El delegado regional de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina, Ezequiel Cabrera, aseguró en diálogo con El Eco de Tandil que continuarán luchando en pos de conseguir un incremento para los trabajadores.

Según expresó, desde el Ministerio de Trabajo cuentan con el aval de que no se va a firmar ni homologar ningún incremento que quede por debajo del límite de la pobreza.

“Iremos hasta las últimas consecuencias contra la CAESI (Cámara que agrupa al sector de seguridad privada). Las empresas tienen que equiparar también las ganancias para los trabajadores, estamos cansados que se llenen los bolsillos de plata a costas del trabajador”, clamó Cabrera. 

Asimismo, el referente de UPSRA, junto a los delegados a nivel nacional y la comisión directiva, están arduamente luchando para sacar a los trabajadores de seguridad de la línea de pobreza.

“No podemos permitir un atropello al bolsillo del trabajador y encima, con la inflación que tenemos, no se llega a fin de mes”, remarcó. 

Finalmente, destacó el trabajo que están llevando adelante Celeste Ferrara y el secretario general Alberto García.

El delegado regional del gremio Unión Personal de Seguridad República Argentina, Ezequiel Cabrera, se comunicó con El Eco de Tandil para denunciar una situación irregular que están atravesando y recordó que años atrás ya habían sorteado un conflicto de la misma índole.

De acuerdo a lo expresado por el propio Cabrera, hace ya más de un mes el sindicato sufrió la intervención de la obra social de los trabajadores de seguridad privada.

“El gremio ya había sufrido una intervención en los sindical hace cuatro años y eso dejó graves consecuencias: un vaciamiento económico total y edificios, que son propiedad de la agremiación, rotos y usurpados. Principalmente en la sede central de Buenos Aires, y todo fue promovido por el ‘barrionuevismo’”, clamó.

En tanto, lamentó que “ahora nos toca vivir seguramente otra vez lo mismo”, y recordó que en julio del año pasado hubo un nuevo intento de intervención, pero la Justicia tomó cartas en el asunto y disipó el conflicto.

“Ángel Alberto García y Celeste Ferrara, junto a su equipo de abogados, recurrieron a la Justicia y repusieron a las autoridades. Pero ahora fueron más arriba: como no pudieron con la parte gremial, se metieron con la obra social”, denunció el delegado regional.

Cercioró que lo que está ocurriendo es un “atropello al trabajador”, y sostuvo que gracias a Ferrara, quien conducía la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas, “estábamos saliendo a flote y nos estábamos manejando con presupuestos, reintegros y demás”.

Asimismo, destacó la buena predisposición de Ferrara exponiendo que cada vez que los afiliados tenían algún problema o necesitaban resolver una situación, ella les daba una respuesta o una solución.

“Y como peronista me duele que esta intervención haya sido firmada por el presidente Alberto Fernández luego que la misma obra social, al principio de la pandemia, colaborara con una suma muy importante de dinero para comprar respiradores y demás elementos”, señaló el delegado regional de la UPSRA y añadió: “Que en estos momentos difíciles que nos toca vivir como humanidad, luchando arduamente contra el Covid-19, nos intervengan en plena pandemia nuestra obra social, no me parece ético. Hoy en día la salud juega un papel sumamente importante en la cotidianidad”.

La salud de los trabajadores por delante

Enfatizó Cabrera que, a esta altura, ya no le interesa quién se ofenda con lo que expuso o si cuenta con el apoyo del resto de los gremios, sino que consideró como primordial la salud de los trabajadores a los cuales representa.

“En lugar de haber firmado para que se intervenga una obra social en este duro momento, creo que hubiese sido más necesario, y aún lo es, darle trabajo verdadero a la gente y tratar de profundizar más en el tema de las vacunas. Considero que el Gobierno viene manejando muy bien la pandemia, cosa que no creo que hubiese hecho Macri, pero que hayan firmado esta intervención me descolocó”, aseguró.

Contó que la intromisión en la obra social arrancó muy mal y cercioró que despidieron a varios compañeros que se habían contagiado de coronavirus, como así también se dejaron de pagar gastos de delegaciones, reintegros, presupuestos y “hasta se dieron el lujo de retener el sueldo de algunos trabajadores por más de 26 días, poniendo la plata en un plazo fijo”.

