Se trata de Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, quienes hasta ahora se desempeñaban como veedores del proceso.

La resolución, firmada por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, señala que la empresa no tiene caja, acumula una deuda posconcursal de más de 30 mil millones de pesos, y sus principales plantas industriales fueron cerradas por decisión de sus directivos.

“La justicia concursal no ha sido pensada para gerenciar empresas, pero resulta necesario intervenir para prevenir daños mayores”, señala el magistrado en el fallo.

La intervención fue dispuesta en los términos del artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras y busca evitar la “aniquilación total de la actividad productiva” y proteger “una empresa económicamente viable”.

La resolución fija tres objetivos centrales: prevención del daño en curso, protección efectiva de la empresa y anticipación ante una eventual quiebra liquidativa.

El juez también dictó una medida inhibitoria anticautelar, ordenando que ningún proveedor podrá cortar servicios esenciales como electricidad, gas, seguridad o transporte. Incluso ordenó el restablecimiento de los que ya hayan sido interrumpidos.

La medida también alcanza a organismos estatales como ARCA y gobiernos municipales, aunque no impide el inicio de ejecuciones, sí suspende medidas cautelares que afecten el giro operativo. NA

La detención de Scarel se concretó en Avellaneda, donde Vicentin tiene además su sede central, y en las próximas horas será trasladado hacia Rosario, donde mañana se realizaría la audiencia de imputación.

Tras conocerse la detención, efectuada por agentes de la División Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía de Santa Fe, la empresa emitió un comunicado en el que sostuvo que “no existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad”.

Además de la detención de Scarel, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario ordenó allanamientos en oficinas de la empresa Viterra, que comparte con Vicentin el paquete accionario de Renova.

Las fuentes dijeron que el fiscal Miguel Moreno investiga a Scarel por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia de Vicentin, cuando era contador de la firma.

Entre otras acciones, le endilga haber confeccionado y utilizado balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 con datos falsos que ocultaban los verdaderos números de la empresa.

También se le imputa haber presentado informes ante bancos internacionales con la intención de mostrar que Vicentin poseía una posición financiera sólida para conseguir créditos.

Esas maniobras habrían sido realizadas presuntamente por Scarel entre enero de 2017 y julio de 2019 y le habrían permitido a la aceitera conseguir créditos por 500 millones de dólares.

La primera reacción de la empresa fue descalificar la acción de la Justicia de Santa Fe.

A través de un comunicado dijeron que “es absolutamente falso” que la compañía haya “incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento”.

La nota de prensa niega que haya existido un “incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad”.

Vicentin señaló que esos acuerdos “se encuentran en instancias precontractuales ad-referéndum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”

“El señor Scarel como todos los miembros del directorio de Vicentin SAIC imputados en la causa, han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida”, añadió el texto. (Télam)

El fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, escuchó el pasado jueves el testimonio de Zarza, quien contó que fue secuestrado en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura y luego en noviembre de ese mismo año, informaron a Télam fuentes judiciales.

“Me detuvieron en la fábrica, a poco de entrar a trabajar, y me hicieron un acta con una máquina de escribir que les dio personal de la empresa. Me llevaron a una sala y el que facilitó todo era un capataz que le decíamos “El Sapo” Vicentin, pero no era parte de la familia que era dueña de la firma”, señaló Zarza en declaraciones a Télam.

El trabajador, quien en la actualidad tiene más de 70 años, vive en la ciudad santafesina de Avellaneda y es conocido con el apodo de “Cacho”, relató que lo liberaron en febrero de 1976 y que se reintegró a la empresa.

El 2 de noviembre de ese año volvió a ser secuestrado en horas de la tarde, cuando retornaba de su trabajo en Vicentin a su casa. Según el testimonio que brindó ante la Fiscalía, ese día las fuerzas de seguridad secuestraron a 14 trabajadores que tenían actividad como delegados sindicales en Vicentin.

En su declaración aseguró haber visto a efectivos del II Cuerpo de Ejército, pertenecientes al batallón 621, que llegaron desde Rosario para llevar a cabo este operativo.

Zarza, quien también tenía actividad sindical en la firma, dijo que tras su secuestro fue trasladado a la III Brigada Aérea, donde recibió “golpes y patadas” por parte de sus captores.

Luego fue trasladado a la Guardia de Infantería Reforzada de la ciudad de Santa Fe, una dependencia policial donde funcionó un centro clandestino de detención. Zarza terminó “legalizado” en la cárcel de Coronda, a disposición del Poder Ejecutivo, y desde allí recuperó su libertad en la navidad de 1978.

Estos hechos le permitirán a la Fiscalía iniciar un segundo tramo de la causa 050, en la cual se investigaron delitos de lesa humanidad en la zona Reconquista durante la última dictadura militar.

Ese expediente fue instruido por Salum y terminó con un juicio en el que resultaron sentenciados en 2013 el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez, ambos de la Fuerza Aérea, y los policías Carlos Nickisch, Horacio Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Eduardo Luque.

