identificadas con el radicalismo e incluso independientes, que “quieren que haya un proceso de unidad para fortalecer una propuesta política sólida hacia la ciudadanía”.

La preocupación central de Grasso y Morando radicó en que, según su visión, se perdió una oportunidad en la conformación de la nueva mesa de conducción que contuviera a los espacios internos. “Si bien nos pusimos a disposición e intentamos colaborar para que se avanzara hacia un acuerdo, no tuvimos éxito”, reconocieron los dirigente que estuvieron a cargo de mediar el diálogo entre las partes.

Y lamentaron que la situación se resolvió en un sentido “contrario a lo que creemos conveniente y necesario”. En efecto, alertaron que la composición decidida no refleja la unidad de los distintos sectores internos, mencionando específicamente al oficialismo lunghista, al grupo liderado por Marcos Nicolini y a los denominados radicales “no alineados”.

Los exfuncionarios municipales partieron de un hecho concreto, en relación a que en 2027 concluirá un ciclo político liderado por el intendente Miguel Lunghi, el cual calificaron como una “transformación histórica en términos de desarrollo” para la ciudad.

Ante este panorama, sostuvieron que el partido tiene el “deber histórico de constituir y liderar la mejor propuesta programática y electoral para convencer a la sociedad que la mejor opción” para la intendencia sigue siendo un representante del radicalismo “si queremos profundizar el proceso de desarrollo, con eficacia, honestidad y respeto por las instituciones”.

En este sentido, remarcaron que el objetivo de profundizar el desarrollo de Tandil “debe ir de la mano de la unión en la diferencia”, de la “integración entre sectores radicales que se han separado por el peso de algunas disidencias en detrimento de las coincidencias”.

“Es tiempo de priorizar lo que une, más allá de lo que separa, como históricamente ha hecho el radicalismo”, sentenciaron.

Para los dirigentes, el método para resolver la futura candidatura a la intendencia debe imitar las decisiones del pasado. En el documento, recordaron la importancia de elegir al representante de la manera “más democrática y participativa posible”, tal como sucedió en la elección interna de 2003, cuando Miguel Lunghi resultó electo para encabezar la boleta que lo llevaría por primera vez al Gobierno.

De esta manera, según su visión, “quien resulte ganador o ganadora de ese proceso electoral cuente con la legitimidad y el apoyo total de las personas que integran el partido”.

La propuesta de Grasso y Morando es clara: “Quien gane, llevará la bandera. Y todos los demás acompañaremos”, sentenciaron los autores del comunicado.

“La unión es un requisito fundamental para la competitividad de nuestra propuesta. Sin unidad, difícilmente podamos ganar la próxima elección”, remarcaron.

Finalmente, los referentes se pusieron a disposición para colaborar en la construcción de este nuevo esquema. Según explicaron, todos los radicales que han tenido participación en los ámbitos locales de decisión deben aportar a la construcción de una propuesta sólida.

“Creemos que los radicales que han tenido y tienen participación en los ámbitos locales de decisión, debemos ponernos a disposición para colaborar y aportar en este proceso. Todas estas ideas están pensadas y escritas desde la búsqueda de lo mejor para Tandil y para el radicalismo”, concluyeron.

Los concejales del bloque de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de resolución para solicitar información oficial al Gobierno Nacional sobre la continuidad de los subsidios para la compra de garrafas y la implementación del nuevo esquema denominado Subsidio Energético Focalizado (SEF). Hay incertidumbre por el acceso al gas envasado.

Según advierten los ediles, el programa atraviesa un proceso de desactualización en los montos otorgados frente a los aumentos significativos en el precio del gas envasado. Esta falta de ajuste proporcional impacta directamente en el bolsillo de los beneficiarios, profundizando las desigualdades en sectores vulnerables.

Esta política pública nacional es la que permite a miles de familias sin conexión a la red de gas natural, así como a entidades de bien público, acceder a garrafas mediante un subsidio estatal.

El nuevo esquema SEF: más dudas que certezas

El eje del conflicto radica en la posible implementación de un nuevo sistema llamado Subsidio Energético Focalizado (SEF), que reemplazaría al Programa HOGAR a partir de este año.

A pesar de que el cambio ya ha trascendido, los concejales denuncian que no existe información oficial clara sobre puntos clave para la tranquilidad de los vecinos. Entre las incógnitas que resalta el proyecto se encuentran:

• Los criterios de acceso y el universo de beneficiarios.• La modalidad de implementación y los mecanismos de inscripción.• Los montos que se contemplarán para la asistencia.

Ante esta falta de previsibilidad, el proyecto de resolución solicita formalmente al Poder Ejecutivo Nacional —a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Capital Humano— que brinde respuestas concretas sobre ciertos puntos fundamentales.

Se busca aclarar si efectivamente se realizará la sustitución de programas, cuáles serán los mecanismos de transición para no dejar a los actuales beneficiarios sin asistencia y cuál es la fecha exacta prevista para el inicio del nuevo esquema.

El objetivo final es garantizar que el Estado asegure la continuidad de las políticas que permiten el acceso básico a la energía, considerado un derecho fundamental para la salud y la vivienda digna.

La concejala del oficialismo Maridé Condino expuso la preocupación de su bloque por el tema de referencia del proyecto y “ahora también se suma a la posibilidad de modificación de la ley de zona fría que contempla eliminar al partido de Tandil del beneficio en la tarifa del gas”.

Y recordó que ese reconocimiento como zona fría a partir del año 2021 fue producto de un arduo trabajo de asociaciones de consumidores, el Departamento Ejecutivo a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, este Concejo Deliberante, diputados tandilenses y la Defensoría del Pueblo.

“Ese estatus es un reconocimiento de la diferencia climática de nuestro país y está basado en criterios objetivos y técnicos. Es necesario reconocer que las zonas frías parten de desigualdades en el uso del servicio”, enfatizó.

Y cerró reflexionando: “Todo aquello que el gobierno nacional recorta y ajusta para que le den los números de la macroeconomía termina siendo un gasto superior para el Presupuesto Municipal. Si para que cierren los números la estrategia es dejar de pagar las obligaciones, estamos en un gravísimo problema que a mediano plazo va a repercutir en la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas de Tandil”.

La unidad alcanzada en el Comité de la UCR en la provincia de Buenos Aires, que presidirá Emiliano Balbín, las repercusiones no se hicieron esperar en Tandil. Anoche, Alternativa Tandil, que lidera el concejal Marcos Nicolini, salió a exponer el diálogo trunco para construir una lista de integración y la intención del lunghismo de marcarles la cancha de cara a la elección del candidato a intendente para 2027.

