Un violento episodio de discriminación y violencia tuvo lugar en los Bosques de Palermo, donde un grupo de jóvenes en bicicletas organizó una persecución contra travestis y mujeres trans. Según los videos que se viralizaron en redes sociales, los agresores se acercaron inicialmente para hostigar y burlarse de las víctimas, para luego regresar en mayor número armados con palos y otros objetos contundentes.

Lejos de ocultar el hecho, los atacantes filmaron la agresión y compartieron las imágenes en internet, acompañándolas con burlas y emojis de risa, lo que generó un amplio repudio en la sociedad. El hecho no es considerado un suceso aislado, sino que se vincula con un clima de discursos de odio que, según denuncian diversos sectores, tiene eco en las esferas del poder político.

El presidente Javier Milei ha sido señalado por vincular la denominada «ideología de género» con el abuso infantil y calificar al movimiento woke como un «cáncer que hay que extirpar». En la misma línea, se cuestiona el rol de la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, quien ha manifestado posturas restrictivas sobre la identidad de género y ha calificado a la Educación Sexual Integral como una «trampa mortal».

El impacto de estas posturas se traduce en una mayor vulnerabilidad para las personas travestis y trans, quienes enfrentan barreras en el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo formal. Organizaciones sociales advierten que la legitimación de la discriminación desde el Estado contribuye a profundizar la exclusión social.

Asimismo, se ha puesto el foco en el papel de instituciones como la Iglesia Católica, a la que se le atribuye una influencia histórica en la estigmatización de la diversidad sexual y el lobby contra derechos conquistados. Ante este escenario, la próxima Marcha del Orgullo se presenta como una instancia de pronunciamiento político frente a los crímenes de odio, buscando trascender la celebración para convertirse en una respuesta contundente contra la violencia sistemática.

Las manifestaciones de protesta a cargo de estudiantes secundarios continúan desarrollándose en las principales ciudades de Francia, tras los numerosos actos de violencia registrados en las últimas horas. Ante este escenario, las autoridades decidieron el cierre de 400 establecimientos educativos mientras mantienen instancias de diálogo con organizaciones estudiantiles, según detalló el sitio RFI.

El gobierno francés, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, atribuyó la responsabilidad de los desmanes al partido de extrema izquierda La Francia Insumisa, agrupación que rechazó las acusaciones. El movimiento, que comenzó la semana pasada en la región de París, se extendió a todo el territorio nacional entre alumnos de liceo de entre 15 y 18 años, sumando también a estudiantes universitarios que reclaman mayores recursos.

En el marco de los disturbios, el ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, expresó su preocupación por la seguridad de los jóvenes durante una entrevista en BFMTV: “En la calle, los niños están en peligro”.

La situación ha derivado en enfrentamientos con la policía, dejando imágenes de barricadas en llamas y vehículos calcinados. En Rennes, las fuerzas de seguridad utilizaron un carro lanza-agua para dispersar a jóvenes cerca del liceo Chateaubriand. 

Por su parte, en el liceo Turgot de París, los estudiantes manifestaron sus reclamos con pancartas. Uno de los alumnos, Simon, de 15 años, explicó a la AFP: “El horario está demasiado cargado. A menudo tenemos clase de 8 a 18. Además trabajamos dos horas al día en casa. No tenemos tiempo para actividades extraescolares”.

Entre los reclamos, los jóvenes también señalaron la falta de personal docente y la escasez de reemplazos. Anna, otra estudiante de 15 años, cuestionó la gestión de los recursos: “Gastan dinero en fundas para teléfonos, pero no en las cosas más importantes”, en referencia a las medidas para prohibir el uso de celulares en los liceos.

El saldo parcial del conflicto asciende a 2.000 detenidos, de los cuales el 90% son menores, según declaró el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, a la radio RTL. El funcionario solicitó a los fiscales que responsabilicen a los padres por los daños causados. Hasta el momento, se reportaron más de 300 policías y gendarmes heridos, además de 65 trabajadores del ministerio de Educación y 170 alumnos afectados desde el inicio de las protestas.

La reciente medida de fuerza adoptada por el gremio docente generó sorpresa en parte de la comunidad educativa, pero respondió, según explicó Claudia Islas, a una escalada de episodios de violencia registrados en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la referente gremial explicó los motivos que llevaron a la organización a impulsar la medida y sostuvo que la decisión surgió ante la preocupación por las agresiones que se producen dentro de los establecimientos educativos.

Según detalló Islas, el gremio venía siguiendo diversos episodios de violencia registrados en distintos puntos del territorio bonaerense. La situación alcanzó un punto crítico tras un hecho ocurrido en Trenque Lauquen, donde la directora de un jardín de infantes resultó herida luego de ser atacada por el padre de un alumno.

Al referirse al episodio, Islas relató: “La docente termina con una quebradura de muñeca”. La entrevistada calificó el hecho como “tremendo”, al señalar que fue uno de los factores que derivaron en la decisión de convocar a la medida de fuerza para visibilizar una problemática que, según advirtió, se volvió recurrente.

La referente gremial remarcó que la comunidad educativa no puede naturalizar este tipo de situaciones. “No podemos aceptar y acostumbrarnos a estos hechos en un lugar donde tendríamos que estar cuidados”, sostuvo Claudia Islas, quien planteó que las escuelas deben ser espacios seguros tanto para los alumnos como para los trabajadores de la educación.

Islas señaló que el episodio ocurrido en Trenque Lauquen no constituye un caso aislado. En ese sentido, hizo referencia a otros hechos de violencia registrados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y sostuvo que la reiteración de estos episodios genera preocupación y una sensación de desprotección en las comunidades educativas.

En relación con Tandil, durante la conversación se recordó un episodio en el que un docente fue víctima de una agresión física y sufrió una fractura maxilar. Para la dirigente, este tipo de situaciones refuerza la necesidad de adoptar medidas que permitan garantizar la integridad de quienes trabajan en las escuelas.

Claudia Islas reconoció que la violencia atraviesa distintos ámbitos de la sociedad, pero advirtió sobre la preocupación que genera su presencia reiterada en las instituciones educativas. “Todos los días estamos viendo noticias tremendas”, señaló.

En ese marco, explicó que la medida de fuerza no responde únicamente a un episodio puntual, sino a un reclamo por mayores condiciones de seguridad y respeto hacia los trabajadores de la educación.

La dirigente planteó que la expectativa del sector es que estos hechos no se naturalicen y que se adopten medidas concretas para prevenir agresiones y proteger a quienes integran las comunidades educativas.

La entrevista expuso así la preocupación del gremio frente a un escenario que, según Islas, afecta el normal desarrollo de las actividades escolares y requiere respuestas para garantizar la seguridad dentro de las instituciones.

