En el marco del conflicto por el programa Volver al Trabajo y la decisión del Gobierno nacional de apelar el fallo judicial que ordena garantizar los pagos, desde organizaciones sociales de Tandil expresaron preocupación por la situación del salario social complementario y denunciaron recortes en la economía popular.

En diálogo con El Eco, la vocera local de UTEP y MTE, Valeska Galaz, explicó que el beneficio tiene origen en la Ley 27.345 de Emergencia Social, sancionada en 2016, que establece un ingreso equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil para trabajadores de la economía popular.

“Esto viene por ley. Cuando inicia el gobierno de Javier Milei, no solamente el salario queda inmóvil, sino que se desapega de esa referencia con el salario mínimo y además empiezan los recortes en todo lo que es la economía popular”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó la transformación del programa y la reciente decisión del Ministerio de Capital Humano. “Lo que presentó el Ministerio es la baja de lo que ellos denominan Volver al Trabajo, que nosotros seguimos insistiendo que es un salario social complementario, con la promesa de cursos de capacitación y vouchers de formación”, señaló.

Galaz consideró que la medida “es un arremetida contra derechos y garantías conquistadas”, especialmente en un contexto de crisis económica. “Esto impacta en el sector de cooperativas, en las compañeras que sostienen comedores en los barrios, que cumplen un rol clave en la contención social en los sectores más vulnerables”, afirmó.

En ese marco, recordó que las organizaciones sociales ya venían manifestándose en distintos puntos del país, y que en Tandil se realizó una asamblea y una conferencia de prensa abierta para visibilizar la problemática. “Venimos alertando sobre esta situación desde hace tiempo, porque vemos cómo se profundiza la crisis en los barrios”, indicó.

A nivel judicial, destacó que una medida cautelar dictada en Campana ordena al Ministerio cumplir con el pago durante mayo, lo que abre un compás de espera para miles de beneficiarios. Sin embargo, manifestó cautela: “El gobierno nacional es conocido por incumplimientos de lo que la Justicia le solicita, como ocurre con otras leyes vigentes”, advirtió.

Según detalló, el último pago se realizó en abril, y el correspondiente a mayo estaba en duda hasta la intervención judicial. Habitualmente, el ingreso se acredita entre los primeros días de cada mes, por lo que en los próximos días se definirá si efectivamente se cumple con la transferencia.

“Estamos en alerta y movilización, porque queremos que el Gobierno cumpla con lo que la Justicia le exige. Para muchas familias este ingreso es fundamental”, remarcó.

Por otra parte, Galaz cuestionó el discurso oficial respecto a posibles recortes para sostener el programa. “Nos quieren poner pobres contra pobres, diciendo que si se paga el salario social complementario se afecta la educación o la formación. Eso no es así”, afirmó.

En esa línea, planteó que “los ajustes no deberían recaer sobre los sectores más vulnerables” y pidió revisar otras áreas del gasto público. “No tenemos que sacar un carnet de pobre para demostrar que la situación es crítica. La crisis es evidente y atraviesa a toda la clase trabajadora”, expresó.

Finalmente, sostuvo que las organizaciones continuarán en estado de alerta y movilización, a la espera de definiciones del Gobierno nacional y del cumplimiento efectivo de la medida judicial. “Los cambios tienen que venir por otro lado, con una mejor administración de los recursos y sin enfrentar a los sectores más postergados”, concluyó.

Organizaciones sociales, sindicales y piqueteras buscarán meterle presión al Gobierno de Javier Milei y se movilizarán este miércoles a de la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar por un fuerte aumento del salario mínimo y un bono de fin de año.

Bajo la consigna “Nuestro trabajo vale”, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial, entre otros movimientos, marcharán por las calles de Buenos Aires desde las 11 de la mañana.

La principal demanda es que el Salario Mínimo Vital y Móvil alcance el valor de la Canasta Básica Total (CBT), para garantizar que “los trabajadores populares puedan vivir con dignidad”. Actualmente, el ingreso mínimo es de $322.200 mensuales, monto que permanece congelado desde agosto. Mientras que la CBT -que determina el umbral de pobreza- alcanza los $1.276.649 para un hogar tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires.

La protesta coincide con la reunión convocada por el Gobierno para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, según la Resolución 6/2025 publicada en el Boletín Oficial. El cónclave abordará la determinación del nuevo monto, así como los valores de la prestación por desempleo.

“Nuestro trabajo vale”, es una de las consignas fuerza de la protesta del miércoles, que se enmarca en una escalada creciente de movilizaciones: la UTEP junto a organizaciones sociales como el Movimiento Evita y Barrios de Pie, exige un salario mínimo que no solo sea legal, sino suficiente para sostener una familia.

Cabe recordar que las dos CTA ya advirtieron que el salario básico “no cubre las necesidades de las familias” y exigieron definir una canasta básica “objetiva” que sirva como parámetro. El pedido fue dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una carta documento firmada por Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A).

Este jueves por la mañana, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, y con el apoyo de los vecinos de diferentes barrios de la ciudad, desde la representación local de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) hicieron uso de la Banca 21, con el objetivo de lograr el apoyo de los ediles para repudiar el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y exigir la reactivación de las obras al gobierno nacional.

Paula Alonso y Héctor Condori, representantes de UTEP Tandil, dialogaron con El Eco Multimedios luego de que la iniciativa fuera tratada y posteriormente aprobada en el recinto sin que pase por comisiones.

Primeramente, explicaron que la problemática que los convocó se manifiesta de manera concreta en Tandil con dos obras paralizadas: una en Movediza 2 que afecta el acceso al agua de más de 50 vecinos, y otra en el barrio La Unión, que contempla una obra de agua y un proyecto de cloacas. Además, existían dos anteproyectos preaprobados que nunca iniciaron su curso: uno para garantizar servicios básicos en Villa Cordobita y otro para mejorar el barrio de Las Tunitas, incluyendo agua, veredas y otros aspectos.

