A través de la resolución 1186 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional adjudicó cuatro corredores viales, una medida que formaliza la privatización impulsada por el ministro Luis Caputo. La licitación, correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales por un plazo de 20 años.

La resolución destaca por dos movimientos estratégicos: la consolidación del Grupo Corven como un actor central en el sector vial y el retorno del empresario Cristóbal López al negocio de los peajes. La firma CPC, propiedad del empresario, se adjudicó el corredor Portuario Norte, que comprende 528 kilómetros entre las rutas 9, 33 y la A-008, con la proyección de instalar nuevas cabinas de peaje en Trenque Lauquen, Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda.

El Grupo Corven, liderado por Leandro Iraola, se convirtió en el principal jugador del sector al obtener dos tramos a través de su brazo financiero, Creditech. En el tramo Mediterráneo, que abarca 672 kilómetros en las rutas nacionales 7 y 35, se impuso la oferta presentada junto a Plantel. Asimismo, el mismo consorcio ganó el tramo Portuario Sur, con 636,75 kilómetros sobre las rutas 9 y 188.

Por otro lado, el tramo Puntano, que incluye 720 kilómetros en las rutas 8, 36, 193 y la circunvalar de Río Cuarto, fue adjudicado a la unión de empresas Basaa y Cecosa. La constructora Basaa, vinculada anteriormente a la gestión de Juan Schiaretti, presentó una oferta de 1440,08 pesos más IVA por cada 100 kilómetros.

El regreso de Cristóbal López ocurre en un contexto judicial complejo, ya que el empresario enfrenta los juicios orales por las causas Cuadernos y Los Sauces-Hotesur. Cabe recordar que, durante la gestión de Mauricio Macri en 2017, el Estado le rescindió contratos previos por incumplimientos en obras y retención de fondos. Según lo establecido en la licitación, los precios de las tarifas fueron calculados a julio de 2025, por lo que deberán ser actualizados para determinar el valor final que abonarán los usuarios al subir las barreras.

El Municipio avanzó con la denuncia penal por los daños provocados en la obra de pavimentación de la calle Tacuarí, luego de reunir imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas que, según indicaron desde la comuna, permitieron identificar al vehículo que ingresó al sector restringido y ocasionó el deterioro del hormigón recién ejecutado.

En diálogo con El Eco Multimedios, el secretario de Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, explicó que el hecho fue advertido el jueves por la tarde, tras la denuncia de un vecino y el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo.

"Nos enteramos de este suceso el jueves por la tarde cuando cámaras de seguridad lo captan a través de una denuncia de un vecino, justamente uno de los que vive en esa cuadra. Haciendo las averiguaciones y viendo las distintas cámaras, vemos un vehículo ingresar por la intersección de Tacuarí y Roser y luego salir por Tacuarí y avenida Avellaneda", relató.

A partir de esa información, el viernes por la mañana funcionarios municipales recorrieron el lugar para reunir más pruebas. "Fuimos con Luciano Lafosse a la Secretaría de Protección Ciudadana, vimos las cámaras y después nos dirigimos con Mauro Ortega (Director General de Vialidad) al lugar de los hechos. Hablamos con varios vecinos, pedimos cámaras y robustecimos la denuncia que habíamos estado elaborando", señaló.

Con ese material, ese mismo viernes por la tarde el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, formalizó la presentación ante la Fiscalía, aportando la patente del vehículo, registros del sistema de monitoreo y grabaciones de cámaras particulares.

Maciá Cantarelli explicó que las imágenes permitieron reconstruir con precisión el recorrido del automóvil. "Las cámaras de ambas esquinas mostraban que ingresaba y salía, pero no lo veíamos transitando porque el tramo afectado está en el medio de la cuadra. Entonces incorporamos las cámaras privadas de dos vecinos, que captaban con mayor nitidez el paso del vehículo. Así no habría ninguna duda de que fue el vehículo que ocasionó el daño", afirmó.

El funcionario aseguró además que las averiguaciones realizadas permitieron determinar que el conductor no era vecino del sector, por lo que no estaba habilitado para ingresar.

"No es un vecino del barrio y habría violado todas las vallas preventivas que había, no solo en Tacuarí y Roser, sino también en la calle paralela. A los únicos que se les permitía el ingreso era a los frentistas. Además, había una malla de seguridad que abarcaba toda la calle y las veredas, por lo que no pudo haber ingresado nunca, pero ingresó", sostuvo.

Respecto de las consecuencias,  indicó que el pavimento dañado debió ser retirado y volver a ejecutarse, una tarea que quedó a cargo de la Dirección de Vialidad. "El viernes por la mañana ya había personal y maquinaria levantando todo ese material porque había que rehacer varios metros. Dejarlos así iba a conllevar mayores perjuicios", explicó.

En cuanto al impacto económico, señaló que la valuación definitiva aún será realizada por la Dirección de Vialidad, aunque las primeras estimaciones son importantes. "Por lo que hablé ese día con Mauro Ortega y Luciano Lafosse, los daños rondaban, más o menos, los 15 millones de pesos", precisó.