La violenta secuencia ocurrida durante la madrugada del jueves 24 de septiembre en el Pasaje Newbery volvió a tomar relevancia luego de conocerse las imágenes registradas por las cámaras de seguridad vecinales.

El Eco había publicado el material audiovisual que permitió reconstruir lo sucedido. Sin embargo, posteriormente decidió retirar el video tanto de su sitio web como de sus redes sociales, a pedido de la persona damnificada y con el objetivo de resguardar la seguridad y la salud de quienes se vieron involucrados en el episodio.

El hecho, que terminó con dos jóvenes heridos de bala y un vecino aprehendido, se inició alrededor de las 6 de la mañana, cuando un grupo de cinco personas —tres mujeres y dos varones— ingresó caminando al Pasaje.

De acuerdo con la reconstrucción realizada días atrás por la secretaria de Protección Ciudadana del Municipio, Alejandra Marcieri, en diálogo con el programa La Mañana de El Eco, las cámaras permitieron seguir los movimientos del grupo y registrar el momento en que una de las mujeres y uno de los hombres comenzaron a orinar en la vereda.

Poco después, una persona salió de una de las viviendas y comenzó a dialogar con ellos. Según explicó Marcieri, por los movimientos registrados se puede inferir que les solicitó que dejaran de hacerlo.

La situación escaló rápidamente. Siempre de acuerdo con el relato de la funcionaria, dos integrantes del grupo comenzaron a agredir físicamente a la persona que había salido de la vivienda y se abalanzaron sobre ella.

La secuencia continuó con la intervención de otro residente del domicilio. Las cámaras registraron un forcejeo y el ingreso de algunas de las personas a la propiedad, antes de que volvieran a salir al exterior.

Fue entonces cuando intervino el hombre de la vivienda, que se encontraba armado. “Se ve una imagen, se ve que tira un tiro al aire”, describió Marcieri al referirse a la secuencia captada por las cámaras.

Luego, según la reconstrucción realizada por Protección Ciudadana, el enfrentamiento continuó y varias personas quedaron involucradas en la pelea, que se desarrolló entre el interior y el exterior de la vivienda.

La situación fue advertida por el sistema de Monitoreo, desde donde se solicitó la presencia de la Policía. Al mismo tiempo, ingresó un aviso de un vecino a través de la aplicación Centinela, herramienta que había sido incorporada previamente en el marco del trabajo realizado con residentes de la zona.

Marcieri destacó el lapso transcurrido entre el alerta y la llegada del personal policial. “Todo pasó en tres minutos”, señaló al describir la rapidez con la que se desarrolló la secuencia.

El episodio dejó como saldo dos jóvenes heridos de bala y un vecino aprehendido. Las cámaras de seguridad resultaron claves para reconstruir la secuencia previa a la intervención policial y establecer cómo se desarrolló el violento enfrentamiento.

El material audiovisual, que inicialmente había sido difundido por El Eco, fue retirado posteriormente de sus plataformas a pedido de la persona damnificada, con el objetivo de preservar la seguridad y la salud de las personas involucradas.

La concejal Noelia Domenighini, quien preside la comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, analizó junto a El Eco de Tandil los recientes hechos de violencia registrados en la ciudad, con especial énfasis en lo ocurrido el pasado jueves en el pasaje Newbery donde se registraron dos heridos de bala tras una gresca entre un vecino y personas que salían de un local nocturno. 

La edil de Fuerza Patria manifestó su preocupación por la escalada de agresiones a la salida de los locales bailables y cuestionó la falta de continuidad en las políticas de prevención que el Ejecutivo local había iniciado el año pasado junto a los empresarios del sector.

Según explicó Domenighini, la problemática de la nocturnidad ha cobrado una complejidad creciente. A los incidentes en el pasaje Newbery se suma el caso reciente de un joven que debió ser intervenido quirúrgicamente tras recibir una golpiza en la zona de Mitre y Alem.

Para la concejal, el cierre de otros establecimientos nocturnos, como sucedió meses atrás con Sol Disco, ha provocado un traslado de la concurrencia hacia el centro, lo que intensifica los conflictos en un contexto social donde la violencia parece haberse naturalizado como forma de comunicación.

Desde el bloque Fuerza Patria, se han elevado un par de proyectos de comunicación al Ejecutivo con el objetivo de conocer las medidas de seguridad que se están implementando. 

La concejal recordó que, durante el año pasado, se había conformado una mesa de trabajo que incluía a la Secretaría de Protección Ciudadana, la Dirección de Inspección, la Jefatura Distrital de la Policía Bonaerense y los dueños de los boliches. En aquel entonces, se acordaron puntos clave como la creación de un registro de derecho de admisión para personas con antecedentes de violencia.

Sin embargo, Noelia Domenighini lamentó que el Concejo Deliberante no haya sido convocado a esos espacios de diálogo. "Desconocemos qué fin tuvo esa reunión ni cómo continuó porque no hemos sido noticiados", señaló. 

La edil enfatizó que la denuncia penal realizada por el Ejecutivo tras los hechos sucedidos el pasado jueves, si bien es un paso necesario ante un delito, resulta insuficiente si no se acompaña con políticas públicas de prevención y disuasión en el territorio.

La presidenta de la comisión de Seguridad subrayó que la presencia de efectivos policiales y personal de control en las zonas críticas es fundamental para que los jóvenes modifiquen sus conductas. 

"Necesitamos ser parte de esa conformación y de esas políticas públicas que se pueden llegar a desarrollar. Nosotros representamos a los tandilenses y me parece que es necesario ser parte de esa mesa de trabajo", afirmó respecto a la participación de los ediles en la mesa de trabajo.

Uno de los puntos más críticos del análisis de la concejal fue la reciente reacción de un vecino en el pasaje Newbery, quien utilizó un arma de fuego en defensa propia ante un incidente y provocó heridas en dos masculinos de 24 y 22 años. 

Para Noelia Domenighini, este tipo de actitudes son un síntoma claro de la ausencia del Estado. "Cuando el vecino o la vecina comienza a hacer justicia por mano propia es porque hay un retiro del Estado, llámese el Estado Municipal o en su caso el Ministerio de Seguridad", advirtió.

La edil reconoció el trabajo que viene realizando el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en Tandil, destacando la provisión de recursos, pero insistió en que el Municipio debe asumir un rol más activo en el territorio. 

Según su visión, la violencia no solo se manifiesta en la nocturnidad, sino que se observa en diversos conflictos cotidianos, como altercados de tránsito donde los ciudadanos recurren a la agresión física.

Finalmente, Noelia Domenighini instó al Ejecutivo local a implementar campañas de concientización sobre la no violencia y a educar a la población. "La violencia nunca es el medio para solucionar ningún tipo de problemática. Se requiere de un Estado presente para poder disuadir y empezar a trabajar seriamente en el tema, porque la situación puede volverse mucho más compleja", concluyó la concejal.

