Vecinos de calle Los Huesos denunciaron que un loteo privado podría provocar la inundación de su barrio. En diálogo con El Eco manifestaron que el proyecto no contempló la existencia de su calle, que los desarrolladores generaron un “dique” en el que quedarían casi dos metros por debajo de sus terrenos linderos, y que esperan que las autoridades lleven a cabo un estudio de impacto que les certifique que lo  realizado no los perjudicará.

“Cuando construyan, esto es una catarata,  alertaron los frentistas. Luego de que presentaran notas al Ejecutivo, al gobierno bonaerense, y al Concejo Deliberante, representantes de la Secretaría de Planeamiento concurrirán el martes próximo a la comisión de Obras Públicas para brindar explicaciones sobre el tema. Desde el Municipio transmitieron que la iniciativa no modificará la escorrentía de la zona, que el lugar ya sufrió inundaciones con anterioridad y que el expediente está aprobado.

Se trata del loteo impulsado por la Asociación por la No Automedicación, entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú. El Eco fue al lugar y caminó  con los vecinos de calle Los Huesos, quienes mostraron cómo –tras elevar el nivel de calles públicas y de los terrenos que se proyectan lotear-, quedaron “abajo”, en un área inferior incluso que un caño de desagüe pluvial.

Los vecinos elevaron una solicitud en la cual sostuvieron que “el relleno desmesurado, ejecutado por la empresa contratista, no cumple con las cotas de altura proyectadas” y que generaría que sus viviendas queden “en un bajo, con un corte de niveles muy abrupto (de casi dos metros de altura) muy difícil de resolver una vez terminadas las obras.

“Si veníamos hace un año y medio, todo esto estaba a la misma altura”, contaron los frentistas, parados en el terraplén del loteo, desde el cual podían observar a sus viviendas.

“El proyecto no contempla que la calle Los Huesos es existente. Es una calle consolidada, con la mayoría de sus lotes construidos con viviendas unifamiliares de ocupación permanente que se construyeron legalmente con planos presentados en la Municipalidad de Tandil”, señalaron sobre una de sus principales preocupaciones.

“En el plano no sólo figura ´Calle a abrir´, sino que en ambos proyectos presentados y aprobados en la municipalidad proponen rellenarla entre 18 y 20 cm o quitarle relleno para cambiar el sentido de la pendiente, dejando algunos de nuestros frentes por debajo de la línea de vereda”, sumaron.

A su vez, denunciaron que el loteo contempló “una elevación excesiva de las cotas de calles” que condicionó a los terrenos linderos. Marcaron que en el esquema del loteo –que ya avanzó-, Los Huesos pasaría a constituirse “como el punto más bajo del sistema, en contradicción con la topografía natural”.

El sistema de desagüe pluvial del proyecto, consideraron, resulta incompatible con futuras nivelaciones de los terrenos linderos tanto al loteo como a sus viviendas. Si bien señalaron que luego de efectuar reclamos a las autoridades el proyecto hidráulico fue modificado, las cotas previstas forzarían la necesidad de que los terrenos circundantes tengan que elevarse, y “las viviendas actualmente construidas quedarían en una situación relativa más baja”.

Además, denunciaron que el proyecto mencionado se presentó como “integral”, pero la Asociación a cargo “solo construyó sus propios desagües, tirando el agua acumulada en su lote a los campos linderos mediante conductos y bocas de tormenta que no figuran en los planos”.

Tal situación, manifestaron, obligaría a los propietarios de dichos campos a continuar con las obras de desagüe si no quieren inundarse, o a rellenar excesivamente sus campos si no quieren quedar bajo el nivel propuesto por la Asociación de No Automedicación”.

Los vecinos solicitaron que se disponga la suspensión preventiva de los trámites y los avances de obra vinculados al proyecto para que evalúe la intervención provincial mediante sus áreas técnicas competentes, así como también que se realice una verificación in situ del proyecto y de las obras en ejecución por parte de equipos técnicos provinciales para constatar que el nivel propuesto y la descarga actual superan la capacidad de absorción de los campos linderos.

En las notas vecinales consta otra situación: tras una primera revisión del proyecto, y el avance de las obras, los frentistas contrataron un estudio privado. “El 90 por ciento de los puntos medidos superan las cotas proyectadas”. Además, transmitieron su preocupación no solo por no haber podido acceder a la fecha al expediente, sino también por la falta de respuestas “y por la velocidad de avance que tomaron las obras a partir de acercar nuestras inquietudes y observaciones a la Municipalidad”.

En un fallo histórico, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez. Por mayoría, el tribunal ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó un criterio clave: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.

La decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal dos, que había ordenado el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos. La medida alcanza a los activos de la ex presidenta y de Lázaro Báez, así como bienes de empresas consideradas instrumentos fundamentales de la maniobra, como Austral Construcciones y otras firmas vinculadas.

El presidente de la Sala IV, el juez Gustavo Hornos, sostuvo que el decomiso no puede quedar en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito. Al respecto, señaló que “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”.

El voto de Gustavo Hornos, al que adhirió el juez Diego Barroetaveña, enfatizó que la recuperación de activos expresa que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar las ventajas económicas obtenidas. Sobre el reclamo de los hijos de la ex mandataria para conservar los bienes heredados, el magistrado afirmó que el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando estos hubieran recibido activos a título gratuito.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial. El magistrado cuestionó la extensión del decomiso sobre los bienes que no tengan acreditada una vinculación directa con el delito y propuso excluir los activos heredados por Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, al considerarlos ajenos al reproche penal.

Finalmente, el fallo recordó que los graves delitos dolosos contra el Estado que conllevan enriquecimiento constituyen, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, un atentado contra el sistema democrático. Los recursos habían sido planteados por las defensas de los condenados, incluyendo a Nelson Periotti y Raúl Pavesi, quienes se oponían a las subastas de los bienes involucrados.

El gobierno nacional llevó a cabo la apertura de sobres de las licitaciones para definir las concesiones privadas de diferentes rutas, entre ellas la 226. El consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco –que había presentado la tarifa de peaje más baja-, quedó en primer lugar, aunque no se descarta que haya impugnaciones al procedimiento. Una de ellas, la anunciada por la Provincia, que fue excluida de la licitación y denunció que “cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”.

