El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, mantuvo un encuentro con el papa León XIV, a quien le entregó una carta en representación de las universidades públicas argentinas. En el documento, las autoridades académicas cuestionaron al Gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y alertaron sobre el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema de educación superior.

"Fue un honor saludar al papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país", expresó Bartolacci luego de la reunión.

El titular del CIN explicó que aprovechó el encuentro para transmitirle al Sumo Pontífice las dificultades que enfrentan las instituciones educativas. "Le transmití que las universidades públicas atravesamos un contexto difícil y le entregué un documento, en representación del Consejo Universitario, que sintetiza la situación", señaló.

La carta, de tres páginas, fue entregada personalmente antes de la prevista visita del Papa a la Argentina y contiene fuertes cuestionamientos a la administración nacional por su postura frente a la legislación vigente.

"El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato", sostiene uno de los fragmentos del documento.

En esa misma línea, las universidades advirtieron que el conflicto excede la discusión presupuestaria. "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho", remarcaron.

El documento presentado al Papa también incluye datos sobre la evolución de los recursos destinados a las universidades nacionales.

Según las cifras difundidas por el CIN, la inversión universitaria pasó de representar un promedio del 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 al 0,47% en 2026.

Desde el organismo aseguraron que este último porcentaje constituye el nivel histórico de inversión más bajo del sistema universitario argentino.

Las autoridades académicas advirtieron que la reducción de recursos afecta directamente el desarrollo de proyectos de investigación, las actividades de extensión universitaria, la vinculación tecnológica con el sector socioproductivo y la adquisición y actualización de equipamiento.

Además, manifestaron su preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener sobre las posibilidades de miles de estudiantes de continuar sus carreras, completar sus estudios y obtener un título universitario.

Bartolacci explicó que la intención de acercarle el documento a León XIV fue ponerlo al tanto de la situación que atraviesan la educación superior y el sistema científico argentino.

"Nos parecía relevante que pudiera tener mayores precisiones sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia en el país", manifestó.

Asimismo, expresó su expectativa de que la intervención del Pontífice contribuya a generar instancias de entendimiento frente al conflicto.

"Nuestra expectativa es que su presencia y su palabra, como lo hace su testimonio, contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento, resguardando aquello que tan necesario resulta para el cuidado de nuestra casa común", sostuvo.

Finalmente, el presidente del CIN describió al Papa como una persona "fuerte, recuperada, amable y comprensiva", y destacó que se mostró "atento a la situación del país".

De esta manera, el reclamo de las universidades públicas argentinas llegó al Vaticano en medio de la disputa con el Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la asignación de recursos para el funcionamiento de las casas de altos estudios.

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al Ministerio de Capital Humano y ordenó que la justicia revise si la medida cautelar sobre el financiamiento universitario debe mantenerse vigente. El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya validez se encuentra actualmente en disputa.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y con la asistencia legal de la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, había reclamado ante la Cámara debido a que el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar. La causa tiene como origen el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso un recorte en los fondos universitarios.

“La vamos a seguir a muerte”, respondieron fuentes de primera línea del Ministerio de Capital Humano al ser consultadas por el fallo judicial. Por su parte, uno de los principales patrocinadores legales del Gobierno explicó: “La Justicia todavía no nos está sugiriendo ‘no cumplan con la cautelar’, pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir”. En otros despachos legales, la postura fue más enfática al señalar que “la intepretación de que el efecto del recurso admitido suspende su aplicación es válida”.

La resolución, firmada el 20 de octubre de 2026 por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, determinó que el juez de primera instancia se equivocó al bloquear la apelación. El Ministerio de Capital Humano argumentó que la medida cautelar original poseía un límite temporal expreso que ya había vencido, por lo que continuar con su ejecución equivalía a extender artificialmente una tutela caducada.

Los magistrados también habilitaron una apelación del Estado Nacional contra la intimación que le ordenaba cumplir, en cinco días, la medida cautelar bajo apercibimiento de multas diarias. El Gobierno nacional sostuvo que ya cumplió con las obligaciones de la Ley 27.795, argumentando que los incrementos salariales acumulados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación y aclarando que las becas alcanzadas son las del Programa 26.

Finalmente, la Cámara concluyó que dejar al Ministerio sin posibilidad de recurrir mientras corrían plazos y sanciones configuraba un agravio irreparable. La causa regresa ahora al juzgado de primera instancia para que tramite el recurso, sin que la Cámara haya anticipado una opinión sobre el cumplimiento de la medida original.

El Gobierno de Javier Milei enfrentó este jueves una nueva jornada de protestas con la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y organizaciones sociales y políticas frente al Congreso de la Nación. La movilización estuvo atravesada por los reclamos de financiamiento para las universidades públicas, una disputa judicial por la aplicación de la legislación vigente y una serie de incidentes que alteraron el desarrollo de la convocatoria.

La protesta también coincidió con una jornada de actividad parlamentaria en la que el oficialismo logró evitar el tratamiento del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados, mientras distintos sectores reclamaban la derogación del decreto de desregulación económica.

La principal demanda de la comunidad universitaria fue el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada pese al veto presidencial. Las universidades sostienen que la norma resulta fundamental para garantizar su funcionamiento, actualizar los salarios de docentes y no docentes y recomponer el valor de las becas estudiantiles.

En las últimas horas, la Justicia dispuso la suspensión provisoria de las multas de 100.000 pesos diarios que pesaban sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la actualización de salarios y becas.

Sin embargo, la decisión no resolvió la controversia de fondo. Mientras el Gobierno mantiene sus objeciones presupuestarias a la aplicación plena de la ley, las autoridades universitarias insisten en que debe cumplirse una norma que superó todas las instancias legislativas.

Desde las 13, miles de manifestantes comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Congreso, donde confluyeron columnas de estudiantes, agrupaciones universitarias, sindicatos, organizaciones sociales y movimientos políticos.

Durante las primeras horas, la movilización se desarrolló sin mayores inconvenientes. Sin embargo, pasadas las 14 se registraron incidentes cuando un grupo de personas se acercó al vallado de seguridad instalado por Gendarmería Nacional sobre la avenida Entre Ríos.

Según los reportes de la jornada, algunos de los involucrados comenzaron a arrojar piedras hacia los efectivos e intentaron derribar las vallas metálicas. Previamente, un grupo de jubilados autoconvocados había intentado alejarlos del sector para evitar enfrentamientos.

De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, los disturbios dejaron un saldo provisorio de cinco policías heridos y una persona detenida.

Los episodios de violencia modificaron el desarrollo de una convocatoria que hasta ese momento había transcurrido sin incidentes de consideración.

A la tensión se sumaron las condiciones climáticas. Pasadas las 15 comenzó a llover en las inmediaciones del Congreso, mientras continuaban los discursos desde el escenario principal. La combinación de la lluvia y los enfrentamientos provocó que parte de los manifestantes comenzara a retirarse antes de lo previsto.

Más allá de los incidentes, el eje central de la movilización estuvo puesto en la situación presupuestaria de las universidades nacionales y en las consecuencias que, según sus autoridades, genera la falta de actualización de los recursos.

Antes de los enfrentamientos, representantes de la Federación Universitaria y del Consejo Interuniversitario Nacional habían leído un documento consensuado en el que advirtieron sobre el deterioro del sistema de educación superior.

En el texto señalaron que el desfinanciamiento universitario está dando inicio a un proceso de deterioro que podría afectar el desarrollo del país y las oportunidades de las próximas generaciones.

“Estamos hipotecando nuestro futuro”, expresaron los representantes universitarios, quienes también remarcaron la necesidad de respetar las decisiones del Congreso.

“También marchamos en defensa de la democracia, porque en democracia, la ley se cumple”, sostuvieron en uno de los pasajes del documento.

La comunidad universitaria volvió a reclamar una recomposición salarial para docentes y no docentes, mejoras en las becas y recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas.

La quinta Marcha Federal Universitaria también se convirtió en un espacio de confluencia de diferentes sectores que cuestionan las políticas del Gobierno nacional.

A los estudiantes y trabajadores universitarios se sumaron organizaciones sindicales, movimientos sociales, agrupaciones políticas y jubilados, que expresaron sus propios reclamos contra las medidas económicas del Ejecutivo.

Entre las consignas que se observaron durante la jornada aparecieron mensajes como “Milei, cumplí la ley”, impulsado por el Frente Sindical Universitario, y “La patria no se vende”.

También hubo banderas referidas a la situación de los jubilados y a la defensa de la soberanía nacional, mientras se escucharon cánticos críticos hacia el Presidente.