El violento episodio ocurrido durante la madrugada del pasado viernes en el pasaje Newbery al 900, donde una vecina fue agredida tras recriminar a un grupo de personas que realizaban sus necesidades fisiológicas en la vía pública, fue analizado por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri.

En diálogo con La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, la funcionaria brindó detalles sobre el seguimiento del caso a través del sistema de videovigilancia.

Según explicó, el área de monitoreo registró el momento en que un grupo compuesto por tres mujeres y dos varones ingresó al pasaje. Tras observar la agresión física hacia la vecina y la intervención de un hombre que salió en su defensa, el personal municipal dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.

La secretaria de Protección Ciudadana destacó que el tiempo de respuesta fue de 3 minutos y 20 segundos, aunque lamentó la magnitud de la violencia ejercida, que incluyó disparos al aire por parte de uno de los involucrados.

Marcieri subrayó que, tras realizar el seguimiento con las cámaras y aplicar zoom para facilitar la identificación, se pudo constatar que los agresores no eran adolescentes, sino personas adultas. “La verdad que es triste porque las que empezaron la agresión fueron mujeres”, señaló.

Además, indicó que el material fílmico fue puesto a disposición de la Policía para avanzar con la investigación judicial correspondiente.

En relación con la clausura del local bailable Glow, Alejandra Marcieri aclaró que la medida no está vinculada directamente con el incidente del pasaje Newbery, sino con el incumplimiento del artículo 31 de la normativa de nocturnidad.

La funcionaria detalló que se observó a una persona en estado de ebriedad siendo retirada del establecimiento sin que los responsables dieran aviso al sistema de salud. También se registró una pelea en la vereda del comercio sin intervención del personal de seguridad privada. “Si vos vas a tener personas encargadas de la seguridad para dentro de la puerta del local, y estás viendo que en la vereda hay una agresión física extremadamente grave y te quedás mirando, no atinás a separar mientras llamás a las fuerzas de seguridad, entendemos que se incumplió la normativa vigente”, explicó.

Asimismo, indicó que se instó a una instancia penal para identificar a los responsables de los disturbios registrados en la vía pública.

Ante los pedidos de un abordaje integral sobre la nocturnidad, Marcieri defendió las acciones que lleva adelante la Secretaría de Protección Ciudadana, entre ellas la rotación de controles de tránsito, la colocación de cámaras de videovigilancia y las gestiones para que los locales gastronómicos retiren el mobiliario exterior al finalizar su actividad.

“Es muy fácil ser plateísta y decir que se necesita una mirada integral sin saber todo lo que hicimos”, afirmó.

Por otro lado, la funcionaria confirmó el desalojo de una toma de tierras en la Ruta 30, un procedimiento que calificó como positivo luego de años de gestiones. También informó que durante el fin de semana se logró desalentar otro intento de ocupación gracias a la rápida alerta de los vecinos a través de la Aplicación Centinela.

“El protocolo funciona y se pueden desactivar rápidamente si no se espera”, concluyó.

Finalmente, Marcieri reafirmó el compromiso de continuar trabajando en conjunto con la Justicia y las fuerzas de seguridad para fortalecer la prevención y mantener el orden público.

Ante la creciente preocupación por diversos episodios de violencia registrados en los campos de juego, la dirigencia de la Liga Tandilense de Fútbol ha decidido tomar cartas en el asunto. 

Noelia Godoy, vicepresidente de la institución, explicó a El Eco de Tandil los pormenores que llevaron a la entidad y a los clubes a ratificar la aplicación de un protocolo que, si bien ya formaba parte del reglamento del torneo de la Unión Regional Deportiva (URD), cobra ahora una relevancia fundamental para garantizar que el deporte siga siendo un espacio de recreación para niños, niñas y adolescentes.

La medida, según detalló Godoy, surgió tras un análisis conjunto en el consejo directivo y en la reunión de presidentes de los clubes. El objetivo principal es poner en agenda la problemática de la violencia y establecer un mecanismo claro de intervención ante conductas inapropiadas por parte de los espectadores. 

"Entendemos que los fines de semana deben ser un espectáculo donde los chicos vienen a participar de un deporte que lejos está de esas situaciones de violencia que identificamos", señaló la dirigente.

La normativa, que se aplica específicamente en las categorías infantojuveniles —desde la 11ma hasta la 5ta división— y en todas las categorías del fútbol femenino, establece un procedimiento escalonado ante insultos o agresiones. 

En una primera instancia, el árbitro detiene el encuentro e informa a los delegados para que intervengan y soliciten el cese de la conducta. Si la situación persiste, se procede a una segunda advertencia, otorgando un tiempo de tolerancia de 10 minutos antes de una posible finalización definitiva del partido, lo cual derivaría en un informe al Tribunal de Disciplina.

La vicepresidenta de la Liga destacó que la respuesta de las instituciones ha sido positiva y rápida. "Los clubes actuaron y respondieron muy rápido cuando se individualizaron algunos hechos puntuales. Entendemos que hay situaciones que son más silenciosas y otras que realmente implican que los clubes y nosotros como dirigentes estemos a la altura para dar una respuesta inmediata", afirmó. 

Asimismo, subrayó que, en los casos donde no fue posible frenar la violencia, los clubes acompañaron al Tribunal de Disciplina para que las sanciones —que incluyen la pérdida del partido, quita de puntos y multas económicas— sirvan como un mensaje claro de que actuar con violencia no es gratis.

Más allá de la aplicación del reglamento, la Liga Tandilense de Fútbol busca abordar la problemática desde una perspectiva pedagógica. La vicepresidente adelantó que se encuentran trabajando en capacitaciones específicas para los árbitros, con el fin de brindarles herramientas que les permitan gestionar los conflictos de manera adecuada.

"Entendemos que todos los actores que participamos del hecho deportivo tenemos que involucrarnos. También vamos a trabajar con los cuerpos técnicos, porque creemos que son la llave para frenar situaciones a tiempo con una intervención adecuada", explicó.

Al ser consultada sobre el balance de la gestión actual, que sucede al ciclo de muchos años de Miguel Cenoz, Noelia Godoy se mostró optimista y enfocada en el futuro. "Venimos trabajando con muchas ganas, entendemos la situación que atraviesan los clubes y la dificultad de las familias para acercarse a las canchas, lo que genera una falta de recursos en las instituciones", reconoció. 

No obstante, destacó que la gestión cuenta con un fuerte respaldo de los clubes afiliados, lo que permite proyectar mejoras en infraestructura y continuar con el desarrollo de los seleccionados, incluyendo el femenino y las categorías sub13 y sub15. "Estamos muy contentos por el apoyo recibido, lo que nos da margen para seguir proyectando un 2027 con mucha actividad", concluyó.

