La renovación de autoridades municipales del 10 de diciembre pasado trajo consigo recambios en el gabinete local. Entre otros nuevos funcionarios, Javier López asumió al frente de la Secretaría de Legal y Técnica, un área clave de la gestión, con intervención transversal en el conjunto de la estructura comunal.

En una entrevista a fondo con El Eco de Tandil, el abogado –criado en Villa Italia y formado en la UBA- repasó algunos de los principales temas a los que se encuentra abocado. Desde la compleja situación en Villa del Lago –a la espera de la decisión de la Justicia, llevan concretadas 14 permutas y aseguró que no se verá afectada la declaración de Zona de Interés Ambiental-, las sanciones al propietario del predio del Ex Policlínico –que se comprometió en 90 días a comenzar a definir qué va a pasar con el lugar-, los avances en las gestiones para que Tandil cuente con una Secretaría o Juzgado Federal luego de haber mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, y el adelanto de la llegada de Ricardo Gil Lavedra a la ciudad.

“Los funcionarios públicos debemos a darle respuestas a la gente, sobre todo al ciudadano porque somos gobiernos de cercanía. Nosotros caminamos la calle en Tandil, vivimos en Tandil, tenemos muchísima gente conocida en Tandil, entonces debemos darle respuestas a la gente y respuestas que tienen que ser concretas”, compartió sobre la impronta que comenzó a imprimirle a la Secretaría.

En su primera experiencia en la gestión pública, López se había desempeñado como síndico de la Usina. Al finalizar su función volvió a dedicarse de lleno a su estudio, hasta que recibió el ofrecimiento para hacerse cargo del área de Legal y Técnica.

“Lo más importante es la satisfacción de poder hacer por la ciudadanía. Estoy en un desafío mucho mayor y lo primero en lo que pienso es en mis viejos, en mi familia, en mi hija, en mi compañera de vida y en todo lo que pueda hacer desde el lugar de la Secretaría de Legal y Técnica, en hacer por la ciudadanía, en acompañar el proyecto de Miguel y de todo el equipo de gobierno”, expresó.

- Comentabas antes de empezar la nota de avances con respecto a la posibilidad de crear una dependencia de la Justicia Federal en la ciudad. ¿Cómo fueron esas gestiones y en qué estado están?

-Desde que entré a la Secretaría, Julio Elichiribehety me dio la posibilidad de que podamos llevar adelante distintos proyectos en los cuales pudiéramos obtener mejores cosas para Tandil.  Uno de ellos fue un proyecto antiguo del año 2018, la creación de una Secretaría o un Juzgado Federal en Tandil.

La ciudad tiene una Defensoría Oficial Federal y tiene una Fiscalía Federal, y los Juzgados Federales están radicados en Azul. Se hicieron gestiones y en el mes de febrero, junto al jefe de Gabinete tuvimos una entrevista en el Ministerio de Justicia de la Nación a cargo del doctor Cúneo Libarona. 

Nos entrevistó un asesor del Ministro, de mucha confianza de él. Le contamos nuestro proyecto y se comprometió a que podamos trabajar con el tema y que le lleváramos un proyecto ya más avanzado. Seguramente en esa oportunidad el Ministro de Justicia podría recibir al Intendente.

-¿Qué permitiría la creación de la Secretaría o el Juzgado Federal en la ciudad? 

-Por un lado la inmediatez de que el funcionario que tiene que resolver las cuestiones esté en Tandil. Eso para la Justicia es muy importante. Por otro, entendemos que esto también le daría a Tandil un mayor protagonismo en materia judicial.

Y también el hecho de ir consolidando un poco esta idea que en algún momento estuvo en Tandil muy presente, de la creación de un Departamento Judicial. Si bien la Justicia Federal se rige por otro carril distinto al de la Justicia ordinaria y Provincial, entendemos que todas estas cuestiones de ir consolidando instituciones judiciales en Tandil implican también fortalecer esta idea. 

Que el día de mañana el crecimiento de Tandil sea acompañado con la creación o el nombramiento de Tandil como Departamento Judicial en la Provincia de Buenos Aires.

-Son gestiones de mucho tiempo ¿No?

-Sí, entiendo que son gestiones que llevan tiempo, pero creo que el crecimiento de Tandil que la ciudad ha mostrado en los últimos 20 años, y sobre todo aceleradamente en los últimos 10 años hace que estos tiempos puedan acelerarse. 

Hoy, por ejemplo, la creación del edificio en Uriburu 750 para tener todas las dependencias judiciales en un mismo lugar, creo que es una señal también de que es un momento en donde Tandil debería luchar y unir esfuerzos entre, por ejemplo, la asociación de magistrados, la asociación de abogados de la ciudad, y poder luchar por este sueño que en algún momento fue que Tandil se constituya como Departamento Judicial. Si todos unimos esfuerzos, vamos a poder lograrlo.

Consultado sobre Villa del Lago, López comenzó brindando un panorama general de la situación, desde la declaración del lugar como Zona Especial de Interés Ambiental y la posterior judicialización del conflicto. 

Cabe recordar, tras la presentación de un particular la Justicia declaró inconstitucional la normativa, y la Comuna interpuso un Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley , la cual está en tratamiento desde diciembre. En paralelo a una nueva resolución judicial, desde el Municipio continúan avanzando con las permutas de lotes, de las cuales llevan 14 concretada y otras 26 en proceso.

-¿Cómo es la situación actual con respecto a Villa del Lago luego de la última presentación ante la Justicia?

-Estamos esperando el resultado, pero lo que hay que entender es que la sentencia hoy no está firme. Con lo cual la Corte puede, de hecho debería revisar lo decidido por la Cámara, que eso es lo que pide el Municipio.

Lo que decida la Corte no se traslada automáticamente a otros procesos porque no es un proceso de incidencia colectiva. Es un planteo individual el que está planteado, de hecho, en relación a un único lote, a una parcela, que lo pide un particular. 

-¿Y eso no sienta precedente para los otros lotes? ¿Cada propietario tendría que hacer su propia presentación?

-Exacto. Y si el Municipio resultara con una resolución adversa, que creo que no debería pasar al menos en todo, tendría la posibilidad de ir a la Corte de Nación, si hay alguna afectación de alguna cuestión de implicancia federal. 

Y por otro lado, si la sentencia le resultara desfavorable, también cabría la posibilidad de que el actor pudiera ir a la Corte de Nación. Los tiempos de la Corte de la Provincia no son iguales para todos los procesos. A veces se tarda entre un año o dos años en resolver, pero no quiero aventurarme porque la sentencia puede salir en un tiempo menor o en un tiempo mayor. 

Después en el frente judicial de todo el universo de personas que entienden que tienen derechos legítimos sobre algún terreno en Villa del Lago, judicializado hay muy poco. Creo que son tres o cuatro procesos más de la misma naturaleza en los que se interpuesto una acción declarativa de certeza. O sea, se pidió que la Justicia se pronuncie sobre una determinada cuestión. En este caso es si las ordenanzas son constitucionales o no. 

Lo que hay que destacar acá es que tampoco ninguno tiene sentencia firme. Es decir, están en el camino que marca la Justicia de todos los pasos necesarios para llegar a obtener un pronunciamiento firme.