En ese proceso oral y público se comprobó la existencia de un circuito represivo que comenzaba en la III Brigada de Reconquista, seguía en los centros clandestinos de detención ilegales cercanos a la capital santafesina y si los detenidos eran “blanqueados” concluía en las cárceles de Coronda, Devoto o algún penal del Sur del País.

Información

Ahora, la fiscalía aguarda que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe le aporte información y datos para avanzar en la investigación.

La Federación Aceitera, gremio de trabajadores del sector, adelantó su intención de revisar sus archivos para brindar datos que permitan avanzar con la investigación.

“Creemos que como gremio debemos asistir a nuestros afiliados ante la justicia y vamos a revisar nuestros archivos para analizar actas de asambleas y ver si podemos aportar información para la causa en relación a si se llevaron delegados que hablaron en las asambleas”, señaló a Télam el abogado Juan Combi, representante legal de Aceiteros.

El sindicato pretende presentarse en esta causa como querellante, algo que hizo en 2014 en la investigación sobre los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la planta de Avellaneda (Buenos Aires) de la empresa Molinos.

“La actual intervención de Vicentin por parte del Estado nos genera alguna expectativa en relación a la información que podamos encontrar en los registros de la empresa”, indicó Combi. Además del gremio, también se presentará como querellante la Liga por los Derechos del Hombre para impulsar esta investigación. (Télam).

En reacción a las movilizaciones que se produjeron este fin de semana en todo el país y también en Tandil en defensa de la empresa Vicentin , en la mañana de ayer el Movimiento 1 de Octubre marchó desde Machado y Colón hasta la sede administrativa de la sociedad Rural local, ubicada en Santamarina entre Pinto y Belgrano.

Con tapabocas y respetando el distanciamiento social, la columna de manifestantes se desplazó por las avenidas Colón y Santamarina al ritmo de los redoblantes. Portando las tradicionales pancartas con las leyendas “La deuda de la oligarquía que la paguen los oligarcas” y “Los recursos naturales no deben ser propiedad privada”, avanzaron hasta detenerse frente a las oficinas de la institución.

En el lugar formaron un círculo en la calle y bloquearon el acceso a las dependencias de la Sociedad Rural. Allí leyeron un documento, hablaron los referentes de la agrupación, Griselda Altamirano y Jorge Lezica, y sonó con fuerza el tema “A desalambrar”, de Daniel Viglietti, un himno de los movimientos populares, antes de proceder a la desconcentración.

“La oligarquía pone en riesgo

la democracia y la comida del pueblo” 

Según explicó Altamirano, la manifestación pública se realizó para poner en evidencia la discusión por los recursos naturales, y el acceso a la tierra y los alimentos.

“Qué van a defender la república si siempre que pueden ponen en riesgo la democracia y la comida del pueblo”, expresó, en alusión al papel de la entidad del campo en oposición a la nacionalización de la empresa cerealera.

“Vimos este fin de semana esa falsa gesta patriótica donde salieron con las banderas como si fueran defensores de la patria. Vicentin es minúsculo frente a lo que se necesita, pero es necesario empezar a discutir esto”, explicó.

Además, Altamirano señaló que quienes se ponen del lado de la firma agroindustrial, preocupados por un presunto avance sobre la propiedad privada, “son herederos de los que mataron  a los pueblos originarios, esto fue a sangre y fuego, se repartieron la tierra y  la heredaron. En su vida trabajaron y viven del trabajo de otros”. En este sentido, analizó que desde los sectores ligados a la actividad rural intentan capturar a todo el arco opositor al Gobierno nacional y que “en plena pandemia se siguen enriqueciendo como lo hicieron durante los cuatro años de Macri”.

Por último, sustentó su posicionamiento en base a la discusión sobre el uso y administración de los recursos, una temática que forma parte la agenda de la organización.

“¿Por qué intentan instalar que el gobierno avanza sobre la propiedad privada cuando Vicentin es el 7 por ciento y sólo avanzan sobre algo en particular para defender puestos de trabajo  y que no se siga especulando con la comida? Para controlar eso hace falta controlar todo el comercio exterior, pero esto es el inicio”, cerró.

En reacción a las movilizaciones que se produjeron este fin de semana en todo el país y también en Tandil en defensa de la empresa Vicentin –que por sus millonarias deudas el Estado decidió expropiar pero hubo reveses en el medio-, este miércoles el Movimiento 1 de Octubre marchó desde Machado y Colón hasta la sede administrativa de la Sociedad Rural local, ubicada en Santamarina entre Pinto y Belgrano. En simultáneo, otros sectores se movilizaron en la explanada municipal para pronunciarse también en consonancia con la decisión del Gobierno de estatizar la compañía.

