El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) declaró el “estado de alerta máxima” ante lo que consideró un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento del Estado" que tiene como caso testigo a la Dirección Nacional de Vialidad a partir del nuevo organigrama impulsado bajo los lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, expresó que el caso de Vialidad "demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”.

“Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”.

El sindicato denunció que, tras haber tomado conocimiento de un informe oficial del propio organismo, la Dirección Nacional de Vialidad se encuentra en un proceso denominado de “reorientación institucional” que, en los hechos, implica abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas para ser reconvertida en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.

El gremio denunció a través de un comunicado que “el Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a observar cómo lo hacen terceros —si es que lo hacen—, consumando un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial”.

Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) intimó formalmente a funcionarios del Gobierno, mediante carta documento, a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que “se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.

El gremio dejó constancia de que “este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país”.

El sindicato también hizo personalmente responsables a los funcionarios intimados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que ya se encuentran en evaluación.

Obras paralizadas. Retraso en el trabajo de bacheo. Reclamo de vecinos. Crecimiento de los accidentes viales. Problemas para transportar la producción agropecuaria. Esas son algunas de las causas y consecuencias del mal estado de las rutas nacionales del país que, de acuerdo a un informe, alcanza a casi el 65% de la red vial nacional.

Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) advirtieron por la seguridad de quienes transitan estas rutas, cuyo estado empeora con el correr de los meses debido a la falta de mantenimiento. Un detallado informe técnico elaborado por trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, encendió las alarmas por el crítico estado de la red vial y puso el foco en varias rutas estratégicas que atraviesan la provincia de Buenos Aires.

Según el relevamiento, entre el 65% y el 70% de la calzada se encuentra en estado regular o malo, una situación que se agrava en corredores clave para la producción, la logística y la seguridad vial bonaerense. En ese sentido, destacan que desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, Vialidad atraviesa el proceso de desmantelamiento institucional más profundo desde su creación.

Con 75% menos de presupuesto que en 2023 y casi mil despidos durante la gestión libertaria, el mantenimiento preventivo fue abandonado y reemplazado por bacheos precarios que solo “administran el riesgo”. En ese sentido, se detectaron calzadas con fallas estructurales graves, baches profundos y deformaciones que han reducido la velocidad media de circulación a unos 60 km/h, incrementando significativamente los costos logísticos y la siniestralidad vial.

El informe sostiene que el mantenimiento preventivo fue prácticamente eliminado y reemplazado por bacheos precarios, incapaces de frenar el deterioro estructural de las calzadas.

Actualmente, los corredores más comprometidos tienen que ver con la paralización de los contratos de recuperación y mantenimiento y a la falta de ejecución presupuestaria del Impuesto sobre los Combustibles, que legalmente debería volcarse al bacheo, conservación y señalización.

En la provincia de Buenos Aires, son varios los trayectos con problemas. De hecho, el informe relevó que sólo el 36,8% de las rutas nacionales que pasan por el territorio están en buen estado. Mientras que el 11,5% es regular, el 51,7% está en mal estado. Si se compara con otras provincias, en Córdoba el 12% está en mal estado; en Santa Fe el 53,6%; La Pampa 38,6% y San Luis 2,2%.

La RN 3, tiene un alto tránsito que al menos entre los 14 tramos desde la provincia de Buenos Aires, en Cañuelas, hasta Azul, con alta congestión. Su traza se caracteriza por poseer un alto nivel de tránsito con un gran porcentaje de vehículos pesados: casi el 60%. Transportan agregados pétreos, cal y cemento hacia la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano como así también granos a los puertos de Rosario o de Bahía Blanca.

Además, circulan unos 9800 autos por día en el tramo desde Cañuelas a San Miguel del Monte, unos 6500 desde Las Flores hasta Azul, y otros 3500 desde la intersección de la ruta 226 hasta Coronel Dorrego.

Cabe recordar que el año pasado y tras una demanda del municipio de Azul al Gobierno de Javier Milei por el mal estado de la ruta 3, desde Vialidad Nacional calificaron como “infundado” el reclamo por el deterioro y aseguraron que el trazado no presenta daños. Sin embargo, luego “pidieron per5dón” y prometieron trabajos sobre la calzada. Es que las obras aquí permanecen paralizadas y hay un alto nivel de siniestralidad vial, lo que llevó a vecinos a hacer varias manifestaciones.

La ruta 5, que se extiende desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, presenta deterioros en tramos largos, generando peligrosidad y reclamos por falta de mantenimiento, aunque hay obras de autopista en progreso entre Mercedes y Suipacha para mejorar la circulación y la seguridad vial.

En efecto, el informe destaca que existe deterioro severo de la cartera asfáltica, bajo la situación actual no pueden desarrollarse velocidades que en promedio sean superiores a los 80 km/h, lo cual además eleva el tiempo de viaje, tornándolo más costoso. Se estima que el 30% de los vehículos que transitan allí son pesados y, además del reclamo de vecinos, también intendentes han pedido retomar las obras.

La ruta 7, entre Junín y Chacabuco, presenta un estado mixto: el tramo principal está convertido en autopista con mejoras en seguridad vial, pero enfrenta problemas de mantenimiento, obras paralizadas y riesgos persistentes en accesos y colectoras. El informe destaca que actualmente se observan baches, falta de señalización e iluminación que generan peligros de seguridad vial.

Existen quejas vecinales por baches profundos en pasos a nivel (ej. km 212), colectoras deterioradas, ausencia de demarcación, iluminación deficiente y pastizales en banquinas, elevando riesgos para tránsito pesado. De hecho, tras una serie de accidentes, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, le reclamó a Nación que "recapacite" y continúe con las obras en la ruta 7.

La ruta 33 se extiende en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Conecta ciudades de producción agrícola, cada vez más difícil, debido a que transita un pavimento altamente deteriorado y su tránsito es complejo. “La situación requiere una reconstrucción total más que un bacheo superficial”, señala la Fepevina, quien destaca la presencia de deformaciones y “cráteres”.

Diagnósticos técnicos entre Casilda, Venado Tuerto, Trenque Lauquen, Rufino y Bahía Blanca, revelan fallas estructurales como pérdida de la capacidad portante de la subrasante, lo que significa que el daño no es solo superficial, sino que la base sobre la que apoya el asfalto ha cedido. También intendentes bonaerenses elevaron sus quejas.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) llamó a consulta pública para aplicar una suba de hasta el 19% en los cuadros tarifarios de los peajes de las rutas nacionales concesionadas a Corredores Viales S.A., empresa estatal que se encuentra en proceso de privatización.

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución 42/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con el objetivo de que la ciudadanía participe en el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” antes de la aplicación de los nuevos valores.

El pedido de aumento fue realizado por la concesionaria Corredores Viales S.A., que solicitó la revisión de tarifas para los Tramos I al X de la red vial nacional. Tras evaluar la propuesta, que eleva el precio mínimo para autos a $1.500, la DNV consideró “apropiada” la implementación de la actualización y elaboró los proyectos de cuadros tarifarios que ahora se someten a consulta.

Una de las principales novedades es que la propuesta no contempla diferencias entre el pago en efectivo y el automático. De este modo, los usuarios de TelePASE dejarían de contar con el descuento diferencial y pagarían el mismo monto que quienes abonen de manera manual, en todas las franjas horarias y categorías.

Al fundamentar la apertura del proceso participativo, el organismo remarcó que “la implementación de un procedimiento que contemple la participación ciudadana es altamente beneficiosa para conseguir una mayor eficacia en la acción administrativa”.

Los usuarios e interesados podrán consultar los proyectos de aumento en la página web del organismo y expresar sus opiniones a través de un formulario durante un plazo de 15 días hábiles administrativos. El formulario completo y firmado podrá presentarse de forma digital por correo electrónico o mediante el sistema de Trámite a Distancia (TAD).

La actualización alcanzará a los diez tramos concesionados por Corredores Viales S.A., que abarcan gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje.

La reciente publicación de los pliegos con las especificaciones técnicas para el subtramo Atlántico de la Red Federal de Concesiones encendió alarmas en Estrellas Amarillas. Si bien valoró la incorporación de obras como la semaforización del tramo urbano de la Ruta Nacional 226 y la construcción de la colectora norte hasta la rotonda de acceso al Campus, advirtió sobre la extensión de los plazos y la eliminación de intervenciones que contribuirían con la seguridad vial.

Según el análisis de la organización, durante el primer año de concesión no habría avances significativos en infraestructura y las empresas se limitarán a tareas de bacheo y mantenimiento general, mientras que los trabajos estructurales recién comenzarían en el segundo y tercer año. “El plazo es muy pobre”, señaló Hernán Mansilla, que cuestionó que se priorice la rentabilidad privada sobre las necesidades de seguridad vial.

Como se informó en estas páginas, el Gobierno nacional lanzó la licitación de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales, que se dividen en dos tramos. El primero de ellos, Sur, Atlántico, Acceso Sur, abarca 1.325,17 kilómetros, entre los que se encuentran incluidos los 404,32 kilómetros de la Ruta Nacional 226 desde el empalme de la Ruta Nacional 2 en Mar del Plata hasta el cruce con la Ruta Provincial 65, en Bolívar. El segundo, en tanto, es el Tramo Pampa, con una extensión de 546,65 kilómetros.

