El Municipio avanzó con nuevas actuaciones administrativas vinculadas con las instalaciones de la Dirección General de Vialidad, ubicadas en Chapaleoufú 2919, donde funciona la planta de hormigón y se proyecta incorporar una planta de asfalto en frío.

A través del decreto 3216/2026, firmado el 20 de octubre, el Ejecutivo municipal abordó la documentación ambiental presentada en el marco de un expediente que incluye la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la planta de hormigón, ingresada en 2025, y una adenda incorporada en 2026 para analizar la planta de asfalto en frío.

La medida se encuadra en la Ley provincial 11.459 de Radicación Industrial, su modificatoria 15.107 y los decretos reglamentarios 531/19 y 923/2020. En sus considerandos, la norma señala que el predio resulta apto según el Plan de Desarrollo Territorial y que allí se desarrollan actividades compatibles con el proyecto.

La documentación ambiental identifica al aire, el agua, el suelo y el paisaje entre los factores que pueden resultar afectados durante las etapas de construcción y funcionamiento. Por ese motivo, contempla medidas de mitigación vinculadas con la calidad del aire, los ruidos y las vibraciones, los recursos hídricos superficiales y subterráneos, el suelo y las condiciones de trabajo de los operarios.

También establece pautas para la gestión de los residuos domiciliarios, industriales no especiales y especiales, con indicaciones sobre su almacenamiento transitorio y disposición final. En materia de emisiones gaseosas, el expediente deja constancia del inicio de los trámites correspondientes a la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA) ante el Ministerio de Ambiente bonaerense.

En cuanto al uso del agua, se prevé el abastecimiento mediante un pozo, para el cual deberán tramitarse los permisos ante la Autoridad del Agua (ADA). Además, el proyecto contempla piletas de sedimentación y decantación para separar los sólidos presentes en el agua residual. Una vez clarificada, el agua será transferida a un tanque de almacenamiento y reutilizada en el predio.

La evaluación también establece que, ante un eventual abandono de la actividad, deberán retirarse los residuos y, si fuera necesario, desmantelarse las instalaciones, con prioridad en la protección ambiental.

En el artículo primero, el decreto otorga el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) al área municipal de la Dirección General de Vialidad dedicada a la elaboración de hormigón. A su vez, establece que el certificado tendrá una vigencia de cuatro años, computada desde el otorgamiento realizado en 2025.

Al vencimiento de ese plazo, deberá presentarse una auditoría ambiental que describa el funcionamiento de las plantas de hormigón y de asfalto en frío, además de dar cuenta del cumplimiento de las condiciones derivadas de la revisión de la documentación ambiental.

La norma también dispone que el certificado quedará revocado automáticamente si se registra un incremento superior al 20 por ciento en el dimensionamiento de la actividad. Asimismo, advierte que el incumplimiento de las medidas de mitigación puede derivar en su revocación por parte de la autoridad de aplicación.

Por último, aclara que el otorgamiento del CAA no exime del cumplimiento de las demás normas ambientales vigentes ni de los requisitos que establezcan las autoridades competentes.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner formalizó una nueva presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena firme que recibió en la causa Vialidad, por la que cumple seis años de prisión bajo la modalidad domiciliaria y tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego incorporaron al planteo internacional documentación que consideran relevante para cuestionar los fundamentos de la sentencia. La estrategia apunta, entre otros objetivos, a conseguir que se suspenda la inhabilitación que actualmente le impide a la exmandataria presentarse como candidata.

El reclamo ante Naciones Unidas sostiene que durante el proceso judicial se habrían vulnerado derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellos garantías vinculadas con el debido proceso, la imparcialidad judicial y los derechos políticos. Esos cuestionamientos forman parte de los argumentos de la defensa y no implican, hasta el momento, una revisión de la sentencia firme dictada por la Justicia argentina.

La condena quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los recursos presentados por la defensa y dejara vigente la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 contra la expresidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El planteo fue llevado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, integrado por 18 expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron.

Uno de los principales argumentos incorporados por los abogados está relacionado con una base de datos sobre la distribución de fondos destinados a obras viales entre 2009 y 2015.

Según explicó Beraldi, la información surgió a partir de la declaración de un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad en el juicio conocido como Cuadernos. A partir de esos datos, la defensa analizó cómo se habían distribuido recursos provenientes del fideicomiso vinculado al Decreto 54/2009.

De acuerdo con el estudio presentado por los abogados, durante ese período se destinaron más de 2.000 millones de dólares mediante ese mecanismo y las empresas vinculadas a Lázaro Báez habrían recibido alrededor del 0,85 por ciento de esos recursos.

“A Lázaro Báez se le había asignado menos del 1 por ciento”, sostuvo Beraldi al presentar los resultados. Para la defensa, ese dato contradice uno de los fundamentos utilizados para sostener que el mecanismo había sido diseñado para favorecer al empresario santacruceño.

Sin embargo, esa interpretación es discutida. Un magistrado que intervino en la causa Vialidad señaló que el planteo compara fondos destinados a obras en todo el país, mientras que el juicio contra Kirchner analizó específicamente las adjudicaciones de obra pública vial en Santa Cruz. Según esa posición, el nuevo informe no modificaría el objeto sobre el que se dictó la condena.

Los abogados de la expresidenta sostienen, en cambio, que la documentación permite cuestionar aspectos centrales de la sentencia y adelantaron que también buscarán utilizarla para promover una revisión en los tribunales argentinos.

La defensa pretende que el planteo internacional avance en las próximas sesiones del Comité y mantiene como uno de sus principales objetivos conseguir una medida que permita revisar o suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La nueva planta de hormigón, adquirida con parte de los recursos obtenidos por la venta del predio de Santamarina 450, ya se encuentra operativa luego de atravesar durante los últimos meses una etapa de puesta a punto que incluyó trabajos de conexionado, calibración y ajustes en sus distintos componentes.