Tras los hechos de violencia registrados durante la noche del jueves en el pasaje Newbery, desde el Foro de Seguridad tomaron contacto con autoridades policiales, a los fines de dar a conocer los antecedentes de reclamos en la zona y abordar la situación en el lugar. En diálogo con El Eco consideraron además que las situaciones vinculadas a la nocturnidad deben trabajarse en el marco de proyectar soluciones integrales que contemplen el crecimiento de la ciudad.

La presidenta del organismo, Daniela Gatti, se comunicó con la Jefatura Departamental de Tandil –a cargo de Marcos Navarro-, para poner a los responsables de la fuerza al tanto de la situación en el barrio: vecinos del pasaje había concurrido al Foro en noviembre de 2024 para denunciar problemáticas vinculadas con la nocturnidad.

“La verdad que es un hecho lamentable y esperemos que no vuelvan a pasar. Obviamente que ahora se trabajará en la zona”, señaló Daniela Gatti.

La presidenta del Foro dio cuenta de los antecedentes de trabajo en el pasaje. “Estuve en comunicaciones con el jefe Navarro, y le comenté del antecedente que teníamos, que habíamos estado ya en el barrio trabajando hace más de un año con esta misma problemática. Evidentemente la gente que vive ahí lo sigue padeciendo”, contó.

Cabe recordar, fue el jueves por la noche cuando se registró una situación de violencia en el pasaje Newbery al 900, a metros de un local bailable. Una vecina fue agredida luego de recriminar a un grupo de chicas que orinaban en su propiedad.

El conflicto escaló, el marido de la mujer efectuó disparos con un arma de fuego y el hecho terminó con dos jóvenes heridos de bala. El Municipio inició una denuncia a la Fiscalía y el boliche fue clausurado por quince días. El vecino que disparó fue aprehendido pero luego liberado ya que la Justicia consideró que actuó en “legítima defensa”.

Gatti recordó que fue en noviembre de 2024 una de las últimas veces que vecinos del pasaje Newbery habían formado parte de las reuniones del Foro. Entonces, indicó, habían concurrido para plantear situaciones vinculadas a la nocturnidad –por la cercanía de locales bailables-, así como también a ruidos molestos.

“Por no poder descansar, por la suciedad, por conductas inapropiadas”, precisó Gatti, quien sostuvo además que lo registrado el jueves no fue producto de un hecho delictivo, sino de acciones vinculadas a la nocturnidad. “Cuando en la diaria no estás pudiendo descansar, que salís de tu casa y hay suciedad por todos lados, botellas rotas, residuos de toda clase, la verdad que debe ser bastante complejo”, marcó la referente del Foro.

Tras la visita de vecinos al Foro de Seguridad en noviembre de 2024, se concretaron operativos programados a partir del trabajo conjunto con el jefe Departamental de entonces.

“Se hacían operativos a la noche, incluso hasta con una vallados móviles. Se trabajaba también con la gente de la Secretaría de Protección Ciudadana y Tránsito, colaborando con personal de Control Urbano Vehicular. Eran operativos específicos para desalentar conductas, y que funcionan para los vecinos como un accionar paliativo”, recordó.

Gatti indicó que tras aquellos hechos los vecinos del pasaje Newbery no volvieron a participar del Foro de Seguridad. Sin embargo, marcó que las problemáticas vinculadas a la nocturnidad persisten y que el reciente cierre de un tradicional local bailable de avenida Del Valle  provocó un mayor movimiento en la zona céntrica. “Esto afecta directamente al descanso de los vecinos”, planteó.

Más allá del hecho concreto vinculado al pasaje Newbery, Gatti hizo referencia a la necesidad de abordar la nocturnidad de manera integral, considerando además el particular crecimiento de Tandil.

“Tenemos muchas cosas que cuestionarnos como vecinos de lo que son las normas de convivencia, y tratar de trabajar esos temas, apuntalando lo que es la prevención. Pensar a futuro, con proyectos de urbanización, porque no estamos teniendo algo integral en una ciudad que está creciendo como la nuestra. Uno pensaría que lo que es nocturnidad y esparcimiento tendría que estar alejado de la zona del centro, pero es un tema para trabajar”, consideró.

Contemplando que hace casi dos años hubo reclamos por el mismo tema, la referente del Foro hizo mención a la necesidad de contar con medidas de gobierno que aborden la problemática.

“Que esto pueda de algún modo modificarse o pensar en trasladar estos espacios para que quien quiera tener esparcimiento, lo disfrute y el que quiera descansar en su casa, pueda hacerlo”, concluyó.

Los clubes que integran la Liga Tandilense de Fútbol reforzaron la difusión del protocolo contra la violencia que se aplicará en los encuentros del fútbol local, con el objetivo de establecer pautas claras de actuación ante insultos, agresiones o comportamientos violentos provenientes de las parcialidades.

La iniciativa se da en un contexto en el que la violencia volvió a generar preocupación entre las instituciones, especialmente luego de los incidentes registrados en Ayacucho tras el encuentro de Quinta División entre Sarmiento y Grupo Universitario. El partido terminó con victoria del conjunto tandilense por 3-1 y posteriormente se produjo una pelea que se extendió durante varios minutos.

A partir de esta situación, representantes de los clubes afiliados y adherentes mantuvieron una reunión en la que se repasaron las normativas vigentes y las herramientas con las que cuentan los árbitros y las instituciones para intervenir frente a este tipo de episodios.

En los últimos días, diferentes clubes comenzaron a compartir en sus redes sociales el protocolo y a solicitar la colaboración de sus simpatizantes. Ferrocarril Sud fue una de las instituciones que replicó la campaña, bajo la consigna “Por un fútbol sin violencia”.

“Desde el Club Ferrocarril Sud nos sumamos a los demás clubes de la Liga para la estricta implementación del nuevo Protocolo Contra la Violencia”, expresaron desde la entidad tricolor. Además, convocaron a sus seguidores a acompañar a los equipos “con la pasión de siempre, pero con respeto”.

El protocolo, al que tuvo acceso El Eco, establece un mecanismo progresivo de intervención ante situaciones de violencia, que comenzará a aplicarse cuando el árbitro detecte insultos, agresiones o comportamientos inapropiados provenientes de alguna de las parcialidades.

En una primera instancia, el árbitro detendrá el partido e informará a los delegados, quienes deberán intervenir y solicitar a la parcialidad involucrada que cese inmediatamente con la conducta que motivó la interrupción.