Entre las empresas presentadas, Concret Nor S.A, Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A habían propuesto la tarifa de peaje más económica para los 1.325 kilómetros del tramo “Sur-Atlántico-Acceso Sur”. El mismo contempla la traza urbana de la Ruta Nacional 226 que pasa por Tandil. La oferta del grupo fue de 997 pesos más IVA, lo que arroja un valor de 1206 pesos.

Cabe recordar, el gobierno nacional había lanzado la concesión de más de 1800 kilómetros de rutas nacionales. El primero en el mencionado tramo, y otro el tramo Pampa, que se extiende por casi 550 kilómetros. Desde la administración central anunciaron en septiembre pasado que una vez asignadas las empresas a cargo, pasarán a disolver a la actual concesionaria, la estatal Corredores Viales.

De acuerdo a los detalles de los pliegos que dio a conocer Vialidad Nacional, quien asuma la concesión del tramo que involucra a la 226 deberá construir una pasarela peatonal en la localidad de Sierra de los Padres, una colectora entre el kilómetro 163 y 164,1 desde Pedersen a Reforma Universitaria, y concretar la semaforización de la traza urbana de Tandil entre el kilómetro 162,7 y el 171,7.

Desde  Estrellas Amarillas Tandil habían valorado que se hayan incorporado dichas obras, pero también cuestionaron los plazos para la ejecución de las mismas. De acuerdo a lo planteado por la organización, durante el primer año de concesión no habría avances significativos en infraestructura y las empresas deberán limitarán a tareas de bacheo y mantenimiento general, mientras que los trabajos estructurales recién comenzarían en el segundo y tercer año. “El plazo es muy pobre”, había expresado Hernán Mansilla -parte de la entidad- quien además cuestionó que se priorice la rentabilidad privada por sobre las necesidades de seguridad vial.

El gobierno bonaerense cuestionó el proceso licitatorio para asignar la concesión de los tramos de las rutas nacionales, e incluso funcionarios de primera línea anunciaron que avanzarán con acciones al respecto. Cabe recordar, la Provincia se había presentado como oferente a la licitación. Fue a través de la empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), pero finalmente resultó excluida.

“Ante la preocupación sobre la transparencia del proceso, hoy solicitamos al Ministerio de Economía de la Nación —bajo cuya órbita se lleva adelante esta licitación— la intervención de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia para que hagan de veedores y garanticen la transparencia. Venimos observando modificaciones y decisiones que marcan una arbitrariedad manifiesta en la asignación de concesionarios. Una semana antes, modificaron 33 de 34 artículos y cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada”, había publicado el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Sin embargo, Aubasa resultó “desestimada” a través de la resolución 537/26 del Ministerio de Economía de Nación. En el mismo comunicado, Nación definió que el martes 21 de abril a las 20 horas se lleve a cabo la apertura de sobres de las ofertas preclasificadas. 

En dicha instancia fue que el consorcio integrado por Concret Nor S.A, Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A resultó en primer lugar. Fuentes consultadas por El Eco de Tandil no descartaron que las acciones provinciales avancen hacia la impugnación judicial del proceso.

La defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, se sumó a los cuestionamientos en torno a la licitación de la Ruta Nacional 226 y expresó su preocupación por el impacto que podría tener el proyecto si no se contemplan las particularidades del tramo que atraviesa la ciudad.

En el marco del debate que ya había sido impulsado por distintos actores políticos y sociales —entre ellos el concejal Iparraguirre—, la funcionaria remarcó la necesidad de que la obra contemple una mirada integral, que priorice la seguridad vial, la conectividad urbana y la calidad de vida de los vecinos.

En diálogo con El Eco Multimedios, explicó que según se viene señalando en distintos ámbitos, la traza urbana de la ruta representa una de las principales problemáticas estructurales de Tandil, tanto por su condición de barrera física como por los riesgos que implica para quienes la transitan a diario. En ese sentido, distintos sectores vienen advirtiendo que el crecimiento de la ciudad, especialmente hacia el norte, profundizó las dificultades de circulación y multiplicó los puntos críticos.

En esa línea, Lafourcade advirtió que cualquier proceso licitatorio debe contemplar no sólo la circulación vehicular, sino también la realidad de quienes viven, trabajan o estudian a ambos lados de la ruta. “No se trata solamente de mejorar el tránsito, sino de pensar cómo se integra esa traza a la ciudad”, planteó, en sintonía con los reclamos que vienen sosteniendo vecinos y organizaciones.

En ese marco, Lafourcade también puso el foco en posibles irregularidades en el proceso de licitación, y advirtió sobre la necesidad de extremar los controles institucionales. Según señaló, existen inquietudes respecto a la transparencia, los plazos y las condiciones en las que se lleva adelante el llamado, en línea con cuestionamientos que ya habían sido planteados por otros actores.

La defensora del Pueblo sostuvo que es fundamental que toda la información vinculada al proceso sea clara, accesible y pública, y que se garantice el cumplimiento de los mecanismos legales correspondientes. “Cuando se trata de una obra de esta magnitud, no puede haber dudas. La transparencia es clave para generar confianza en la comunidad”, remarcó.

La titular de la Defensoría del Pueblo recordó que el organismo viene acompañando el reclamo histórico por obras en la 226 y que incluso ha participado en instancias como audiencias públicas y reuniones con vecinos, donde se expusieron las dificultades cotidianas para cruzar la traza, la falta de infraestructura adecuada y los reiterados siniestros viales.

Además, remarcó la importancia de incorporar obras complementarias que permitan mejorar la seguridad, como accesos controlados, cruces seguros, iluminación y señalización adecuada. En ese sentido, insistió en que las soluciones parciales o de corto plazo no resuelven el problema de fondo.

Otro de los puntos que subrayó fue la necesidad de que el proceso sea transparente y contemple instancias de participación ciudadana. Según indicó, las decisiones que se adopten en esta etapa tendrán consecuencias durante décadas, por lo que consideró fundamental que la comunidad pueda expresar sus necesidades y preocupaciones.