"No solamente son dos obras paralizadas", afirmaron los participantes, “sino también había proyectos presentados que directamente quedaron archivados”. Esta situación no solo perjudica a las familias residentes, sino que también impacta directamente en la fuente laboral, ya que hay trabajadores que pierden su puesto de trabajo por la paralización de estas obras. “Las obras paralizadas y los proyectos archivados significaban trabajo para las cooperativas de la ciudad y el mejoramiento en la calidad de vida para muchas familias”. A nivel nacional, señalaron que el impacto es aún mayor, con la pérdida de 25.000 puestos de trabajo vinculados a esta situación.

Ante este escenario, la propuesta presentada en la Banca 21 busca que “el gobierno municipal interceda por los y las vecinas de Tandil”, elevando una nota al Estado Nacional para pedir que se ejecuten los fondos que ya fueron recaudados en el mencionado fideicomiso, a través del Impuesto País, que ya había sido reducido drásticamente, impactando en el desarrollo de las obras.

Alonso y Condorí expresaron que, a pesar de la angustia de la situación, se llevaron "una pequeña alegría" al recibir el apoyo del estado local. Sin embargo, manifestaron la esperanza de que el municipio “nos acompañe hasta el final para poder conseguir estos fondos que ya están recaudados y que lleguen a la ciudad, los vecinos y los trabajadores”.

Según explicaron, el impacto de la medida nacional se extiende a “5 millones de familias que sufren este ajuste”. Calificaron la situación de "brutal" e “inhumana”, y recordaron que la ley que creó el fondo se aprobó en 2018 con “un consenso muy grande de toda la sociedad argentina”, y actualmente el ajuste afecta a 6.500 barrios a lo largo del país.

Asimismo, mencionaron que al igual que ocurrió ayer con manifestaciones y un "estado de alerta y de visibilización de la situación en todo el país", este tipo de reclamos continuarán su curso. “Aunque puedan sacar un decreto, los barrios populares no se borran, las necesidades no se borran”. La intención es seguir luchando para garantizar “los derechos a cada familia y el trabajo de un montón de compañeras y compañeros”.

Vecinos de diversos barrios de Tandil y organizaciones nucleadas en la UTEP convocan a una jornada de lucha este martes 20 de mayo en el marco de una movilización nacional. La concentración está prevista para las 10 horas en las puertas del Palacio Municipal.

La protesta tiene como objetivo expresar el rechazo a las medidas de vaciamiento y el cierre de la Fisu. Según los convocantes, estas políticas impactan directamente en Tandil, afectando a 10 barrios y a cientos de familias que “no van a poder acceder a vivir dignamente”. Atribuyen estas acciones a la "imposición del FMI que vuelve a gobernar y saquear nuestra patria", señalando que esto afecta la vida de “5 millones de argentinos que viven en los barrios populares”.

Asimismo, enfatizan la gravedad de la situación, al considerar que estas medidas buscan “borrar de un plumazo la política pública más importante en términos de justicia social e igualdad que ha existido en los barrios”.

Además de la concentración, los vecinos y organizaciones de la UTEP tienen previsto solicitar un pedido de Banca 21 en el Honorable Concejo Deliberante, para visibilizar la situación de los barrios de Tandil. Mediante esta instancia, solicitarán al Municipio que acompañe el reclamo elevando una nota al estado nacional con el objetivo de lograr que se “reactiven las obras paralizadas y empiecen las obras comprometidas con los fondos ya recaudados”.

Finalmente, extendieron la invitación a “todos y todas a defender el derecho a una vida digna en nuestros barrios”.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en Tandil llevará a cabo una Jornada de Lucha en contra de las medidas de vaciamiento y el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). 

Será el martes 20 de mayo a las 10 horas en la explanada del Municipio. Según sostienen desde el comunicado oficial, en Tandil existen 10 barrios y cientos de familias que no podrán acceder a vivir dignamente tras el cierre del FISU. “Es una sentencia contra los más pobres. Reactivación ya de las obras en los barrios populares”, sentencian desde la UTEP.

“Esta medida responde a la imposición del FMI que vuelve a gobernar y saquear nuestra patria a costa de la vida de 5 millones de argentinos que viven en los barrios populares”, continúan explicitando desde la organización. Además, agregan que “no podemos permitir que se borre de un plumazo la política pública más importante en términos de justicia social e igualdad que ha existido en los barrios”.

Según especificaron, los vecinos de los diferentes barrios junto a las organizaciones nucleadas en la UTEP solicitarán un pedido de banca 21. La utilización de la banca tiene como objetivo principal visibilizar la situación de los barrios de Tandil y “pedirle al Municipio local que acompañe el reclamo elevando una nota al Estado Nacional para reactivar las obras paralizadas y empezar las obras comprometidas con los fondos ya recaudados”.

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo confirmó ayer la sentencia que obliga al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, a restituir el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios.

El fallo responde al amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con el patrocinio del CELS y del abogado y dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois.

La resolución fue dictada por la Cámara, integrada por los jueces Sergio Gustavo Fernández, Jorge Eduardo Morán y Susana María Mellid, quienes ratificaron que el Estado no puede suspender la asistencia alimentaria sin afectar gravemente derechos constitucionales.

Con esta decisión, ya son 12 los jueces que se pronunciaron contra las políticas de Milei y Pettovello en materia de asistencia social.

En paralelo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 volvió a intimar al Ministerio de Capital Humano, exigiendo el abastecimiento de alimentos a 53 comedores comunitarios más.

Esta medida se suma a una orden previa que obligó a abastecer a otros 66 comedores, elevando el total de nuevos espacios que deben ser incorporados a los programas alimentarios vigentes.

La decisión enfatiza el tiempo transcurrido, el derecho alimentario vulnerado y el accionar dilatorio de la cartera dirigida por Pettovello.