-¿Está en juego la declaración del lugar como Zona Especial de Interés Ambiental?

-Eso no está en juego. Es decir, la Declaración de Zona Especial de Interés Ambiental que ha sido convalidada por la Provincia, no está en juego y entiendo que es algo que el Municipio ha ejercido de manera responsable y de manera legal.

Lo que el fallo de Mar del Plata cuestionó de alguna manera es la facultad del Municipio de dictar una ordenanza que, a entender de la Cámara, podía tener un sesgo expropiatorio. 

Y en este sentido, lo que el Municipio plantea es que la ordenanza no es expropiatoria, sino que le permite al Municipio iniciar un mecanismo de permuta, de adquisición de esos lotes y o de expropiación de esos lotes ubicados dentro de la Zona de Interés Ambiental. 

Pero para hacer la expropiación el Municipio debería instar un mecanismo de expropiación a través del dictado de una norma provincial que lo permita. El Municipio no dice que va a expropiar, sino que es una de las alternativas. No se avanzó en ninguna y sí en permutas.

-Durante los últimos días, el predio del Ex Policlínico volvió a estar en la agenda pública a raíz de manifestaciones de vecinos con respecto a la inseguridad. ¿Cómo es la situación hoy y cuál es la tarea que lleva adelante el Municipio?

-El Municipio lo primer que hizo es activar el procedimiento que correspondía a través de las denuncias de vecinos. Se constató y verificó que había pastizales altos, que había basura que se había acumulado en el lugar.

Nosotros empezamos a interactuar con Inspección y evaluamos las distintas acciones que podíamos tener, y entendimos que lo primero que había que resolver de inmediato era el tema del mantenimiento del lugar.

Pero hay una cuestión más importante que también tiene que ver con las necesidades de los vecinos, es decir, qué va a pasar con ese lugar.

-¿Y le cabe alguna sanción al propietario? 

- Hay una ordenanza que establece que el Municipio puede ejecutar una multa por el predio, eso está para todos los predios que están en esta situación.

Pero nosotros entendíamos que tenía que haber un doble abordaje. Es decir, qué va a pasar con el lugar aparte de los costos del mantenimiento. Nos preocupa por sobre todo qué va a pasar con el lugar, qué destino va a tener ese predio, esa manzana que en algún momento supo ser un lugar muy importante para toda Villa Italia y para la comunidad especialmente de la familia ferroviaria. 

Ahora hay un grupo de médicos que está trabajando en un proyecto muy importante para un centro médico, no en todo el lugar, sino en algunos de los lotes. En una reunión con uno de los miembros de ese equipo médico me contó de su proyecto. Están muy entusiasmados, con muchas ganas de llevarlo adelante, y también obviamente ellos están preocupados por la situación de los restantes lotes.

-No es el único predio privado con pastos altos por el que hay reclamos. ¿Cuesta generar la intimación o lograr que los propietarios intervengan sobre el predio?

-Sí, cuesta. No todos los casos son iguales, hay predios en los cuales el propietario es una sociedad y esa sociedad no tiene los representantes legales en Tandil, o no son ubicables. Hay predios que pueden haber pertenecido a personas que hoy están fallecidas y que no se pueden ubicar a sus herederos. 

Entonces esos predios a veces tienen este peligro, por un lado, de las cuestiones que afectan la salubridad del lugar o pueden afectar, digamos, cuestiones de higiene en el barrio. También pueden generar focos de inseguridad porque pueden ser lugares donde se ponga, se lo utilicen con alguna finalidad no lícita.

-¿Pero se le cobra al propietario del predio del Ex Policlínico por las tareas de limpieza del lugar?

-Sí, tiene que pagar. Nosotros tuvimos una reunión con el propietario y la abogada. Fue el viernes 5 de abril. Estuvieron en la Secretaría de Legales y ellos se comprometieron a abonar. Y a su vez, también, dentro de un plazo de 90 días hábiles administrativos, a empezar a interactuar con el Municipio en ver qué va a pasar con ese lugar.

En una nueva sesión ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó ayer por unanimidad la subdivisión de un macizo delimitado por las calles Segundo Sombra, Salceda, San Felipe y Chapaleofú para generar 79 lotes con servicios. 

El pedido lo efectuó la asociación civil por la No Automedicación y el convenio urbanístico se encuadró en la Ley de Acceso al Hábitat vigente. El marco normativo establece asimismo la cesión de tierra o el pago al Municipio mediante el mecanismo de la plusvalía, que en este caso corresponde a tres parcelas y se realiza en el momento en que el expediente obtiene la aprobación definitiva. La dotación de infraestructura corre por cuenta de los particulares. 

Al respecto, el concejal de Juntos Mario Civalleri hizo uso de la palabra y subrayó que el loteo está destinado a la construcción de viviendas únicas de ocupación permanentes, lo que ponderó que “son pasos que se van dando en pos de resolver problemáticas de acceso a la tierra y la vivienda, y tenemos expedientes similares en tratamiento”. 

El fallo conocido recientemente contra la ordenanza que intenta resolver el problema de Villa del Lago sumó nuevas voces sobre la temática. En este sentido se expresó la Asamblea por la Preservación de las Sierras, un actor social que desde hace más de una década brega por la protección del patrimonio natural serrano.

A través de un comunicado, el espacio ciudadano consideró que "el ordenamiento territorial es competencia de municipio y provincia, y eso no significa menoscabo a la certeza de ningún particular sobre sus bienes”. 

En rigor, el Tribunal de Alzada marplatense al que reclamó un propietario del loteo, declaró inconstitucional la utilidad pública del macizo serrano conocido como Villa del Lago, un instrumento votado por unanimidad por el Concejo Deliberante en junio de 2020 para limitar las construcciones en las sierras. Al ponerse en crisis el dominio de los lotes en litigio, hubo actores que se inclinaron por iniciar acciones judiciales para impedir que el Ejecutivo avanzara sobre los terrenos. 

Así, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata dispuso “la inconstitucionalidad de la ordenanza 16.897 en cuanto declara la utilidad pública y sujeción a expropiación del inmueble catastralmente identificado como Circ. I, Sección E, Chacra 150, Manzana 150z, Parcela 2 de la localidad del Tandil” y ponderó que, invocando fines de naturaleza medioambiental, la Municipalidad diagramó mediante las mencionadas ordenanzas un mecanismo regulatorio que procura, en definitiva, la supresión del derecho de dominio del titular del lote. 

Posteriormente, la comuna afirmó que apelará la resolución judicial para defender las normativas vigentes y sus alcances.

Cumplir las leyes 

Al respecto, desde la Asamblea señalaron que el problema de Villa del Lago viene de larga data y observaron que pueden transitarse diferentes caminos para gestionar el conflicto, de modo de preservar los intereses de la ciudad. 

Más allá de la apelación del Municipio al fallo mencionado, volvieron a proponer acciones habilitadas en el marco legal existente, en particular la Ley 8912 (Art 101 y 103) y el Plan de Desarrollo Territorial (PDT). De este modo, básicamente el posicionamiento de la Asamblea se ajusta a la premisa de cumplir con las leyes existentes y, en consecuencia, esgrimieron que es necesario que el Ejecutivo inscriba la restricción a la construcción en todos los terrenos serranos, incluidos los de Villa del Lago “donde no hay agua ni posibilidades de tratamiento adecuado de efluentes”, encuadrándose en la Ley 8912. 