“La verdad es que es una caradurez lo que han hecho con esta intervención. Y ciertamente ya no entiendo a la Justicia de este país. Hace cuatro años vivimos algo similar, cuando se metieron en el gremio y robaron plata, destruyeron la sede central y malversaron fondos. Nosotros hicimos todo tipo de denuncias, pero como tienen un buen padrino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia está planchada; no hace nada”, exclamó Cabrera.

Finalmente subrayó que lo que más lástima, bronca e impotencia le genera es el “atropello” que les toca vivir a los trabajadores, que son los que siempre se ven afectados en estos conflictos “mientras que el interventor de turno mira para otro lado o, mejor dicho, tiene la orden de observar otro horizonte”.

El delegado regional del gremio Unión Personal de Seguridad República Argentina, Ezequiel Cabrera, se comunicó con El Eco de Tandil para denunciar una situación irregular que están atravesando y recordó que años atrás ya habían sorteado un conflicto de la misma índole.

De acuerdo a lo expresado por el propio Cabrera, hace ya más de un mes el sindicato sufrió la intervención de la obra social de los trabajadores de seguridad privada.

“El gremio ya había sufrido una intervención en los sindical hace cuatro años y eso dejó graves consecuencias: un vaciamiento económico total y edificios, que son propiedad de la agremiación, rotos y usurpados. Principalmente en la sede central de Buenos Aires, y todo fue promovido por el ‘barrionuevismo’”, clamó.

En tanto, lamentó que “ahora nos toca vivir seguramente otra vez lo mismo”, y recordó que en julio del año pasado hubo un nuevo intento de intervención, pero la Justicia tomó cartas en el asunto y disipó el conflicto.

“Ángel Alberto García y Celeste Ferrara, junto a su equipo de abogados, recurrieron a la Justicia y repusieron a las autoridades. Pero ahora fueron más arriba: como no pudieron con la parte gremial, se metieron con la obra social”, denunció el delegado regional.

Cercioró que lo que está ocurriendo es un “atropello al trabajador”, y sostuvo que gracias a Ferrara, quien conducía la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas, “estábamos saliendo a flote y nos estábamos manejando con presupuestos, reintegros y demás”.

Asimismo, destacó la buena predisposición de Ferrara exponiendo que cada vez que los afiliados tenían algún problema o necesitaban resolver una situación, ella les daba una respuesta o una solución.

“Y como peronista me duele que esta intervención haya sido firmada por el presidente Alberto Fernández luego que la misma obra social, al principio de la pandemia, colaborara con una suma muy importante de dinero para comprar respiradores y demás elementos”, señaló el delegado regional de la UPSRA y añadió: “Que en estos momentos difíciles que nos toca vivir como humanidad, peleando arduamente contra el Covid-19, nos intervengan en plena pandemia nuestra obra social, no me parece ético. Hoy en día la salud juega un papel sumamente importante en la cotidianidad”.

La salud de los trabajadores por delante

Enfatizó Cabrera que, a esta altura, ya no le interesa quién se ofenda con lo que expuso o si cuenta con el apoyo del resto de los gremios, sino que consideró como primordial la salud de los trabajadores a los cuales representa.

“En lugar de haber firmado para que se intervenga una obra social en este duro momento, creo que hubiese sido más necesario, y aún lo es, darle trabajo verdadero a la gente y tratar de profundizar más en el tema de las vacunas. Considero que el Gobierno viene manejando muy bien la pandemia, cosa que no creo que hubiese hecho Macri, pero que hayan firmado esta intervención me descolocó”, aseguró.

Contó que la intromisión en la obra social arrancó muy mal y cercioró que despidieron a varios compañeros que se habían contagiado de coronavirus, como así también se dejaron de pagar gastos de delegaciones, reintegros, presupuestos y “hasta se dieron el lujo de retener el sueldo de algunos trabajadores por más de 26 días, poniendo la plata en un plazo fijo”.

“La verdad es que es una caradurez lo que han hecho con esta intervención. Y ciertamente ya no entiendo a la Justicia de este país. Hace cuatro años vivimos algo similar, cuando se metieron en el gremio y robaron plata, destruyeron la sede central y malversaron fondos. Nosotros hicimos todo tipo de denuncias, pero como tienen un buen padrino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia está planchada; no hace nada”, exclamó Cabrera.

Finalmente subrayó que lo que más lástima, bronca e impotencia le genera es el “atropello” que les toca vivir a los trabajadores, que son los que siempre se ven afectados en estos conflictos “mientras que el interventor de turno mira para otro lado o, mejor dicho, tiene la orden de observar otro horizonte”.

