En el marco del paro realizado durante el martes 8 de septiembre, docentes de la Unicen nucleados en Adunce ratificaron una serie de medidas de fuerza de cara a lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria, la primera semana de octubre. Durante septiembre habrá clases públicas y una movilización al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.

“Podemos decir que es un paro lo suficientemente contundente y que es la respuesta a las dilaciones que está teniendo el gobierno. Seguimos reclamando por la aplicación de la Ley Universitaria. Vamos a seguir con clases públicas la semana del 15, y una consulta nacional universitaria para poder tener la voz de todos y todas las docentes en cómo continuar nuestro plan de de lucha”, expresó a El Eco la secretaria general de Adunce, Verónica Gargiulo.

A través de una comunicación pública, Adunce confirmó su adhesión a lo decidido en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la CONADU. La asamblea decidió una serie de acciones gremiales en todo el país, como parte de un plan de lucha que busca visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las instituciones de educación superior. 

Desde Adunce, el gremio que nuclea a los docentes universitarios de la Unicen, se han hecho eco de estas medidas, reafirmando la necesidad de exigir al gobierno nacional la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que, pese a haber sido aprobada por ambas cámaras del Congreso, continúa sin ser implementada por las autoridades nacionales.

El cronograma de actividades definido por el Frente Sindical contempla un paro nacional para este martes 8 de septiembre, seguido por una jornada de clases públicas el 15 de septiembre. 

Asimismo, se ha convocado a un acto frente al Palacio Pizzurno para el 17 de septiembre, fecha en la que se llevará a cabo la próxima reunión paritaria. El objetivo es acompañar la instancia de negociación con una fuerte presencia en las calles, exigiendo una recomposición salarial y presupuestaria acorde a las necesidades del sector.

En relación con la continuidad del conflicto, desde Adunce transmitieron lo expresado por Clara Chevalier, secretaria general de Conadu: “Llevamos dos años y medio de ataque continuo a la universidad pública y más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La próxima reunión paritaria está convocada para el 17 de septiembre. El gobierno nacional debe saber que si en esa fecha no presenta una oferta consultable, la voz de la docencia de las universidades nacionales se hará escuchar nuevamente en las calles”.

Consulta Nacional Docente

Como parte de la estrategia para definir los pasos a seguir, la Conadu lanzó una Consulta Nacional a la Docencia de las Universidades Nacionales. Este proceso, que será de carácter presencial, comenzará el lunes 14 de septiembre en todo el territorio nacional. 

Los resultados obtenidos en esta consulta, junto con los mandatos surgidos de asambleas y reuniones de cada sindicato de base, servirán como insumo principal para el próximo Plenario de la Federación, donde se terminará de delinear la hoja de ruta hacia la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre.

Durante la sesión del Plenario, los representantes gremiales destacaron la importancia de mantener la unidad en el reclamo. En un gesto simbólico, los secretarios y secretarias generales sesionaron en honor a Norberto Galasso, reconocido intelectual comprometido con la historia y la soberanía popular.

El marco reforzó el sentido de la lucha, que no solo se limita a la cuestión salarial, sino que se posiciona como una defensa integral de la universidad pública y su rol estratégico para el desarrollo del país.

La expectativa está puesta ahora en la reunión del 17 de septiembre. La docencia universitaria, representada por gremios como Adunce, mantiene una postura firme ante lo que consideran un desfinanciamiento sistemático. 

La implementación de la Ley de Financiamiento Universitario es, a esta altura, el eje central de un conflicto que amenaza con profundizarse si no existen respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo. La comunidad educativa se prepara, de este modo, para un octubre marcado por la movilización federal, reafirmando su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los docentes universitarios continuará durante las próximas semanas. Luego del paro realizado este miércoles 2 de septiembre, que tuvo un importante nivel de adhesión en las universidades nacionales, los gremios comenzaron a definir los próximos pasos de su plan de lucha.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anticipó que resolverá nuevas acciones de protesta para la próxima semana y que trabaja en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria, que podría concretarse hacia fines de septiembre o comienzos de octubre.

Como parte de ese proceso, durante este jueves y viernes los sindicatos de base llevarán adelante asambleas y consultas con sus afiliados, cuyos resultados serán considerados para establecer la modalidad y el alcance de las próximas medidas.

El paro del miércoles fue convocado luego de que el Frente Sindical Universitario rechazara de manera unánime la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo, que contempla un incremento del 3% para septiembre.

La oferta fue realizada durante la reunión paritaria del martes 1º de septiembre, encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Allí, el funcionario también ratificó la vigencia de otro incremento del 3% para octubre, que había sido acordado y comprometido durante las negociaciones de junio.

Desde los gremios consideraron insuficiente el ofrecimiento y reclamaron una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. “No fue una oferta, fue una provocación”, sostuvo la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, tras el encuentro.

De acuerdo con las organizaciones sindicales, la deuda salarial acumulada alcanza el 31,2%, a lo que consideran que deben sumarse la evolución correspondiente a agosto, salarios adeudados y la discusión en torno al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

En ese marco, desde el sector remarcaron que “la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”.

De la reunión participaron representantes de Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica y Fedun, además del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

Por su parte, el Gobierno nacional defendió la propuesta y señaló que la recomposición planteada se encuentra dentro del “esfuerzo financiero continuo” para el sostenimiento del sistema universitario, al tiempo que aseguró que las partidas destinadas a las universidades nacionales representan una de las principales erogaciones directas del presupuesto.

Mientras los gremios preparan nuevas protestas, la Subsecretaría de Políticas Universitarias convocó a retomar las negociaciones el próximo jueves 17 de septiembre, por lo que esa instancia podría resultar determinante para la evolución del conflicto.

A la disputa salarial se sumó además un frente judicial. Según informaron los sindicatos, el juez federal Martín Cormick otorgó al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe en el que detalle el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Con ese escenario, las asambleas de este jueves y viernes serán claves para determinar la continuidad del reclamo, mientras comienza a tomar forma la posibilidad de una nueva movilización federal en defensa de la universidad pública.

El juez federal Martín Cormick dio lugar a una cautelar en favor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Gobierno a cumplir de inmediato con el financiamiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal número 11, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se da tras una demanda de la casa de altos estudios contra el Decreto 759/2025 que promulgó la Ley 27.795.

La UBA había reclamado que dicho decreto suspendió la aplicación efectiva de la normativa hasta que el Congreso determinara cómo financiarla, algo que consideraron “un fraude constitucional”.

Al respecto, el juez consideró que luego de que el veto presidencial fuera rechazado por el Congreso, el Ejecutivo debía implementar la ley ya que el proceso legislativo “no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley”.

Cormick también señaló que el incumplimiento de la ley produce “perjuicios graves de imposible reparación ulterior, teniendo en cuenta el deterioro de los ingresos del colectivo afectado”.

