Un alto jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue denunciado por violencia de género y quedó desafectado de sus funciones, tras un episodio ocurrido en el sur del conurbano bonaerense.

El hecho tuvo lugar en la localidad de El Pato, partido de Berazategui, donde la denunciante —una subteniente de la misma fuerza— acusó a su pareja, el comisario general Gastón Ghe, quien se desempeñaba como superintendente de Seguridad Vial.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, todo comenzó el 3 de mayo, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio tras un llamado por un conflicto de pareja. En esa primera intervención, la fiscalía dispuso actuaciones por “averiguación de ilícito”, sin adoptar medidas inmediatas.

Sin embargo, horas más tarde se produjo una nueva intervención, esta vez con participación de la Prefectura Naval Argentina. La mujer denunció que el jefe policial se presentó en su casa en estado de ebriedad, con una importante suma de dinero, y que la situación derivó en un forcejeo, amenazas de muerte e incluso manifestaciones de intención de suicidio por parte del acusado.

A partir de estos hechos, la Fiscalía especializada en violencia de género de Berazategui inició una causa por “lesiones y amenazas en concurso real”, y el expediente fue derivado a la comisaría de la Mujer y la Familia correspondiente.

En paralelo, se dispuso la desafectación inmediata del comisario y la apertura de actuaciones administrativas en el ámbito de Asuntos Internos de la fuerza. La medida también generó una serie de cambios en la estructura de la Policía Bonaerense, con nuevos nombramientos en áreas clave.

La investigación continúa en manos de la Justicia, mientras el caso vuelve a poner el foco sobre situaciones de violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó su informe estadístico anual correspondiente a 2025. El documento revela un crecimiento en la demanda del servicio, con un promedio de 49 atenciones diarias y un total de 18.014 registros durante los doce meses analizados.

De acuerdo a los datos oficiales, la cifra total se compone de 10.124 presentaciones y 7.890 consultas informativas presenciales. En términos porcentuales, las presentaciones subieron un tres por ciento, mientras que las consultas aumentaron un ocho por ciento respecto a 2024. La mayoría de las personas que acudieron a la institución fueron mujeres y los trámites se realizaron predominantemente fuera del horario judicial.

Los equipos interdisciplinarios de la dependencia llevaron adelante 13.313 evaluaciones de riesgo. Entre las 12.566 personas afectadas, el 50 por ciento fueron mujeres adultas de entre 18 y 59 años. Por su parte, las niñas, niños y adolescentes representaron el 31 por ciento del total, con una edad promedio de nueve años.

En relación a las personas denunciadas, el informe contabilizó 10.280 individuos, de los cuales el 71 por ciento son varones. Un dato relevante indica que tres de cada diez presentaban consumo problemático de alcohol o sustancias psicoactivas, y 855 poseían armas. El vínculo de pareja o ex pareja prevaleció en el 45 por ciento de los casos.

Respecto a la naturaleza de las agresiones, la violencia psicológica alcanzó el 96 por ciento de los casos, seguida por la física y la simbólica con un 42 por ciento cada una. El informe advierte que "el 25% de las evaluaciones correspondieron a situaciones de riesgo altísimo o alto y que 1.758 personas presentaban lesiones producto de la violencia".

Finalmente, la respuesta judicial fue inmediata: el 99 por ciento de los expedientes se derivó a la Justicia Nacional en lo Civil, donde se ordenaron 34.913 medidas preventivas urgentes. Entre las acciones más frecuentes se destacan la prohibición de acercamiento, el contacto restringido y la entrega de botones antipánico.

El Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por los episodios de violencia registrados en establecimientos educativos y llamó a una intervención articulada que involucre a organismos estatales, instituciones escolares y familias.

A través de un pronunciamiento de su Consejo Directivo, la entidad advirtió sobre una “ruptura del pacto pedagógico” y una creciente conflictividad en el ámbito escolar, enmarcada en un contexto social atravesado por el individualismo, la hiperconectividad y la circulación de discursos de odio.