Con tapabocas y respetando el distanciamiento social, la columna de manifestantes se desplazó por las avenidas Colón y Santamarina al ritmo de los redoblantes. Portando las tradicionales pancartas con las leyendas “La deuda de la oligarquía que la paguen los oligarcas” y “Los recursos naturales no deben ser propiedad privada”, avanzaron hasta detenerse frente a las oficinas de la institución.

En el lugar formaron un círculo en la calle y bloquearon el acceso a las dependencias de la Sociedad Rural. Allí leyeron un documento y sonó con fuerza el tema “A desalambrar”, de Daniel Viglietti, un himno de los movimientos populares, antes de proceder a la desconcentración.

Según explicó la referente de la agrupación, Griselda Altamirano, la manifestación pública se realizó para poner en evidencia la discusión por los recursos naturales y el acceso a la tierra y los alimentos.

“Qué van a defender la república si siempre que pueden ponen en riesgo la democracia y la comida del pueblo”, expresó, en alusión al papel de la entidad del campo en oposición  a la expropiación de la empresa cerealera.

“Vimos este fin de semana esa falsa gesta patriótica donde salieron con las banderas como si  fueran defensores de la patria. Vicentin es minúsculo frente a lo que se necesita, pero es necesario empezar a discutir esto”, explicó.

Además, Altamirano señaló que quienes se ponen del lado de la firma agroindustrial, preocupados por un presunto avance sobre la propiedad privada, “son herederos de los que mataron  a los pueblos originarios, esto fue a sangre y fuego, se repartieron la tierra y  la heredaron. En su vida trabajaron y viven del trabajo de otros”.

Asimismo, analizó que desde los sectores ligados a la actividad rural intentan capturar a todo el arco opositor al Gobierno nacional y que “en plena pandemia se siguen enriqueciendo como lo hicieron durante los cuatro años de Macri”.

Por último, sustentó su posicionamiento en base a la discusión sobre el uso y administración de los recursos, una temática que forma parte la agenda de la organización.

“¿Por qué intentan instalar que el gobierno avanza sobre la propiedad privada cuando Vicentin es el 7 por ciento y sólo avanzan sobre algo en particular para defender puestos de trabajo  y que no se siga especulando con la comida? Para controlar eso hace falta controlar todo el comercio exterior, pero esto es el inicio”, cerró.

Organizaciones sociales realizan una jornada nacional de debates, difusión y un “banderazo”, que incluirá ollas populares en diferentes puntos del país, en apoyo al “control estatal” de la empresa cerealera Vicentin.

En Tandil, los movimientos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y Barrios de Pie, se nuclearon en la explanada municipal. Además, estuvieron acompañados por algunos trabajadores de Loimar que reivindicaron su lucha, representantes de la CTA regional Arbolito y Camioneros.

Esteban Lucero, referente de la CCC explicó que están respaldando el Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional. “Están en peligro 2500 productores que pusieron los granos y 7000 obreros. Estamos a favor de la expropiación, no podemos permitir que una empresa tan importante termine cayendo en manos de extranjeros por monedas”, sostuvo.

Por otro lado, consideró que todos deben tener participación activa en esta situación y aseguró que los del banderazo del sábado pasado “no defienden la República sino a Vicentin”. “Necesitamos tener una empresa nacional”, remarcó.

Ayer se registró una intensa y nutrida movilización de vecinos que pusieron el grito en el cielo por el atropello estatal contra la propiedad privada, acerca de las intenciones de expropiación de la agroexportadora en concurso de acreedores Vicentin.

La legítima manifestación (ayer lo hicieron por la 125, por la República, por la muerte del fiscal, contra la corrupción, y por todo lo que tenga olor a kirchnerismo y/o peronismo) apeló a defender la Constitución y, puntualmente en este caso, en el fondo, contra lo que se considera un avasallamiento a la propiedad privada.

Lejos de cuestionar el reclamo, cabe el interrogante a quien escribe sobre si ese espíritu tendría el mismo ímpetu, estado de movilización,  en actos que fueran ejecutados por  otro gobierno.

Aceptando que en los muchos detractores a la iniciativa gubernamental impera la desconfianza sobre las verdaderas intenciones de la medida que en las últimas horas fue rechazada por el juez interviniente,  podría sintetizarse en que lo que verdaderamente está en discusión es la intervención estatal en ésta como en otra empresa.

Apelando a la literalidad del mensaje Presidencial (luego el gobernador santafesino corregiría con una propuesta que se presentó como superadora), la gestión de intervención deviene del estado de situación de la agroexportadora concursada que cobija un tendal de deudas y pone en riesgo miles puestos de trabajo.

Se defiende el argumento que con el Estado presente, como regulador, podría equilibrar la voracidad extranjerizante que acecha a la firma en crisis.

Pero nada de eso se acepta. Por desconfianza o por ideología, se rechaza y punto.

Acá también

Ahora bien, yendo al llano del asunto. El rechazo volcado a la calle alude a la intromisión del Estado en el sector privado. Una vara que a primera vista no se condice con otras intervenciones que ocurrieron acá nomás, a la vuelta de la esquina.