En el marco de una nueva celebración de San Cayetano, las organizaciones sociales de Tandil nucleadas en la UTEP se convocaron a la Plaza Independencia bajo la consigna “Paz, pan, tierra, techo y trabajo”. Con acompañamiento de la CGT y ATE entregaron un petitorio de 5 puntos a Gonzalo Santamarina, jefe Regional de la Anses.

“Entre esos cinco puntos, los más importantes son la cuestión de alimentos, porque todavía a nivel nacional hay retenidos alimentos en Capital Humano y la obra pública. Pedimos la activación de la obra pública, en particular desde los movimientos donde trabajamos con construcción. Se ha visto paralizado un montón de obras que el Estado tenía en la urbanización de los barrios y demás. Y eso repercutió en la cantidad de compañeros que conforman las cooperativas”, compartió Brenda Di Spatalaro, integrante del MTE.

Tal como fue anunciado, poco después de las 10 comenzó la concentración en la plaza central. En el lugar desplegaron banderas de las principales agrupaciones, Movimiento Evita, Patria Grande y el MTE. La convocatoria contó con la participación de la CGT, ATE y de la Multisectorial en Defensa del Pueblo y la Patria. 

“En Tandil, por suerte, tuvimos también el acompañamiento de los sindicatos, de las organizaciones políticas. Y eso, es importante en este contexto porque creemos que las consignas por las que nos movilizamos son muy amplias”, plantearon en diálogo con El Eco de Tandil.

Ante la presentación de los movimientos sociales, el jefe Regional de la Anses Gonzalo Santamarina recibió a los manifestantes en la puerta de la sede del organismo sobre calle Pinto. Los convocados hicieron entrega del mencionado petitorio organizado en 5 puntos.

El primero, la restitución de los alimentos a comedores comunitarios. “En Tandil, más de mil familias dependen de estos espacios, por ello solicitamos la inmediata restitución de los alimentos para garantizar su sustento diario”, plantearon en el texto.

El segundo la culminación de las obras suspendidas en barrios populares que en la ciudad representan alrededor de 80 puestos de trabajo. El tercero la restitución del Fondo Compensador del Transporte de Pasajeros, el cuarto la eliminación del IVA a los alimentos, y el quinto la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores.

“Confiamos en que estas demandas serán consideradas con la seriedad y urgencia que la situación amerita, y esperamos una respuesta favorable que contribuya al bienestar de nuestra comunidad”, manifestaron a través del petitorio.

Por su parte Paola Quero, referente del comedor Los Tatú de La Movediza, dio cuenta de la compleja realidad que se vive en diferentes ámbitos de la ciudad. “Se nota en todos lados, no solamente en los barrios, sino en todas partes, en toda la ciudad de Tandil. Porque vos tenés hoy un trabajador en blanco con un salario por debajo de la línea de la pobreza, lo que lleva a que ese trabajador hoy esté acercándose a un comedor a retirar una vianda cuando nunca lo hacía”, sostuvo.

Quero hizo mención a que si bien los comedores locales continúan reuniéndose con el Municipio, la iniciativa es insuficiente. “La mercadería que nos entregan es cada dos meses, no se llega a resolver nada”, manifestaron.

Al respecto, agregó, existen tres ordenanzas que aportarían a abordar la situación social en Tandil, pero señaló que las propuestas están “cajoneadas”. Lo dijo en referencia al Registro de Comedores de la ciudad, a la Mesa de Abordaje de Consumos Problemáticos, y un proyecto financiar obras públicas en barrios populares a partir de la reactivación de cuadrillas.

Las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se convocaron en la Plaza Independencia para visibilizar un conjunto de reclamos y dar a conocer que 4 obras públicas –que fueron auditadas en febrero pasado- se encuentran frenadas en Tandil, y que peligra el trabajo de los 80 vecinos que las llevaban a cabo.

“Del otro lado del mostrador no hay respuesta. Nosotros mandamos informes, mandamos todas las cosas que nos piden para auditar y del otro lado no hay ninguna respuesta, no contestan los mails. Los auditores vinieron, vieron que las obras están realizadas, están todas. Las últimas auditorías fueron en enero y febrero y después no pasó nada”, compartieron desde la organización.

Como en gran parte del país, en la ciudad se desarrollan obras a través del Fondo de Integración Socio Urbana. Se llevan a cabo en barrios que forman parte del Registro Nacional de Barrios Populares, principalmente para concretar el acceso a los servicios básicos. Sin embargo, sostuvieron que se trata de políticas que el Estado Nacional quiere “eliminar de un plumazo”.

A nivel local las cuatro obras afectadas son las de acceso al agua en La Movediza 2, la extensión de servicios de agua y cloacales en La Unión, las veredas en Los Charitos y la cicatrización de un micro basural en La Movediza 1. Además, otras dos iniciativas quedaron “a la firma” – al momento no se realizó ningún pago-, una de veredas para Las Tunitas y otra de agua en Villa Cordobita.

“Las auditorías, eso es importante destacarlo, son externas. Se hacen cada 15 días, hay que mandar informes y después te auditan en obra. Son dos tipos de certificaciones, una física y otra financiera. O sea, ven el porcentaje de avance de obra y también financieramente cómo se gastaron esos recursos. Las hacen ingenieros de las facultades, de las universidades públicas y también hay auditorías externas por organismos internacionales”, explicaron.

Además, sumaron, dos de las obras las llevó a cabo el Municipio a través de empresas privadas. “Dos las ejecutó el Municipio. Después llamó a licitación, pero el proyecto lo presentó el Municipio. Estos proyectos no solamente lo hacen las cooperativas, sino también las provincias, los municipios, las intendencias. Eso pasó acá tanto en La Movediza 2 como en La Unión, por eso pedimos la intervención municipal, que el Municipio intervenga en diálogo con nosotros”, indicaron.