El equipamiento, instalado en el predio de la Dirección de Vialidad de Chapaleofú, Patagonia, San Felipe y Magallanes, comenzó a ser utilizado en las primeras obras de pavimentación y repavimentación ejecutadas durante el año.

“Lo macro ya estaba resuelto y teníamos que apuntar a la parte fina”, señaló el titular del área, Mauro Ortega, al referirse al proceso que atravesó la planta durante julio y parte de agosto.

Según detalló en diálogo con El Eco de Tandil, durante ese período trabajaron sobre las conexiones eléctricas, de agua, cámaras y sistemas de computación, además de las calibraciones realizadas junto con la empresa fabricante.

Con las pruebas concluidas y los ajustes realizados, la planta comenzó a producir material para las obras municipales.

En ese sentido, señaló que el primer uso se dio en el tramo final de la calle Tacuarí y que luego se avanzó con la primera cuadra de San Lorenzo, donde también se utilizó parte del hormigón elaborado con el nuevo equipamiento.

“Salió todo bien, todo perfecto”, sostuvo el funcionario, que destacó además que tanto las primeras observaciones realizadas por los trabajadores como los resultados de laboratorio fueron positivos. “Los primeros que lo notan son los chicos que están trabajando. Enseguida recalcaron la diferencia de la textura y de la composición del material”, enfatizó.

Una capacidad que todavía no se utiliza al máximo

La nueva planta cuenta con una capacidad máxima de producción de 80 metros cúbicos de hormigón por hora. Sin embargo, actualmente el Municipio trabaja con una producción aproximada de 30 metros cúbicos.

De acuerdo con lo expuesto, esta diferencia responde a que el esquema fue diseñado contemplando también la posibilidad de abastecer obras que sean ejecutadas por empresas privadas mediante licitación. En ese escenario, la planta podría trabajar en paralelo con los equipos municipales y con los motohormigoneros de la empresa contratista.

“En ese caso sí estaríamos trabajando en un rango casi al límite de la planta”, anticipó. Por el momento, las obras municipales se desarrollan por administración, por lo que esa capacidad adicional todavía no es necesaria.

El principal impacto de la incorporación de la planta, según explicó el director de Vialidad, está vinculado con la reducción de los costos y la posibilidad de utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.

“Esto implica un ahorro en cuanto a los gastos para la preparación del material y de la inversión para ejecutar una cuadra”, resaltó el funcionario.

A más datos, planteó que el esquema de trabajo por administración permite que la planta, los camiones y el personal involucrado en las tareas sean municipales, sin la intervención de una empresa externa para ejecutar la pavimentación.

A esta situación sumó la posibilidad de trabajar con un mayor control sobre las fórmulas utilizadas y sobre las cantidades de cada componente incorporado al hormigón, “lo cual hace que el desperdicio de material sea el menor posible”.

La nueva planta cuenta con balanzas automatizadas que permiten dosificar con mayor precisión los materiales. Como ejemplo, Ortega explicó que si una fórmula requiere entre 300 y 330 kilos de cemento por metro cúbico, el sistema realiza una medición exacta.

Según planteó, esa precisión reduce el desperdicio y permite ajustar el uso de materiales a las necesidades de cada producción. La planta anterior, instalada en el predio lindante al cementerio municipal, presentaba mayores márgenes de error en el pesaje, lo que podía derivar en un consumo adicional de insumos.

El ahorro también se refleja en el costo estimado de una cuadra de hormigón. Ortega planteó que una obra que, a modo de referencia, podía representar unos 80 millones de pesos mediante una contratación privada, actualmente puede rondar entre los 55 y 60 millones cuando se realiza con la nueva planta y bajo administración municipal.

El Fondo de Inversión Vial

Las obras que se realizan por administración se financian a través del Fondo de Inversión Vial, que cuenta con un presupuesto que ingresa mensualmente a partir de las tasas municipales.

“Nosotros tenemos el Fondo de Inversión Vial con un presupuesto asignado. Eso va entrando mes a mes con el ingreso de las tasas municipales y nosotros, en base a eso, vamos realizando las pavimentaciones”, repasó el director.

Para determinar qué sectores se intervienen, Vialidad cuenta con un listado de cuadras a pavimentar o repavimentar. Cada una recibe una “puntuación” que permite establecer un orden de prioridades y, a partir de ese ranking, se definen las intervenciones en función del presupuesto disponible y de los tiempos de ejecución.

Actualmente, los trabajos avanzan sobre distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos es Fray Justo Santa María de Oro, donde se desarrolla un proceso de repavimentación.

En paralelo, también continúan obras ejecutadas mediante licitación. Ortega indicó que en este momento se encuentra en proceso una contratación para trabajos de cordón cuneta, a cargo de la empresa Galizio.

El Estado podría tener que afrontar casi 10 millones de dólares en honorarios de abogados luego de que quedara sin efecto el juicio civil que la Dirección Nacional de Vialidad había iniciado contra Cristina Kirchner y otros involucrados en la causa por la obra pública en Santa Cruz. La suma en discusión asciende a unos 13.614 millones de pesos y corresponde a los honorarios regulados a favor de 12 abogados que intervinieron en representación de los demandados.

El cobro, sin embargo, todavía no está firme. Vialidad Nacional recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la decisión que dio por terminado el expediente y la Cámara suspendió el trámite de las regulaciones hasta que se resuelva ese planteo. La demanda había sido promovida en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, entre ellos Juan Carlos Villafañe, José Raúl Santibáñez, Raúl Osvaldo Daruich, Nélson Periotti, José Francisco López y Raúl Gilberto Pavesi.