En principio, desde el espacio celebraron “la unidad alcanzada en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, donde fue posible dejar de lado las diferencias sectoriales para conformar una lista de unidad que ordena institucionalmente  al partido”.

Como contrapartida, expresaron que “lamentablemente en Tandil, a pesar de que dos interlocutores, los afiliados Luciano Grasso y Gastón Morando, tomaron contacto con nuestro sector para ver si existía una posibilidad de acercamiento, nuestro posicionamiento fue claro y contundente: que estábamos abiertos al diálogo y que para reconstruir confianza, el primer hito era la integración de una lista que representara a todos los sectores del comité local”.

En el marco de las conversaciones, señalaron que “estos dos afiliados, si bien anteponían el sistema de elección de candidatos, fueron debidamente informados de que antes de definir métodos de elección, para los cuales consideramos que no es el tiempo oportuno, era necesaria la integración de la lista del comité local”.

En tanto, manifestaron que antes del cierre del plazo para presentar listas partidarias, “se comprometieron a trasladar nuestra posición al oficialismo partidario y a que iban a regresar con una respuesta que nunca trajeron”.

Sobre el final del intento de acercar a los sectores, desde el Ateneo manifestaron que “luego del cierre de lista volvieron a comunicarse sin dar ningún tipo de respuesta de parte del oficialismo partidario, lo que demuestra la nula voluntad de dialogo del ese sector”.

En tren de una reorganización, la UCR bonaerense dio un paso fundamental rumbo a las elecciones partidarias del próximo 7 de junio. El viernes último venció el plazo para la presentación de las listas y al filo del reloj, logró la unidad tras una ardua negociación entre todas las líneas internas.

Tras el acuerdo, la UCR bonaerense será conducida por el exdiputado provincial Emiliano Balbín -nieto del dirigente histórico Ricardo Balbín-. El ungido como presidente del radicalismo cuenta con el respaldo del sector mayoritario que lidera Maximiliano Abad, obligado a acercar posiciones con los radicales rebeldes y construir afinidad con su nuevo socio Evolución, que dirige Martín Lousteau, y que ubicó como vicepresidenta a Josefina Mendoza y como secretario general al diputado tandilense Matías Civale.

Tras el consenso entre los dos sectores mayoritarios, en los últimos minutos del viernes consiguieron que la línea Adelante, que encarnan el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández y la diputada provincial Alejandra Lordén, dejara a un lado las diferencias con Evolución para subirse al tren ya casi en marcha.

De ese modo, el comité provincial empezará a escribir otra página legitimada por todos los sectores, lejos de la conducción judicializada, entendiendo que el más fuerte lidera y la minoría acompaña.

Si bien la primera lectura es que la unidad alcanzada se presenta endeble y que está lejos de zanjarse el debate por la postura que tomará el centenario partido rumbo a 2027, el primer paso fue dado.

Lo ocurrido en la UCR bonaerense puso el foco en la realidad local, con un lunghismo que, a pesar del mensaje que recibió en las urnas en 2025, no accedió a abrir la lista partidaria para integrar al sector que lidera Marcos Nicolini.

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, con el respaldo del resto de las bancadas que integran el Concejo Deliberante, elevó un proyecto de resolución que busca dar respuesta a una problemática de larga data en la ciudad: el impacto de la actividad del Tiro Federal de Tandil en su entorno urbano. La iniciativa solicita formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento de la institución.

El pedido surgió a raíz de las constantes manifestaciones de preocupación por parte de vecinos y vecinas de la zona, quienes han denunciado ruidos de alta intensidad generados por las prácticas de tiro. Según se detalla en los considerandos del proyecto, estas emanaciones sonoras afectan de manera directa el descanso, la tranquilidad y la calidad de vida cotidiana de las familias que residen en las inmediaciones del predio.

“Solicitar al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento del Tiro Federal de Tandil, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación, seguridad y condiciones de operación del polígono de tiro, especialmente en lo referido a las prácticas desarrolladas al aire libre, incluyendo el análisis del impacto sonoro que dicha actividad genera en la población circundante y la eventual adopción de medidas correctivas o de mitigación que correspondan”, formula el texto del proyecto.

La concejal Andrea Pezzi, integrante del bloque de la UCR y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Seguridad, explicó los alcances de la propuesta y la necesidad de recurrir a estamentos nacionales. "Nuestro bloque de la UCR, con el acompañamiento del resto de los bloques, presentamos una resolución para que el organismo de nivel nacional venga a hacer una inspección del lugar, una evaluación del funcionamiento y las condiciones edilicias", señaló la legisladora local.

La normativa que rige la actividad de tiro con armas de fuego en el país es la Ley Nacional N° 20.429. Este marco legal establece que la Agencia Nacional de Materiales Controlados es la autoridad competente para ejercer el control sobre el uso, tenencia y disposición de armas, así como para garantizar que las entidades habilitadas mantengan condiciones adecuadas de seguridad y mantenimiento en sus polígonos.

En ese marco, el proyecto de resolución no solo se enfoca en los aspectos técnicos de la seguridad, sino que introduce el concepto de seguridad integral. Esto implica que la actividad no solo debe prevenir accidentes dentro del predio, sino también minimizar los impactos negativos sobre la población circundante. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad es considerada por los ediles como un problema que excede lo administrativo para transformarse en una cuestión de salud pública, debido a los efectos adversos que puede generar en la salud física y psíquica de las personas.

Bajo esta premisa, el texto legislativo invoca el principio preventivo y el principio precautorio, pilares de la legislación ambiental argentina. Estos principios obligan a las autoridades a adoptar medidas anticipatorias frente a posibles daños, incluso cuando no exista una certeza científica absoluta sobre las consecuencias a largo plazo de la contaminación sonora en contextos periurbanos.

"Tenés una cuestión repartida. La actividad en sí, y el reclamo de los vecinos. Entonces, para buscar un equilibrio, empezamos el camino a transitar para que el organismo venga y haga un control de lugar", sostuvo Andrea Pezzi, subrayando la búsqueda de un punto de encuentro entre el derecho de la institución a funcionar y el derecho de los ciudadanos al bienestar.