Asimismo,  señaló que el Estado nacional mantiene la responsabilidad sobre la infraestructura, independientemente del modelo de gestión o concesión que se adopte, y remarcó que debe garantizarse una respuesta acorde a la magnitud del problema.

Finalmente, planteó que este proceso representa una oportunidad clave para avanzar en una solución definitiva, pero advirtió que si no se contemplan las demandas históricas de la comunidad, existe el riesgo de repetir errores del pasado. Por eso, insistió en la necesidad de avanzar en un proyecto que no sólo mejore la circulación, sino que también integre la ruta a la vida urbana de Tandil y dé respuesta a una problemática que lleva años sin resolverse.

La ONG Estrellas Amarillas presentó una solicitud dirigida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para la ejecución de obras de infraestructura vial en la intersección de la Ruta Provincial 74 y el acceso por la avenida Don Bosco.

El pedido responde a la necesidad de mitigar la peligrosidad en el cruce “El Gallo”, un punto que fue escenario de siniestros viales. El antecedente más reciente ocurrió el 21 de enero del año pasado cuando un Volkswagen Golf y un camión protagonizaron un violento impacto en el que perdieron la vida tres personas.

Desde la organización detallaron que la intersección “constituye un punto crítico de alta peligrosidad vial” en virtud de la convergencia de tránsito pesado y vehículos particulares, un flujo que se ve agravado por las “velocidades elevadas propias de una ruta provincial” y “deficiencias estructurales que dificultan una circulación segura”.

Estas condiciones, a las que sumaron la “topografía y desniveles que circundan la intersección”, generan un “escenario de riesgo permanente” tanto para quienes ingresan o egresan de la ciudad como para quienes transitan por la Ruta Provincial 74.

“Lamentablemente, este cruce ha sido escenario reiterado de graves siniestros viales, algunos de ellos con consecuencias fatales”, alertaron desde la ONG.

Pedido de respuestas

En este contexto, la nota remitida a la Gobernación planteó las intervenciones que consideraron necesarias para revertir la situación.

La solicitud incluyó la construcción de dársenas de giro a la derecha en ambas manos -que cumplan función de desaceleración/aceleración-. Asimismo, incorporó la creación de carriles centrales de giro a la izquierda a los fines de generar un carril libre de circulación para los vehículos pasantes y evitar las colisiones que se producen cuando un rodado debe detenerse sobre la cinta asfáltica principal para ingresar a la avenida.

“Creemos que esta obra concreta y técnicamente viable tendrá un alto impacto preventivo que permitiría ordenar los movimientos de ingreso y egreso a la ciudad, reducir maniobras bruscas y cruces peligrosos, disminuir significativamente el riesgo de colisiones frontales y laterales y aportar previsibilidad y seguridad”, resaltaron.

La seguridad vial

Para Estrellas Amarillas, “cada obra de infraestructura vial que previene un siniestro salva vidas”. En ese sentido, la organización aseguró que el Estado tiene un rol “fundamental e indelegable en la adopción de políticas públicas orientadas a la seguridad vial como política de salud y de derechos humanos”.

En este sentido, sus integrantes instaron a las autoridades a comprender la problemática desde una perspectiva de salud pública y de defensa de los derechos humanos.

Asimismo, mencionaron que la gestión del reclamo no se limitó a la Gobernación. Con el objetivo de agilizar los procesos administrativos y asegurar que la problemática sea abordada en las órbitas técnicas correspondientes, la nota también fue enviada en copia a la Dirección de Vialidad bonaerense.

Además, dieron intervención a Martín Yáñez para que el documento “sea entregado de manera personal” al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

En una jornada clave para la infraestructura vial que afecta directamente a Tandil, el Gobierno Nacional confirmó este viernes la apertura de los sobres con las ofertas para la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC). Este proceso de privatización, que busca reemplazar el gasto público por inversión privada, incluye corredores estratégicos para la región, específicamente la Ruta Nacional 226 y la Ruta Nacional 3.

El acto administrativo contó con la participación de 15 oferentes distintos, quienes presentaron sus propuestas divididas en dos instancias: una relativa a la calidad técnica y otra con la oferta económica, la cual definirá la tarifa de peaje que se propone cobrar a los usuarios. Según informaron desde el Ministerio de Economía, este tramo denominado “Sur - Atlántico - Acceso Sur” abarca un total de 1.325,17 kilómetros.

Para los tandilenses, la noticia es de suma relevancia ya que la Ruta 226 es una vía vital para la conectividad productiva y turística. El segmento incluido en esta licitación se extiende desde el empalme con la Ruta Nacional 2 hasta la intersección con la Ruta Provincial 65, en el partido de Bolívar, atravesando el corazón de la ciudad, con un tramo urbano que presenta múltiples falencias en lo que refiere a la seguridad vial, con varios fallecimientos en el historial.

Además, el mismo corredor contempla la Ruta Nacional 3, otra arteria fundamental para el centro y sur bonaerense, en el tramo que va desde Cañuelas hasta el empalme con la variante Bahía Blanca. En total, la Etapa II de este plan de concesiones abarca más de 1.871 kilómetros distribuidos entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de sus redes sociales que este esquema funciona “sin subsidios”, lo que permitirá "más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos". No obstante, el mantenimiento y la seguridad de los caminos seguirán bajo la lupa estatal: Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un sistema de control por resultados para garantizar niveles de servicio adecuados.

Aunque el proceso avanza a paso firme tras la firma de los contratos de la Etapa I en enero —que incluyó el Puente Rosario-Victoria y rutas del Mercosur—, en Tandil persiste la expectativa sobre los detalles finales. Resta conocer con precisión cuáles serán las obras y mejoras específicas incluidas en los contratos definitivos para la Ruta 226, un tema que ya ha generado alertas por parte de organizaciones locales como Estrellas Amarillas respecto a los plazos de inversión.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) declaró el “estado de alerta máxima” ante lo que consideró un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento del Estado" que tiene como caso testigo a la Dirección Nacional de Vialidad a partir del nuevo organigrama impulsado bajo los lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, expresó que el caso de Vialidad "demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”.

“Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”.

