Juan Grabois y un grupo de militantes entraron al Instituto Juan Domingo Perón que el Ministerio de Capital Humano se disponía a desalojar. Este sábado era la fecha límite para que entregaran el edificio, ubicado en Recoleta, a las autoridades ministeriales, tras el cierre dispuesto por el Gobierno de Javier Milei. Pero Grabois se atrincheró y llamó a hacer “el aguante”. El militante piquetero fue aprehendido por la Policía Federal. Hubo empujones y gas pimienta.

“Hace minutos la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón disuelto ilegalmente por el régimen de Milei. Seamos fieles a nuestra historia, defendamos nuestra herencia”, tuiteó el dirigente social.

A comienzos de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno cerraría el instituto, porque era una “carga presupuestaria evitable e innecesaria”. Según el Gobierno, “no aportaba ningún valor diferencial que justifique su continuidad” ya que “la investigación histórica sobre el expresidente Perón ya se lleva adelante a través de universidades, centros académicos, fundaciones e instituciones especializadas que garantizan un estudio académico libre de condicionamientos estatales”.

La medida se oficializó vía decreto publicado en el Boletín Oficial el 21 de mayo, donde se determinaba el cierre del Instituto Juan Domingo Perón y la transferencia a Capital Humano de los inmuebles que utilizaban los organismos disueltos.

Apenas enterado de la ocupación, fuentes del Ministerio de Capital Humano dijeron que se hizo una denuncia por intrusión y se llamó al 911, aunque todavía no había detalles sobre cuáles eran los pasos a seguir. “Algo vamos a hacer, el edificio siempre fue de Capital Humano”, dijeron desde el Ministerio.

Cerca de las 17, Grabois fue sacado del edificio por la Policía Federal, en medio de empujones. Hubo gas pimienta y tensión con el resto de los militantes, a los que buscaban desalojar.

Grabois había presentado una denuncia penal contra la ministra Sandra Pettovello, en representación de la cooperativa de trabajadores que gestiona el bar Un café con Perón. La ministra les había dado plazo hasta este sábado 7 de junio para abandonar el lugar, a pesar de que tenían la concesión hasta 2027 por contrato.

Además de Pettovello, la denuncia apunta contra el Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; y otros dos funcionarios del Ministerio de Capital Humano, Juan Carlos Carlesso y Fernando Seoane, por los delitos de “daño agravado, sutracción, alteración y destrucción de documentos confiados a su custodia, y abuso de autoridad”, según consta en un documento difundido por Grabois.

Ese edificio fue parte del Palacio Unzué la residencia de Juan Domingo y Evita Perón. Durante el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955, el edificio fue atacado con el objetivo de matar al entonces presidente Perón. En 2008 fue declarado monumento histórico nacional, sede del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.

En los últimos días, el accionar coordinado de fuerzas de seguridad y áreas del Municipio de Tandil permitió evitar intentos de ocupación ilegal de terrenos en distintos puntos de la ciudad y en localidades rurales, gracias a la aplicación del Protocolo de Prevención de Tomas.

Las intervenciones se realizaron en los barrios Canadá, Villa del Parque, La Unión, El Molino – Villa Aguirre, Movediza y La Elena, así como en las zonas rurales de El Gallo, Fulton y Desvío Aguirre.

El protocolo, que contempla una rápida respuesta ante alertas de intentos de usurpación, es llevado adelante de manera articulada por la Jefatura Departamental de Policía, el Comando de Prevención Rural y la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil, a través del Centro de Monitoreo y la aplicación Centinela.

Desde las dependencias intervinientes se destacó el rol clave de los vecinos y vecinas de los barrios, que alertaron de manera inmediata ante situaciones sospechosas, lo que permitió desplegar el operativo y evitar la ocupación de los terrenos.

Desde el Municipio de Tandil se recuerda a toda la comunidad la importancia de mantenerse atentos y dar aviso ante cualquier movimiento extraño, descargando la app Centinela y utilizando su sistema de alertas ante la menor sospecha.

El intendente del partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, denunció el último sábado un intento de ocupación de tierras en los alrededores del estadio Mundialista José María Minella, y acusó a "grupos inmobiliarios kirchneristas".   