En el marco de la jornada nacional de lucha, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) lleva a cabo una manifestación frente al Municipio, en la Plaza Independencia, por la emergencia social.

La convocatoria reunió a numerosos miembros y simpatizantes de la organización, quienes expresaron sus demandas y preocupaciones.

Según indicaron en un comunicado, los manifestantes se concentraron en la plaza con una lista de exigencias claras y urgentes dirigidas a las autoridades locales y nacionales. Entre las principales demandas se encuentran:

En el marco de la jornada nacional de lucha por la emergencia alimentaria, los movimientos pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) han ingresado al Palacio Municipal. 

El objetivo, según informaron, es exigir respuestas por parte del Concejo Deliberante respecto al proyecto de ley presentado, el cual aún no ha sido tratado.

La crítica situación ha generado una respuesta contundente por parte de los sectores más vulnerables, representados por la UTEP. Ante la falta de tratamiento del proyecto destinado a abordar esta problemática, los movimientos sociales han decidido tomar medidas directas para demandar acciones concretas por parte de las autoridades municipales.

La Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de Izquierda se movilizarán hoy en diferentes lugares de la Argentina, con foco principal en la ciudad de Buenos Aires, en reclamo al Gobierno nacional por la falta de alimentos para comedores y merenderos.   

Se tratará de un mega despliegue que prevé más de 500 cortes y manifestaciones en todo el país.   

En la Capital Federal, tienen planificado obturar las principales arterias de acceso como el Puente Pueyrredón; Ruta 3- General Paz y General Paz-Avenida Rivadavia, además del Puente Saavedra.   

Entre los participantes, estará el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien ya se manifestó en reiteradas oportunidades contra el Gobierno nacional.  

También se plegarán el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico; el Frente Darío Santillán, de Dina Sánchez; el Movimiento de Trabajadores Excluido, de Juan Grabois, y la Corriente Clasista y Combativa, de Juan Carlos Alderete.   

Tienen previsto que inicie de manera simultánea -en las 23 provincias y la Ciudad- a partir de las 10. 

Los manifestantes se toparán contra el Protocolo Antipiquetes que diseñó e implementó la titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en tándem con el Ministerio de Seguridad porteño que conduce Waldo Wolff.   

La relación entre los líderes sociales se tensó luego de que la Casa Rosada avanzara con la promesa de campaña que realizó el presidente Javier Milei de terminar con la intermediación.   

A su vez, la tensión escaló después de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzara nuevas licitaciones para la compra de alimentos. (NA).

Militantes y dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizaron este miercoles una protesta denominada "Ollazo Nacional por la Emergencia Alimentaria" frente a la sede del Ministerio de Capital Humano, en reclamo de asistencia para comedores y merenderos comunitarios de todo el país.La movilización se realizó ante la presencia de más de 100 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.La manifestación de los movimientos sociales nucleados en la UTEP se desarrolló en la sede de la cartera social, ubicada en la calle Carlos Pellegrini 1285, casi Juncal, en el centro porteño, para denunciar "el hambre de millones de familias que se quedaron con sus platos vacíos", informaron los organizadores en un comunicado de prensa.Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP y referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), dijo a la agencia Télam que "los y las trabajadoras de la Economía Popular realizamos una nueva jornada de protesta frente a las oficinas de Capital Inhumano que dirige (Sandra) Pettovello para exigir la entrega inmediata de alimentos para los comedores populares"."Decimos que es inhumano porque no puede ser que los perros de (el presidente Javier) Milei coman mejor que nuestros pibes y nuestras pibas y que nuestros ancianos en los barrios. Es necesario que el Gobierno entienda de una vez que para gobernar lo tienen que hacer para todos y para todas en la Argentina, no solo para un puñado de millonarios amigos de Milei", añadió.

Para la dirigente social, "acá no hay un problema de intermediación de la ayuda social a los pobres, acá lo que hay es ensañamiento, odio y ajuste económico para los sectores populares de la Argentina".El secretario general de la UTEP, Alejandro 'Peluca' Gramajo, informó que "seguimos movilizados porque seguimos insistiendo con el problema de la emergencia alimentaria, con esta nueva acción frente al Ministerio de Capital Humano y en todos los CDR (centros de referencia), que son las delegaciones territoriales del Ministerio"."Si a ellos no les importa el hambre de millones de familias que se quedaron con sus platos vacíos, a nosotros y nosotras sí. No vamos a bajar los brazos hasta que se vuelvan a llenar las ollas de comida de los pobres de todo el país", expresó Gramajo.Además, como parte del plan de lucha que inició esa organización la semana pasada a modo de protesta por "el desabastecimiento de los comedores comunitarios y la falta de respuesta del Gobierno", Gramajo anticipó que mañana o el viernes también harán una movilización al Ministerio de Economía.Allí, exigirán "al Gobierno nacional que no desfinancien las obras de los barrios populares" por la reducción presupuestaria en el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU)."Vamos a movilizar con todos los trabajadores de las cooperativas de la economía popular que venían desarrollando obras en los barrios populares", adelantó el dirigente social.

Concejales de los distintos bloques recibieron este miércoles por la mañana a representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Tandil (UTEP) para dialogar sobre la situación de emergencia alimentaria en la que se hallan los comedores y merenderos de la ciudad luego de que el Estado nacional dejara de abastecerlos de alimentos.

Durante el encuentro, los ediles, encabezados por el presidente del Concejo, Juan Pablo Frolik, escucharon la situación de boca de los principales referentes de los espacios sociocomunitarios que viven de cerca la problemática en sus barrios. 

Además, se plasmaron algunas ideas que se concretarán en proyectos legislativos, más algunas otras posibles soluciones que podrían funcionar, al menos como un paliativo, en este contexto de emergencia social.

Desde UTEP hicieron hincapié en los tres temas más importantes en este momento: alimentos, garrafas y útiles escolares.