Consultado sobre si el conductor ya fue notificado, Maciá Cantarelli respondió que todavía no, debido a que la denuncia fue presentada recientemente. "Recién se dio a conocer esto en Fiscalía el viernes por la tarde. Hoy nos informaron que la investigación penal preparatoria quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Tandil", concluyó.

Mientras Cristina Kirchner y sus hijos intentan frenar ante la Corte Suprema el proceso de ejecución patrimonial derivado de la causa Vialidad, en Comodoro Py avanza el procedimiento para decomisar 141 bienes. Entre ellos, se encuentran los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner, secuestrados originalmente en la causa Hotesur.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es el responsable de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, el proceso contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes para resarcir el fraude, estimado en 685.000 millones de pesos.

Hace veinte días, la Cámara de Casación ratificó la orden de avanzar sobre 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. A pesar de los recursos interpuestos por la defensa ante el máximo tribunal, desde Comodoro Py sostienen que la ejecución patrimonial sigue su curso.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu, en su carácter de presidente del tribunal, ha solicitado informes sobre 141 propiedades, mayoritariamente vinculadas a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. No obstante, una pieza clave para completar el proceso es la respuesta del Banco Galicia respecto a los fondos embargados: 4.664.000 dólares de una caja de seguridad, 992.134 dólares de una caja de ahorro y 53.280,24 pesos.

La justicia federal sostiene que estos activos, que forman parte de la causa Hotesur por asociación ilícita y lavado de activos, no fueron justificados en su origen lícito. El criterio aplicado por el TOF 2 establece que todo bien incorporado al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015 es susceptible de ser ejecutado.

Lázaro Báez, de 75 años, fue internado de urgencia este viernes por la noche debido a un cuadro de pulmonía mientras cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. La información fue confirmada por autoridades penitenciarias, que señalaron que el empresario permanece bajo atención médica especializada.

Báez se encuentra alojado en el penal de Ezeiza, donde cumple condenas derivadas de las causas conocidas como Ruta del Dinero K y Vialidad, dos de los expedientes judiciales más resonantes vinculados a hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

Según trascendió, el empresario fue trasladado al Hospital Alberto Eurnekian, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, luego de que su cuadro respiratorio se agravara en las últimas horas. De acuerdo con allegados, su estado de salud venía presentando complicaciones desde hacía varios días.

En los últimos meses, los abogados defensores de Báez habían solicitado en reiteradas ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando que el empresario integra un grupo de riesgo debido a diversas patologías preexistentes.

Entre los problemas de salud que padece figuran diabetes, hipertensión arterial, bronquitis crónica y una afección intestinal que, según la defensa, le provocó episodios de hemorragias digestivas. Estas condiciones requieren controles médicos permanentes y, de acuerdo con sus representantes legales, se habrían agravado durante su permanencia en el sistema penitenciario.

Báez cumple una condena de 15 años de prisión por lavado de dinero, entre otros delitos. Su figura quedó estrechamente ligada al kirchnerismo debido a su cercanía con el expresidente Néstor Kirchner y al crecimiento de sus empresas constructoras en Santa Cruz, donde se convirtió en uno de los principales adjudicatarios de obra pública.

Además de sus actividades en la construcción, el empresario expandió sus negocios hacia el sector inmobiliario, consolidando un importante patrimonio que posteriormente quedó bajo investigación judicial en distintas causas federales.

Por el momento, no se difundió un parte médico oficial sobre su evolución, aunque las autoridades continúan monitoreando su estado de salud mientras permanece internado.

El proyecto de la planta de hormigón municipal ingresó en su etapa final previa a la puesta en funcionamiento. En las últimas horas llegó a Tandil el equipamiento principal adquirido por el Municipio y este miércoles comenzaron las tareas de ensamblaje y montaje en el predio de la Dirección de Vialidad, ubicado sobre la calle Chapaleofú.

Como parte de esta nueva etapa, se realizó el montaje de los silos de almacenamiento y se inició el ensamblaje de los distintos componentes que integran la planta.

Se estima que esa tarea quedará completada durante los próximos días, permitiendo avanzar posteriormente con el montaje definitivo en el sector donde funcionará de manera permanente. En paralelo continúan las obras de infraestructura necesarias para la puesta en marcha del sistema.

Los trabajos, que se desarrollan en un espacio especialmente acondicionado dentro del predio de Vialidad, incluyen la construcción de estructuras de soporte, sectores de acopio de materiales, áreas operativas y espacios destinados al mantenimiento y funcionamiento del equipamiento.

La finalización de esas tareas está prevista para fines de este mes o principios del próximo, momento a partir del cual se avanzará con las pruebas y la puesta en funcionamiento de la planta.

Durante la jornada, el intendente Miguel Lunghi recorrió el predio junto al secretario de Servicios Públicos, Claudio Fuentes, y el director de Vialidad, Mauro Ortega, para supervisar el avance de los trabajos y observar las tareas de montaje que se desarrollan en el lugar. Ambos dialogaron con los responsables técnicos sobre los próximos pasos a seguir para concretar la puesta en funcionamiento de la planta.

