Gremios universitarios pusieron en pausa las medidas de fuerza anunciadas para la semana que viene tras el acuerdo salarial alcanzado por el gobierno nacional. Desde Adunce -que nuclea a los docentes de la Unicen-, resolvieron “poner en suspenso el paro de la próxima semana y retomarlo en caso de incumplimiento de acuerdo”, mientras que desde Atuncpba -que agrupa a no docentes-, anunciaron la suspensión del paro por las negociaciones en curso.

Más allá del acuerdo, los trabajadores, junto con las autoridades de las universidades nacionales, mantienen su reclamo principal: que el gobierno implemente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre pasado tras un intenso debate, e idas y vueltas con veto presidencial de por medio.

A través de sus redes sociales, tanto Adunce como Atuncpba destacaron el acuerdo alcanzado, y plantearon la continuidad de la demanda principal. Transmitieron también cuáles serán los pasos a seguir en el marco de lo establecido por las partes.

“Empezamos a recuperar lo que el gobierno nos debe; salario y paritarias”, publicaron desde Adunce. “Informamos que la medida de fuerza convocada para el próximo 16 de junio ha quedado en suspenso, en virtud de las negociaciones que se encuentran en curso entre la representación sindical y las autoridades nacionales”, señalaron por su parte desde Atuncpba.

Si bien aceptaron la propuesta salarial, los trabajadores resolvieron mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento. Al respecto, indicaron los docentes, “,ientras la ley sigue vigente, la paritaria implica dar un primer paso hacia el objetivo de la recomposición salarial y el restablecimiento del derecho a la negociación colectiva. El plan de lucha continúian hasta tanto no se ejecuta la Leyt de Financiamiento”.

El acta paritaria

Según lo acordado, el incremento salarial se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los haberes vigentes y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los salarios de septiembre. El salario de un docente de categoría simple, publicaron desde Adunce, sería de  $364,385.

En materia presupuestaria, el acuerdo prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir del corriente, y también se incorporará una partida adicional de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios durante 2026.

Pero a su vez, el acuerdo alcanzado definió un incremento -también del 21,33 por ciento-, de la garantía salarial de junio. La misma establece un monto salarial mínimo, que impacta en particular en los docentes de menor categoría. 

De parte de los gremios precisaron que en el próximo plenario -que realizarán en julio-, discutirán sobre el contenido de la futura paritaria. El límite establecido para el encuentro con autoridades del gobierno nacional será el próximo 14 de septiembre. Será “para definir la actualización salarial en referencia a la variación acumulada del IPC”, marcaron.

También se acordó que “abordar en un máximo de 45 días un adicional por la perdida salarial de los niveles pre-universitarios debido a la eliminación del FONID”.

Si bien los trabajadores aceptaron la propuesta de aumento salarial, el reclamo mayor del sector universitario en su conjunto -autoridades, investigadores, becarios, estudiantes-, sigue siendo el mismo que desde hace meses: que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación. 

El reclamo tuvo su impacto en Tandil, donde se llevaron a cabo medidas de fuerza pero también instancias de visibilización pública de la demanda: semaforazos, asambleas, clases públicas, volanteadas, charlas y muchas otras iniciativas que se sumaron a las Marchas Federales que se replicaron en la ciudad.

Luego de meses de tensión, movilizaciones masivas y una puja presupuestaria que mantuvo en vilo a la educación pública superior, en la jornada de ayer Capital Humano informó que llegó a un acuerdo en una mejora presupuestaria y salarial con el sector. La propuesta incluyó un aumento salarial de 24,33 por ciento en dos tramos, un ajuste de 21,33 por ciento en julio y otro del tres por ciento en octubre.

En una entrevista con El Eco, Marcelo Aba, rector de la Unicen, explicó que, tras intensas gestiones, las partes lograron establecer una base de entendimiento que permite proyectar un horizonte de mayor previsibilidad, aunque aclaró que esto dista de ser una solución definitiva a la crisis que atraviesa el sector.

El rector sostuvo que, en las últimas horas, se produjo un cambio de postura por parte del Gobierno Nacional, que culminó con el llamado a las paritarias de los diferentes gremios docentes y nodocentes. Según explicó, la administración central había intentado inicialmente condicionar estas mejoras a que los rectores desistieran de las acciones judiciales vigentes. No obstante, la firme negativa de las autoridades universitarias obligó a una nueva convocatoria que permitió sellar un compromiso que impactará directamente en los haberes del personal.

Al evaluar el alcance del entendimiento, manifestó que "se llegó a un acuerdo que no deja por supuesto satisfecho al sector universitario, pero que sí representa un avance importante". Según el análisis del rector, aunque la medida no implica un cumplimiento total de la normativa vigente, sí constituye un progreso significativo para la situación de los trabajadores, especialmente para aquellos que perciben los ingresos más bajos.

El esquema acordado contempla un aumento salarial que se aplicará de manera escalonada y acumulativa. Para el mes de julio, se fijó un incremento del 21,33 por ciento, al que se sumará un tres por ciento adicional en octubre. Esta ingeniería financiera totalizará un alza cercana al 25 por ciento, lo que busca mitigar el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los universitarios.

Un punto fundamental del acuerdo radicó en la actualización de la denominada garantía salarial. Este instrumento técnico asegura que ningún trabajador universitario perciba una remuneración por debajo de la línea de la pobreza. Aba subrayó la relevancia de este punto al señalar: "Eso es muy importante porque los salarios más bajos están todos alcanzados por la garantía salarial, que es un número que fija el gobierno para que no queden por debajo de la línea de la pobreza".

El rector explicó que, sin este ajuste proporcional, cualquier aumento porcentual hubiera sido absorbido por la garantía previa, dejando a los trabajadores de las categorías inferiores sin una mejora real en sus ingresos de bolsillo. Con esta modificación, toda la escala salarial se "corre" de manera efectiva. También hizo especial hincapié en que el 25 por ciento final resulta determinante para el personal que atraviesa los momentos más difíciles dentro del sistema educativo nacional.

Asimismo, el paquete de medidas incluyó un incremento del 20 por ciento en las partidas destinadas a gastos de funcionamiento. Si bien este porcentaje acompaña el ritmo operativo de las instituciones, Aba aclaró que, en el caso de la Unicen, no se recibirán fondos adicionales para hospitales universitarios, ya que no cuenta con dicha infraestructura.

La situación de los estudiantes también formó parte de la mesa de diálogo. El reclamo estudiantil, canalizado a través de la Federación Estudiantil y en sintonía con los planteos de los rectores, puso el foco en el retraso de las becas de ayuda económica. Aba recordó que las negociaciones llevadas adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contemplaron en todo momento las necesidades de los alumnos.

El rector de la Unicen precisó que los montos percibidos por los estudiantes se encontraban sumamente desactualizados frente al costo de vida actual. "En el caso de las becas Belgrano estaban muy retrasadas y reciben a partir de este mes un incremento del 50 por ciento. No es la solución, siguen quedando bajas, pero representa un 50 por ciento al menos", remarcó. Cabe destacar que las becas Progresar no formaron parte de esta discusión ya que Nación las considera ayudas gestionadas por la Anses.

Otro de los avances institucionales que destacó el rector fue el compromiso de establecer una periodicidad en la discusión salarial, algo que no había sucedido desde el inicio de la actual gestión presidencial. “El gobierno se compromete a, en plazos no mayores a cada tres meses, puede hacerlo antes, pero como máximo cada tres meses, llamar a paritaria para discutir los salarios y ahí es donde se plantea tener como referencia el IPC para que no se pierda lo que se gana ahora en los próximos meses”, señaló Aba.

Pese a las mejoras anunciadas, el rector de la Unicen fue tajante al afirmar que la disputa de fondo por la Ley de Financiamiento Universitario no ha concluido. Aba recordó que el sistema universitario acarrea un retraso salarial y presupuestario histórico, originado por la alta inflación registrada tras la asunción del actual gobierno en diciembre del 2023, periodo en el que no se otorgaron aumentos y se perdió entre un 20 y un 25 por ciento que nunca fue recuperado.

El rector ratificó que la medida cautelar que las universidades presentaron sigue su curso legal y que no fue negociada a cambio de los recientes aumentos. Al respecto, fue categórico: "Con respecto a la ley, al menos de nuestra parte, no cambia nada. Seguimos teniendo vigente hoy en la Corte Suprema de Justicia, luego de dos fallos favorables, uno de juez y uno de cámara, la medida cautelar, que es la que se refiere a los temas de los que estamos hablando, salarios y becas fundamentalmente. Eso sigue vigente, los rectores nunca tuvimos como opción darla de baja".