Por otro lado, remarcó que la cautelar no afecta al interés público. Incluso, apuntó que “la falta de cumplimiento de la ley afectaría el derecho a enseñar y aprender” establecidos en la Constitución Nacional.

También resaltó que el impacto fiscal de la medida estimado es del 0,23 por ciento del PBI. “Dicha cifra representaría un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública”, enfatizó.

De esta forma, el juez federal hizo lugar al planteo y ordenó que el Gobierno cumpla “de forma inmediata con lo dispuesto en los artículos 4,5°, 6° y 7° de la ley 27.795”. NA

En el marco de una nueva medida de fuerza coordinada por los gremios docentes y de investigación, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Atuncpba), Diego Jongewaard de Boer, trazó un crudo balance sobre la realidad de los trabajadores y advirtió que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario está provocando un proceso de "expulsión" de personal.

Jongewaard de Boer se refirió ayer a la crítica situación que atraviesa el sector en medio de un paro de 48 horas. La medida fue articulada junto a los docentes nucleados en Adunce y los investigadores de ATE - Conicet, conformando un frente de unidad para visibilizar el conflicto que mantiene en vilo a las casas de altos estudios del país.

El dirigente remarcó que estas acciones se inscriben en una lucha que ya lleva más de 300 días sin que el presidente Javier Milei cumpla con la normativa vigente. En ese sentido, Jongewaard de Boer señaló que la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional los "obliga a reforzar esfuerzos y coordinar acciones" para que el Gobierno entienda que "definitivamente tiene que cumplir con la ley".

Al ser consultado sobre el impacto que tiene el desfinanciamiento en el claustro que representa, el referente gremial describió un panorama desolador. Explicó que la situación es "muy crítica" y que entre sus compañeros predomina una sensación de "mucha bronca y mucha frustración". Según detalló, el retraso salarial y la crisis económica han derivado en que muchas familias se encuentren endeudadas y en la búsqueda de otros empleos para subsistir.

El secretario general hizo especial hincapié en una de las consecuencias más alarmantes de la coyuntura actual: la pérdida de capital humano dentro de la institución. "Estamos en un proceso casi que hasta de expulsión de nuestros trabajadores, obligados por la situación cotidiana y la realidad que viven esas familias en el día a día", lamentó. Esta situación afecta directamente la operatividad de la universidad, ya que se trata de personal capacitado que ha dejado su vida dentro de la estructura académica.

De acuerdo a las estimaciones del gremio, un porcentaje considerable de trabajadores ha optado por dejar la universidad en busca de mejores posibilidades económicas que les permitan acompañar la demanda de la economía diaria. El dirigente subrayó que no son ajenos a los problemas de la sociedad en su conjunto, pero puntualizó que es "muy preocupante" ver cómo agentes formados deciden alejarse de la institución por no poder cubrir sus necesidades básicas.

Ante este escenario, la conducción sindical se encuentra enfocada en la contención del personal. "Estamos pensando en cómo contenemos a nuestros compañeros y de qué manera podemos seguir acompañándolos en este momento tan crítico", sostuvo. El referente destacó que el golpe de las políticas nacionales no solo afecta a la Unicen en particular, sino que impacta de lleno en diversos sectores de la sociedad argentina.

A pesar de la especialización y la trayectoria de muchos de estos empleados, la realidad económica los empuja a priorizar la subsistencia familiar por sobre la vocación institucional.

Con la mirada puesta en el corto plazo, Jongewaard de Boer se mostró escéptico respecto a las próximas negociaciones con el Estado nacional. En relación al debate por el presupuesto para el año 2027, confesó que, en términos personales, no mantiene demasiadas expectativas. Para el dirigente, el Gobierno ya ha dado "muestras suficientes" de su posicionamiento respecto a la educación pública en la Argentina, ignorando incluso los fallos de la Justicia que lo obligan a cumplir con el financiamiento.

No obstante, el próximo 1 de septiembre se llevará a cabo una nueva instancia de paritaria a nivel nacional. En ese encuentro, los representantes de los trabajadores volverán a poner sobre la mesa la exigencia del cumplimiento de la ley. "En el caso de que no haya un acuerdo, tendremos que evaluar el conjunto de los trabajadores qué medida vamos a ir tomando de ahora en más", adelantó el titular de Atuncpba, sugiriendo que el conflicto podría escalar en las próximas semanas.

Finalmente, el referente instó a la comunidad universitaria a mantenerse organizada y a expresar el descontento de manera colectiva. Para Jongewaard de Boer, la profundización del plan de lucha es la única herramienta posible ante un Ejecutivo que se muestra inflexible.

El rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), Marcelo Aba, brindó precisiones sobre el crítico escenario que atraviesan las instituciones públicas tras cumplirse 300 días sin la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento. En una semana marcada por un paro de actividades, el referente académico señaló la gravedad institucional que implica el desinterés del Poder Ejecutivo por las normativas vigentes y alertó sobre las consecuencias que este desfinanciamiento proyectará sobre el ejercicio del año próximo.

Al mismo tiempo, aclaró que la medida de fuerza de la Conadu Histórica no tuvo impacto directo en las aulas de Tandil, Azul y Olavarría, aunque confirmó que el cuerpo docente local se sumará a un paro de 48 horas durante la semana entrante.

El titular de la universidad hizo hincapié en que la problemática trascendió el plano meramente económico para convertirse en un conflicto de cumplimiento legal. Según explicó, la administración central desoyó la voluntad del Congreso de la Nación y los fallos judiciales. En este sentido, Aba remarcó: “Hasta la Corte Suprema se ha expedido en favor del cumplimiento de una parte de esa ley y todo eso no se está cumpliendo. O sea, es más grave la situación que el solo hecho de lo presupuestario, que ya de por sí es muy grave”.

La mirada se encuentra puesta ahora en el 15 de septiembre, fecha en la que el Ejecutivo debe presentar el proyecto de presupuesto para el periodo entrante. El rector advirtió que “si ese presupuesto no contempla lo que establece la ley, de alguna manera se la está otra vez dejando sin efecto”. Por este motivo, señaló que desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se encuentran trabajando a nivel parlamentario para lograr que el piso de la partida universitaria en la nueva ley guarde relación con la norma de financiamiento.

Aba fue categórico respecto a la sostenibilidad del sistema si no se produce un cambio de rumbo urgente. Para el directivo, “otro año más con estas dificultades se va haciendo cada vez más difícil de sostener”. En esta línea, manifestó que la falta de previsibilidad impacta directamente en las proyecciones de ciencia, técnica e infraestructura, áreas con severas complicaciones para su normal funcionamiento ante la ausencia de partidas actualizadas.

A pesar de que el reclamo salarial ocupa el centro de la escena pública por el marcado retraso frente a la inflación, Aba puso el foco en la operatividad básica de la Unicen. Aclaró que la demanda no se trata de un pedido de aumento en términos reales, sino de una recomposición mínima para evitar el cese de actividades. “El funcionamiento de la universidad no está recibiendo la compensación. No estamos hablando de aumento presupuestario, sino de la mera recomposición por incremento de costos vía inflación reflejados en el IPC”, manifestó.