“Ver llegar y comenzar a montar esta planta es una enorme satisfacción porque representa la concreción de un proyecto en el que venimos trabajando desde hace tiempo”, resaltó y destacó que “estamos viendo cómo se concretan la planificación que hicimos y una inversión importante que realizamos pensando en el futuro de Tandil”.

El jefe comunal aseguró que la planta “nos permitirá ganar capacidad operativa y planificar con mayor eficiencia obras de pavimentación, repavimentación y cordón cuneta en distintos barrios”.

Además, Lunghi resaltó que “es una forma de gestionar los recursos públicos apostando a generar herramientas permanentes para la ciudad, que nos permitan seguir mejorando la infraestructura urbana y acompañar, de forma estratégica, el crecimiento de Tandil con una mirada de largo plazo”.

La incorporación de esta infraestructura permitirá al Municipio fortalecer los programas de pavimentación, repavimentación y construcción de cordón cuneta que se ejecutan en distintos sectores de la ciudad, mejorando la capacidad operativa y la planificación de las obras públicas.

El proyecto demanda una inversión total de 1.200 millones de pesos y se financia con recursos obtenidos a partir de la venta del predio municipal ubicado en Santamarina 450, de acuerdo con lo establecido por la ordenanza que autorizó esa operación.

Durante los últimos meses, el Municipio avanzó en cada una de las etapas previstas para concretar esta iniciativa, que incluyó la adquisición de la planta dosificadora de hormigón, la compra de dos camiones y dos motohormigoneras cero kilómetro y la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para su instalación.

Con la llegada del equipamiento principal y el inicio de su montaje, el proyecto inicia su etapa final y se encamina hacia su próxima puesta en funcionamiento, consolidando una herramienta estratégica para el desarrollo de la obra pública en Tandil.

El Municipio informó que este martes se realizará un corte de tránsito en la calle Beiró, en el tramo comprendido entre Patagonia y Pasos, debido a trabajos de reparación sobre la calzada.

Según se detalló oficialmente, las tareas comenzarán a las 8 de la mañana y se prevé que finalicen durante las primeras horas de la tarde, por lo que el tránsito vehicular permanecerá interrumpido en ese sector durante aproximadamente cuatro o cinco horas.

Desde la Dirección General de Vialidad explicaron que “en la calle Beiró se dañó el pavimento en un sector, y que durante unas cuatro o cinco horas estaremos trabajando en la reparación de la calzada”.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y, en lo posible, utilizar caminos alternativos para evitar inconvenientes mientras se desarrollen las tareas.

La intervención forma parte de los programas de inversión permanente en infraestructura vial que lleva adelante el Municipio, los cuales contemplan obras de pavimentación, repavimentación, construcción de cordón cuneta y arreglos de calles en distintos sectores de la ciudad.

Vecinos de calle Los Huesos denunciaron que un loteo privado podría provocar la inundación de su barrio. En diálogo con El Eco manifestaron que el proyecto no contempló la existencia de su calle, que los desarrolladores generaron un “dique” en el que quedarían casi dos metros por debajo de sus terrenos linderos, y que esperan que las autoridades lleven a cabo un estudio de impacto que les certifique que lo  realizado no los perjudicará.

“Cuando construyan, esto es una catarata,  alertaron los frentistas. Luego de que presentaran notas al Ejecutivo, al gobierno bonaerense, y al Concejo Deliberante, representantes de la Secretaría de Planeamiento concurrirán el martes próximo a la comisión de Obras Públicas para brindar explicaciones sobre el tema. Desde el Municipio transmitieron que la iniciativa no modificará la escorrentía de la zona, que el lugar ya sufrió inundaciones con anterioridad y que el expediente está aprobado.

Se trata del loteo impulsado por la Asociación por la No Automedicación, entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú. El Eco fue al lugar y caminó  con los vecinos de calle Los Huesos, quienes mostraron cómo –tras elevar el nivel de calles públicas y de los terrenos que se proyectan lotear-, quedaron “abajo”, en un área inferior incluso que un caño de desagüe pluvial.

Los vecinos elevaron una solicitud en la cual sostuvieron que “el relleno desmesurado, ejecutado por la empresa contratista, no cumple con las cotas de altura proyectadas” y que generaría que sus viviendas queden “en un bajo, con un corte de niveles muy abrupto (de casi dos metros de altura) muy difícil de resolver una vez terminadas las obras.

“Si veníamos hace un año y medio, todo esto estaba a la misma altura”, contaron los frentistas, parados en el terraplén del loteo, desde el cual podían observar a sus viviendas.

“El proyecto no contempla que la calle Los Huesos es existente. Es una calle consolidada, con la mayoría de sus lotes construidos con viviendas unifamiliares de ocupación permanente que se construyeron legalmente con planos presentados en la Municipalidad de Tandil”, señalaron sobre una de sus principales preocupaciones.

“En el plano no sólo figura ´Calle a abrir´, sino que en ambos proyectos presentados y aprobados en la municipalidad proponen rellenarla entre 18 y 20 cm o quitarle relleno para cambiar el sentido de la pendiente, dejando algunos de nuestros frentes por debajo de la línea de vereda”, sumaron.