“Anotar la restricción a la construcción en todos los terrenos serranos, incluidos los de Villa del Lago donde no hay agua ni posibilidades de tratamiento adecuado de efluentes (DL 8912 Art. 101-103). Para respetar el ordenamiento y cuidar la ciudad no es imprescindible comprar los terrenos, sino hacer cumplir la ley vigente respecto a regulación y uso del suelo", expusieron. 

Un loteo complicado

Asimismo, en contacto con este medio, los vecinos recuperaron la memoria histórica del mencionado espacio público, y sostuvieron que “en la década del 60 aprovechando la cuantiosa inversión pública en la construcción del Dique algunos particulares lotearon y comenzaron a vender en cuotas terrenos de una sierra aledaña. No contaban con agua, eso quedó prontamente en evidencia e hizo que los compradores dejaran de pagar las cuotas, quebrando la firma Tandil Inversora S.A.”.

En concreto, lo que en su momento el Legislativo aprobó fue la declaración de utilidad pública de 600 parcelas que había subdividido la firma Inversora Tandil SA a mediados de la década del 60. Quedaron fuera de esta medida otros 72 lotes en los que se detectó una ocupación efectiva, con construcciones y obras, en tanto un terreno pertenece al Gobierno provincial. 

Con esta herramienta, el Departamento Ejecutivo comenzó el camino de negociación para incorporar esas tierras al patrimonio municipal. La ordenanza 16.897 prevé, como mecanismos, la compra, permuta, donación y expropiación de esas 600 parcelas, de las cuales 555 están en manos del síndico de la quiebra de la empresa.

Siguiendo la cronología, en 1977 se aprobó -con modificaciones- la norma territorial que rige en toda la provincia hasta el presente. Este encuadre legal  establece que no se puede construir en aquellos terrenos que no disponen de agua y posibilidades de tratamiento seguro de efluentes, y obliga además a que las autoridades consignen esta restricción en catastro, y es extensiva para todo terreno donde no exista un plano aprobado. 

Según explicaron desde el espacio vecinal, en Villa del Lago esto es aplicable para todo menos para lo construido o aprobado hasta el momento en que se publicó la Ley 8912/77.  A la par, cuestionaron: “Desde entonces asistimos a décadas de abandono, quedando sólo las primeras casas terminadas en Villa del Lago. En todas esas décadas, ¿la enorme deuda de impuestos quién la pagó?". 

No obstante, al profundizar más en la problemática enfatizaron que "desde hace alrededor de 10 años se empezaron a suceder incendios, alambrados y construcciones ilegales, y la gestión municipal hizo caso omiso a las múltiples denuncias públicas”.

En este marco, recordaron que se publicaron fotos con casas en construcción con dos piletas de lona armadas con agua para la tarea constructiva, situación que puso de manifiesto la falta de agua de pozo, pero la Usina llevó la luz y el Municipio provee agua con camiones. En esta línea, reflexionaron que “en pocos años se vieron una sucesión de tomas de terrenos VIP y construcción clandestina. Las denuncias siguieron y la falta de respuestas públicas adecuadas también".

En tanto, reiteraron que la comuna debe aplicar la legislación  vigente y el PDT aprobado en 2005 por el mismo Municipio -refrendado por la Provincia en 2007-, donde dice que debe evitarse el avance urbano sobre las sierras. 

Finalmente, exhortaron a las autoridades a “dejar de otorgar excepciones, de permitir loteos indebidos y de aprobar planos fraudulentos. Para respetar el ordenamiento y cuidar la ciudad no es imprescindible comprar los terrenos sino hacer cumplir la ley vigente, y eso lo pueden hacer ya". 

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata dio un giro inesperado e hizo lugar al recurso presentado por Hugo César Inza, en el marco de una causa contra el Municipio sobre pretensión declarativa de certeza por la permuta de lotes en Villa del Lago. 

En rigor, la acción declarativa de certeza es aquella que tiene por finalidad eliminar un estado real de falta de certeza o de inseguridad que amenace la condición jurídica del actor y justifique la necesidad de una inmediata aclaración, ya que este estado de incertidumbre le provoca un perjuicio o lesión actual que justifica el pronunciamiento judicial sobre la cuestión planteada.

Al ponerse en crisis el dominio de los lotes en litigio, hubo actores que se inclinaron por iniciar acciones judiciales para impedir que el Ejecutivo avanzara sobre los terrenos. De este modo, el Tribunal de Alzada conformado por los jueces  Elio Horacio Riccitelli, Diego Fernando Ucin y Roberto Daniel Mora, falló de manera unánime a favor del denunciante y decidió revocar la sentencia apelada en todos sus términos. 

Así, la Cámara dispuso “la inconstitucionalidad de la ordenanza 16.897 en cuanto declara la utilidad pública y sujeción a expropiación del inmueble catastralmente identificado como Circ. I, Sección E, Chacra 150, Manzana 150z, Parcela 2 de la localidad del Tandil, y de las limitaciones al dominio contenidas en las ordenanzas 16.951 y 17.390, en tanto entroncadas en lo dispuesto por la ordenanza 16.897 estatuyan restricciones que importen la ablación de cualquiera de los componentes esenciales del derecho de propiedad sobre el mentado fundo”. 

Además la Justicia ponderó que, invocando fines de naturaleza medioambiental, la Municipalidad diagramó mediante las mencionadas ordenanzas un mecanismo regulatorio que procura, en definitiva, la supresión del derecho de dominio de Inza. 

Los fundamentos 

En el fallo, la Cámara detalla que la estructura normativa configurada por las ordenanzas 16.951 y 17.390 termina de “agravar la ya patentizada situación de incertidumbre del actor pues se lo coloca en la indeseada disyuntiva de aceptar alguna de las propuestas de negocio (compraventa - permuta) que le ofrezca el Municipio y/o tolerar la sujeción a expropiación de su bien por quien carece de atribuciones constitucionales y legales para ello”. 

En la sentencia, apoyada en jurisprudencia del propio organismo, se esgrime que este escenario se produce con el agravante de que las limitaciones urbanísticas posteriores a la sanción de la ordenanza que declara la utilidad pública “vacían prácticamente de contenido económico el bien”, y valora que "aunque apuntalado en fines loables como resulta ser la tutela del ambiente, lejos de generar certeza ha colocado al actor en una situación de indeterminación y zozobra en cuanto al alcance actual”. 

A la par, el razonamiento seguido por el juez Riccitelli ante tales premisas, indican que “la expropiación podrá ser dispuesta tanto por el Estado Nacional como por una provincia -aunque en este último caso solo podrá tener por objeto bienes situados en la respectiva jurisdicción-, siendo competente para efectuar la calificación de utilidad pública y ordenar aquella el órgano que, dentro de cada una de las respectivas esferas del esquema gubernativo federal, se encuentre habilitado constitucionalmente para sancionar leyes”. 

Vale aclarar que, si bien la expropiación solamente puede ser dispuesta por ley nacional o provincial, los sujetos activos de la expropiación no serán únicamente la Nación o las provincias, desde que la ley puede atribuir ese carácter a los municipios, entidades autárquicas, empresas nacionales o provinciales, o concesionarios de obras y servicios públicos, entre otros. Empero, en todos estos casos, siempre será necesaria la previa sanción de una ley del Congreso o de la Legislatura provincial que califique la utilidad pública. 