En las últimas horas, Vialidad Nacional dio a conocer los detalles a partir de la publicación de los pliegos con las especificaciones técnicas particulares de los proyectos.

En cuanto a las obras obligatorias del tramo de la 226, que son las que debe ejecutar el concesionario, contempla la construcción de una pasarela peatonal en la localidad de Sierra de los Padres, la construcción de colectora entre el kilómetro 163 y 164,1 desde Pedersen a Reforma Universitaria, y la semaforización de la travesía urbana de Tandil entre el kilómetro 162,7 y el 171,7.

Obras y plazos

En diálogo con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), Mansilla valoró la inclusión de la semaforización para el tramo urbano, la construcción de la colectora Luis María Macaya desde Pedersen hasta Reforma Universitaria, pero expresó su preocupación por la extensión de los plazos de realización de estas obras y la eliminación de otros proyectos incluso para la Ruta Nacional 3.

En ese sentido, detalló que las concesionarias tendrán que cumplir con las obras a partir del segundo y tercer año, por lo que durante el primer año de explotación no habrá abordajes significativos, por lo que se abocarán a tareas de bacheo y mantenimiento.

Incluso, citó que la semaforización en el tramo urbano de Tandil comenzaría a realizarse al segundo año para completarse en el tercero. Si bien aclaró que resulta positiva la incorporación del plan en los pliegos de concesión, “el plazo es muy pobre”.

La crítica se extendió a la Ruta Nacional 3, donde la autovía entre Las Flores y Gorchs se iniciaría recién entre los seis y nueve años de la concesión. Mansilla reveló que esta situación ya la conocían dado que “funcionarios de Vialidad nos venían adelantando que las empresas que iban a participar de las licitaciones estaban poniendo condiciones”, por eso “se sacaron obras y se modificaron”.

El negocio sobre la prevención

En otro pasaje de la entrevista con El Eco Multimedios, Mansilla brindó un repaso sobre las concesiones de rutas nacionales al recordar que hace más de una década, el Gobierno nacional quitó concesiones por incumplimiento de obras obligatorias y de mantenimiento y pasó la gestión a Corredores Viales, una empresa del Estado.

Luego, la administración nacional durante la gestión de Mauricio Macri intentó avanzar con la implementación de los proyectos a través del mecanismos de Participación Público Privada (PPP), los cuales nunca se concretaron legalmente y “tardaron mucho tiempo en desarticularse”.

En la actualidad, el Gobierno nacional, bajo el argumento de “erradicar la corrupción en la obra pública”, impulsó la privatización total de la infraestructura vial. “No hay que perder el foco que los principales afectados y los principales usuarios somos los ciudadanos”, enfatizó Mansilla.

El referente de Estrellas Amarillas denunció que el año pasado, el presupuesto destinado a obras y reparaciones en rutas nacionales sufrió una subejecución superior al 40 por ciento. “A las claras está el estado lamentable de las rutas que hace más de un año que no tienen mantenimiento”, alertó.

En este contexto, apuntó a la decisión de la gestión de Javier Milei de licitar los corredores viales y los nuevos pliegos establecen las condiciones para las concesiones, con plazos mínimos de 20 años.

Del análisis de los pliegos de especificaciones técnicas particulares que se conocieron en las últimas horas, Mansilla marcó una “flexibilización total” en los tiempos para la realización de las obras. Como ejemplo, mencionó que en el subtramo Atlántico no habrá obras nuevas durante el primer año, permitiendo a las empresas obtener “plena rentabilidad sin grandes inversiones iniciales”.

“Es una decisión política no escuchar las necesidades de la gente”, afirmó y agregó que, en lugar de profundizar las políticas de prevención e imitar modelos de países europeos, “se está pensando en un negocio”.

El dirigente también cuestionó el discurso de campaña del Gobierno nacional, que prometía que el Estado no invertiría dinero y que las obras se sostendrían con los peajes y la participación de las grandes empresas. “Era una locura”, sentenció y planteó que, “como era inviable el mantenimiento de la infraestructura vial solamente con el peaje”, la modificación de los pliegos en la primera etapa “ya incluye subsidios del Estado”.

“Nos quedamos con un discurso que termina siendo vacío y con necesidades de la gente que lamentablemente se dilatan en el tiempo”, objetó y remarcó que los pliegos actuales buscan asegurar “la rentabilidad de las empresas, pateando para adelante las obras más importantes de infraestructura”.

Obras para Tandil, con plazos extendidos

En cuanto a las obras específicas para Tandil, el referente de Estrellas Amarillas destacó la inclusión de la colectora norte Luis María Macaya, entre Pedersen y Reforma Universitaria, en el acceso al Campus, en respuesta a un pedido que hace tiempo venía realizando el Municipio.

Si bien su realización, con un plazo máximo de tres años, aumentará la seguridad de los vecinos al evitar que salgan directamente a la ruta, el referente de Estrellas Amarillas reiteró la preocupación por la dilación.

Respecto a la semaforización de la travesía urbana de la Ruta 226, explicó que será la empresa concesionaria la encargada de elaborar el proyecto ejecutivo, que luego deberá ser aprobado por Vialidad Nacional para después avanzar con su ejecución.

“Esperamos es que se urbanice de una vez por todas y que la ruta, en vez de ser una barrera infranqueable con riesgos para todos los tandilenses, obviamente se una con una semaforización y con cruces seguros”, manifestó Mansilla, haciendo hincapié en la necesidad que la traza nacional se convierta en una “gran avenida que nos sirva de circulación, pero con seguridad para todos”.

Ambas obras incluidas en el pliego de especificaciones técnicas particulares, la construcción de colectora y la semaforización se contemplan en el segundo y tercer año de la concesión, con un avance del 10 por ciento en el primer semestre del segundo año y un 20 o 30 por ciento para el segundo semestre, finalizando en el tercer año. Durante el primer año de la concesión, no se prevén avances significativos, remarcó.

La eliminación de rutas seguras

Otra de las objeciones que planteó Estrellas Amarillas se centró en la eliminación del proyecto rutas seguras en la Ruta 226, en el tramo entre Balcarce y el acceso a Napaleofú.

Este proyecto, incluido en la primera etapa del proceso de la red de concesiones viales, preveía la construcción de un tercer carril en las lomas, facilitando el sobrepaso seguro de vehículos, y banquinas asfaltadas a ambos lados, lo que aumentaría la seguridad vial en caso de maniobras evasivas o frenadas.

En estos meses, “tomamos conocimiento de que, a pedido de las empresas, se iba a modificar rutas seguras y estaba la posibilidad de hacerlo sin banquinas”, relató Mansilla, denunciando el “lobby empresarial”. Finalmente, esta obra fue eliminada por completo de los pliegos definitivos.

En el marco del desarrollo de la Red Federal de Concesiones (RFC), el Gobierno nacional publicó en Boletín Oficial la Resolución 1843/2025 que efectúa el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II.

La instancia prevé la licitación para la concesión de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales que se dividen en dos tramos. El primero de ellos es el Tramo Sur, Atlántico, Acceso Sur, que abarca 1.325,17 kilómetros, entre los que se encuentran incluidos los 404,32 kilómetros de la Ruta Nacional 226 desde el empalme de la Ruta Nacional 2 en Mar del Plata hasta el cruce con la Ruta Provincial 65, en Bolívar. El segundo, en tanto, es el Tramo Pampa, con una extensión de 546,65 kilómetros.

Tras el llamado, Vialidad Nacional dio a conocer después los detalles a partir de la publicación de los pliegos con las especificaciones técnicas particulares de los proyectos. 

En cuanto a las obras obligatorias del tramo de la 226, que son las que deberá ejecutar el concesionario, el plan contempla la construcción de una pasarela peatonal en la localidad de Sierra de los Padres, la construcción de colectora entre el kilómetro 163 y 164,1 entre Pedersen y Reforma Universitaria y la semaforización de la travesía urbana de Tandil entre el kilómetro 162,7 y el 171,7.

Para Estrellas Amarillas, hubo “recorte” y “flexibilización” al considerar que eliminaron las intervenciones más importantes y dejaron otras, pero con amplios márgenes para su ejecución. Por ejemplo, detectaron que la semaforización para el trayecto urbano se haría entre el segundo y tercer año de concesión cuando se trata de una obra que no requeriría grandes plazos.

Cabe recordar que en julio pasado, a poco más de un mes de la audiencia pública que convocó el Gobierno nacional, la ONG había adelantado que el organismo nacional dependiente de la Secretaría de Transporte tenía previsto incluir en el pliego licitatorio como ‘obra nueva obligatoria’ la semaforización del trayecto urbano de la RN226 en Tandil.

Sin embargo, hasta la semana pasada el anexo I “obras obligatorias - nuevas” para el sector Atlántico “solo se contempla la construcción de rutas seguras desde la ciudad de Balcarce hasta la intersección con la Ruta Provincial 227 (el acceso a Napaleofú)”, ahora eliminada del pliego de especificaciones técnicas particulares.

En las últimas horas, se conocieron detalles que permitieron establecer el plan para el tramo de la Ruta Nacional 226 incluido en el plan de la Red Federal de Concesiones impulsado por el Gobierno nacional.