En paralelo, distintas organizaciones reclamaron la derogación del DNU 70/2023, una iniciativa que finalmente no logró avanzar en su tratamiento parlamentario durante la jornada.

De esta manera, la quinta Marcha Federal Universitaria volvió a colocar el financiamiento de la educación pública en el centro de la discusión nacional, en un escenario marcado por la confrontación entre el Gobierno, el Congreso y las instituciones universitarias.

Aunque los incidentes frente al Congreso y la lluvia alteraron el desarrollo de la convocatoria, los organizadores ratificaron su reclamo para que el Poder Ejecutivo cumpla con la legislación vigente y garantice los recursos necesarios para el sostenimiento de las universidades públicas.

Por Laura Impellizzeri.

La esquina de la avenida Rivadavia y Callao fue el sector donde se produjeron enfrentamientos que incluyeron lanzamiento de piedras hacia los efectivos que respondieron con gases y el uso de camiones hidrantes, mientras el acto central se desarrollaba.

Sobre el final de la tarde ya se reportaban uniformados y manifestantes heridos y hasta las 19 la Policía de la Ciudad había reportado las detenciones de seis manifestantes, uno de ellos un menor de 14 años que fue imputado y entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, según informó. Fuerzas federales habrían retenido a otras 25 personas.

Las organizaciones convocantes aseguraron que las casas de altos estudios “están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”.

Contaron con el acompañamiento de la CGT, las dos vertientes de la CTA, la Utep, agrupaciones de izquierda, la UCR y la militancia peronista que estuvo dividida entre las filas de La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro que encabeza el gobernador Axel Kicillof.

El documento firmado en defensa de “la educación, la soberanía y la democracia” por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y Ctera, entre otros, sostuvo que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social.”

En el texto remarcaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la exigencia de su cumplimiento, al mismo tiempo en que destacaron que tanto el Poder Judicial como el Congreso avalaron su vigencia mediante medidas cautelares y leyes que, a su vez, obligan al Ejecutivo a aplicarlo de manera inmediata.

Asimismo, criticaron al Gobierno Nacional por el decreto DNU 70/23, al que rechazaron abiertamente, y cuestionaron la negativa oficial a cumplir las leyes y fallos judiciales.

También advirtieron acerca del “riesgo institucional” por el que atraviesan las Universidades y la intención marcada, por parte del presidente Javier Milei, de gobernar por “Decretos de Urgencia”: “Convergemos con el gran reclamo ciudadano que ha adquirido un carácter de urgencia y que es la derogación del DNU”, agregaron.

Por otra parte, reivindicaron “los pilares históricos del modelo universitario argentino” como la gratuidad, la autonomía, el co-gobierno, el ingreso irrestricto, la territorialidad inclusiva y el rol que tienen dentro de nuestra Nación, como espacio de movilidad social ascendente y justicia social.

En otro orden, denunciaron que el proyecto del Presupuesto 2027, presentado por el Ejecutivo Nacional, es el más bajo de la historia, con menos del uno por ciento del PBI, y no contempla las partidas de la Ley de Financiamiento Universitario; contrariamente, apoyaron la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4 por ciento respecto al proyecto oficial.

También, mostraron preocupación sobre el desfinanciamiento del sector científico, el éxodo de investigadores, la caída en la adjudicación de becas estudiantiles y el freno en los proyectos que ponen en riesgo la soberanía del conocimiento.

En la misma línea, denunciaron el congelamiento de las Becas Progresar, que quedaron paralizadas en $35.000 desde el año 2024; la desinversión en las Becas Manuel Belgrano; y el estancamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), al que calificaron como una política de “deserción forzada”.

Cerca del final, denunciaron un “ataque” al salario docente y nodocente y repudiaron la “asfixia” salarial y la negativa del Gobierno a convocar a paritarias libres, además de señalar “la pérdida constante” de poder adquisitivo, la precarización de las condiciones de trabajo y el “desconocimiento” de temas clave como la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el nomenclador preuniversitario y las garantías jubilatorias.

“Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución. Los países que se soñaron grandes, capaces de asegurar una vida y un ambiente saludables para sus pueblos son aquellos que hicieron la apuesta sostenida de tener un sistema de educación de calidad, ciencia y tecnología nacional con capacidades de resolución de sus problemas, y un dispositivo que movilice el talento y la creatividad social en todos sus niveles”, concluyeron.

Por su parte, el Gobierno nacional repudió los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que “los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, además de “desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”. NA

El deterioro del financiamiento universitario suele medirse en salarios, obras o cantidad de becas, en definitiva pesos, pero sus consecuencias son más profundas. Para Claudio Aciti, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, el problema tiene una dimensión territorial: cuando una universidad pública se debilita, también se resiente la capacidad de las ciudades y regiones donde está instalada.

Durante los últimos años, la discusión sobre el financiamiento de las universidades nacionales quedó concentrada, en buena medida, en una cuestión presupuestaria. Cuánto se asigna, cuánto se ejecuta, cuánto perdieron los salarios y cuánto aumentaron los gastos de funcionamiento.

Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las universidades nacionales acumularon entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 una caída real del 45,6%. El mismo informe señala que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios universitarios aumentaron un 158%, mientras que la inflación acumulada en ese período alcanzó el 280%. El resultado fue una pérdida del poder adquisitivo cercana al 32%.

Para Aciti, sin embargo, quedarse solamente con estos números puede llevar a perder de vista una parte central del problema.

“Cuando hablamos de financiamiento tenemos que tener una visión más amplia, no se reduce a la cuestión salarial o de funcionamiento. También hay un desfinanciamiento que impacta en otros rubros de la ciudad y alrededores”, sostuvo.

La cuestión adquiere una dimensión particular cuando se observa lo que ocurre fuera de las universidades nacionales de los grandes centros urbanos como la UBA o la Universidad de Córdoba. El impacto presupuestario que tienen las universidades regionales en ciudades intermedias es mucho más notorio, ya que permiten que miles de jóvenes puedan acceder a estudios superiores sin tener que trasladarse cientos de kilómetros y que, al mismo tiempo, forman profesionales para las empresas, las industrias, los organismos públicos y las organizaciones de sus propias ciudades y regiones.

“Estudiar una carrera lejos de la ciudad de origen supone, en muchos casos, afrontar alquiler, transporte, alimentación y otros gastos durante varios años. Para una familia de ingresos medios o bajos, estos costos pueden determinar si un joven puede estudiar o no” pondera Aciti acerca del impacto de la proximidad de la Unicen.

Consultado acerca de la relación entre universidades medianas y desarrollo local plantea “La universidad forma profesionales, pero también genera conocimiento, investigación, tecnología y capacidades que son utilizadas por el sector productivo”.

Son problemas que pueden parecer diferentes, pero tienen un punto en común: la disponibilidad de capacidades: “Las ciudades que cuentan con universidades capaces de formar profesionales, investigar y vincularse con su entramado productivo tienen más herramientas para pensar nuevos proyectos. Pueden aspirar a desarrollar actividades que antes no existían, incorporar conocimiento a sus industrias y generar oportunidades para que sus jóvenes permanezcan en ellas, sin embargo Tandil y la región ya sufren el desfinanciamiento universitario”.

Cuando esas capacidades se deterioran, el horizonte puede empezar a achicarse, en palabras de Aciti: “Por eso, discutir el financiamiento universitario no es solamente discutir el presupuesto de una institución educativa, es discutir qué capacidades tendrá el país fuera de sus grandes centros urbanos, si un joven podrá estudiar sin abandonar su ciudad, si una empresa podrá encontrar los profesionales que necesita si una región podrá generar conocimiento propio para resolver sus problemas, y, finalmente, es discutir qué futuro podrán imaginar esas ciudades”.

En ese sentido el desfinanciamiento universitario puede medirse en porcentajes, pero como finaliza el decano de Exactas “sus consecuencias más profundas probablemente se midan dentro de algunos años, cuando una generación de jóvenes haya tenido menos oportunidades de formarse y muchas comunidades hayan perdido parte de las capacidades que necesitaban para crecer”.

Este martes, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Unicen para anunciar la Quinta Marcha Federal Universitaria, el Congreso de la Nación comenzaba a tratar el Presupuesto 2027. Allí se desarrollará otro escenario donde las sesenta universidades públicas del país, representadas en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) darán batalla en el reclamo por financiamiento.