El gremio Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) logró un convenio con las cámaras que agrupan a las empresas de seguridad privada y electrónica.

Según informó Ezequiel Cabrera, delegado regional de la UPSRA, a El Eco de Tandil, acordaron un aumento del 25.21 por ciento, desglosado en dos partes: 10 % a partir del 1 de septiembre y el restante 15.21% desde el 1 de enero del año próximo.

“Esto se logró gracias a la gestión del secretario general Alberto Ángel García, quien conduce nuestro gremio”, expresó Cabrera.

Ezequiel Cabrera, delegado regional del gremio Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA), denunció irregularidades en la Cooperativa de Trabajo El Custodio y cargó contra el Municipio y la Unicen por avalar sus acciones.

Se trata de una cooperativa bonaerense que tiene asiento en Tandil desde hace ya varios años y que, según advirtió Cabrera, en el interior no funciona de manera correcta, como sí lo hace en Capital Federal. “Igualmente no es solo en la ciudad, se ha instalado también en Azul y Las Flores. Incluso en Olavarría, el rector de la Unicen, Roberto Tassara, les entregó el predio completo para que lo custodien”, refirió.

Remarcó además que lo que hace esta cooperativa es un “atropello hacia el trabajador” y que “juega con la necesidad de la gente”: “Los empleados están sin franco, sin vacaciones, se enferman y esos días que faltan se los descuentan, son monotributistas…”, cuestionó Cabrera, de 41 años.

Por otra parte, evaluó que puede llegar a haber alguien que desde dentro de la Municipalidad avala la modalidad de trabajo de esta cooperativa y se sorprendió por la actitud de Tassara: “Me llamó la atención que el rector, conociendo o desconociendo, permitiera el atropello”.

Lo que ocurre, aclaró, es que el Municipio le otorga a esta asociación la mayoría de los “objetivos” que tiene. “Cuando una empresa necesita un trabajador de seguridad privada físico para que custodie el lugar, para nosotros es un ‘objetivo’. Y el Ejecutivo es el gran proveedor de éstos a las cooperativas”, explicó y aclaró: “Lo que pasa es que la empresa presupuesta como corresponde, con un valor que va entre 390 y 410 pesos, aproximadamente, pero se presenta también a la licitación una cooperativa que cotiza 200 pesos y obviamente se lo dan. Y si pasas ese presupuesto es imposible que tengas al trabajador como corresponde; alguna falla hay”.

Uno de los grandes inconvenientes que advirtió fue que no pueden representar a los empleados de estas asociaciones porque no están afiliados al gremio; y otro fue que los mismos trabajadores tienen miedo de perder su fuente de trabajo y por eso no realizan las denuncias de manera formal.

“Correr a las cooperativas”

Señaló el delegado regional de UPSRA que lo que debe hacer él ahora, y lo que le solicitan las mismas empresas, es que verifique el funcionamiento de las cooperativas ya que en este escenario les acaparan todos los “objetivos”.

Reconoció que entiende al Municipio si tiene que abaratar costos, pero enfatizó que deben regular y controlar que los trabajadores estén como corresponde. “Y eso la Municipalidad no lo hace; nunca lo hizo”, clamó.

Contó que su idea es “correr a las cooperativas” y que el personal sea absorbido por las empresas para que estén en las condiciones laborales correctas. “De esa forma voy a tener la certeza de que se va a cumplir con lo que marca el convenio colectivo de trabajo nuestro, el 507/07”, sentenció.

Bajo su parecer, entonces, lo que debe hacer el Gobierno comunal es volver a licitar pero solo para las empresas y que los trabajadores de las cooperativas pasen a alguna compañía privada: “Yo hablaré con quien tenga que hacerlo para que los absorban. La idea no es dejarlos sin trabajo”.

Relaciones directas

Subrayó Cabrera que, en caso de que se vuelvan a hacer las licitaciones, los “objetivos” deberían entregarse a empresas y no a cooperativas por “amiguismo”.

Evaluó que “seguramente hay relaciones directas entre quien autoriza a las cooperativas y los encargados” ya que “no puede ser que El Custodio tenga la mayoría de los ‘objetivos’ municipales. Hay algo más aparte de lo económico”.

Contó que esta asociación en particular “juega con la necesidad de la gente”, le paga entre 70 y 80 pesos la hora y la hace trabajar hasta 12 horas nocturnas.