La evaluación solicitada a la Agencia Nacional de Materiales Controlados deberá verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación y condiciones de operación, con especial énfasis en las prácticas desarrolladas al aire libre. El objetivo final es que el organismo nacional determine si es necesario adoptar medidas correctivas o de mitigación sonora para reducir el impacto en el vecindario.

No obstante, el horizonte de una solución definitiva parece estar vinculado a la relocalización de la actividad, una posibilidad que ya se baraja entre las partes involucradas. Al respecto, la concejal Andrea Pezzi fue cauta pero optimista sobre el futuro del predio y la resolución del conflicto.

El presidente del Foro de intendentes radicales bonaerenses, Maximiliano Suescun, se refirió a la convocatoria a elecciones internas de la UCR provincial, previstas para el 7 de junio, y dejó abierta la puerta a un acuerdo entre los distintos sectores antes del cierre de las listas.

“Todavía no hay candidatos”, dijo el jefe comunal a El Eco de Tandil, y agregó que “todavía hay tiempo para definirlos” al referirse al escenario interno del centenario partido.

Según precisó, el cronograma electoral ya se encuentra en marcha: “Quedó fija la fecha del 7 de junio para las elecciones, con lo cual la primer semana de mayo habrá que presentar las listas”, sostuvo.

De acuerdo a la convocatoria oficial, el plazo límite para la presentación de listas será el 8 de mayo a las 23:59, instancia a partir de la cual se abrirá un período previo a los comicios.

En ese lapso, Suescun consideró que aún existe margen para consensuar posiciones: “Luego, entre la presentación de la lista y el 7 de junio, hay tiempo para que se conforme una lista de unidad”, aseguró.

En ese sentido, expresó su expectativa de que el radicalismo bonaerense logre evitar una confrontación interna: “Esperemos que el Partido pueda tener esa posibilidad”, deseó.

La convocatoria fue resuelta por el Plenario del Comité de Contingencia en una sesión realizada en La Plata, en el marco de las facultades establecidas por la Carta Orgánica partidaria. El proceso electoral tiene como objetivo avanzar en la normalización institucional de la UCR provincial y renovar sus autoridades.

En los comicios se elegirán delegados a la Convención Nacional y al Comité Nacional, así como también autoridades del Comité de la provincia de Buenos Aires, delegados a la Convención Provincial y autoridades de los comités de distrito y de circuito.

Actualmente, el partido a nivel provincial es presidido por Miguel Fernández, exintendente de Trenque Lauquen y referente del sector que conduce Maximiliano Abad, quien se impuso en las internas de 2024 al frente de la lista “Unidad Radical”.

Desde la conducción partidaria destacaron que la convocatoria reafirma el compromiso con el funcionamiento democrático interno y con la participación de los afiliados en la definición de las autoridades, en un proceso que deberá desarrollarse conforme a la normativa vigente.

La senadora bonaerense del bloque Unión Cívica Radical (UCR), Nerina Neumann, presentó un proyecto de ley que busca modificar el régimen vigente de venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio provincial. La iniciativa apunta a establecer un nuevo esquema horario más amplio, junto con un sistema flexible que habilite a los municipios y al Ejecutivo provincial a fijar restricciones según cada contexto local.

La propuesta pretende modificar la Ley Nº 11.825, que regula la comercialización de alcohol en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de ordenar criterios y corregir las distorsiones que, según la autora, generó la aplicación de la normativa actual. En ese marco, el articulado establece una franja general de venta entre las ocho y las 24 horas, en lugar del esquema vigente que permite la actividad entre las diez y las 21.

En defensa de su planteo, Neumann señaló las dificultades que enfrentan los comerciantes y los consumidores bajo el régimen vigente, al advertir que las restricciones horarias no contemplan las dinámicas reales del consumo ni las particularidades de cada región. Al respecto, la legisladora oriunda de Bahía Blanca sostuvo que la normativa actual genera inequidades entre distintos tipos de comercios y afecta de forma directa a quienes operan dentro de la legalidad.

"La legislación vigente ha demostrado ser un fracaso rotundo en la lucha contra el consumo problemático de alcohol con medidas administrativas, que además traen injusticia para los comerciantes responsables", manifestó.

La dirigente radical apuntó contra el funcionamiento del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) y explicó que el esquema actual perjudica especialmente a supermercados y autoservicios, que tienen bloqueada la venta después de las 21. Según precisó la legisladora, esta situación desplaza la demanda hacia otros canales de venta que operan por fuera de los controles formales.

A su vez, la iniciativa contempla el impacto de las restricciones sobre los habitantes de zonas rurales y los adultos mayores, quienes suelen concentrar sus compras en horarios matutinos. El texto también pone el foco en los inconvenientes que genera el horario de cierre para rubros como vinotecas, bodegas o rotiserías.

"Debemos buscar un horario marco más amplio que conste en la Ley, pero paralelamente permitir que tanto el Ejecutivo provincial como los municipios puedan generar normativas complementarias de mayor restricción teniendo en cuenta la época del año, los rubros o costumbres locales", sostuvo Neumann.

Otro de los ejes centrales del proyecto se vincula con la incorporación de nuevas modalidades de comercialización, en particular aquellas que operan a través de plataformas digitales. La iniciativa modifica el artículo seis de la normativa para incluir como responsables a quienes distribuyen o venden bebidas mediante aplicaciones, páginas web o redes sociales. 

"Desde la informalidad, aplicaciones o perfiles en redes sociales obtienen ventajas, por eso es necesario incorporar explícitamente a los responsables de estas herramientas virtuales como sujetos alcanzados por la ley", declaró la senadora.

Finalmente, la impulsora del proyecto planteó que el Gobierno bonaerense debe avanzar con políticas públicas más integrales en lugar de sostener un esquema que impacta sobre los sectores que cumplen la ley. "Desde el Estado debemos evaluar y poner en marcha de forma urgente herramientas concretas de prevención de consumos problemáticos, como así también de contención y recuperación", concluyó.

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de impugnación presentado por el sector interno de la UCR bonaerense que lidera el titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández. De esta manera, el magistrado ratificó que las elecciones partidarias se realizarán el próximo siete de junio.

La resolución judicial se dio a conocer tras una audiencia en La Plata donde se escuchó a los representantes del sector que encabeza el senador nacional Maximiliano Abad y el espacio Evolución, que responde a Martín Lousteau. Estos sectores se encuentran enfrentados con la facción de Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen, quien solicitaba respetar la fecha de septiembre acordada previamente para el año 2025.