Sobre este punto, el rector explicó que el Índice de Precios al Consumidor no refleja fielmente el impacto de la crisis en los edificios universitarios. “La proporción de servicios en la universidad es muy alta y esos han aumentado muy por encima del IPC”, sostuvo, y agregó: “Sería importante que se considere que las universidades, en términos de luz, gas y servicios contratados, hemos tenido incrementos que van muy por arriba de la inflación”.

La Unicen, al igual que el resto de las instituciones nacionales, debió gestionar recursos limitados frente a una escalada de precios sostenida durante todo el año. Aba recordó que la única actualización significativa ocurrió tras la movilización federal de abril de 2024, pero que desde aquel momento el desfasaje se profundizó. “Lo fuimos sobrellevando, pero el final del camino empieza a ser muy complejo si no hay un punto, y ese punto nosotros entendemos que sería la ley de presupuesto”, reflexionado.

Uno de los puntos más críticos de la exposición del rector fue la revelación sobre el incumplimiento del acuerdo firmado recientemente entre el CIN, los gremios y las autoridades educativas nacionales. Aba relató que las partidas prometidas nunca llegaron a las arcas de la universidad regional. En junio, el Ministerio de Capital Humano había informado un acuerdo para un ajuste del 20 por ciento en los fondos para gastos de funcionamiento.

Según detalló el rector, “el subsecretario de Políticas Universitarias firmó un acta con el CIN y los gremios que hablaba de un incremento de un 20 por ciento para los gastos de funcionamiento. Yo mencionaba 33 por ciento de inflación, ya de por sí no estamos recuperando, pero es cierto que al menos ese 20 nos daba un horizonte un poco más tranquilizador para finalizar el año. Eso no se ha cumplido”.

Esta falta de palabra del Gobierno Nacional agravó el malestar en la comunidad educativa. Por el momento, la estrategia de las casas de estudio se centra en la negociación en el Congreso y en la búsqueda de consensos en el CIN. “Hoy por hoy estamos apostando más a la construcción de esta propuesta de presupuesto y a lograr que en algún punto se nos reconozca lo que al menos dice la cautelar”. No obstante, Aba no descartó profundizar las medidas de fuerza tras la próxima reunión del CIN, programada para los primeros días de septiembre.

En un nuevo capítulo del conflicto entre las universidades y el Gobierno, los gremios docentes y no docentes realizan hoy un paro nacional para reclamar por el incumplimiento de tres puntos fundamentales: la no aplicación de la ley de financiamiento universitario, el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre la actualización de haberes y la falta de aumento en las partidas presupuestarias para los hospitales universitarios.

La medida de fuerza, anunciada la semana pasada para este 12 de agosto, se enmarca en un reclamo que lleva casi un año, tras la sanción de la normativa que aprobó el Congreso de la Nación para actualizar los gastos de funcionamiento de las facultades y hospitales, además de habilitar paritarias para la recomposición salarial.

“Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Yo como docente, al igual que nuestros compañeros y compañeras, no queremos estar reclamando en la calle ni dejando de dar clases por un paro de actividades. Queremos estar en el aula frente a los estudiantes. Queremos estar en las cátedras, haciendo investigación o enseñando y asistiendo en nuestros hospitales. Pero nos han empujado a esto, ya que aún seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos", afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, rechazó los reclamos y calificó la medida de ilegítima y de carácter político. La cartera aseguró que no existe incumplimiento alguno y detalló las transferencias realizadas en concepto de gastos de personal e incrementos salariales durante los meses de junio y julio.

A pesar de la jornada de protesta, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, confirmó que la institución mantendrá sus puertas abiertas, señalando que la adhesión a la medida de fuerza dependerá de cada profesor y trabajador no docente. En tanto, para este miércoles a las 16 se espera una convocatoria en la zona del Obelisco, a la que se plegarán diversos gremios del sector.

Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), representados por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Atuncpba), ratificaron la profundización de su plan de lucha ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional. 

Diego Jongewaard de Boer, secretario general de Atuncpba, confirmó que el sector se plegará a las medidas de fuerza para visibilizar la crítica situación salarial que atraviesa el claustro y reclamar la aplicación efectiva de la normativa vigente.

En relación con los fundamentos de estas medidas, el dirigente sindical fue contundente al señalar la persistencia del conflicto: “Principalmente exigimos que se cumpla la ley, lo que ha dicho la justicia. Llevamos ya 293 días para ser precisos del incumplimiento de la ley, en los que la justicia ya nos ha dado la razón en varias oportunidades”, señaló el dirigente.

El plan de acción gremial contempla una serie de actividades coordinadas con otros sectores de la comunidad universitaria. Tras el paro previsto para el miércoles 12 de agosto, los trabajadores no docentes participarán en jornadas de lucha y abrazos simbólicos durante la semana del 19 de agosto, acciones que se realizarán en conjunto con el gremio docente. Posteriormente, los días 27 y 28 de agosto, el personal no docente llevará a cabo un paro de 48 horas como medida de fuerza adicional para sostener el reclamo.

El secretario general de Atuncpba expresó su escepticismo respecto a las instancias de diálogo con el gobierno nacional, a pesar de la reunión paritaria convocada para el primero de septiembre. Al respecto, Jongewaard de Boer manifestó: “Del gobierno ya sabemos que podemos esperar poco y nada diría, porque ya llevamos casi 300 días y no cumple, así que veremos en esa paritaria si podemos hacer que el gobierno entienda de que tiene que cumplir con el fallo que nos dio la justicia.”

La situación económica de los trabajadores es el eje central de la preocupación gremial. Según los datos aportados por el dirigente, el poder adquisitivo del sector ha sufrido una caída cercana al 70 por ciento en los últimos dos años y medio, lo que genera un escenario de alta vulnerabilidad. "La situación de la de la Unicen con respecto a los trabajadores es muy complicada. Tenemos un claustro que está pasando situaciones críticas, muy endeudados", remarcó el referente de Atuncpba.

Desde el gremio sostienen que, si bien la Ley de Financiamiento Universitario no resuelve la totalidad de los problemas estructurales, representa un alivio necesario ante la pérdida salarial acumulada. Al respecto, Jongewaard de Boer enfatizó que, para lograr una recomposición real, se debería estar pensando en un 45 por ciento, aunque advirtió que la negociación paritaria se presenta compleja debido a la tendencia del gobierno a tomar decisiones de manera unilateral.

 Ante este panorama, el sindicato apuesta por fortalecer la unidad de los trabajadores para sostener el reclamo y exigir respuestas concretas que permitan paliar la angustia y la preocupación que atraviesa el claustro universitario.

El tandilense Agustín Cagnoli se recibió recientemente de licenciado en Negocios Digitales, concluyendo la carrera cursada en la Universidad de San Andrés.