Finalmente, sobre el futuro de las medidas de fuerza convocadas por los gremios, el rector estimó que el escenario podría modificarse tras la firma de las paritarias, aunque dejó la decisión final en manos de las organizaciones sindicales. "Entendemos que pueden de alguna manera suavizarse, pero son decisiones gremiales", concluyó Aba, reafirmando que, aunque exista un alivio temporal, la comunidad universitaria continuará luchando por el cumplimiento de la ley.

El Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes alcanzaron este miércoles un acuerdo para mejorar el financiamiento de las universidades públicas, en un intento por destrabar un conflicto que se extendió durante varios años. El entendimiento incluye una recomposición salarial del 24,33%, además de incrementos en partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio, hospitales universitarios y becas estudiantiles.

Según lo acordado, el incremento salarial se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los haberes vigentes a mayo de 2026 y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los salarios de septiembre. Desde el Gobierno señalaron que la actualización contempla la inflación acumulada hasta mayo de este año, la recomposición del desfasaje de 2025 y una recuperación parcial del poder adquisitivo perdido durante 2024.

Además, las partes resolvieron reactivar las negociaciones paritarias con una periodicidad máxima de tres meses, uno de los principales reclamos que sostenían los sindicatos universitarios.

En materia presupuestaria, el acuerdo prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de este mes. También se incorporará una partida adicional de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios durante 2026.

Por otra parte, se confirmó un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

A pesar del avance logrado en las negociaciones, el conflicto no quedó completamente cerrado. Las universidades mantendrán el reclamo judicial ante la Corte Suprema para que se garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, mientras que el Ejecutivo anticipó que buscará volver a discutir el esquema de financiamiento durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

El acuerdo fue presentado por el Gobierno como una herramienta para descomprimir la tensión con el sector universitario, aunque desde la Casa Rosada ratificaron su intención de impulsar modificaciones al sistema de financiamiento en el futuro.

Sin embargo, el conflicto por el financiamiento del sistema universitario continúa abierto en la Corte Suprema.

La negociación se cerró luego de varias semanas de tensión y amenazas de nuevas medidas de fuerza. Según informaron fuentes oficiales y del CIN, el entendimiento contempla una recomposición salarial escalonada y el envío de partidas para cubrir gastos operativos de las casas de estudio.

La propuesta final es la que trascendió desde esta semana y que tiene el visto bueno de los gremios que representan a los trabajadores del sector, tal como pudo saber Agencia Noticias Argentinas: habrá un incremento del 24,33 por ciento en dos tramos, con un ajuste de 21,33 en julio y otro de 3 en octubre.

La recomposición equivale a siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. Hay otros dos ejes que se conversaron y se saldaron: habrá un incremento del 50 por ciento en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y, a pedir de la Universidad de Buenos Aires, se sumó un financiamiento de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

Para el oficialismo, lo que sucedió marca que consiguieron “torcerle el brazo” a la postura intransigente de los rectores y que podrán cuidar las cuentas públicas. Desde hace semanas que en el oficialismo señalaban que no podían ofertar más que las cifras que lanzaron en la mesa de negociación. Y confiaban en que, ante la urgencia de presupuestos, los representantes de las casas de estudio iban a firmar un pacto.

Pero este entendimiento no equivale a que se termine la pelea entre las partes. Los rectores adelantaron que, más allá de este pacto, continuarán en plena demanda judicial para que Nación cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Una normativa vetada y que se encuentra bajo el análisis de la Corte Suprema, sin definición por el momento.

La Federación de Docentes de Universidades (Fedun) destacó el acuerdo. En un comunicado, expresó que “tras dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales, logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente”.

“El ofrecimiento contempla un 24,33 por ciento de actualización salarial: 21,33 en junio, sobre los básicos de mayo, y 3 en octubre. Además, el aumento de junio impacta en el cálculo del medio aguinaldo. Desde Fedun remarcamos que es un avance importante, pero que la lucha continúa para recuperar integralmente el salario perdido”, completaron. NA

El Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas quedaron a un paso de alcanzar un acuerdo salarial que podría descomprimir el conflicto por el financiamiento del sistema universitario. La propuesta oficial incluye un incremento del 24,33% para los docentes universitarios, distribuido en dos etapas, y deberá ser analizada y aprobada por los gremios del sector.

Según trascendió, la administración nacional ofreció una suba inmediata del 21,33% y un incremento adicional del 3% para septiembre. Además, el entendimiento contempla otros compromisos presupuestarios, entre ellos un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras estratégicas, y una partida extraordinaria de $50.000 millones para hospitales universitarios.

La propuesta fue recibida favorablemente por los rectores durante una reunión informal mantenida con representantes de la Casa Rosada. Sin embargo, la definición final dependerá de la postura que adopten organizaciones gremiales como Conadu y Conadu Histórica, que hasta el momento mantienen convocado un paro nacional de actividades entre el 16 y el 20 de junio.

Fuentes gremiales consultadas indicaron que los docentes de todo el país ya cuentan con la oferta oficial y que durante los próximos días se realizarán asambleas y consultas para fijar una posición conjunta. La respuesta definitiva se conocería este miércoles.

Si bien el aumento propuesto es considerado significativo, desde los sindicatos remarcan que aún se encuentra lejos de compensar la pérdida salarial acumulada desde el inicio de la gestión de Milei. Según sostienen, el deterioro del poder adquisitivo alcanzaría aproximadamente los 45 puntos porcentuales.

Uno de los objetivos que buscaba el Gobierno durante las negociaciones era que las universidades retiraran la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario, aunque finalmente no logró ese compromiso.

La norma, aprobada por el Congreso, nunca fue aplicada por el Poder Ejecutivo, que argumenta que el texto no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.

Por su parte, la comunidad universitaria recurrió a la Justicia para exigir el cumplimiento de la ley. La causa obtuvo una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente permanece suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.

De confirmarse el acuerdo salarial en las próximas horas, el conflicto universitario podría ingresar en una etapa de distensión, aunque seguirán abiertas las discusiones sobre el financiamiento estructural del sistema de educación superior.

El rector de la Unicen, Marcelo Aba, evaluó el escenario actual de las universidades nacionales frente a un nuevo paro de actividades y reconoció que existieron acercamientos recientes con las autoridades nacionales. Según detalló la máxima autoridad académica de la institución tandilense, hubo una serie de reuniones y llamados que permitieron vislumbrar una “mejora en materia salarial y en el presupuesto destinado a becas”.

Al mismo tiempo, el rector de la Unicen, en diálogo con El Eco Multimedios, lamentó que estos avances se encuentren actualmente "trabados" por un pedido explícito del Ejecutivo nacional para desactivar el frente judicial que mantienen los rectores.

Según explicó, Nación puso como condición para avanzar con este suplemento presupuestario que las universidades retiren la medida cautelar que se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema. Al respecto, el rector fue tajante y manifestó que no consideran oportuno dar marcha atrás con dicha presentación, ya que en ese camino se involucró no solo a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en su conjunto. Para Aba, el Gobierno nacional tiene ahora en sus manos la posibilidad de otorgar el aumento permitiendo que la vía legal siga su curso natural.

Durante las últimas semanas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) funcionó como el canal de diálogo primario con el Ejecutivo nacional. En estos encuentros, se pusieron sobre la mesa las necesidades más urgentes del sistema, centrándose especialmente en el retraso de los haberes de los trabajadores. 

El rector recordó que el Gobierno nacional planteó dos reclamos ante el máximo tribunal del país: uno vinculado a la validez de los jueces intervinientes y otro sobre la cautelar propiamente dicha. Mientras que la Corte ya se expidió sobre el primer punto, el sistema universitario aguarda una resolución sobre el restante.

Aba calificó las propuestas recibidas como un "oxígeno" necesario para los trabajadores, aunque aclaró que las cifras barajadas no representan el cumplimiento total de la ley. "Consideramos que no vienen a recomponer todo lo que se ha perdido en este tiempo, pero también es cierto que, aun siendo poco, es significativo e importante", sostuvo el rector. Esta recomposición salarial quedó supeditada a una decisión política que, por el momento, mantiene las posiciones distanciadas entre las partes debido a la negativa de los rectores de ceder ante el condicionamiento judicial.