Semaforización

De acuerdo a la memoria técnica, la obra de semaforización de la zona urbana se extenderá desde el kilómetro 162,5 al kilómetro a 171 en el partido de Tandil y busca ordenar el tránsito en las intersecciones (rotondas) de manera que “los usuarios vulnerables puedan atravesar transversalmente la ruta de manera segura”. El ordenamiento “se efectuará semaforizando las intersecciones donde el caudal del tránsito vehicular lo amerite”. Esta sección abarca una longitud aproximada de 8,50 kilómetros de longitud.

Entre las obras a ejecutar, el documento establece que el concesionario deberá semaforizar “todas aquellas intersecciones entre los kilómetros 162,5 y 171 de la RN 226 donde el caudal de tránsito vehicular lo amerite con la finalidad que los usuarios puedan atravesar la ruta de manera segura”.

Para facilitar el paso de los peatones, “se deberá construir un cruce peatonal sobre elevado de cinco metros de ancho, en el lugar”.

Colectora norte

Para el subtramo Atlántico, Vialidad Nacional fijó como obra la construcción de una colectora entre el kilómetro 163 y 164,10 de la Ruta Nacional 226, entre Pedersen y Reforma Universitaria.

La obra tiene como objetivo “mejorar la infraestructura vial existente aledaña a la 226 con el fin de brindar una adecuada circulación que permita auxiliar el flujo de tránsito secundario derivado del urbanismo de la zona”.

El sector resulta de relevancia a intervenir ya que “el crecimiento de la planificación urbana obliga al tránsito urbano a tomar alternativas secundarias que permitan agilidad y seguridad en la transitabilidad diaria”.

La obra pretende materializar la Colectora norte Luis María Macaya en el tramo comprendido entre las calles Pedersen y Reforma Universitaria (1.110 metros aproximadamente).

La ejecución, según consta en el pliego, estará a cargo del concesionario de acuerdo a los lineamientos expuestos en la memoria técnica.

“Recorte y flexibilización”

A través de un comunicado enviado a esta Redacción, Estrellas Amarillas se hizo eco de los alcances de los pliegos y advirtió que hubo “recorte de obras y flexibilización en los plazos, a pedido de las empresas y de espaldas a la seguridad de la gente”.

A más datos, expuso que la semaforización de la travesía urbana de Tandil se realizaría “en el segundo y tercer año de concesión” con porcentajes de avances de un 30 por ciento y un 70 por ciento respectivamente, y alertó que “eliminaron como obra obligatoria” el proyecto de rutas seguras entre la ciudad de Balcarce y el acceso a Napaleofú, que había sido incluido en una etapa preliminar, antes de la audiencia pública.

En otro párrafo, la ONG señaló que “se agregó la construcción de colectora norte entre Reforma Universitaria y Pedersen”.

En cuanto al tramo Acceso Sur, observó la inclusión de la construcción de una autopista en la Ruta Nacional 3 entre Gorchs y Las Flores que “se contempla realizar desde el sexto año de concesión con un plazo de obra de tres años”, mientras que la variante Cañuelas (nueve kilómetros) “se otorga plazo de tres años para finalizar obra”.

La Justicia Federal emitió una resolución que obliga a Vialidad Nacional a ejecutar reparaciones “de inmediato” en el tramo de la Ruta Nacional 40 que une Bariloche con El Bolsón, en la provincia de Río Negro.

Este fallo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, surge a partir de una presentación realizada por el gobernador Alberto Weretilneck y se da en un contexto donde el ministro del Interior, Diego Santilli, busca estrechar lazos entre la Casa Rosada y las administraciones provinciales.

La acción judicial tuvo su origen en marzo de 2022, cuando la Fiscalía de Estado de Río Negro, durante el mandato de Alberto Fernández, presentó la demanda ante el Juzgado Federal de Bariloche. Tras una apelación, el fallo quedó firme, lo que implica que los plazos para la realización de las obras ya se encuentran en curso.

Desde el gobierno de Río Negro, se informó que “la sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, con cargo al Presupuesto 2024, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial”.

Entre las intervenciones catalogadas como más urgentes, se incluyen “la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas”.

El fallo judicial no se limitó solo a las reparaciones estructurales, sino que también exige a Vialidad Nacional reponer la señalización horizontal e instalar carteles verticales, tanto de día como de noche, en áreas críticas como curvas, badenes y zonas con riesgo de derrumbe.

La gestión de Weretilneck subraya, amparada en la sentencia, que “todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas”.

La sentencia, que se inició mediante un amparo colectivo, establece plazos bien definidos. Se indica que “dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de cada reparación ordenada”. En este mismo período de 90 días, Vialidad debe elaborar un informe técnico para determinar el riesgo de arrastre de piedras y, si existe, proponer y calendarizar las medidas correctivas.

Además, la provincia especificó que Vialidad “también deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué medidas implementará y en qué plazos”.

Adicionalmente, el Poder Judicial otorga 120 días para que se presente un “plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes”, con el objetivo de incluir acciones de prevención y conservación futura de la ruta.

Esta orden judicial se emite en un momento particular para la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que el presidente Javier Milei intentó disolver por decreto en julio, dos días antes de que caducaran las facultades delegadas por el Congreso en la Ley Bases.

El Decreto 461/2025, que facultaba la reubicación, traslado y supresión de estructuras, fue suspendido por seis meses (NA).

FOTO RUTA 40

En medio de la parálisis de la obra pública y el aumento de accidentes en todo el país, el Municipio de Azul realizó una demanda al Gobierno de Javier Milei por el mal estado de la Ruta 3. Pero, según trascendió en las últimas horas, desde Vialidad Nacional calificaron como “infundado” el reclamo por el deterioro y aseguraron que el trazado no presenta daños.

La respuesta de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se dio luego de la presentación ante la Justicia de la comuna, que reclamó por el mal estado de una de las vías troncales de la Argentina. La misma une Buenos Aires con Ushuaia, en Tierra del Fuego, en un trayecto de más de 3.000 kilómetros.

La presentación fue realizada por el intendente de Azul, Nelson Sombra, y por el abogado Roberto Dávila, subsecretario Legal y Técnico de la comuna. Dadas las condiciones de abandono de la Ruta 3, se promovió una acción de amparo y el pedido de una medida cautelar.

Frente a esto, Vialidad Nacional negó en respuesta oficial que la Ruta 3 presente deterioro en su paso por Azul y calificó como “infundado” el reclamo. El escrito rechazó “todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la comuna” y sostuvo que el organismo no abandonó el mantenimiento de la carretera. En esa misma línea, solicitó que el Municipio aporte “pruebas fotográficas” o documentación que respalde sus denuncias sobre el mal estado de la traza.

En su presentación, Vialidad calificó las acusaciones de Azul como “livianas” y “sin sustento probatorio”. A pesar al reclamo de los vecinos que la transitan a día, el organismo negó la existencia de deformaciones, pozos, falta de señalización o banquinas en mal estado. En cambio, atribuyó los siniestros viales a “negligencia o impericia de los conductores” y al mal estado de los vehículos.

Finalmente, el abogado Leandro Sverdlik, en representación de Vialidad, utilizó un argumento político e hizo una mención a los resultados de las últimas elecciones en la que Javier Milei fue elegido presidente. “Venció la candidatura que propuso la abolición de la obra pública, y que la infraestructura pública debe ser administrada de acuerdo por el mercado”, afirmó. 

Posteriormente agregó que “incluso el candidato que propuso la inhabilitación del Estado para intervenir en rutas nacionales, como la RN3, obtuvo en la Municipio de Azul más del 57% de los votos”.

Cabe resaltar que, semanas atrás, vecinos autoconvocados de Azul y la región realizaron un banderazo a modo de reclamo por el mal estado de los caminos que atraviesan el territorio. Del mismo participaron habitantes de Tandil, Olavarría, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs y Abbott.

El trágico siniestro vial en el que perdió la vida un joven de 21 años en la madrugada del domingo volvió a poner en evidencia la problemática en materia de seguridad vial sobre la Ruta Nacional 226.

En ese contexto, desde Estrellas Amarillas retomaron los alcances del anuncio vinculado a la posible semaforización del trayecto urbano a incluir en los pliegos de la próxima concesión para el Tramo Atlántico en el marco del desarrollo de la Red Federal de Concesiones (RFC).

En diálogo con La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming) Hernán Mansilla abordó el debate en torno a la necesidad de mejorar la seguridad vial sobre la 226 y amplió detalles de la posibilidad de avanzar con un plan de obras para Tandil en el pliego de concesión.

En declaraciones a El Eco Multimedios, también enfocó la discusión al mencionar una alternativa que la ONG planteó desde la Banca 21 ante el Concejo Deliberante para la municipalización del tramo urbano y la creación de un bypass para el tránsito pesado por la Ruta Provincial 74 y la Ruta Provincial 30, basado también en el éxito que tuvo en otras ciudades.

Para finalizar, insistió en la importancia de la educación vial y en continuar con el reclamo conjunto de la ciudad para lograr respuesta de las autoridades. “Vamos a tener que seguir reclamando porque a la semaforización hay que agregarle más obras, indudablemente. Por eso este no hay que abandonar el reclamo y seguir adelante hasta que por lo menos los vecinos de Tandil podamos circular con más seguridad en los trayectos más complejos de la ruta”, aseguró.

Las expectativas

Al abordar el tema, Mansilla retomó las conversaciones que la semana pasada mantuvo con ingenieros de exVialidad Nacional, que “nos confirmaron que se agregaba la obra de semaforización a los pliegos de la próxima concesión”.