En ese sentido, el rector de la Unicen, Marcelo Aba, expuso que el inicio del debate del presupuesto en las comisiones “le da un valor aún mayor a esta marcha, porque si no logramos que se incluya en el Presupuesto 2027 lo que representa la ley, finalmente la ley madre pasará a ser, como corresponde, el presupuesto”.

Indicó que si no se logran garantizar los recursos para implementar la ley, “tendremos una ley vigente que no va a tener correlato con un presupuesto que no la contempla”.

La Ley de Financiamiento fue aprobada dos veces por el Congreso, vetada otras dos, judicializada y avalada por una medida cautelar que planteó la inconstitucionalidad del segundo veto presidencial.

En tanto, Aba sostuvo que el inicio de la discusión de la Ley Madre, se erige como “un elemento más de por qué esta marcha es fundamental” y puso el foco en “el momento que estamos atravesando como sociedad y como universidad”.

El rector de la Unicen destacó que ayer “comenzó la discusión en el único espacio donde se puede llegar a concretar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Si no logramos que el Congreso revierta la falta de fondos para el sistema universitario en el presupuesto nacional, va a ser muy difícil que logremos luego la aplicación de la ley”.

Por ese motivo, expuso “una razón más y de mucho peso para pedir que nos acompañen en esta quinta marcha, justamente en el día en que la estamos convocando, en que se inicia el tratamiento del presupuesto nacional”.

Sobre las gestiones en el Congreso, Marcelo Aba confirmó que se están dando reuniones con integrantes de la Comisión de Educación y anticipó un pedido formal que ya cursó el bloque de Diputados de Unión por la Patria.

Indicó que ya elevaron un pedido formal a Jefatura de Gabinete para que Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación, asista a la Comisión de Educación “con las instrucciones de cómo quedaría el presupuesto con la aplicación de la ley, sobre todo a partir de este fallo”.

Si bien Aba reconoció que la cautelar sorteó la primera instancia, dijo que “es un fallo judicial que establece la inconstitucionalidad del decreto. Por lo tanto, ya no solamente está la cuestión legal parlamentaria, sino la propia Justicia diciendo que tendría que cumplirse”.

Volviendo a las negociaciones, señaló que “lógicamente” cada rector “por la cuestión regional o por algún tipo de afinidad, está trabajando con sus propios congresistas, en principio diputados, para tratar de sostener esa mayoría que nos dio en su momento la validez de la ley”.

Al evaluar los números, el rector de la Unicen ratificó que el CIN solicitó 11 billones para el funcionamiento del sistema universitario en 2027. “Es un número que surge de aplicar el IPC al presupuesto 2023. No tiene incremento en términos reales, es simplemente la aplicación sistemática de la inflación que ha habido, lo llevaría alrededor de 11 billones”, detalló.

Como contrapartida, señaló que “el Gobierno está ofreciendo 7,3”, aunque subrayó “una salvedad de la que poco hablamos. Además de faltar casi 4 billones de pesos, hay casi un billón que se lo reserva. O sea, de los 7 hay un billón que se lo reserva a la Subsecretaría para políticas propias”.

Reconoció que “históricamente ha habido fondos que se reservan, son los que se conocen como debajo de la línea y son cifras menores frente al presupuesto. En este caso estamos hablando de un billón de pesos que se reserva a la Subsecretaría (de Políticas Universitarias) para políticas de promoción que nadie las conoce, nadie sabe lo que es”.

Aba insistió con que “en realidad distribuido hay 6 billones, estamos prácticamente en la mitad. Ese billón que ha quedado debajo de la línea es de manejo discrecional de la propia subsecretaría. Nadie sabe muy bien para qué. O sea, que en realidad es más grave la situación todavía”.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por la administración de Javier Milei prevé un crédito de 7.349.082.049.312 pesos para el conjunto de las universidades nacionales durante 2027. De ese total, 6.326.177.949.919 pesos corresponden a gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes, mientras que otros 1.022.904.099.393 pesos figuran en partidas “debajo de la línea”.

El monto del proyecto está lejos de los 11 billones que reclama el CIN, que representa a los rectores de las 60 universidades públicas del país. La diferencia ronda el 33 por ciento y se concentra en el componente salarial, que representa cerca del 90 por ciento de los recursos del sistema.

 En la sede del Rectorado, integrantes de distintos claustros de la Unicen anunciaron formalmente la Quinta Marcha Federal Universitaria, que se desarrollará este jueves 15 de octubre, desde las 17, con concentración en Garibaldi y Rodríguez. Tras la cautelar por la inconstitucionalidad del decreto que la derogó por segunda vez, el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento sumó la defensa de la democracia.

“Hay un conflicto que involucra a los tres poderes, porque es una ley del Congreso, pero que ha sido avalada por la Justicia y que el Poder Ejecutivo no cumple”, refrendó el rector Marcelo Aba.

En ese sentido, puso como ejemplo la derogación de la ampliación de Zona Fría, publicada ayer en el Boletín Oficial, y que todos los ciudadanos estarán obligados a acatar. “Son dos leyes exactamente iguales, a la cual una tendremos que atender sin ningún tipo de atenuante, cueste lo que cueste, y la otra está sin cumplirse. Algo está fallando en la democracia argentina”.

En la mesa del anuncio, además del rector, participaron los decanos de las facultades de Ciencias Económicas, Marcelo Rébori; de Ciencias Exactas, Claudio Aciti; de Arte, Daniela Ferrari; de Ciencias Humanas, Josefina Di Nucci; y la vicedecana de Ciencias Veterinarias, Andrea Caselli; el secretario adjunto de Adunce, Marcelo Stipcich; el secretario general de ATE, Hernán Gasparini, y su par de Atuncpba, Diego Jongewaard de Boer.

“Parece increíble que ya estemos transitando una quinta marcha reclamando por la aplicación de una ley que está vigente, que tiene todos sus atributos para ser ejecutada, pero sin embargo el Poder Ejecutivo sigue negando su validez”, expresó Aba, en el inicio de la convocatoria dirigida a la comunidad en defensa de la universidad pública, pero también de la soberanía y la democracia.

La Quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada a nivel nacional, con epicentro en Capital Federal y réplicas en todas las ciudades que albergan casas de estudio. En el caso de la Unicen, además de en Tandil, también se realizarán movilizaciones en las sedes de Azul, Olavarría y Quequén.

Respecto de la ley, el rector Marcelo Aba repasó que “hemos recorrido todo lo que tiene que ver con la vía parlamentaria; hemos recorrido la vía legal, la vía de la Justicia con la cautelar, pero ahora también el amparo que va al fondo de la cuestión, que es la aplicación plena de toda la ley, tiene un fallo favorable. Y sin embargo, no logramos que esa ley se aplique”.

De inmediato, resaltó los “enormes problemas” que el desfinanciamiento acarrea al interior de la casa de estudios.  

En primer lugar, consignó “un retraso salarial que seguramente supera largamente el 30 por ciento, que estaría de alguna manera atendido si la ley se cumpliera. Eso lógicamente trae para todos los trabajadores de la Universidad, serias dificultades para llegar a fin de mes sobre todo en las escalas iniciales”.

Por otro lado, apuntó que “tenemos serias dificultades para mantener la universidad funcionando; no ya para crecer, sino simplemente para mantener lo que hemos logrado construir”.

Y como otros puntos, remarcó que “en ese contexto también entran las becas estudiantiles; también entra la ciencia y la tecnología, que en buena parte no es presupuesto universitario directo, pero es un presupuesto que se vuelca a la universidad para el funcionamiento de los distintos grupos” de investigación.

Aba afirmó que el presupuesto “ nos resulta totalmente exiguo” e informó que el Consejo Interuniversitarios Nacional (CIN) estimó un presupuesto de 11 billones  para 2027, cuando el Gobierno propuso alrededor de 7,2 billones.

“Allí está la diferencia salarial y está la diferencia que tiene que ver con la parte de funcionamiento, algo de ciencia y tecnología, algo de infraestructura”, sostuvo sobre los números contemplados para el año próximo.

En tanto, aclaró que “este empecinamiento en no cumplir con la ley es lo que ha llevado a convocar a esta quinta marcha” y precisó que “el llamado es tanto a nuestra propia comunidad universitaria como a la comunidad en general, una vez más, a la defensa de la universidad pública, a la defensa de lo que significa esa universidad pública para una sociedad que pretende crecer, que pretende ser soberana”.