Si la situación continúa, llegará una segunda advertencia. El encuentro volverá a detenerse y se otorgará un tiempo de tolerancia de diez minutos. En esa instancia se comunicará que, si persisten los insultos, agresiones o hechos violentos, el partido será dado por finalizado.

Cumplidas esas dos advertencias, si la parcialidad involucrada no modifica su comportamiento, el árbitro podrá terminar definitivamente el encuentro. Todo lo sucedido deberá quedar asentado en el informe arbitral para la posterior intervención del Tribunal de Penas.

El protocolo también establece consecuencias que pueden exceder lo ocurrido durante los 90 minutos. El club cuya parcialidad protagonice los hechos podrá sufrir la pérdida del partido, quita de puntos y una sanción económica, de acuerdo con la gravedad de la situación y lo que posteriormente determine el Tribunal.

De esta manera, las instituciones buscan dejar en claro que el comportamiento de quienes concurren a acompañar a los equipos puede tener consecuencias directas para los propios clubes, tanto desde el punto de vista deportivo como económico.

La normativa alcanza además a buena parte de las divisiones del fútbol tandilense. En la rama masculina se aplicará desde Quinta hasta Undécima División, mientras que en el fútbol femenino comprenderá desde Sub 12 hasta Primera.

Asimismo, las ternas arbitrales cuentan con la facultad de detener los partidos y disponer su suspensión en caso de que las situaciones violentas persistan, siguiendo las diferentes instancias previstas en el procedimiento.

La implementación del protocolo apunta especialmente a establecer un criterio común entre árbitros, dirigentes y clubes frente a episodios que en numerosas oportunidades tienen como protagonistas a personas ubicadas fuera del campo de juego, pero que terminan afectando directamente el desarrollo de los encuentros.

El mensaje, por ese motivo, no está dirigido solamente a jugadores y cuerpos técnicos. Familiares, simpatizantes, dirigentes y todas aquellas personas que concurren a las canchas forman parte de la campaña de concientización, con especial atención sobre las categorías formativas.

Con la difusión de las medidas, la Liga y sus clubes buscan que todos los asistentes conozcan previamente cómo se procederá frente a una situación de violencia y cuáles pueden ser sus consecuencias. La premisa que comenzaron a compartir las instituciones sintetiza el objetivo de la iniciativa: mantener la pasión y el acompañamiento dentro de las canchas, pero siempre desde el respeto.

Momentos de máxima tensión se vivieron este viernes por la mañana en la frontera entre la Argentina y Bolivia, donde efectivos de Prefectura Naval se enfrentaron con un grupo de personas que intentaba cruzar mercadería por un paso clandestino. El episodio ocurrió en la zona que comunica Aguas Blancas, en Salta, con Bermejo, del lado boliviano.

Según la información preliminar, los incidentes comenzaron durante un procedimiento en el que los efectivos decomisaron mercadería que era trasladada hacia territorio argentino. La situación rápidamente escaló y se produjeron corridas y enfrentamientos. En los videos que comenzaron a circular durante la mañana se escuchan varias detonaciones mientras las personas que se encontraban en el lugar intentaban alejarse del sector. Hasta el momento, no se informó oficialmente quién efectuó los disparos ni en qué circunstancias se produjeron. Tampoco hubo información oficial sobre posibles heridos como consecuencia de los incidentes.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, el enfrentamiento se produjo después de que Prefectura interceptara mercadería que intentaba ser trasladada a través de un sector no habilitado de la frontera. La zona de Aguas Blancas y Bermejo, separada por el río Bermejo, tiene un intenso movimiento fronterizo. Además del paso internacional habilitado, existen sectores utilizados para cruzar personas y productos por fuera de los controles formales.

En ese contexto, las fuerzas federales realizan operativos destinados a combatir el contrabando y otros delitos asociados al movimiento irregular a través de la frontera. Aguas Blancas, además, forma parte del área alcanzada por el Plan Güemes, el operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar los controles en la frontera norte de Salta y combatir principalmente el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

El episodio de este viernes tiene un antecedente reciente en la misma zona. El pasado 27 de agosto se produjeron incidentes en el denominado Paso Camba, en Aguas Blancas, después de otro procedimiento por mercadería. En aquella oportunidad, un grupo de personas se enfrentó con efectivos de Prefectura Naval luego del decomiso de distintos bultos. Hubo piedrazos contra móviles oficiales y se utilizaron balas de goma durante los disturbios. Posteriormente intervino Gendarmería Nacional para ordenar la situación en el sector y las autoridades locales solicitaron el cierre temporal del cruce.

El Club Santamarina dio a conocer este sábado un comunicado institucional en el que informó sobre un grave episodio de violencia ocurrido el pasado lunes en el Predio Centenario, mientras en el lugar se encontraba una importante cantidad de familias y niños vinculados a las divisiones formativas.

De acuerdo con lo informado por la institución aurinegra, el hecho involucró a un adulto vinculado a una de las familias de las categorías formativas y a Christian Daguerre, integrante del Club.

Según detallaron, durante el episodio se produjeron agresiones físicas y daños materiales, además de registrarse la presencia de un arma blanca. Desde Santamarina calificaron la situación como "absolutamente inadmisible" y remarcaron que lo sucedido "excede cualquier límite de convivencia dentro de una institución deportiva".

A partir de lo ocurrido, el Club indicó que realizó las denuncias correspondientes y puso a disposición de la Justicia toda la información y documentación disponible. En ese sentido, precisaron que la Fiscalía interviniente ya se encuentra trabajando sobre el caso.

Además, Santamarina resolvió aplicar el derecho de admisión y permanencia correspondiente, junto con las medidas contempladas por la normativa vigente en materia de violencia en espectáculos deportivos.

La institución también tomó una determinación respecto de los jugadores menores de edad relacionados con la familia involucrada. En el comunicado aclaró que la conducta de un adulto no debe recaer sobre los chicos y, por ese motivo, pondrá a disposición de sus responsables los pases correspondientes para que puedan continuar desarrollando su actividad deportiva en otra institución.

"Ninguna diferencia, discusión o desacuerdo entre un padre, entrenador, coordinador o cualquier integrante de la institución puede derivar en hechos de violencia", enfatizaron desde el Club.

Finalmente, Santamarina reafirmó que el respeto, el diálogo y la convivencia constituyen valores fundamentales de la institución y sostuvo que deben ser la base de los vínculos que se desarrollan dentro del ámbito deportivo. "Los hechos de violencia como los ocurridos resultan incompatibles con esos valores y no serán tolerados", concluyó el comunicado.

Los grupos de delincuentes controlan más del 85 por ciento del territorio de la capital de Haití y también dejaron a cientos de personas heridas, además de 18.000 desplazados, tan solo en Cité Soleil.

Según Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas en Haití, la violencia se recrudeció con la alianza entre varios grupos criminales.