Es hijo de Julieta Gentil y Hernán Cagnoli, hermano de Giuliana y Martina; y concurrió al Colegio San Ignacio en sus distintos niveles (jardín de infantes, primaria y secundaria).

En el marco del comienzo de un nuevo cuatrimestre en la Unicen, el rector Marcelo Aba dialogó con El Eco de Tandil: dio cuenta del reclamo sostenido para que el gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento, de casos de renuncias de docentes y la dificultad para cubrir cargos, del cambio de composición de la matrícula y del freno de las obras para la Facultad de Ciencias de la Salud y la fachada del Rectorado.

“La cautelar que habíamos presentado desde el CIN ha quedado vigente porque tiene dos fallos favorables, de juez y de Cámara. Pero esto en los hechos no ha provocado ningún cambio. De hecho, en este momento estamos esperando que lleguen las planillas correspondientes a salarios de este mes. Nunca estamos en el último día del mes esperando la llegada de planilla”, expresó el rector, poniendo un ejemplo de la incertidumbre presupuestaria de la institución.

-¿Cómo se encuentra la Unicen para el reinicio del ciclo?

-Marcelo Aba: La Unicen se prepara para la apertura de un nuevo cuatrimestre. En algunos casos es reinicio, pero también comienzan algunas ofertas desde cero.

Tratando, en medio de dificultades que son conocidas por todos, tener todo  preparado para  ese nuevo periodo en el cual seguramente dada la conflictividad que se ha generado a partir de la no aplicación de la ley, bueno, tendremos algunas dificultades de  funcionamiento, sobre todo a nivel de medidas de fuerza.

-¿La última resolución de la Corte no implica la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario? Si es así, ¿Cuál va a ser el impacto en la Unicen?

-Primero, que no tenemos tanta certeza desde lo legal. La cautelar que habíamos presentado desde el CIN ha quedado vigente porque tiene dos fallos favorables, de juez y de Cámara.

Pero esto en los hechos no ha provocado ningún cambio. De hecho, en este momento estamos esperando que lleguen las planillas correspondientes a salarios de este mes. Nunca estamos en el último día del mes esperando la llegada de planilla. 

Así que no se está haciendo efectivo lo que en principio representaría la aplicación de la cautelar. Recordemos siempre eso de lo que aquí hablamos es de la cautelar y no de la cuestión de fondo que es la ley en sí. La cautelar solamente afecta a cuestiones de índole salariales y a las becas.

Eso es lo que tendría que estarse aplicando porque ya no hay ninguna otra normativa posible. Ya  el gobierno ha buscado todos los caminos para  no aplicar la cautelar. Y todos los estamentos de la justicia, incluida la Corte, le han dicho que la tiene que aplicar.

Pero la realidad es que esto no ocurre y la universidad sigue teniendo inconvenientes. Lo tienen sus trabajadores porque sus salarios no mejoran, y tampoco  mejorar para nada todo lo que tiene que ver con el funcionamiento.

-¿Tiene esta situación de complejidad sobre la que vienen reclamando hace tiempo efectos como renuncia de docentes o baja en la matrícula?

-En términos de docentes sí, efectivamente hay. Puede no ser muy masivo, pero siempre estamos viendo personas, tanto docentes como no docentes, que deciden retirarse.

Por ahí lo que tenemos más son pedidos de licencias, y eso se está dando.

También nos está costando cubrir los cargos. Antes cada cargo que aparecía, siempre había una gran cantidad de interesados, por ejemplo, después de una jubilación. Y hoy en día no se nota esa avidez por ingresar a la universidad.

Y todo lo que tiene que ver con los proyectos de investigación están prácticamente paralizados. Y eso hace que un joven que mira su futuro piense que quizá la universidad no sea hoy la alternativa más viable.

-¿Y en alumnos?

-A nivel de alumnos, lo que nosotros notamos es bastante característico de épocas de crisis. Que se reduce la cantidad de alumnos que vienen a cada una de nuestras sedes, llamémosle foráneos de la de la propia sede.

En parte se compensa con alumnos locales de la propia sede. Son aquellos que quizás no han podido irse a estudiar a otro lugar y compensan. Entonces, en la matrícula hay una muy leve reducción. No hay un impacto muy fuerte en el número, pero sí en la composición.

Pero en resumen, la matrícula medianamente se mantiene, aunque no está creciendo como veníamos creciendo estos últimos cuatro o cinco años.

Las obras para la Unicen

- ¿Cómo está el tema obras y en particular la de la fachada del rectorado?

-Estamos muy complicados. El gobierno nacional ha decidido paralizar todo. Hemos dado de baja la licitación que teníamos para ver qué podemos hacer nosotros con la Facultad de Ciencias de la Salud, que es una necesidad de imperiosa de poder avanzar al menos en algunos espacios para que la facultad pueda funcionar correctamente.

Y con respecto a la fachada, en ningún momento tenemos comunicaciones oficiales.

Pero por otro lado nos dicen que no va a ser financiada por el gobierno nacional, así que seguimos trabajando con el gobierno provincial. Tenemos allí algunas posibilidades de financiación, pero entendemos que la Provincia tiene serias dificultades y una enorme cantidad de cuestiones que atender.

Seguimos trabajando, y si no, al igual que estamos haciendo con la Facultad de Ciencias de la Salud, veremos si podemos comenzar nosotros a hacer desde nuestros propios magros recursos algún tipo de  de intervención que nos permita ir avanzando. Mucho más despacio, a  un ritmo mucho más lento.

El gobierno nacional tampoco la da de baja formalmente, asumiendo que lo va a financiar, sino que nos dicen por lo bajo que no va a ocurrir, y los hechos lo confirman. Pero no se formaliza un documento que nos libere a nosotros, y la empresa tampoco quiere dar baja porque significaría asumir que es quien abandona ese contrato.

El vocero presidencial Adrián Ravier volvió a quedar en el centro de la escena tras protagonizar una nueva controversia durante su conferencia de prensa habitual de los martes. En esta oportunidad, la discusión giró en torno a la cantidad de estudiantes extranjeros que cursan en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al debate sobre la posibilidad de que las universidades nacionales les cobren aranceles.

Consultado por la prensa, Ravier sostuvo que existe "un alto porcentaje de estudiantes en facultades de Medicina que son extranjeros" y afirmó que, en el caso de la UBA, ese índice alcanza "prácticamente un 40%". Ante el cuestionamiento de un periodista, el funcionario respondió que el dato que manejaba era "39% exacto" y agregó que, en caso de ser incorrecto, sería revisado.

El vocero argumentó que el Estado destina recursos a formar estudiantes extranjeros que luego regresan a sus países, por lo que consideró necesario priorizar el uso de esos fondos para los ciudadanos argentinos. En ese sentido, remarcó que la iniciativa del Gobierno no busca obligar a las universidades a cobrarles a los alumnos extranjeros, sino otorgarles la facultad de decidirlo respetando su autonomía.