A través de su cuenta de la red social X, Montenegro destacó: "Acabamos de abortar una ocupación de tierras. Los métodos extorsivos no son tolerados en Mar del Plata. A dos días de iniciar la privatización del Minella ya arrancaron los grupos inmobiliarios kirchneristas a tomar terrenos alrededor. Mismo modus operandi que la toma de las 140 hectáreas del Marquesado en la primera línea del mar. Bestias, pero no boludos", vinculando además este hecho con la cesión de tierras que el año pasado el gobierno nacional había otorgado para desarrollar un proyecto agroecológico.   

La primera denuncia la realizaron vecinos, quienes observaron personas cercando y demarcando -con cables y ramas- la manzana que comprende la calle Canosa entre San Salvador y Guananí. Luego intervino la comisaría 16° y, por tratarse de terrenos correspondientes al gobierno nacional, se comunicó a la fiscalía de turno de la Justicia Federal para que tome intervención y se elevaron las acciones al Juzgado N° 1 a cargo de Federico Hooft.   

Este episodio ocurrió apenas unos días después de que se aprobara el pliego para iniciar el proceso de concesión a 30 años del estadio Mundialista, donde se podrán realizar eventos deportivos, culturales y sociales. 

"Es entender a dónde va el mundo con la industria del deporte como espectáculo con marcas, privados, restaurantes, acciones de comercio y comunicación. Es estar a nivel mundial con la estructura para recitales y shows deportivos, es posicionar a Mar del Plata", había resaltado el propio Montenegro el pasado jueves. (NA).

Este martes, cerca de las 18.30, personal del Comando de Patrullas Tandil aprehendió a un hombre que amenazó a efectivos con un destornillador, durante un procedimiento por la intrusión en un lote privado. 

De acuerdo al parte oficial, todo ocurrió en un terreno ubicado en calle Ijurco y Piedrabuena, donde el personal policial detuvo a Sergio Nahuel Corradi, de 34 años, quien habría tenido intenciones de usurpar la parcela que cuenta con propietarios. 

Al llegar la policía y proceder a la identificación, el hombre se tornó agresivo, profiriendo amenazas de muerte mientras sostenía un destornillador de unos 15 centímetros de largo. 

Una vez reducido por los uniformados, Corradi fue puesto a disposición de la UFI 3 y notificado de los delitos de usurpación, atentado y resistencia a la autoridad, y amenazas agravadas. 

Las fuertes declaraciones de Marcieri al Gobierno nacional por la toma en La Movediza se correspondieron con la resolución que la Subsecretaría de Integración Socio Urbana emitió el pasado 6 de julio, y que mereciera incluso el reproche de la familia Moauro, denunciante del macizo usurpado. 

Dicha resolución firmada por el responsable de la cartera Sebastián Pareja, generó el reproche, siendo que se trata de un Gobierno nacional con orientación libertaria que, entre sus pilares, defiende a rajatabla la propiedad privada, algo alejado de lo que esta decisión del armador político de Milei en la provincia selló. 

Este Diario accedió a la controvertida resolución que no hizo más que ratificar lo que oportunamente el Gobierno nacional saliente había resuelto y, de alguna manera, interrumpió la medida judicial del desalojo compulsivo de la toma.

De las distintas fojas de la resolución, Pareja esgrimió “preocupación en relación a la situación que se encuentran atravesando los vecinos del barrio La Movediza I”. 

Al decir del funcionario, dicho barrio forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de Integración Urbana (Renabap) bajo el ID  608, oficializado por Decretos 358/2017, 789/19, 880/21 y 573/23 y que “las familias y organizaciones comunitarias que allí habitan ya tienen o pueden obtener, una vez relevadas, el Certificado de Vivienda Familiar y el Certificado de Organización Comunitaria, respectivamente”. 

Nación subrayó que los barrios se encuentran amparados por la Ley Nacional 27.453 y la Ley 27.694 “Régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana”.

En particular –agregó-, esta Subsecretaría tomó conocimiento de la situación que se encuentran atravesando los vecinos del barrio La Movediza I: “las familias contaban con conexión irregular al servicio de energía eléctrica, frente a la negativa de conexión formal por parte del Municipio y la empresa prestataria. Por tal motivo, los vecinos se vieron en la necesidad de conectarse de manera informal a los fines de poder desarrollar su vida, con los riesgos que conlleva que la red no esté realizada de manera formal”. 