“No puedo pasar por alto que el actor articuló su pretensión proyectando una situación de incertidumbre acerca del alcance o contenido de las ordenanzas cuestionadas, procurando superar el estado de perplejidad que le genera ver sometido el inmueble de su propiedad a un marco regulatorio compuesto por múltiples normas que, luego de calificar de utilidad pública la adquisición del dominio de ese bien por la comuna, lo sujetan a expropiación desconociendo -según afirmara en su demanda- que los municipios carecen de competencia para obrar de tal modo”, abunda el magistrado en sus fundamentos. 

En consecuencia, formó convicción en cuanto a que la ordenanza 16.897 “no podría equipararse a una ley declarativa de utilidad pública en el sentido propio de la manda contenida en los textos constitucionales nacional y provincial”. 

Las normativas municipales 

En junio de 2020, el Concejo Deliberante dio el primer paso para la preservación de buena parte del faldeo serrano de Villa del Lago, con la declaración de utilidad pública de 600 parcelas que había subdividido la firma Inversora Tandil SA a mediados de la década del 60. Quedaron fuera de esta medida otros 72 lotes en los que se detectó una ocupación efectiva, con construcciones y obras, en tanto un terreno pertenece al Gobierno de la  Provincia.

Con esta herramienta, el Departamento Ejecutivo comenzó el camino de negociación para incorporar esas tierras al patrimonio municipal. La ordenanza 16.897 prevé, como mecanismos, la compra, permuta, donación y expropiación de esas 600 parcelas, de las cuales 555 están en manos del síndico de la quiebra de la empresa.

Posteriormente, a través de la ordenanza 17.390, se estableció también una Zona Especial de Interés Ambiental (ZEIA), de acuerdo a las categorías del Plan de Ordenamiento Territorial, tendiente a resguardar ese sector serrano, donde no hay factibilidad técnica de extender servicios ni alentar el desarrollo urbano.

En sintonía, en diciembre de 2022 se puso en funciones el Comité de Gestión de Permutas, que tiene a su cargo la tarea de efectivizar el intercambio de tierras del faldeo serrano declaradas de utilidad pública, cuyos propietarios hayan acreditado titularidad, por lotes municipales. El proceso se encuadró a partir de un esquema que estableció un criterio común de tasación, al otorgar un puntaje a cada terreno de acuerdo a una serie de indicadores.

La Dirección de Control Vehicular trasladó al Área de Servicios Municipales un colectivo que se encontraba abandonado en un terreno baldío en Villa del Lago. Durante la semana, los vecinos del lugar se mantuvieron en alerta, ya que se especuló con que podría tratarse del avance de una ocupación.

A causa del gran tamaño del colectivo, debió llevarse a cabo un operativo especial en el que no sólo intervino Tránsito, sino también personal de Policía y de Servicios. Mediante la asistencia de un camión, remolcaron al vehículo desde el barrio ubicado en la zona del Lago del Fuerte hasta la dependencia municipal que funciona en la ex Buxton. La unidad en cuestión quedó a disposición del Juzgado de Faltas.

Fue en los últimos días que se conoció la preocupación vecinal por la presencia de un colectivo escolar en un terreno de Villa del Lago. Con el temor de que pudiera tratarse del inicio de una ocupación, frentistas del lugar alertaron del hecho a las autoridades. 

“Teníamos una denuncia de un colectivo que estaba en la vía pública, en Villa del Lago. Por lo cual nos acercamos, ayer estuvimos, y hoy hicimos el operativo”, relató el director de Control Vehicular, Walter Villarruel. 

“Como saben no tenemos grúa para remolcar este tipo de transporte grande. A través de Servicios, que nos prestó un camión, nosotros hicimos el acompañamiento mediante el móvil y pudimos hacer las actuaciones correspondientes de toda las faltas que acredita la Ley de Tránsito”, agregó el director. 

El operativo, informó el responsable de Control Vehicular, debió realizarse temprano por la mañana para no entorpecer la circulación vehicular local. Además del colectivo en cuestión y el camión que lo remolcó, debieron custodiar el traslado un móvil de Tránsito y otro perteneciente a la Policía.

A partir de la fecha, el vehículo quedó en calidad de retenido, y quien acredite su propiedad deberá presentarse al Juzgado de Faltas. “Si no acredita propiedad, va a estar retenido hasta que llegue el momento de la compactación. Ojalá lo pueda recuperar. Nosotros lo trajimos acá y después de un tiempo prolongado, si no se regulariza, será trasladado al depósito judicial de Cerro Leones”, señaló Villarruel.

Cabe recordar, desde Control Vehicular habían expresado recientemente que avanzaron con una nueva compactación que permita aliviar el desborde de vehículos depositados en el depósito judicial de Cerro Leones. Se encuentran a la espera de la firma de parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación que brinda los avales correspondientes para concretarla.

Durante los últimos días, se presumió que la presencia del vehículo podría llegar a tratarse de un avance en la ocupación del descampado. La preocupación vecinal surgió cuando en el barrio se percataron de que había sido depositado en el lugar un colectivo de tipo “escolar”, con una gráfica maltrecha que señalaba que había pertenecido a las unidades autorizadas de traslado de estudiantes en el partido de Lomas de Zamora. 

Si bien el colectivo cuenta con la totalidad de sus cristales, al interior del mismo no posee más que el asiento del conductor, y los restos del tablero, el volante y la palanca de cambios. “Se ve que está muy desmantelado. Es un colectivo grande que adentro tampoco tiene asientos”, indicó el director. 

Con respecto a la posibilidad de que la presencia del móvil podría significar una incipiente toma, Villarruel sostuvo que “en realidad la denuncia que recibí es de un vehículo abandonado. Después se pueden tejer algunas cuestiones y conclusiones. A nosotros lo que nos importa a través de la Ley de Tránsito es el vehículo que está en la vía pública sin ninguna identificación”.

Al momento, sumó Villarruel, sólo se presentó una mujer que dijo “ser la madre del dueño, pero no más que eso, no se presentó ningún propietario”. A su vez sostuvo que debido al clima debieron posponer el traslado de la unidad. 

“Ya habíamos recibido la denuncia, pero como el tiempo estaba muy feo y con lluvia y no quisimos arriesgar nada. Hoy que estuvo un poco más seco pudimos hacer las actuaciones. Al no presentarse ningún propietario, se dirigen todas las cuestiones al Juzgado de Faltas”, concluyó el director. 

A poco más de la sanción de la ordenanza, el Municipio dio un paso más en el proceso iniciado para preservar las 640 parcelas de Villa del Lago, que fueron declaradas de utilidad pública y sujetas a compra, permuta, donación y expropiación por parte de la comuna. 

En virtud de las actuaciones llevadas adelante por la Comisión de Tasación creada por la Ordenanza 17.000, confirmó la puesta en funciones del Comité de Gestión de Permutas de los lotes comprendidos en el Anexo I de la Ordenanza 16.897 y su modificatoria 17.400, pertenecientes al faldeo serrano conocido como Villa del Lago.