En este contexto de incertidumbre, las organizaciones gremiales ratificaron la continuidad del plan de lucha con nuevas medidas de fuerza para visibilizar el deterioro de los ingresos. El titular de la Unicen subrayó que el problema original se remonta al inicio de la gestión actual, cuando la devaluación generó un salto inflacionario que nunca fue compensado de manera efectiva.

De acuerdo con los datos técnicos que maneja la universidad, los trabajadores comenzaron el periodo con una “pérdida de poder adquisitivo superior al 20 por ciento”, a la que se le sumaron mermas mensuales acumulativas que hoy tornan la situación insostenible para el personal docente y nodocente.

Finalmente, el rector destacó que, a pesar del conflicto, la universidad pública mantiene un fuerte respaldo popular que se manifestó en las calles. Las recientes movilizaciones evidenciaron que el pueblo percibe a la institución como una “herramienta de progreso social”, tanto en lo individual como en lo colectivo para ciudades donde la universidad está radicada. 

Por este motivo, Aba reafirmó el compromiso de la institución de sostener las funciones centrales de la casa de estudios día a día, mientras se busca una salida al conflicto que garantice salarios dignos y el funcionamiento operativo de las unidades académicas.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) resolvió profundizar las medidas de fuerza en el marco del conflicto que mantiene con el Gobierno nacional y convocó a un paro de actividades de una semana completa, que se llevará a cabo del 16 al 20 de junio en las universidades públicas de todo el país.

En ese marco, la Asociación Gremial de Docentes de la Unicen (Adunce) adherirá a la medida de fuerza, por lo que el paro tendrá impacto en las actividades académicas de las diferentes sedes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen).

La decisión fue adoptada durante el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la organización, realizado el pasado 5 de junio, donde se evaluó la situación del sector y se definió la continuidad del plan de lucha en reclamo de mejoras salariales y de una solución integral para el financiamiento universitario.

Además del paro, desde Conadu se acordó impulsar acciones conjuntas con el Frente Sindical Universitario. Entre las actividades previstas se encuentran clases públicas frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y de distintas ciudades del país el próximo 9 de junio, así como nuevas jornadas de protesta en Rosario y frente al Palacio Pizzurno los días 11 y 16 de junio, respectivamente.

Durante el encuentro, los dirigentes sindicales también analizaron las versiones sobre una posible propuesta del Gobierno nacional a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). No obstante, señalaron que la resolución del conflicto requiere una convocatoria formal que permita avanzar en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, remarcaron la necesidad de sostener las acciones judiciales actualmente en curso.

Desde Conadu indicaron que, en caso de existir una oferta formal, la misma será sometida a consulta de la docencia de las universidades nacionales para definir los pasos a seguir. Mientras tanto, el plenario se declaró “en estado de alerta y sesión permanente”.

Por otra parte, la federación informó que realizó una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para “denunciar al gobierno nacional argentino por la falta de respuesta al reclamo de convocatoria a la negociación paritaria, y por las acciones antisindicales con las que el gobierno busca limitar el derecho a huelga”.

La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, cuestionó la política oficial hacia el sistema universitario y ratificó la continuidad de las medidas de protesta. “Con este gobierno la universidad pública está en constante peligro de desaparecer. Pero nosotros no lo vamos a permitir", señaló. 

"Mientras el gobierno sigue sin dar respuestas concretas y urgentes a quienes sostenemos las universidades, continuamos el plan de lucha en todo el país. Tenemos la convicción de que el pueblo argentino va a triunfar en esta lucha, y que la universidad es capaz de anudar todos los malestares que estamos viviendo”, sostuvo la dirigente.

El plenario se desarrolló además en homenaje al músico y referente cultural Indio Solari, en una jornada marcada por el recuerdo del artista, cuyas obras y letras tuvieron una profunda influencia en distintas generaciones de argentinos.

Con la convocatoria al paro nacional de una semana y una agenda de movilizaciones en distintos puntos del país, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo mientras persisten las demandas del sector docente por recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades públicas.

En una columna anterior sostuvimos que la Corte Suprema también decide cuando demora. El silencio judicial no constituye una ausencia de poder. Muchas veces representa una de sus formas más eficaces. La administración del tiempo puede convertirse en una auténtica sentencia invisible.

Sin embargo, existe una dimensión todavía más profunda del problema. En ocasiones la Corte ni siquiera necesita dictar una sentencia ni prolongar deliberadamente los tiempos del expediente. Basta la posibilidad de un eventual pronunciamiento adverso para producir consecuencias políticas concretas. El solo horizonte de una decisión judicial comienza a ordenar conductas, modificar estrategias y alterar relaciones de fuerza.

Algo de eso parece suceder hoy alrededor del conflicto universitario.

Según trascendió públicamente, mientras la Corte Suprema mantiene abierto el expediente vinculado a la ley de financiamiento universitario, comenzaron a desplegarse distintos canales de diálogo entre el Gobierno nacional, sectores sindicales y actores del sistema universitario. Celebramos que se destrabe de manera inmediata la situación presupuestaria del sistema universitario. Esto es de urgente solución pero no por ello hay que desatender cuestiones de fondo. La sola posibilidad de una intervención categórica del Máximo Tribunal comenzó a producir efectos políticos concretos aun antes de que exista sentencia.

Pese a ello nuestra reflexión nuclear no reside únicamente en las conversaciones en curso, sino en aquello que subyace detrás del conflicto. La discusión ya excede ampliamente la cuestión presupuestaria universitaria. Lo que aparece comprometido es un problema mucho más profundo, estamos hablando de los límites constitucionales del poder presidencial y la vigencia efectiva del sistema republicano.

Porque aquí no se debate solamente una política pública. Lo que está en discusión es si el Poder Ejecutivo puede incumplir una ley vigente sancionada por el Congreso bajo el argumento de imposibilidad financiera o mediante decisiones administrativas unilaterales. Y, además, si resulta constitucional que un decreto de necesidad y urgencia altere de manera estructural el funcionamiento institucional sin los controles republicanos adecuados. Por eso la Corte se encuentra frente a una responsabilidad que trasciende la coyuntura universitaria.

El tribunal debe expedirse de manera clara, categórica y pública sobre cuestiones institucionales de una gravedad superlativa. No sólo respecto del financiamiento educativo, sino también sobre dos principios esenciales del orden constitucional. Urge una rotunda señal por parte de la cúspide del sistema judicial para poner en blanco sobre negro en torno a la grosera inconstitucionalidad sobre decretos que exceden los límites fijados por la Carta Magna y en ese orden acerca de la imposibilidad por parte del Ejecutivo en el incumplimiento de leyes válidamente aprobadas por el Congreso de la Nación.

Insistimos en la idea de que la actual situación obliga a revisar una vieja concepción del Poder Judicial. Alexander Hamilton sostenía en El Federalista Nº 78 que los tribunales constituían el poder menos peligroso dentro de la organización republicana porque no disponían ni de la fuerza ni del tesoro. El Judicial carecía de voluntad y sólo poseía discernimiento. Su legitimidad descansaba precisamente en esa limitación. La experiencia contemporánea muestra un escenario bastante más complejo.

Las cortes constitucionales o aquellas que concentran amplias esferas de competencia como ocurre en nuestro país, no sólo interpretan normas. También administran conflictos políticos. Lo hacen a través de sus decisiones, de sus silencios, de las prioridades que establecen y de los tiempos que manejan. Incluso la mera incertidumbre respecto de lo que podrían resolver termina muchas veces condicionando comportamientos públicos y privados.

La teoría política del derecho lleva décadas estudiando estos fenómenos. Así tenemos la labor de Gretchen Helmke quien en un minucioso estudio, explicó cómo los tribunales adaptan estratégicamente sus conductas según las relaciones de fuerza existentes con el gobierno. Por otra parte Andrea Castagnola analizó las formas de condicionamiento recíproco entre poder político y justicia. Jeffrey Lax y Charles Cameron desarrollaron la idea de bargaining judicial para describir las negociaciones que atraviesan los procesos decisorios de las cortes supremas.

Nada de ello supone necesariamente corrupción ni pactos clandestinos. Los sistemas constitucionales funcionan muchas veces mediante mecanismos de equilibrio informal. Los gobiernos procuran evitar derrotas judiciales costosas. Los tribunales intentan preservar autoridad institucional y eficacia futura de sus decisiones.