“Recientemente –sigue la resolución-, en un operativo municipal “se les ha cortado el suministro de energía eléctrica, encontrándose en una situación de aún mayor vulnerabilidad social. Entre las familias, hay personas insulino dependientes, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, toda población que necesita de protección especial y en la que el contar con energía eléctrica es fundamental para poder garantizar condiciones mínimas de habitabilidad”.

Respecto a la medida cautelar de no innovar, el funcionario mileista sostuvo que “la prohibición de innovar tiene por objeto evitar que se cambie la situación de hecho o de derecho existente al momento en que se decretó. En otras palabras, busca conservar el status quo y obsta a que se modifique o altere, pendiente el juicio, el estado de la cosa o el derecho litigioso, evitando así los perjuicios que se puedan  derivar de ello”.

De este modo, la prohibición de innovar tiende a resguardar la inalterabilidad de la situación de hecho o de derecho planteado y, en consecuencia, a impedir que la sentencia se torne ilusoria. Por esto, debe señalarse que debe mediar una razón o interés legítimo tutelable para que proceda una medida cautelar de este tipo solicitada por la parte actora.

A esto, Pareja le sumó otro aspecto de suma trascendencia, que es que las medidas cautelares de no innovar de “ningún modo pueden afectar derechos humanos, que impactan en las condiciones de vida, en la salud, en la seguridad y en la integridad de las personas. Bien sabido es que el servicio de electricidad es vital para el desarrollo de una vida digna y forma parte de los componentes esenciales del derecho a una vivienda adecuada. Cuando estos servicios no son garantizados por el Estado y las prestatarias, las personas de algún modo procuran satisfacer dicha necesidad básica, y para ello suelen recurrir a tendidos informales que ponen en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las familias que allí viven y de sus bienes materiales”. 

“Discontinuar la provisión de energía eléctrica en un barrio emplazado en el Renabap –añadió- implica violar un amplio plexo normativo que seguidamente detallaremos y dejar en estado de mayor vulnerabilidad a las familias que allí habitan (más aun encontrándonos ante el inicio del invierno con temperaturas muy bajas y habiendo dentro de las familias niñas, niños y adolescentes; adultos mayores y personas con discapacidad cuya dependencia al servicio eléctrico es aún mayor), siendo que ni siquiera se impone como necesaria dicha medida para garantizar que la sentencia no se torne ilusoria o inejecutable en un futuro”. 

En otro orden, el funcionario indicó que no cabe afirmar que el reconocimiento de un conjunto de derechos humanos para las familias que habitan el barrio a través del suministro de energía eléctrica frustraría el resultado perseguido en el proceso de prescripción, e irrogarían perjuicios de difícil reparación ulterior a la parte actora”. 

Pareja, así ordenó que se levantase la medida de no innovar a los fines de garantizar los derechos de las familias que residen en los barrios populares inscriptos en el Renabap o, en subsidio, se detallen sus alcances con mayor precisión, de una forma que no resulte violatoria de derechos humanos básicos”. 

El subsecretario citó jurisprudencia y fallos en consonancia con sus argumentos, incluso tomó como ejemplo una situación ocurrida en Tandil.

A más precisiones, reseñó que en el 2020, el Tribunal Laboral 1 tandilense decidió conceder la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo local y la Defensoría departamental de Azul sobre el barrio Movediza II (Renabap 4282), y obligar al Municipio de Tandil, Provincia de Buenos Aires a “dar solución en forma permanente y definitiva al problema de falta de agua en el barrio, encomendado al Municipio la ejecución de las obras de infraestructura necesarias que permitan a los vecinos la conectividad al agua de red, por sí o en caso que lo estime corresponder, promoviendo las gestiones ante el gobierno provincial y/o nacional para que colaboren en forma técnica y/presupuestaria en la ejecución de las obras”.

Ayer, el Municipio presentó una solicitud formal ante el juez de Garantías, José Alberto Moragas, pidiendo la intervención de la Justicia para preservar la salud e integridad de los menores de edad que residen en el asentamiento ilegal del barrio La Movediza.

La llamativa presentación, tras un año y medio del detectado el asentamiento y el dilatado entuerto sin resolver, más haber participado del protocolo judicial oportunamente propiciado, se dio tras la publicación en éstas páginas sobre la atención médica a menores en el Hospital de Niños, niños precisamente con asiento en la usurpación. 