El espacio tendrá a su cargo la ejecución de todas las gestiones técnicas, legales y administrativas pertinentes a los fines de propender a su adquisición por parte del Municipio, a través de la operatoria de permutas de dichos inmuebles.

Consecuentemente, en los próximos días lanzará la convocatoria formal para iniciar las gestiones individuales correspondientes. Por cualquier consulta, se podrá enviar un correo electrónico al mail de contacto creado especialmente para el trámite: gestiondepermutas_vdl@tandil.gov.ar.

El proceso

El proceso se inició con denuncias por ocupaciones masivas en la ladera serrana, lo que derivó en restricciones para construir y llevó al intendente Miguel Lunghi a presentar un proyecto de ordenanza tendiente a declarar de utilidad pública esas parcelas, donde resulta imposible extender las redes de servicios e infraestructura urbana.

En septiembre de 2020, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza a partir de la cual declaró a ese lugar como Zona Especial de Interés Ambiental (ZEIU) y antes, mediante otra norma, 640 parcelas fueron declaradas de utilidad pública y dispuestas para compra, permuta, donación o expropiación.

Para ello se realizó un relevamiento previo a la sanción de la ordenanza, del cual surgió que 71 lotes se encontraban ocupados, por lo que se abrió un plazo para acreditar titularidad.

Como resultado, un total de 31 dueños presentó sus papeles en regla, mientras que el resto de los terrenos fue incorporado a la ordenanza de declaración de utilidad pública.

Poco más de un año después, en diciembre de 2021, se creó la Comisión de Tasación conformada por Mario Civalleri, en representación de Juntos; por Juana Echezarreta, del Bloque PRO, y por Juan Arrizabalaga, del Frente de Todos, a quienes se sumó el presidente del Deliberativo, Juan Pablo Frolik.

Los alcances de la ordenanza

La Ordenanza 16.897 declaró de utilidad pública la adquisición de esos lotes por parte del Municipio mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal.

También autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones técnicas, legales y administrativas tendientes a dar cumplimiento con lo establecido en esa normativa y además, suspendió los permisos de obra nueva y las incorporaciones de obras existentes en esas parcelas cuya adquisición de dominio se declara de utilidad pública, hasta tanto se obtenga la propiedad del área en cuestión.

Sierras Protegidas

A poco tiempo de haberse sancionado la ordenanza que protegió la zona, la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras de Tandil emitió un comunicado en el que manifestaba que la norma no era otra cosa que un “maquillaje verde”.

En la nota pública, planteaba que la normativa “legitima lo irregular” y señalaba que las autoridades locales actuaban en Villa del Lago en función de “negociar sobre posiciones de hecho, reconocer derechos sin dilucidar las situaciones irregulares, es decir, legitimar lo que se ha hecho clandestino y en contra de la variada normativa existente que el Ejecutivo se empeña en desconocer”.

La organización preservacionista precisaba también que en el caso de los lotes a los que les fueron aprobados planos en el lugar “cabe revisar responsabilidades”, ya que se trata de una zona sin agua ni cloacas.

Sobre estas legislaciones previas, hacía referencia al Decreto/ley 8.912, una norma provincial de ordenamiento territorial a partir de la cual, tomando lo que plantea el artículo 101, consideraban que “donde no hay agua ni posibilidades adecuadas de saneamiento no se puede construir”. 

La entidad preservacionista destacaba también que el entorno serrano forma parte del paisaje protegido, así como del Plan de Ordenamiento Territorial, “el cual establece como estrategia fundamental impedir el avance de la construcción sobre el arco serrano”.

En diversos comunicados y acciones públicas, la organización viene denunciando el avance de la construcción en las sierras, así como otras intervenciones sobre el patrimonio natural tandilense.

Juan Ignacio Capeans, vecino del lugar sigue pidiendo soluciones para las altas velocidades que se desarrollan alrededor del dique  

Se cumplió otro paso administrativo en la decisión política de preservar la ladera serrana de Villa del Lago, donde el Concejo Deliberante ya declaró la utilidad pública de 600 parcelas y conformó una Zona Especial de Interés Ambiental (ZEIA). Tras el plazo estipulado en la ordenanza, el Departamento Ejecutivo elevó el informe sobre los 71 lotes que quedaron afuera de la medida tendiente a incorporar al dominio público esas tierras ubicadas sobre las sierras. El voluminoso expediente pasó a la Comisión de Obras Públicas y Urbanización para su evaluación.

Del total de 71 parcelas que contaban con algún tipo de ocupación, se presentaron 58 personas para acreditar titularidad o posesión de lotes, mientras que las 13 restantes desistieron al vencerse el plazo previsto. Del documento también surge que 29 cuentan con escrituras y planos visados o convalidados, otros 5 casos sólo adjuntaron la escritura y 24 presentaron derechos posesorios.

Ahora se aguarda que los concejales estudien el trabajo que desarrolló la Subsecretaría de Coordinación de Jefatura de Gabinete, a cargo del doctor Juan Martín Pissani; el área de Legal y Técnica que encabeza el doctor Andrés Curcio y la directora de Desarrollo Urbano, arquitecta Victoria Deguer.

Con las conclusiones, los legisladores podrían optar por incorporar nuevas parcelas a la declaración de utilidad pública, con el objetivo de sumarlas al patrimonio del Municipio y a los fines de garantizar la preservación ambiental de esa ladera serrana.

El artículo 5 de la Ordenanza 16.897 establecía que los titulares de dominio o poseedores de buena fe de inmuebles correspondientes a la chacra 150 que no hayan sido declarados de utilidad pública, debían dar inicio a los trámites tendientes a regularizar la situación parcelaria, en un plazo de 180 días contados a partir de la promulgación de  la norma, bajo apercibimiento de procederse a la declaración de utilidad pública de los mismos.

A tal efecto, la  autoridad de aplicación del Plan de Desarrollo Territorial debía notificar fehacientemente a los sujetos obligados dentro del plazo de 30 días de promulgada la norma.

Notificaciones y presentaciones

En diálogo con El Eco de Tandil, el subsecretario de Coordinación del Municipio, Juan Martín Pissani, explicó que el artículo 5 de la ordenanza otorgaba un plazo de 180 días para que aquellas personas que se consideraran con algún tipo de derecho regularizaran su situación parcelaria.

Y agregó que también obligaba al Departamento Ejecutivo a realizar las notificaciones, que “se concretaron tanto a través de oficiales notificadores, como por medio de escribano y también, con el objetivo de garantizar aún más la publicidad, se publicó en el Boletín Oficial”.

De este modo, como primer paso notificaron a todos los tenedores de las parcelas que no formaron parte de las 600 declaradas de utilidad pública, que eran 71. “El plazo corría para los quedaron por fuera de la utilidad pública”, aclaró y agregó que se los citaba para presentar documentación que acreditara propiedad.

“De ese universo tenemos 71 parcelas que estaban alcanzadas por el artículo 5 y hubo 58 presentaciones. De esas 58 presentaciones, 29 están con expediente de obra, tienen el plano presentado, algunos con plano convalidado y otros con plano en trámite”, detalló y confirmó que esos 29 disponen de la escritura.