Con el paso del tiempo, el Estado dejó de impulsar el expediente. La inactividad comenzó durante la gestión de Alberto Fernández y terminó de consolidarse entre marzo y abril de 2025. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró entonces la caducidad de la instancia, una figura procesal que permite dar por terminado un juicio cuando la parte que debe impulsarlo permanece inactiva durante el plazo previsto por la ley.

A partir de esa decisión, los abogados de los demandados pidieron que se fijaran sus honorarios, regulación que fue realizada el 9 de abril pasado. El monto más alto corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Villafañe y Santibáñez, a quien se le regularon aproximadamente 3.714 millones de pesos, equivalentes a unos 2,42 millones de dólares. También fueron regulados honorarios por unos 1,21 millones de dólares cada uno para Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora. En el caso de los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín tiene asignados alrededor de 359 mil dólares y Fernando Muriel, unos 216 mil dólares.

El 14 de julio, la Cámara resolvió suspender el trámite de regulación de honorarios hasta que la Corte Suprema defina el recurso presentado por Vialidad. Ante esa situación, Goldín y Muriel acudieron el 4 de agosto directamente al máximo tribunal, denunciaron una situación de privación de justicia y pidieron que se deje sin efecto la decisión que mantiene congeladas las regulaciones.

La discusión se tramita en paralelo con la ejecución patrimonial de la condena penal en la causa Vialidad, donde el Tribunal Oral Federal N° 2 avanza sobre los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados para hacer efectivo el decomiso. El monto fue actualizado de acuerdo con un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y quedó establecido en 685.000 millones de pesos, cifra que ya fue confirmada en las distintas instancias judiciales.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires retomó en Tandil las charlas gratuitas de educación vial destinadas a instituciones educativas, una iniciativa que busca acercar desde edades tempranas conocimientos y herramientas para desenvolverse de manera segura en la vía pública.

La actividad está a cargo de Valeria Grassi, abogada y guía de educación vial, quien en diálogo con El Eco explicó que los encuentros abordan diferentes contenidos de acuerdo con las edades de los estudiantes. Durante este año, la propuesta está orientada principalmente a jardines de infantes y escuelas primarias, mientras que para el próximo ciclo se prevé incorporar también a establecimientos secundarios.

“El contenido varía según la edad de los chicos. En los más pequeños se trabaja mucho sobre el peatón, los lugares seguros para jugar y la importancia de viajar con el cinturón colocado”, señaló Grassi.

La iniciativa depende de Vialidad bonaerense y funciona como una extensión del Centro de Educación Vial de Mar del Plata, correspondiente a la Zona X, jurisdicción que incluye a Tandil y a otras localidades de la región. La actividad había dejado de desarrollarse en 2019 y fue retomada en agosto de este año.

Para poner nuevamente en marcha el programa, el proyecto fue presentado ante la Inspección Distrital, que posteriormente lo distribuyó entre las inspectoras y las autoridades de las distintas escuelas. A partir de esa instancia, cada institución interesada debe comunicarse directamente con la responsable de la propuesta para coordinar una fecha.

Las charlas son completamente gratuitas e incluyen material didáctico y actividades destinadas tanto a los alumnos como a los docentes. La agenda prevista para los próximos meses ya incluye encuentros en instituciones de Cerro Leones, la Escuela Especial 503 y la Escuela 59, entre otros establecimientos.

Grassi destacó que una única charla no resulta suficiente para modificar conductas y remarcó la importancia de que las escuelas continúen trabajando la temática en forma sostenida.

“Esto no se revierte con una sola vez que yo pueda ir. Es un trabajo continuo”, sostuvo. En ese sentido, mencionó el caso de la Escuela 21, donde a partir del encuentro se comenzó a preparar un proyecto para que los estudiantes realicen acciones de concientización en el entorno del establecimiento, como la entrega de folletos a vecinos y conductores.

Además, adelantó que trabaja en una propuesta vinculada con la prioridad de paso del peatón, con la intención de presentarla el próximo año en la Banca 21 del Concejo Deliberante.

La guía recordó que la prioridad peatonal está contemplada en la Ley Nacional de Tránsito, a la que adhiere la Provincia de Buenos Aires, aunque consideró que todavía existe un escaso cumplimiento de esa normativa.

“Está en la ley, pero no se cumple”, afirmó, y señaló que en otros municipios se avanzó con ordenanzas que establecen sanciones más severas para los conductores que no respetan el paso de las personas que circulan a pie.

La dinámica de los encuentros comienza con una explicación sobre el trabajo que realiza Vialidad y continúa con conceptos relacionados con los siniestros viales y el significado de la vía pública.

A partir de allí se desarrollan juegos, dramatizaciones y ejercicios prácticos. Entre las actividades, los chicos simulan viajar en un vehículo para identificar la manera correcta de utilizar el cinturón de seguridad, el lugar donde deben sentarse y los riesgos de trasladarse a upa de una persona adulta.

También se utiliza un semáforo didáctico y, en el caso de los estudiantes más pequeños, se realiza un examen simbólico para obtener una “licencia de peatón”. Durante el juego deben reconocer si determinadas conductas son correctas o incorrectas, como cruzar por la esquina, utilizar la senda peatonal, atravesar la calle entre vehículos estacionados o hacerlo cuando el semáforo está en rojo.

“Todo se trabaja de manera bastante lúdica para que puedan engancharse”, explicó Grassi, quien precisó que la duración de las actividades se adapta a cada grupo y es menor en los jardines de infantes.

La propuesta está abierta a instituciones públicas y privadas, así como a establecimientos ubicados en las localidades rurales del partido. Las escuelas secundarias también pueden establecer contacto para comenzar a coordinar actividades de cara al próximo año.