Enseguida, recordó que el abordaje ya había sido puesto en discusión hace tres años, en 2022, por integrantes del equipo técnico del organismo recientemente disuelto por el Gobierno de Javier Milei, “pero desconocemos por qué nunca se realizó”.

El enfoque apunta a que los vecinos de uno y otro lado de la ruta “puedan cruzar en forma segura” como parte de un proyecto que en ese momento contemplaba la apertura de calles entre las rotondas para descomprimir el tránsito en esos cruces que se extienden a lo largo de los 17,5 kilómetros desde Reforma Universitaria hasta Aeronáutica Argentina.

A más datos, de acuerdo a mediciones realizadas por el Municipio, en los horarios picos circulan alrededor de 41 mil vehículos por la rotonda de Actis y Espora, una de las que mayor conflictividad presenta.

“Imaginamos que el proyecto que se va a realizar una vez que se otorgue la concesión va a ir en ese sentido”, expresó Mansilla, que se amparó en las experiencias de otros distritos del país para atender una problemática similar.

-¿Cree que la participación de Tandil en la audiencia pública logró esto?

-Sí. De hecho, después de la audiencia de la que participó el intendente Miguel Lunghi, la defensora del Pueblo Paula Lafourcade, nosotros como ONG y Gonzalo Santamarina, nos informaron que les había llamado la atención la cantidad de reclamos que hubo y que seguramente se iba a tomar alguna medida para incluir alguna obra.

El plan para la semaforización

-¿Tiene detalles sobre cómo sería el proyecto de la semaforización?

-En 2022 se hablaba de por lo menos comenzar las obras con siete semaforizaciones e ir agregando a medida analizar el comportamiento del tránsito. Hoy en día lo que hay que esperar es la concesión y una vez que está el concesionario se realiza el proyecto ejecutivo que estudia dónde se colocaría la semaforización, lo aprobaría Vialidad Nacional y recién ahí se empezaría a ejecutar. Ojalá que esto sea lo antes posible; sabemos que muchas veces los tiempos de este tipo de trámites exceden lo que nosotros esperamos.

-¿Cómo serán los plazos?

-Cuando salieron los pliegos, además de hacer una crítica sobre la falta de obras, que solamente incluía lo que era un tramo corto de la 226 de ruta segura, también criticábamos los plazos que se le estaban dando a las concesionarias para hacer esas obras. En los pliegos licitatorios se daban hasta siete años para realizar las obras obligatorias, lo cual es muchísimo. Pensemos que si la semaforización la van a hacer en ese plazo, no tiene sentido. Los pliegos se modifican esta semana, así que veremos qué es lo que se colocan en las planillas de obras obligatorias y después de ahí podremos analizar.

“El Municipio, actor principal”

-Lamentablemente hubo otro fallecimiento sobre la ruta 226, en un tramo que también es de muchísimo movimiento.

-Sí, es muy triste, lamentablemente es una nueva víctima que se suma al trazado actual que tenemos de la ruta y por eso la propuesta que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimos años es la urbanización total desde la zona de El Paraíso hasta la rotonda de la Ruta 30. No olvidemos que el crecimiento de la ciudad es al norte de la Ruta 226. Hay urbanizaciones al norte de la ciudad que en un tiempo se van a terminar y el tránsito va a ser cada vez peor y más complejo. Por eso es que la urbanización que nosotros solicitábamos contempla hasta la rotonda de la Ruta 30 con el fin de dar más seguridad en todos los aspectos, con una mejor infraestructura, mayor iluminación. Entre la rotonda de Dinamarca y la rotonda de la Ruta 30 han fallecido muchas personas. Falta señalización, iluminación. Y por eso creemos que a mediano y largo plazo todo ese trayecto debería pasar a manos del Municipio y ser el Municipio directamente el que lleve adelante la organización porque desde Vialidad Nacional sabemos, después de tantos años de venir luchando, los vaivenes que tienen. Creemos que el Municipio tiene que ser el actor principal.

-¿Sobre el tramo urbano de la Ruta o las colectoras y las banquinas?

-Después de analizar cómo trató temas similares a los que pasan en Tandil Vialidad Nacional en otras ciudades del país, la solución que siempre dan -de hecho, en los últimos cinco años se realizaron más de 50 obras de este tipo- es desplazar la ruta del ejido urbano de las ciudades y ceder la trazada actual a los municipios. El ejemplo más claro de esto es la ciudad de Neuquén. Allí se realizó un bypass al norte de la ciudad, la ruta ya no pasa por el medio de la ciudad y la el municipio fue el encargado de urbanizar, con cesión de recursos de parte de Vialidad. Nosotros en 2023 presentamos un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante donde justamente pedíamos que se tratara esta posibilidad y faculte al Poder Ejecutivo para poder, por lo menos, iniciar tratativas. En ese momento proponíamos que, como existía la Ruta 30 y la 74 como un bypass natural para esquivar el tramo urbano, que transitoriamente el tránsito pesado circulara por esas rutas. Ese proyecto nunca fue tratado.

-¿Cree que con semaforización puede llegar a darse la búsqueda de otra alternativa para los autos que estén en tránsito y utilicen ese bypass?

-Cuando hablamos en 2022 con ingenieros de Vialidad nos decían que a medida que se vaya semforizando desde la zona de El Paraíso hacia la ruta 30, principalmente el transporte pesado va a seleccionar otra opción. Si hay otra opción, como son estas rutas, solo la van a empezar a elegir. El tránsito siempre busca ser más eficiente y no meterse en un embotellamiento. Desconozco los vehículos, pero pensemos que la mayor cantidad de vehículos que transitan por la ruta son vecinos de Tandil que la atraviesan. Entonces, claramente es un tránsito urbano el que dificulta muchas veces. Por eso es que el abordaje tiene que ser integral y nosotros decimos que hay que tratar desde El Paraíso hasta la rotonda de la Ruta Provincial 30 porque no sirve de nada buscar una solución en la intersección, por ejemplo, de Espora y 226, que es la más compleja, y dejar que los peatones sin un cruce seguro a lo largo de toda la ruta.

El Gobierno de Javier Milei recibió un duro freno luego que la Justicia frenara la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), más conocida como Vialidad Nacional. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, a cargo de la jueza Martina Isabel Forns, hizo lugar a la cautelar presentada por el sindicato y detuvo por seis meses el plan de reestructuración de la administración libertaria.

El nuevo revés contra la motosierra de La Libertad Avanza (LLA) fue consecuencia de la aceptación que la Justicia le dio a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), luego de que se decretara el desguace de esa área y su partición en distintas áreas del Estado. “Considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada”, remarcó Forns.

Así, el Decreto 461/2025, que estipulaba reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras en Vialidad Nacional queda suspendido por el plazo de seis meses.

De esta manera, la dirección encargada de planificar y ejecutar obras viales debería seguir existiendo como tal, hasta tanto un juzgado resuelva la cuestión de fondo, que es la legalidad del cierre orquestado por el Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger.

“La Constitución Nacional, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional, impiden al Estado en su rol concurrente de empleador y regulador alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”, añadió la magistrada en una mención al principio de irrenunciabilidad de derechos de los empleados.

Por otro lado, apuntó contra el artículo 32 del Decreto 461/2025 en el que dispone que la estabilidad del personal tiene una fecha de vencimiento. “Se vulneran las normas y garantías laborales vigentes”, destacó Forns.

El Tribunal Oral Federal número 2 intimó a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los otro 8 condenados en la causa vialidad a abonar $684.990.350.139,86 por el fraude al Estado probado durante el proceso.

Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu tuvieron en cuenta el informe elaborado los peritos de la corte quienes emplearon como parámetro de actualización el índice de precios al consumidor (IPC) de la suma elevada tras el cierre del juicio en diciembre de 2022 por 85 mil millones de pesos.

Para los magistrados las razones por las que los expertos contables del máximo tribunal arribaron al cálculo “se aprecian sólidas y debidamente justificadas, en mérito de las normas contables invocadas en base a las cuales ordenó su actuación técnica para la actualización de la cifra que aquí nos ocupa”

Así mismo, señalaron que ninguno de los peritos de la Corte “cuestionó ni impugnó la metodología concreta escogida y explicada por la perito oficial” respecto a lo dictaminado por los especialistas de las 9 defensas.

Ahora, Cristina, Lázaro Báez, José López, y otras 5 personas tienen hasta la media mañana del 13 de agosto para abonar la suma que de acuerdo al cambio oficial asciende a los 537 millones de dólares. De no hacerlo, el tribunal tendrá a bien a proceder con el remate de los bienes o activos que se encuentren a nombre de cada uno de ellos.

En caso de incumplimiento, la ejecución de los bienes sería un proceso largo y complejo que incluye disponer de las sumas en efectivo y luego enviar a remate las propiedades. Pero que no estará exento de dificultades ya que Lázaro Báez, el más acaudalado, también están siendo ejecutado por otro tribunal, el federal 4, en la causa conocida como la Ruta del dinero K, donde fue condenado a 15 años de prisión y a pagar $355 millones de multa por lavado de dinero, más otros $55 millones por el monto del delito cometido.