En el escrito presentado por la comuna se detallan una serie de medidas necesarias para atender directamente a las necesidades de los menores cuyos derechos puedan estar siendo vulnerados y cuya salud pueda verse en peligro. 

Entre las acciones solicitadas se destaca el pedido de intervención efectiva al Asesor de Menores e Incapaces y que se faculte al Servicio Local del Municipio, con sus equipos técnicos, para que ambos órganos de manera conjunta puedan realizar en el predio un censo y relevamiento en el lugar y soliciten las medidas que sean menester.

Esa acción –señalaron- permitiría actuar de manera coordinada para realizar los abordajes correspondientes en los términos de la Ley de protección de niños, niñas y adolescentes.

Además se solicitó que la Defensoría interviniente brinde el detalle de todas las personas que ocupan el predio, indicando si existen menores de edad con patologías de salud que requieran atención o tratamiento médico inmediato.

Por otra parte se requiere una notificación a las familias ocupantes sobre programas de asistencia, concurriendo a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio, donde se les informará sobre los programas de asistencia disponibles en materia de alimentación, vestido y alojamiento transitorio.

Finalmente la presentación ante la Justicia se solicita que se inste a los progenitores de los menores a que, a través del Sistema Integrado de Salud Pública del Municipio, se realice una evaluación médica de los niños y adolescentes en el Hospital de niños doctor Debilio Blanco Villegas o en los Centros de Salud Municipales, verificando el cumplimiento del régimen de vacunas obligatorias y brindando atención sanitaria según corresponda.

Desde la Jefatura de Gabinete del gobierno local se explicó que estas medidas buscan asegurar que los menores de edad que viven en el asentamiento ilegal del barrio La Movediza reciban la atención y protección necesaria para salvaguardar su salud e integridad.

Como se informó en este Diario, las bajas temperaturas registradas en el segundo invierno de la toma del macizo en La Movediza impactan especialmente en los cerca de cien menores de edad que viven allí, en condiciones de extrema vulnerabilidad. Habitaciones húmedas y sin aislación, además de la carencia de elementos para calefaccionar o recursos que generan gases insalubres, propician el agravamiento de cuadros respiratorios que ya encendieron las alarmas en diversas áreas del Gobierno municipal. 

Según le confirmaron a este Diario, el Hospital de Niños “Debilio Blanco Villegas” atendió a dos niños que fueron derivados desde la toma, un recién nacido que no llegaba al mes de vida y otra pequeña menor de 3 años. Ambos forman parte de la población de cien adultos y cien niños que habitan las viviendas y casillas del predio ocupado en febrero de 2023, ubicado en Piccirilli al 1.100. 

“Hay preocupación por la situación de los menores en la toma y diferentes áreas del Gobierno están trabajando para brindar una respuesta integral”, señaló una fuente vinculada al Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), al tiempo que aclaró que no harán declaraciones hasta tanto ese protocolo de abordaje no esté cerrado.

En paralelo, la principal inquietud radica en la prolongación de las bajas temperaturas que se registraron desde la semana pasada, sobre todo para los chicos que transitan gran parte del día en casillas precarias y sin servicios los servicios básicos garantizados. Y entre ese grupo etario, los más vulnerables son los lactantes y los que presentan alguna patología de base.

En el caso de los menores que transitaron internaciones en el centro pediátrico, trascendió que la familia regresó a la toma a pesar de las condiciones climáticas adversas por temor a que le robaran sus pertenencias y a pesar de que contaba con alguna alternativa para pernoctar en la vivienda de otros familiares. 

Hace menos de un mes, en las primeras horas del jueves 6, móviles de la Usina Popular y Municipal se presentaron en el predio usurpado en La Movediza en lo que se presentó como un “operativo antifraude”.

Acompañados de efectivos de las cuatro comisarías de la ciudad, Policía Local, GAD, Caballería e Infantería, que desplegaron sus unidades y se dispusieron a modo de cordón de cara a la toma, el espectacular despliegue tenía que ver con el operativo para abortar las conexiones clandestinas. Cortar los cables de tensión ubicados sobre la mano de enfrente al terreno en cuestión, desde donde se “colgaban” los vecinos ocupantes. 