En igual sentido, advirtió que “empieza a estar en riesgo el funcionamiento de un sistema que ha sido el modelo sobre el cual se ha desarrollado el país y ahora, además de lo que significa para la vida universitaria, también se suma el significado que adquiere sobre la propia democracia, porque tenemos una ley que, insisto, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de no estar vigente. El decreto es absolutamente inconstitucional, lo acaba de decir la Justicia”.

En tanto, indicó que para las universidades la aplicación de la Ley de Financiamiento “hoy es sustancial” y precisó que “es lo que estamos necesitando para recuperar de alguna manera lo que era la universidad en el 2023, en términos salariales, en términos de funcionamiento, en términos de ciencia y técnica”.

Por ese motivo, llamó a la comunidad a “encontrarnos” para “volver a demostrar en todo el país lo que significa la universidad, lo que representa la universidad”.

Como otra cuestión sumó como consignas la defensa de la democracia y de la soberanía. “Entendemos que conocimiento, ciencia, tecnología son componentes fundamentales de lo que es la soberanía de un país y hoy también está terriblemente amenazados”, dijo.

Deseó que la quinta marcha concentre a una multitud, porque “hay mucho por defender” y evaluó que “no es solamente la universidad en sí como institución, sino lo que ese sistema universitario genera para el desarrollo del país”.

Por Adunce, el secretario adjunto Marcelo Stipcich cambió el eje del reclamo y evitó referirse a la pérdida salarial para enfocarse en que se aplique la Ley de Financiamiento.

En ese sentido, expuso que junto con los gremios nucleados en Adunce, optaron por evitar “un recuento de las penurias que estamos pasando” pese a que “las situaciones, en algunos casos, de docentes es crítica”.

Y señaló que “ponemos el acento fuerte y ponemos la discusión en el cumplimiento de la ley, porque la verdad es que no sabemos cómo puede pasar en un país democrático que no se cumple una ley que fue promulgada con todos los puntos que debe tener una ley para ser promulgada”.

Como mensaje, expuso que “eso nos debería sorprender más de lo que nos sorprende” y remarcó que “quizá estamos normalizando que el Gobierno no haga las cosas que tiene que hacer”.

En cuanto a la situación salarial, Stipcich evaluó hasta parece injusto, “porque decir cuánto estamos perdiendo hasta ahora es empezar a compararnos con todo el resto de la sociedad que está perdiendo lo mismo. Un poco más algunos, un poco menos, pero estamos todos igual; estamos todos en el mismo tren, en un Gobierno que básicamente está haciendo un montón de cosas que le conviene económicamente para después compartirlas con un grupo de amigos que se queda con el agua, que se queda con la tierra, que se queda con la soberanía”.

En tanto, llamó a reflexionar sobre “cualquier empresa que esté aprovechando los conocimientos que genera Argentina para hacer dinero. Y hay un montón. La verdad que es una locura pensar en eso. Y ahí es que hablamos para esta marcha de defender la soberanía y la democracia”.

En tanto, insistió en que “pongamos el eje en donde tiene que estar, en donde una ley cuando es promulgada se debe cumplir, así como la cumplimos nosotros, así como tenemos que pagar el alquiler todos los meses o la factura de la luz o la cuota de lo que hayamos comprado”.

El representante de Atuncpba, Diego Jongewaard de Boer, definió que se trata de “un momento como de inflexión”, por lo cual consideró que “no solo tenemos que movilizarnos porque la educación pública en la Argentina está en riesgo” y apuntó que “es un momento como para convocar porque tenemos un adversario común, no solo la educación pública en Argentina, sino la salud, los jubilados, los discapacitados”.

El secretario general de los nodocentes convocó a unirse ante “un gobierno que que vino a esto, que dijo que venía a destruir la educación pública en la Argentina, a destruir la salud, a ir contra los estatales, contra el trabajo en Argentina. Entonces creo que es un momento para empezar a juntarnos, a unirnos y pensar también en el mañana”.

Por ATE, Hernán Gasparini, resaltó que “para nosotros es muy importante ser parte de esta discusión por lo que venimos padeciendo los estatales en todos los términos respecto de las políticas públicas que el Gobierno nacional viene llevando adelante”.

Y refrendó la importancia de poder transmitir a la comunidad “este mensaje de la necesidad de unidad para poder enfrentar el modelo que venimos padeciendo los trabajadores, las trabajadoras, los empleados públicos, es fundamental”.

Gasparini se enfocó en “la dimensión del daño que estamos recibiendo los laburantes y el daño que está recibiendo el desarrollo de las políticas públicas en términos nacionales, pero también en términos de lo que sucede en nuestra ciudad”.

Además, consideró que “de verdad” Javier Milei “es un topo que vino a destruir el Estado, en cuanto al ataque hacia las políticas públicas, y destruir el Estado es destruir nuestras vidas, nuestro futuro, nuestros proyectos, es destruir el proyecto de nuestros pibes y pibas, de los estudiantes, de las estudiantes. Entonces, me parece que poder plantear la necesidad de pensar en unidad, una resistencia clara, concreta, al daño que este Gobierno nacional viene siendo hacia nuestros estudiantes, hacia la salud, hacia la universidad, hacia la educación es fundamental”.

Poco después de la conferencia, ATE anunció un paro por 24 horas para el próximo jueves, en coincidencia con la marcha. Ante lo cual, Gasparini recalcó que “pensar el desarrollo de la ciencia y la tecnología sin un financiamiento concreto real a las universidades es imposible” y afirmó que en Tandil es palpable ese desarrollo que no podría concretarse en términos de infraestructura si se lo separa de la universidad.

En relación con el salario, informó que los trabajadores del Conicet “vienen sufriendo una pérdida del 47,5 por ciento en los últimos 3 años. Es otro convenio colectivo de trabajo, con lo cual el 20 por ciento que han recibido de aumento los docentes no lo recibieron”.

Por último, recalcó que “es imposible pensar el desarrollo científico y tecnológico sin financiamiento a las universidades y sin un presupuesto que acompañe lo que nuestros investigadores y lo que nuestra sociedad requiere y necesita”.

Tandil se prepara para recibir un evento de relevancia académica nacional. Entre el 14 y el 16 de octubre, el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) será el escenario de las VII Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía Argentina y las XIII Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) . 

El encuentro organizado por la Facultad de Ciencias Humanas se desarrollará en las instalaciones de la Biblioteca y Aulas Comunes 2, congregando a investigadores, docentes, estudiantes y referentes comunitarios.

Bajo el lema “Territorios en crisis. Por una Geografía para la esperanza”, la propuesta busca generar un espacio de intercambio profundo sobre las transformaciones territoriales, sociales, ambientales, económicas y políticas que impactan tanto en la Argentina como en el resto del mundo. 

Durante tres jornadas, el programa integrará la presentación de investigaciones, conferencias de especialistas, mesas redondas, presentación de libros y diversas experiencias vinculadas con la investigación, la docencia y la extensión universitaria.

La apertura oficial está programada para el miércoles 14 de octubre a las 9.30, con la presencia de autoridades de la UNCPBA, el Centro Científico y Tecnológico Tandil, el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Humanas. Tras el acto inaugural, se llevará a cabo la conferencia “Escenario geopolítico: (des)orden multipolar y encrucijada latinoamericana”, a cargo del doctor Gabriel Merino, investigador del IdIHCS-CONICET-UNLP. Este inicio marcará el tono de un encuentro que pretende analizar las complejidades del presente global.

El desarrollo de las jornadas se estructurará en torno a diez ejes temáticos que abarcan las problemáticas más urgentes de la disciplina. Entre ellos se destacan la urbanización y las economías urbanas, las geografías feministas, la geografía física y ambiental, las geotecnologías, la justicia espacial, el turismo, la geopolítica y las ruralidades diversas. Esta diversidad temática permitirá abordar investigaciones sobre vivienda, derecho a la ciudad, cambio climático, migraciones y conflictos territoriales, con un enfoque especial en las realidades de Tandil y su región.

Uno de los puntos centrales de la agenda tendrá lugar el jueves 15 de octubre a las 12, con la conferencia titulada “La ciudad de los 15 minutos: de la propuesta global a su lectura en clave latinoamericana y argentina”. La actividad contará con la participación del profesor Carlos Moreno, de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, y la doctora Julieta Frediani, del IIPAC-CONICET-UNLP. Este debate permitirá reflexionar sobre las nuevas formas de organización del espacio urbano, la proximidad y la movilidad, adaptadas a las particularidades de las ciudades en América Latina.

El intercambio colectivo también ocupará un lugar preponderante a través de mesas redondas. El miércoles 14, a las 17.15, se debatirá sobre las “Geografías indígenas en Argentina”. 