Las instituciones interesadas pueden comunicarse mediante WhatsApp al 462-6018 para consultar disponibilidad y acordar una visita. Debido a la demanda, la agenda de actividades ya se encuentra prácticamente completa hasta octubre.

A partir de este miércoles quedará nuevamente habilitado el tránsito en la zona de San Lorenzo y Pinto, luego de las restricciones implementadas en las últimas semanas por el avance de las obras de repavimentación que lleva adelante el Municipio de Tandil.

La reapertura permitirá normalizar la circulación vehicular en la bocacalle de San Lorenzo y Pinto, uno de los puntos que permaneció cerrado para posibilitar el desarrollo de los trabajos sobre la calzada.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección General de Vialidad y formó parte de las tareas de repavimentación de San Lorenzo entre San Martín y Belgrano, que incluyeron trabajos sobre la intersección con Pinto.

Las obras contemplaron la remoción del pavimento existente, la adecuación de la base y la reconstrucción de la calzada en hormigón, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad vial en un sector de importante movimiento vehicular.

Durante el desarrollo de los trabajos fue necesario implementar distintos cortes y modificaciones en el tránsito, principalmente sobre San Lorenzo y Pinto, por lo que la habilitación prevista para este miércoles permitirá recuperar la circulación habitual en el sector.

La obra forma parte del programa permanente de inversión en infraestructura vial que el Municipio desarrolla en diferentes puntos de Tandil y que contempla trabajos de pavimentación, repavimentación, bacheo y construcción de cordón cuneta.

Este frente de intervención había comenzado previamente sobre Tacuarí entre avenida Avellaneda y Serrano y posteriormente continuó sobre San Lorenzo, primero en el tramo comprendido entre Pinto y Belgrano y luego sobre la bocacalle de Pinto y la cuadra hasta San Martín.

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires se encuentra trabajando en el proyecto técnico para transformar en autovía la Ruta 88, el corredor que une las ciudades de Mar del Plata y Necochea. La iniciativa busca dar respuesta a la alta siniestralidad vial en la zona, según confirmó el subadministrador general del organismo, Hernán César Izurieta, en declaraciones a LU9 Radio Mar del Plata.

El funcionario explicó que la instrucción fue impartida por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, tras mantener un encuentro con familiares de una de las víctimas fatales del trayecto. A partir de este pedido, el organismo provincial inició los relevamientos necesarios para definir las características de la obra y establecer su costo.

Izurieta detalló que se están ejecutando diversos estudios de manera simultánea. Estos incluyen el análisis del estado de la calzada actual, la evaluación de posibles expropiaciones en sectores específicos para duplicar la traza, estudios de tránsito con proyecciones a futuro y los correspondientes informes ambientales. “Iniciamos este proceso, que es el lógico y es el necesario”, declaró.

Al respecto, el subadministrador general señaló que el trabajo técnico requiere tiempo y precisión. “No son dos líneas que se hacen en dos días”, advirtió, aunque ratificó el compromiso de llegar a fin de año con el proyecto cerrado. Una vez concluida esta etapa, se procederá a la búsqueda de financiamiento para una obra que contempla cerca de 100 kilómetros de autovía.

Sobre la complejidad de la intervención, Izurieta afirmó: “Estamos hablando de una inversión muy importante”. Asimismo, indicó que, si bien la provincia mantiene la voluntad de concretar el proyecto, el financiamiento provincial no sería suficiente, por lo que será necesario recurrir a instrumentos de crédito internacional.

Finalmente, el funcionario hizo referencia a los riesgos que presenta la actual configuración de la ruta, caracterizada por ser de mano y contramano y por la alta presencia de camiones. Explicó que la diferencia de velocidad entre los vehículos de carga y los automóviles genera maniobras de sobrepaso peligrosas, donde suelen acumularse tres o cuatro vehículos a la espera de una oportunidad para avanzar, lo que incrementa el riesgo de siniestros viales.

Con un monto de 1700 millones de pesos, el Municipio tiene listo el pliego para llamar a licitación por la primera etapa del proyecto hidráulico integral para mitigar inundaciones en el barrio Arco Iris. Se trata de la obra por la cual se originó el debate político de las últimas semanas: el gobierno local busca tomar un crédito para acelerar los tiempos de la iniciativa, mientras que la oposición planteó diferencias con respecto a avanzar con un endeudamiento.

En entrevista con El Eco de Tandil, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, y el director de Vialidad, Mauro Ortega, brindaron detalles de la licitación que permitirá desarrollar solo una parte del proyecto para el barrio. 

Sin el crédito, la obra se completaría en 4 años. Con el crédito, en menos de dos años. Por tal motivo remarcaron que si bien un endeudamiento supone el pago de intereses, avanzar con la iniciativa en etapas va a generar considerables costos adicionales que se acumularán mes a mes.

“Lo que planteamos es que no es lo mismo hacer una obra en cuatro años que de una sola tirada. En ese caso va a haber una única empresa, no va a haber costos improductivos y adicionales por estar frenada la obra. A lo largo de 4 años vamos a ir poniendo los caños, pero al no estar completa se van a ir sedimentando, y vamos a tener que hacer un trabajo adicional de desobstrucción. Si bien el crédito tiene un costo que es la tasa, lo que se plantea es que esa tasa está de alguna manera solventada en los costos adicionales que vamos a tener si la obra se hace en 4 años”, señalaron los funcionarios.

Lafosse y Ortega explicaron además que la primera etapa de la obra costará 1700 millones de pesos, de los cuales 1300 estaban previstos para ejecutar en 2026, y 400 restantes en 2027. Aclararon que siempre estuvo estipulado iniciar los trabajos después de la mitad del año en curso, y que no comenzaron el proyecto hasta ahora por estar a la espera del crédito que les permitiría acelerar el proceso.