“Los operativos de seguridad llevaron a algunos miembros de esta coalición a reubicarse en esta zona y crear retenes para extorsionar los camiones de la zona industrial y portuaria. Obviamente las bandas criminales de la plaza reaccionaron, lo que causó una violencia intensa. Según nuestros datos, alrededor del 25 por ciento de las víctimas no tenía nada que ver con las pandillas”, afirmó Waye.

Los autores del informe reportaron también 176 casos de violaciones de mujeres y niñas entre marzo y julio.

“Hemos registrado una gran cantidad de violaciones en grupo, es decir, víctimas violadas por varias personas sucesivamente. Es común registrar mucha violencia sexual, pero la proporción de violaciones colectivas no es tan importante”, explica el trabajador de la ONU en Haití.

Arnold Waye confiesa que en este periodo “la gran mayoría de las mujeres y muchachas que fueron violadas”, padeció esto “como una especie de castigo colectivo contra mujeres y muchachas que vivían en zonas controladas por bandas rivales”.

Los detalles que ofreció -según el reporte del sitio RFI- son escalofriantes: “La más joven tenía unos diez años y la mayor, 71”.

Una cifra subestimada, según la ONU, porque las víctimas no pueden o temen denunciar estos actos atroces.

La oficina de Naciones Unidas en Haití insta a un despliegue completo de la fuerza de represión de las pandillas en el país centroamericano de once millones de habitantes. NA

Facundo Moyano, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y exlegislador, fue detenido durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un presunto episodio de violencia en un departamento de la avenida Del Libertador.

La intervención policial se produjo alrededor de las 5, cuando efectivos de la comisaría vecinal 13A acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre una mujer semidesnuda que corría por la vía pública mientras pedía auxilio. Al llegar, los agentes fueron informados por el encargado del edificio de que la pareja había salido del inmueble.

Pocos minutos después, la Policía interceptó a Moyano y a la joven, identificada como la modelo rosarina Candela Arizaga, de 23 años, en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 350 metros del edificio donde se habría originado el incidente.

Por disposición del fiscal Julián Pistone, Moyano quedó detenido, acusado de los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido.

Arizaga fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano, donde declaró ante efectivos de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad. Según fuentes de la investigación, la joven afirmó que Moyano "no le pegó" ni le hizo daño, y sostuvo que el episodio fue consecuencia de un brote provocado por el consumo de estupefacientes.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó que la mujer presentaba signos compatibles con consumo de drogas y que manifestó llevar "varios días de consumo". Además, precisó que quedó bajo atención de un equipo de psiquiatras y psicólogos y se le realizaron estudios toxicológicos.

La médica legista, en tanto, constató únicamente una lesión en una de sus rodillas, que habría sido producto de una caída en la vía pública.

Mientras continúa la causa, el auxiliar fiscal solicitó el allanamiento del departamento donde ocurrió el hecho, que permanece bajo consigna policial.

Fuentes judiciales señalaron además que Moyano se negó a someterse a estudios de sangre y orina, una circunstancia que también fue incorporada al expediente.

Durante el procedimiento, los efectivos informaron que el dirigente sindical se mostró hostil con el personal policial. Tras su detención, permaneció acompañado por su hermano, Hugo Antonio Moyano, abogado laboralista y diputado de Unión por la Patria.

Un testigo que presenció parte de la secuencia aseguró que no observó agresiones físicas por parte de Moyano y afirmó que el dirigente intentaba asistir a la joven, quien se encontraba visiblemente alterada.

Según su relato, Arizaga corría por la calle gritando y llegó incluso a sujetarse del pasamanos de un colectivo detenido, mientras repetía frases incoherentes y pedía agua. El hombre sostuvo que Moyano la seguía llamándola "amor" e intentando contenerla.

En paralelo, vecinos de la zona afirmaron haber sido despertados por los gritos de una mujer que pedía "ayuda" y "auxilio". Horas más tarde también se difundió un video grabado por un transeúnte en el que se observa a la joven corriendo desorientada y semidesnuda por las inmediaciones de Barrancas de Belgrano, incluso cruzando la calle entre los vehículos en circulación.

La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y la eventual responsabilidad del dirigente sindical.

Momentos de extrema tensión se vivieron en Montevideo luego de la contundente victoria de Tigre por 3 a 0 sobre Nacional por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, cuando un grupo de hinchas del conjunto argentino fue atacado a balazos mientras regresaba hacia la Argentina.

El violento episodio ocurrió cuando la caravana de micros que trasladaba a los simpatizantes visitantes abandonaba el Gran Parque Central con destino a Colonia. A la altura de Ruta 1 y Camino Cibils, dos hombres que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego contra al menos dos de los ómnibus.

El micro que encabezaba la caravana fue el más afectado y recibió alrededor de diez disparos, según los primeros testimonios y la información policial. Los proyectiles impactaron contra los vidrios laterales y provocaron escenas de pánico entre los pasajeros. De acuerdo con el diario uruguayo El País, durante el ataque se escucharon múltiples detonaciones e incluso ruidos similares a los de una metralleta.

Los hinchas que viajaban en los micros denunciaron que la custodia policial dejó de acompañar a la caravana al salir del estadio, lo que, según afirmaron, permitió que se concretara el ataque.

"Los liberaron al salir del estadio y quedaron a merced", relataron algunos de los pasajeros, quienes cuestionaron el operativo de seguridad dispuesto para la parcialidad visitante.

Como consecuencia del ataque, al menos un hincha recibió un disparo y fue trasladado al Hospital del Cerro, donde quedó internado fuera de peligro. Además, otros simpatizantes fueron atendidos por heridas menores causadas por los impactos y la rotura de los cristales.

La Policía uruguaya informó que los agresores escaparon inmediatamente después de efectuar los disparos y son intensamente buscados. Las primeras hipótesis apuntan a presuntos integrantes de la barra brava de Nacional, que habrían esperado el paso de los micros tras la derrota de su equipo.

Las imágenes del interior de uno de los ómnibus, con vidrios destrozados, impactos de bala y manchas de sangre, comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron un fuerte repudio por la gravedad del hecho.

El episodio volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en los encuentros internacionales organizados por la Conmebol, ya que la agresión ocurrió una vez finalizado el partido y cuando los simpatizantes visitantes ya emprendían el regreso hacia la Argentina.

El ataque se produjo pocos minutos después de que Tigre consiguiera una importante victoria por 3 a 0 en el Gran Parque Central, resultado que lo dejó muy bien posicionado de cara a la revancha, que se disputará la próxima semana en Victoria.