Esteban Lucero, representante de la Corriente Clasista Combativa (CCC), explicó al término del encuentro que “esas son las cosas más urgentes”. “Y no quisimos agregar lo gruesísimos que son los alquileres y la Universidad Nacional a la que, como tiene congelado el presupuesto, se le va a terminar en mayo o junio”.

En diálogo con “La Mañana de El Eco”, por ECO TV y la 104.1 FM, Lucero consideró que “la reunión fue muy cordial pero hay diferencias de abordajes”.

“Creo que hay una parte (de los funcionarios y ediles) que no se dan cuenta de la gravedad de la situación. Entonces buscan los caminos administrativos normales, que haya una Ordenanza para enviarle un pedido a Desarrollo Social para que vuelva a mandar los alimentos”, contó. 

“Eso no va –remarcó- porque además el ministerio del Capital Humano está conducido por Sandra Pettovello que ya mostró el otro día, con crudeza, el carácter de su corazón congelado”.

“Por lo tanto, el Municipio tiene que cambiar el chip, tiene que buscar los medios para resolver los tres problemas urgentes que hay: alimentos, garrafas y útiles escolares”, reiteró.

El referente de la CCC indicó asimismo que “el hambre arrastra una cantidad de temas: la droga y la violencia de género… el hambre trae los delitos, es una oleada. Respetamos la buena intención de hacerle un pedido a Pettovello, pero eso no va a andar”.

El concejal del Frente de Todos, Nicolás Carrillo –también consultado por El Eco Multimedios- coincidió en que la falta de alimentos “genera externalidades negativas en el barrio: adicciones, violencia de género, violencia horizontal, inseguridad, son un montón de problemas”.

“Quiero dejar en claro que nosotros no decimos que este problema es algo que haya aparecido en enero; hace 10 años que venimos muy mal, que la crisis social va aumentando”, reconoció Carrillo pero señaló “ahora hubo un sacudón fuerte porque se cortaron los alimentos y aumentó un 40%, un 50% la comida, se tiende a que va a seguir aumentando y los salarios están congelados”.

Gracias a datos aportados por las organizaciones, el edil calculó que en Tandil son alrededor de 5 mil las personas que asisten a los diferentes comedores y merenderos. 

“El problema es que ese número está creciendo”, remarcó Carrillo.

Del encuentro que se realizó en el Concejo Deliberante participaron también representantes del Movimiento Evita, de Somos Barrios de Pie, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Comedor de Cacha. 

Días atrás, los referentes sociales habían sido recibidos por el jefe de Gabinete de Tandil, Julio Elichiribehety, en una reunión que se desarrolló en el marco de la campaña nacional “La única necesidad y urgencia es el hambre”.

Las propuestas

Durante el concilio se barajaron algunas ideas para trabajar en el tema, que es de carácter urgente. 

En ese marco, el concejal Carrillo contó que en los próximos días presentará un proyecto de Ordenanza para la creación de un Registro de Comedores y Merenderos, que dependería del Municipio, para que los funcionarios puedan contar con información detallada, como cuántas familias asisten a diario. 

“Es para eliminar todas las suspicacias y desconfianzas que se han construido al respecto”, aseguró Carrillo.

Por su parte, las organizaciones plantearon la creación de una tasa que podría aplicarse a algunas actividades –como, por ejemplo, la bancaria- que sería destinada al área social municipal para, con esos fondos, abastecer a los comedores. 

Esteban Lucero sostuvo en ese sentido que “también se podría revisar el presupuesto y ver si hay alguna partida que se pueda redireccionar” a los espacios que brindan contención alimentaria.

Carrillo comentó además que “desde el oficialismo se planteó elevar un reclamo a Nación, o al menos consultar qué va a pasar con los alimentos que entregaba el Estado Nacional. Y Luján Fiego, de La Libertad Avanza, también dijo que se iba a intentar comunicar con Pablo de la Torre, encargado de Niñez y Adolescencia de Nación, para ver qué va a pasar”.

“Los comedores ya no tienen alimentos”

Finalmente, el concejal del Frente de Todos dijo que “la crisis inflacionaria está impactando mucho en el territorio” y agregó que “los comedores prácticamente ya no tienen alimentos”. 

“Doy fe, por cuenta propia, de que he recorrido comedores esta semana y la situación es angustiante porque de los restos de alimentos que se habían comprado en el Banco de Alimentos y los que quedaban de la última entrega de Nación que fue en octubre, ya no queda casi nada y la demanda crece”, aseguró.

Carrillo contó para terminar que, “lamentablemente, no hay diálogo” con el gobierno nacional.

“Es algo inesperado; un plan de estabilidad tiene el problema de que aumentan todos los precios y que los salarios quedan congelados pero pensamos que iba a haber red, un colchón para atajar esta situación, por lo menos a los que menos tienen”, reflexionó.

Organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Tandil (UTEP), realizaron por la mañana una masiva movilización con la consigna “Basta de ajustar a los de abajo”.

Con la “unidad de los trabajadores” como emblema, la marcha contó con la participación del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y sus diferentes ramas dedicadas a la Construcción, los Recuperadores Urbanos, entre otros, así como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, La Poderosa, Vientos de Libertad y la Corriente Clasista Combativa (CCC).

Parte de los reclamos que desde las organizaciones manifestaron fue por la no desvinculación del programa Potenciar Trabajo de los aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil, por el atraso en los pagos, por el congelamiento de altas de beneficiarios, por la reducción de las partidas hacia los comedores, y por un bono de fin de año. 

Tras concentrar en la esquina de Rodríguez y España, formaron una columna que se trasladó hacia la Glorieta de la Plaza Independencia. Allí los principales referentes de las organizaciones tomaron la palabra. “El ajuste tiene hoy la cara de Victoria Tolosa Paz”, se escuchó de parte de una de las oradoras principales. La Ministra de Desarrollo Social y la política reciente de su cartera fueron los principales blancos de críticas.