Otra tanda se presentó para decir qué tipo de condición tenía frente al inmueble. Entre ellos, hubo 5 que presentaron escrituras y otros 24 expusieron que tienen algún tipo de derecho posesorio sobre el inmueble, a través de distintos tipos de documentos.

Pissani expuso que en ciertos casos se adjuntó un papel firmado entre particulares, donde una persona le cede a la otra un derecho que estaba poseyendo.

En paralelo, hay otras 13 personas que no se presentaron ante el Municipio, a pesar de la notificación que se concretó por diversas vías.

Voluminoso expediente

El informe que el Ejecutivo remitió, el lunes pasado, al Concejo se compone de cinco anexos y en los tres primeros consta un relevamiento fotográfico, donde se observa el estado de ocupación y los eventuales avances de obra en cada una de las 71 parcelas. Ahora se encuentra en la Comisión de Obras Públicas y se extendieron copias digitalizadas a los distintos bloques políticos.

“Ese es el informe que hemos elevado. Después, los detalles están en cada uno de los anexos. Es voluminoso lo que se elevó, porque no solamente es el informe con cinco anexos sino también las notificaciones”, describió el subsecretario.

En principio, en el anexo 1 están detallados los 29 casos que se presentaron y que disponen de plano con expediente en la Dirección de Obras Privadas y en el anexo 2 figuran otros 24 que alegaron derechos posesorios.

“Lo que se hizo fue elevar los informes. Ahora el Concejo deberá ver quién acreditó la condición de forma fehaciente y legal frente al inmueble”, adelantó Pissani. A partir del análisis, podría ocurrir que el Legislativo decida sumar más parcelas a la declaración de utilidad pública al considerar que los tenedores no logran acreditar propiedad.

En este nuevo paso, el Legislativo estudiará la situación de las 71 parcelas y determinará cuáles cumplieron con el artículo 5. En caso de que considere que hay lotes donde no se cumplimentó, podrá evaluar si los incorpora dentro del grupo de las que fueron declaradas de utilidad pública.

En paralelo, entre los tenedores que declararon derechos posesorios habría casos de lotes ocupados con contenedores, alguna casilla rodante o construcciones precarias de planchones.

En ese sentido, la primera inspección ocular se había realizado en marzo de 2021 y se fue actualizando, ya que hubo casos en que a pesar del decreto que frenaba las innovaciones sobre la Chacra 150, siguieron construyendo. En los casos detectados, se labraron actas, algunas de las cuales tramitan en el Juzgado de Faltas.

“Hay un detalle, pero no es el objeto del informe. A nosotros lo que nos obligaba la ordenanza era a elevar este nivel de detalle para ver quién se había presentado en el Departamento Ejecutivo a cumplir con el artículo 5. No sobre si hubo infracciones en lo que tiene que ver con materia de obra”, precisó Pissani.

Sin embargo, aclaró que en las 71 parcelas que quedaron fuera de la utilidad pública existe algún nivel de ocupación, de otro modo hubieran formado parte de las 600.

En paralelo, confirmó que durante el proceso se produjeron algunas ocupaciones de lotes que forman parte de los 600 ya declarados de utilidad pública, por lo que tomó intervención la Justicia de Faltas. En esos casos, “no queda otra que volver las cosas a su estado originario”, garantizó.

Tarea meticulosa

Por último, Juan Martín Pissani destacó “el trabajo que se ha hecho desde Desarrollo Urbano, que llevó el relevamiento de la Chacra 150, y después en el acompañamiento junto con Legales, en las notificaciones y demás, fue de hormiga, pero un buen trabajo”.

El equipo que llevó adelante todo el proceso estuvo a cargo de la directora de Desarrollo Urbano Victoria Deguer y del secretario de Legal y Técnica Andrés Curcio, con el acompañamiento del Concejo Deliberante. “Todos los bloques se pusieron con este tema”, valoró Pissani.

Negociaciones con reserva

En paralelo al informe sobre la situación de los 71 lotes de Villa del Lago que por el momento están fuera de la declaración de utilidad pública, comenzaron las conversaciones por los 600 que el Municipio busca incorporar al dominio público.

En las negociaciones, hay dos grandes grupos. Uno corresponde al síndico de la quiebra, que dispone de la mayor cantidad de parcelas, y el resto lo conforman particulares.

“Se está conversando con el síndico”, confirmó Juan Martín Pissani, aunque evitó dar detalles para no entorpecer la negociación. También afirmó que “se han presentado particulares en Legales, que lleva un detalle de las presentaciones que también son de lo más variadas, desde el que tiene escritura hasta el que acompaña derechos posesorios, y con la parte de la quiebra”.

El subsecretario de Coordinación reiteró que “estamos en plena negociación” y precisó que el diálogo es entre el Municipio y cada propietario, aunque aclaró que en el caso de la quiebra, enmarcada en una causa judicial, la Justicia está de por medio, más allá de la figura del síndico.

En las últimas horas de la tarde, un hombre que trabajaba en el tendido de cables para la prestación del servicio de internet cayó de un poste de luz y sufrió traumatismos. En este momento, lo atienden especialistas en la Guardia del Hospital que determinarán la gravedad de las heridas.

Por fortuna, la víctima fue trasladada consciente y estabilizada, gracias a la colaboración de los vecinos de Villa del Lago y de deportistas que lo asistieron.

Minutos antes de las 20, un ciclista escuchó el pedido de ayuda de Alejandro Fernández, de 45 años, instantes después de que cediera el poste sobre el que trabajaba y que cayera sobre los pastos naturales del cerro. El accidente ocurrió en Alzueta y Cordeau, en un sector serrano, de difícil acceso.

Hasta el lugar llegó un móvil policial, una dotación del Cuartel Central de Bomberos que se encargó de trasladar al herido hasta la ambulancia y una unidad del SAME.

(Ampliaremos)

Desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil compartieron un nuevo comunicado en el que denunciaron que en la zona de Villa del Lago se siguen incendiando terrenos y se continúa alambrando y construyendo.

“Hace unos días se aprobó una ordenanza que declara de utilidad pública una gran parte del cerro, pero que legitima lo irregular. No solo ‘negocian’ con un montón de avivados sino que ni siquiera buscan resolver las situaciones orientando la construcción a áreas adecuadas de la ciudad y atendiendo la necesidad genuina de la población al acceso a  la tierra. Les dan indicadores urbanísticos a quienes deberían impedirles construir”, comenzaron redactando.

Remarcaron que la reciente declaración del lugar como Zona Especial de Interés Ambiental es solo un “maquillaje verde” ya que el Municipio aún permite y consolida la construcción sobre las sierras.

“Las autoridades hacen en Villa del Lago, como en muchos lugares de las sierras, lo que dicen no hacer en otros casos: negociar sobre posiciones de hecho, reconocer derechos sin dilucidar las situaciones irregulares. Es decir, legitimar lo que se ha hecho clandestino y en contra de la variada normativa existente que el Ejecutivo se empeña en desconocer”, remarcaron.

Indicaron que, según la norma de ordenamiento territorial, donde no hay agua ni posibilidades adecuadas de saneamiento no se pude construir y se preguntaron cuándo las autoridades harán cumplir la normativa.