“El sueldo de un vigilador en las empresas, obviamente sin antigüedad y sin horas nocturnas, ronda entre 28 y 30 mil pesos. Esta gente para llegar a ese monto, que desde ya no llega, tendría que trabajar 20 horas por día”, exclamó.

Mencionó, además, que El Custodio ya tiene algunos juicios en curso y denunció que “presupuestan 200 pesos, se guardan la mitad y el resto lo usan para pagar a los empleados”. Incluso, le apuntó a Sirgo y reveló que “lo he escuchado decir ‘quiero tomar gente que tenga la necesidad de trabajar’. No podés jugar con eso”.

Volver a licitar en el marco de la ley

Exigió y solicitó, entonces, que el Municipio revea esta situación y vuelva a llamar a licitación. Mientras tanto, confió que cuando reabra el Ministerio de Trabajo realizará las denuncias correspondientes, puesto que debe defender a los trabajadores.

“Lo más lógico sería la licitación en breve y la eliminación de este tipo de cooperativas. Porque acá en definitiva los que se benefician son los delegados y los dueños”, remarcó.

Añadió que, por otra parte, también pretende que los clientes que necesiten contratar seguridad privada averigüen la situación de cada cooperativa: “Que se arrimen al gremio y yo los aconsejo, les paso el listado de empresas que trabajan dentro del marco de la ley como se debe”.

El ejemplo de Olavarría y las expectativas

En el transcurso de la semana elevará una carta al Municipio y tratará de contactarse tanto con Claudio Biset, secretario de Economía, como con el director de Compras, Leandro Donato.

Basándose en lo que ocurrió en Olavarría, donde su jefe Miguel Arena realizó las denuncias correspondientes y logró que dejaran de contratar a las cooperativas, Cabrera reconoció que las expectativas son buenas: “Tengo fe de que acá hagan lo mismo. En la semana voy a preparar una nota, la voy a presentar en la Municipalidad y voy a hablar con el jefe de Compras para que revea la situación”.

Finalmente, remarcó que espera que la Unicen también revise el tema de las licitaciones y del manejo de la seguridad para que no continúen advirtiéndose “atropellos al personal”.

Ezequiel Cabrera, delegado regional del gremio Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA), denunció irregularidades en la Cooperativa de Trabajo El Custodio y cargó contra el Municipio y la Unicen por avalar sus acciones.

Se trata de una cooperativa bonaerense que tiene asiento en Tandil desde hace ya varios años y que, según advirtió Cabrera, en el interior no funciona de manera correcta, como sí lo hace en Capital Federal. “Igualmente no es solo en nuestra ciudad, se ha instalado también en Azul y Las Flores. Incluso en Olavarría, el rector de la Unicen, Roberto Tassara, les entregó el predio completo para que lo custodien”, refirió.

Remarcó además que lo que hace esta cooperativa es un “atropello hacia el trabajador” y que “juega con la necesidad de la gente”: “Los empleados están sin franco, sin vacaciones, se enferman y esos días que faltan se los descuentan, son monotributistas…”, cuestionó Cabrera, de 41 años.

En nuestra ciudad, el encargado de El Custodio es Roberto Sirgo, con quien reconoció nunca haber hablado y que “tampoco me interesa hacerlo”. 

Por otra parte, evaluó que puede llegar a haber alguien que desde dentro de la Municipalidad avala la modalidad de trabajo de esta cooperativa y se sorprendió por la actitud de Tassara: “Me llamó la atención que el rector, conociendo o desconociendo, permitiera el atropello”.

Lo que ocurre, aclaró, es que el Municipio le otorga a esta asociación la mayoría de los “objetivos” que tiene. “Cuando una empresa necesita un trabajador de seguridad privada físico para que custodie el lugar, para nosotros es un ‘objetivo’. Y el Ejecutivo es el gran proveedor de éstos a las cooperativas”, explicó y aclaró: “Lo que pasa es que la empresa presupuesta como corresponde, con un valor que va entre 390 y 410 pesos, aproximadamente, pero se presenta también a la licitación una cooperativa que cotiza 200 pesos y obviamente se lo dan. Y si pasás ese presupuesto es imposible que tengas al trabajador como corresponde; alguna falla hay”.

En tanto, uno de los grandes inconvenientes que advirtió fue que no pueden representar a los empleados de estas asociaciones porque no están afiliados al gremio; y otro fue que los mismos trabajadores tienen miedo de perder su fuente de trabajo y por eso no realizan las denuncias de manera formal.