Salvando las fragantes distancias y los claros matices (en los casos locales detallados a continuación no había intervención judicial aún con un concurso en el medio), la administración lunghista consideró pertinente, necesario a favor de un bien superior, entrometerse en la catástrofe económica en la que había quedado inmerso el Club Hípico que estaba listo para lotear el histórico predio del hipódromo de Villa Aguirre. Con razones atendibles, el Municipio intervino con una ingeniería financiera en pos de sostener un espacio clave para el desarrollo social, cultural pero también estratégico en materia urbanística. Con esas armas incluso más luego se defendió en el juicio penal contra sus funcionarios ante una polémica concesión.

Con un espíritu similar, se ocupó y preocupó por Cami emergencias. Con Usicom como bandera y recursos municipales, se salvó la empresa  que Miguel Lunghi supo fundar y hoy se presta el servicio en cuestión articulando con lo público.

Vicentin allá, Cami acá. Las circunstancias y las formas de intervención claramente fueron distintas, pero en el fondo el fin parece el mismo.

Lo curioso es que entre los que ayer marcharon en el pago supieron  aplaudir lo que aquí se hizo. De hecho, una de las caras reconocidas fue la del exconcejal y exprecandidato a intendente Marcos Nicolini, que por ese entonces era integrante del gabinete lunghista.

Paradójico también que los que por esos días alzaron su voz en contra de la intervención local para salvar la empresa privada de emergencias ahora celebran la iniciativa nacional.

“No estamos cuestionando el servicio que se presta. Ni el privado ni el del Hospital. Sino que queremos que nos expliquen sobre la decisión de rescatar una empresa privada, que funciona con la lógica de una empresa (…), exponía con tono crítico desde la banca deliberativa el concejal del Frente para la Victoria Fernando Rossi en consonancia con Pablo Bossio desde la oposición.

El “Banderazo Nacional” se hizo oír ayer en Tandil, acudiendo a la convocatoria que habían lanzado desde el grupo “Campo Más Ciudad”, entre otros, para manifestarse “en defensa de las libertades y derechos”.

En el día en que se conmemora la muerte de Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina, cientos de tandilenses levantaron la celeste y blanca y se congregaron bajo el lema “Hoy es Vicentin, mañana sos vos”.

La cita fue en primer lugar en la rotonda de las rutas 226 y 30, donde principalmente productores agropecuarios, familias y otros relacionados al sector, se congregaron para marchar en caravana luego hasta el centro de la ciudad. Allí, precisamente en la Plaza Independencia, otro centenar de personas opositoras al Gobierno nacional aguardaban cantando el Himno Nacional para sumarse con aplausos al bocinazo.

Si bien el banderazo contempló en el resto del país una heterogeneidad de consignas, como el apoyo a la empresa Vicentin, negación ante la continuación de la cuarentena, y un rechazo general a cualquier medida que proponga el presidente Alberto Fernández; en Tandil aseguraron que se abocaron solamente a la primera y “el avasallamiento que implica sobre la propiedad privada”.

La protesta se da a horas de que el Gobierno replanteara su idea inicial de expropiar y tomara en cambio la propuesta del gobernador santafesino Omar Perotti como una alternativa tras el fallo judicial adverso de la Justicia. Cabe recordar que Perotti llevó el viernes a la Casa Rosada la iniciativa que implica el desplazamiento del directorio actual y una intervención judicial que designe un Órgano Interventor de la firma.

De acuerdo a la convocatoria hecha a través de las redes sociales y comunicados de los distintos sectores, la protesta se extendió a 60 localidades de todo el país, con epicentro en Avellaneda, donde se encuentra la sede de la empresa exportadora de granos. Allí se hizo la concentración principal, encabezada por el propio intendente y donde participaron también integrantes de la familia Vicentin.

El campo lidera este enojo

La intervención transitoria en la empresa agroexportadora, que decretó el Gobierno nacional el pasado martes y luego tuvo el fallo del Juez para dar marcha atrás, generó repercusiones en diferentes ámbitos de la sociedad, particularmente en el sector rural.

“Hay enojo y preocupación por una gran parte de la sociedad”, indicó Belisario Castillo, referente de la Cadena Ganadera de la Cámara Agroindustrial, uno de los que dirigió la convocatoria junto a Gregorio Mac Lean ayer a la tarde. En el centro de la rotonda, ambos hablaron a través de un megáfono para todos los presentes y luego marcharon con sus familias.

“Desde el campo estamos un poco liderando este enojo, porque se está tocando a una empresa relacionada con la agroindustria”, admitió en conversación con El Eco de Tandil,  aunque extendió ese malestar más allá de lo que está ocurriendo con esa firma, temiendo por lo que significa esa actitud del Gobierno nacional. Sostuvo que hay un avasallamiento de la propiedad privada y calificó de “ataque” lo que sucedió el viernes por la mañana entre Alberto Fernández y el juez Fabián Lorenzini.  “Nuestro Presidente le dijo que si no acepta la propuesta que se le entregó no va a quedar otra que expropiarla. Están amenazando a la Justicia y nos demuestra que esta es la forma de gobernar”, exclamó. Ante este razonamiento, aseveró que “el republicanismo no está dentro del ADN de este Gobierno”.