Tras el encuentro, los jugadores del conjunto de Victoria celebraron junto a sus hinchas con una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", en un gesto similar al realizado por la Selección argentina durante el Mundial 2026. Mientras sostenían el lienzo en el campo de juego, desde la tribuna visitante también se entonó el tradicional canto: "El que no salta es un inglés".

El proceso judicial por el violento episodio en La Elena dio un paso decisivo hacia el debate oral. Según la requisitoria fiscal, el hecho se produjo el pasado 24 de enero, alrededor de las 14, en las inmediaciones de Chimango al 2700. En aquel sector de la ciudad, una discusión por el manejo de los niveles de un terreno en construcción derivó en un ataque. La agresión dejó a Juan Bautista Arias con fracturas múltiples en el rostro.

La disputa se originó cuando Arias se acercó a un lote lindero para manifestar su preocupación por el curso del agua y el drenaje. Temía que los trabajos de movimiento de suelo afectaran el desagote natural de su propiedad. En ese contexto, se entrevistó con Ferreyro y otro hombre identificado como Juan Ignacio Corica Gutiérrez. Lo que comenzó como un intercambio de palabras escaló rápidamente hacia la violencia física.

De acuerdo al relato de la víctima, mientras caminaban por la vereda, Ferreyro le aplicó un fuerte golpe de puño en el pómulo. El impacto lo hizo caer al suelo, iniciando una secuencia de agresiones. Una vez caído, el agresor continuó golpeándolo con los puños y le propinó varios cabezazos en el rostro. Además, impactó la cabeza de la víctima contra el suelo en reiteradas oportunidades.

El informe pericial detalló que sufrió la fractura del arco cigomático derecho, la fractura de la pared externa de la órbita y del maxilar superior. También registró un hundimiento en la región malar y diversas escoriaciones en el tórax y extremidades. Estos daños fueron calificados como lesiones de carácter grave. Provocaron una inutilidad laboral mayor a 30 días y una notable deformidad en el rostro.

La instrucción de la causa, encabezada por el fiscal Eguzquiza, logró reunir pruebas de peso que comprometen la situación procesal de Ferreyro. El pilar fundamental de la acusación es un registro fílmico que capturó el momento exacto de la agresión. Si bien el imputado declaró que su accionar estuvo motivado por una "legítima defensa" al sentirse amenazado, las imágenes analizadas por la Justicia contradicen esta versión.

El documento fiscal resalta que en el video se observa claramente que la víctima no mantuvo una conducta agresiva en ningún momento. Por el contrario, se determinó que fue Ferreyro quien inició el ataque físico abordando al vecino por la espalda. El agresor persistió en la violencia cuando el hombre ya se encontraba en una situación de total indefensión. Este material fue complementado por el testimonio de Cecilia Ramírez, una vecina de la zona. Ella presenció el ataque desde su vivienda y alertó a la Policía de lo que sucedía en la vía pública.

Para la Fiscalía, la superioridad física de Ferreyro fue un factor determinante que le permitió reducir rápidamente al denunciante. En la fundamentación del pedido, se destacó la saña empleada. Se remarcó que el atacante no cesó su accionar a pesar de que Arias ya estaba herido en el suelo. Esta desproporción en la fuerza y la falta de provocación previa fueron los argumentos centrales para rechazar el sobreseimiento pretendido por la defensa del transportista.

El hecho fue encuadrado bajo el delito de lesiones graves, tipificado en el artículo 90 del Código Penal. En el marco de las actuaciones judiciales, el Ministerio Público ofreció resolver la situación procesal mediante un juicio abreviado. Propuso una pena de un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional. Sin embargo, se advirtió que, de no aceptarse esta instancia, la Fiscalía se reserva el derecho de solicitar una pena mayor en un debate oral público. Esto se fundamentará en los agravantes por la violencia ejercida.

Cabe recordar que, durante una ampliación de su declaración realizada meses atrás ante la auxiliar letrada María Cecilia Rimoli, Arias manifestó sentir un profundo temor. El damnificado relató que antes del ataque recibió amenazas de muerte por parte de las personas que se encontraban en el loteo. Los hombres lo rodearon para intimidarlo. "Flaco, ¿quién te crees que sos? Te vamos a matar", habrían sido las palabras proferidas antes de la agresión física que terminó con su internación.

Actualmente, la causa espera la resolución del Juzgado de Garantías interviniente para que se fije la fecha del juicio. Mientras tanto, en La Elena persiste la preocupación por el nivel de violencia derivado de los conflictos territoriales. Es un caso que ha conmocionado a la comunidad tandilense por la crudeza de los detalles revelados en el expediente.

Personal del Grupo Operativo de la Sub DDI Tandil demoró a un hombre sobre quien pesaba un paradero activo y que era intensamente buscado desde febrero de este año en el marco de una causa por protección contra la violencia familiar.

Según se informó, la investigación se desarrolló bajo la intervención del Juzgado de familia N°1 de Tandil, a cargo de la Dra. Silvia Inés Monserrat, y permitió establecer el paradero del imputado, quien, de acuerdo con el informe policial, venía evitando ser localizado por la Justicia.

Como resultado de las tareas investigativas realizadas por el personal de la Sub DDI, el hombre fue finalmente demorado y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Por disposición del Juzgado interviniente, desde ayer el imputado quedó sometido a la colocación de un dispositivo de geolocalización y monitoreo, una herramienta destinada a evitar el contacto entre las partes involucradas en el proceso y garantizar el cumplimiento de las medidas de prohibición de acercamiento mutuo que habían sido ordenadas previamente por la Justicia.

Desde la fuerza policial señalaron que el dispositivo permitirá controlar el respeto de las restricciones vigentes y brindar una mayor protección a las personas alcanzadas por las medidas cautelares dictadas en la causa.

En una jornada de visibilización y protesta, docentes de Tandil llevaron a cabo un semaforazo por la educación pública en la esquina de San Martín y 9 de Julio. Fue para hacer públicos dos reclamos: el de la aplicación del protocolo antiviolencia, y la reanudación de las reuniones paritarias.

Tras el resonante caso del docente golpeado por un alumno en el Colegio San José, los trabajadores de la educación manifestaron su profunda preocupación por el recrudecimiento de los episodios de agresiones en los establecimientos educativos, una problemática que, según indicaron, no ha disminuido y requiere de una intervención urgente por parte de las autoridades. Sin embargo, también enmarcaron dichos hechos en un contexto mayor.

“Nosotros no decimos que hay violencia escolar, nosotros tenemos situaciones de violencia social generadas desde las más altas esferas de este gobierno nacional. Que en principio se da el lujo de no cumplir con la ley. No cumple con la ley de discapacidad, no cumple con la ley universitaria, no cumple con la ley de financiamiento educativo, no cumple con la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Entonces, es muy difícil trasladarle esto a nuestros alumnos, a nuestros pibes, a las escuelas, de que las leyes están para cumplirse”, planteó Estela Sinópoli secretaria general de Suteba Tandil. La docente encabezó la movilización y explicó los motivos que llevaron al gremio a realizar esta medida de fuerza en la vía pública. Durante la jornada, la dirigente sindical enfatizó que el conflicto excede lo meramente escolar y se enmarca en un clima más amplio de crisis social.