Pero allí emerge también el verdadero problema. No resulta necesariamente ilegítimo que alrededor de un conflicto constitucional existan conversaciones o intentos de descompresión política. Lo verdaderamente grave es que esos procesos se desarrollen en la opacidad de los despachos y de espaldas a la sociedad.

Cuando ello ocurre, el expediente judicial deja de ser un espacio de deliberación pública para transformarse en una herramienta reservada de administración política. Platón advertía en La República que la justicia sólo existe cuando cada parte cumple la función que le corresponde. Tal vez allí resida hoy una de las principales tensiones institucionales. El problema comienza cuando los jueces dejan de garantizar deliberación pública y pasan a convertirse en administradores silenciosos de la política.

En este punto adquiere centralidad la perspectiva desarrollada por Roberto Gargarella en torno al vínculo entre control judicial y deliberación democrática. Según esa concepción, la legitimidad de la intervención judicial no depende exclusivamente del contenido final de la sentencia. También depende de la calidad deliberativa del procedimiento que conduce hacia ella.

La función constitucional de la Corte no debería agotarse en imponer soluciones desde arriba ni en administrar silenciosamente los tiempos del conflicto. Su responsabilidad institucional consiste además en abrir la discusión pública, transparentar las razones de sus decisiones e incorporar a los sectores involucrados dentro de procedimientos visibles y democráticos.

La diferencia es decisiva. Una democracia constitucional no puede aceptar que cuestiones vinculadas al financiamiento de la educación pública, los límites constitucionales del presidencialismo o la vigencia efectiva de las leyes queden reducidas a conversaciones informales entre funcionarios, operadores judiciales y sectores de poder.

La deliberación constitucional exige publicidad, participación y visibilidad social. Aquí también resulta particularmente valiosa la distinción formulada por Raúl Calvo Soler entre negociación y diálogo democrático. La negociación responde a una lógica estratégica. Los actores intercambian concesiones con el propósito de maximizar intereses propios y disminuir costos. El diálogo democrático persigue otra finalidad. Exige que las posiciones puedan justificarse públicamente frente a la comunidad política. No alcanza con arribar a acuerdos. Resulta indispensable construir calidad institucional.

La diferencia excede cualquier discusión terminológica. En la negociación importa el resultado. En la deliberación democrática importa además el modo en que ese resultado se construye. Por esa razón debemos repensar el funcionamiento de la Corte Suprema. Hoy se discute con frecuencia el número de sus integrantes. Tal vez el debate más profundo deba centrarse en su cualidad republicana y democrática.

Necesitamos instituciones del siglo XXI que funcionen como verdaderos garantes constitucionales. No se pueden concebir poderes del Estado que no contengan en su ADN perspectivas inclusivas, transparentes, participativas y capaces de proteger derechos tanto de las mayorías como de las minorías. No se trata de una utopía. Se trata de una exigencia republicana.

La Corte Suprema debe asumir plenamente su responsabilidad. Y esa tarea exige algo elemental como primer paso, establecer con claridad que los decretos presidenciales poseen límites constitucionales y que las leyes aprobadas por el Congreso no pueden transformarse en normas optativas sujetas a la voluntad circunstancial del Poder Ejecutivo. Ello en tiempo urgente e inmediato. Sólo allí el Poder Judicial conserva legitimidad republicana. De lo contrario, la sentencia invisible corre el riesgo de transformarse en algo todavía más preocupante, una forma opaca de gobierno.

(*) Abogado. Máster en Derecho Penal. Mediador. Licenciado en Filosofía. Especialista en Periodismo. Profesor universitario.

Las siete universidades argentinas que figuran entre las mejores del mundo en el ranking CWUR 2026 perdieron posiciones en comparación con el año pasado. La Universidad de Buenos Aires (UBA), que se mantiene como la institución mejor posicionada del país, descendió del puesto 409 al 423 a nivel global. Este retroceso se replicó en todas las casas de altos estudios nacionales incluidas en la clasificación, en un marco atravesado por el conflicto debido al recorte del presupuesto y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Este año, el Center for World University Rankings (CWUR) seleccionó a siete universidades argentinas entre las 2000 mejores de un total de 21 mil instituciones evaluadas. En 2024, el listado incluía a ocho universidades nacionales, mientras que en 2021 la cifra alcanzaba las diez. 

Tras la UBA, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cayó del puesto 752 al 768, seguida por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que pasó del 819 al 845. En la segunda mitad de la tabla se encuentran la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El informe destaca que todas las universidades argentinas empeoraron en el indicador de investigación. Al respecto, Nadim Mahassen, presidente del Center for World University Rankings, señaló que “el deterioro de las universidades argentinas refleja años de financiamiento inadecuado y la desvalorización de la ciencia y la educación como bienes públicos”.

Mahassen agregó que “las universidades argentinas enfrentan dificultades para ofrecer educación de alta calidad, atraer y retener talento y producir investigación de calidad a gran escala”. Asimismo, el directivo advirtió que “no es solo un problema académico, sino nacional, porque la erosión del sistema de educación superior argentino socava el desarrollo científico, la innovación y el futuro de largo plazo del país”.

La metodología del ranking asigna el 40 por ciento del puntaje a indicadores científicos. El resto de la evaluación se distribuye entre calidad educativa (25 por ciento), empleabilidad de los graduados (25 por ciento) y distinciones académicas del cuerpo docente (10 por ciento). A diferencia de otros rankings internacionales como QS, CWUR destaca que no utiliza encuestas de reputación ni información provista por las propias universidades. A nivel regional, la UBA se posicionó como la sexta mejor universidad de América Latina, en un listado liderado por la Universidad de São Paulo.

Como advirtiera Alexander Hamilton en El Federalista Nº 78, el Poder Judicial aparece concebido como el órgano “menos peligroso” dentro de la estructura republicana, precisamente porque carece de los instrumentos materiales de coerción y decisión política que sí poseen los otros poderes del Estado. Mientras el Ejecutivo posee la fuerza militar de la comunidad y el Legislativo dispone de la bolsa y dicta las reglas generales de convivencia, el Judicial a juicio del americano, no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro. Desde esta perspectiva, la legitimidad de la Corte Suprema no descansa en la capacidad de imponer decisiones por la fuerza, sino en la autoridad institucional derivada de su función de interpretación y garantía constitucional.

En ese mismo sentido, Hamilton sostiene que el Poder Judicial no posee fuerza ni voluntad, sino únicamente discernimiento, afirmación que delimita con claridad el alcance de la función judicial dentro del sistema republicano. La Corte Suprema, en consecuencia, no fue concebida como un órgano de gobierno ni como una instancia de dirección política, sino como un tribunal llamado a ejercer prudencia interpretativa y control jurídico frente a los excesos de los otros poderes

Sin embargo, la imagen del Poder Judicial como un poder desprovisto de fuerza y voluntad, limitada exclusivamente al “discernimiento”, parece hoy merecer una revisión crítica. La experiencia contemporánea demuestra que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no siempre actúa como un órgano neutral ajeno a las disputas de poder, sino que, en numerosas ocasiones, sus tiempos, silencios y prioridades terminan produciendo efectos políticos concretos. La demora selectiva en resolver determinadas controversias institucionales, la oportunidad con la que ciertos expedientes son habilitados o postergados, e incluso la ausencia de definiciones frente a conflictos de enorme trascendencia pública, permiten preguntarse si aquel Poder Judicial imaginado por Alexander Hamilton como el “menos peligroso” no ha adquirido, en los hechos, una capacidad de incidencia política mucho mayor que la originalmente prevista.

Más aún, la afirmación de Hamilton según la cual el Judicial carece de voluntad parece tensionarse con una práctica institucional en la que ciertos pronunciamientos, o en imperdonables aparecen frecuentemente alineados con los intereses coyunturales de los gobiernos de turno o con estrategias de preservación del propio Poder Judicial o peor aún de sus individuales e inconfesables intereses. La Corte ya no sólo interpreta la Constitución, también administra tiempos políticos, selecciona conflictos y modula los efectos de sus decisiones sobre la vida institucional. En ese contexto, el problema no reside únicamente en lo que decide, sino también en aquello que decide no decidir. Allí, la pasividad puede convertirse en una forma particularmente eficaz de intervención política.