“Basta caminar Villa del Lago para ver que se sigue avanzando en la ocupación. Incluso las casas que ya estaban, toman los terrenos aledaños. Destrucción de cubierta vegetal, caminos consolidados artificialmente, alambrados y más alambrados. Agua subiendo en camiones. Efluentes bajando. Fuego inmobiliario. Villa del Lago es ‘Villa Avivada’ y resume los resultados de una gestión que emparcha tarde y mal, para no cumplir y hacer cumplir leyes antipáticas para el negocio inmobiliario”, concluyeron.

“La situaciónes irregular”

Simón Vanini, referente de la Asamblea, dialogó con El Eco Multimedios y señaló que la situación en  Villa del Lago es “irregular” teniendo en cuenta que desde hace mucho tiempo las construcciones vienen aumentando semana a semana, lo cual motiva a los ciudadanos a radicar diferentes denuncias.

Asimismo, explicó que es irregular porque, además de la declaración de utilidad pública que estableció el Honorable Concejo Deliberante, hay otras leyes –como la d Paisaje Protegido o la 8912- que prohíben la construcción en esa zona.

“Entonces lo que nosotros planteamos es que las edificaciones se lleven a cabo en los sectores de la ciudad que están aprobados por el plan de desarrollo territorial”, contó.

Por otra parte, refirió que han recibido quejas y llamados de vecinos por parcelas incendiadas, no solo en aquella zona, sino también en sierras aledañas, “lo cual nos parece una preocupación porque creemos que lo hacen para construir algo rápido y que después no los puedan desalojar”.

Indicó que el problema va más allá de si son dueños o si están usurpando las tierras y que la cuestión de fondo es que no se está protegiendo el lugar como se debería.

“Más allá de si son dueños o no, la construcción es irregular. Son muy pocos los loteos previos a la ley 8912, que es del año 1977, de modo que todas las construcciones posteriores son irregulares”, remarcó.

El problema es previo a la pandemia

Si bien pareciera que la pandemia y las medidas adoptadas para mitigar el virus son la principal razón por la cual los controles cesaron en el lugar, Vanini aseguró que el incremento en el número de edificaciones es previo al 20 de marzo, fecha en la que el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“El aval a las construcciones, porque al no controlar se están avalando, no es de ahora en el marco de la pandemia. Y no es solo en Villa del Lago, sino también en otras sierras”, sostuve el referente de la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil.

Finalmente, reconoció que el Municipio “avanza”, como por ejemplo con la declaración de utilidad pública, y que ellos lo valoran, “pero lo hacen acorde a la presión ciudadana. Entonces entendemos que la protección debe ser integral y de acuerdo a las leyes”.

Más de tres mil firmas

La Asamblea lanzó semanas atrás una petición dirigida al Municipio, a través de la plataforma Change.org, para que se protejan las sierras y se evite su destrucción indiscriminada.

“Somos un grupo de vecinos del partido de Tandil, provincia de Buenos Aires, que luchamos para evitar la degradación de nuestras maravillosas sierras y su entorno”, explicaron en un comunicado que acompaña la colecta y agregaron que “hoy en día, las sierras de Tandil están sufriendo un daño irreparable producto del avance inmobiliario, de diversas actividades inadecuadas, y por la falta de control y protección municipal y provincial”.

Por ello, le pidieron al intendente Miguel Lunghi que tomara cartas en el asunto y actuara de manera urgente para regularizar las construcciones realizadas “clandestinamente”.

Al momento, la presentación de la Asamblea lleva ya más de 3.000 firmas y se espera poder alcanzar las 5.000.

Desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil compartieron un nuevo comunicado en el que denunciaron que en la zona de Villa del Lago se siguen incendiando terrenos y se continúa alambrando y construyendo.

“Hace unos días se aprobó una ordenanza que declara de utilidad pública una gran parte del cerro, pero que legitima lo irregular. No solo ‘negocian’ con un montón de avivados sino que ni siquiera buscan resolver las situaciones orientando la construcción a áreas adecuadas de la ciudad y atendiendo la necesidad genuina de la población al acceso a  la tierra. Les dan indicadores urbanísticos a quienes deberían impedirles construir”, comenzaron redactando.

Remarcaron que la reciente declaración del lugar como Zona Especial de Interés Ambiental es solo un “maquillaje verde” ya que el Municipio aún permite y consolida la construcción sobre las sierras.

“Las autoridades hacen en Villa del Lago, como en muchos lugares de las Sierras, lo que dicen no hacer en otros casos: negociar sobre posiciones de hecho, reconocer derechos sin dilucidar las situaciones irregulares. Es decir, legitimar lo que se ha hecho clandestino y en contra de la variada normativa existente que el Ejecutivo se empeña en desconocer”, remarcaron.

Indicaron que, según la norma de ordenamiento territorial, donde no hay agua ni posibilidades adecuadas de saneamiento no se pude construir y se preguntaron cuándo las autoridades harán cumplir la normativa.

“Basta caminar Villa del Lago para ver que se sigue avanzando en la ocupación. Incluso las casas que ya estaban, toman los terrenos aledaños. Destrucción de cubierta vegetal, caminos consolidados artificialmente, alambrados y más alambrados. Agua subiendo en camiones. Efluentes bajando. Fuego inmobiliario. Villa del Lago es ‘Villa Avivada’ y resume los resultados de una gestión que emparcha tarde y mal, para no cumplir y hacer cumplir leyes antipáticas para el negocio inmobiliario”, concluyeron.

Siguiendo lo que prescribe la norma sancionada hace un mes por el cuerpo Legislativo, que declaró de utilidad pública parte de las 600 parcelas del loteo que realizó Tandil Inversora SA entre 1967 y 196 en la zona denominada Villa del Lago, autoridades municipales se reunieron el último viernes para conversar sobre los avances hasta el momento, que incluyen un proceso de paralización de obras que estaban en marcha con distinto grado de avance y la notificación sobre lo dispuesto en la ordenanza a las partes interesadas.

Participaron del encuentro el secretario de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Viviendas, Luciano Lafosse; la subsecretaria del área, María Riestra; la directora de Desarrollo Urbano, Victoria Deguer; el secretario Legal y Técnico, Andrés Curcio; el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik; y los representantes de los tres bloques legislativos, Mario Civalleri, Cristian Cisneros, Marina Santos, Rogelio Iparraguirre y Andrés Dorta.

El Eco de Tandil dialogó con el titular del área Legal y Técnica, Andrés Curcio, quien explicó que  la normativa prevé que cada 90 días el Departamento Ejecutivo informe al Concejo sobre los avances, pero que decidieron compartir la información recabada  durante este primer periodo para progresar de manera más fluida hacia el objetivo final.

En ese marco se dio cumplimiento a la primera obligación: notificar a los poseedores de buena fe de los inmuebles que no están sujetos a la operatoria de compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal, del plazo de 180 días para regularizar la situación parcelaria.

“Se recibieron a diferentes vecinos con inquietudes en distintas situaciones en cuanto al derecho sobre la tierra. Algunos con título de propiedad, otros con escritura en trámite, boleto de compraventa, y con juicio o sucesión en trámite. Se han acercado todos con buena voluntad para ver en qué estado se encuentran”, detalló. Esta información servirá para relevar la cantidad efectiva de propietarios que están en condiciones  de normalizar su situación o de quedar sujetos a la utilidad pública.