El sindicato denunció que, tras haber tomado conocimiento de un informe oficial del propio organismo, la Dirección Nacional de Vialidad se encuentra en un proceso denominado de “reorientación institucional” que, en los hechos, implica abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas para ser reconvertida en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.

El gremio denunció a través de un comunicado que “el Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a observar cómo lo hacen terceros —si es que lo hacen—, consumando un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial”.

Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) intimó formalmente a funcionarios del Gobierno, mediante carta documento, a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que “se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.

El gremio dejó constancia de que “este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país”.

El sindicato también hizo personalmente responsables a los funcionarios intimados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que ya se encuentran en evaluación.

El Municipio de Tandil informó que este lunes quedó habilitado nuevamente el tránsito vehicular en la intersección de López de Osornio y avenida Bolívar, luego de completarse las obras de arreglo definitivo del pavimento que se habían iniciado semanas atrás.

Los trabajos se llevaron adelante para reconstruir las losas de hormigón que se levantaron a raíz de las altas temperaturas registradas en la ciudad, situación que había obligado a retirar el material dañado y colocar estabilizado como solución provisoria para permitir la circulación temporaria.

Desde la Dirección de Vialidad detallaron que, una vez finalizadas las tareas de preparación de la base y el posterior hormigonado, se respetó el período técnico de fraguado del material, que demanda entre 15 y 20 días, dependiendo de las condiciones climáticas, antes de autorizar la reapertura al tránsito.

En ese proceso, como ocurre en cada obra de pavimentación, repavimentación o arreglo de calzadas y bocacalles, se realizaron controles técnicos específicos, que incluyeron la toma de muestras de hormigón al momento de su colocación. Dichas muestras fueron trasladadas al laboratorio municipal, donde se sometieron a distintas pruebas de resistencia y fuerza para verificar que el material alcanzara los valores necesarios para soportar de manera segura la circulación vehicular.

Desde el área explicaron que estos procedimientos son fundamentales para garantizar la durabilidad de las obras y evitar deterioros prematuros en la calzada, asegurando una intervención de mayor calidad y una mejor respuesta a largo plazo para el tránsito urbano.

Con la habilitación de este lunes, el sector vuelve a contar con circulación normal, completando así una intervención clave en un punto de alto tránsito de la ciudad.

El Municipio de Tandil continúa desarrollando los programas de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial de la ciudad. A partir del lunes 9 de febrero se interrumpirá el tránsito vehicular en la avenida Colón, entre Pellegrini y Montevideo, en la mano sentido hacia avenida España.

En ese tramo, personal de la Dirección General de Vialidad llevará adelante tareas de reparación de la calzada en distintos sectores donde se detectaron inconvenientes. Los trabajos incluirán el retiro del granitullo existente, la reparación de la base y la posterior recolocación del material.

Además, se precisó que quienes circulen por las calles Pellegrini y Montevideo podrán cruzar la avenida.

Cambios de recorrido del Transporte Público de Pasajeros

Debido al desarrollo de las obras en Av. Colón entre Pellegrini y Montevideo, se producirán cambios en recorridos de las líneas 500 y 501 del Transporte Público de Pasajeros.

Línea 500

Recorrido habitual, Colón, Machado, 4 de abril, Las Heras, Colón, recorrido habitual.

Línea 501

Recorrido habitual, Arana, Colón, Pellegrini, Alem, recorrido habitual.

En el marco del plan de inversión de los recursos obtenidos por la venta del predio de Santamarina 450, adquirido en junio pasado por la empresa Bahms SA del grupo Faro Verde a través de una subasta pública, el Municipio presentó ayer la maquinaria para la planta de hormigón cuyas obras de infraestructura y montaje comenzarán en los próximos días con miras a su puesta en funcionamiento en mayo.

Los dos camiones motohormigoneros de última generación, sumado un desobstructor para desagües pluviales, fueron presentados ayer durante un encuentro que se desarrolló frente a la Municipalidad y que contó con la presencia del intendente Miguel Lunghi, del secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, funcionarios y concejales.

“La idea es poder dejar de tercerizar el servicio de pavimentación y empezar a realizarlo por administración”, lo que redundará en una “reducción de los costos de obra” y “nos permitirá hacer una mayor cantidad de cuadras de pavimento y tener una respuesta más amplia a la demanda de infraestructura”, resumió el director general de Vialidad, Mauro Ortega, al referirse al impacto que tendrá la nueva estructura.

En diálogo con El Eco de Tandil, funcionario explicó que estas máquinas poseen una capacidad de 10 metros cúbicos cada una, superando al equipo con el que actualmente cuenta la dependencia, que alcanza los siete metros cúbicos.

La licitación de los camiones, por un valor cercano a los 170 millones de pesos por unidad, fue ganada por la firma cordobesa Indumix. Como ventaja de los equipos, señaló que, “a diferencia del que ya tenemos, estos son independientes del camión”, por lo que, “cuando no estemos hormigonando, podemos desenganchar el trompo y utilizar el camión con un semi para otras utilidades”.

La nueva planta de hormigón

Asimismo, Ortega adelantó que, tras el proceso de licitación pública en el que resultó adjudicada la empresa de Mariano Cambronera, las obras de infraestructura en el predio de Vialidad comenzarán en los próximos días.

“Nosotros calculamos que para fines de abril o los primeros días de mayo vamos a tener en funcionamiento la planta”, estimó el director, que aclaró que el plazo de obra previsto es de tres meses.

Mientras eso avanza, señaló que “seguimos trabajando con nuestra planta”, una estructura con la que cuenta el municipio que tiene más de 50 años de antigüedad. “Ya cumplió su vida útil, pero sigue dando batalla”, apuntó.

En tanto, el director general de Vialidad se refirió al proceso para instalar la planta de asfalto, la segunda parte del proceso de inversión de los recursos. Actualmente, el Municipio se encuentra en la etapa de preparación de los pliegos licitatorios y estimó que serán presentados “antes de mediados de año”.

Refuerzo en el sistema de desagües pluviales

Además del equipamiento para pavimentación, Vialidad sumó un desobstructor de tiro para el mantenimiento y saneamiento de desagües pluviales. Esta unidad, que demandó una inversión aproximada de 70 millones de pesos, se suma al camión desobstructor presentado meses atrás y completa la maquinaria que incluye una minipala y una retropala.