“Este va a ser nuestro cierre de año y no queríamos que sea así, a pocos días de Navidad, sin saber si vamos a cobrar o no”, transmitió Susana Díaz, integrante del MTE.

Por su parte Paula Alonso, integrante de la rama de Construcción del MTE, quienes llevan adelante obras de mejoras en diferentes barrios de la ciudad, sostuvo que “nosotros nos inventamos nuestro trabajo, nos dignificamos, mientras el mercado nos excluye nosotros nos organizamos”. Relató el caso de parte de sus compañeros que fueron desafectados del programa Potenciar Trabajo por haber adquirido servicios en dólares como Netflix, o por haber comprado moneda extranjera con el pago de una indemnización años atrás. 

Para cerrar el acto, y previo a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, tomaron la palabra los concejales del bloque del Frente de Todos, Nicolás Carrillo y Juan Arrizabalaga. 

“Seguimos con una clase política que lamentablemente sigue pensando la política desde el subsidio y no entienden que el subsidio no organiza. Lo que organiza son las organizaciones populares de cada barrio y lo vemos cada día. Y lamentablemente este cáncer de la política liberal que está expresando el gobierno nacional, el provincial, y también lo vemos en el local que les importa nada que ayer con 30 grados los pibes y las familias no tengan una gota de agua, me da asco”, lamentó Carrillo.

“Lamentablemente se ha plagado de liberalismo el Gobierno nacional y popular, porque eso es lo que el pueblo empujó para sacar al macrismo, para sacar el hambre, para sacar la destrucción de la producción y el trabajo, pero estos Ministros que son los que ajustan, nunca laburaron, armamos un Frente de Todos pero nos gobiernan los que viven en un country, y no pueden declarar cómo viven ahí”, sostuvo Arrizabalaga.

Al momento de desconcentrar, se remarcó que las organizaciones allí nucleadas continúan “en estado de alerta y movilización”.

“¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madre! Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, enfatizó Grabois.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se expresó así al encabezar un acto en el Puente Pueyrredón, en el marco de una nueva jornada de marchas y movilizaciones por el salario básico universal.

“En este momento el problema de Cristina (Kirchner) no es nuestro problema, el problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país”, resaltó Grabois.

Además, envió un mensaje directo al presidente Alberto Fernández y expresó: “Alberto, mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”.

El dirigente social reclamó que “los salarios estén por arriba de la línea de pobreza”.

Contra el hambre

“Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal inventá otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, recalcó.

En un encendido discurso, Grabois agregó: “¡Es obvio que esto no da para más! Nosotros tenemos la obligación, nos guste más el Gobierno o nos guste menos, de salir a denunciar esto y luchar por medidas concretas. Porque si no estamos traicionando nuestra función como dirigentes”. NA

El próximo lunes 18 de julio, desde las 14, en Formosa 890, se desarrollará un encuentro destinado a productores de alimentos de nuestra ciudad.

El acto, organizado por la UTEP-Evita,  contará con la presencia de la directora nacional de Cumplimiento y Fiscalización del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Milagros Moya, y el subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Federico Ugo.

Además, se procederá a la entrega de equipamiento gastronómico a diferentes unidades productoras de alimentos de Tandil. Ellas son la Cooperativa Juana Azurduy, Alfajores Pionero, Pastas Noah, Alimentos Saludables Coral Azul, Pasteles del Lago y Dulce Lulu pastelería.

Por otra parte, se presentará el conito de dulce de leche “Tentaciones”, producido por la unidad de alimentos Alfajores Pionero.

En el tributo a los jóvenes militantes del MTD Aníbal Verón, los manifestantes volvieron a reclamar “juicio para los responsables políticos de aquella represión”.

“Hicimos un acto a 20 años de la masacre de Avellaneda, donde asesinaron a Darío y Maxi. Revindicamos sus ejemplos y levantamos la bandera de la UTEP de tierra techo y trabajo, como en su momento ellos levantaron las consignas de trabajo, dignidad y cambio social”, señaló en declaraciones a Télam Dina Sánchez, la secretaria adjunta de la UTEP y referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS).

En ese sentido, la referente de la UTEP agregó: “Creemos que es fundamental no solo recordar, sino tener en cuenta que a 20 años seguimos exigiendo juicio a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda”.

La UTEP está conformada por la dirigencia de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Somos Barrios de Pie; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Evita y la Organización Nuestra América, entre otras organizaciones sociales y políticas,

Sánchez destacó que “ellos (Kosteki y Santillán) fueron la semilla de la economía popular y viven en cada uno de nosotros y de nuestras construcciones: en compañeros del reciclado, de los que construye viviendas, en los polos textiles”.

“Revindicamos la organización popular. Darío planteaba lo importante que es la unidad para combatir a los poderosos”, subrayó.

La dirigente afirmó que la manifestación de ayer, realizada al mediodía en el Puente Pueyrredón tuvo un carácter “multitudinario” que llenó “de emoción hasta las lágrimas” a quienes participaron de esta convocatoria.

El 26 de junio de 2002, Darío y Maxi fueron asesinados en las inmediaciones y en el hall de la estación Avellaneda -que hoy lleva por ley sus nombres- del Ferrocarril Roca, tras una brutal represión en las que las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma y plomo contra quienes habían salido a las calles a reclamar por “trabajo digno, alimentos y planes de trabajo”, en el contexto de la crisis económica y social que atravesaba Argentina.

Condenados

Los exmiembros de la Policía Bonaerense Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, autores materiales del asesinato de Santillán y Kosteki, fueron condenados en diciembre de 2005 a penas de prisión perpetua.

Estos crímenes a manos de efectivos de la policía bonaerense marcaron un hito en la sociedad argentina, que obligó al entonces presidente Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones ante el rechazo generalizado que la represión policial generó en la sociedad.