En concreto se realizaron cortes en cuatros cruces de calles, una serie de alimentaciones directas así como conexiones directas a terceros.

El accionar tenía que ver con poner en práctica el rigor de la medida cautelar que aludía a no innovar en el terreno, al aguardo de una definición procesal como política frente al dilatado conflicto por la usurpación masiva. 

Con el paso de las horas, días, y, en especial tras el deceso de uno de los ocupas que puso sobre el tapete el estado de extrema vulnerabilidad que impera entre varios integrantes del predio tomado, ahora la misma justicia, el mismo juzgado de Garantías dispuso flexibilizar aquella disposición.

En efecto, a pedido de la Defensoría oficial, como de dependencias del Gobierno nacional (la Secretaría de Integración Socio Urbana -SISU-) que oportunamente tomaron posición frente el complejo escenario, a partir de la situación de los menores, adultos mayores y enfermos que están viviendo en la ocupación, se dispuso que haya abastecimiento de agua y energía eléctrica.

Según este Diario pudo acceder, por disposición del titular del Juzgado de Garantías 1, José Alberto Moragas, en el marco de la instrucción penal preparatoria caratulada "Moauro, Daniel Alberto s/ Denuncia de usurpación de inmueble - Tandil", se resolvió “modificar la medida cautelar de no innovar prorrogada por el plazo de 120 días a contar desde el 29 de junio de 2024, y dictada el 14 de junio del corriente año. 

Así, con la flamante resolución que ya llegó a manos de las autoridades municipales como de la propia Usina, se deja sin efecto la prohibición de autorizar nuevas conexiones de suministro de energía eléctrica dentro del inmueble emplazado entre calles Salta, Chapeaurouge, Misiones y Piccirilli, las que deberán solicitarse por la vía que corresponda y cumplimentando los requisitos previstos por la Usina Popular y Municipal de Tandil - SEM-.

A su vez, se autoriza a los ocupantes del citado predio, el ingreso de elementos aptos para calefaccionar los ambientes, tales como garrafas con pantallas, entre otros.

En otro orden,  dentro de la medida cautelar ahora modificada, se estableció “supeditar el tratamiento de la solicitud de autorización para el ingreso de materiales de construcción hasta tanto se precise en forma individual la cantidad y tipo de materiales requeridos con específica mención al sitio en que se emplace la unidad de vivienda que solicita la autorización, como así también la identificación de sus ocupantes”.

Tras la resolución, se libró oficio a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil con copia de la presentación efectuada por la Defensa y los archivos adjuntos, con el objeto de poner en su conocimiento “la situación de vulnerabilidad de las personas que ocupan el citado predio,   a los fines que estime corresponder en el marco de sus funciones”.

Lo propio al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a los fines que tome intervención en relación a la posible existencia de menores de edad en situación de vulnerabilidad residiendo dentro del citado predio.

A los fines de proceder a la notificación de la presente resolución a los ocupantes del predio, también se libró oficio a la Seccional Segunda de Policía, haciéndole saber a su titular que en el caso de que los mismos se nieguen a suscribir el acta respectiva, la medida deberá desarrollarse bajo las previsiones del artículo 128 tercer párrafo del C.P.P.

De la solicitud de remisión a la ORAC efectuada por el titular de la defensoría a cargo de Diego Araujo, se remitió invitación a la UFI interviniente, a cargo del fiscal Luis Piotti, como la Asesoría de Menores e Incapaces, a cargo de Ezequiel Balaunzarán, entro otros operadores judiciales.

Respecto al pedido del defensor oficial Diego Araujo, el letrado había solicitado0 la modificación del alcance de la medida cautelar  de no innovar dictada el 17 de marzo de 2023 y objeto de sucesivas prórrogas, en la que la magistratura prohibió la realización de nuevas conexiones de suministro de energía eléctrica dentro del predio, el ingreso de nuevas personas, la realización de cualquier tipo de construcción, mejora, e ingreso de materiales para la construcción. 

Ello así, “de modo de permitir al centenar de familias que vive en lugar, algunas con discapacidad, enfermedades crónicas, adultos/as mayores, mujeres a cargo de unidades familiares, niños, niñas y adolescentes, mientras tramita la incidencia intentada ante el tribunal casatorio, aislar las casillas en las que viven para preservarse del frío y la lluvia y acceder temporalmente a servicios de carácter esencial, como es la electricidad y el agua”, argumentó el defensor oportunamente.