El otro problema surge del juicio comercial donde tramita la quiebra de Austral Construcciones. Allí hay deudores que deben cobrar sus acreencias. Por eso los jueces pidieron al juzgado comercial 28 una amplia certificación del estado procesal de la quiebra. Y además, requirieron la liquidación de bienes realizada para pagar las deudas.

El lunes el Gobierno dispuso el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, en una medida que reconfigurará el escenario en torno a la obra pública en la materia.

En diálogo con La Mañana (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming) el exdirector de asuntos legales del organismo nacional, el tandilense Ricardo Stoddart, analizó los efectos de la decisión impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Desde su perspectiva, observó que la dependencia “ya estaría disuelta” gracias a las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo y advirtió que el proceso seguramente será judicializado por los gremios del sector, que ya lo consideran inconstitucional.

“Vialidad era un organismo con fondos propios, autárquico y descentralizado por ley”, recordó, al tiempo que expresó dudas sobre la eficacia del nuevo esquema: “Si pensamos que disolviendo el organismo se termina la corrupción, no entendemos cuál es realmente el problema”, dijo y apuntó a quienes lo administran.

En otro párrafo de la entrevista, se enfocó en los procesos impulsados para las nuevas concesiones viales y en la prioridad actual del Gobierno en materia de infraestructura vial, y estimó que, mientras se reorganiza el sistema, el país entra en “un limbo” que se extenderá, según estimó, hasta 2027.

“El problema no es el organismo"

Al abordar el tema, Stoddart remarcó que la dependencia “ya estaría disuelta” en virtud del uso de las facultades delegadas que otorgó el Congreso al Poder Ejecutivo nacional. “No tengo dudas que esto se va a judicializar”, advirtió y argumentó que los gremios vinculados a la actividad “dijeron que se iban a presentar ante la Justicia porque consideran que es inconstitucional la medida”.

Independientemente de este escenario, se mostró a favor de las estructuras que “hagan más eficiente el Estado” y en las cuales “se puedan generar sinergias”.

En efecto, mencionó el caso del exOccovi (Órgano de Control de Concesiones Viales), “manejado por personas nefastas”, que “debía velar y fiscalizar que las obras de los corredores viales se realicen conforme estaban estipulados en los pliegos”.

Bajo la premisa de “siempre estar del lado de hacer más eficientes las estructuras”, durante la gestión de Mauricio Macri “disolvimos” el organismo para dar paso a una “gerencia de planeamiento y concesiones dentro del ámbito de Vialidad”.

No obstante, retomó el tema central y planteó que “si pensamos que disolviendo Vialidad se acaba la corrupción en la obra pública, no estamos entendiendo cuál realmente es el problema”.

“El problema no es el organismo, el problema no es ahora va a haber una nueva agencia de control de concesiones. ¿Quién nos garantiza que eso sea algo que va a ser superador de lo que teníamos?”, alertó para luego considerar que la clave está en “quiénes son los que administran, controlan, dirigen”. En definitiva, “el funcionario es clave en todo esto”.

El organismo y sus alcances

-¿Vialidad tenía autonomía?

-Sí, por supuesto. Ahora parte de lo que son obras va a ir al a la Secretaría de Obras dentro del Ministerio de Economía y habrá una fiscalización a través de esta nueva agencia de control, que no sabemos quién va a estar ahí ni cómo va a funcionar. Me gustaría esperar un poco a ver a quiénes designan y cuál es el poder de fuego que tienen desde ahí adentro. Lo que sí es cierto es que Vialidad era un organismo autárquico, descentralizado, creado por ley, que tenía fondos propios. Había órganos de control dentro de Vialidad que no funcionaron y otras fiscalizaciones externas fuera de Vialidad, como es la Sindicatura General de la Nación que evidentemente no funcionaron por todo lo que pasó desde el 2003 a 2015; no había que ser un erudito en auditorías para darse cuenta que se realizaban pagos y las obras no avanzaban. Vialidad tiene gran responsabilidad de lo que pasó porque siempre tuvo una planta totalmente sobredimensionada. Nosotros cuando llegamos con Mauricio Macri y con Javier Iguacel depuramos la planta, hicimos mucho más eficiente Vialidad Nacional. Es cierto que tiene 24 distritos y una extensión territorial enorme, pero de los 5.600 empleados que tenía, 1.100 estaban en Capital Federal.

-¿Había mucho personal administrativo?

-Primero, una planta totalmente sobredimensionada en la administración, que eso no se depuró, nosotros lo hicimos en su momento. Y después gente en los distritos en las distintas provincias, pero más con carácter administrativo, representación sindical. Obviamente que en cuatro años no podés hacer un proceso virtuoso para terminar con todo eso. Terminó (la gestión de) Mauricio y vino Alberto (Fernández) y así estamos, es como que es un círculo vicioso. Ahora viene Javier Milei, que creo que no tiene un plan. Creo que el Gobierno tiene otros problemas y evidentemente las rutas no son su prioridad. Ahora dicen que vamos a concesionar 9.900 kilómetros. Corredores Viales lo creamos con Javier Iguacel cuando le sacamos la concesión de la autopista Richeri a Cristóbal López. ¿Por qué se la sacamos? Porque no cumplía con las obras que tenía establecidas. Todos los tandilenses pueden ver cada vez que salen de la Capital para volver a Tandil, llegar al rulo de Ezeiza. Toda la obra de ese distribuidor está proyectada hace 20 años para hacerse. Después viajar por las rutas argentinas, agarrar la Ruta 3 es complicado. Nosotros propusimos en su momento la variante de Las Flores, la variante de Monte. Son proyectos que están listos hace ocho años. ¿Por qué no se ejecutan?

-¿Y por qué no se hicieron también?

-Puedo decir lo que pasó entre 2015 y 2019. Nosotros tuvimos récord de despacho de asfalto, histórico. No es una opinión, es un dato. En el gobierno de Mauricio (Macri) récord de despacho de asfalto, récord de construcción de kilómetros de autopista de acuerdo a lo que había construido. Nosotros tenemos 40 mil kilómetros de rutas nacionales pavimentadas y teníamos 1.200 kilómetros de autopista. Es así, es la realidad del país que tenemos. Después vienen gobiernos que tienen otra problemática, otras urgencias. Hoy no sé qué van a hacer de las rutas argentinas.

Los tiempos 

-¿No cree que se vaya a hacer algo?

-Es que no hay tiempo. Es un proceso. Ahora sale la licitación del primer corredor, la Ruta 14 en Entre Ríos, que es la ruta del Mercosur; tiene un tránsito de 25 mil vehículos por día, el 60 por ciento son camiones. Ahora la van a concesionar nuevamente. El proceso de licitación, adjudicación, firma de contrato, hasta que veamos obra de mantenimiento en la ruta 14, que es la primera, no será hasta antes de febrero, marzo de 2027.

-¿Por qué son procesos tan largos?

-Dicen que va a salir en agosto, se hacen las presentaciones, la licitación, supongamos 120 días, 90 días, te queda el 26 y la concesionaria tiene por lo menos 12, 14 meses para simplemente hacer mantenimiento. Eso te lleva febrero, marzo de 2027. No hablo de obras de ampliación, de mejora, de hacer mantenimiento. El 60 por ciento de la red vial es de regular a mala. Lamentablemente son los tiempos.

-¿Y lo que propone Milei para que los gobernadores se hagan cargo de las obras provinciales y que intervengan los privados?

-Los nueve mil kilómetros que se licitan ahora que empieza por Entre Ríos con la ruta 14, la ruta del Marcosur, son los corredores más rentables, que más tránsito tienen. Es decir, para que una concesión entre el costo del mantenimiento, las obras nuevas y demás, se necesita un tránsito mínimo de cuatro mil, 4.500 autos por día. Hay determinadas rutas que se pueden concesionar. Hay rutas que no llegan a los mil tránsitos diarios. ¿Quién se va a hacer cargo? Acá estamos hablando de nueve mil kilómetros que son los más rentables. Los otros 30 mil que Vialidad mantenía por administración, es mucha ruta y si no tenés los fondos es imposible. Está muy bueno decir que las provincias se van a hacer cargo de las rutas, pero podrán hacerlo provincias como Córdoba, San Juan, San Luis, que han dedicado y han hecho obras en infraestructura vial.

-¿Cree que podrían haber tomado otras medidas para evitar la disolución de Vialidad Nacional?

-Estoy de acuerdo con eficientizar las estructuras, lo hicimos con el exOccovi. Pero nada nos garantiza que lo que viene sea mejor que lo que teníamos. Se pueden haber hecho muchos cambios, mejorar; pero parece más fácil cerrarlo. Ahora entramos en un limbo durante cuánto tiempo. Ahora hay que crear la agencia de concesiones y de transporte, hay que mandar a Economía todos los proyectos que tenemos. Vialidad tiene 2.500 proyectos. ¿Quién puede evaluar en la Secretaría de Transporte 2.500 proyectos? No tengo mucha expectativa hasta después de 2027 y mucho menos en la provincia porque la mayoría de las obras que el Gobierno nacional no priorizó está en la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo sigue el pedido de obras en la Ruta Nacional 226 después de que el gobierno de Javier Milei haya disuelto Vialidad Nacional? En diálogo con El Eco de Tandil, la defensora del pueblo Paula Lafourcade brindó detalles de la continuidad del reclamo, al que en los últimos días comenzaron a sumarse mesas de vecinos de diferentes barrios de la ciudad, algunos de los cuales iniciarán campañas para juntar firmas en adhesión.