ELos funcionarios hicieron referencia a que en los últimos años avanzaron con la pavimentación y el cordón cuneta de muchas de las calles del barrio y la zona. El desarrollo de la obra hidráulica permitirá mitigar inundaciones pero también habilitar otras arterias para asfaltar, una vez  que los conductos pluviales estén colocados.

Como viene marcando el Municipio desde que se abrió el debate, existe otro elemento involucrado en el tema: por menor coparticipación, por deudas de IOMA, y porque el gobierno local afrontó pagos asumidos por Provincia para obras en escuelas, la ciudad aguarda por alrededor de 5200 millones de pesos de parte de las autoridades bonaerenses.

“Podríamos tener muchas de estas obras realizadas con fondos propios", expresó Lafosse, quien sumó que "terminan siendo fondos que se le se le restan a la libre disponibilidad”.

-En diciembre de 2025 se presupuestaron 1300 millones de pesos para hacer la obra del barrio Arco Iris, pero estamos a mitad de agosto y todavía no se ejecutó lo que estaba previsto. ¿Por qué?

-Luciano Lafosse: Cuando se hizo el presupuesto el año pasado, no estaba la posibilidad de sacar este crédito. Pero cuando uno hace un presupuesto lo que plantea son prioridades. Es decir, en carpeta tenemos miles de proyectos, y decidimos cuáles son los prioritarios.

En noviembre del año pasado decidimos incorporar esta obra dentro del presupuesto y su realización con el Fondo de Inversión Vial. Entonces planteábamos hacerla con estos recursos porque la consideramos prioritarias. No se hizo porque estábamos a la espera de qué se resolvía con lo del crédito, ver si se podía aprobar. Los fondos siempre estuvieron, y son fondos que están afectados.

Pero siempre estuvo pensado que la íbamos a licitar en la segunda mitad del año. Teníamos claro que la obra salía un poco más de lo que habíamos afectado e íbamos a involucrar fondos del 2027. Ya tenemos listo el pliego.

-Mauro Ortega: Sabíamos que no íbamos a arrancar la obra a principio de año. El número de 1300 millones lo pensamos para el plan de trabajo: a ese monto tenés que ir juntándolo para pagar los certificados a la empresa. Estaba prediseñado para que la obra estipulara un plazo de 8 a 10 meses, por lo que implicaba no solamente el 2026, sino también parte del 2027. El renglón del proyecto figuran 1300 millones, y 400 ya sabíamos que iban a entrar en 2027. Por eso el pliego va a salir por los 1700 millones.

-Esta etapa llevaría estos 8 o 10 meses, pero en la presentación que realizaron a los vecinos del barrio Arco Iris marcaron que, con el crédito, el total de la obra podría estar para noviembre del año que viene…

-Ortega: El costo de la obra es uno si se hace en etapas, como estaba previsto hacerla, con asignaciones del Fondo de Inversión Vial. Es un fondo con el que no es que a principio de año ya se cuenta, con lo cual la planificación varía. El pago de los certificados tiene que tener una correlación con la incorporación de recursos.

Entonces, lo que planteamos es que no es lo mismo hacer una obra en 4 años que hacerla de una sola tirada. En ese caso va a haber una única empresa, no va a haber costos improductivos y adicionales por estar frenada la obra. A lo largo de 4 años vamos a ir poniendo los caños, pero al no estar completa se van a ir sedimentando, y vamos a tener que hacer un trabajo adicional de desobstrucción. Si bien el crédito tiene un costo que es la tasa, lo que se plantea es que esa tasa está de alguna manera solventada en los costos adicionales que vamos a tener si la obra se hace en 4 años.

Si bien el crédito tiene un costo que es la tasa, lo que se plantea es que esa tasa está de alguna manera solventada en los costos adicionales que se va a tener si la obra se hace en 4 años.

-¿Cuáles serían los costos adicionales?

-Ortega: Si una empresa hace una primera etapa, tapa todo lo que es el suelo. Después tiene que venir otra empresa que tiene que volver a abrir lo que ya tapó la anterior, para volver a conectar todo. A eso, agregarle el mantenimiento del pluvial en todo ese tiempo, que tiene que realizar el Municipio.

Entonces, eso lo que va haciendo es sumar costos indirectos  que hace que la obra sea más cara. La idea era hacer toda esa parte hidráulica en una sola etapa. Obviamente que es sentido lógico hacer una obra de una vez y no en varias etapas.

Pero además, hay otro agravante que es la pavimentación. Para todo conducto que hagas bajo tierra, si a esa calle no la pavimentás, se genera arrastre de sedimentos, que por lo general terminan desembocando dentro de los conductos. Lo ideal es que una vez que realices el conducto puedas tapar esas calles y que los conductos no se obstruyan.

Si nosotros lográbamos hacer toda la obra hidráulica en el transcurso de este año y parte del año que viene con el crédito, nosotros a mitad del año 2027 íbamos a poder empezar con pavimentación. Ahora vamos a hacer una primera etapa del conducto, el año que viene otra, quizás en 2028 terminar y en 2029 empezar a pavimentar.

Todo ese tiempo hace que en cada lluvia termine todo dentro del conducto, y es por lo que los vecinos nos llaman, por obstrucción de sumideros. Todo ese mantenimiento se puede evitar si se hiciera a una velocidad mayor.

-Lafosse: Un claro ejemplo de esto es el conducto que hicimos en Actis en 2023. Nos costó más de 100 millones de pesos la limpieza y desobstrucción de ese conducto. El crédito, a pesar de tener un sobrecosto por la tasa de interés, se terminaba pagando con todas estas cuestiones de costos adicionales.