Alegó al respecto que a la fecha se encuentra en trámite ante el tribunal Casatorio el recurso de queja por Casación denegada intentado por esta defensa contra la resolución de la alzada local que declaró inadmisible el recurso de Casación interpuesto contra la resolución que declaró la inconstitucionalidad de los actos administrativos que permitieron incluir el predio objeto de litigio en el régimen de regularización dominial para la integración sociourbana, y en consecuencia ordenó se hiciera efectivo el desalojo. 

Consecuentemente, “dicha resolución no se encuentra firme y por lo tanto no puede ser ejecutoriada en razón de lo expresamente dispuesto por el artículo 431 del CPPBA, ya que la interposición de recursos de queja en sede provincial no afecta ni altera en modo alguno el efecto suspensivo del recurso intentado y en modo alguno modifica el status de resolución inejecutable que ha de sostenerse y respetarse mientras transiten las instancias de revisión judicial”. 

A principios de junio pasado, El Eco de Tandil llevó a cabo una recorrida por el predio ocupado de calle Piccirilli al 1000. En el lugar, muchos vecinos transmitieron sus diferentes complicaciones derivadas de la precariedad de la situación en la que se encuentran. Usuarios de insulina sin heladera, personas operadas, y otros padecimientos. La visita fue pocos días después de que la Justicia ordenó el corte del suministro eléctrico, que la Usina llevó a cabo durante un operativo con fuerte presencia policial.

Durante la mencionada recorrida, la vecina que acompañó la visita quiso hacer una última parada. Tras acercarse a una precaria vivienda aplaudió frente a la entrada. Del interior salió un hombre que se presentó como Genaro, quien contó que se encontraba desmejorado porque hacía poco tiempo había recibido el alta después de una larga internación por neumonía. 

Hablaba de manera lenta y calma, y dijo que debido a su estado de salud estaba complicado para poder retornar al trabajo,  por lo que debía cuidarse. Una de sus hijas salió de la casilla para preguntarle si podía usar su teléfono celular. El hombre le respondió, pero también le indicó que vuelva adentro porque hacía mucho frío. Genaro tuvo una recaída durante los últimos días y falleció a los pocos días.

“Fue fatal. El jueves lo internaron y el sábado falleció. Tenía alrededor de 44 años y cuatro criaturas. La verdad, todos quedamos devastados, porque fue muy de golpe, muy rápido. Fue un golpe durísimo porque ahí él era Genaro. Era el consejero, siempre estaba”, lamentó Natalia Gosk, una de las referentes de la toma, quien clamó por la restitución del servicio eléctrico por casos que se repetían.

Dichas expresiones tuvieron eco en la Defensoría que realizó el pedido formal y ahora respondió el juez de Garantías. 

Julio, un vecino de la zona de Riato y Jujuy, denunció tres intentos de usurpación ocurridos el jueves pasado y durante el fin de semana, que pudieron ser evitados por el accionar policial y de los propios habitantes del lugar.

Según contó a El Eco Multimedios, las personas quisieron instalarse en una calle que no está abierta “y genera esto, porque piensan que pertenece a un terreno, pero es un lugar que está para abrir”.

Ante esta situación, aseguró que “estamos sumamente alertas. Entre todos los vecinos pasamos permanentemente por el lugar y no vamos a permitir que nadie más se instale. Es una decisión que ya tomamos los vecinos del barrio y de la calle Riato, cuyos terrenos dan al fondo del lugar”. 

Cuándo fueron

Esta vez, agregó, fueron tres tentativas de usurpación “que pudimos repeler por nuestra intervención y por la destacada labor de los oficiales de la comisaría Segunda que acudieron rápidamente y se pusieron al hombro la situación y literalmente sacaron a esta gente”. 

El jueves fue el primer intento de toma. En ese momento los mismos habitantes lo vieron. Y durante el fin de semana intentaron usurpar dos veces el terreno intentando utilizar los restos de elementos que habían quedado. Según aseguró el vecino, no se trata de la misma gente.

Obras pendientes

Julio contó que están realizando gestiones para convertir esa calle en una arteria abierta, para lo cual se reunieron con autoridades de la Municipalidad "que nos ha recibido muy bien y están trabajando al respecto".