Desde la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, el tiempo no es una magnitud neutra ni un dato natural, sino una construcción social producida por la observación. Toda decisión y también toda demora, se organiza a partir de una distinción elemental entre un antes y un después. El pasado, aunque ya no existe, permanece disponible como memoria y como espacio de atribución causal; el futuro, en cambio, es el territorio proyectado de los efectos. Entre ambos aparece el presente, ese punto ciego y fugaz donde la sociedad sincroniza lo simultáneo y decide qué merece ser atendido y qué puede seguir esperando. Allí radica una de las claves para pensar el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando el tribunal demora una resolución, no sólo posterga una sentencia, fundamentalmente, altera la experiencia social del tiempo constitucional. El aplazamiento también distribuye poder, congela conflictos, traslada consecuencias hacia un futuro incierto y convierte al silencio judicial en una forma de decisión.

Si bien el expediente relativo al conflicto presupuestario que atraviesa a las universidades nacionales ingresó hace apenas unos días al Máximo Tribunal, lo cierto es que el núcleo de la cuestión presenta una sencillez y una razonabilidad tales por parte de los accionantes que bastaría con que los ministros se reunieran y firmaran. Apenas una línea, un despacho escueto de pocas palabras, alcanzaría para dictar sentencia y poner fin a una aventura gubernamental que, además de ello, reviste una gravedad institucional extrema.

Hay un empecinamiento en no cumplir la ley y ello tratándose del Poder Ejecutivo, es un escándalo institucional que golpea las venas más sensibles de nuestra arquitectura constitucional.

Es oportuno traer a la conversación que La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha logrado construir, con el paso de los años, un privilegio silencioso que ninguna norma le concede expresamente. Estamos poniendo el acento en la facultad que se ha regalado en orden de administrar el tiempo sin control. No sólo el suyo, sino también el de toda la sociedad. Es por eso que la cita a Luhmann con lo que iniciamos esta reflexión deviene indispensable.

La idea de que la Corte carece de plazos se consolidó, con el paso del tiempo, como una suerte de dogma jurídico no escrito, repetido con naturalidad en amplios sectores del ámbito judicial y político. Sin embargo, tal como advirtió Néstor Pedro Sagüés en su trabajo “La Corte no tiene plazos, una leyenda urbana”, esa afirmación difícilmente resista un análisis riguroso a la luz del derecho constitucional y de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos fundamentales.

El problema nunca fue meramente procesal. El problema es, en esencia, político. Y hoy adquiere una gravedad institucional singular, sobre todo si se advierte que no se trata de un caso aislado: de inmediato aparece en escena otro expediente decisivo que el máximo Tribunal mantiene en una persistente zona de indefinición temporal. Nos referimos al DNU 70/23 para nombrar simplemente uno de muchos.

Cuando de sentencias invisibles se trata, La Corte no decide únicamente cuando dicta sentencias. También decide cuando demora. Y en determinados conflictos, el silencio judicial produce efectos materiales de enorme intensidad.Sagüés desmontaba una por una las justificaciones tradicionales. De manera puntillosa enumera los componentes del mito, sobre la inexistencia de plazos procesales específicos, la condición suprema del tribunal, la necesidad de prudencia política, la conveniencia de dejar decantar ciertos conflictos o la sobrecarga estructural de trabajo.

Pero el constitucionalista recordaba algo elemental. La Convención Americana sobre Derechos Humanos no reconoce privilegios temporales para los jueces supremos. El artículo 8.1 exige decisiones dentro de un plazo razonable. El artículo 25 obliga a garantizar recursos rápidos y efectivos. Y cuando están comprometidos derechos esenciales, la demora puede equivaler, por sí misma, a una violación constitucional. No se trata, entonces, de una facultad discrecional del Tribunal. Se trata de un deber jurídico.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido categórica en esta materia. Desde el caso “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, sostuvo que la razonabilidad del plazo debe evaluarse a partir de tres elementos: la complejidad del asunto, la conducta de las partes y la actuación de las autoridades judiciales.

Más adelante, en precedentes como “Valle Jaramillo vs. Colombia”, incorporó un cuarto criterio particularmente relevante que particularmente debe inspirar en la urgente demora por parte del Tribunal, esto es, la afectación generada sobre la situación jurídica de la persona involucrada. Esta manda resulta decisiva para comprender la dimensión constitucional del conflicto universitario argentino.

Porque allí no se discute únicamente una controversia presupuestaria entre el Gobierno y las universidades nacionales. Lo que se encuentra bajo análisis cautelar son salarios docentes y no docentes erosionados por la inflación, financiamiento operativo de universidades públicas y becas estudiantiles de carácter alimentario. Es decir, condiciones materiales de subsistencia y acceso efectivo al derecho a la educación.

Y según la propia doctrina interamericana, cuanto más intensa es la afectación concreta sobre derechos fundamentales, más exigente se vuelve el deber estatal de resolver con rapidez. La demora judicial deja entonces de ser neutra.

Cada mes sin decisión profundiza daños económicos y sociales muchas veces irreversibles. Un salario deteriorado no se recompone retroactivamente en términos reales. Una beca perdida puede traducirse en abandono universitario. Una universidad desfinanciada deteriora hoy servicios esenciales, no dentro de varios años. Por eso, una cautelar tardía puede transformarse en una cautelar inútil.

Basta mirar el espejo de la demora en la resolución del caso del DNU 70/23 para colegir que, mientras el tribunal posterga definiciones de fondo, el decreto continúa produciendo efectos concretos sobre las relaciones contractuales, la regulación económica y estructuras sociales enteras.

El tiempo, en consecuencia, deja de ser una variable procesal para convertirse en una herramienta de poder. La demora ya no aparece como ausencia de decisión, sino como una forma indirecta de decidir.Sagüés denominaba a este fenómeno como cronoterapia judicial, que implica la administración de conflictos mediante el transcurso del tiempo. Esperar que cambie el clima político, que disminuya la tensión social o que determinados efectos se consoliden de hecho antes del pronunciamiento judicial.

Pero cuando esa administración temporal recae sobre derechos sociales básicos o sobre la propia arquitectura constitucional del poder, la cuestión deja de ser un problema de prudencia institucional. Pasa a convertirse en un problema de legitimidad democrática.

Porque los jueces de la Corte no están jurídicamente habilitados para suspender de hecho la tutela judicial efectiva mediante el simple manejo del calendario.

Máxime cuando la demora se torna irrazonable de manera manifiesta frente a conflictos urgentes respecto de los cuales existen obligaciones convencionales expresas de tutela rápida y efectiva.

Cuando el máximo tribunal omite resolver cuestiones vinculadas con salarios de innegable naturaleza alimentaria, financiamiento educativo o límites constitucionales al ejercicio excepcional del poder presidencial, la discusión deja de ser meramente académica. Porque la Convención Americana, de clara jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 obliga al Estado argentino en todas sus ramas, incluida la propia Corte Suprema. Ella no tiene excepciones y muchos menos para los miembros de un Tribunal, por más que el mismo esté en la cúspide del poder. Más aún esa posición la conmina a iluminar en la recta aplicación de la norma. Son los intérpretes del constitucional del sistema jurídico, no sus dueños. De lo contrario se convierten en los amos de la democracia. Ninguna interpretación habilita dicha ilegitimidad. En consecuencia, no existe una cláusula de excepción para los cortesanos.

La paradoja es evidente. La Corte exige a los tribunales inferiores tutela judicial efectiva, razonabilidad temporal y justicia pronta, mientras buena parte de la cultura jurídica argentina naturaliza que ella misma pueda colocarse fuera de esas exigencias.

Reiteramos ni siquiera el intérprete final de la Constitución se encuentra por encima de la Constitución. La pregunta, entonces, ya no es únicamente cuánto tarda la Corte. La pregunta es si puede constitucionalmente tardar. La respuesta es NO y sin embargo seguimos esperando.

(*)Abogado. Mediador. Lic. En Filosofía. Especialista en Periodismo. Profesor Universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificaron que la solución a la crisis del sistema de educación superior radica en la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación. A través de un documento conjunto, las organizaciones exigieron el pleno cumplimiento de la normativa para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

En este sentido, las entidades insistieron en la necesidad de que el gobierno nacional convoque a una paritaria de manera urgente. Los representantes señalaron que esta es la institución consagrada por la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo que sufren los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de las distintas casas de estudio del país.

El reclamo también incluye la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en la aplicación integral de la ley. Entre las prioridades señaladas se encuentran la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica.