En el documento, el Colegio sostuvo que el fenómeno no puede abordarse desde miradas simplistas y planteó la necesidad de comprenderlo como una problemática social compleja, que requiere análisis profundo, intervención profesional y la construcción de estrategias sostenidas en el tiempo.

En ese sentido, destacaron el rol de los profesionales de la sociología en el ámbito educativo, particularmente en tareas de intervención e investigación-acción, y alentaron a los sociólogos y sociólogas a involucrarse activamente en la generación de herramientas y propuestas frente a la situación.

Asimismo, la entidad expresó su solidaridad con docentes y orientadores sociales que se desempeñan en la provincia de Buenos Aires, y subrayó la importancia de fortalecer políticas de cuidado, promover espacios de diálogo y reconstruir el lazo social dentro de las instituciones educativas.

El pronunciamiento también puso el foco en la gravedad de las amenazas en escuelas, al señalar que se trata de conductas tipificadas como delito, lo que implica la necesaria intervención de organismos del sistema de seguridad, la justicia y las autoridades educativas.

Finalmente, el Colegio reafirmó la importancia de sostener a la escuela como un espacio democrático, de encuentro y construcción colectiva, y convocó a la sociedad en su conjunto a asumir una responsabilidad compartida en la formación de las nuevas generaciones.

La conmoción por las amenazas de tiroteos en escuelas continúa en ascenso y ya derivó en acciones policiales y judiciales en toda la provincia de Buenos Aires, donde se registraron alrededor de 1.000 denuncias vinculadas a pintadas, carteles y publicaciones en redes sociales con armas.

De acuerdo a datos del Ministerio Público Fiscal bonaerense, los casos se multiplicaron en distintos departamentos judiciales. En La Matanza se contabilizaron cerca de 200 denuncias, mientras que en Moreno se registraron unas 70 presentaciones, en el marco de una problemática que también se extendió a otros distritos del país.

En ese contexto, la Justicia comenzó a avanzar con medidas concretas. En Moreno, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, junto a las funcionarias Érica Chiessi y Solange Castelli, solicitó embargos a los padres de alumnos identificados como autores de amenazas.

La investigación permitió identificar a siete menores, dos de ellos de 16 años —y por lo tanto punibles—. A partir de allí, personal de la DDI realizó siete allanamientos, en los que se secuestraron armas que habrían sido exhibidas en redes sociales, además de celulares, computadoras, tablets y consolas de videojuegos.

Durante los operativos, los sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública, mientras que el monto de los embargos aún no fue determinado. La definición quedará en manos de la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino, y de la Fiscalía de Estado bonaerense, que deberá calcular los costos generados por los procedimientos.

Entre los gastos a considerar se incluyen operativos policiales, tareas investigativas y eventuales cambios en los protocolos escolares, en una lógica similar a la que se aplica en casos de amenazas de bomba.

En paralelo, en Mar del Plata, la Justicia adoptó una medida en la misma línea. El fiscal general Fabián Fernández Garello dispuso que los padres de estudiantes implicados deberán afrontar los costos de los operativos policiales y los posibles daños ocasionados.

La problemática también se replica fuera de la provincia. En Santa Fe, el gobierno provincial avanzó con una decisión similar, al estimar que cada despliegue policial ante una amenaza escolar puede costar entre cinco y seis millones de pesos. Solo en esa jurisdicción se registraron 65 denuncias en un día, en su mayoría por mensajes escritos en baños de establecimientos educativos.

Mientras tanto, la difusión de imágenes y mensajes intimidatorios —en algunos casos protagonizados por adolescentes— sigue generando preocupación en las comunidades educativas, que debieron reforzar medidas de seguridad ante una situación que no deja de escalar.