Con diversas actividades, organizaciones sociales, políticas, culturales y barriales recordarán este fin de semana a los dos jóvenes militantes del MTD Aníbal Verón.

En tanto, hoy, harán una concentración en la exestación Avellaneda y a partir de las 12, marcharán al Puente Pueyrredón, donde realizarán un acto con el lema: “Justicia completa por nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”.

Por su parte, el Polo Obrero-Tendencia hará su propio para “reivindicar la lucha de los desocupados y de los trabajadores”. (Télam)

Ayer por la mañana, integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-UTEP) Tandil se dirigieron al Centro de Referencia (CDR) local para entregar un petitorio al referente del mismo, y así hacer llegar su reclamo al Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

La movilización pasiva y representativa se replicó en todas las delegaciones del país para pedir por los retrasos en los puestos laborales acordados para la economía popular y en la entrega de alimentos comprometidos explícitamente hace meses en esta situación social crítica.

“Después de meses de espera, los compromisos no se han cumplido a pesar de las sucesivas promesas. Lamentamos mucho una situación que no buscamos, pero se trata del día a día de miles de laburantes y sus familias. En particular, las mujeres que sostienen los comedores no tendrán ingresos ni alimentos para resolver mínimamente el recrudecimiento de la situación alimentaria, social y sanitaria”, expresaron desde la organización.

Además, indicaron que a esta situación se suma la falta de resolución del salvataje de la Mutual Senderos que brinda servicios de salud a las familias de la economía popular y es víctima de una estafa que afecta a 25 mil de sus afiliados en medio de la pandemia. “Estafa que ya fue reconocida por la Superintendencia de Servicios de Salud y se encuentra avanzando en la Justicia penal”, aclararon.

Finalmente, comprendiendo “la situación económica heredada y profundizada por la pandemia”, aseguraron respetar la prioridad sanitaria en este contexto, pero advirtieron que la forma de enfrentarla es cumplir los compromisos asumidos con los “de abajo”.

El sector más postergado

La nota fue dirigida y entregada en mano al director del CDR Tandil, Nicolás Carrillo, por parte de Susana Díaz, una de las referentes del MTE, a fin de elevar el reclamo para la efectivización de nuevos cupos del programa Potenciar Trabajo ya enviados oportunamente.

Allí plantearon que la pandemia golpea con especial fuerza al sector más postergado de la sociedad, el de la economía popular. En este sentido, enfatizaron cómo las organizaciones sociales, gremiales y del territorio vienen sosteniendo el entramado social, que consideraron “ya enormemente deteriorado a fines de 2019”, y colaborando enormemente en la lucha contra el Covid-19 en las barriadas populares.

“Por eso exigimos un Estado presente, que cumpla los compromisos asumidos y fortalezca su presencia allí donde más falta hace”, solicitaron.

Asimismo, enunciaron que la cantidad de trabajadores que componen el sector de la economía popular en esta localidad, al igual que en todo el país, excede largamente a aquellos contenidos dentro de la UTEP, “los cuales cuentan con ciertos derechos básicos garantizados como el complemento salarial del Estado y el acceso a prestaciones de salud”.

“Es por eso que en Tandil, y a lo largo y ancho del país, sostenemos la necesidad urgente de ampliar los ingresos al potenciar trabajo; que se efectivicen las altas pendientes y se abran nuevos cupos que permitan garantizar derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, enfatizaron en su nota.

Además, como se mencionó al principio, los integrantes del MTE-UTEP exigieron el salvataje de la Mutual Senderos, con la expectativa de que este y todos los reclamos puedan ser trasladados por Carrillo a las autoridades competentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Este martes alrededor de las 9 integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-UTEP) Tandil se dirigió al Centro de Referencia (CDR) local para entregar un petitorio al referente del mismo, y así hacer llegar su reclamo al Ministerio de Desarrollo de Nación. 

La movilización se replicó en todas las delegaciones del país para pedir por los retrasos en los puestos laborales acordados para la economía popular y en la entrega de alimentos comprometidos explícitamente hace meses en esta situación social crítica. “Después de meses de espera, los compromisos no se han cumplido a pesar de las sucesivas promesas. Lamentamos mucho una situación que no buscamos, pero se trata del día a día de miles de laburantes y sus familias. En particular, las mujeres que sostienen los comedores no tendrán ingreso ni alimentos para resolver mínimamente el recrudecimiento de la situación alimentaria, social y sanitaria”, expresaron desde la organización. Además, indicaron que a esta situación se suma la falta de resolución del salvataje de la Mutual Senderos que brinda servicios de salud a las familias de la economía popular y es víctima de una estafa que afecta a 25.000 de sus afiliados/as en medio de la pandemia. “Estafa que ya fue reconocida por la Superintendencia de Servicios de Salud y se encuentra avanzando en la justicia penal”, aclararon. Finalmente, comprendiendo “la situación económica heredada y profundizada por la pandemia”, aseguraron respetar la prioridad sanitaria en este contexto, pero advirtieron que la forma de enfrentarla es cumplir los compromisos asumidos con los “de abajo”.

El sector más postergado

La nota fue dirigida y entregada en mano al director del CDR Tandil, Nicolás Carrillo, a fin de elevar el reclamo para la efectivización de nuevos cupos del programa Potenciar Trabajo ya enviados oportunamente.

Allí plantearon que la pandemia golpea con especial fuerza al sector más postergado de la sociedad, el de la Economía Popular. En este sentido, enfatizaron cómo las organizaciones sociales, gremiales y del territorio vienen sosteniendo el entramado social, que consideraron “ya enormemente deteriorado a fines de 2019”, y colaborando enormemente en la lucha contra el Covid-19 en las barriadas populares.

“Por eso exigimos un estado presente, que cumpla los compromisos asumidos y fortalezca su presencia allí donde más falta hace”, solicitaron.