La referente gremial detalló que, tras la brutal agresión del pasado  1 de junio, el sindicato ha mantenido diversas reuniones con autoridades educativas. Sin embargo, subrayó que la situación se ha repetido en otros distritos con la misma gravedad, lo que obliga al sector a exigir medidas concretas. 

Entre los puntos principales del petitorio entregado a la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) durante la masiva marcha que se llevó a cabo luego de la agresión a Gastón Valdez, se destaca la solicitud de jornadas institucionales para revisar el funcionamiento de las escuelas y la implementación efectiva de protocolos de seguridad.

"Estamos atravesando varias situaciones complejas en lo que representa nuestro sector. En principio porque queremos decir basta a las situaciones y episodios de violencia dentro de otras escuelas. Es una situación que no ha bajado en absoluto, se ha recrudecido", sostuvo la secretaria general.

El reclamo que los docentes docente hicieron público en la esquina de San Martín y 9 de Julio incluyó la advertencia por una situación salarial y presupuestaria crítica. Sinópoli advirtió sobre la falta de respuestas en la última reunión paritaria y la necesidad urgente de recomponer los ingresos ante el avance de la inflación. 

El impacto del desfinanciamiento nacional fue otro de los ejes centrales del discurso de la dirigente. Según los datos aportados por el gremio, la provincia de Buenos Aires enfrenta un escenario de asfixia presupuestaria que afecta directamente el funcionamiento de las instituciones, especialmente en las escuelas técnicas y de formación profesional, donde la falta de materiales y maquinaria impide el desarrollo normal de las actividades pedagógicas.

En este sentido, Sinópoli fue contundente respecto a la responsabilidad del gobierno nacional: "Por supuesto que no desconocemos cuál es la situación de la provincia de Buenos Aires, no desconocemos que el gobierno nacional ha desfinanciado brutalmente a nuestra provincia. Al día de hoy se le deben 26 billones de pesos".

Finalmente, desde Suteba Tandil insistieron en la necesidad de que la Dirección General de Cultura y Educación ponga en ejecución al 100% el acuerdo paritario de prevención, erradicación, resguardo y reparación de las violencias en contextos educativos, firmado en el año 2023. 

La mesa de trabajo con autoridades locales continúa activa, buscando establecer acuerdos que garanticen entornos seguros para docentes y alumnos, mientras el gremio aguarda una convocatoria urgente para discutir la recomposición salarial.

La organización social La Poderosa anunció el desplazamiento de Ignacio “Nacho” Levy de la conducción del movimiento luego de activar su protocolo de géneros, tras las denuncias públicas por violencia de género realizadas en los últimos días por distintas exparejas del referente social. La decisión fue comunicada mediante un documento difundido en redes sociales, en el que las asambleas de la organización informaron el “corrimiento total” de Levy de todos sus espacios de conducción.

“A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros”, expresó el comunicado. En ese sentido, la organización señaló que resolvió avanzar en el apartamiento de Levy y sostuvo: “No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos. Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar”.

La decisión llegó luego de que la sexóloga y divulgadora Cecilia Ce denunciara públicamente a Levy por presunto abuso psicológico y manipulación durante la relación que mantuvieron. Tras conocerse ese testimonio, otras exparejas del dirigente, entre ellas la actriz y cantante Gloria Carrá y Tati Dell, también compartieron relatos sobre situaciones similares.

En el documento, La Poderosa destacó que la resolución fue adoptada de manera “colectiva y consensuada” y recordó que desde hace años cuenta con un protocolo específico para abordar situaciones de violencia hacia mujeres y disidencias sexuales.

Al mismo tiempo, la organización sostuvo que las dinámicas propias de las redes sociales suelen exigir respuestas inmediatas que no siempre son compatibles con los procesos internos de construcción colectiva que caracterizan al movimiento.

“Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana”, afirmaron al inicio del texto. Además, remarcaron que “lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización”, justificando así el apartamiento del histórico referente.

Finalmente, La Poderosa reconoció que ninguna organización está exenta de reproducir prácticas violentas y aseguró que continuará fortaleciendo sus mecanismos internos de revisión. “Entendemos que ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas violentas que busca combatir”, señalaron, al tiempo que reafirmaron su compromiso con la construcción de “una forma de hacer política cuidada, compañera y, sobre todo, feminista”.

La senadora bonaerense Mónica Macha anunció la presentación de un proyecto de ley con el objetivo de modificar la Ley de Violencia Familiar (N° 12.569). La iniciativa busca incorporar la violencia digital como una forma específica de violencia de género, otorgando mayores herramientas de protección ante agresiones cometidas mediante tecnologías de la información y la comunicación.

La propuesta, que será dada a conocer en La Plata junto a especialistas y familiares de víctimas, contempla el reconocimiento de la afectación a la identidad digital y define a la violencia digital como toda conducta que, a través de medios electrónicos, afecte la dignidad, intimidad, reputación o seguridad de las personas.

“Desde los feminismos y transfeminismos tenemos un gran desafío porque no estamos habitando una época de cambio, se trata de un cambio de época. No solo debemos defender nuestra agenda, sino que además debemos tramar estrategias, porque una sociedad libre de violencias se construye desde la macropolítica”, dijo.

El proyecto detalla medidas concretas de protección, tales como el cese de hostigamientos, la prohibición de contacto, la eliminación de contenidos en redes sociales y la realización de peritajes informáticos. La legisladora subrayó la necesidad de respuestas rápidas frente a problemáticas como la violencia sexual en internet y la difusión no consentida de imágenes.

En este sentido, la senadora remarcó: “La violencia por motivos de género anida en nuestra sociedad. Es un problema estructural que atraviesa todas las clases sociales. Y esa violencia no es exclusiva de un espacio físico. Los territorios digitales le dieron a los varones violentos una vía rápida, sencilla y con cierta impunidad para ejercer violencia contra las mujeres, por eso sostenemos que lo virtual es real y también es político”.

La iniciativa se suma a una agenda impulsada desde 2022, que incluye antecedentes como la Ley Olimpia y el proyecto de Ley Ema, este último promovido también por la diputada Mayra Mendoza. Esta propuesta busca integrar contenidos de ciudadanía digital en la Ley Provincial de Educación N° 13.688, promoviendo capacitaciones obligatorias para docentes y protocolos de actuación ante situaciones de riesgo en el ámbito escolar.