Ante la aparición de una serie de carteles con mensajes intimidatorios en diversos establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, las autoridades de las carteras de educación y seguridad mantuvieron una reunión con los gremios docentes. El encuentro tuvo como eje central la evaluación de los pasos a seguir y el refuerzo de los criterios de intervención mediante un protocolo específico frente a este tipo de hechos en las escuelas.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso. También formaron parte del encuentro los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), quienes presentaron una serie de propuestas orientadas a abordar las “nuevas dificultades originadas en comunidades digitales que promueven acciones violentas”.

Entre los puntos sugeridos por el sector gremial se destacó la necesidad de realizar jornadas institucionales para analizar la problemática, implementar políticas de salud mental destinadas a niñas y jóvenes, y brindar formación específica para directivos y docentes. Asimismo, se propuso la creación de espacios de trabajo con las familias, talleres con estudiantes y la convocatoria a mesas interministeriales provinciales e intersectoriales distritales.

Desde el área de Educación confirmaron que se buscará “impulsar la formación de las mesas intersectoriales” con el fin de abordar situaciones conflictivas o violentas en el entorno escolar. En la misma línea, los funcionarios se comprometieron a promover “una reunión interministerial para coordinar acciones” y aseguraron que continuarán “monitoreando conjuntamente la situación” en todo el territorio bonaerense.

En este contexto, el Gobierno bonaerense envió una comunicación oficial a las autoridades escolares bajo el título "Orientaciones para la actuación inmediata ante la detección de mensajes amenazantes o presencia de armas en el escenario escolar". El documento establece que, ante cualquier mensaje que refiera a un posible tiroteo o a la presencia de armamento, los establecimientos deben actuar con celeridad para priorizar el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad.

El protocolo detalla que, ante una amenaza, el personal debe notificar de inmediato al equipo directivo, el cual informará a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. En forma paralela, la dirección del establecimiento tiene la obligación de radicar la denuncia ante la fiscalía o la dependencia judicial correspondiente para iniciar la investigación. Se aclara que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de los estudiantes para garantizar sus derechos.

Para los casos de extrema gravedad, donde un estudiante exhiba un arma dentro de la escuela, la normativa indica que el objeto siempre debe considerarse como si estuviera cargado. El personal deberá intentar calmar al joven y dialogar con él, mientras otro adulto da aviso al 911. Entre las pautas de seguridad, se recomienda procurar que el estudiante deposite el arma en una superficie segura.

El texto es taxativo respecto al manejo de armas de fuego: "Si se tratara de un arma de fuego, pedirle que saque el dedo del gatillo, si esta es la situación. En tanto no entregue el arma, se deberá procurar que mantenga la calma hasta que llegue la fuerza pública".

Además, se remarca que ninguna otra persona debe manipular el elemento. Se designará a un adulto responsable para custodiar el aula e impedir el ingreso de terceros, siendo la fuerza pública la única autorizada para retirar el arma. Finalmente, el estudiante implicado quedará bajo custodia, con intervención de su familia y de la Justicia.

Un hombre de 27 años fue internado tras ser hallado con lesiones visibles y en estado de alteración en un procedimiento que tuvo lugar el pasado jueves en San Lorenzo al 1100, según informaron desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tandil.

La intervención policial se originó a partir de un llamado al sistema de emergencias. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia del joven, quien se encontraba exaltado, con heridas en el rostro y evidentes signos de desorientación.

Ante ese cuadro, el personal procedió a su reducción y contención, para luego coordinar su traslado al Hospital Municipal a través del SAME. Ya en el centro de salud, el hombre continuó con una conducta alterada, por lo que debió ser asistido por el equipo médico.

A partir de las tareas investigativas posteriores, se logró establecer que el joven habría sido agredido previamente por otro individuo. Esta hipótesis se sustentó en el análisis de cámaras de seguridad de la zona, que permitieron reconstruir parte de lo sucedido.

Con la intervención del Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil, se llevaron adelante diligencias de requisa y secuestro, en las que se incautó un objeto de interés para la causa, con participación de Policía Científica de Tandil.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 16 de Tandil, bajo la carátula de averiguación de ilícito, y continúa su curso para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al presunto agresor.