El conflicto se originó cuando el sector opositor obtuvo la mayoría en una reunión partidaria a principios de marzo para adelantar la votación. Con el nuevo fallo, el 7 de junio se elegirán las autoridades del Comité Provincia. 

El texto judicial señala:

“El cronograma establecido que culmina con fecha de elecciones el 7 de junio próximo, cumple con la antelación requerida en el art. 28° de la carta orgánica partidaria por lo que ninguna afectación de derechos, ventaja, ni perjuicio se advierte para ningún sector, toda vez que no se han acortado los plazos establecidos que se han aplicado en todos los procesos electorales, dejando a todos los interesados en postular candidatos en igualdad de condiciones”

Desde el entorno de Abad, ex presidente del comité provincial, sostienen que el radicalismo bonaerense debe resolver su crisis de conducción con prontitud. El objetivo es recuperar presencia y competitividad con la mirada puesta en 2027. Su espacio, acompañado por dirigentes como Daniel Salvador y Gustavo Posse, considera indispensable avanzar hacia una nueva conducción para fortalecer a los intendentes radicales.

La crisis institucional en el partido se profundizó tras la elección de 2025. Ante la cercanía de los comicios generales del año pasado, se había establecido una tregua con un esquema de conducción de emergencia integrado por todos los sectores, aunque las afinidades internas han mutado desde entonces.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la segunda prórroga de las ordenanzas 18.721 y 18.988, una decisión que prolongó por seis meses el régimen destinado a la regularización construcciones en el partido. La iniciativa se fundamentó principalmente en los resultados concretos del programa, que mostraron un crecimiento del 21 por ciento en las estadísticas de ampliaciones y un aumento significativo en la base tributaria municipal. El consenso alcanzado para la prórroga abrió a su vez el debate sobre la continuidad o no de la medida.

La concejal de la UCR, María Haydeé Condino, destacó el éxito del programa desde su implementación original. "Las ordenanzas han sido muy exitosas, ha crecido la cantidad de carpetas presentadas, la cantidad de metros cuadrados declarados, y esto hace que la base para el tributo se amplíe, lo cual es bueno para la Municipalidad. Pero también es muy bueno y es lo que nosotros destacamos, para que aquellas personas que no tienen en sus viviendas o en sus emprendimientos un final de obra puedan tenerlo", puntualizó la edil.

El pedido de extensión, solicitado originalmente por el Departamento Ejecutivo, se sustentó en datos duros que reflejaron un cambio de tendencia a partir de la primera sanción del régimen. Según la información oficial, durante el año 2024 se presentaron 842 nuevas carpetas de obra, pero tras el lanzamiento del programa de regularización, el número saltó a 1065 trámites iniciados. Este movimiento representó un incremento del 26 por ciento en la gestión de nuevos proyectos, lo que equivale a más de 75 mil metros cuadrados construidos.

El fenómeno también se manifestó con fuerza en el rubro de las reformas y ampliaciones de viviendas ya existentes. En este segmento, las estadísticas pasaron de 152 trámites en 2024 a 182 durante el primer tramo de 2025, consolidando una suba del 21 por ciento.

Uno de los motores principales de esta respuesta ciudadana fue el incentivo económico. El régimen propuso una reducción de costos del orden del 33 por ciento para quienes decidieran ponerse al día con sus planos. En términos técnicos, los propietarios pasaron de tributar el 1,5 por ciento del valor del metro cuadrado a pagar tan solo el 0,5 por ciento, una diferencia sustancial que facilitó la decisión de muchas familias de formalizar sus propiedades.

"Esto sirve para familias que han hecho habitaciones nuevas, que han ampliado sus casas, que han hecho un quincho, que han hecho un garage, que han techado algo. Esto sirve para poder hacer el plano y terminar el plano de una vivienda unifamiliar. También sirve para aquellas personas que en sus domicilios han hecho un local o han ampliado un local y le han hecho un depósito", destacó Condino.

Asimismo, la edil puso el foco en dos sectores clave para la economía local: el turismo y el comercio. "Es para familias, para pequeños comercios, para industrias pequeñas y en el caso del turismo también sirve. Nosotros queremos que se profundice esto, para aquellas personas que quieran declarar e incorporar metros cuadrados construidos en las habilitaciones que hoy están al alcance, como son por ejemplo los alojamientos extra-hoteleros, para tener un final de obra y tener una habilitación", amplió la concejal oficialista.

Si bien agregó que otros usos clave son las habilitaciones comerciales, aclaró que “para evitar malos entendidos este beneficio no es para aquellas cosas que están por fuera del PDT. No es para excepciones. Tampoco es un beneficio para las multas, no es un beneficio para un convenio urbanístico, es un beneficio para los derechos de construcción", sentenció.

A pesar del acompañamiento unánime en la votación, el bloque de Fuerza Patria introdujo matices de cara al debate futuro. La discusión se centra en si este tipo de regímenes deben ser excepcionales o si el éxito de los mismos amerita una reforma estructural en la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Desde la oposición advirtieron sobre los riesgos de encadenar prórrogas de manera indefinida.

El concejal Severiano Mon fue el encargado de expresar la postura de su bloque, enfatizando la necesidad de una evaluación técnica rigurosa una vez que concluya este nuevo plazo de 180 días.

"En un primer momento este tipo de planes en general son siempre temporarios. De acuerdo a diversas situaciones pueden darse estos períodos de ventana y a eso apunta la herramienta, a buscar la regularización de metros cuadrados en un tiempo de ventana. Lo que sí planteamos nosotros es que al momento de que finalice este plazo de seis meses, hay que evaluar. No estaríamos de acuerdo en una prórroga automática, sino en poder ver si finalmente modificamos las alícuotas de la ordenanza fiscal impositiva", manifestó Mon durante el debate legislativo.

El edil opositor concluyó señalando que el próximo semestre será clave para determinar si la iniciativa cumplió con su ciclo o si debe integrarse al esquema tributario ordinario de la ciudad. "Hay que trabajar fuertemente en la difusión de este programa y evaluar en tal caso a los seis meses si fue exitoso", cerró Mon, dejando abierta la puerta a una discusión más profunda sobre la presión fiscal en el sector de la construcción y la necesidad de otorgar beneficios equitativos a otros actores de la economía tandilense que hoy reclaman medidas de alivio similares.

El legislador bonaerense Diego Garciarena planteó la necesidad de avanzar en una reforma del sistema electoral de la provincia de Buenos Aires y propuso la implementación de la Boleta Única de Papel como una herramienta para modernizar el proceso de votación.