A su vez, denunciaron que el loteo contempló “una elevación excesiva de las cotas de calles” que condicionó a los terrenos linderos. Marcaron que en el esquema del loteo –que ya avanzó-, Los Huesos pasaría a constituirse “como el punto más bajo del sistema, en contradicción con la topografía natural”.

El sistema de desagüe pluvial del proyecto, consideraron, resulta incompatible con futuras nivelaciones de los terrenos linderos tanto al loteo como a sus viviendas. Si bien señalaron que luego de efectuar reclamos a las autoridades el proyecto hidráulico fue modificado, las cotas previstas forzarían la necesidad de que los terrenos circundantes tengan que elevarse, y “las viviendas actualmente construidas quedarían en una situación relativa más baja”.

Además, denunciaron que el proyecto mencionado se presentó como “integral”, pero la Asociación a cargo “solo construyó sus propios desagües, tirando el agua acumulada en su lote a los campos linderos mediante conductos y bocas de tormenta que no figuran en los planos”.

Tal situación, manifestaron, obligaría a los propietarios de dichos campos a continuar con las obras de desagüe si no quieren inundarse, o a rellenar excesivamente sus campos si no quieren quedar bajo el nivel propuesto por la Asociación de No Automedicación”.

Los vecinos solicitaron que se disponga la suspensión preventiva de los trámites y los avances de obra vinculados al proyecto para que evalúe la intervención provincial mediante sus áreas técnicas competentes, así como también que se realice una verificación in situ del proyecto y de las obras en ejecución por parte de equipos técnicos provinciales para constatar que el nivel propuesto y la descarga actual superan la capacidad de absorción de los campos linderos.

En las notas vecinales consta otra situación: tras una primera revisión del proyecto, y el avance de las obras, los frentistas contrataron un estudio privado. “El 90 por ciento de los puntos medidos superan las cotas proyectadas”. Además, transmitieron su preocupación no solo por no haber podido acceder a la fecha al expediente, sino también por la falta de respuestas “y por la velocidad de avance que tomaron las obras a partir de acercar nuestras inquietudes y observaciones a la Municipalidad”.

En un fallo histórico, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez. Por mayoría, el tribunal ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó un criterio clave: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.

La decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal dos, que había ordenado el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos. La medida alcanza a los activos de la ex presidenta y de Lázaro Báez, así como bienes de empresas consideradas instrumentos fundamentales de la maniobra, como Austral Construcciones y otras firmas vinculadas.

El presidente de la Sala IV, el juez Gustavo Hornos, sostuvo que el decomiso no puede quedar en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito. Al respecto, señaló que “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”.

El voto de Gustavo Hornos, al que adhirió el juez Diego Barroetaveña, enfatizó que la recuperación de activos expresa que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar las ventajas económicas obtenidas. Sobre el reclamo de los hijos de la ex mandataria para conservar los bienes heredados, el magistrado afirmó que el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando estos hubieran recibido activos a título gratuito.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial. El magistrado cuestionó la extensión del decomiso sobre los bienes que no tengan acreditada una vinculación directa con el delito y propuso excluir los activos heredados por Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, al considerarlos ajenos al reproche penal.

Finalmente, el fallo recordó que los graves delitos dolosos contra el Estado que conllevan enriquecimiento constituyen, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, un atentado contra el sistema democrático. Los recursos habían sido planteados por las defensas de los condenados, incluyendo a Nelson Periotti y Raúl Pavesi, quienes se oponían a las subastas de los bienes involucrados.

El gobierno nacional llevó a cabo la apertura de sobres de las licitaciones para definir las concesiones privadas de diferentes rutas, entre ellas la 226. El consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco –que había presentado la tarifa de peaje más baja-, quedó en primer lugar, aunque no se descarta que haya impugnaciones al procedimiento. Una de ellas, la anunciada por la Provincia, que fue excluida de la licitación y denunció que “cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”.

Entre las empresas presentadas, Concret Nor S.A, Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A habían propuesto la tarifa de peaje más económica para los 1.325 kilómetros del tramo “Sur-Atlántico-Acceso Sur”. El mismo contempla la traza urbana de la Ruta Nacional 226 que pasa por Tandil. La oferta del grupo fue de 997 pesos más IVA, lo que arroja un valor de 1206 pesos.

Cabe recordar, el gobierno nacional había lanzado la concesión de más de 1800 kilómetros de rutas nacionales. El primero en el mencionado tramo, y otro el tramo Pampa, que se extiende por casi 550 kilómetros. Desde la administración central anunciaron en septiembre pasado que una vez asignadas las empresas a cargo, pasarán a disolver a la actual concesionaria, la estatal Corredores Viales.

De acuerdo a los detalles de los pliegos que dio a conocer Vialidad Nacional, quien asuma la concesión del tramo que involucra a la 226 deberá construir una pasarela peatonal en la localidad de Sierra de los Padres, una colectora entre el kilómetro 163 y 164,1 desde Pedersen a Reforma Universitaria, y concretar la semaforización de la traza urbana de Tandil entre el kilómetro 162,7 y el 171,7.