Finalmente, aunque no se manifestó contento porque consideró que “la situación es realmente grave y preocupante”, sí se dijo conforme sobre lo que ayer se mostró en todo el país, advirtiendo que la sociedad no está dispuesta a tolerar “este tipo de atropellos, manejos políticos y avasallamiento de los poderes republicanos”.

“En Tandil se acompañó con muchísima voluntad, cantidad y entusiasmo esta movilización”, concluyó.

“La expropiación no era una medida acertada”

Entre los presentes, también estuvieron otros destacados de la Sociedad Rural, como el presidente Matias Meli, y Julio Pagola, también presidente del Foro de Seguridad. Además, acompañaron la movilización algunos referentes políticos de la ciudad, entre ellos el exconcejal Claudio Ersinger y el excandidato a Intendente Marcos Nicolini.

Este último destacó que su apoyo es “como siempre” en base a respetar la institucionalidad. “Esto es una manifestación en contra de una medida que adoptó el Gobierno, de intervenir una empresa que creo que pasa por arriba todo el andamiaje institucional porque estaba en concurso con un Juez trabajando y, no obstante, se nombró una intervención sin respetar eso”, reflexionó, y agregó que la Justicia los hizo volver para atrás, recordando que a los administradores que dispusieron desde el Estado los puso en carácter de veedores desde el viernes.

Nicolini aclaró que lo que él se acercó a manifestar en este caso, es básicamente “el pleno respeto a la Constitución Nacional, a la Ley y, por supuesto, a la libertad”. “Todo el mundo tiene derecho”, reforzó.

De todas maneras, el dirigente político analizó que esto va más allá de la expropiación de una empresa. “Aunque hay que ver como es ese concurso, no coincido con la forma, me parece que la expropiación como la anunció el Gobierno nacional no era una medida acertada”, señaló.

En una de las convocatorias que circuló por las redes sociales también se mencionaba que la manifestación sería por estar en contra de la cuarentena. Lejos de que sea así, Nicolini aseguró que “de ninguna manera” y recordó que es una etapa que ya no rige en Tandil por lo que no tendría sentido. “Acá va por ver qué país queremos de aquí en adelante, para nuestro hijos, porque todos coincidimos en que hay que sacar la pobreza estructural que tiene Argentina, pero no nos ponemos de acuerdo en el ‘cómo´”, planteó al finalizar.

Finalmente, sostuvo que el objetivo de pobreza cero hay que hacerlo con libertad e instituciones claras porque sino lo que se va logrando es cada vez más pobreza.

Esta tarde, desde las 15.30 productores agropecuarios, personas afines al sector y opositores al gobierno de Alberto Fernández se juntaron en la rotonda de las rutas 30 y 226, replicando la consigna que se emitió en distintos puntos del país en contra de las acciones sobre la empresa Vicentín. 

Con banderas argentinas y bocinazos, los manifestantes realizaron una caravana hasta el centro de la ciudad, donde se unieron con otro centenar de personas que los aguardaban en la Plaza Independencia.

“Hay preocupación por una gran parte de la sociedad. Desde el campo estamos un poco liderando este enojo, porque se está tocando a una empresa relacionada con la agroindustria”, sostuvo Belisario Castillo, referente de la Cadena Ganadera de la Cámara Agroindustrial. Además, consideró que “están amenazando a la justicia” y eso les demuestra que “así es la forma de gobernar”. “El republicanismo no está dentro del ADN de este Gobierno”, remató. 

Por su parte, el excandidato a intendente Marcos Nicolini también se acercó a la plaza a acompañar el movimiento y aseguró que su apoyo es “como siempre en base a respetar la institucionalidad”. “Yo creo que esto va más allá de la expropiación de una empresa, hay que ver como es ese concurso, pero me parece que la medida de la Nación no era la acertada”, consideró.

El diputado nacional del bloque Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez se refirió a la situación de Vicentin y al respecto afirmó que se opone “rotundamente” a la expropiación.

En ese sentido, recalcó que “ninguna de las finalidades que el Gobierno plantea se logra a través de la expropiación. Es una mala señal hacia el sector privado, no se va a lograr ni tener una empresa testigo, ni garantizar soberanía alimentaria, ni evitar la extranjerización”.

“La excesiva extranjerización es algo que hay que evitar porque hoy el mercado de granos en la Argentina lamentablemente ya está extranjerizado, pero se le puede poner un límite con lo que Roberto Lavagna denomina acción de oro que no significa expropiación, y hay que respetar la ley, y hacer que las cooperativas, pequeños y medianos productores, eventualmente el propio Estado de Santa Fe, de manera virtuosa puedan participar”, sostuvo.