Por su parte, el viernes 16, a las 11, se realizará una mesa especial por el vigésimo aniversario de la Carrera de Turismo de la Facultad de Ciencias Humanas. A las 13, se recordará el centenario de Milton Santos, mientras que a las 17, el cierre contará con la mesa “Voces Ciudadanas”, enfocada en la lucha por el acceso al hábitat y la extensión crítica en barrios populares de Tandil.

La producción bibliográfica tendrá su espacio el jueves 15 a las 10.30, con la presentación de diversas obras, entre ellas el “Curso de Sistemas de Información Geográfica” y el “Atlas histórico y geográfico de la Argentina”. Estas presentaciones buscan sistematizar el conocimiento y ponerlo a disposición de la comunidad, reforzando el compromiso de los investigadores con la divulgación científica. Asimismo, el CIG realizará un reconocimiento especial a la trayectoria del doctor Guillermo Ángel Velázquez, fundador y exdirector del centro, por sus aportes a la geografía nacional.

Las VII Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía Argentina se plantean como un espacio de articulación necesario entre la academia y la sociedad. El objetivo es promover una producción de conocimiento crítico que no solo interprete los cambios del presente, sino que también aporte herramientas concretas para enfrentar la crisis múltiple que atraviesa a los territorios. La invitación queda abierta para todos los interesados en discutir el papel de la Geografía frente a los desafíos del siglo XXI.

Para obtener más detalles sobre el cronograma completo y las actividades programadas, los interesados pueden consultar el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Geográficas. El encuentro se perfila como una oportunidad única para recuperar la pregunta sobre cómo construir una disciplina capaz de comprender las crisis actuales y contribuir a imaginar otros futuros posibles, manteniendo siempre la mirada puesta en la esperanza y la transformación social.

El Frente Gremial, integrado por los docentes de Adulp, los nodocentes de Atulp y los estudiantes de la Fulp, llevará adelante este miércoles 7 de octubre una marcha de antorchas. La medida busca profundizar el reclamo al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización se desarrollará en el marco de un nuevo paro sin concurrencia a los puestos de trabajo de los nodocentes, situación que provocará complicaciones en el normal funcionamiento de facultades, colegios preuniversitarios y establecimientos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Esta medida de fuerza fue convocada tras la huelga de tres días realizada la semana previa, la cual contó con un importante acatamiento en todo el país.

La protesta surge luego de que la Justicia volviera a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la actualización de los salarios de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles. 

La marcha comenzará a las 17 frente al edificio de Presidencia, ubicado en 7 entre 47 y 48, y reunirá a los tres sectores centrales de la comunidad universitaria bajo una agenda común. La convocatoria se produce a solo ocho días de la nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre.

De acuerdo a los gremios, si la administración de Javier Milei cumple con el fallo judicial, se produciría una recomposición salarial del 33,4%. Ante esta exigencia, las representaciones gremiales rechazaron la propuesta del Gobierno de otorgar un incremento del 3% por considerarla insuficiente.

El Ejecutivo asignó 7,3 billones de pesos para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los 11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales. Según estimaciones de las autoridades de las 60 universidades públicas, casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y nodocentes, mientras que el resto contempla gastos de funcionamiento, obras y otros servicios esenciales.

Con la participación de más de 500 estudiantes de provincias de todo el país, se llevó a cabo en Tandil una nueva edición del II Congreso Nacional y VI Congreso Regional de Relaciones Internacionales.

Se trata de una iniciativa organizada por alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales de la Unicen (nucleados en la agrupación Mirada Internacional), con el aporte de graduados, docentes, no docentes y autoridades.

Es además una propuesta académica pero con un perfil marcado por el debate político: la edición 2026 llevó el título de “La crisis del orden liberal: rearme global en tiempos de erosión democrática”, y en el marco de las jornadas expusieron desde el exdiplomático Jorge Arguello hasta el especialista Ricardo Aronskind y el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

“Para nosotros es una alegría muy grande, un orgullo muy grande como estudiantes estar garantizando estos espacios para otros estudiantes donde no solamente apostamos a su formación académica y a complementar a su formación curricular, sino que también apostamos a que todos los pibes nos formemos políticamente. Porque el día de mañana vamos a ser actores políticos y la patria hoy nos demanda que estemos a la altura”, expresó Camila Escamilla, estudiante avanzada de Relaciones Internacionales y parte de la organización del Congreso.

El encuentro se realizó durante el jueves 1 y el viernes 2 de octubre, en el Centro Cultural Universitario. Se dio en el marco del 30mo aniversario de la carrera de Relaciones Internacionales, por lo que hubo un encuentro interclaustro al respecto. Pero también se realizaron mesas de ponencias y paneles como el de “Un mundo en transición: poder, conflicto e incertidumbre. ¿Hay un orden detrás del caos?”, donde expuso el exembajador argentino Jorge Argüello, mesas sobre política internacional y religión, y otra sobre política exterior de Estados Unidos y el vínculo con Argentina y América Latina.

También se abordaron temas como la soberanía y el interés nacional, economía y política internacional, periodismo y comunicación y otros.

“Tuvimos un primer día súper convocante, con autoridades de la Facultad, de la Universidad y representantes estudiantiles. Viene saliendo todo muy bien, tenemos más de 500 inscriptos y superamos el número del año pasado, a sala llena”, contó Escamilla.

La estudiante destacó que tuvieron participación de estudiantes de Córdoba, Río Negro, Tierra del Fuego, Buenos Aires, de Jujuy y de diferentes provincias. El evento fue declarado de interés cultural, social y educativo por el Concejo Deliberante, por lo que desde la organización agradecieron al concejal Rogelio Iparraguirre la presentación del proyecto al respecto.

“Los estudiantes seguimos apostando, en este contexto tan adverso no solo económico sino también para la universidad, que este congreso se siga desarrollando. Presentamos una lógica muy clara, que es que la universidad tiene que dialogar con la política y la política tiene que dialogar con la universidad”, planteó la estudiante.

Desde sus inicios, el Congreso de Relaciones Internacionales se viene consolidando como un espacio académico pero también de debate e intercambio político.

Al respecto, la organizadora fue consultada por la participación de jóvenes en el espacio “El Congreso es la fiel representación de que los pibes sí estamos interesados por la política, sí nos movilizamos. Sin que el cuerpo estudiantil apueste a la organización y apueste a la movilización de más estudiantes para la consolidación de estos espacios, esto no sucedería y somos los pibes los que movemos todo”, señaló Escamilla.

La organizadora también se refirió a la participación del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, en el panel de cierre.

“El cierre con Guillermo Moreno tiene que ver con la representación del diálogo entre la universidad y la política. También por los propios aportes académicos que ha hecho Guillermo Moreno a las relaciones internacionales desde el peronismo, desde la tercera posición. Es algo que hace mucho tiempo nosotros no vemos en el peronismo, que es un posicionamiento o una teoría de política internacional frente a las posibilidades de analizar coyunturalmente lo que puede suceder en la disputa hegemónica principal o subyacente a todo, entre Estados Unidos y China”, concluyó.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió otorgar este miércoles su máximo título honorífico al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi. La distinción será entregada el próximo 6 de octubre en el marco del partido despedida del jugador frente a Benín.

Según el comunicado oficial, la resolución destaca que la trayectoria del futbolista constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético. Asimismo, resalta su compromiso con la representación nacional, valores que la institución promueve históricamente.

El documento subraya que Lionel Messi condujo al equipo dirigido por Lionel Scaloni a la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de integrar el plantel que logró el subcampeonato en el Mundial de 2026.

“Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, expresó el rector Ricardo Gelpi.

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti destacó que el máximo goleador del Inter Miami y del Barcelona supo transmitir los valores de la camiseta argentina con coraje y respeto.

“Pero este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”, concluyó Emiliano Yacobitti.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo en el estadio Monumental durante el encuentro frente a Benín.

El magistrado determinó que la gestión de Javier Milei no acató lo precisado en la medida cautelar vigente que incluye la actualización de becas y salarios.

Por lo tanto, estableció un plazo máximo de cinco días para que el oficialismo cumpla la disposición que fija un aumento salarial al personal docente y no docente de las casas de altos estudios y una suba en el presupuesto destinado a las becas.

Cormick advirtió que, si el oficialismo continúa sin acatar la normativa, se colocarán multas económicas diarias. Para cumplir con la ley, el incremento salarial debe ser del 33 por ciento.