Desde  Estrellas Amarillas Tandil habían valorado que se hayan incorporado dichas obras, pero también cuestionaron los plazos para la ejecución de las mismas. De acuerdo a lo planteado por la organización, durante el primer año de concesión no habría avances significativos en infraestructura y las empresas deberán limitarán a tareas de bacheo y mantenimiento general, mientras que los trabajos estructurales recién comenzarían en el segundo y tercer año. “El plazo es muy pobre”, había expresado Hernán Mansilla -parte de la entidad- quien además cuestionó que se priorice la rentabilidad privada por sobre las necesidades de seguridad vial.

El gobierno bonaerense cuestionó el proceso licitatorio para asignar la concesión de los tramos de las rutas nacionales, e incluso funcionarios de primera línea anunciaron que avanzarán con acciones al respecto. Cabe recordar, la Provincia se había presentado como oferente a la licitación. Fue a través de la empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), pero finalmente resultó excluida.

“Ante la preocupación sobre la transparencia del proceso, hoy solicitamos al Ministerio de Economía de la Nación —bajo cuya órbita se lleva adelante esta licitación— la intervención de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia para que hagan de veedores y garanticen la transparencia. Venimos observando modificaciones y decisiones que marcan una arbitrariedad manifiesta en la asignación de concesionarios. Una semana antes, modificaron 33 de 34 artículos y cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada”, había publicado el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Sin embargo, Aubasa resultó “desestimada” a través de la resolución 537/26 del Ministerio de Economía de Nación. En el mismo comunicado, Nación definió que el martes 21 de abril a las 20 horas se lleve a cabo la apertura de sobres de las ofertas preclasificadas. 

En dicha instancia fue que el consorcio integrado por Concret Nor S.A, Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A resultó en primer lugar. Fuentes consultadas por El Eco de Tandil no descartaron que las acciones provinciales avancen hacia la impugnación judicial del proceso.

La defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, se sumó a los cuestionamientos en torno a la licitación de la Ruta Nacional 226 y expresó su preocupación por el impacto que podría tener el proyecto si no se contemplan las particularidades del tramo que atraviesa la ciudad.

En el marco del debate que ya había sido impulsado por distintos actores políticos y sociales —entre ellos el concejal Iparraguirre—, la funcionaria remarcó la necesidad de que la obra contemple una mirada integral, que priorice la seguridad vial, la conectividad urbana y la calidad de vida de los vecinos.

En diálogo con El Eco Multimedios, explicó que según se viene señalando en distintos ámbitos, la traza urbana de la ruta representa una de las principales problemáticas estructurales de Tandil, tanto por su condición de barrera física como por los riesgos que implica para quienes la transitan a diario. En ese sentido, distintos sectores vienen advirtiendo que el crecimiento de la ciudad, especialmente hacia el norte, profundizó las dificultades de circulación y multiplicó los puntos críticos.

En esa línea, Lafourcade advirtió que cualquier proceso licitatorio debe contemplar no sólo la circulación vehicular, sino también la realidad de quienes viven, trabajan o estudian a ambos lados de la ruta. “No se trata solamente de mejorar el tránsito, sino de pensar cómo se integra esa traza a la ciudad”, planteó, en sintonía con los reclamos que vienen sosteniendo vecinos y organizaciones.

En ese marco, Lafourcade también puso el foco en posibles irregularidades en el proceso de licitación, y advirtió sobre la necesidad de extremar los controles institucionales. Según señaló, existen inquietudes respecto a la transparencia, los plazos y las condiciones en las que se lleva adelante el llamado, en línea con cuestionamientos que ya habían sido planteados por otros actores.

La defensora del Pueblo sostuvo que es fundamental que toda la información vinculada al proceso sea clara, accesible y pública, y que se garantice el cumplimiento de los mecanismos legales correspondientes. “Cuando se trata de una obra de esta magnitud, no puede haber dudas. La transparencia es clave para generar confianza en la comunidad”, remarcó.

La titular de la Defensoría del Pueblo recordó que el organismo viene acompañando el reclamo histórico por obras en la 226 y que incluso ha participado en instancias como audiencias públicas y reuniones con vecinos, donde se expusieron las dificultades cotidianas para cruzar la traza, la falta de infraestructura adecuada y los reiterados siniestros viales.

Además, remarcó la importancia de incorporar obras complementarias que permitan mejorar la seguridad, como accesos controlados, cruces seguros, iluminación y señalización adecuada. En ese sentido, insistió en que las soluciones parciales o de corto plazo no resuelven el problema de fondo.

Otro de los puntos que subrayó fue la necesidad de que el proceso sea transparente y contemple instancias de participación ciudadana. Según indicó, las decisiones que se adopten en esta etapa tendrán consecuencias durante décadas, por lo que consideró fundamental que la comunidad pueda expresar sus necesidades y preocupaciones.