A través de una serie de publicaciones en redes sociales, el dirigente señaló que el debate electoral “no es un tema técnico”, sino una cuestión institucional que impacta directamente en la calidad democrática. En ese sentido, sostuvo que es necesario establecer “reglas claras que devuelvan confianza y fortalezcan la representación”.

Según explicó, la iniciativa comenzó a tomar forma tras una reunión que mantuvo junto a los dirigentes Maximiliano Abad y Nerina Neumann, en la que coincidieron en que el sistema electoral bonaerense “quedó viejo frente a las demandas de la sociedad”.

Garciarena indicó que el esquema actual resulta complejo para los votantes y, en muchos casos, genera desigualdades entre las distintas fuerzas políticas. “Hoy tenemos un sistema poco transparente para el ciudadano común, y eso no le hace bien a la democracia”, expresó.

En ese marco, explicó que la propuesta de reforma se sostiene en tres ejes principales: mayor transparencia, más equidad entre los espacios políticos y una participación ciudadana más sencilla.

Entre las herramientas planteadas, destacó la Boleta Única de Papel, un mecanismo que ya funciona en varias provincias argentinas y en distintos países. Según detalló, su implementación permitiría simplificar el acto de votar, garantizar que toda la oferta electoral esté disponible para el elector, eliminar prácticas consideradas obsoletas y reducir costos en la organización de los comicios.

“El objetivo es construir un sistema más transparente, donde cada bonaerense tenga la certeza de que su voto se respeta tal como fue emitido”, señaló.

El legislador remarcó además que una reforma electoral no puede imponerse de manera unilateral. Por el contrario, sostuvo que debe surgir de un amplio consenso entre los distintos sectores políticos.

“Nosotros no venimos a imponer una idea, venimos a abrir una conversación seria con todas las fuerzas políticas. Si algo necesita la provincia es recuperar confianza, y eso solo se logra con reglas de juego claras y compartidas”, afirmó.

En esa línea, adelantó que se convocará a otros espacios políticos para trabajar en una propuesta común y organizar jornadas de debate que incluyan a legisladores, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Para Garciarena, el contexto actual resulta propicio para discutir estos cambios. “Hay una demanda social por instituciones más transparentes y por una política que esté a la altura de los desafíos actuales”, consideró.

Finalmente, advirtió que la provincia de Buenos Aires “no puede seguir con herramientas del siglo pasado” y que avanzar hacia un sistema electoral más moderno y confiable es un paso necesario para fortalecer las instituciones democráticas.

La preservación de las calles de adoquines ocupó gran parte del debate público local en las últimas semanas. Mientras el Municipio avanza con la obra de pavimentación de Sarmiento al 1100 -donde se levantó el adoquinado-, en la comisión de Obras Públicas y Urbanización y en la de Cultura y Educación del Concejo Deliberante se debaten tres proyectos al respecto: uno de la UCR, uno de Fuerza Patria y uno de Hechos/Alternativa Tandil.

Las propuestas presentan coincidencias y diferencias, pero de acuerdo a la información a la que pudo acceder El Eco de Tandil, las fuerzas políticas no descartan que se pueda alcanzar una iniciativa de consenso.

Existen dos aspectos centrales sobre los que los concejales discuten: la primera, las calles a proteger. En ese sentido, con la postura de incorporar otras miradas y sugerencias el oficialismo propone circunscribir las calles patrimoniales al casco histórico, la avenida Colón y la avenida principal de María Ignacia, mientras que Hechos plantea la posibilidad de resguardar la totalidad de las arterias de granitullo y una de adoquines.

Por su parte Fuerza Patria introdujo el segundo punto de análisis, la posibilidad de que no sea solo el Concejo quien defina las calles a proteger, sino una comisión integrada por especialistas, a partir de un estudio y evaluación e la situación actual.

Desde Acción Tandilense/La Libertad Avanza no elevaron proyecto, en vistas de que la discusión principal ya se encuentra contemplado por las mencionadas iniciativas, pero forman parte del debate en el marco de la comisión de Obras Públicas.

Cabe recordar, actualmente es el anexo 5 del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) el que establece los bienes patrimoniales preservados. En cuanto a las calles, las únicas protegidas son aquellas que rodean a la Plaza Independencia, por lo que los diferentes proyectos presentados plantean la modificación de dicha ordenanza e incorporar nuevas arterias.

Además, se encuentra vigente otra ordenanza 18455 –propuesta en 2024 por el concejal Federico Martínez, de Fuerza Patria-, la cual marca que los adoquines retirados de espacios públicos deben reutilizarse en otros espacios públicos –priorizando el paraje Cerro Leones-, agregando señalizaciones y descripciones históricas.

En ese sentido, desde el gobierno municipal informaron de la intención de reubicar los adoquines retirados de calle Sarmiento en el parque ecológico anunciado para el Dique Viejo, el Paseo de las Flores y los Pájaros y otros sitios. También evalúan que la ordenanza pueda contemplar que los mismos se destinen a escuelas públicas.

El proyecto presentado por el bloque UCR se denomina “Declaración como patrimonio de calles con adoquines o granitullo”. Desde el oficialismo transmitieron que analizaron la situación -junto al Ejecutivo- contemplando dos aspectos: los reclamos vecinales por los estados del adoquinado, y a su vez su posible preservación sin “perpetuar el problema” generado por la dificultad y alto costo del mantenimiento.

“Resultaría conveniente resguardar aquellas cuadras de mayor trascendencia, valorando la historia, los cimientos donde se construyó la ciudad, sin dejar de acompañar el crecimiento”, indica la propuesta oficial. La misma marca que las calles que se incorporarán al registro de protección deberán contar con una serie de criterios técnicos: valor histórico verificable, integridad material significativa del empedrado original, informe técnico favorable, compatibilidad funcional con tránsito regulado, potencial estratégico en la configuración del paisaje urbano, factibilidad presupuestaria para su mantenimiento sostenido en el tiempo.

A su vez, imposibilita que el régimen de protección incorpore calles que “no reúnan condiciones estructurales mínimas que permitan su adecuada conservación”, “presenten un grado de deterioro tal que implique la pérdida sustancial de su material original y “resulte incompatible con la dinámica urbana actual, en función de su jerarquía vial, intensidad de tránsito o necesidad estratégica de conectividad”.