Hace unas semanas, el juez no había hecho lugar a la solicitud de la administración libertaria que pidió levantar la cautelar porque sostuvo que el acuerdo firmado en junio no era suficiente para demostrar que el conflicto entre las partes se había solucionado.

Al mismo tiempo, había intimado al Estado a puntualizar y documentar, en un tiempo de tres días desde su notificación, el nivel de cumplimiento al que se había llegado.

Ahora el magistrado resolvió que la información presentada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, no alcanza para acreditar que la medida cautelar haya sido cumplida.

Desde la política, el diputado Esteban Paulon recordó en su cuenta de la red social X: “Hace un año exigimos el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Denuncié en la justicia a Milei, Francos, Torrendel, Adorni, Álvarez y Santilli por incumplimiento de deberes de funcionario público” y marcó: “Siguen sin cumplir! Hoy la justicia pone un poco de racionalidad en este debate”.

En la misma línea, el presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, subrayó: “Otro paro más en la UNR. Otra semana en la que docentes y no docentes tienen que reclamar por salarios básicos y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

“Quieren desgastar la educación pública, lo nacional, lo que es de todos y todas. Pero vamos a seguir defendiendo una universidad que forma, investiga y abre oportunidades”, aseveró.

Desde el ámbito educativo, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), resaltó: “Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución”. NA

El paro convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales tuvo un acatamiento del 95 por ciento entre los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), según informó el secretario general de la Asociación de Trabajadores Nodocentes de la Unicen (Atuncpba), Diego Jongewaard de Boer.

Como consecuencia de la medida de fuerza, este viernes prácticamente no hubo atención en las oficinas de la Universidad.

“Últimamente tenemos muy alto acatamiento a todos los paros y otras medidas de fuerza a los que convocamos”, señaló Jongewaard de Boer a El Eco de Tandil.

En ese sentido, precisó que el porcentaje de adhesión rondó el 95 por ciento y explicó que quienes concurren a trabajar lo hacen, en algunos casos, por actividades previamente programadas o compromisos asumidos con las facultades o la Universidad, y no porque estén en desacuerdo con la medida de fuerza y sus motivos.

“Creo que la mayoría de los trabajadores es consciente de que hay que tomar medidas”, sostuvo el dirigente, quien consideró que los paros constituyen una de las herramientas de protesta de mayor impacto.

“Creo que las medidas de paro son las más contundentes, más aún que cuando hacemos visibilizaciones o ‘banderazos’ en la calle”, afirmó.

La jornada forma parte del paro de 48 horas dispuesto el último jueves por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que comenzó este viernes y tendrá continuidad el martes 22 de septiembre.

La medida fue resuelta luego de que fracasara nuevamente la reunión paritaria entre las representaciones gremiales de las universidades y el Gobierno nacional, que mantuvo una propuesta de incremento salarial del tres por ciento.

El reclamo salarial

El conflicto del Ejecutivo que conduce Javier Milei con las casas de altos estudios de todo el país se extiende desde hace meses y tiene como uno de sus principales ejes la pérdida del poder adquisitivo de docentes y nodocentes.

Ayer Jongewaard de Boer describió el escenario como de “cansancio y agotamiento” para los trabajadores. En ese marco, sostuvo que el Gobierno lleva “casi un año de incumplimiento de la Ley de Financiamiento”, además de arrastrar un retraso salarial.

“Hemos perdido alrededor del 50 por ciento del poder adquisitivo”, afirmó el secretario general de Atuncpba. También cuestionó la modalidad de negociación salarial con el Ejecutivo.

“El Gobierno solo nos llama para informar lo que piensa otorgar como aumento; eso no es una paritaria”, planteó.

El dirigente señaló además que el reclamo gremial contempla el cumplimiento de la legislación vigente y de la medida cautelar dictada en relación con el financiamiento universitario.

“Tenemos una Ley y una medida cautelar que no se cumplen”, resumió.

Entre las demandas específicas del sector se encuentra también la modificación de la composición salarial. “Nosotros queremos que se terminen -como dice la Ley- las sumas en negro o no remunerativas y no bonificables”, explicó.

La discusión se da en un contexto en el que los gremios docentes y nodocentes sostienen que el incremento ofrecido por el Gobierno no permite recomponer la pérdida salarial acumulada y reclaman la aplicación de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario. 

El artículo 5 de esa norma establece la actualización de los salarios desde diciembre de 2023, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor informado por el Indec.

A la cuestión salarial se suman otros reclamos vinculados con el financiamiento de las universidades públicas, entre ellos las becas estudiantiles y los recursos destinados a docencia, investigación y extensión, además del sostenimiento de los hospitales universitarios.

Continuidad del plan de lucha

En la Unicen trabajan alrededor de 650 nodocentes, distribuidos entre las sedes de Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

El sector continuará con el esquema de medidas definido a nivel nacional. Después del paro de este viernes, la protesta tendrá una nueva jornada el martes 22.

A partir de entonces, las universidades de todo el país irán definiendo nuevas acciones hasta el 15 de octubre, cuando se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria.

Jongewaard de Boer señaló que, una vez concretada esa movilización, el Frente Sindical de Universidades Nacionales definirá los pasos a seguir.

En el marco del paro realizado durante el martes 8 de septiembre, docentes de la Unicen nucleados en Adunce ratificaron una serie de medidas de fuerza de cara a lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria, la primera semana de octubre. Durante septiembre habrá clases públicas y una movilización al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.

“Podemos decir que es un paro lo suficientemente contundente y que es la respuesta a las dilaciones que está teniendo el gobierno. Seguimos reclamando por la aplicación de la Ley Universitaria. Vamos a seguir con clases públicas la semana del 15, y una consulta nacional universitaria para poder tener la voz de todos y todas las docentes en cómo continuar nuestro plan de de lucha”, expresó a El Eco la secretaria general de Adunce, Verónica Gargiulo.

A través de una comunicación pública, Adunce confirmó su adhesión a lo decidido en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la CONADU. La asamblea decidió una serie de acciones gremiales en todo el país, como parte de un plan de lucha que busca visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las instituciones de educación superior. 

Desde Adunce, el gremio que nuclea a los docentes universitarios de la Unicen, se han hecho eco de estas medidas, reafirmando la necesidad de exigir al gobierno nacional la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que, pese a haber sido aprobada por ambas cámaras del Congreso, continúa sin ser implementada por las autoridades nacionales.

El cronograma de actividades definido por el Frente Sindical contempla un paro nacional para este martes 8 de septiembre, seguido por una jornada de clases públicas el 15 de septiembre. 

Asimismo, se ha convocado a un acto frente al Palacio Pizzurno para el 17 de septiembre, fecha en la que se llevará a cabo la próxima reunión paritaria. El objetivo es acompañar la instancia de negociación con una fuerte presencia en las calles, exigiendo una recomposición salarial y presupuestaria acorde a las necesidades del sector.

En relación con la continuidad del conflicto, desde Adunce transmitieron lo expresado por Clara Chevalier, secretaria general de Conadu: “Llevamos dos años y medio de ataque continuo a la universidad pública y más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La próxima reunión paritaria está convocada para el 17 de septiembre. El gobierno nacional debe saber que si en esa fecha no presenta una oferta consultable, la voz de la docencia de las universidades nacionales se hará escuchar nuevamente en las calles”.

Consulta Nacional Docente

Como parte de la estrategia para definir los pasos a seguir, la Conadu lanzó una Consulta Nacional a la Docencia de las Universidades Nacionales. Este proceso, que será de carácter presencial, comenzará el lunes 14 de septiembre en todo el territorio nacional. 

Los resultados obtenidos en esta consulta, junto con los mandatos surgidos de asambleas y reuniones de cada sindicato de base, servirán como insumo principal para el próximo Plenario de la Federación, donde se terminará de delinear la hoja de ruta hacia la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre.

Durante la sesión del Plenario, los representantes gremiales destacaron la importancia de mantener la unidad en el reclamo. En un gesto simbólico, los secretarios y secretarias generales sesionaron en honor a Norberto Galasso, reconocido intelectual comprometido con la historia y la soberanía popular.

El marco reforzó el sentido de la lucha, que no solo se limita a la cuestión salarial, sino que se posiciona como una defensa integral de la universidad pública y su rol estratégico para el desarrollo del país.

La expectativa está puesta ahora en la reunión del 17 de septiembre. La docencia universitaria, representada por gremios como Adunce, mantiene una postura firme ante lo que consideran un desfinanciamiento sistemático. 