“Esperamos que se terminen de concretar las obras para transformar eso en un espacio verde y en un lugar más lindo”, señaló el hombre. 

Y agregó: “Lo importante es estar alerta, que es lo que estamos haciendo, y no descansar hasta que se termine de abrir esa calle para que se convierta en una arteria por donde se pueda transitar porque esto es un barrio tranquilo, con una plaza cerca”. 

Contexto

El vecino advirtió que “sabemos de la situación difícil que transita el país”. “Ojalá no empeore, pero es probable que estas situaciones se sigan dando y que el tipo que trabaja no llega a pagar el alquiler, y en algún lado tiene que vivir. Eso es cierto. Pero no es nuestra misión salir a solucionar ese problema habitacional”, subrayó.

El incendio en una construcción abandonada ubicada en la vereda par de Pinto entre Rivadavia y Alberdi dejó al desnudo el problema de inseguridad que padecen los vecinos hace más de 2 años. En la obra de tres pisos pernoctan entre 10 y 20 personas adultas, sin servicios, y ocasionando disturbios que quiebran la calma de la barriada. Además, algunos frentistas no dudaron en definirlo como “un aguantadero”, al sospechar que los ocasionales ocupas aprovechan el espacio para ocultar objetos robados y comercializar estupefacientes, entre otros delitos. 

Todo comenzó minutos antes de las 22, en la estructura lindera a la sede de la Asociación de Regiones Italianas, sita en Pinto 46. Una vecina advirtió a las fuerzas de seguridad por una presunta explosión en la obra, que se encuentra abandonada hace tiempo. Al arribar los bomberos, detectaron un foco de incendio en el interior, donde trabajaron con dificultad. 

El foco ígneo demandó un gran operativo, con una autobomba y un móvil de apoyo del Cuartel Central de Bomberos, dos patrullas de Policía para cortar el tránsito a la altura de Rivadavia y asegurar la zona, una ambulancia del SAME, una grúa de la Usina y la guardia de Camuzzi. 

Las dos dotaciones con varios efectivos extendieron dos líneas de agua, pero además debieron instalar una portátil para llegar al fondo del terreno, intentando evitar riesgos. Si bien no se divisaban llamas, el humo y un intenso olor de combustión ponían en alerta a los brigadistas. 

La previa

Según confirmaron testigos, ayer por la mañana personal de la comisaría Primera había actuado en el edificio abandonado. En ese operativo, habían sacado del lugar a tres hombres –uno de Tandil, otro de Chaco y el último de Bolivia- que vivían en el espacio sin servicios, ni cerramientos. 

De acuerdo a las versiones, los ocupas refirieron que estaban en situación de calle y que paraban en la construcción porque no podían afrontar el costo de alquiler de una vivienda. 

Anoche, la principal hipótesis era que luego de la intervención policial, los hombres regresaron al edificio y quemaron las pertenencias que allí habían dejado, como colchones y ropa. 

Sin embargo, algunos vecinos afirmaron que suelen convivir con humo y olor a quemado emanados de la estructura de tres pisos que, según esgrimieron, podrían estar vinculados a la quema de cables para obtener cobre. 

Reclamo reiterado

Molesta por la situación, una de las vecinas contó que por la mañana había observado la intervención de la Policía, por lo que estimó que los ocupas habrían vuelto al edificio para prender fuego sus enseres. 

Enojada, aseguró que entre diez y veinte personas adultas habitan de manera permanente en el lugar, tanto hombres como mujeres, causando distintos desmanes y utilizándolo como base operativa para delinquir. 

Calificó a la obra abandonada como “un aguantadero” y aseguró que por las noches paran vehículos que se quedan algunos minutos y

A diez meses del inicio de la ocupación en el lote de calle Piccirilli al 1000, el predio fue incorporado al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), atendiendo la solicitud que a comienzos de noviembre pasado habían elevado autoridades del Gobierno Nacional.

La resolución aleja la posibilidad de que se concrete el desalojo -a la fecha en pausa-dictado por la Justicia, y la noticia provocó “mucha impotencia” en la familia Moauro, titular del terreno en conflicto y propietaria de un vivero en el lote adyacente.