El sistema cuenta con una manguera de 150 metros y un tanque de agua de más de tres mil litros que opera mediante alta presión. “Lo que hacen los agentes es ingresar a los sumideros o conductos que están tapados; el agua a presión permite desobstruir donde el material está muy apelmazado y no deja pasar el agua”, describió el funcionario.

Este equipo se financió a través de un préstamo de mil millones de pesos otorgado por el Banco Provincia, destinado específicamente a fortalecer la infraestructura de desagües en la cuidad.

La nueva estructura

Según se desprende del pliego de bases y condiciones de la licitación, el proyecto consiste en la adquisición e instalación de una planta dosificadora de hormigón en el predio de Vialidad Municipal con el fin de “optimizar la producción de hormigón armado para obras públicas y mantenimiento vial, garantizando calidad, eficiencia y autosuficiencia en la provisión del material”.

La estructura se implantará en el predio delimitado por las calles Chapaleofú, Patagonia, San Felipe y Magallanes, para lo cual se destinará una superficie de 3.600 metros cuadrados (de un total de 33.712 metros cuadrados).

Los componentes principales de la planta, diseñada para soportar una producción de hasta 80 metros cúbicos por hora, incluyen cintas transportadoras y tolvas de almacenamiento para materiales gruesos y finos (arena, grava, cemento); sistema de pesaje con balanzas digitales para cada componente, permitiendo la precisión en la mezcla (áridos, cemento y agua); sistema de control y automatización con un panel de control que permite gestionar todo el proceso de manera eficiente y automática; silos de acopio de cemento tipo vertical con capacidad de almacenamiento de 52 metros cúbicos; tanques de agua con capacidad de almacenamiento de 10 mil litros; y un sistema de dosificador de aditivos.

Además, contempla zonas diferenciadas. Por un lado, zona de acopio de áridos, para lo cual se construirán espacios delimitados para la diferenciación y almacenamiento de distintos tipos de áridos; y por otro, una zona de lavado de mixers, una zona específica con instalaciones y pavimentación adecuada para el lavado y limpieza.

También se construirá una cabina de control que alojará equipamiento eléctrico y de automatización y que permita la operación y monitoreo de la planta.

La implantación de la planta dosificadora de hormigón constituye un aspecto “estratégico fundamental” para garantizar su funcionamiento “eficiente, compatibilidad con las operaciones existentes y seguridad en las actividades futuras”.

La estructura se ubicará en la esquina sureste del predio, planteando así una “nueva circulación vehicular que permitan la integración con las infraestructuras existentes en el predio”.

Además, contempla la conexión de los caminos internos con las vías principales del predio municipal, asegurando un tránsito fluido y seguro tanto para el ingreso y egreso de vehículos como para las operaciones diarias.

Basta con una imagen de una calle céntrica o una toma a ras del suelo para que la "grieta" tandilense vuelva a abrirse. Esta vez, un reel publicado por un local gastronómico en la red social Instagram fue el disparador que expuso, una vez más, el descontento y la pasión que despiertan los adoquines en Tandil. La publicación, que acumula miles de vistas, se convirtió rápidamente en un muro de lamentos, nostalgias y reclamos cruzados.

La premisa es conocida por cualquier conductor local: circular por ciertas arterias céntricas se ha convertido en una prueba de resistencia para la mecánica vehicular. Sin embargo, el debate que se lee en los comentarios va mucho más allá de un bache; toca las fibras de la identidad serrana.

El bloque mayoritario de comentarios apunta directamente al bolsillo y la seguridad. "Rompe todo el tren delantero, es insostenible", señala uno de los usuarios más votados, reflejando el sentir de remiseros, taxistas y conductores particulares que transitan la ciudad a diario.

La crítica no es solo hacia la piedra en sí, sino hacia el estado de mantenimiento. Los vecinos denuncian desniveles pronunciados, pozos disimulados entre las rocas y zonas donde el pavimento ha cedido por el peso de los colectivos. "Tandil es hermosa, pero manejar acá es subirse a una montaña rusa", ironiza otro comentario, mientras que los motociclistas agregan un factor de riesgo extra: "Los días de lluvia son una trampa mortal, parecen jabón".

En la vereda de enfrente, resisten los defensores del patrimonio. Para este grupo, el adoquín no es solo pavimento, es la historia viva de Tandil y el legado de los picapedreros que forjaron la identidad de la ciudad.

"Si sacan los adoquines, Tandil pierde su alma", argumentan los conservacionistas. Muchos usuarios citan ejemplos de ciudades europeas donde el empedrado convive con la modernidad, sugiriendo que el problema no es el material, sino la falta de oficio para mantenerlo o recolocarlo correctamente. "El adoquín es eterno si se sabe poner, el asfalto dura dos años y se llena de baches", sentencian.

Lo que las redes sociales dejan al descubierto es la falta de un punto medio. Entre quienes piden asfaltar todo para modernizar la circulación y quienes exigen protección absoluta, surge una realidad técnica: el mantenimiento del empedrado es costoso y artesanal, un oficio que escasea.

Mientras tanto, la publicación sigue sumando interacciones. Para el turista, una foto pintoresca; para el vecino, un dolor de cabeza o un orgullo histórico. La discusión sobre qué hacer con las calles de Tandil sigue abierta, y por lo visto en las redes, está lejos de alisarse.

Obras paralizadas. Retraso en el trabajo de bacheo. Reclamo de vecinos. Crecimiento de los accidentes viales. Problemas para transportar la producción agropecuaria. Esas son algunas de las causas y consecuencias del mal estado de las rutas nacionales del país que, de acuerdo a un informe, alcanza a casi el 65% de la red vial nacional.

Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) advirtieron por la seguridad de quienes transitan estas rutas, cuyo estado empeora con el correr de los meses debido a la falta de mantenimiento. Un detallado informe técnico elaborado por trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, encendió las alarmas por el crítico estado de la red vial y puso el foco en varias rutas estratégicas que atraviesan la provincia de Buenos Aires.