Llamado a licitación

-Si bien hay coincidencia por la necesidad de la obra, la problemática por anegamientos en el barrio Arco Iris no es nueva. ¿Esta obra podría haberse pensado antes, proyectado antes?

-Ortega: Esto no es algo nuevo, pero no es algo que siempre haya sido así. La demografía de Tandil, más que nada en esa zona, desde lo que es 2003 en adelante fue creciendo cada vez más. A medida que van avanzando los años, la superficie que antes absorbía empieza a dejar de absorber.

Pero este proyecto viene de hace un par de años, de análisis, de estudio. Es algo que le explicaba a los a los vecinos el otro día. Cuando uno decide hacer un proyecto y un proyecto tan grande en lo que es la cuenca de aporte que tiene ese sector,  no se hace de un día para el otro, se hace con mucha información. Fue un proceso de años en los que se estuvo estudiando y analizando hasta llegar a lo que tenemos hoy.

-¿Cuándo sale el llamado a licitación y cuál es el plazo de la obra?

-Lafosse: El llamado licitación sale la semana que viene. Son alrededor de 30 días en los que tiene que haber un compás de espera porque hay que hacer una publicación en el boletín oficial. Posteriormente hay unos 15 o 20 días en los que se adjudica y después hay unos 10 días en general, con un plazo de 2 meses para empezar la obra.

-Ortega: Y el plazo de obra son 8 meses, depende el formato constructivo que decida realizar la empresa.

-El avance de la obra con recursos propios descartaría la “vía rápida”, pero en el caso de que eventualmente se apruebe la toma de un crédito ¿podrían acelerarse los tiempos?

-Lafosse: Si se si pudiera acceder a ese crédito, sí se podría acompasar. Obviamente que va a haber que hacer una nueva licitación por el resto de los de los conductos y los sumideros.

Pero según estimaciones del secretario de Economía, la gestión de un crédito de estas características por lo menos lleva unos 6 meses.

Este miércoles 12 de agosto se implementará un nuevo corte de tránsito en la intersección de San Lorenzo y Pinto, en el marco de las obras de repavimentación que el Municipio de Tandil lleva adelante sobre dos cuadras de esa arteria.

La medida permitirá avanzar con una nueva etapa de los trabajos, por lo que la circulación permanecerá interrumpida en San Lorenzo entre Pinto y San Martín, así como en Pinto entre Alberdi y San Lorenzo. Además, continuará vigente el corte sobre San Lorenzo entre Pinto y Belgrano, donde actualmente se desarrolla la reconstrucción de la calzada.

Con esta intervención, el frente de obra abarcará las dos cuadras de San Lorenzo comprendidas entre San Martín y Belgrano, incluyendo la bocacalle de Pinto.

Las tareas son ejecutadas por la Dirección General de Vialidad e incluyen la remoción del pavimento existente, la adecuación de la base y la reconstrucción de la calzada con hormigón. Según se informó, el objetivo es mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en ese sector de la ciudad.

La obra forma parte del programa permanente de inversión en infraestructura vial que impulsa el Municipio, el cual contempla trabajos de pavimentación, repavimentación, bacheo y construcción de cordón cuneta en distintos barrios.

Este frente de repavimentación ya incluyó la intervención de Tacuarí entre avenida Avellaneda y Serrano, continuó con San Lorenzo entre Pinto y Belgrano y ahora avanzará sobre la bocacalle de Pinto y el tramo comprendido entre Pinto y San Martín.

Debido a las restricciones al tránsito, las líneas 501 y 502 del transporte público modificarán parcialmente sus recorridos mientras duren las obras.

La línea 501, en sentido Tunitas–Centro, circulará por su recorrido habitual hasta Rivadavia y luego continuará por Maipú, 14 de Julio, Pinto y retomará su trayecto habitual.

En tanto, la línea 502, en sentido La Elena–Parque Industrial, realizará su recorrido habitual hasta San Lorenzo y luego desviará por Sarmiento, Chacabuco, Pinto y desde allí retomará el recorrido habitual.

Desde el Municipio solicitaron a conductores y vecinos circular con precaución en las inmediaciones de la obra, respetar la señalización instalada y optar por vías alternativas mientras permanezcan los cortes de tránsito.

A través de la resolución 1186 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional adjudicó cuatro corredores viales, una medida que formaliza la privatización impulsada por el ministro Luis Caputo. La licitación, correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales por un plazo de 20 años.

La resolución destaca por dos movimientos estratégicos: la consolidación del Grupo Corven como un actor central en el sector vial y el retorno del empresario Cristóbal López al negocio de los peajes. La firma CPC, propiedad del empresario, se adjudicó el corredor Portuario Norte, que comprende 528 kilómetros entre las rutas 9, 33 y la A-008, con la proyección de instalar nuevas cabinas de peaje en Trenque Lauquen, Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda.

El Grupo Corven, liderado por Leandro Iraola, se convirtió en el principal jugador del sector al obtener dos tramos a través de su brazo financiero, Creditech. En el tramo Mediterráneo, que abarca 672 kilómetros en las rutas nacionales 7 y 35, se impuso la oferta presentada junto a Plantel. Asimismo, el mismo consorcio ganó el tramo Portuario Sur, con 636,75 kilómetros sobre las rutas 9 y 188.

Por otro lado, el tramo Puntano, que incluye 720 kilómetros en las rutas 8, 36, 193 y la circunvalar de Río Cuarto, fue adjudicado a la unión de empresas Basaa y Cecosa. La constructora Basaa, vinculada anteriormente a la gestión de Juan Schiaretti, presentó una oferta de 1440,08 pesos más IVA por cada 100 kilómetros.