“El reclamo hay que llevarlo ahora a las nuevas autoridades. En el caso de Vialidad  Nacional, todo lo que es infracciones pasó a Gendarmería Nacional. Y todo lo que son los pliegos y concesiones a una agencia que va a depender del Ministerio de Economía. A ellos les llevaremos el reclamo en forma directa, porque el Estado Nacional sigue siendo competente para hacerse cargo de las rutas. Las rutas nacionales son del Estado Nacional. No importa si cambia el nombre o si pasa a ser totalmente público o privatizado. Hay un responsable que es el Estado Nacional, y allá tenemos que llevar el reclamo”, aseguró Lafourcade.

Cabe recordar, fue a raíz de la denuncia de la defensora que la Fiscalía Federal ordenó un operativo comandado por Gendarmería, a partir del cual se procedió a retirar los puestos de venta ambulante ubicados en la banquina de la Ruta. Del mismo modo, los agentes registraron a los fines de labrar infracciones a camiones y acoplados estacionados.

Lafourcade dio precisiones de la continuidad de la denuncia y explicó que el pedido del organismo que dirige fue el de “la desocupación de todos los espacios, no únicamente de la banquina, sino también de los espacios verdes que están ocupados”. Lo hizo en referencia al boulevard que existe entre la traza de la Ruta y las colectoras, donde suelen registrarse desde automóviles en venta a maquinarias agrícolas y otros elementos.

La defensora del pueblo de Tandil también había sido parte de la comitiva que –junto al propio Intendente Miguel Lunghi-, viajó a la ciudad de Monte para solicitar obras para la 226. Fue en la audiencia pública que se convocó tras anunciarse el llamado a licitación para una nueva concesión de la ruta. Aunque el gobierno disolvió Vialidad Nacional –aseguró Lafourcade-, el reclamo continúa.

Una novedad reciente es que la Defensoría del Pueblo fue parte de una reunión con vecinos de Villa Gaucho –nucleados en la Mesa Barrial-, a partir de la cual las personas le transmitieron la preocupación por los accidentes y la dificultad para cruzar que viven a diario. Estos encuentros continuarán con la Mesa Barrial de Villa Aguirre.

-Después del operativo de “despeje” que pidió Fiscalía y llevó a cabo Gendarmería ¿En qué está esa causa?

-Nosotros hicimos la denuncia. Estamos como denunciantes pero no somos parte de la causa, eso sigue su carril y ellos están investigando.

Había personas que no estaban en el momento con los camiones y acoplados, para poder después labrar las infracciones o investigar por la comisión de un delito como podía ser la ocupación de banquinas o la ocupación de la ruta o alguna apropiación indebida. Eso ya es materia investigativa de la Fiscalía que yo respeto y la voy a dejar trabajar.

En el mientras tanto, sé que el operativo también contó con distintas áreas municipales. Y la idea de ellos era hacer un abordaje integral para poder solucionar el tema. Que no solo el operativo es hoy, sino que permanezca el control para que no se vuelvan a ocupar.

-¿Va a haber algún tipo de acción preventiva?

-La prevención iba a estar dada, creo, por la DDI y creo que el Municipio también va a intervenir en eso. Nosotros pedimos la desocupación de todos los espacios, no únicamente de la banquina, sino también de los espacios verdes que están también ocupados.

Todo el boulevard verde, de 17 kilómetros y medio, tiene que estar despejado porque la ruta es todo el camino que va desde la calzada hasta las colectoras.

Entonces todos esos espacios verdes tienen que estar desocupados y nosotros ahí veíamos presencia de muchísimos vehículos. Había caballos atados, acoplados abandonados, una situación de desidia, máquinas agrícolas,  porque el problema es en todo el trayecto.

Quizás lo más visible y lo más preocupante es la banquina porque había una fila de camiones uno tras otro desenganchados, más los vendedores ambulantes. Fue una situación muy grave pero no quita también la problemática de los espacios verdes.

-De su parte hicieron la denuncia ¿Y cómo continúan?

-Nosotros seguimos la denuncia, vamos a seguir recibiendo si hubiera algún reclamo de los vecinos y vamos a oficiar al Municipio para que tome intervención con respecto a las áreas verdes que estén ocupadas, quizás por algún establecimiento comercial, que no pueden estar en lo que a ellos les compete.

Aparte de esto se suma el reclamo de los vecinos de Villa Gaucho y el acompañamiento que nos ofrecieron realmente por la preocupación que tienen por la necesidad de hacer obras en la rotonda.

-Hubo una reunión por eso...

-Sí, hubo una reunión el jueves pasado en el barrio, en la mesa barrial con participación de muchísimos vecinos. Para esto, para visibilizar, sumarse al reclamo. Obviamente nosotros decíamos que no era solo un reclamo de Villa Gaucho, era de todos los tandilenses, pero que también atraviesa Villa Aguirre, Arroyo Seco, Barrio de Graduados y toda la zona del norte de nuestra ciudad que está gravemente afectada.

Y la cantidad de accidentes que ellos me relataron, que ven a diario y que quizás no terminan saliendo en los medios, que son choques, pero en forma permanente. Y la peligrosidad, contaban la peligrosidad que es cruzar por el puente peatonal.

Porque además del puente peatonal hay también vehículos depositados en la vera de la ruta en el espacio verde. Entonces me decían que, tras que hay un solo puente, cruzar por ahí con vehículos que están ahí abandonados o depositados, no es lo más seguro para las familias.

-¿Van a seguir con reuniones con las mesas barriales?

-Vamos a seguir con reuniones en las mesas barriales, y van a juntar firmas. Nos decían los vecinos que ellos se quieren movilizar, que es su intención movilizarse, porque realmente ven que hay que hacer algo y hay que hacer algo ya para las rotondas.

Nosotros lo que les decíamos era que justamente que el reclamo nace de la ciudadanía y que ese acompañamiento de los vecinos hace que el reclamo no decaiga y llegue a quien tenga que llegar. En este caso ya no es Vialidad Nacional, será la Agencia de Concesiones y Licitaciones.

-En su momento hicieron una presentación en una audiencia pública ante un organismo que el Gobierno Nacional disolvió. ¿Cómo sigue ese trámite ante las autoridades nacionales?

-Ahora justamente hay que llevarlo a las nuevas autoridades. O sea, los organismos se disolvieron, algunos se unificaron, como fue el caso de la Enargas y el ENRE. En otros casos pasaron a ser direcciones u organismos desconcentrados, como el caso del INTA.

Pero en el caso de Vialidad Nacional, todo lo que es infracciones pasó a Gendarmería Nacional, y todo lo que son los pliegos y concesiones a una agencia que va a depender del Ministerio de Economía.

Y a ellos les llevaremos el reclamo en forma directa, porque el Estado Nacional sigue siendo el que es competente para hacerse cargo de las rutas. Las rutas nacionales son del Estado Nacional en lo que es mantenimiento y obras.

No importa si cambia el nombre o si pasa a ser totalmente público o privatizado, no importa. Hay un responsable que es el Estado Nacional, y allá tenemos que llevar el reclamo.

 Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente” Javier Milei, en referencia al cierre de Vialidad, que se oficializará en el Boletín Oficial.

Así aludió también a las irregularidades en el área de Vialidad correspondientes los años del kirchnerismo y por las que recientemente la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión, que cumple en su domicilio del barrio de Constitución.

El Gobierno tomó la medida en el último día de las facultades delegadas de las que hizo uso el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que la gestión de Milei no solicitará una prórroga, como era habitual en las gestiones kirchneristas.

“En virtud de todo esto, el presidente Milei, a través de un decreto que se va a publicar en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, remarcó Adorni.

Y agregó que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte”.

Además, sostuvo que el Gobierno “dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país”.

Las facultades delegadas, que permiten al Poder Ejecutivo tomar medidas sin pasar por el Poder Legislativo, habían sido incluidas en la ley Bases, sancionada por el Congreso en junio del año pasado.

“Desde ya que muchas especulaciones se hicieron cuando las facultades delegadas se instituyeron en el mismo Congreso, decían que aprobarlas era inconstitucional, autoritario y poco republicano, que atentaban contra la democracia”, planteó Adorni, aunque aclaró que el actual Gobierno “es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no pidió una prórroga” de esas facultades.

“En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. También fue la primera vez que, al usarlas, el Presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad”, agregó.

Luego, el funcionario hizo un detallado repaso de todas las medidas de desregulación que se hicieron en el marco de las facultades delegadas que utilizó la gestión libertaria, entre ellas disoluciones o fusiones de organismos públicos y eliminaciones de permisos o trámites de carácter burocrático.

“Todo esto es la primera etapa del plan motosierra que es infinito. Les queríamos contar lo que hicimos con las facultades delegadas”, sostuvo Adorni tras utilizar varios minutos de su exposición para enumerar las medidas desregulatorias y de transformaciones en las dependencias estatales.

Recordó que “para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas era un mero trámite; sin embargo, hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos mismos causaron”. NA

El Gobierno nacional anunció la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), así como la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ambos organismos descentralizados dependientes de la Secretaría de transporte del Ministerio de Economía.

En tanto, tal como se venía anunciando, ordenó la creación de un nuevo organismo, que pasará a denominarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte” y será la Autoridad de Aplicación a que refieren todas las normas y actos administrativos que se relacionen con la fiscalización de las concesiones viales.