"Lo que se está haciendo es que las universidades nacionales, que son autónomas, puedan decidir si quieren cobrarle o no a los extranjeros. No se trata de imponerles una medida, sino de darles esa posibilidad", explicó Ravier.

Además, sostuvo que esa alternativa permitiría "gestionar mejor los recursos de los contribuyentes" y administrar de manera más eficiente el financiamiento destinado a la educación superior.

Horas después de la conferencia, Ravier volvió sobre el tema a través de su cuenta en la red social X. Allí insistió en que el dato difundido durante la conferencia era correcto y afirmó que el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la UBA son extranjeros.

Para respaldar esa afirmación, indicó que utilizó estadísticas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación, según las cuales la Facultad de Medicina de la UBA registra 16.462 estudiantes extranjeros sobre un total de 41.957 alumnos, lo que representa el 39% del padrón.

El funcionario también señaló que, de acuerdo con esos mismos registros, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata cuenta con un 51% de estudiantes extranjeros.

Las declaraciones del vocero fueron rápidamente cuestionadas por el vicepresidente de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, quien rechazó la interpretación realizada por el Gobierno nacional.

Según la documentación difundida por el dirigente universitario, la presencia de estudiantes internacionales en la Facultad de Ciencias Médicas asciende al 6,1%, un porcentaje considerablemente inferior al 39% mencionado por Ravier.

La diferencia entre ambas cifras profundizó la discusión sobre los criterios utilizados para contabilizar a los estudiantes extranjeros y volvió a instalar el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas y el eventual cobro de aranceles a alumnos provenientes de otros países.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, volvió a protagonizar un clima de incertidumbre tras sus declaraciones realizadas este 28 de julio. Durante su conferencia habitual de los martes, el funcionario afirmó que el 40 por ciento de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros.

Ante las consultas de la prensa acreditada, Adrián Ravier insistió en que existe un alto porcentaje de alumnos en las facultades de medicina que no son argentinos. Tras un entredicho con un periodista, el vocero precisó la cifra:

“Un 39% exacto es el dato que tengo ahora de la Universidad de Buenos Aires. Si es falso lo revisaremos”.

En este sentido, el funcionario advirtió sobre la administración de los recursos estatales. Adrián Ravier señaló:

“Estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países, y pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes, para generar posibilidades de estudio en las universidades públicas”.

Sobre la posibilidad de implementar aranceles, el vocero aclaró que la propuesta busca que las universidades nacionales, al ser autónomas, puedan decidir si desean cobrarles o no a los estudiantes extranjeros. Según el funcionario, impulsar esta medida es una manera de gestionar mejor los recursos de los contribuyentes.

En un contexto particular, en el que se viene identificando lo que algunos llaman una campaña anti Argentina en redes sociales, el Gobierno ratificó que las universidades le pueden cobrar a los extranjeros.

Lo hizo a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien sostuvo que está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros.

“Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, precisó el funcionario libertario en X. También expuso que recibió muchas consultas, lo que obligó a explicar el marco normativo del DNU.

El texto dice, en su artículo 35, que se sustituye el apartado 2° bis de la Ley de Educación Superior 24.521 y sus modificatorias por el siguiente: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

“Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”, precisó el DNU.

Y completó: “Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.

El jefe de Estado también apuntó contra los extranjeros que cuestionaron a la sociedad argentina en X. “¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida”, posteó el mandatario en su perfil de X. NA

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) volvió a encender el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que podría impulsar un nuevo plan de lucha si el Gobierno nacional de Javier Milei no incorpora las actualizaciones salariales previstas por la norma en los haberes que se cobrarán en agosto. El planteo fue realizado tras un plenario de secretarios generales y cuenta con el respaldo de las distintas asociaciones de docentes.

En este escenario, volvió a crecer la posibilidad de que las casas de estudio de todo el país dicten medidas de fuerza en protesta por el planteo del Ejecutivo de no cumplir con la ley. Desde la federación sostuvieron que “no hay más excusas” para demorar la implementación de la ley y exigieron que el salario correspondiente a julio, que se percibirá en agosto, incluya la totalidad de las actualizaciones previstas por la legislación. En ese sentido, remarcaron que la Ley de Financiamiento Universitario “debe ser un piso desde el cual partir para poder avanzar más allá en el trabajo paritario”.

El reclamo fue reforzado luego de que la Corte Suprema dejara firme la obligación del Gobierno nacional de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, al cerrar la vía judicial que había utilizado el Ejecutivo para intentar frenar su implementación. Para la Conadu, ese fallo elimina cualquier argumento para postergar el cumplimiento efectivo de la norma.

La secretaria general de la Conadu, Clara Chevalier, fue contundente al referirse al escenario abierto tras el fallo judicial: “Al Gobierno se le acabaron las excusas. Con el salario de julio tienen que pagar lo que nos deben y si no lo hacen, habrá medidas de fuerza. El conflicto universitario no está cerrado, hemos probado que luchar sirve y lo seguiremos haciendo”.

Entre las resoluciones adoptadas por el plenario, la federación acordó exigir el cumplimiento inmediato de los artículos vinculados con la recomposición salarial y las becas estudiantiles. Además, reclamó una pronta convocatoria a paritarias y facultó a su mesa ejecutiva para avanzar en acciones políticas, administrativas y eventualmente judiciales. En la misma línea, la Conadu resolvió evaluar en un próximo plenario si el Gobierno cumple con la resolución judicial y, en caso contrario, analizar la convocatoria a nuevas medidas de fuerza.

Por su parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) acompañó la resolución de la federación nacional, lo que incrementa la posibilidad de que las clases en esa casa de estudios vuelvan a verse afectadas. Tras haber protagonizado distintos paros, ceses de actividades y clases públicas, el conflicto universitario vuelve a escalar con el respaldo del fallo judicial.

El conflicto sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N°27.795) continúa vigente y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que obligó al Gobierno Nacional a ponerla en marcha de forma inmediata, mediante un fallo que rechazó de forma unánime un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano.

Sin embargo, la gestión del presidente Javier Milei resaltó que el Congreso de la Nación sancionó la normativa sin especificar de qué partidas se obtendrían los fondos y ratificó que priorizará el superávit fiscal de manera estricta, debido a que si tuviera que aplicarla tendría que desembolsar entre 1,3 y 3,6 billones de pesos.

El Poder Ejecutivo, además, sostuvo que se viola el artículo Nro. 38 de la Ley de Administración Financiera, el cual exige que toda normativa que implique “un gasto extra” debe detallar su fuente de financiamiento y de no hacerlo, el Gobierno interpreta que la única alternativa implica ordenar emisión monetaria, lo cual generaría “más inflación” y “desestabilizaría” el plan económico que lleva adelante de la mano del ministro de Economía, Luis Caputo.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas referentes de la Asociación Gremial de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba) manifestaron su rechazo a la postura oficialista y celebró el fallo de la Justicia.