La villa minera Sierra Chica, a sólo diez kilómetros de Olavarría, y 124 kilómetros de Tandil, tiene como día de fundación el 30 de mayo 1885. Pero curiosamente, a esa fecha se llegó tras una investigación y fue establecida por una ordenanza del Concejo Deliberante en 2024, en honor al Combate de Sierra Chica, cuando la comunidad indígena asentada, al mando de los caciques Cachul y Catriel, resistió a la expedición militar liderada por Bartolomé Mitre.

A la rica historia de Sierra Chica desde mediados del siglo XIX, hay que agregarle la que escribieron los inmigrantes italianos que arribaron a fines del 1900, para sentar las bases de las industrias calera y cementera en la Argentina. Conocidos como los “picapedreros”, se convirtieron en los grandes hacedores del progreso de la localidad con la extracción del granito rojo, único en el mundo.

Pero la fuerte actividad minera se combina con su perfil penitenciario desde el inicio de la construcción, un 4 de marzo de 1882, de la Unidad Penitenciaria 2, a la que luego se sumaron la Unidad 38 y la Unidad 27 de régimen semi-abierto. Parte de sus casi 5 mil habitantes se mueven en torno a los tres penales que tienen unos 3.100 detenidos, la mayoría en la Unidad 2, que es de máxima seguridad y que en Semana Santa de 1996 tuvo a todo el país en vilo.

Por esos días, el clima carcelario no era el mejor. En varias unidades, el reclamo por mejores condiciones de detención y la superpoblación, hacían un cóctel de difícil resolución. Pero puntualmente detrás de las rejas de Sierra Chica se vivieron ochos días de una violencia indescriptible, que dejó ocho muertos y muchas historias que se escribieron con sangre.

Cadáveres cremados en la panadería de la cárcel, empanadas con cuerpos humanos, presos jugando al fútbol con las cabezas de otros y una jueza entre los rehenes fueron solo algunas de las escenas de aquellos días que, tiempo después, un juicio histórico. Fue un intento de fuga que terminó con una rebelión de 1500 presos.

El levantamiento comenzó pasado el mediodía del 30 de marzo. Los denominados “Doce Apóstoles”, por el número de integrantes que lo generaron y por la fecha religiosa, liderados por Marcelo “Popó” Brandán Juárez se enfrentaron contra otra banda que lideraba Agapito “Gapo” Lencina. Intentaban fugarse, pero el plan fracasó: un guardia les disparó con una ametralladora, hirió a uno de ellos y sus compañeros tuvieron que atrincherarse en un pabellón.

Tomaron como rehenes a guardias, un médico y tres pastores evangelistas. Como el director fracasó en su negociación, cerca de las 22 de esa jornada llegó al lugar la jueza de Azul, María de las Mercedes Malere. Pero no hubo diálogo y junto con otro funcionario judicial, Héctor Torrens, pasaron a engrosar la lista de cautivos. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), dijo tiempo después, le dio una versión distorsionada de los hechos. “Me dijeron que estaba todo tranquilo”, confesó.

Mientras las cámaras de TV seguían llegando al lugar, detrás de las rejas transcurría un juego macabro, con ajustes de cuentas entre los dos bandos. Sólo aquellos que estaban en contra del motín, entre los que figuraba Carlos Eduardo Robledo Puch, el Ángel de la Muerte, se refugiaron en la capilla del penal. Muchos dedicaron horas a rezar y esperar.

El 1° de abril ya la cacería estaba desatada. Los liderados por Brandán Juárez mataron de un balazo y a puñaladas a un seguidor de Lencina, identificado como Hugo Barrionuevo Vega, y ese fue el inicio de otros seis crímenes. Todo en pocos minutos. Fueron cayendo una a uno hasta que le tocó al propio Lencina: un tiro en la nuca y cuchillazos, por si hacía falta.