Según indicó el Ejecutivo, la finalidad de esta resolución es mejorar el funcionamiento del Estado Nacional y reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Entre las funciones previstas para el nuevo esquema, se cuentan:

Entre los fundamentos de la medida se menciona que el Poder Ejecutivo Nacional, puede adoptar medidas como la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

La Defensoría del Pueblo de Tandil puso en conocimiento a Vialidad Nacional de los reiterados casos de venta ambulante sobre la banquina de la Ruta 226, para que la entidad realice la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Federal. La comunicación a las autoridades nacionales fue en sintonía con el reclamo recientemente recibido por el organismo local de parte de la Cámara Empresaria.

“Esto es un delito, hay un daño y se tienen que retirar. Porque no puede haber una invasión a un espacio público”, transmitió la defensora del pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, en diálogo con El Eco Multimedios. La referente de la Defensoría planteó que se comunicaron con sus pares del Municipio de Pilar, donde ocurrió un caso similar que fue resuelto a raíz de la intervención de Vialidad Nacional, para conocer cómo estos solucionaron la problemática.

“En el caso de Pilar fue directamente Vialidad Nacional quien presentó la denuncia en Fiscalía. Nosotros ya pusimos en conocimiento a Vialidad Nacional y estamos esperando. Si no hacen ellos la denuncia a Fiscalía Federal, la vamos a hacer nosotros. Para que obviamente una vez constatado se ordene el lanzamiento, porque hay vehículos que te das cuenta que no están temporalmente, ya están hace mucho tiempo a la vera de la ruta nacional”, explicó Lafourcade.

Cabe recordar, la proliferación de venta ambulante a la vera del tramo urbano local de la Ruta Nacional 226 se ha vuelto un paisaje cotidiano en el último tiempo. Camiones que despliegan toldos y ofrecen papas, cebolla o zanahorias, pero también objetos como espejos, sillas y otros.

Los casos se sumaron a otros que alertaron a la ciudadanía por el peligro vial que suponen, los acoplados, camiones o diferentes vehículos estacionados en el lugar. Tanto de la calzada asfáltica como de la banquina, la jurisdicción corresponde a las autoridades nacionales, por lo que el Municipio local no tiene potestad para avanzar con acciones de desalojo.

Fue el pasado martes 24 de junio cuando la Cámara Empresaria elevó a Lafourcade una denuncia con pedido de intervención ante la proliferación de venta ambulante sobre la banquina de la Ruta. Esto se dio en el marco del pedido conjunto del Municipio y la Defensoría ante autoridades nacionales para incorporar al pliego de concesión, obras que permitan mejorar la seguridad vial en la zona.

“Recibimos el reclamo cuando tuvimos la presentación en la Cámara y ya habíamos recibido denuncias por parte de vecinos por acoplados abandonados y por camiones a la vera de la banquina”, señaló al respecto Lafourcade, sobre la reciente exposición en la que participó junto al Intendente, donde dieron cuenta del reclamo presentado en la audiencia con funcionarios de Nación.

“Nosotros nos habíamos sumado el pedido a la Policía Local Federal que fue varias veces, intervino, intimó, apercibió a que se retiraran, pero igualmente la situación sigue en escalada en lo que es la banquina y los laterales. Creemos juntamente con cómo nos lo expuso la Cámara, que por un lado hay invasión a lo que es la Ruta Nacional, porque la invasión no es sólo en el trazado de la ruta, sino también en los laterales y con vehículos abandonados de hace muchísimo tiempo. Eso produce dos cosas, por un lado lo que es la venta ambulante, como bien denunciaba la Cámara, ya sea de papa, había venta de espejos, sillas, distintos rubros que también se van anexando, y también la peligrosidad que eso conlleva, porque las banquinas, los laterales, están por seguridad vial y si hay un accidente, eso va a producir una tragedia en cualquier momento y la tenemos que evitar”, sostuvo la defensora.

Desde la Defensoría, explicó, ya habían intervenido a raíz de los numerosos reclamos. Una de esas intervenciones fue tomar contacto con el Defensor del Pueblo de Pilar, que abordó un caso similar en dicha localidad.

Señaló que “esto no es una situación nueva”, y dio cuenta de las presentaciones realizadas al respecto por la propia Cámara Empresaria. “Nos adjuntaron reclamos de más de 5 años para atrás, con los distintos escenarios, desde Corredores Viales, Vialidad Nacional, y ninguno ha querido dar respuesta a esta situación”, indicó.

La defensora remarcó que es la Fiscalía Federal quien deberá acompañar las denuncias para concretar el retiro de los vehículos, ya que ante intervenciones de Policía Federal se logró el desplazamiento de los mismos pero “hoy se retiran y mañana vuelven, entonces el problema sigue siendo recurrente y ya hay que dar una solución de otra manera”.

En ese sentido, desde la Defensoría elevaron el pedido a Vialidad Nacional, y se encuentran a la espera de una respuesta. “Estamos a la espera de una respuesta en breve y si no, vamos a presentar nosotros la denuncia ante la Fiscalía”, concluyó.

Autoridades del Municipio de Tandil expusieron ante referentes empresarios, universitarios, políticos y de organizaciones civiles los detalles del reclamo reciente elevado a Nación por la necesidad de obras en el tramo urbano de la Ruta 226.

“No existe ningún proyecto de futuro. Y lo están entregando por 20 años”, expresó el Intendente Miguel Lunghi. Cabe recordar, el gobierno nacional anunció la privatización de Corredores Viales, y abrió una licitación para concesionar, entre otros, el Tramo Atlántico de la 226, que contempla la traza que pasa por Tandil. La convocatoria no incluye obras de infraestructura para el tramo urbano que atraviesa la ciudad, pese al crecimiento de la población y el aumento de la peligrosidad de las rotondas. Solo por la de Actis circulan 40 mil vehículos por día.

La exposición se llevó a cabo durante la mañana del jueves 19 en las instalaciones de la Cámara Empresaria. Del panel participaron tanto el Intendente como el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, y la Defensora del Pueblo, Paula Lafourcade. Fueron los mismos que días atrás estuvieron en la audiencia pública que se realizó en la ciudad de San Miguel del Monte.

Fueron invitados autoridades de la Unicen, la Cámara Empresaria, Apymet, los clústers tecnológicos y gastronómicos, concejales, referentes de asociaciones, y organizaciones locales vinculadas a la seguridad vial.  “Ruta 226. Sin privilegios, con justicia territorial”, llevaba por título la presentación municipal.

“Algo hay que hacer, y este es el momento. Si no se incorporan en el pliego, por 20 años no va a poder exigírseles a los concesionarios que hagan. Este es el momento para incluir las obras, y por eso el reclamo de Tandil está unido. No puede haber barreras físicas en nuestra ciudad. La ciudad ha crecido y el crecimiento no ha venido sostenido por obras de infraestructura nacional. Por eso pedimos estas obras que no son un gasto, son una inversión”, planteó Lafourcade.

El comienzo de la exposición estuvo a cargo del secretario Lafosse.  El funcionario realizó un pormenorizado repaso de las propuestas elevadas por el Municipio a las autoridades nacionales para intervenir la traza urbana de la Ruta, desde el 2012 a la fecha.

De acuerdo a lo expuesto, en el año 2012 se evaluaron las alternativas de la travesía urbana de la 226 por la ciudad de Tandil. En el 2018 hubo una presentación en la audiencia pública por los entonces vigentes proyectos de participación público privada de elevación de la traza. En el 2021 se propuso la semaforización sobre el tramo, en el 2022 se hizo lo mismo con un proyecto de paso bajo nivel en el eje Espora-Actis. En el 2023 se planteó la modificación de las geometrías de las rotondas, y en el 2025 las autoridades concurrieron a la mencionada audiencia reciente en Monte.

“Toda una comunidad se vio movilizada en función de la necesidad y de la incorporación imperiosa para este pliego de distintas obras. Nosotros fundamentalmente no fuimos (a la audiencia) con un pedido concreto de hacer una determinada, cosa sino que fuimos a plantear la necesidad de obras”, precisó Lafosse.

Entre otros aspectos, Lafosse hizo mención al crecimiento de los últimos años de la zona norte de la ciudad –“se multiplicó casi por dos la población”, según sostuvo-, a que 4 de las 6 líneas de colectivos atraviesan la Ruta Nacional, y a los objetivos del PDT que plantean la ampliación hacia dicha área. 

En el mismo sentido, Lunghi se refirió al desarrollo urbanístico de Sans Souci, el nuevo barrio De Corazón Tandilense, los lotes municipales a urbanizar, y los establecimientos proyectados para el lugar, indicadores de que la ampliación continuará en los próximos años.

“Este no es un reclamo que tiene banderas políticas, este es un reclamo de la ciudad entera y de la región”, concluyó Lafourcade.

El tandilense Ricardo Stoddart, exdirector de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional y uno de los denunciantes originales en la megacausa "Vialidad", dialogó con La Mañana de El Eco, por Tandil FM 104.1, Eco TV y El Eco Streaming, y ofreció una radiografía detallada del esquema de corrupción que llevó a la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmando que la Justicia demostró su culpabilidad.