La secretaria adjunta de AGD-UBA, Ileana Celotto, aseguró que es evidente que el Gobierno “pretende no pagar” y por eso el veto, “que no entró por ninguna de las dos Cámaras”, y el intento de “terminar con la Ley” a través de un artículo que, incluyó en el presupuesto, y que “tampoco fue aceptado por el Parlamento”.

“Este fallo de la Corte Suprema salió porque el acta no conforma a la masa de docentes y no docentes. Se armó un repudio generalizado en todo el país donde se armaron grupos de convocatorias y se comenzó un repudio muy grande desde las bases de cada federación. Se empezó a generar un debate y un ánimo de que en agosto, cuando comience el segundo cuatrimestre, se vuelva a retomar el plan de lucha”, indicó Celotto.

Asimismo, añadió: “Es muy fácil decir de dónde sale la plata: el Gobierno vive haciendo pre-vendas y concesiones a otros sectores económicos, no a los trabajadores. Por lo tanto, si quiere, yo le digo al Gobierno Nacional de dónde sale la plata, muy simplemente se puede decir, y lo hemos dicho ya con diversas cuestiones, en diversos momentos”.

También aseguró que esta resolución de la Corte “fue muy bien recibida por toda la masa de trabajadores” y consideró que la Justicia se expidió porque “sintió la presión del movimiento”.

“Ahora está más claro que nunca que no hay que quedarse con el 21,3%, sino que tenemos que exigir lo que nos corresponde”, agregó.

Por su parte, Emiliano Cagnacci, secretario general de la Aduba y docente del CBC, planteó que la decisión de la Corte Suprema “va en línea de lo que hizo hace dos semanas”, con respecto a rechazar la recusación como jueces y que “se debe poner en valor” la Ley de Financiamiento Universitario.

“No se puede elegir qué leyes cumplir y qué leyes no cumplir en democracia. La cautelar trata sobre la cuestión del salario docente, no docente y sobre becas estudiantiles. Con respecto al salario docente y no docente dice que es de carácter alimentario, por eso, la Corte deja en pie lo que primera instancia hizo y lo que la Cámara también realizó con respecto a la cautelar. Es un fallo positivo en función del cumplimiento de la ley”, manifestó.

Finalmente, el Gobierno Nacional señaló que el fallo de la Corte Suprema “no resuelve la cuestión de fondo” sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento y le habría solicitado a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que intensifique las auditorías sobre la utilización de los fondos de todas las facultades autónomas. (NA).

La Corte Suprema dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso presentado por el Gobierno por falta de sentencia definitiva, el tribunal mantuvo vigente la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

La resolución fue firmada por los tres ministros del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según el fallo, el máximo tribunal desestimó la presentación del Estado y ratificó la decisión cautelar dictada en la instancia anterior, la cual se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de diversas universidades nacionales.

La justicia en lo contencioso administrativo federal había ordenado, como medida cautelar, que el Gobierno cumpliera de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley. Estos puntos refieren a la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas destinados al estudiantado.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que el Congreso había insistido en la sanción de la ley y advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender. Asimismo, el tribunal consideró que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.

El 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo firmó un acta donde se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000.000.000 de pesos. Por este motivo, la resolución de la Corte no tiene efectos económicos inmediatos, pero funciona como un aval implícito a la ley.

El Gobierno Nacional había intentado recusar a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria, pedidos que fueron desestimados por el tribunal. El expediente sobre la cuestión de fondo, que incluye el planteo de inconstitucionalidad del decreto 759/2025, continúa su curso por separado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso presentado por el Gobierno por falta de sentencia definitiva, el tribunal mantuvo la vigencia de la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según el fallo, el máximo tribunal desestimó la presentación del Ejecutivo y ratificó la decisión dictada en la instancia anterior, originada a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades nacionales.

La medida alcanza a los artículos 5 y 6 de la norma, los cuales refieren a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de la recomposición de los programas del estudiantado. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había advertido previamente que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender.

Previamente, el 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo había firmado un acta en la que se comprometía a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000.000.000 de pesos.

Cabe recordar que el planteo de fondo, que busca declarar la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, continúa su curso por separado. En dicho decreto, el Estado había dispuesto que la ley solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento, argumento que fue desestimado en esta instancia por la justicia.

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales volverá a las calles esta semana con una nueva medida de fuerza convocada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Conadu Histórica. El paro universitario comenzará este martes 16 y se extenderá hasta el sábado 20, con el reclamo de aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento.

La convocatoria se produce luego de que el Gobierno nacional presentara una propuesta a las autoridades universitarias y a las federaciones docentes y nodocentes con el objetivo de encauzar el conflicto que atraviesa al sistema universitario. El acta firmada con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras organizaciones contempla un incremento salarial del 21,3 por ciento en junio y del 3 por ciento en septiembre, además de partidas presupuestarias adicionales y fondos destinados a hospitales universitarios.

Sin embargo, desde AGD-UBA rechazaron el acuerdo y ratificaron la continuidad del plan de lucha. La secretaria general del gremio, Laura Carboni, explicó que “se impuso el rechazo” al entendimiento alcanzado entre los rectores y la gestión del presidente, Javier Milei, al señalar que la propuesta generó “un repudio entre las y los trabajadores”.

La dirigente sostuvo que el malestar se reflejó en la conformación de espacios autoconvocados que cuestionan el acuerdo firmado. “Lo que pedimos es que se cumpla la ley, que establece un aumento por encima del 50% para nuestros salarios. Este acuerdo, tejido a espaldas de las y los trabajadores, intenta cerrar el conflicto universitario atentando contra nuestros bolsillos y contra las becas de los estudiantes”, afirmó.

Vale precisar que, durante la semana pasada los trabajadores universitarios realizaron protestas en distintas ciudades con casas de altos estudios organizadas por sectores autoconvocados y, en ese contexto, los participantes volvieron a reunirse este fin de semana para coordinar nuevas acciones y mantener el reclamo por la aplicación de la ley sancionada por el Congreso. En paralelo, los sindicatos docentes anticiparon que, una vez concluida la medida de fuerza que se iniciará este martes, analizarán la continuidad del plan de lucha.

Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, sostuvo que el acercamiento alcanzado permitió aliviar parcialmente la situación, aunque aclaró que el reclamo principal sigue vigente. “No podemos decir que se llegó a un acuerdo porque nosotros planteamos que el gobierno tiene que cumplir la ley y la ley recompone la pérdida salarial de los profesores universitarios y el resto de trabajadores”, señaló.

Yacobitti destacó, no obstante, la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo y consideró que representa un avance respecto de la situación previa. “Hay que reconocer que el gobierno hizo un reconocimiento muy grande a nivel económico que es casi el 60% de lo que reclama la ley, es algo que nos permite seguir dialogando”, expresó. 