En concreto, la UCR propone catalogar como protegidas las calles Chacabuco entre Maipú y Av. España; Fuerte Independencia entre Maipú y Belgrano; Yrigoyen entre Pinto y Av. España; Gral. Rodríguez entre Maipú y Av. España; 9 de Julio entre Maipú y Av. España; Maipú entre Chacabuco y 9 de Julio; Belgrano entre Chacabuco y 9 de Julio; Pinto entre Chacabuco y 9 de Julio; San Martin entre Chacabuco y 9 de Julio; Sarmiento entre Chacabuco y 9 de Julio; Mitre entre Chacabuco y 9 de Julio; Av. Colón (ambos sentidos) entre Av. España/Av. Marconi y Av. Del Valle y la Av. Tandil (ambos sentidos) entre Gral. Rodríguez y Rivadavia de María Ignacia Vela.

Por su parte, el proyecto de Hechos propone incorporar otras arterias al régimen de protección: Arana, Pellegrini, Montevideo, y Las Heras entre Gral. Paz y 4 de Abril; Uriburu entre Av. Colón y 4 de Abril ; Garibaldi entre Yrigoyen y 4 de Abril; Mitre entre 14 de Julio y Av. Santamarina; Sarmiento, San Martín, Pinto, y Gral. Belgrano entre 14 de Julio y Av. Santamarina; Maipú entre 14 de Julio y Alem; 25 de Mayo entre 14 de Julio y 9 de Julio; Constitución entre Chacabuco y 9 de Julio; 4 de Abril entre Machado y Av. Marconi; Av. Colón entre Av. Del Valle y Av. Marconi/Av. España; Av. Santamarina entre Av. Marconi/Av. España y Gral. Belgrano; Gral. Paz entre Av. Del Valle y Gral. Belgrano; Alem entre Pellegrini y 25 de Mayo; 9 de Julio y Gral. Rodríguez entre Las Heras y Av. Avellaneda; Yrigoyen entre Las Heras y Pinto; Fuerte Independencia entre Gral. Belgrano y Av. Avellaneda; Chacabuco y 14 de Julio entre Av. España y Constitución; 4 de Abril entre Mitre y Sarmiento.

Desde el bloque que lidera Marcos Nicolini plantearon que la iniciativa que elaboraron busca volver a proteger la totalidad de las calles de granitullo de la ciudad, retomando la ordenanza vigente hasta la sanción del PDT e incorporando la cuadra adoquinada de 4 de Abril entre Sarmiento y Mitre.

El proyecto de Fuerza Patria introduce en el debate la posibilidad de que no sea solo el Legislativo el que defina las calles a proteger, sino una comisión conformada especialmente con ese propósito.

En concreto, la iniciativa del peronismo propone crear la Comisión de Asesoramiento para la Protección de Calles con valor Histórico Patrimonial, la cual estaría integrada por representantes del Colegio de Arquitectos, del de Ingenieros, la Unicen, así como también el gobierno comunal y el Concejo Deliberante.

“Hasta tanto la comisión creada por esta ordenanza no dictamine las Calles con Valor Histórico Patrimonial no se podrán realizar obras que afecten los ambientes con características fundacionales de valor patrimonial”, indica la propuesta de Fuerza Patria.

El proyecto sugiere además que la Secretaría de Obras Públicas –como autoridad de aplicación-, también realice un relevamiento de las calles adoquinadas para evaluar y proponer.

Por otra parte, desde Fuerza Patria propusieron que dicha autoridad de aplicación sea quien contemple las capacitaciones del personal municipal para llevar a cabo las tareas de reparación necesarias de las arterias de adoquines y granitullo.

La concejal Andrea Pezzi presentó un proyecto de resolución con el objetivo de solicitar al Gobierno nacional la transferencia de los fondos correspondientes a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Gardey, unos 94 millones de pesos. La iniciativa se trabajó durante las últimas jornadas en la Comisión de Economía del Honorable Concejo Deliberante, y será llevada al recinto para su tratamiento definitivo en la primera sesión ordinaria del año, el próximo jueves 12.

Al respecto, Pezzi –oriunda y residente de Gardey-, explicó los motivos de la urgencia: "Fuimos hablando el tema y propuse hacer una resolución pidiendo a Nación que estos fondos puedan llegar al cuartel de Gardey. La cuota de socio de toda la comunidad o un evento, más lo que te pueda dar Provincia, lo que te puede dar el Municipio cubren la parte operativa, pero cuando vos encarás una obra grande lleva más volumen de dinero y ellos lo estaban esperando con muchas ganas a ese dinero para terminar esta obra que menciono y el pago de estos materiales para su trabajo".

Según detalló la edil, el financiamiento de los bomberos voluntarios de Gardey se compone de tres partidas de fondos: una de carácter provincial, otra municipal y una tercera de nivel nacional. Esta última representa un monto anual de 94 millones de pesos que se distribuye entre cuatro cuarteles que componen la zona de influencia: Rauch, Ayacucho, Las Flores y Gardey. Habitualmente, este remanente de dinero ingresa a las arcas de la institución entre los meses de octubre y diciembre; sin embargo, en esta oportunidad, el pago no se hizo efectivo, lo que paralizó proyectos clave para el crecimiento de la entidad.

La comunidad de Gardey, que cuenta con una población de poco más de mil habitantes, depende fundamentalmente de este respaldo económico para afrontar inversiones de gran escala. En el caso puntual del cuartel, el dinero estaba destinado a la finalización de una obra de baños y vestuarios, un requerimiento básico para el personal. Asimismo, la institución ya había concretado la adquisición de elementos específicos para el trabajo en siniestros viales, particularmente herramientas de corte para automóviles, cuyo pago quedó comprometido ante la falta de los recursos esperados.

El impacto de la demora en la operatividad del cuartel

La preocupación de las autoridades locales y de los propios bomberos radica en la intensa actividad que el cuartel mantuvo durante la última temporada. Gardey posee una zona amplia de cobertura y los voluntarios debieron intervenir en más de 90 salidas para combatir incendios forestales y de pastizales en los diferentes campos que rodean a la localidad. Estos operativos no solo demandan un gran esfuerzo humano, sino que generan gastos extraordinarios en combustible, mantenimiento de unidades y reposición de materiales que tensionan el presupuesto operativo de la institución.

En ese sentido, Pezzi subrayó la importancia de resguardar el patrimonio de la asociación. "Ellos tienen una zona amplia de cobertura y tuvieron varias salidas, casi unas 90 y pico de salidas para cubrir estos siniestros de fuego que se fueron dando en diferentes campos que rodean a Gardey, y eso también generan gastos. Obviamente que generan el temor porque no lo querés perder, porque querés seguir sosteniendo el lugar", manifestó la concejal.