“Bajarse de la moto y subirse a la bicicleta”

Frente a este panorama, planteó que “tengo la impresión de que lo peor que le puede pasar a la Argentina en este tema es que se apuren en querer enviar y forzar una ley de expropiación. Yo creo que el Gobierno si lo piensa bien no debería enviar una ley de expropiación y dedicarse a bajarse de la moto, subirse a una bicicleta y mirar lo que pasa alrededor, ir mas despacito, escuchar y generar consensos, para que luego si el Congreso interviene, lo haga para ratificar lo que ya está acordado y no para imponer algo que va en contra de la voluntad del sector privado”.

“Lo que ha planteado Lavagna es una idea, no va a escribir un proyecto, no va a armar una alternativa escrita, eso es responsabilidad de quienes estamos en el Congreso, o eventualmente del propio poder Ejecutivo. De todo esto, me parece que lo mejor sería que el Gobierno dé señales de que quiere escuchar y que no va por la expropiación”, manifestó.

En medio de este problema, afirmó que “tanto ruido nos hace perder de vista que hay un problema de base, que Vincetin dejó un tendal, son 2368 acreedores en todo el país, muchos de esos chacareros, productores de grano que si no se les paga se funden entonces hay que darse el tiempo, dejar de lado la expropiación y trabajar en una salida virtuosa que es posible”.

“Por los dichos del Presidente hay que concluir lo que él ha dicho, que la expropiación no es una finalidad en sí misma, pues bien, si no lo es, y además a mí me parece que no es necesaria, démonos un tiempo para trabajar en una salida que incorpore al sector privado, y que respete a la ley. Nada en contra de la ley porque además de cometer hoy un daño, vamos a comprarnos juicios a futuro”, manifestó.

Finalmente enfatizó que “tenemos que dedicarnos a los temas más urgentes, por ejemplo devolverle las compensaciones por segmentación de retenciones a los pequeños y medianos productores que no se las está devolviendo el Gobierno”.

La intervención transitoria en la empresa agroexportadora Vicentin que decretó el Gobierno nacional el pasado martes generó repercusiones en diferentes ámbitos de la sociedad, particularmente en el sector rural.

Tal es así, que este miércoles el grupo Campo Más Ciudad convocó a sus seguidores para realizar un “banderazo nacional en defensa de nuestras libertades y derechos” el 20 de junio y en Tandil decidieron replicarlo.

De esta forma, bajo el lema “Hoy es Vicentin, mañana sos vos”, integrantes locales de la agrupación se congregarán hoy en la intersección de las rutas 30 y 226 a las 16.

Gregorio Mac Lean, uno de los vecinos autoconvocados, dialogó con El Eco de Tandil y explicó que realizarán el “banderazo” en la rotonda que conecta a ambos trayectos y que están conversando para ver de qué manera pueden visibilizar su postura sin romper los protocolos sanitarios vigentes en el marco del coronavirus.

“Estamos trabajando en el distanciamiento físico. Pensamos en quedarnos arriba de la camioneta y reducir el contacto. Queremos ser muy cuidadosos de eso porque tampoco es la intención generar más conflictos y sumar líos a los que ya tenemos. No buscamos ser parte de eso, por lo cual muy probablemente sea una convocatoria como la que se hizo en Tigre, una marcha en auto”, reconoció Mac Lean.

Si bien el puntapié inicial de esta convocatoria fue lo ocurrido la ciudad santafesina de Avellaneda, donde se encuentra Vicentin, refirió que va más allá de este caso en particular y que no solo serán trabajadores rurales quienes se movilizarán.

Manifestó que la propuesta surgió del sector agropecuario y que refiere, además, a todo lo que atravesó el país porque “nos preocupa hacia dónde estamos yendo”

“Queremos empezar a mostrar de alguna manera que consideramos que este no es el camino que debemos tomar. Particularmente lo de Vicentin, ya que está fuera de tiempo, no tiene razón de ser, no tiene razón jurídica, legal, técnica… Al menos los que estamos preocupados en esta historia sabemos que esto una vez que empieza no termina. Y no vemos un buen fin en esto”, expresó.

“El origen puede ser rural, pero nos preocupa a todos”

Si bien aceptó que es una situación coyuntural, remarcó que “es un camino que no debemos tomar en la Argentina” y que es por ello que se están convocando en diferentes localidades del país para hacerse sentir.

Señaló que el origen de este “banderazo” es rural pero que “es un tema que nos ocupa a todos”, de manera que la idea no es que solo se congreguen los trabajadores agropecuarios sino también todos aquellos que adviertan la misma preocupación e inquietud.

“Esto escapa, trasciende lo rural. Entonces el objetivo es salir del foco nuestro, porque aunque el campo esté un poco más cerca de este problema, cuando las nombras se quiebran empiezan a pegar por todos lados. Ya lo hemos visto en la historia de nuestro país”, aseveró Mac Lean.