Según el relevamiento, entre el 65% y el 70% de la calzada se encuentra en estado regular o malo, una situación que se agrava en corredores clave para la producción, la logística y la seguridad vial bonaerense. En ese sentido, destacan que desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, Vialidad atraviesa el proceso de desmantelamiento institucional más profundo desde su creación.

Con 75% menos de presupuesto que en 2023 y casi mil despidos durante la gestión libertaria, el mantenimiento preventivo fue abandonado y reemplazado por bacheos precarios que solo “administran el riesgo”. En ese sentido, se detectaron calzadas con fallas estructurales graves, baches profundos y deformaciones que han reducido la velocidad media de circulación a unos 60 km/h, incrementando significativamente los costos logísticos y la siniestralidad vial.

El informe sostiene que el mantenimiento preventivo fue prácticamente eliminado y reemplazado por bacheos precarios, incapaces de frenar el deterioro estructural de las calzadas.

Actualmente, los corredores más comprometidos tienen que ver con la paralización de los contratos de recuperación y mantenimiento y a la falta de ejecución presupuestaria del Impuesto sobre los Combustibles, que legalmente debería volcarse al bacheo, conservación y señalización.

En la provincia de Buenos Aires, son varios los trayectos con problemas. De hecho, el informe relevó que sólo el 36,8% de las rutas nacionales que pasan por el territorio están en buen estado. Mientras que el 11,5% es regular, el 51,7% está en mal estado. Si se compara con otras provincias, en Córdoba el 12% está en mal estado; en Santa Fe el 53,6%; La Pampa 38,6% y San Luis 2,2%.

La RN 3, tiene un alto tránsito que al menos entre los 14 tramos desde la provincia de Buenos Aires, en Cañuelas, hasta Azul, con alta congestión. Su traza se caracteriza por poseer un alto nivel de tránsito con un gran porcentaje de vehículos pesados: casi el 60%. Transportan agregados pétreos, cal y cemento hacia la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano como así también granos a los puertos de Rosario o de Bahía Blanca.

Además, circulan unos 9800 autos por día en el tramo desde Cañuelas a San Miguel del Monte, unos 6500 desde Las Flores hasta Azul, y otros 3500 desde la intersección de la ruta 226 hasta Coronel Dorrego.

Cabe recordar que el año pasado y tras una demanda del municipio de Azul al Gobierno de Javier Milei por el mal estado de la ruta 3, desde Vialidad Nacional calificaron como “infundado” el reclamo por el deterioro y aseguraron que el trazado no presenta daños. Sin embargo, luego “pidieron per5dón” y prometieron trabajos sobre la calzada. Es que las obras aquí permanecen paralizadas y hay un alto nivel de siniestralidad vial, lo que llevó a vecinos a hacer varias manifestaciones.

La ruta 5, que se extiende desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, presenta deterioros en tramos largos, generando peligrosidad y reclamos por falta de mantenimiento, aunque hay obras de autopista en progreso entre Mercedes y Suipacha para mejorar la circulación y la seguridad vial.

En efecto, el informe destaca que existe deterioro severo de la cartera asfáltica, bajo la situación actual no pueden desarrollarse velocidades que en promedio sean superiores a los 80 km/h, lo cual además eleva el tiempo de viaje, tornándolo más costoso. Se estima que el 30% de los vehículos que transitan allí son pesados y, además del reclamo de vecinos, también intendentes han pedido retomar las obras.

La ruta 7, entre Junín y Chacabuco, presenta un estado mixto: el tramo principal está convertido en autopista con mejoras en seguridad vial, pero enfrenta problemas de mantenimiento, obras paralizadas y riesgos persistentes en accesos y colectoras. El informe destaca que actualmente se observan baches, falta de señalización e iluminación que generan peligros de seguridad vial.

Existen quejas vecinales por baches profundos en pasos a nivel (ej. km 212), colectoras deterioradas, ausencia de demarcación, iluminación deficiente y pastizales en banquinas, elevando riesgos para tránsito pesado. De hecho, tras una serie de accidentes, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, le reclamó a Nación que "recapacite" y continúe con las obras en la ruta 7.

La ruta 33 se extiende en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Conecta ciudades de producción agrícola, cada vez más difícil, debido a que transita un pavimento altamente deteriorado y su tránsito es complejo. “La situación requiere una reconstrucción total más que un bacheo superficial”, señala la Fepevina, quien destaca la presencia de deformaciones y “cráteres”.

Diagnósticos técnicos entre Casilda, Venado Tuerto, Trenque Lauquen, Rufino y Bahía Blanca, revelan fallas estructurales como pérdida de la capacidad portante de la subrasante, lo que significa que el daño no es solo superficial, sino que la base sobre la que apoya el asfalto ha cedido. También intendentes bonaerenses elevaron sus quejas.

El Municipio de Tandil habilitó nuevamente el tránsito vehicular en la intersección de Montevideo y San Lorenzo, luego de completar los trabajos de repavimentación de la bocacalle con hormigón y de superar los controles técnicos que determinan cuándo una calzada se encuentra en condiciones de ser utilizada.

Las muestras de hormigón se toman en el mismo momento de su colocación. Ese material se vuelca en probetas que luego son trasladadas al laboratorio de la Dirección de Vialidad, donde se les aplican distintas pruebas de fuerza y resistencia. A partir de esos ensayos, se establece si el hormigón alcanzó los valores necesarios para soportar de manera segura la circulación de vehículos.

La obra habia generado ciertos reclamos de vecinos de la zona, que hablaban de un “corte eterno” en la intersección, que irrumpia en sus actividades cotidianas. En este contexto, desde el Municipio explicaron que, una vez finalizadas las tareas de hormigonado, este tipo de obras requiere un período aproximado de 15 días de fraguado, plazo que puede variar según las condiciones climáticas. Durante ese tiempo, se realizan los controles técnicos correspondientes antes de definir la reapertura al tránsito.

Estos procedimientos permiten asegurar la durabilidad de la obra y evitar daños prematuros en la calzada, garantizando una intervención de mayor calidad y una mejor respuesta a largo plazo para la circulación urbana.