La situación financiera del cuartel presenta un contraste marcado, ya que tanto la Municipalidad de Tandil como el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentran "totalmente al día" con los aportes correspondientes. El cuello de botella se originó en la órbita nacional. Según los fundamentos esgrimidos por referentes del espacio oficialista a nivel nacional en las reuniones de comisión, la prioridad de las partidas se vio afectada debido a la magnitud de otros incendios de grandes proporciones ocurridos en el país, lo que derivó en una postergación de estos pagos para los cuarteles más pequeños.

Consenso político para el fortalecimiento institucional

Pese a las diferencias ideológicas,  Pezzi sostuvo que el tratamiento de la resolución en la Comisión de Economía mostró un fuerte espíritu de colaboración entre las fuerzas políticas que integran el cuerpo legislativo. La intención la concejal fue garantizar que el pedido tuviera el respaldo de todo el arco político para dotarlo de mayor peso institucional ante las autoridades nacionales.

"Lo tratamos en la Comisión de Economía, donde estábamos los representantes de todos los bloques. Contamos con integrantes de la representación del bloque nacional, y ellos también tomaron esta buena predisposición de poder ponerse en contacto para ver que estos fondos lleguen. Fue un consenso lindo. Espero que esto lleve a Gardey a un buen resultado porque realmente lo están necesitando", relató.

La concejal insistió en que el crecimiento de una institución joven como la de Gardey requiere de un apoyo económico constante y equitativo, más allá de los criterios de priorización que se apliquen en situaciones de emergencia climática a nivel federal. El objetivo de la resolución es que sirva como una herramienta de gestión para destrabar los fondos y permitir que los bomberos locales sigan brindando seguridad a los vecinos de la zona rural.

Para finalizar, Pezzi remarcó su postura de trabajo conjunto: "Indagué si algún otro bloque se había acercado, se habían preguntado para no interferir y en el trabajo y sí sumarme al pedido de cualquiera de los bloques, porque como siempre digo, bomberos voluntarios, la salud pública, los abuelos, la seguridad, son cosas que hacen bien a los vecinos. Entonces, creo que ahí tenemos que lograr el consenso y tener una mirada más allá de las ideologías, trabajar para el vecino".

El radicalismo bonaerense dio un paso clave para buscar la normalización del partido y decidió adelantar la elección interna para el siete de junio, tres meses antes de la fecha original, que estaba prevista para el seis de septiembre. Durante esa jornada, se elegirán las nuevas autoridades del Comité Provincia.

El quórum para votar la moción de adelantamiento de los comicios se consiguió gracias a la participación de siete de los diez dirigentes que debían definir este tema en La Plata. En el encuentro, también se avanzó con el armado de una junta promotora para coordinar el proceso electoral.

El sector que impulsó esta medida estuvo liderado por el senador nacional Maximiliano Abad, quien se posicionó frente a la postura del espacio que comanda su exsocio político y actual presidente del Comité, Miguel Fernández. En esta estrategia, acompañaron a Abad dirigentes como Martín Lousteau, Daniel Salvador y Gustavo Posse, entre otros referentes con representación interna.

Abad, quien se desempeñó como expresidente del Comité Provincia, sostuvo que el radicalismo bonaerense debió resolver rápidamente su crisis de conducción para encaminarse a recuperar presencia y competitividad pensando en el año 2027. Desde su espacio consideraron que, para defender a los intendentes radicales y construir una alternativa sólida, resultó indispensable avanzar cuanto antes hacia una nueva conducción.

La crisis institucional en el radicalismo se disparó con la irresuelta elección de 2025. Ante la inminencia de la elección general del año pasado, las facciones entraron en una tregua bajo un esquema de conducción de emergencia, integrado por el Comité y la Convención provisorios. Sin embargo, el mapa de alianzas y afinidades internas mutó desde aquel entonces.

Finalmente, la dirigencia radical evaluó que fue necesario adelantar el reordenamiento partidario para prepararse ante un eventual adelantamiento de las elecciones generales del próximo año, producto de un posible desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires.

El reclamo en Provincias Unidas se basa en que los diputados radicales no se encolumnaron detrás de la decisión del partido de defender las leyes de Discapacidad y de universidades, cuya derogación impulsaba el Gobierno en la ley de Presupuesto 2026.

La nueva comidilla dentro del debilitado radicalismo apareció luego que los diputados radicales de Provincias Unidas Martín Lousteau, Jorge Rizzoti, Pablo Juliano, Mariela Coletta y María Inés Zigarán firmaran una nota dirigida al presidente del partido, Leonel Chiarella, para que se los reconozca como única representación en la Cámara de Diputados.

Ese pedido no podrá tratarse hasta la próxima reunión del partido y es probable que no se llegue rápido a ninguna resolución, según reconocieron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

De todas maneras, el bloque “oficial” de diputados radicales, que preside Pamela Verasay, sostiene que esa bancada “se impuso en la pulseada que pretendía quitarle el uso del sello radical”, según señalaron voceros.

Para los allegados a Verasay, fue “un fracaso rotundo la maniobra planteada por Provincias Unidas”, a los que definieron como una minoría que siempre fue rupturista”, además de señalar que el “Comité Nacional no tiene pensado tratar ese pedido”.

De hecho, hoy hubo una reunión virtual pero ese pedido no estuvo en la agenda de temas que trató la nueva conducción de la UCR.

La UCR quedó fragmentada y su representación muy disminuida en la Cámara de Diputados, ya que la bancada oficial tiene seis miembros; en Provincias Unidas hay cinco radicales y dos radicales “con peluca” se sumaron a La Libertad Avanza, además de la radical Karina Banfi que armó un monobloque.

Los seis radicales que conforman el bloque de la UCR son, además de Verasay, el mendocino Lisandro Nieri; los chaqueños Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini, el correntino Diógenes González y el entrerriano Dario Schneider. NA

El Ejecutivo incorporó al proyecto de Presupuesto las modificaciones planteadas por la oposición sobre la actualización de la tasa retributiva, y si los bloques acuerdan dictamen en la Comisión de Economía, la ordenanza madre se encamina a aprobarse por mayoría. Por su parte desde Alternativa Tandil y Acción Tandilense-La Libertad Avanza coincidieron en manifestar disidencias con respecto a los ajustes sobre el resto de las tasas.