La implementación de la Ley de Financiamiento Universitario es, a esta altura, el eje central de un conflicto que amenaza con profundizarse si no existen respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo. La comunidad educativa se prepara, de este modo, para un octubre marcado por la movilización federal, reafirmando su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los docentes universitarios continuará durante las próximas semanas. Luego del paro realizado este miércoles 2 de septiembre, que tuvo un importante nivel de adhesión en las universidades nacionales, los gremios comenzaron a definir los próximos pasos de su plan de lucha.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anticipó que resolverá nuevas acciones de protesta para la próxima semana y que trabaja en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria, que podría concretarse hacia fines de septiembre o comienzos de octubre.

Como parte de ese proceso, durante este jueves y viernes los sindicatos de base llevarán adelante asambleas y consultas con sus afiliados, cuyos resultados serán considerados para establecer la modalidad y el alcance de las próximas medidas.

El paro del miércoles fue convocado luego de que el Frente Sindical Universitario rechazara de manera unánime la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo, que contempla un incremento del 3% para septiembre.

La oferta fue realizada durante la reunión paritaria del martes 1º de septiembre, encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Allí, el funcionario también ratificó la vigencia de otro incremento del 3% para octubre, que había sido acordado y comprometido durante las negociaciones de junio.

Desde los gremios consideraron insuficiente el ofrecimiento y reclamaron una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. “No fue una oferta, fue una provocación”, sostuvo la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, tras el encuentro.

De acuerdo con las organizaciones sindicales, la deuda salarial acumulada alcanza el 31,2%, a lo que consideran que deben sumarse la evolución correspondiente a agosto, salarios adeudados y la discusión en torno al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

En ese marco, desde el sector remarcaron que “la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”.

De la reunión participaron representantes de Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica y Fedun, además del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

Por su parte, el Gobierno nacional defendió la propuesta y señaló que la recomposición planteada se encuentra dentro del “esfuerzo financiero continuo” para el sostenimiento del sistema universitario, al tiempo que aseguró que las partidas destinadas a las universidades nacionales representan una de las principales erogaciones directas del presupuesto.

Mientras los gremios preparan nuevas protestas, la Subsecretaría de Políticas Universitarias convocó a retomar las negociaciones el próximo jueves 17 de septiembre, por lo que esa instancia podría resultar determinante para la evolución del conflicto.

A la disputa salarial se sumó además un frente judicial. Según informaron los sindicatos, el juez federal Martín Cormick otorgó al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe en el que detalle el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Con ese escenario, las asambleas de este jueves y viernes serán claves para determinar la continuidad del reclamo, mientras comienza a tomar forma la posibilidad de una nueva movilización federal en defensa de la universidad pública.

El juez federal Martín Cormick dio lugar a una cautelar en favor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Gobierno a cumplir de inmediato con el financiamiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal número 11, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se da tras una demanda de la casa de altos estudios contra el Decreto 759/2025 que promulgó la Ley 27.795.

La UBA había reclamado que dicho decreto suspendió la aplicación efectiva de la normativa hasta que el Congreso determinara cómo financiarla, algo que consideraron “un fraude constitucional”.

Al respecto, el juez consideró que luego de que el veto presidencial fuera rechazado por el Congreso, el Ejecutivo debía implementar la ley ya que el proceso legislativo “no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley”.

Cormick también señaló que el incumplimiento de la ley produce “perjuicios graves de imposible reparación ulterior, teniendo en cuenta el deterioro de los ingresos del colectivo afectado”.

Por otro lado, remarcó que la cautelar no afecta al interés público. Incluso, apuntó que “la falta de cumplimiento de la ley afectaría el derecho a enseñar y aprender” establecidos en la Constitución Nacional.

También resaltó que el impacto fiscal de la medida estimado es del 0,23 por ciento del PBI. “Dicha cifra representaría un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública”, enfatizó.

De esta forma, el juez federal hizo lugar al planteo y ordenó que el Gobierno cumpla “de forma inmediata con lo dispuesto en los artículos 4,5°, 6° y 7° de la ley 27.795”. NA

En el marco de una nueva medida de fuerza coordinada por los gremios docentes y de investigación, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Atuncpba), Diego Jongewaard de Boer, trazó un crudo balance sobre la realidad de los trabajadores y advirtió que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario está provocando un proceso de "expulsión" de personal.

Jongewaard de Boer se refirió ayer a la crítica situación que atraviesa el sector en medio de un paro de 48 horas. La medida fue articulada junto a los docentes nucleados en Adunce y los investigadores de ATE - Conicet, conformando un frente de unidad para visibilizar el conflicto que mantiene en vilo a las casas de altos estudios del país.

El dirigente remarcó que estas acciones se inscriben en una lucha que ya lleva más de 300 días sin que el presidente Javier Milei cumpla con la normativa vigente. En ese sentido, Jongewaard de Boer señaló que la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional los "obliga a reforzar esfuerzos y coordinar acciones" para que el Gobierno entienda que "definitivamente tiene que cumplir con la ley".

Al ser consultado sobre el impacto que tiene el desfinanciamiento en el claustro que representa, el referente gremial describió un panorama desolador. Explicó que la situación es "muy crítica" y que entre sus compañeros predomina una sensación de "mucha bronca y mucha frustración". Según detalló, el retraso salarial y la crisis económica han derivado en que muchas familias se encuentren endeudadas y en la búsqueda de otros empleos para subsistir.

El secretario general hizo especial hincapié en una de las consecuencias más alarmantes de la coyuntura actual: la pérdida de capital humano dentro de la institución. "Estamos en un proceso casi que hasta de expulsión de nuestros trabajadores, obligados por la situación cotidiana y la realidad que viven esas familias en el día a día", lamentó. Esta situación afecta directamente la operatividad de la universidad, ya que se trata de personal capacitado que ha dejado su vida dentro de la estructura académica.

De acuerdo a las estimaciones del gremio, un porcentaje considerable de trabajadores ha optado por dejar la universidad en busca de mejores posibilidades económicas que les permitan acompañar la demanda de la economía diaria. El dirigente subrayó que no son ajenos a los problemas de la sociedad en su conjunto, pero puntualizó que es "muy preocupante" ver cómo agentes formados deciden alejarse de la institución por no poder cubrir sus necesidades básicas.

Ante este escenario, la conducción sindical se encuentra enfocada en la contención del personal. "Estamos pensando en cómo contenemos a nuestros compañeros y de qué manera podemos seguir acompañándolos en este momento tan crítico", sostuvo. El referente destacó que el golpe de las políticas nacionales no solo afecta a la Unicen en particular, sino que impacta de lleno en diversos sectores de la sociedad argentina.

A pesar de la especialización y la trayectoria de muchos de estos empleados, la realidad económica los empuja a priorizar la subsistencia familiar por sobre la vocación institucional.

Con la mirada puesta en el corto plazo, Jongewaard de Boer se mostró escéptico respecto a las próximas negociaciones con el Estado nacional. En relación al debate por el presupuesto para el año 2027, confesó que, en términos personales, no mantiene demasiadas expectativas. Para el dirigente, el Gobierno ya ha dado "muestras suficientes" de su posicionamiento respecto a la educación pública en la Argentina, ignorando incluso los fallos de la Justicia que lo obligan a cumplir con el financiamiento.

No obstante, el próximo 1 de septiembre se llevará a cabo una nueva instancia de paritaria a nivel nacional. En ese encuentro, los representantes de los trabajadores volverán a poner sobre la mesa la exigencia del cumplimiento de la ley. "En el caso de que no haya un acuerdo, tendremos que evaluar el conjunto de los trabajadores qué medida vamos a ir tomando de ahora en más", adelantó el titular de Atuncpba, sugiriendo que el conflicto podría escalar en las próximas semanas.

Finalmente, el referente instó a la comunidad universitaria a mantenerse organizada y a expresar el descontento de manera colectiva. Para Jongewaard de Boer, la profundización del plan de lucha es la única herramienta posible ante un Ejecutivo que se muestra inflexible.

El rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), Marcelo Aba, brindó precisiones sobre el crítico escenario que atraviesan las instituciones públicas tras cumplirse 300 días sin la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento. En una semana marcada por un paro de actividades, el referente académico señaló la gravedad institucional que implica el desinterés del Poder Ejecutivo por las normativas vigentes y alertó sobre las consecuencias que este desfinanciamiento proyectará sobre el ejercicio del año próximo.

Al mismo tiempo, aclaró que la medida de fuerza de la Conadu Histórica no tuvo impacto directo en las aulas de Tandil, Azul y Olavarría, aunque confirmó que el cuerpo docente local se sumará a un paro de 48 horas durante la semana entrante.