Asimismo, enunciaron que la cantidad de trabajadores que componen el sector de la economía popular en esta localidad, al igual que en todo el país, exceden largamente a aquellos contenidos dentro de la UTEP, “los cuales cuentan con ciertos derechos básicos garantizados como el complemento salarial del estado y el acceso a prestaciones de salud”.

“Es por eso que en Tandil, y a lo largo y ancho del país, sostenemos la necesidad urgente de ampliar los ingresos al potenciar trabajo; que se efectivicen las altas pendientes y se abran nuevos cupos que permitan garantizar derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, enfatizaron en su nota.

Además, como se mencionó al principio, exigieron el salvataje de la Mutual Senderos, con la expectativa de que este y todos los reclamos puedan ser trasladados por Carrillo a las  autoridades competentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El Gobierno nacional puso en marcha el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica (Ratepsb), que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y permitirá a las personas que se desempeñan en ese ámbito ejercer su representación colectiva. Consiguientemente, le otorgó a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) la “personería social”.

La firma de la resolución que crea el registro, que tendrá a su cargo la inscripción y contralor de las entidades que quieran constituirse, estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Esteban Castro. Del acto participó también el tandilense Gildo Onorato, dirigente de la UTEP y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita.

El reconocimiento con la personería “social” es un primer paso hacia la formalización jurídica como sindicato, que considerando que abarca a más a de dos millones de trabajadores en todo el territorio argentino, podría convertirse en la organización gremial más importante del país.

“Esto para nosotros es una alegría y es la llave a la institucionalización definitiva de los trabajadores de la economía popular”, exclamó el referente de la UTEP Tandil, Walter Martín.

Reveló que de aquí se abre el camino hacia un desafío muy grande, que consideró por demás interesante en el trabajo que conllevará, y tiene que ver con la creación de un estatuto y cuestiones organizativas internas a definir.

Un acto transformador

Tal como reflexionó Martín, hace diez años era impensado que, por ejemplo, una persona que se dedicara a la venta de torta fritas hechas en su casa sea reconocida como trabajadora, pueda tener un gremio y algunos derechos, con muchos otros “por conquistar”.

El camino fue escalonado en esta década, sin pausa, donde el paso inicial fue que cada trabajador pueda reconocerse a sí mismo como tal. “Eso fue todo un esfuerzo”, dijo, ya que cuando se habla de trabajo todos lo asocian solamente con el formal, con un horario y un salario mensual fijo.

Luego vino la parte organizativa, de empezar a unirse y todavía está ese desafío de juntarlos a todos, pero ahora tienen un reconocimiento del Estado que les resulta significativo y a partir del cual podrán reunirse y empezar a poner las condiciones.

“Para mí es el acto, en el mundo del trabajo, más importante, revolucionario y transformador, por lo menos desde la vuelta de la democracia”, aseveró, advirtiendo que se está hablando de un gremio con un potencial “tremendo”.

De hecho, en la ocasión Cafiero habló de “un día histórico” y resaltó el rol de la economía popular, que está creciendo y “dando respuestas donde el mercado no las ha dado”.

Cabe destacar que en la UTEP están contenidos trabajadores de distinta naturaleza, enrolados en más de 200 actividades divididas en ramas y subramas de la economía popular que incluyen, por ejemplo, a cartoneros, horticultores, feriantes, textiles y vendedores ambulantes.

Vale decir que en el país hay más de dos millones, mientras que en Tandil si bien el año pasado se identificaron a través del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) miles de ellos, fue previo a la pandemia y no se contemplaron los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ni el aumentó de dicho universo que generó el coronavirus, por lo que se podría estimar que el número a la fecha sería mucho más amplio, pero no se precisó.

Seguir conquistando derechos

Por su parte, el dirigente Gildo Onorato, también compartió su reflexión con El Eco de Tandil luego de haber participado del acto en el Ministerio de Trabajo. “Todos somos trabajadores y trabajadoras, y los que estamos en el marco de la economía popular tenemos que tener los mismos derechos. Vamos a hacer el mayor esfuerzo porque esta forma de sindicalización nos permite que todas las ramas de la economía popular tengan sus derechos”, afirmó.

El registro posibilitará la constitución de asociaciones entre trabajadores que ejerzan su labor en la Economía Popular y Subsistencia Básica, entendidos como aquellos que se desempeñen de manera individual o colectiva, ya sean autónomos, prestadores de tareas eventuales, ocasionales o changas, vendedores ambulantes, ocupantes de puestos callejeros, personas dedicadas a la recuperación de residuos o a trabajos de cuidado en espacios comunitarios, venta en pequeñas ferias, agricultura familiar, venta de artesanías, cuidado de automóviles, lustrado de zapatos, cooperativas de trabajo y pequeños emprendimientos promovidos por programas sociales, entre otros.

Celebró que hoy el Gobierno los llame a discutir la economía popular y que les pueda dar la representación gremial, además de permitirles ser parte del Consejo Económico y Social.

“Este es otro mojón en la historia de lucha del movimiento obrero”, identificó, recordando que pasaron “momentos muy difíciles” y vivieron situaciones “gravísimas”. Sin embargo, también destacó que siempre hubo momentos de felicidad que los sacaron adelante, como este reciente. “Este es una gran conquista del movimiento popular y vamos por la unidad de la clase trabajadora”, enfatizó.

Por otro lado, en conversación con el ciclo radial “Cosas que Pasan” que se emite por Tandil FM (104.1) buscó diferenciar conceptos entre “empleo y trabajo”, que advirtió ya no son sinónimos, porque hay empleados por un lado y trabajadores por el otro, que motorizan por sí mismos la economía. “Esto va a permitir pensar instancias de representación que fortalezcan la planificación productiva de baja escala, pero con una enorme incidencia en la comunidad de base para mover la economía, e integrar a ese casi 35 por ciento de la población que está al margen de toda regulación y que necesita derechos”, sostuvo.