“La modificación de la Ordenanza Fiscal Impositiva va a estar el lunes 29 a primera hora. Voy a convocar a la Comisión de Economía a fin de lograr el dictamen. Obviamente para el Ejecutivo, así como en Nación y Provincia, es mejor y más saludable tener un presupuesto aprobado. Así que haremos lo posible por lograrlo. Si no es el lunes 29, será el 30 o en enero. Pero la intención del oficialismo es generar un dictamen”, expresó María Haydeé Condino, concejal de la UCR y presidenta de la Comisión de Economía y Presupuesto.

Tal como informó El Eco, el eje del debate del Presupuesto se centró en el esquema de actualización de las tasas, y en particular la Retributiva de Servicios, la cual alcanza a la mayor cantidad de contribuyentes. Desde la oposición marcaron que el incremento debe regirse por la evolución del IPC, sin las sumas fijas que establecía el proyecto original.

“Entiendo que la tasa retributiva, que ha tenido la modificación que todos han pedido, que es que se contemple exclusiva y únicamente IPC, ese artículo de la ordenanza debería salir por unanimidad”, indicó Condino al respecto.

Desde Fuerza Patria habían solicitado además que el Presupuesto no contemple una diferenciación tributaria para grandes generadores de residuos, no por diferencias con la propuesta sino con su implementación. Sin embargo al cierre de esta edición, el oficialismo no tenía la definición sobre el tema.

En diálogo con El Eco, el concejal y referente de Hechos – Alternativa Tandil, Marcos Nicolini, manifestó la postura del bloque con respecto al Presupuesto. “Lo que planteamos es que para las tasas prediales, que son la Retributiva de Servicios, la Tasa Vial y la de Servicios Sanitarios, estamos de acuerdo con el incremento por IPC, bimestral”, sostuvo. 

Sin sumar aumentos por fuera del IPC, marcó la necesidad de reconocerle dicha suba mensual para que el ítem no se retrase. “Si es solo por Índice de Precios al Consumidor, la retributiva estamos dispuestos a acompañarla”, aseguró. Agregó que más allá de la Tasa Retributiva, desde el bloque solicitaron que el conjunto de las tasas prediales no sean afectadas por sumas fijas externas al IPC.

Con respecto a la Tasa de Salud, hizo mención a “los aumentos que hubo en insumos hospitalarios, remedios y prótesis”, por lo que marcó que “lo que le planteamos al Ejecutivo es que estamos de acuerdo en un incremento del 20 por ciento, no en uno del 20 más el 20 en el segundo y cuarto bimestre”. Sostuvo que desde el oficialismo “no fueron claros” en contemplar dicho punto y que “no estarían dispuestos a modificarla”.

Un punto determinante para el avance del Presupuesto, consideró Nicolini, será la redacción de las ordenanzas. “Si está todo junto, no se permite hacer esta diferenciación, y estás votando todas las tasas prediales juntas”, indicó.

En términos generales, desde Alternativa Tandil plantearon al oficialismo que “las tasas llegaron actualizadas porque en los últimos dos presupuestos que votaron los dos mismos bloques, hubo fuerte incremento de tasas. La tasa de salud creció el año pasado un 120 por ciento. Es cierto que los insumos han crecido, y por eso aceptamos el 20 por ciento. Pero después, el resto de las tasas llegaron actualizadas”, como definió Nicolini.

“Va en contra del paradigma del Estado Nacional”

Consultado por la posición de Acción Tandilense – La Libertad Avanza, Gonzalo Santamarina manifestó que “la única tasa que podemos llegar a votar es la retributiva, porque en principio están planteando que sería solo por IPC, pero servicios sanitarios, tasa de salud, y alguna más inclusive en las que hay algunos cambios de alícuotas, no los vamos a acompañar, de ninguna manera”.

En concreto, Santamarina señaló que desde el bloque contaban con la expectativa de “estar debatiendo un presupuesto razonable, acorde con el contexto de baja de impuestos que está sucediendo en el nivel nacional” y que “cuide el bolsillo de los tandilenses”.

Sin embargo, marcó que “nos pasamos el año escuchando lo mal que estaba la gente, y cuando tienen la oportunidad de tener un gesto, de cuidarles el bolsillo a los tandilenses, le dan un nuevo zarpazo que en la tasa de salud cuadriplica la inflación esperada y en la servicios sanitarios más que la triplica”.

Sumó además que “evidentemente, no pueden salirse de la inercia y vuelven a replicar la lógica de los presupuestos 2024 y 2025, que tuvieron un aumento acumulado escandaloso del orden del 500 por ciento, muy por encima de la inflación. Al lunghismo y al kirchnerismo no les tembló el pulso a la hora de votarlos. Y ahora de nuevo”.

El intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, fue elegido este viernes presidente del Comité Nacional del partido, un cargo en el que sucederá a Martín Lousteau.

Chiarella, de 36 años, sostuvo que durante su gestión buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo de la UCR. La UCR gobierna 5 provincias, más de 500 intendentes y demostramos en todas nuestras gestiones la eficiencia y que, cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan”.

“Gobernamos y lo hacemos con mucho coraje porque llevamos adelante una lucha contra el narcotráfico”, insistió el dirigente santafesino.

Consultado sobre la reforma laboral, Chiarella que trabajará junto a los bloques legislativos de la UCR y anticipó que “hay un sistema que no funcionó, porque hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad”.

“Tiene que haber una modernización laboral y trabajaremos para que estén representadas las pymes, los trabajadores y los pequeños comerciantes”, afirmó.

También sostuvo que “hay cuestiones que el Gobierno plantea con las que estamos de acuerdo, que no tienen que ver con una cuestión ideológica sino con el sentido común: no es ideológico gastar menos de lo que se recauda; que los presos no puedan cometer delitos desde la cárcel y que el Estado acompañe al sector productivo”, ejemplificó.

La elección de Chiarella no contó con el visto bueno de todos los sectores, dado que ni el experimentado Federico Storani ni nadie de Radicalismo Auténtico integrará el nuevo Comité Nacional. ¿La razón? Acusan a la nueva conducción de buscar integrarse al armado de Provincias Unidas, que “ya resultó un fiasco electoral en la provincia de Buenos Aires”, señalaron fuentes del partido.

Así, referentes como Storani, Juan José Casella y Luis Cáceres apuntan a consolidar el Radicalismo Auténtico.