El dirigente señaló además que el conflicto universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre las casas de altos estudios nacionales y la administración de Javier Milei. “Hay que destacar la voluntad del diálogo del gobierno con las universidades nacionales que es una novedad en todo lo que fue el conflicto hasta ahora”, afirmó.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, aseguró ayer que el acercamiento entre el Gobierno Nacional y las universidades representa un cambio en la dinámica del conflicto, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo porque resta cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar en la recomposición salarial de docentes y trabajadores del sistema.

“Hay que reconocer que el gobierno hizo un reconocimiento muy grande a nivel económico, que es casi el 60 por ciento de lo que reclama la ley en las distintas materias: la salarial, la de gastos de funcionamiento y la de hospitales universitarios”, explicó Yacobitti, al analizar la nueva etapa de diálogo entre ambas partes.

Sin embargo, remarcó: “No podemos decir que se llegó a un acuerdo porque lo que nosotros planteamos es que el gobierno tiene que cumplir la ley”.

Para el dirigente universitario, la apertura del Ejecutivo representa una novedad después de casi dos años de tensión.

“Hay que destacar la voluntad de diálogo del gobierno con las universidades nacionales, que es una novedad en todo lo que fue este conflicto hasta ahora”, señaló, y consideró que esta instancia permite “empezar a discutir muchas otras cosas que tienen que ver no solo con lo salarial”.

Yacobitti sostuvo que la protesta universitaria tuvo un impacto político que obligó al Gobierno a modificar su postura.

“Creo que el gobierno pagó un costo. La última movilización que se hizo fue muy masiva, traspasó las fronteras de la academia, se involucraron personalidades de la cultura y muchas personas que ven lo que está pasando con la universidad”, afirmó por Splendid AM 990.

En ese sentido, planteó que el objetivo ahora debe ser sostener un canal de diálogo permanente: “Nosotros estamos todos los días definiendo planes de estudio, nuevas carreras, qué se va a investigar y qué no, y para eso hace falta un diálogo permanente con el gobierno”.

Sobre la discusión judicial por la Ley de Financiamiento Universitario, el vicerrector de la UBA afirmó que las universidades no abandonarán esa vía.

“No se pueden juntar dos particulares y decidir no cumplimos la ley. Me parece que eso es algo básico”, expresó, y cuestionó los tiempos de resolución del conflicto: “Hace más de 200 días que esto se votó y se judicializó. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para resolver si una ley hay que cumplirla o no?”.

Al hacer un balance de los últimos años de conflicto, Yacobitti describió las consecuencias del ajuste sobre el sistema universitario.

“Perdimos alumnos porque la situación económica es la misma que la de la mayoría de las personas en Argentina. Cada vez se hace más difícil llegar a fin de mes”, explicó.

Además, alertó por la pérdida de recursos humanos dentro del sistema educativo.

“Perdimos profesores que bajaron sus dedicaciones para poder cubrir más horas en otros lugares o directamente tener otros trabajos. Algunos se han ido a otros países”, indicó, y agregó que uno de los principales problemas es “la fuga muy grande en investigación y ciencia”.

“No hay un país que pueda pretender progresar si no tiene una ciencia que investiga las cuestiones estratégicas para el país”, afirmó.

Respecto a los cuestionamientos del Gobierno sobre el manejo de los fondos universitarios y las auditorías, Yacobitti defendió los controles existentes.

“Las auditorías están, se hacen y están publicadas en la Auditoría General de la Nación. Siempre estuvieron”, sostuvo, y añadió: “Está bien que se controlen todos los fondos que quieran. Estoy tranquilo con eso”.

Por otro lado, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el vicerrector de la UBA analizó la situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su futuro dentro del oficialismo.

“Un jefe de Gabinete sin credibilidad ni ante la sociedad ni ante sus propios compañeros de gabinete, porque permanentemente los expone a tener que dar explicaciones sobre algo que no quieren hacer, no es algo bueno para el gobierno”, remarcó.

También se refirió a la construcción de una alternativa política opositora y sostuvo que no alcanza con una alianza electoral.

“Lo que no se puede hacer es juntarse para ganarle a alguien. Tenemos que construir una alternativa que le diga a la sociedad qué va a hacer con cada uno de los problemas que tiene y cuáles son las propuestas que va a llevar al Congreso”, señaló.

Sobre un eventual regreso de Mauricio Macri como candidato presidencial, Yacobitti sostuvo que será una definición de la sociedad en las PASO.

“Macri tiene todo el derecho del mundo a querer volver a ser candidato a Presidente, pero lo importante es qué los une y qué van a hacer si ganan”, afirmó.

Al ser consultado sobre si la educación es una prioridad para la gestión de Javier Milei, Yacobitti fue contundente: “No, yo no creo que sea una prioridad”.

No obstante, remarcó que la nueva etapa de diálogo abre una oportunidad para discutir el futuro del sistema universitario y los desafíos que enfrenta frente a los cambios tecnológicos y educativos. (NA).

Gremios universitarios pusieron en pausa las medidas de fuerza anunciadas para la semana que viene tras el acuerdo salarial alcanzado por el gobierno nacional. Desde Adunce -que nuclea a los docentes de la Unicen-, resolvieron “poner en suspenso el paro de la próxima semana y retomarlo en caso de incumplimiento de acuerdo”, mientras que desde Atuncpba -que agrupa a no docentes-, anunciaron la suspensión del paro por las negociaciones en curso.

Más allá del acuerdo, los trabajadores, junto con las autoridades de las universidades nacionales, mantienen su reclamo principal: que el gobierno implemente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre pasado tras un intenso debate, e idas y vueltas con veto presidencial de por medio.

A través de sus redes sociales, tanto Adunce como Atuncpba destacaron el acuerdo alcanzado, y plantearon la continuidad de la demanda principal. Transmitieron también cuáles serán los pasos a seguir en el marco de lo establecido por las partes.

“Empezamos a recuperar lo que el gobierno nos debe; salario y paritarias”, publicaron desde Adunce. “Informamos que la medida de fuerza convocada para el próximo 16 de junio ha quedado en suspenso, en virtud de las negociaciones que se encuentran en curso entre la representación sindical y las autoridades nacionales”, señalaron por su parte desde Atuncpba.

Si bien aceptaron la propuesta salarial, los trabajadores resolvieron mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento. Al respecto, indicaron los docentes, “,ientras la ley sigue vigente, la paritaria implica dar un primer paso hacia el objetivo de la recomposición salarial y el restablecimiento del derecho a la negociación colectiva. El plan de lucha continúian hasta tanto no se ejecuta la Leyt de Financiamiento”.

El acta paritaria

Según lo acordado, el incremento salarial se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los haberes vigentes y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los salarios de septiembre. El salario de un docente de categoría simple, publicaron desde Adunce, sería de  $364,385.

En materia presupuestaria, el acuerdo prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir del corriente, y también se incorporará una partida adicional de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios durante 2026.

Pero a su vez, el acuerdo alcanzado definió un incremento -también del 21,33 por ciento-, de la garantía salarial de junio. La misma establece un monto salarial mínimo, que impacta en particular en los docentes de menor categoría. 