Asimismo,  señaló que el Estado nacional mantiene la responsabilidad sobre la infraestructura, independientemente del modelo de gestión o concesión que se adopte, y remarcó que debe garantizarse una respuesta acorde a la magnitud del problema.

Finalmente, planteó que este proceso representa una oportunidad clave para avanzar en una solución definitiva, pero advirtió que si no se contemplan las demandas históricas de la comunidad, existe el riesgo de repetir errores del pasado. Por eso, insistió en la necesidad de avanzar en un proyecto que no sólo mejore la circulación, sino que también integre la ruta a la vida urbana de Tandil y dé respuesta a una problemática que lleva años sin resolverse.

La ONG Estrellas Amarillas presentó una solicitud dirigida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para la ejecución de obras de infraestructura vial en la intersección de la Ruta Provincial 74 y el acceso por la avenida Don Bosco.

El pedido responde a la necesidad de mitigar la peligrosidad en el cruce “El Gallo”, un punto que fue escenario de siniestros viales. El antecedente más reciente ocurrió el 21 de enero del año pasado cuando un Volkswagen Golf y un camión protagonizaron un violento impacto en el que perdieron la vida tres personas.

Desde la organización detallaron que la intersección “constituye un punto crítico de alta peligrosidad vial” en virtud de la convergencia de tránsito pesado y vehículos particulares, un flujo que se ve agravado por las “velocidades elevadas propias de una ruta provincial” y “deficiencias estructurales que dificultan una circulación segura”.

Estas condiciones, a las que sumaron la “topografía y desniveles que circundan la intersección”, generan un “escenario de riesgo permanente” tanto para quienes ingresan o egresan de la ciudad como para quienes transitan por la Ruta Provincial 74.

“Lamentablemente, este cruce ha sido escenario reiterado de graves siniestros viales, algunos de ellos con consecuencias fatales”, alertaron desde la ONG.

Pedido de respuestas

En este contexto, la nota remitida a la Gobernación planteó las intervenciones que consideraron necesarias para revertir la situación.

La solicitud incluyó la construcción de dársenas de giro a la derecha en ambas manos -que cumplan función de desaceleración/aceleración-. Asimismo, incorporó la creación de carriles centrales de giro a la izquierda a los fines de generar un carril libre de circulación para los vehículos pasantes y evitar las colisiones que se producen cuando un rodado debe detenerse sobre la cinta asfáltica principal para ingresar a la avenida.

“Creemos que esta obra concreta y técnicamente viable tendrá un alto impacto preventivo que permitiría ordenar los movimientos de ingreso y egreso a la ciudad, reducir maniobras bruscas y cruces peligrosos, disminuir significativamente el riesgo de colisiones frontales y laterales y aportar previsibilidad y seguridad”, resaltaron.

La seguridad vial

Para Estrellas Amarillas, “cada obra de infraestructura vial que previene un siniestro salva vidas”. En ese sentido, la organización aseguró que el Estado tiene un rol “fundamental e indelegable en la adopción de políticas públicas orientadas a la seguridad vial como política de salud y de derechos humanos”.

En este sentido, sus integrantes instaron a las autoridades a comprender la problemática desde una perspectiva de salud pública y de defensa de los derechos humanos.

Asimismo, mencionaron que la gestión del reclamo no se limitó a la Gobernación. Con el objetivo de agilizar los procesos administrativos y asegurar que la problemática sea abordada en las órbitas técnicas correspondientes, la nota también fue enviada en copia a la Dirección de Vialidad bonaerense.

Además, dieron intervención a Martín Yáñez para que el documento “sea entregado de manera personal” al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

En una jornada clave para la infraestructura vial que afecta directamente a Tandil, el Gobierno Nacional confirmó este viernes la apertura de los sobres con las ofertas para la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC). Este proceso de privatización, que busca reemplazar el gasto público por inversión privada, incluye corredores estratégicos para la región, específicamente la Ruta Nacional 226 y la Ruta Nacional 3.

El acto administrativo contó con la participación de 15 oferentes distintos, quienes presentaron sus propuestas divididas en dos instancias: una relativa a la calidad técnica y otra con la oferta económica, la cual definirá la tarifa de peaje que se propone cobrar a los usuarios. Según informaron desde el Ministerio de Economía, este tramo denominado “Sur - Atlántico - Acceso Sur” abarca un total de 1.325,17 kilómetros.

Para los tandilenses, la noticia es de suma relevancia ya que la Ruta 226 es una vía vital para la conectividad productiva y turística. El segmento incluido en esta licitación se extiende desde el empalme con la Ruta Nacional 2 hasta la intersección con la Ruta Provincial 65, en el partido de Bolívar, atravesando el corazón de la ciudad, con un tramo urbano que presenta múltiples falencias en lo que refiere a la seguridad vial, con varios fallecimientos en el historial.