“Ahí teníamos nuestro pozo de agua, y entonces perdimos algo que es vital para producir como lo venimos haciendo desde hace más de 35 años que es la disponibilidad de agua. Teníamos pensado armar nuevamente invernáculos e invertir y ahora no lo podemos hacer porque esta gente robó nuestro espacio donde producimos”, lamentó Agustín Moauro en diálogo con El Eco de Tandil.

La incorporación del predio se formalizó a partir de la resolución 254/2023 de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, fechada el pasado 6 de diciembre. El texto fue firmado por la ex funcionario Fernanda Miño, responsable de la mencionada Secretaría. Desde el primer día de diciembre, Miño tenía aceptada la renuncia a su cargo, la cual se hizo efectiva a partir del 10 del corriente con el recambio de autoridades.

En el Mapa de Barrios Populares, que puede consultarse online, figura a la fecha el predio de calle Piccirilli como parte del Registro. El propio Agustín Moauro facilitó capturas de pantalla en las que se comprueba que por lo menos hasta principios de noviembre las manzanas ocupadas no integraban el Renabap.

“Acá es lo que estamos viendo, es como que estamos en un partido y estuvieron acomodando el arco para que entre la pelota y la pelota no entraba. Y a último momento lo acomodaron bien y entró la pelota, pero a su vez, ataron al referí. El referí es el doctor Moragas. Es decir, que quedó el juez atado. Atado de manos, no puede hacer nada”, había expresado por su parte Daniel Moauro a El Eco Multimedios en referencia a José Alberto Moragas, juez a cargo de la causa iniciada tras la ocupación.

Consultados por lo que en concreto supone la medida, el propietario de los lotes afirmó que significa “que no los podés desalojar, no se puede hacer desalojo. Salvo que la Justicia tenga la valentía, tenga el coraje de hacerlo de igual. En todo esto se ve que es todo ilegal. Son todas maniobras arteras para quedarse con la tierra. No tiene otra explicación lógica”.

Cabe recordar, a comienzos de febrero pasado, un grupo de 15 mujeres se instaló en el lote de calle Piccirilli al 1000 en el barrio de La Movediza, alegando complejas dificultades para acceder a una vivienda. La situación escaló, y un gran número de familias -actualmente, más de 60- se sumaron a la ocupación.

Tras la presentación de la familia Moauro como propietarios se inició una causa penal -la cual quedó a cargo del juez José Alberto Moragas, delJuzgado de Garantías 1,- y la Justicia determinó la prohibición de innovar -de seguir construyendo- así como de abrir calles internas para la circulación policial.

Tras el pedido del Fiscal se dictaminó el desalojo, el cual fue pospuesto en reiteradas ocasiones. En el lapso de estos meses se conformaron diferentes grupos dentro de las familias ocupantes, hubo marchas a la Municipalidad, dos censos, y hasta las mujeres que habían iniciado la toma decidieron retirarse de manera voluntaria.

Incluso se había avanzado con una negociación con participación de organismos provinciales para concretar un loteo y la generación de lotes con servicios en el lugar, pero la misma quedó trunca luego de que las autoridades locales se desvincularan de la mesa de diálogo.

A principios de noviembre la Justicia volvió a suspender el desalojo, a raíz de que la Dirección de Acceso al Suelo Urbano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación había informado que el predio en cuestión estaba identificado como parte del Renabap, y que sería incorporado al Registro, algo que finalmente se confirmó.

“En primera instancia nosotros estamos en contacto con los concejales de Tandil. Estamos comunicándonos con cada uno para comunicarle de primera línea lo que está sucediendo, ya que no es algo que perjudica únicamente a los dueños, que en este caso es nuestra familia, perjudica a todo el barrio. Yo hablo con los vecinos y siempre estoy en comunicación con ellos y las cosas que me dicen que sucede en todo el día, los ruidos, los martillazos, la gente tomando alcohol. El otro día también vi cámaras de seguridad donde un vecino muestra que se les sentaban todos a tomar vino porque había sombra en ese espacio, en la vereda de él, en la puerta de él”, lamentó Moauro ante El Eco Multimedios, sumando que por la situación también bajó el valor de las propiedades en el barrio.

“No está de más decir que es donde nosotros producimos todo lo que con nuestra empresa familiar hemos hecho, que venimos haciendo hace más de 30 años”, concluyeron los propietarios.