Los trabajos en Montevideo y San Lorenzo se enmarcan en el plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial que el Municipio lleva adelante en distintos sectores de la ciudad. Actualmente, se encuentra en proceso de fraguado la cuadra de Pinto entre San Lorenzo y 14 de Julio, y avanzan las tareas de pavimentación en San Lorenzo entre España y Mitre.

El lunes 15 de diciembre el Municipio de Tandil iniciará las obras de reparación integral de la bocacalle de Montevideo y San Lorenzo, que permanecerá cerrada al tránsito por 15 días aproximadamente.

Desde la Dirección General de Vialidad se detalló que “en esa intersección se levantará el pavimento existente, se hará de nuevo la base y se colocará hormigón para reconstruir la bocacalle”.

Por ese motivo se cortará el tránsito vehicular en Montevideo y Alberdi y en San Lorenzo y Pellegrini. En ambos casos se dejará un paso habilitado para que puedan acceder los vecinos que viven en esas cuadras.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires llamó a una consulta pública para definir el proyecto de construcción de la autovía en la Ruta 11 entre Mar de Ajó y Pinamar, un tramo de 48 kilómetros que completará el trayecto San Clemente-Mar del Plata.

La reunión está prevista para el próximo 3 de diciembre a las 11:00 horas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó. De esta manera se podrá llegar desde CABA a Pinamar, por la autovía 2, la Ruta 63 y la autovía 11, siempre con doble mano, con la lógica ganancia en tiempo y seguridad para los automovilistas.

La futura autovía contará con doble calzada, banquinas pavimentadas y un cantero central de 16 metros de ancho para separar los sentidos de circulación. El diseño incluye sistemas de retornos en accesos estratégicos, iluminación en intersecciones, señalización completa y obras hidráulicas para el escurrimiento del agua. Además, se construirán dársenas, refugios peatonales y demás infraestructura de seguridad vial.

Los 48 kilómetros de la futura autovía desde Mar de Ajó pasará por Nueva Atlantis, Punta Médanos, Costa Esmeralda hasta llegar a Pinamar. Se estima una inversión de USD 94,3 millones, con un plazo de ejecución estimado de 18 meses, y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del Programa de Seguridad Vial del AMBA.

El juez federal Jorge Gorini, responsable de la ejecución de la condena del caso Vialidad, impuso -tal como anticipó Clarín- restricciones a las visitas que recibe Cristina Kirchner en San José 1111 donde cumple el arresto domiciliario por la condena de corrupción que pesa sobre ella.

Según estableció Gorini, no podrá podrá recibir personas más de dos veces por semanas y un máximo de tres personas por dos horas.

El punto de inflexión fue la fotografía que publicó esta semana la expresidenta en sus redes, rodeada de nueve personas, en la mesa del living del departamento que se constituyó desde junio de este año en su prisión domiciliaria.

"Establecer que las visitas a las que refiere el punto precedente deberán, en lo sucesivo, tener una duración máxima de dos (2) horas, que podrán concederse hasta dos (2) veces por semana y no podrán superar el límite de tres (3) personas concurrentes para cada ocasión", sostiene el fallo que firmó Gorini.

Minutos antes de la confirmación de las restricciones, la propia Cristina Kirchner salió en redes y aseguró que las críticas hacia ella no eran por la foto, sino por sus cuestionamientos al modelo económico de Javier Milei. E incluso recordó que ya había recibido a otros grupos de media docena de personas, sin tanta polémica.

El abogado Carlos Beraldi había requerido autorización para que los economistas visiten a Cristina Kirchner, pero no se especificó en el escrito que irían todos juntos para mantener una reunión en el departamento del barrio de Monserrat.

Las cosas cambiarán a partir de ahora. En el Tribunal aseguran que se estaba desnaturalizando el arresto domiciliario.

“Corresponde aclarar y reiterar que la visita de las nueve (9) personas que ingresaron al domicilio no había sido solicitada para que todas ellas concurrieran de manera simultánea, ni tampoco para participar de un encuentro colectivo”, explicó el juez Gorini en el fallo.

Sobre esa reunión señaló: “La presencia concomitante de un grupo tan numeroso de personas excede los términos de la autorización requerida, así como el sentido común que subyace a la regla oportunamente impuesta, según la cual, a excepción de un grupo reducido de personas allegadas –grupo familiar, profesionales médicos, representantes letrados–, todo ingreso de personas no incluidas en ese listado, debe ser expresamente solicitado y fundado, en cada caso, con anterioridad al acceso al domicilio”.

En otro tramo de su resolución el juez que ejecuta la pena del caso Vialidad, expuso que la solicitud formulada para autorizar el ingreso de personas a San José 1111, debe ser debidamente informado. Ante todo “por razones de seguridad que son inherentes al régimen de prisión domiciliaria, pero sin obviar cuestiones inherentes al carácter de sanción penal que motiva el encierro de la interesada”.

El Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo municipal han intensificado sus reclamos hacia el Gobierno Nacional y Vialidad Nacional debido a la falta de mantenimiento en el tramo urbano de la Ruta Nacional 226, que atraviesa la ciudad, exigiendo no solo la reactivación de las tareas, sino también el reembolso de los costos asumidos por el Municipio para realizar trabajos que corresponden a la órbita nacional.

La concejal por la UCR, Maridé Condino, detalló las gestiones realizadas en diálogo con El Eco Multimedios, señalando que, a pesar de la existencia de la concesionaria Corredores Viales S.A, el organismo responsable sigue siendo Vialidad Nacional, que tiene a su cargo el corredor N° 7, que atraviesa la ciudad en su extenso recorrido. Condino explicó que, si bien la Municipalidad se encarga del mantenimiento de sus espacios verdes dentro de la ciudad, la extensión del trabajo que requiere la red vial nacional excede la capacidad del personal municipal, destacando que solo las rotondas suman más de 500.000 metros cuadrados, como la ubicada en la ruta 30 y 226, cuyo tamaño es comparable al del Lago del Fuerte.

La edil señaló que el Ejecutivo inició una medida legal para solicitar información detallada sobre los trabajos que deberían haberse realizado, el costo de los mismos, e incluir además un pedido de reintegro por todos los gastos que el Municipio ha asumido hasta ahora en tareas que le corresponden a Vialidad Nacional. Condino subrayó que la solicitud del bloque de la UCR en el Concejo se centra básicamente en que "mantengan las rutas en condiciónes, que sea una prioridad para el gobierno nacional el mantenimiento", aseveró.