Además, el mismo corredor contempla la Ruta Nacional 3, otra arteria fundamental para el centro y sur bonaerense, en el tramo que va desde Cañuelas hasta el empalme con la variante Bahía Blanca. En total, la Etapa II de este plan de concesiones abarca más de 1.871 kilómetros distribuidos entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de sus redes sociales que este esquema funciona “sin subsidios”, lo que permitirá "más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos". No obstante, el mantenimiento y la seguridad de los caminos seguirán bajo la lupa estatal: Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un sistema de control por resultados para garantizar niveles de servicio adecuados.

Aunque el proceso avanza a paso firme tras la firma de los contratos de la Etapa I en enero —que incluyó el Puente Rosario-Victoria y rutas del Mercosur—, en Tandil persiste la expectativa sobre los detalles finales. Resta conocer con precisión cuáles serán las obras y mejoras específicas incluidas en los contratos definitivos para la Ruta 226, un tema que ya ha generado alertas por parte de organizaciones locales como Estrellas Amarillas respecto a los plazos de inversión.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) declaró el “estado de alerta máxima” ante lo que consideró un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento del Estado" que tiene como caso testigo a la Dirección Nacional de Vialidad a partir del nuevo organigrama impulsado bajo los lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, expresó que el caso de Vialidad "demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”.

“Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”.

El sindicato denunció que, tras haber tomado conocimiento de un informe oficial del propio organismo, la Dirección Nacional de Vialidad se encuentra en un proceso denominado de “reorientación institucional” que, en los hechos, implica abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas para ser reconvertida en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.

El gremio denunció a través de un comunicado que “el Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a observar cómo lo hacen terceros —si es que lo hacen—, consumando un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial”.

Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) intimó formalmente a funcionarios del Gobierno, mediante carta documento, a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que “se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.

El gremio dejó constancia de que “este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país”.

El sindicato también hizo personalmente responsables a los funcionarios intimados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que ya se encuentran en evaluación.

El Municipio de Tandil informó que este lunes quedó habilitado nuevamente el tránsito vehicular en la intersección de López de Osornio y avenida Bolívar, luego de completarse las obras de arreglo definitivo del pavimento que se habían iniciado semanas atrás.

Los trabajos se llevaron adelante para reconstruir las losas de hormigón que se levantaron a raíz de las altas temperaturas registradas en la ciudad, situación que había obligado a retirar el material dañado y colocar estabilizado como solución provisoria para permitir la circulación temporaria.

Desde la Dirección de Vialidad detallaron que, una vez finalizadas las tareas de preparación de la base y el posterior hormigonado, se respetó el período técnico de fraguado del material, que demanda entre 15 y 20 días, dependiendo de las condiciones climáticas, antes de autorizar la reapertura al tránsito.

En ese proceso, como ocurre en cada obra de pavimentación, repavimentación o arreglo de calzadas y bocacalles, se realizaron controles técnicos específicos, que incluyeron la toma de muestras de hormigón al momento de su colocación. Dichas muestras fueron trasladadas al laboratorio municipal, donde se sometieron a distintas pruebas de resistencia y fuerza para verificar que el material alcanzara los valores necesarios para soportar de manera segura la circulación vehicular.

Desde el área explicaron que estos procedimientos son fundamentales para garantizar la durabilidad de las obras y evitar deterioros prematuros en la calzada, asegurando una intervención de mayor calidad y una mejor respuesta a largo plazo para el tránsito urbano.

Con la habilitación de este lunes, el sector vuelve a contar con circulación normal, completando así una intervención clave en un punto de alto tránsito de la ciudad.

El Municipio de Tandil continúa desarrollando los programas de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial de la ciudad. A partir del lunes 9 de febrero se interrumpirá el tránsito vehicular en la avenida Colón, entre Pellegrini y Montevideo, en la mano sentido hacia avenida España.

En ese tramo, personal de la Dirección General de Vialidad llevará adelante tareas de reparación de la calzada en distintos sectores donde se detectaron inconvenientes. Los trabajos incluirán el retiro del granitullo existente, la reparación de la base y la posterior recolocación del material.

Además, se precisó que quienes circulen por las calles Pellegrini y Montevideo podrán cruzar la avenida.

Cambios de recorrido del Transporte Público de Pasajeros

Debido al desarrollo de las obras en Av. Colón entre Pellegrini y Montevideo, se producirán cambios en recorridos de las líneas 500 y 501 del Transporte Público de Pasajeros.

Línea 500

Recorrido habitual, Colón, Machado, 4 de abril, Las Heras, Colón, recorrido habitual.

Línea 501

Recorrido habitual, Arana, Colón, Pellegrini, Alem, recorrido habitual.

En el marco del plan de inversión de los recursos obtenidos por la venta del predio de Santamarina 450, adquirido en junio pasado por la empresa Bahms SA del grupo Faro Verde a través de una subasta pública, el Municipio presentó ayer la maquinaria para la planta de hormigón cuyas obras de infraestructura y montaje comenzarán en los próximos días con miras a su puesta en funcionamiento en mayo.

Los dos camiones motohormigoneros de última generación, sumado un desobstructor para desagües pluviales, fueron presentados ayer durante un encuentro que se desarrolló frente a la Municipalidad y que contó con la presencia del intendente Miguel Lunghi, del secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, funcionarios y concejales.