El regreso de Cristóbal López ocurre en un contexto judicial complejo, ya que el empresario enfrenta los juicios orales por las causas Cuadernos y Los Sauces-Hotesur. Cabe recordar que, durante la gestión de Mauricio Macri en 2017, el Estado le rescindió contratos previos por incumplimientos en obras y retención de fondos. Según lo establecido en la licitación, los precios de las tarifas fueron calculados a julio de 2025, por lo que deberán ser actualizados para determinar el valor final que abonarán los usuarios al subir las barreras.

El Municipio avanzó con la denuncia penal por los daños provocados en la obra de pavimentación de la calle Tacuarí, luego de reunir imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas que, según indicaron desde la comuna, permitieron identificar al vehículo que ingresó al sector restringido y ocasionó el deterioro del hormigón recién ejecutado.

En diálogo con El Eco Multimedios, el secretario de Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, explicó que el hecho fue advertido el jueves por la tarde, tras la denuncia de un vecino y el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo.

"Nos enteramos de este suceso el jueves por la tarde cuando cámaras de seguridad lo captan a través de una denuncia de un vecino, justamente uno de los que vive en esa cuadra. Haciendo las averiguaciones y viendo las distintas cámaras, vemos un vehículo ingresar por la intersección de Tacuarí y Roser y luego salir por Tacuarí y avenida Avellaneda", relató.

A partir de esa información, el viernes por la mañana funcionarios municipales recorrieron el lugar para reunir más pruebas. "Fuimos con Luciano Lafosse a la Secretaría de Protección Ciudadana, vimos las cámaras y después nos dirigimos con Mauro Ortega (Director General de Vialidad) al lugar de los hechos. Hablamos con varios vecinos, pedimos cámaras y robustecimos la denuncia que habíamos estado elaborando", señaló.

Con ese material, ese mismo viernes por la tarde el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, formalizó la presentación ante la Fiscalía, aportando la patente del vehículo, registros del sistema de monitoreo y grabaciones de cámaras particulares.

Maciá Cantarelli explicó que las imágenes permitieron reconstruir con precisión el recorrido del automóvil. "Las cámaras de ambas esquinas mostraban que ingresaba y salía, pero no lo veíamos transitando porque el tramo afectado está en el medio de la cuadra. Entonces incorporamos las cámaras privadas de dos vecinos, que captaban con mayor nitidez el paso del vehículo. Así no habría ninguna duda de que fue el vehículo que ocasionó el daño", afirmó.

El funcionario aseguró además que las averiguaciones realizadas permitieron determinar que el conductor no era vecino del sector, por lo que no estaba habilitado para ingresar.

"No es un vecino del barrio y habría violado todas las vallas preventivas que había, no solo en Tacuarí y Roser, sino también en la calle paralela. A los únicos que se les permitía el ingreso era a los frentistas. Además, había una malla de seguridad que abarcaba toda la calle y las veredas, por lo que no pudo haber ingresado nunca, pero ingresó", sostuvo.

Respecto de las consecuencias,  indicó que el pavimento dañado debió ser retirado y volver a ejecutarse, una tarea que quedó a cargo de la Dirección de Vialidad. "El viernes por la mañana ya había personal y maquinaria levantando todo ese material porque había que rehacer varios metros. Dejarlos así iba a conllevar mayores perjuicios", explicó.

En cuanto al impacto económico, señaló que la valuación definitiva aún será realizada por la Dirección de Vialidad, aunque las primeras estimaciones son importantes. "Por lo que hablé ese día con Mauro Ortega y Luciano Lafosse, los daños rondaban, más o menos, los 15 millones de pesos", precisó.

Consultado sobre si el conductor ya fue notificado, Maciá Cantarelli respondió que todavía no, debido a que la denuncia fue presentada recientemente. "Recién se dio a conocer esto en Fiscalía el viernes por la tarde. Hoy nos informaron que la investigación penal preparatoria quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Tandil", concluyó.

Mientras Cristina Kirchner y sus hijos intentan frenar ante la Corte Suprema el proceso de ejecución patrimonial derivado de la causa Vialidad, en Comodoro Py avanza el procedimiento para decomisar 141 bienes. Entre ellos, se encuentran los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner, secuestrados originalmente en la causa Hotesur.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es el responsable de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, el proceso contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes para resarcir el fraude, estimado en 685.000 millones de pesos.

Hace veinte días, la Cámara de Casación ratificó la orden de avanzar sobre 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. A pesar de los recursos interpuestos por la defensa ante el máximo tribunal, desde Comodoro Py sostienen que la ejecución patrimonial sigue su curso.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu, en su carácter de presidente del tribunal, ha solicitado informes sobre 141 propiedades, mayoritariamente vinculadas a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. No obstante, una pieza clave para completar el proceso es la respuesta del Banco Galicia respecto a los fondos embargados: 4.664.000 dólares de una caja de seguridad, 992.134 dólares de una caja de ahorro y 53.280,24 pesos.

La justicia federal sostiene que estos activos, que forman parte de la causa Hotesur por asociación ilícita y lavado de activos, no fueron justificados en su origen lícito. El criterio aplicado por el TOF 2 establece que todo bien incorporado al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015 es susceptible de ser ejecutado.

Lázaro Báez, de 75 años, fue internado de urgencia este viernes por la noche debido a un cuadro de pulmonía mientras cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. La información fue confirmada por autoridades penitenciarias, que señalaron que el empresario permanece bajo atención médica especializada.

Báez se encuentra alojado en el penal de Ezeiza, donde cumple condenas derivadas de las causas conocidas como Ruta del Dinero K y Vialidad, dos de los expedientes judiciales más resonantes vinculados a hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

Según trascendió, el empresario fue trasladado al Hospital Alberto Eurnekian, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, luego de que su cuadro respiratorio se agravara en las últimas horas. De acuerdo con allegados, su estado de salud venía presentando complicaciones desde hacía varios días.