"Acá hubo una presidenta de dos mandatos y vicepresidenta en un mandato que hoy está presa por corrupción. Eso es lo que nos marca a dónde llegó la Argentina", sentenció Stoddart.

Stoddart relató que la investigación se desencadenó de una manera inesperada. Al asumir la gestión en 2015, se encontraron con cortes de ruta en Santa Cruz por parte de empleados despedidos de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. 

La sorpresa fue mayúscula al descubrir que Vialidad no solo no le debía dinero, sino todo lo contrario: "Con Austral Construcciones no teníamos ninguna deuda, cero pesos. Más, se le había pagado por anticipado el gobierno de Cristina los certificados de enero, febrero y marzo del 2016".

Este hallazgo, sumado a la desproporcionada inversión en obra pública en Santa Cruz –una provincia con menos del 1% de la población del país–, motivó una auditoría sobre 51 contratos. Los resultados fueron alarmantes: las obras presentaban un avance promedio del 35% al 40%, pero se habían pagado al 100%. "Al visitar las rutas, ni siquiera estaban los carteles, no estaba el obrador, no había nada", afirmó Stoddart.

Para Stoddart, la prueba más contundente del involucramiento directo de Cristina Kirchner fue una medida inédita. "Nunca en la vida útil de Vialidad Nacional, una presidenta de la Nación había designado por decreto al pagador de las obras públicas, es decir, al gerente de administración de Vialidad", explicó.

La persona designada fue Sergio Passacantando, "la mano derecha de Ernesto Clarens", conocido como el "financista de la ruta del dinero K". Stoddart cuestionó la casualidad de este nombramiento: "¿Qué casualidad que sea Cristina la que haya designado a Sergio Passacantando para hacerle los pagos a Lázaro?".

El esquema funcionaba desviando las obras de la órbita de Vialidad Nacional a la de la provincia de Santa Cruz, lo que permitía licitaciones "express" y garantizaba que todas recayeran en el monopolio de Austral Construcciones.

El dinero de la corrupción, según Stoddart, retornaba a través de las empresas Hotesur y Los Sauces, en un esquema que involucra también a los hijos de la expresidenta. Como ejemplo, mencionó cómo Lázaro Báez devolvía dinero a través de "15.000 noches contratadas" en el hotel de El Calafate, incluso cuando no había vuelos a la zona. "Es raro que la persona que no conozcas sea el dueño del departamento donde vivís, ¿no?", ironizó.

El exdirector de Vialidad aseguró que la condena por la defraudación de 88.000 millones de pesos (unos 85 millones de dólares) es "solo la punta del iceberg". Anticipó que avanzarán otras causas clave como "Hotesur y Los Sauces", la causa "Cuadernos" y una segunda investigación denominada "Vialidad 2", que apunta a los mandos medios que permitieron el fraude.

A pesar del costo personal de la denuncia, que incluyó causas penales en su contra, Stoddart afirmó que no se arrepiente y "lo volvería a hacer", con la esperanza de que "la plata mal habida" vuelva a los argentinos y se fortalezca la institucionalidad del país.

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical le reclamó al Poder Ejecutivo Nacional la “urgente incorporación” del tramo urbano que atraviesa la Ruta Nacional 226 en el Partido de Tandil al listado de obras obligatorias establecido por el Decreto 97/2025.

El pedido fue realizado a partir de la presentación de un proyecto de resolución del concejal Mario Civalleri, a partir del decreto nacional publicado en el Boletín Oficial con fecha 17 de febrero de este año, que excluye la realización de las obras locales y que se espera sea tratado en la sesión del próximo jueves 12 de junio.

Los concejales radicales reclamaron que este expediente sea tratado en la sesión del Concejo Deliberante y convocaron a los restantes bloques a respaldar la resolución “para defender los derechos y la seguridad de todos los tandilenses”.

En los considerandos, se señala que el nuevo esquema de concesión de corredores viales promueve repavimentación, tercer carril y mejoras de seguridad únicamente entre Balcarce y el acceso a Napaleofú.

“Sin justificación alguna se omite el segmento urbano de Tandil, que presenta un elevado riesgo de siniestralidad vial para peatones, ciclistas y automovilistas”, destacó Civalleri, autor de la iniciativa.

En la presentación se resalta la importancia vial del sector que une la ciudad con Azul, Olavarría, Mar del Plata y Buenos Aires, y que en su paso por Tandil recorre zonas densamente pobladas como Villa Aguirre o Palermo.

El proyecto, ingresado a la Comisión de Transporte el 30 de mayo, solicitó que el tramo prioritario comprenda la rotonda de la Reforma Universitaria hasta la rotonda de Ruta 30, punto neurálgico para la circulación interurbana y local.

Además, resalta que el Municipio ya entregó diagnósticos técnicos respaldados por un relevamiento que incluyó propuestas de colectoras, señalización, iluminación, accesos seguros, puentes peatonales y semaforización inteligente en zonas críticas.

Según se aclaró, muchas de estas sugerencias habían sido contempladas en versiones preliminares de pliegos licitatorios, lo que demuestra que existe un consenso técnico previo sobre la necesidad de intervenir este tramo.

“Excluir este corredor vial estratégico implica marginar a Tandil de las inversiones que merecemos, atentando contra la seguridad de miles de vecinos y el desarrollo económico regional. Es imperioso restablecer equidad territorial en la planificación de infraestructura nacional”, afirmaron desde el bloque de la UCR.

Al mismo tiempo, se resaltó que “la omisión actual genera una desigualdad territorial en la planificación de la infraestructura vial nacional, dejando de lado las particularidades urbanas de Tandil y los compromisos asumidos previamente por el Estado”.

Además, se consideró que “la falta de obras adecuadas en este tramo no solo pone en riesgo la seguridad de miles de tandilenses que diariamente utilizan la ruta, sino que también impacta negativamente en la economía local, el turismo, la conectividad logística y la calidad de vida de toda la comunidad”.

“El desarrollo de infraestructura vial con enfoque federal y equitativo es condición indispensable para garantizar un país más integrado, seguro y con oportunidades de desarrollo territorial equilibrado”, se destacó.

El pedido cuenta además con el respaldo de organizaciones sociales como Estrellas Amarillas Tandil, que vienen denunciando la falta de obras fundamentales.

En el fundamento del proyecto, se recuerda además que la Ley 23.996 obliga a destinar los fondos del impuesto a los combustibles a obras viales prioritarias, reforzando la legitimidad del reclamo y la necesidad de un enfoque federal y equitativo en la ejecución de infraestructura.

En diálogo con   “Último Bondi” (104.1 Tandil FM, El Eco Streaming, Eco TV), Mario Civalleri agregó sobre la iniciativa planteada que “claramente es una mala noticia para Tandil y para los tandilenses”, la exclusión de obras para la traza urbana del corredor vial nacional.

“Es insoslayable considerar lo que es  corredor dial urbano de la ruta 226, esa travesía que se ha transformado casi en una avenida con generación de múltiples accidentes y con una latente inseguridad que nos somete a todos los que de una manera u otra transitamos por ella, obliga a realizar obras”.

Civalleri aclaró que el Municipio no estuvo ajeno a esta demanda y enumeró una serie de propuestas como gestiones realizadas en ese sentido ante organismos nacionales.

“Una vez más este vemos que se toma una decisión sin tener en cuenta esta problemática”, expresó el concejal, quien adelantó que “queda en la instancia de una audiencia pública no vinculante, en la la cual trataremos de hacer oír nuestra voz y en nuestra voz la voz de los tandilenses que viven preocupados por esta situación”.

Independientemente de las distintas propuestas planteadas a la hora del abordaje a tomar frente el escenario vial, el radical insistió que más allá de las miradas hay un hecho objetivo y que versa sobre habrá una licitación que seguramente va a ser la que va a poner las reglas de juego para los próximos 10 o 15 años y se está obviando este tramo de la Ruta 226”, por lo que bregó para que se unan todas las voces en un reclamo común que sea escuchado por Nación.

En una conferencia de prensa celebrada el martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó importantes modificaciones en los plazos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que se implementarán a corto plazo. Además, se dio a conocer que el sector privado podrá ser parte del proceso de inspección al habilitarse como centros verificadores.

Con respecto a los nuevos plazos que comenzarán a regir en 2025, los autos 0km deberán realizar su primera inspección a partir del quinto año desde su patentamiento. A partir del décimo año de antigüedad del vehículo, la VTV será obligatoria cada dos años. Esta reforma, sin embargo, no será automática para todas las provincias: aquellas que no estén adheridas al sistema nacional deberán adaptarse a las nuevas normativas. “Invitamos a las jurisdicciones que no están adheridas a que se sumen”, afirmó Adorni durante la rueda de prensa.

Además de los plazos, otro cambio significativo será la incorporación del sector privado al sistema de inspección. A partir de ahora, talleres y concesionarios privados podrán convertirse en centros de verificación, siempre que se equipen adecuadamente con la maquinaria necesaria y cumplan con una serie de requisitos técnicos. Aunque los detalles sobre los requisitos aún no fueron divulgados, se estima que la inversión necesaria para equipar un centro de inspección ronda entre los US$50.000 y US$100.000 por línea de vehículos.

Estos cambios buscan agilizar el proceso de verificación vehicular y aumentar la capacidad operativa del sistema, al tiempo que brindan una mayor flexibilidad al sector privado para colaborar con el cumplimiento de la normativa.