Añadió que es relevante que la gente entienda que no solo afecta al agro sino también a la ciudad, a la región y al país, puesto que “algo que está mal hecho, a la larga o a la corta nos termina pegando a todos”.

Siguiendo con esa línea remarcó que lo realizado en la empresa Vicentin “por todos lados es malo” y destacó que se interfirió en la Justicia y se interrumpió a uno de los poderes del Estado: “Las personas pueden decir ‘a mí no me pega porque es en Santa Fe’, pero están yendo contra un Poder que nos afecta a todos; son normas básicas que rigen”.

“Una cachetada a quien no deben”

Subrayando nuevamente que “no es solo Vicentin”, declaró que “le están pegando una cachetada a quien no deben” y expresó que es por eso que decidieron juntarse para visibilizar la situación y apoyar las uniones que se están forjando en toda la Argentina “para decir ‘acá estamos, escúchennos que somos ciudadanos que no queremos esto porque hay otras instancias de diálogo y otras formas de solucionar los conflictos’”

Cabe mencionar que el “banderazo” se llevará a cabo en 68 localidades como Mendoza, Posadas, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Resistencia, Olavarría, Bariloche, Cipoletti y San Salvador de Jujuy.

“Tenemos que entender esto como un todo, estamos todos conectados. No es el sector rural, es de las fábricas, los comerciantes, todos los que día a día les cuesta salir adelante”, concluyó Mac Lean.

La intervención transitoria en la empresa agroexportadora Vicentin que decretó el Gobierno nacional el pasado martes generó repercusiones en diferentes ámbitos de la sociedad.

Tal es así, que este miércoles el grupo Campo Más Ciudad convocó a sus seguidores para realizar un “banderazo nacional en defensa de nuestras libertades y derechos” el sábado 20 de junio y en Tandil decidieron replicarlo.

De esta forma, bajo el lema “Hoy es Vicentin, mañana sos vos”, integrantes locales de la agrupación se congregarán en la intersección de las rutas 30 y 226 el sábado a las 16 horas.

El Gobierno nacional publicó el martes en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia que oficializa la intervención transitoria de la empresa agroexportadora Vicentin, paso previo a la intención de expropiación anticipada este lunes por el presidente Alberto Fernández. La empresa se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda que alcanza los 1.350 millones de dólares.

El tema tuvo sus repercusiones en Tandil. En el listado de acreedores figura la Cooperativa Agropecuaria de Tandil LTDA, por un monto que asciende a 77.468.754,95 de pesos por una operatoria de venta de girasol que se concretó en diciembre pasado.

Sin embargo, la entidad con sede en el Parque Industrial recibió el pago de esa transacción el pasado 6 de marzo por parte de la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), cedió los derechos de verificación del concurso para que pueda mantener la negociación durante el proceso y quedó “al margen” del tema.

“No le debe nada”

Frente a este escenario, El Eco de Tandil se contactó con Daniel Álvarez, de la Cooperativa Agropecuaria, que ratificó que “el 6 de marzo cobramos la deuda que tenía Vicentin a través de ACA, que es el corredor de granos”.

En principio, dijo que “figuramos en el concurso de acreedores de Vicentin por unos 77 millones de pesos”, y explicó que “todos los negocios que hacemos son a través de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), como corredor”.

Con lo cual, “la suma que figura ya la cobramos. ACA se hizo cargo de la deuda el 6 de marzo y nosotros le cedimos los derechos de verificación. Es decir que Vicentin a la Cooperativa Agropecuaria Tandil no le debe nada”.

A más precisiones, Álvarez sostuvo que, por contrato, el corredor de granos tiene la “obligación” asumir las deudas por la cesión “por cuenta y orden” del cereal y, en función de eso, “decide a quién le vende”.

“La cooperativa cede por cuenta y orden el cereal a ACA, que decide a quién le vende. Por consecuencia, se hace responsable del cobro. En este caso, se hizo responsable y nos pagó. Nosotros cedimos los derechos y ACA va a verificar en el concurso por esa deuda y después decidirá si acepta o no la propuesta que le pueda hacer Vicentin”, aclaró.

Independientemente de esta circunstancia, precisó que la empresa con sede en el PIT le pagó a sus asociados “en tiempo y forma” por la operación realizada en diciembre pasado, y ratificó que “la deuda que Vicentin tenía, ACA la canceló el 6 de marzo”.

En tanto, Álvarez consideró que la decisión del Ejecutivo nacional intervenir la empresa agroexportadora por decreto y que buscará expropiar por medio de una ley del Congreso demorará las negociaciones que se mantenían con el sector privado. “Hasta que no se resuelva esto, supongo que no se podrá avanzar en nada”, opinó, y si bien enfatizó que la Cooperativa Agropecuaria quedó fuera de este esquema, expresó que el interés es que ACA pueda cobrar la deuda.