En los últimos meses, los abogados defensores de Báez habían solicitado en reiteradas ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando que el empresario integra un grupo de riesgo debido a diversas patologías preexistentes.

Entre los problemas de salud que padece figuran diabetes, hipertensión arterial, bronquitis crónica y una afección intestinal que, según la defensa, le provocó episodios de hemorragias digestivas. Estas condiciones requieren controles médicos permanentes y, de acuerdo con sus representantes legales, se habrían agravado durante su permanencia en el sistema penitenciario.

Báez cumple una condena de 15 años de prisión por lavado de dinero, entre otros delitos. Su figura quedó estrechamente ligada al kirchnerismo debido a su cercanía con el expresidente Néstor Kirchner y al crecimiento de sus empresas constructoras en Santa Cruz, donde se convirtió en uno de los principales adjudicatarios de obra pública.

Además de sus actividades en la construcción, el empresario expandió sus negocios hacia el sector inmobiliario, consolidando un importante patrimonio que posteriormente quedó bajo investigación judicial en distintas causas federales.

Por el momento, no se difundió un parte médico oficial sobre su evolución, aunque las autoridades continúan monitoreando su estado de salud mientras permanece internado.

El proyecto de la planta de hormigón municipal ingresó en su etapa final previa a la puesta en funcionamiento. En las últimas horas llegó a Tandil el equipamiento principal adquirido por el Municipio y este miércoles comenzaron las tareas de ensamblaje y montaje en el predio de la Dirección de Vialidad, ubicado sobre la calle Chapaleofú.

Como parte de esta nueva etapa, se realizó el montaje de los silos de almacenamiento y se inició el ensamblaje de los distintos componentes que integran la planta.

Se estima que esa tarea quedará completada durante los próximos días, permitiendo avanzar posteriormente con el montaje definitivo en el sector donde funcionará de manera permanente. En paralelo continúan las obras de infraestructura necesarias para la puesta en marcha del sistema.

Los trabajos, que se desarrollan en un espacio especialmente acondicionado dentro del predio de Vialidad, incluyen la construcción de estructuras de soporte, sectores de acopio de materiales, áreas operativas y espacios destinados al mantenimiento y funcionamiento del equipamiento.

La finalización de esas tareas está prevista para fines de este mes o principios del próximo, momento a partir del cual se avanzará con las pruebas y la puesta en funcionamiento de la planta.

Durante la jornada, el intendente Miguel Lunghi recorrió el predio junto al secretario de Servicios Públicos, Claudio Fuentes, y el director de Vialidad, Mauro Ortega, para supervisar el avance de los trabajos y observar las tareas de montaje que se desarrollan en el lugar. Ambos dialogaron con los responsables técnicos sobre los próximos pasos a seguir para concretar la puesta en funcionamiento de la planta.

“Ver llegar y comenzar a montar esta planta es una enorme satisfacción porque representa la concreción de un proyecto en el que venimos trabajando desde hace tiempo”, resaltó y destacó que “estamos viendo cómo se concretan la planificación que hicimos y una inversión importante que realizamos pensando en el futuro de Tandil”.

El jefe comunal aseguró que la planta “nos permitirá ganar capacidad operativa y planificar con mayor eficiencia obras de pavimentación, repavimentación y cordón cuneta en distintos barrios”.

Además, Lunghi resaltó que “es una forma de gestionar los recursos públicos apostando a generar herramientas permanentes para la ciudad, que nos permitan seguir mejorando la infraestructura urbana y acompañar, de forma estratégica, el crecimiento de Tandil con una mirada de largo plazo”.

La incorporación de esta infraestructura permitirá al Municipio fortalecer los programas de pavimentación, repavimentación y construcción de cordón cuneta que se ejecutan en distintos sectores de la ciudad, mejorando la capacidad operativa y la planificación de las obras públicas.

El proyecto demanda una inversión total de 1.200 millones de pesos y se financia con recursos obtenidos a partir de la venta del predio municipal ubicado en Santamarina 450, de acuerdo con lo establecido por la ordenanza que autorizó esa operación.

Durante los últimos meses, el Municipio avanzó en cada una de las etapas previstas para concretar esta iniciativa, que incluyó la adquisición de la planta dosificadora de hormigón, la compra de dos camiones y dos motohormigoneras cero kilómetro y la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para su instalación.

Con la llegada del equipamiento principal y el inicio de su montaje, el proyecto inicia su etapa final y se encamina hacia su próxima puesta en funcionamiento, consolidando una herramienta estratégica para el desarrollo de la obra pública en Tandil.

El Municipio informó que este martes se realizará un corte de tránsito en la calle Beiró, en el tramo comprendido entre Patagonia y Pasos, debido a trabajos de reparación sobre la calzada.

Según se detalló oficialmente, las tareas comenzarán a las 8 de la mañana y se prevé que finalicen durante las primeras horas de la tarde, por lo que el tránsito vehicular permanecerá interrumpido en ese sector durante aproximadamente cuatro o cinco horas.

Desde la Dirección General de Vialidad explicaron que “en la calle Beiró se dañó el pavimento en un sector, y que durante unas cuatro o cinco horas estaremos trabajando en la reparación de la calzada”.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y, en lo posible, utilizar caminos alternativos para evitar inconvenientes mientras se desarrollen las tareas.

La intervención forma parte de los programas de inversión permanente en infraestructura vial que lleva adelante el Municipio, los cuales contemplan obras de pavimentación, repavimentación, construcción de cordón cuneta y arreglos de calles en distintos sectores de la ciudad.