“La idea es poder dejar de tercerizar el servicio de pavimentación y empezar a realizarlo por administración”, lo que redundará en una “reducción de los costos de obra” y “nos permitirá hacer una mayor cantidad de cuadras de pavimento y tener una respuesta más amplia a la demanda de infraestructura”, resumió el director general de Vialidad, Mauro Ortega, al referirse al impacto que tendrá la nueva estructura.

En diálogo con El Eco de Tandil, funcionario explicó que estas máquinas poseen una capacidad de 10 metros cúbicos cada una, superando al equipo con el que actualmente cuenta la dependencia, que alcanza los siete metros cúbicos.

La licitación de los camiones, por un valor cercano a los 170 millones de pesos por unidad, fue ganada por la firma cordobesa Indumix. Como ventaja de los equipos, señaló que, “a diferencia del que ya tenemos, estos son independientes del camión”, por lo que, “cuando no estemos hormigonando, podemos desenganchar el trompo y utilizar el camión con un semi para otras utilidades”.

La nueva planta de hormigón

Asimismo, Ortega adelantó que, tras el proceso de licitación pública en el que resultó adjudicada la empresa de Mariano Cambronera, las obras de infraestructura en el predio de Vialidad comenzarán en los próximos días.

“Nosotros calculamos que para fines de abril o los primeros días de mayo vamos a tener en funcionamiento la planta”, estimó el director, que aclaró que el plazo de obra previsto es de tres meses.

Mientras eso avanza, señaló que “seguimos trabajando con nuestra planta”, una estructura con la que cuenta el municipio que tiene más de 50 años de antigüedad. “Ya cumplió su vida útil, pero sigue dando batalla”, apuntó.

En tanto, el director general de Vialidad se refirió al proceso para instalar la planta de asfalto, la segunda parte del proceso de inversión de los recursos. Actualmente, el Municipio se encuentra en la etapa de preparación de los pliegos licitatorios y estimó que serán presentados “antes de mediados de año”.

Refuerzo en el sistema de desagües pluviales

Además del equipamiento para pavimentación, Vialidad sumó un desobstructor de tiro para el mantenimiento y saneamiento de desagües pluviales. Esta unidad, que demandó una inversión aproximada de 70 millones de pesos, se suma al camión desobstructor presentado meses atrás y completa la maquinaria que incluye una minipala y una retropala.

El sistema cuenta con una manguera de 150 metros y un tanque de agua de más de tres mil litros que opera mediante alta presión. “Lo que hacen los agentes es ingresar a los sumideros o conductos que están tapados; el agua a presión permite desobstruir donde el material está muy apelmazado y no deja pasar el agua”, describió el funcionario.

Este equipo se financió a través de un préstamo de mil millones de pesos otorgado por el Banco Provincia, destinado específicamente a fortalecer la infraestructura de desagües en la cuidad.

La nueva estructura

Según se desprende del pliego de bases y condiciones de la licitación, el proyecto consiste en la adquisición e instalación de una planta dosificadora de hormigón en el predio de Vialidad Municipal con el fin de “optimizar la producción de hormigón armado para obras públicas y mantenimiento vial, garantizando calidad, eficiencia y autosuficiencia en la provisión del material”.

La estructura se implantará en el predio delimitado por las calles Chapaleofú, Patagonia, San Felipe y Magallanes, para lo cual se destinará una superficie de 3.600 metros cuadrados (de un total de 33.712 metros cuadrados).

Los componentes principales de la planta, diseñada para soportar una producción de hasta 80 metros cúbicos por hora, incluyen cintas transportadoras y tolvas de almacenamiento para materiales gruesos y finos (arena, grava, cemento); sistema de pesaje con balanzas digitales para cada componente, permitiendo la precisión en la mezcla (áridos, cemento y agua); sistema de control y automatización con un panel de control que permite gestionar todo el proceso de manera eficiente y automática; silos de acopio de cemento tipo vertical con capacidad de almacenamiento de 52 metros cúbicos; tanques de agua con capacidad de almacenamiento de 10 mil litros; y un sistema de dosificador de aditivos.

Además, contempla zonas diferenciadas. Por un lado, zona de acopio de áridos, para lo cual se construirán espacios delimitados para la diferenciación y almacenamiento de distintos tipos de áridos; y por otro, una zona de lavado de mixers, una zona específica con instalaciones y pavimentación adecuada para el lavado y limpieza.

También se construirá una cabina de control que alojará equipamiento eléctrico y de automatización y que permita la operación y monitoreo de la planta.

La implantación de la planta dosificadora de hormigón constituye un aspecto “estratégico fundamental” para garantizar su funcionamiento “eficiente, compatibilidad con las operaciones existentes y seguridad en las actividades futuras”.

La estructura se ubicará en la esquina sureste del predio, planteando así una “nueva circulación vehicular que permitan la integración con las infraestructuras existentes en el predio”.

Además, contempla la conexión de los caminos internos con las vías principales del predio municipal, asegurando un tránsito fluido y seguro tanto para el ingreso y egreso de vehículos como para las operaciones diarias.