Por último, planteó que la firma dedicada al acopio y comercialización de cereales comenzó a operar con Vicentin, a través de ACA, en el último tiempo tras su llegada a esta zona de la provincia de Buenos Aires.

Con sede central en Santa Fe, la agroexportadora adquirió el año pasado una fábrica de girasol de Cargill en Necochea y comenzó a reforzar su presencia en el sudeste bonaerense. “ACA nos presentó a esta empresa, que era un comprador serio e importante. Lamentablemente pasó lo que pasó”, concluyó.

El anuncio

Este lunes, el presidente Alberto Fernández firmó de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención de la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por 350 millones de dólares.

En total, la deuda de Vicentin asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos mil millones son con los bancos y otros 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los 18 mil millones de pesos, seguido por el Provincia, con 1.600 millones de pesos, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con cinco millones.

El anuncio fue realizado por Alberto Fernández en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado.

En diálogo con “Tandil Despierta” por la 104.1 Tandil FM y ECO TV, el diputado nacional Alejandro Rodríguez dijo que “en este tipo de casos, tratándose de una decisión tan apresurada que ha tomado el gobierno, siempre es importante consultar a expertos en materia jurídica, a cooperativas, productores agropecuarios, a funcionarios del propio gobierno o del gobierno provincial. La primera conclusión es que es evidente que la decisión se tomó de manera apresurada”.

“Fijénse quiénes estuvieron presentes en el anuncio y quiénes no”, cuestionó Rodríguez y señaló: “Estuvo ausente el ministerio de Agricultura de la Nación, yo no tengo nada que criticarle al ministro de la Producción Kulfas, pero les puedo asegurar que el funcionario habla con industriales, con fabricantes de autos, pero no con chacareros ni productores de cereales. Esa es una tarea específica del ministro de Agricultura. Vicentín, tiene una tradición muy importante en Santa Fe, también está en otra provincia. No hubo nadie con representación institucional del gobierno de Santa Fe sentado a la hora de dar el anuncio”.

El diputado sostuvo que “el gobierno intentó lograr adhesión de los propios, incluyendo los intendentes del Gran Buenos Aires, donde la logró. Pero no así de los intendentes locales, donde está la empresa Vicentín, algunos de los cuales se manifestaron en contra”.

“El principal error del gobierno es sacar al sector privado de las cooperativas. Ella son el motor de la producción agropecuario. Son la tradición que hicieron de la región Centro, algo muy dinámico, se genera vinculación, se aumenta la productividad y se genera exportación. Me pregunto por qué el gobierno deja afuera a las cooperativas y nos pone en este falso dilema de que si Vicentín quiebra hay solo dos alternativas, o la toman las grandes internacionales o se la queda el Estado. Falso dilema. Hay alternativas. Una, que es virtuosa y positiva, es involucrar a todo el sector cooperativo para que tenga protagonismo si eventualmente se produce lo indeseado con esta empresa”, analizó y sintetizó que es una decisión “errónea, apresurada y desacertada”.

Problemas futuros

Al legislador tandilense le preocupa lo que pueda llegar a pasar si avanza este proyecto, del cual solo se conoce a la fecha un borrador. “Designar un interventor por parte del Estado es un error desde el punto de vista legal porque esa designación solo puede tomarla un juez en el marco de una empresa que está en pleno proceso de acreedores”, dijo.

“Marchamos muy aceleradamente al riesgo de que volvamos a caer en las malas decisiones que luego traen problemas a los argentinos. Por eso advertí el riesgo de litigiosidad que tienen este tipo de decisiones que hipotecan al Estado Argentino”, sostuvo.

Además Rodríguez afirmó que “de ninguna manera se ganaría soberanía alimentaria, porque la empresa está especializada en producción de derivados de soja y exporta el 95 por ciento. Eso significa que no tiene ninguna posibilidad para garantizar soberanía alimentaria dado porque, por distintas razones, el consumo de soja en Argentina es prácticamente nulo”.

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, manifestó hoy su esperanza en que la intervención a la cerealera Vicentin no resulte un “pasamano de una empresa concentrada privada a otra empresa privada”.

“Que el productor pueda cobrar las deudas de Vicentin y mantener las fuentes de trabajo es importante”, dijo Achetoni en diálogo con El Destape Radio.

Agregó que los productores quieren “saber fehacientemente” cuál es el proyecto respecto del Grupo Vicentin, porque “no es lo mismo que quede en manos de tres o cuatro empresas privadas concentradas, a que sean tres o cuatro cooperativas, o integradoras de cooperativas”.

Para Achetoni, la participación de pequeños y medianos productores y/o cooperativas “es una forma de dar participación”.

“Si no, sería un pasamano de una empresa concentrada privada a otra empresa privada”, aseveró.

Por último, el presidente de la Federación Agraria Argentina manifestó: “Tenemos que conocer el proyecto, ver el alcance que va a tener para poder decir si aplaudimos o criticamos”.