Estos componentes son considerados esenciales para asegurar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino. La falta de previsibilidad en el envío de las partidas presupuestarias compromete seriamente las actividades académicas, de investigación y de extensión que llevan adelante las instituciones en todo el territorio nacional.

Un aspecto crítico del documento es la denuncia sobre la situación de los hospitales universitarios. Las organizaciones exigieron la urgente distribución de los fondos previstos en el presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, advirtiendo que el gobierno nacional aún no ha girado ninguna cuota de las partidas correspondientes para el sostenimiento de estos efectores de salud.

Por otra parte, las entidades expresaron su agradecimiento por la conmovedora manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, se movilizó para defender a la universidad pública y al sistema científico. Este respaldo ciudadano es visto por la comunidad educativa como un claro mensaje de apoyo a la educación como un derecho fundamental.

Los firmantes confían en que las autoridades tomen nota del descontento social y actúen para evitar un mayor deterioro del sistema. En el comunicado, expresaron de forma contundente su expectativa respecto a la reacción del Poder Ejecutivo ante la movilización popular.

"Esperamos que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario", indicaron.

Con este pronunciamiento conjunto, el CIN, la FUA y los sindicatos docentes y no docentes reafirman su unidad en la defensa de la educación pública. La comunidad universitaria aguarda una respuesta favorable que permita destrabar el conflicto y asegurar el financiamiento necesario para el normal funcionamiento de las instituciones.

“La idea es conformar la comisión que va a determinar cómo vamos a distribuir los fondos de la partida Hospitales Universitarios”, sostuvo una importante fuente a la Agencia NA.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, en el Poder Ejecutivo mantiene la idea de insistir con una propuesta salarial que parece no encontrar resolución con el reclamo que mantiene el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que presentó una medida cautelar para efectivizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y luego vetada por el presidente Javier Milei.

A raíz de los fallos judiciales que obligan a la administración libertaria a cumplir con la normativa, desde la mesa política diseñaron un proyecto que adapta el contenido de la misma y que establece una recuperación del 12 por ciento segmentado en tres trimestres en los que se aplicará un incremento del 4,1 del sueldo de diciembre de 2025 durante los meses de marzo, julio y septiembre.

En Balcarce 50, sostienen que la propuesta, que incluye una actualización de automática del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, en caso de que la inflación superase el 14,3 por ciento anual proyectado; y un incremento de 80.072 millones del crédito presupuestario destinado a la asistencia financiera de hospitales universitarios, será la base que utilizarán para negociar.

A contramano, las autoridades universitarias, que aún no recibieron la convocatoria formal de parte del Ministerio de Capital Humano, rechazan lo ofertado al sostener que la cifra es insuficiente y que esperan que el Gobierno reactive la negociación paritaria con los gremios.

Las casas de estudio reclaman una composición salarial calculada desde 2023 a la fecha, y la actualización de los gastos de funcionamiento y de las becas. “Hasta ahora no hay marco para iniciar el diálogo”, responden.

Según esgrimen, esperan conversar cifras que se acerquen más a la oferta contemplada en la propuesta original. “Nosotros queremos que se cumpla la ley original. Aunque sea en cuotas. De los 50 puntos iniciales, que ofrezcan 12 nos parece una vergüenza”, se expidió un interlocutor.

En Casa Rosada hay quienes señalan al Ministerio de Economía como el principal responsable de la escalada del conflicto debido a que no habilita los fondos para hacer frente a los pedidos.

Desde la UBA le atribuyen la demora en la resolución a la interna encarnada entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Una de las autoridades de la alta casa de estudios sostiene que el consultor alcanzó un acuerdo en enero que fue “congelado” por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menen, para evitar que el primero se “anote un triunfo”.

Desde la Cámara de Diputados rechazan el planteo y aseguran que el oficialismo no contaba con los apoyos legislativos. NA

Hoy alguien me preguntó por qué defendía tanto a la universidad pública.Y también me preguntó si la marcha por la Ley de Financiamiento Universitario no era, en definitiva, un acto político.

La segunda respuesta fue fácil.

Claro que es política.Defender la educación pública es político. Defender la salud pública es político. Defender el rol del Estado también lo es. Vivir en sociedad es político.

“Chocolate por la noticia”, diríamos en Argentina.

Pero la verdadera pregunta era otra.

¿Por qué la defiendo tanto?

Y ahí entendí que no tenía que responder desde la teoría, ni desde un cargo, ni desde una consigna. Tenía que responder desde mi historia.

Soy hijo de una familia de clase media.A veces media-media, a veces media-alta… dependiendo de nuestra bendita economía argentina.

Mis padres fueron primera generación de profesionales de sus familias gracias a la universidad pública. Fueron docentes, investigadores, autoridades universitarias. Construyeron su vida alrededor de la educación, del conocimiento y de la investigación.

Y yo también soy hijo de esa universidad.

Soy abogado recibido en la UBA. Soy trabajador no docente y funcionario de la UNICEN.

Soy parte de una generación que creyó que el futuro todavía podía construirse en Argentina. De los que estudiaron para quedarse. De los que no se fueron al exterior buscando una vida mejor.

Era —y sigue siendo— acá.

Y además soy de los que volvieron al “pago chico”.

Volví a Tandil cuando probablemente era más tentador quedarse en Buenos Aires. Y en esa decisión hubo algo determinante: volver no significaba bajar el nivel ni resignar expectativas profesionales.

Porque Tandil es una ciudad potente. Una ciudad que crece, que se mueve, que empuja.

Y estoy convencido de que la Universidad tuvo, tiene y tendrá muchísimo que ver con eso.

Porque la universidad no solamente forma profesionales.

La universidad transforma sociedades.

Las transforma cuando permite que un hijo de trabajadores pueda convertirse en médico, abogado, ingeniero o investigador.Las transforma cuando un pibe de otra ciudad puede estudiar gracias a una residencia universitaria o comer todos los días comida de calidad en un comedor autogestionado.Las transforma cuando genera empleo, movimiento económico, desarrollo científico, obras, servicios y oportunidades.

Pero sobre todo las transforma silenciosamente.

Porque en ciudades como Tandil, la universidad hace que cualquier pyme, comercio o empresa familiar tenga cerca conocimiento, innovación y profesionales capacitados para crecer y mejorar.

Y eso no siempre aparece en una planilla de Excel.

Pero se nota.

Se nota muchísimo.

Se nota cuando comparás ciudades similares.Se nota en el movimiento cultural.Se nota en el desarrollo profesional.Se nota en la calidad humana.Se nota en la identidad.

Por eso la defiendo.

No porque crea que es perfecta. No lo es. Tiene errores, burocracias y muchísimas cosas para corregir.

Pero aun con todos sus defectos, sigo creyendo que la universidad pública argentina es una de las pocas herramientas reales de movilidad social, desarrollo y construcción colectiva que todavía funcionan en este país.

Y también porque, si soy completamente honesto, defenderla es defender parte de mi propia historia.

La historia de mis padres.La mía.Y ojalá también la de mis hijos.

Porque cuando la universidad pública funciona, no solamente cambia destinos individuales.

Puede cambiar una familia.Puede cambiar una ciudad.Y también puede cambiar un país.

El presidente Javier Milei utilizó este miércoles sus redes sociales para fijar su postura luego de la masiva movilización en defensa de la universidad pública que se realizó el martes en Plaza de Mayo. Lejos de tender puentes con los sectores que participaron de la protesta, el mandatario compartió una publicación en la que comparó su salario con el de los rectores de las universidades nacionales.

Según el posteo difundido por el jefe de Estado en la red social X, Milei percibe un sueldo bruto de 4 millones de pesos mensuales. En contraposición, la publicación sostuvo que los rectores de las casas de altos estudios cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente”, con ingresos que podrían alcanzar los 18 millones de pesos por mes.

A lo largo de la jornada, el mandatario también replicó distintos mensajes críticos hacia la convocatoria universitaria. En esa línea, insistió en que la protesta no respondió únicamente a un reclamo académico, sino que estuvo atravesada por intereses partidarios y políticos.

En sus publicaciones, Milei lanzó fuertes cuestionamientos a los sectores de la oposición que participaron de la Marcha Federal Universitaria. Sostuvo que los dirigentes opositores buscan preservar “sus cajas” y que utilizan la defensa de la educación pública como una bandera para encubrir intereses económicos.