El titular de la universidad hizo hincapié en que la problemática trascendió el plano meramente económico para convertirse en un conflicto de cumplimiento legal. Según explicó, la administración central desoyó la voluntad del Congreso de la Nación y los fallos judiciales. En este sentido, Aba remarcó: “Hasta la Corte Suprema se ha expedido en favor del cumplimiento de una parte de esa ley y todo eso no se está cumpliendo. O sea, es más grave la situación que el solo hecho de lo presupuestario, que ya de por sí es muy grave”.

La mirada se encuentra puesta ahora en el 15 de septiembre, fecha en la que el Ejecutivo debe presentar el proyecto de presupuesto para el periodo entrante. El rector advirtió que “si ese presupuesto no contempla lo que establece la ley, de alguna manera se la está otra vez dejando sin efecto”. Por este motivo, señaló que desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se encuentran trabajando a nivel parlamentario para lograr que el piso de la partida universitaria en la nueva ley guarde relación con la norma de financiamiento.

Aba fue categórico respecto a la sostenibilidad del sistema si no se produce un cambio de rumbo urgente. Para el directivo, “otro año más con estas dificultades se va haciendo cada vez más difícil de sostener”. En esta línea, manifestó que la falta de previsibilidad impacta directamente en las proyecciones de ciencia, técnica e infraestructura, áreas con severas complicaciones para su normal funcionamiento ante la ausencia de partidas actualizadas.

A pesar de que el reclamo salarial ocupa el centro de la escena pública por el marcado retraso frente a la inflación, Aba puso el foco en la operatividad básica de la Unicen. Aclaró que la demanda no se trata de un pedido de aumento en términos reales, sino de una recomposición mínima para evitar el cese de actividades. “El funcionamiento de la universidad no está recibiendo la compensación. No estamos hablando de aumento presupuestario, sino de la mera recomposición por incremento de costos vía inflación reflejados en el IPC”, manifestó.

Sobre este punto, el rector explicó que el Índice de Precios al Consumidor no refleja fielmente el impacto de la crisis en los edificios universitarios. “La proporción de servicios en la universidad es muy alta y esos han aumentado muy por encima del IPC”, sostuvo, y agregó: “Sería importante que se considere que las universidades, en términos de luz, gas y servicios contratados, hemos tenido incrementos que van muy por arriba de la inflación”.

La Unicen, al igual que el resto de las instituciones nacionales, debió gestionar recursos limitados frente a una escalada de precios sostenida durante todo el año. Aba recordó que la única actualización significativa ocurrió tras la movilización federal de abril de 2024, pero que desde aquel momento el desfasaje se profundizó. “Lo fuimos sobrellevando, pero el final del camino empieza a ser muy complejo si no hay un punto, y ese punto nosotros entendemos que sería la ley de presupuesto”, reflexionado.

Uno de los puntos más críticos de la exposición del rector fue la revelación sobre el incumplimiento del acuerdo firmado recientemente entre el CIN, los gremios y las autoridades educativas nacionales. Aba relató que las partidas prometidas nunca llegaron a las arcas de la universidad regional. En junio, el Ministerio de Capital Humano había informado un acuerdo para un ajuste del 20 por ciento en los fondos para gastos de funcionamiento.

Según detalló el rector, “el subsecretario de Políticas Universitarias firmó un acta con el CIN y los gremios que hablaba de un incremento de un 20 por ciento para los gastos de funcionamiento. Yo mencionaba 33 por ciento de inflación, ya de por sí no estamos recuperando, pero es cierto que al menos ese 20 nos daba un horizonte un poco más tranquilizador para finalizar el año. Eso no se ha cumplido”.

Esta falta de palabra del Gobierno Nacional agravó el malestar en la comunidad educativa. Por el momento, la estrategia de las casas de estudio se centra en la negociación en el Congreso y en la búsqueda de consensos en el CIN. “Hoy por hoy estamos apostando más a la construcción de esta propuesta de presupuesto y a lograr que en algún punto se nos reconozca lo que al menos dice la cautelar”. No obstante, Aba no descartó profundizar las medidas de fuerza tras la próxima reunión del CIN, programada para los primeros días de septiembre.

En un nuevo capítulo del conflicto entre las universidades y el Gobierno, los gremios docentes y no docentes realizan hoy un paro nacional para reclamar por el incumplimiento de tres puntos fundamentales: la no aplicación de la ley de financiamiento universitario, el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre la actualización de haberes y la falta de aumento en las partidas presupuestarias para los hospitales universitarios.

La medida de fuerza, anunciada la semana pasada para este 12 de agosto, se enmarca en un reclamo que lleva casi un año, tras la sanción de la normativa que aprobó el Congreso de la Nación para actualizar los gastos de funcionamiento de las facultades y hospitales, además de habilitar paritarias para la recomposición salarial.

“Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Yo como docente, al igual que nuestros compañeros y compañeras, no queremos estar reclamando en la calle ni dejando de dar clases por un paro de actividades. Queremos estar en el aula frente a los estudiantes. Queremos estar en las cátedras, haciendo investigación o enseñando y asistiendo en nuestros hospitales. Pero nos han empujado a esto, ya que aún seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos", afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, rechazó los reclamos y calificó la medida de ilegítima y de carácter político. La cartera aseguró que no existe incumplimiento alguno y detalló las transferencias realizadas en concepto de gastos de personal e incrementos salariales durante los meses de junio y julio.

A pesar de la jornada de protesta, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, confirmó que la institución mantendrá sus puertas abiertas, señalando que la adhesión a la medida de fuerza dependerá de cada profesor y trabajador no docente. En tanto, para este miércoles a las 16 se espera una convocatoria en la zona del Obelisco, a la que se plegarán diversos gremios del sector.

Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), representados por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Atuncpba), ratificaron la profundización de su plan de lucha ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional. 

Diego Jongewaard de Boer, secretario general de Atuncpba, confirmó que el sector se plegará a las medidas de fuerza para visibilizar la crítica situación salarial que atraviesa el claustro y reclamar la aplicación efectiva de la normativa vigente.

En relación con los fundamentos de estas medidas, el dirigente sindical fue contundente al señalar la persistencia del conflicto: “Principalmente exigimos que se cumpla la ley, lo que ha dicho la justicia. Llevamos ya 293 días para ser precisos del incumplimiento de la ley, en los que la justicia ya nos ha dado la razón en varias oportunidades”, señaló el dirigente.

El plan de acción gremial contempla una serie de actividades coordinadas con otros sectores de la comunidad universitaria. Tras el paro previsto para el miércoles 12 de agosto, los trabajadores no docentes participarán en jornadas de lucha y abrazos simbólicos durante la semana del 19 de agosto, acciones que se realizarán en conjunto con el gremio docente. Posteriormente, los días 27 y 28 de agosto, el personal no docente llevará a cabo un paro de 48 horas como medida de fuerza adicional para sostener el reclamo.

El secretario general de Atuncpba expresó su escepticismo respecto a las instancias de diálogo con el gobierno nacional, a pesar de la reunión paritaria convocada para el primero de septiembre. Al respecto, Jongewaard de Boer manifestó: “Del gobierno ya sabemos que podemos esperar poco y nada diría, porque ya llevamos casi 300 días y no cumple, así que veremos en esa paritaria si podemos hacer que el gobierno entienda de que tiene que cumplir con el fallo que nos dio la justicia.”

La situación económica de los trabajadores es el eje central de la preocupación gremial. Según los datos aportados por el dirigente, el poder adquisitivo del sector ha sufrido una caída cercana al 70 por ciento en los últimos dos años y medio, lo que genera un escenario de alta vulnerabilidad. "La situación de la de la Unicen con respecto a los trabajadores es muy complicada. Tenemos un claustro que está pasando situaciones críticas, muy endeudados", remarcó el referente de Atuncpba.

Desde el gremio sostienen que, si bien la Ley de Financiamiento Universitario no resuelve la totalidad de los problemas estructurales, representa un alivio necesario ante la pérdida salarial acumulada. Al respecto, Jongewaard de Boer enfatizó que, para lograr una recomposición real, se debería estar pensando en un 45 por ciento, aunque advirtió que la negociación paritaria se presenta compleja debido a la tendencia del gobierno a tomar decisiones de manera unilateral.

 Ante este panorama, el sindicato apuesta por fortalecer la unidad de los trabajadores para sostener el reclamo y exigir respuestas concretas que permitan paliar la angustia y la preocupación que atraviesa el claustro universitario.