La división del macizo 

De acuerdo al desglose del texto normativo, el predio en cuestión, la Chacra 150, fue subdividida en 673 lotes, de los cuales 600 son baldíos, uno es de dominio provincial y de los 72 restantes, 48 están construidos, 15 se encuentran en proceso de obra y 9 ocupados, algunos con estructuras metálicas tipo containers.

Así, de las 673 parcelas, la firma Tandil Inversora SA figura como titular de dominio de 555, aunque hay algunas personas que acreditan propiedad con boleto de compraventa, y 118 están a nombre de particulares privados que lograron escriturar. De los 72 terrenos que no fueron alcanzados por la figura de utilidad pública, 50 no tienen abierto un expediente en el Municipio y 22 iniciaron el trámite, algunos con el plano convalidado, otros sin convalidar y otros presentaron incorporaciones.

Con respecto a la empresa que tiene la titularidad de la mayor parte de las tierras, Curcio afirmó que ningún particular se presentó por esos lotes hasta el momento y están analizando si se va a hacer una presentación en el concurso de quiebra, si se contactará a un síndico o cómo se va a proceder para destrabar esa parte.

Además, el funcionario remarcó que el Estado provincial y municipal son acreedores de una deuda muy importante en concepto de impuestos y tasas, lo que seguramente gravitará en el proceso de negociación que se abre por delante con quienes reclaman derechos sobre esas tierras sujetas a expropiación.

El freno a las obras 

Consultado sobre la posible aparición de nuevas edificaciones en el caso de que correspondan a lotes con documentación y planos presentados que no hayan alcanzado a iniciar las obras, aclaró que “las que tengan un plano presentado y nada construido están dentro del anexo que se declaró de utilidad pública. Hay que ver  cada caso en particular, porque la presentación de un plano no da derecho absoluto, hay tiempo establecido para presentar la documentación, los indicadores urbanísticos”.

Y explicó que las que quedaron excluidas de la ordenanza por tener algún tipo de construcción presentan diferentes matices: hay planos presentados, documentación incompleta o nula. Cabe destacar que en noviembre pasado un decreto del intendente Miguel Lunghi frenó las construcciones y desde entonces no es posible levantar nuevas edificaciones o intervenir las ya existentes.

No obstante, se detectaron ciertas irregularidades en las inspecciones periódicas y se labraron infracciones. Con estas medidas, se paralizaron las tareas y las actuaciones y actas se elevaron al Juzgado de Faltas.

“Hoy no sería factible que se loteara y construyera en las sierras. Por el PDT y la Ley de Paisaje Protegido es impensada una subdivisión como la que se hizo en ese momento. La realidad es que no se permite subdividir ni construir, pero hay una subdivisión preexistente que los dueños o herederos comenzaron a regularizar de algún modo a lo largo de los años. Con esta herramienta jurídica lo que se hace es frenar que se siga avanzando sobre el cerro”, concluyó.

Durante el fin de semana, la Secretaría de Planeamiento Urbano Ambiental, Obras y Viviendas y la Dirección General de Inspección y Habilitaciones del Municipio realizaron controles en la zona de Villa del Lago e infraccionaron a los propietarios de lotes donde se detectaron obras en construcción.

Actualmente la construcción en la zona está suspendida por un decreto municipal y en la sesión del 25 de junio el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que declara de utilidad pública la adquisición del dominio por parte de la comuna de un importante porcentaje de los inmuebles correspondientes a la Chacra 150 de la Circunscripción I, Sección E, del partido de Tandil.

En esa normativa, sólo se exceptúan de la declaración a 75 lotes en los que ya existían construcciones, por lo que se encuentran en situación de ocupación efectiva.

La nueva legislación también exhorta al Departamento Ejecutivo para que se suspendan los permisos de obra nueva y las incorporaciones de obras existentes en las parcelas cuya adquisición de dominio se declaró de utilidad pública, hasta tanto se obtenga la propiedad del área en cuestión.

Asimismo, establece que los titulares de los inmuebles que no fueron declarados de utilidad pública en esa ordenanza deberán completar los trámites tendientes a regularizar la situación parcelaria de los mismos.

Irregularidades detectadas

Frente a este escenario, el secretario de Planeamiento Urbano Ambiental, Obras y Viviendas, Luciano Lafosse, explicó que “el sábado se realizaron inspecciones y se infraccionaron los casos en los que detectamos construcciones que se estaban realizando”.

Con estas medidas, se paralizaron las tareas y las actuaciones y actas se elevaron al Juzgado de Faltas, además confirmó que los controles continuarán de forma permanente.

En diálogo con El Eco Multimedios, el funcionario aseguró que desde la sanción del decreto, que se prorrogó en mayo por 180 días, “comenzamos a realizar periódicamente inspecciones en conjunto entre la Dirección de Desarrollo Urbano y la Dirección General de Inspección y Habilitaciones”.

El fin de semana “estuvimos con bastante actividad y reforzamos estos controles”, por lo que el sábado “se hicieron inspecciones e infracciones, a la mañana y a la tarde”.

Y repasó que para la sanción de la ordenanza que declara de utilidad pública esas tierras, se realizó un relevamiento que permitió establecer que la Chacra 150 fue subdividida en 673 lotes, de los cuales 600 son baldíos, uno es de dominio provincial y de los 72 restantes, 48 están construidos, 15 se encuentran en proceso de obra y 9 ocupados, algunos con estructuras metálicas tipo conteiners.

“Detectamos que en algunas de las construcciones se fue avanzando, a pesar de que ya estaba en vigencia el decreto que prohibía la construcción. Aún en viviendas con presentación de planos en orden, no se podría construir”, resaltó el funcionario.

Una radiografía de la zona

El secretario hizo referencia al relevamiento realizado de las 675 parcelas que pertenecieron a la firma Tandil Inversora SA, que atraviesa un proceso judicial por quiebra. De ese total, detectaron que en 75 lotes ya existen construcciones, por lo que se encuentran en situación de ocupación efectiva.

En tanto, de los 75 que evidencian construcción, 16 parcelas tienen planos aprobados, ocho no disponen de documentación y otras 51 no realizaron presentación alguna ante la Dirección de Obras Privadas del Municipio.

Los datos evidenciaron las falencias en los controles municipales, pese a las denuncias públicas que efectuaron vecinos y la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras por el avance de la ocupación sobre ese faldeo serrano.

La herramienta legislativa habilitará al Intendente a negociar con aquellos que tengan derechos sobre las 600 parcelas, que quedarán sujetas a la compra, permuta, donación o expropiación por parte del Municipio. Es decir, que el Ejecutivo podrá disponer de esos cuatro mecanismos para cerrar acuerdos con los dueños.

Alerta de la Asamblea Ciudadana

A propósito de las denuncias, el mes pasado, la Asamblea Ciudadana por la Protección de las Sierras volvió a alertar sobre la actividad en el sector pese a la vigencia del decreto que suspende los permisos de obra nueva hasta noviembre.

Tras la exposición pública, el Eje                                                                                                                                                                                                                                cutivo salió a recorrer la zona y detectó irregularidades en dos terrenos, en uno de los cuales ya se hicieron otras actuaciones y el expediente se tramita en el Juzgado de Faltas, y en otro donde detectaron una “obra nueva” que no contaba con el permiso.