Desde el oficialismo, el discurso se mantuvo en sintonía con las expresiones del Presidente. La cuenta oficial de La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que aseguró que el Gobierno nacional cumple regularmente con la transferencia de los fondos presupuestarios destinados a las universidades.

En ese documento, el espacio político rechazó las acusaciones de desfinanciamiento deliberado y afirmó que la administración nacional realiza mes a mes los giros correspondientes. En el mismo sentido se expresó la Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez, que defendió durante toda la jornada la política del Ejecutivo en materia de financiamiento universitario.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reafirmó este miércoles la postura del Gobierno de Javier Milei frente al reclamo de las universidades nacionales y aseguró que la ley de Financiamiento Universitario “nació muerta”, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso y respaldada por una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria.

“Podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al día siguiente la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, sostuvo el funcionario un día después de la movilización que congregó a cientos de miles de estudiantes, docentes, no docentes y referentes de la comunidad educativa en distintos puntos del país para exigir el cumplimiento de la norma.

En declaraciones a Radio Mitre, Álvarez insistió en que la ley no puede aplicarse porque, según su interpretación, viola el principio presupuestario al no especificar la fuente de financiamiento. “La ley de Financiamiento nació muerta”, afirmó, y explicó que la normativa de ejecución presupuestaria establece que toda ley aprobada sin detallar el origen de los fondos debe ser promulgada y suspendida en el mismo acto.

Sus declaraciones se produjeron en momentos en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en condiciones de resolver la disputa judicial entre el Gobierno nacional y las universidades por la transferencia de los recursos previstos en la ley.

El expediente ya superó las instancias inferiores y ahora el máximo tribunal puede rechazar la apelación del Estado sin analizar el fondo del asunto o avanzar hacia una sentencia definitiva. Si desestima el recurso oficial, quedará firme la resolución que obliga al Gobierno a transferir los fondos reclamados por las casas de estudio.

En otro tramo de la entrevista, el subsecretario reconoció el derecho a la protesta, aunque relativizó el peso político de la movilización.

“Es un sistema democrático donde siempre hay una parte de la población que no está de acuerdo con lo que hace un Gobierno y tiene derecho a manifestarse”, expresó. Y agregó: “Esto es una república y los legisladores y el presidente se eligen por elecciones, no quien junta más gente”.

Además, sostuvo que las manifestaciones no modifican las limitaciones presupuestarias actuales. “Ojalá haciendo manifestaciones pudiéramos cambiar la realidad que nos dejaron”, señaló.

Álvarez también negó que el Gobierno evalúe establecer un examen de ingreso obligatorio para las universidades públicas. “Como está la ley de educación superior hoy no podemos obligarlos”, explicó.

No obstante, planteó que las instituciones cuentan con herramientas legales para adoptar determinadas medidas, como el cobro a estudiantes extranjeros, aunque aclaró que las universidades no las aplican.

En ese contexto, el funcionario cuestionó la presencia de alumnos de otros países que cursan en Argentina y luego regresan a sus lugares de origen. “La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”, afirmó, en una frase que generó polémica.

El Gobierno Nacional respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la administración central calificaron a la cuarta Marcha Federal Universitaria como una movilización de carácter "opositor" y desmintieron las acusaciones por falta de pago.

A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza, la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que se pretende "instalar" en la sociedad un discurso en el que se busca "desfinanciar" las universidades públicas o bien "cerrarlas".

Al respecto, desde el sector oficial señalaron que el Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. En ese sentido, destacaron que en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las instituciones creció y pasó a 4,8 billones de pesos.

Por otra parte, las autoridades recordaron que durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández se transferían los fondos a las universidades "hasta con cuatro meses de atraso" y con una inflación del 211,4 por ciento anual. En contraste, indicaron que actualmente esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5 por ciento.

Respecto a la normativa reclamada, el comunicado detalló que la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629. Según explicaron, esto se debe a que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos.

Finalmente, desde el Ejecutivo subrayaron que el presidente y su equipo no van a salirse del compromiso "inquebrantable" de sostener el equilibrio fiscal. En esta línea, rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso "implicaría más impuestos" o mayor "emisión monetaria" y, por consiguiente, generaría "más inflación y más pobreza".

La comunidad universitaria volvió ayer a ocupar las calles en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria. A 203 días de la sanción de la Ley de Financiamiento (27.795), estudiantes, docentes, investigadores y vecinos de la ciudad marcharon para reclamar el cumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso nacional y ratificada tras el veto presidencial.

La movilización reflejó un fuerte respaldo al reunir a distintos sectores políticos, sindicales, sociales y académicos detrás de una consigna común: la defensa de la universidad pública y del sistema científico-tecnológico.

La concentración comenzó alrededor de las 17 en la esquina de Garibaldi y Rodríguez, donde una importante cantidad de personas se dio cita para manifestar su rechazo a las políticas nacionales que afectan el presupuesto de las casas de altos estudios.

La convocatoria fue amplia y heterogénea. Hubo representantes de los sindicatos docentes y no docentes de la Unicen (Adunce, ATE, Atuncpba), además de representantes del Conicet Tandil. También se sumaron agrupaciones como Amalu, Suteba, Flor de Murga, Casa Violeta, Patria Grande, Mala Junta, PTS y miembros del Comedor y del área de Extensión de la Unicen.

El carácter institucional de la movilización estuvo representado con la presencia del rector de la Unicen, Marcelo Aba, junto a la vicerrectora, Alicia Spinello, que encabezaron la movilización desde el principio hasta el final.

No obstante, el respaldo político fue otro de los datos salientes de la jornada. Entre los presentes estuvieron el intendente Miguel Lunghi, el diputado bonaerense Matías Civale y el exfuncionario Julio Elichiribehety. También participaron concejales de distintas fuerzas políticas, al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y el titular del Partido Justicialista, Darío Méndez.

El operativo de seguridad, que incluyó cortes a cargo de los agentes de Control Urbano Vehicular coordinados por personal policial, permitió el desarrollo de la marcha sin inconvenientes.

La movilización

Minutos después de las 17.30, la columna de personas inició su recorrido por Rodríguez. Los participantes se ubicaron detrás de una bandera que rezaba la consigna de la convocatoria: “Exigimos que se cumpla la ley”. Detrás, las autoridades universitarias y los gremios docentes y no docentes, que marcaron el paso hacia el microcentro.

Los manifestantes hicieron su primera escala al llegar a España, donde desplegaron banderas y reacomodaron filas antes avanzar por el adoquinado céntrico.

Los carteles que portaban algunos de los participantes reflejaron el mensaje y el descontento hacia el Ejecutivo nacional: “Milei tramposo, cumplí con la ley”, “Milei no sos rey, cumplí con la ley” y “la educación pública es política porque nos enseña a cuestionar y no a obedecer”.

El despliegue, que sumó el ritmo de los bombos y redoblantes de una murga local, captó la atención de vecinos y comerciantes que se asomaron a las veredas para observar la movilización y la amplia respuesta que logró en su cuarta edición.

El final

La segunda escala sucedió en la esquina de Rodríguez y Mitre. Allí, la movilización recibió el aplauso de un grupo de personas que esperaba en la esquina -entre quienes se encontraba el dirigente Carlos Fernández-, que se sumó y acompañó el último tramo del trayecto.

Alrededor de las 18.05, cuando la columna alcanzó la esquina de Pinto, la caída del sol transformó la estética de la protesta. Casi en silencio, las velas comenzaron a encenderse en la cabecera de la marcha, cumpliendo con la decisión de los organizadores.

Al doblar por Belgrano, el sonido de los bombos y redoblantes mermó para dar paso a un clima de respeto, con dos breves paradas adicionales donde se multiplicó el encendido de velas entre los asistentes.

En la esquina de Pinto y Chacabuco aguardaba otro nutrido grupo de vecinos frente a un escenario montado especialmente para la ocasión, donde se desarrolló el acto central. Sobre la fachada del histórico edifico del Rectorado de la Unicen, una enorme bandera sintetizaba el espíritu de la convocatoria con cuatro conceptos clave: “universidad, futuro, esperanza y educación”.

La llegada definitiva a este punto se produjo a las 18.25, bajo una atmósfera de compromiso institucional y social.

Los locutores del evento dieron la bienvenida formal a la cuarta marcha federal y agradecieron el acompañamiento de la comunidad tandilense. En la apertura, se hizo especial hincapié en el tiempo transcurrido sin respuestas oficiales, señalando que se cumplieron 203 días sin aplicar una ley votada por el Congreso nacional.

Tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, las autoridades subieron al escenario y, de cara a una multitud, brindaron el mensaje.

La cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo una convocatoria multitudinaria en el centro de Tandil. Desde las 17 horas comenzaron a concentrarse estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, investigadores, jubilados, referentes sindicales y familias enteras que acompañaron la marcha con banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional.

“Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende!”, señaló el rector Aba para cerrar una nueva jornada histórica en defensa de la educación publica.

A continuación, la mejores fotos de la jornada, bajo el lente de Rody Becchi, fotografo de El Eco: 

Una multitud se concentró este martes en Tandil para participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria en el gobierno de Milei, en el marco de una jornada de protesta que se replicó en distintas ciudades del país para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición del presupuesto destinado a las universidades públicas.

La movilización, que tuvo como epicentro la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, graduados, sindicatos, organizaciones sociales y vecinos que se sumaron a la consigna en defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad.

La convocatoria se dio a 203 días de la sanción de la Ley 27.795, norma que establece un piso de recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional y que, según denunciaron las autoridades y los gremios, continúa sin ser aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional.

La iniciativa volvió a mostrar una convocatoria multitudinaria en el centro. Desde las 17 horas miles de tandilenses acompañaron la marcha con banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional. Entre los mensajes más repetidos se pudieron leer reclamos por “más presupuesto para educación”, “salarios dignos para docentes y nodocentes”, “cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” y “la educación pública no se vende, se defiende”, en una manifestación que volvió a colmar las calles y a expresar el amplio respaldo de la comunidad tandilense a la Unicen y a la educación superior gratuita y de calidad.

Durante el acto central se leyó el documento consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y nodocentes, en el que se advirtió que el financiamiento del sistema universitario atraviesa una situación crítica.

Según el texto, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026, lo que representa una reducción inédita de los recursos disponibles para sostener el funcionamiento de las instituciones.

También se expuso el fuerte impacto sobre los salarios del sector. De acuerdo al documento, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,3 por ciento, mientras que los salarios aumentaron 147,3 por ciento, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo del 37,13 por ciento. Los firmantes señalaron que los sueldos universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años.

Otro de los puntos destacados fue el deterioro de las políticas de acompañamiento estudiantil. El documento advirtió que programas como las Becas Progresar y las Becas Estratégicas Manuel Belgrano permanecen congelados o desfinanciados, mientras que las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC) continúan suspendidas, lo que compromete la permanencia de miles de jóvenes en el sistema universitario.

Los organizadores remarcaron que la crisis excede la cuestión presupuestaria y cuestionaron al Gobierno nacional por no cumplir con una ley aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia. En ese sentido, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga y garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

En el tramo final del documento, se destacó que la universidad pública argentina constituye un “instrumento de justicia social” que promueve la movilidad ascendente, genera conocimiento estratégico para el desarrollo del país y ofrece oportunidades a miles de jóvenes. Además, se advirtió que el debilitamiento del sistema pone en riesgo el futuro científico, tecnológico, cultural y productivo de la Argentina.

Con banderas, carteles y cánticos, la comunidad tandilense volvió a expresar su respaldo a la educación pública en una jornada de amplia participación y fuerte contenido simbólico. Al igual que en las marchas anteriores, el reclamo se centró en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que las universidades continúen cumpliendo su rol en la formación de profesionales, la producción de conocimiento y la construcción de una sociedad más igualitaria.

El documento concluyó con un llamado a defender el sistema universitario y evitar que docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados por la falta de recursos. “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende!”, señalaron los organizadores.

Pensaba ir a la marcha, pero mi hijo está enfermo y no lo quiero exponer a las inclemencias climáticas de Tandil (el frío, el viento). Cada vez que puedo, lo llevo. Me gusta que entienda, desde chico, que hay cosas que se defienden en la calle, junto a otras personas. Puede ser una visión romántica de la construcción social y política: pero es en el bombo repiqueteando, en la bandera flameando, en las palmas sonando al compás, donde una charla se hace fuerte, un abrazo es un apoyo y un canto genera sentido que perdura en el tiempo.

Yo le digo a él, y al más pequeño también, que papá da clases además de ser periodista. En la Argentina de hoy, el pluriempleo es moneda corriente. Vivimos tratando de sobrevivir. Con poco. Con dignidad y simpleza.

A veces se le mezclan las profesiones. En la Escuela aún enseñan que hay un solo trabajo o una sola profesión. "¿Qué querés ser cuando seas grande?", la pregunta que recorre las infancias en más de una ocasión. De a poco, cuando van creciendo, comienzan a comprender que no todo es tan lineal, no todo es tan simple, al menos, para la gran mayoría de los argentinos.

También me gusta que los niños puedan abrazar el concepto de esperanza. Alguien que habló mucho sobre eso fue el Papa Francisco. Decía que la esperanza es "la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte" y reforzaba la idea: "La esperanza necesita paciencia".

La paciencia. Otro concepto fuerte. En un mundo donde todo va rápido, donde la meritocracia está a la orden del día, donde el individualismo parece triunfar, tener paciencia de que hay esperanza de un cambio es un desafío. ¿Cómo se explica algo así a los más niños? ¿Cómo se les dice que una marcha puede ser el motor del cambio de una sociedad? No lo ven, no es tangible, está alejado de las lógicas que habitualmente consumen a través de las pantallas.

Aún así, la esperanza es una llama que nunca se apaga.

¿Quién daría clases a los alumnos si no hay docentes? ¿Quiénes serían docentes si no hay alumnos? ¿Cómo defenderíamos la soberanía de un país sin ciencia, sin investigadores, sin tecnología aplicada a la comunidad? ¿Cómo se trabajaría en el territorio si el personal nodocente ya no asiste más a su trabajo?

En el año 2001, el entonces ministro de Economía, Ricardo López Murphy anunció un fuerte recorte del presupuesto universitario. El rechazo a la decisión fue tal que no solamente renunciaron dos ministros (Storani y Juri) por no avalar el recorte, sino que la cohesión en la sociedad fue tal, que obligó al propio López Murphy a dimitir de su posición.

Un cuarto de siglo después, la calle vuelve a ser escenario (como en varias ocasiones durante los últimos dos años) de una marcha federal educativa. De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en abril de 2026 el salario bruto (es decir, antes de la aplicación de descuentos) de un docente con dedicación simple y 10 años de antigüedad fue de $ 332 mil. Esto implica una caída real del 8,8% con respecto a igual mes de 2025 y del 34,2% desde noviembre de 2023.  Docente con dedicación simple es la gran mayoría de los docentes en las universidades de todo el país. Implica una carga horaria semanal de 10 horas. Como en todo proceso de formación, significa no solamente las horas frente a los estudiantes, sino lo que es la preparación de la misma y la corrección de los trabajos prácticos.

Los nodocentes, el personal que trabaja en las universidades en las diferentes áreas de gestión, denunciaron una caída similar en su salario real desde que asumió la gestión de Javier Milei. Los investigadores no pueden continuar sus trabajos porque se cortó el financiamiento por parte del gobierno nacional. Los estudiantes no tienen actualizadas sus becas y la universidad pública, que antes igualaba, empezó -por decisión central del Ejecutivo- a no hacerlo.

El escenario es abrumador. A pesar de ello, la cohesión no es tal. Hay una fragmentación interna y externa latente, que todos la visualizan, pero que no se animan a problematizar: ¿se perdió la defensa irrevocable de lo que significa la universidad pública en el país? ¿qué pasó en el medio?

Lo único que logró unir a millones de argentinos en los últimos años fue el festejo de la Copa del Mundo en diciembre de 2022. Hay una grieta profunda que nos habita difícil de sanar.

Sin embargo, a pesar de lo que sucede, los adoquines de la calle Rodríguez volverán a sentir el paso, una vez más, de las zapatillas y zapatos de miles de personas que pedirán que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, pero que también piden porque haya una universidad que iguale condiciones, donde el que menos tiene pueda cursar una carrera y recibirse. Eso supo ser orgullo, ojalá lo vuelva a ser.

Mientras tanto, les enseño a mis hijos, que la paciencia y la esperanza nunca se tienen que perder. A pesar de todo... y sobre todo.

Cantamos porque el grito no es bastanteY no es bastante el llanto ni la bronca

* El autor es periodista de El Eco de Tandil y docente universitario