La problemática se agrava con el clima estival, repitiéndose la situación vivida el verano anterior, ya que con el aumento del calor y las lluvias, el pasto crece de forma incontrolable. Condino criticó la falta de respuesta institucional, mencionando que ella misma se dedicó a realizar reclamos por internet a través de la vía de comunicación de Vialidad Nacional para el Corredor 7, sin obtener contestación alguna.

Si bien existen otras necesidades viales, como la iluminación, señaló que la Usina ya hizo arreglos y colocación de luminarias en la rotonda de Espora utilizando fondos municipales y aportes de los ciudadanos de Tandil. Sin embargo, la concejal puntualizó: "las luminarias no las cambian, el mantenimiento del pasto tampoco, y así se van acumulando necesidades".

A cuatro meses de la subasta pública del predio de Santamarina 450, que adquirió la empresa Bahms SA del grupo Faro Verde, el Gobierno comunal cumplió con una nueva instancia con miras al plan de inversión de los recursos obtenidos por la venta del inmueble.

Tras otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) a la planta que se emplazará en el espacio donde funciona la Dirección de Vialidad, en Chapaleoufú 2919, avanzó con el proceso de licitación para la adquisición de equipamiento y el desarrollo de la infraestructura necesaria para instalar una planta de hormigón en el predio de Vialidad.

En ese marco, el mes pasado declaró desierta el primer llamado a licitación destinada a la compra de dos camiones motohormigoneros por falta de oferentes. Ante esta situación, la Dirección de Compras y Suministros abrió un segundo llamado con el objetivo de dotar a la planta del equipamiento necesario para su operatividad.

Finalmente, a través del decreto 2791/2025 con fecha del 29 de septiembre de 2025 publicado en el Boletín Oficial finalizó la convocatoria con la adjudicación de la licitación pública 19-01-25 “Adquisición de dos camiones para motohormigoneras – planta dosificadora de hormigón” a la firma Punto Truck SA por la suma total de 260.600.000 pesos.

El acto de apertura de propuestas se llevó a cabo el 16 de septiembre pasado. En esa oportunidad, dos oferentes se presentaron a la licitación, las firmas Punto Truck SA y G. y F. Castro SA.

La comisión analizó las ofertas y consideró conveniente la que presentó la primera de ellas “por ser una empresa reconocida en el mercado, con el respaldo técnico necesario para garantizar la provisión de los equipos en tiempo y forma y por ser la más conveniente a los fines municipales”, destaca el decreto.

Por lo expuesto, la Dirección de Compras y Suministros sugirió adjudicar a la oferta correspondiente a la firma Punto Truck SA, por un monto total de 260.600.000 pesos, que resulta superior en un 10 por ciento al presupuesto oficial.

La compra de equipamiento forma parte de las licitaciones emprendidas por el Municipio para concretar la inversión derivada de la venta del predio de Santamarina 450, donde funcionó el exCorralón y la Dirección de Servicios, tal como establece la ordenanza 18.648 aprobada por el Concejo Deliberante.

El proceso ya incluyó la compra de una planta dosificadora, tres silos para acopio de cemento y dos camiones moto hormigoneros con semirremolque, que permitirán una mayor capacidad de producción y transporte.

Con esta nueva estructura, el Gobierno busca aumentar el ritmo de pavimentación y repavimentación de calles mediante obras realizadas por administración municipal. Para una segunda etapa quedará la creación de la planta de asfalto en frío.

El destino de los fondos

El marco normativo aprobado por el Concejo Deliberante establece que el producido de la venta del inmueble -4.130.271 dólares- se afectará a los siguientes destinos: “hasta un 50 por ciento +/- cinco por ciento para la organización y puesta en funcionamiento de un área de pavimentación municipal y la compra de los elementos que garantizan su operatividad; hasta un 17,5 por ciento +/- cinco por ciento para la adquisición de macizos de tierras  para  suelo  urbano,  generación  de  lotes  con servicios,  constitución  de  consorcios  urbanísticos  de carácter público-privado y /o adquisición de tierras para la implementación de un polo logístico/playa de trasbordo de carga de camiones; un 32,5 por ciento para la construcción de infraestructura y/o generación  de  lotes  con  servicios  en  el  desarrollo urbanístico Sans Souci, dominio inmueble perteneciente a la Provincia de Buenos Aires”.

Certificado de Aptitud Ambiental

Como se informó en estas páginas, hace un mes el Municipio otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) a la planta situada en Chapaleoufú 2919, luego de aprobar la Evaluación de Impacto Ambiental que establece condiciones técnicas y medidas de mitigación frente a posibles afectaciones en aire, agua, suelo y ruidos. El aval tendrá una vigencia de cuatro años y deberá renovarse mediante auditorías periódicas.

En esa oportunidad, el decreto firmado por el Intendente en su artículo primero otorga el Certificado de Aptitud Ambiental del Área Municipal Dirección General de Vialidad Municipalidad de Tandil dedicada a la elaboración de hormigón “de conformidad a las prescripciones establecidas en la Ley 11.459 de Radicación Industrial de la Provincia de Buenos Aires, su modificatoria 15.107 y sus decretos reglamentarios 531/19 y 923/2020”.

En su artículo segundo, establece que el Certificado de Aptitud Ambiental tendrá una validez de cuatro años y que, al vencimiento de ese plazo, deberá ser renovado mediante “la presentación de una auditoría ambiental que dé cuenta del funcionamiento de la planta e incluya la descripción de los condicionamientos que se desprenden de la revisión de la EIA”, que se revocará “de forma automática en caso de un incremento de más de 20 por ciento de su dimensionamiento”.

En el artículo tercero, plantea que la planta deberá implementar las “medidas de mitigación elaboradas por el profesional actuante”, de lo contrario “la autoridad de aplicación podrá revocar el presente” y agrega en el artículo cuarto que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental se realiza “sin perjuicio de la vigencia de toda otra normativa ambiental vigente, exigible en la forma, plazos y alcances que la autoridad de aplicación disponga”.