De parte de los gremios precisaron que en el próximo plenario -que realizarán en julio-, discutirán sobre el contenido de la futura paritaria. El límite establecido para el encuentro con autoridades del gobierno nacional será el próximo 14 de septiembre. Será “para definir la actualización salarial en referencia a la variación acumulada del IPC”, marcaron.

También se acordó que “abordar en un máximo de 45 días un adicional por la perdida salarial de los niveles pre-universitarios debido a la eliminación del FONID”.

Si bien los trabajadores aceptaron la propuesta de aumento salarial, el reclamo mayor del sector universitario en su conjunto -autoridades, investigadores, becarios, estudiantes-, sigue siendo el mismo que desde hace meses: que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación. 

El reclamo tuvo su impacto en Tandil, donde se llevaron a cabo medidas de fuerza pero también instancias de visibilización pública de la demanda: semaforazos, asambleas, clases públicas, volanteadas, charlas y muchas otras iniciativas que se sumaron a las Marchas Federales que se replicaron en la ciudad.

Luego de meses de tensión, movilizaciones masivas y una puja presupuestaria que mantuvo en vilo a la educación pública superior, en la jornada de ayer Capital Humano informó que llegó a un acuerdo en una mejora presupuestaria y salarial con el sector. La propuesta incluyó un aumento salarial de 24,33 por ciento en dos tramos, un ajuste de 21,33 por ciento en julio y otro del tres por ciento en octubre.

En una entrevista con El Eco, Marcelo Aba, rector de la Unicen, explicó que, tras intensas gestiones, las partes lograron establecer una base de entendimiento que permite proyectar un horizonte de mayor previsibilidad, aunque aclaró que esto dista de ser una solución definitiva a la crisis que atraviesa el sector.

El rector sostuvo que, en las últimas horas, se produjo un cambio de postura por parte del Gobierno Nacional, que culminó con el llamado a las paritarias de los diferentes gremios docentes y nodocentes. Según explicó, la administración central había intentado inicialmente condicionar estas mejoras a que los rectores desistieran de las acciones judiciales vigentes. No obstante, la firme negativa de las autoridades universitarias obligó a una nueva convocatoria que permitió sellar un compromiso que impactará directamente en los haberes del personal.

Al evaluar el alcance del entendimiento, manifestó que "se llegó a un acuerdo que no deja por supuesto satisfecho al sector universitario, pero que sí representa un avance importante". Según el análisis del rector, aunque la medida no implica un cumplimiento total de la normativa vigente, sí constituye un progreso significativo para la situación de los trabajadores, especialmente para aquellos que perciben los ingresos más bajos.

El esquema acordado contempla un aumento salarial que se aplicará de manera escalonada y acumulativa. Para el mes de julio, se fijó un incremento del 21,33 por ciento, al que se sumará un tres por ciento adicional en octubre. Esta ingeniería financiera totalizará un alza cercana al 25 por ciento, lo que busca mitigar el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los universitarios.

Un punto fundamental del acuerdo radicó en la actualización de la denominada garantía salarial. Este instrumento técnico asegura que ningún trabajador universitario perciba una remuneración por debajo de la línea de la pobreza. Aba subrayó la relevancia de este punto al señalar: "Eso es muy importante porque los salarios más bajos están todos alcanzados por la garantía salarial, que es un número que fija el gobierno para que no queden por debajo de la línea de la pobreza".

El rector explicó que, sin este ajuste proporcional, cualquier aumento porcentual hubiera sido absorbido por la garantía previa, dejando a los trabajadores de las categorías inferiores sin una mejora real en sus ingresos de bolsillo. Con esta modificación, toda la escala salarial se "corre" de manera efectiva. También hizo especial hincapié en que el 25 por ciento final resulta determinante para el personal que atraviesa los momentos más difíciles dentro del sistema educativo nacional.

Asimismo, el paquete de medidas incluyó un incremento del 20 por ciento en las partidas destinadas a gastos de funcionamiento. Si bien este porcentaje acompaña el ritmo operativo de las instituciones, Aba aclaró que, en el caso de la Unicen, no se recibirán fondos adicionales para hospitales universitarios, ya que no cuenta con dicha infraestructura.

La situación de los estudiantes también formó parte de la mesa de diálogo. El reclamo estudiantil, canalizado a través de la Federación Estudiantil y en sintonía con los planteos de los rectores, puso el foco en el retraso de las becas de ayuda económica. Aba recordó que las negociaciones llevadas adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contemplaron en todo momento las necesidades de los alumnos.

El rector de la Unicen precisó que los montos percibidos por los estudiantes se encontraban sumamente desactualizados frente al costo de vida actual. "En el caso de las becas Belgrano estaban muy retrasadas y reciben a partir de este mes un incremento del 50 por ciento. No es la solución, siguen quedando bajas, pero representa un 50 por ciento al menos", remarcó. Cabe destacar que las becas Progresar no formaron parte de esta discusión ya que Nación las considera ayudas gestionadas por la Anses.

Otro de los avances institucionales que destacó el rector fue el compromiso de establecer una periodicidad en la discusión salarial, algo que no había sucedido desde el inicio de la actual gestión presidencial. “El gobierno se compromete a, en plazos no mayores a cada tres meses, puede hacerlo antes, pero como máximo cada tres meses, llamar a paritaria para discutir los salarios y ahí es donde se plantea tener como referencia el IPC para que no se pierda lo que se gana ahora en los próximos meses”, señaló Aba.

Pese a las mejoras anunciadas, el rector de la Unicen fue tajante al afirmar que la disputa de fondo por la Ley de Financiamiento Universitario no ha concluido. Aba recordó que el sistema universitario acarrea un retraso salarial y presupuestario histórico, originado por la alta inflación registrada tras la asunción del actual gobierno en diciembre del 2023, periodo en el que no se otorgaron aumentos y se perdió entre un 20 y un 25 por ciento que nunca fue recuperado.

El rector ratificó que la medida cautelar que las universidades presentaron sigue su curso legal y que no fue negociada a cambio de los recientes aumentos. Al respecto, fue categórico: "Con respecto a la ley, al menos de nuestra parte, no cambia nada. Seguimos teniendo vigente hoy en la Corte Suprema de Justicia, luego de dos fallos favorables, uno de juez y uno de cámara, la medida cautelar, que es la que se refiere a los temas de los que estamos hablando, salarios y becas fundamentalmente. Eso sigue vigente, los rectores nunca tuvimos como opción darla de baja".

Finalmente, sobre el futuro de las medidas de fuerza convocadas por los gremios, el rector estimó que el escenario podría modificarse tras la firma de las paritarias, aunque dejó la decisión final en manos de las organizaciones sindicales. "Entendemos que pueden de alguna manera suavizarse, pero son decisiones gremiales", concluyó Aba, reafirmando que, aunque exista un alivio temporal, la comunidad universitaria continuará luchando por el cumplimiento de la ley.