Los cuerpos fueron llevados al pabellón de castigo. Allí los descuartizaron con un hacha. Luego trasladaron los pedazos en ollas y los incineraron en un horno de la panadería del penal. Según contaron testigos, fue aquí donde se hicieron empanadas con carne humana y se las dieron a comer a guardiacárceles y rehenes. Pero eso no fue todo.

A otro preso, José Cepeda Pérez, lo masacraron a facazos por negarse a formar parte del grupo de descuartizadores. En total: ocho muertos. Y según contaron tiempo después testigos, antes de incinerar a sus “compañeros de penal”, los revoltosos jugaron “a la pelota” con la cabeza de Lencina, líder del bando rival.

El entonces gobernador Eduardo Duhalde evaluó intervenir por la fuerza a través del aterrizaje de helicópteros dentro del penal. La opción implicaba una alta probabilidad de muertes. Por eso apostó al desgaste de los internos. Fue el 5 de abril cuando los cabecillas subieron al techo del pabellón 11 y por primera vez hablaron con la prensa, en una postal que aún hoy queda en la retina de muchos.

“Si la Policía intenta entrar, la primera que muere es la jueza. Queremos que aprueben el petitorio y atiendan a los heridos de bala que tenemos. No hay muertos”, gritó el cabecilla. Mentía. Ya a esta altura eran ocho las víctimas. Sin embargo, tras esa aparición en cámara empezó un principio de negociación.

Pedían armas, móviles para escapar y comida. Con el correr de las horas, ya sin drogas que consumir, no pensaban en una huida, sino en ser trasladados a un penal federal, por miedo a venganzas, y que se les aplique el “2 por 1” en las causas por las que estaban detenidos.

El 7 de abril, Domingo de Pascua y mientras el obispo de Azul, garante del acuerdo, rezaba en la puerta del penal, empezó la rendición. Ya habían liberado a rehenes pero ahora se entregaban “los apóstoles”. Su destino: la cárcel de Caseros. Allí, volvieron a hacer de las suyas y tras un motín en mayo de 1999, se los condenó a penas de entre 7 y 10 años de prisión.

Sin embargo, años después comenzó el esperado juicio por lo de Sierra Chica. Al banquillo fueron 24 imputados en total. En un proceso sin precedentes, 150 testigos pasaron por el casino de oficiales de la cárcel de Melchor Romero convertido en sala de audiencias. Se usó por primera vez un sistema de transmisión de imágenes y audio con los acusados encerrados en tres celdas a unos 200 metros de donde los jueces tomaban las declaraciones. Todo bajo la atenta mirada de 100 guardias de seguridad.

El 10 de abril de 2000 Jorge Pedraza, Juan Murguia, Marcelo Brandán, Miguel Acevedo, Víctor Esquivel y Miguel Ángel Ruiz Dávalos fueron condenados a reclusión perpetua. Otros doce recibieron penas más bajas, que llegaron hasta los 15 años. Y seis terminaron absueltos.

Con el tiempo, algunos de los condenados murieron. Otros recuperaron la libertad. Varios reincidieron y volvieron a prisión. El episodio dejó al descubierto fallas estructurales: sobrepoblación, autogobierno interno de los pabellones y la consolidación de jerarquías violentas entre internos. El fallo buscó ponerle fin al más sangriento motín de la historia carcelaria argentina, pero dejó cicatrices en un sistema que nunca termina de recuperarse.

Por Fernando Delaiti - Agencia DIB

Una jornada de trabajo habitual en la zona norte de la ciudad terminó de forma violenta cuando una inspectora municipal resultó herida de gravedad en su cabeza. El lamentable episodio ocurrió en momentos en que el personal de Control Urbano Vehicular realizaba actas sobre el estacionamiento en Ijurco, arteria que al tener doble sentido de circulación, posee prohibición de estacionar en una de sus manos.

Según relató Walter Villarruel, titular de Control Urbano Vehicular, los inspectores se encontraban labrando las infracciones correspondientes a los vehículos en falta, cuando un individuo comenzó a increparlos. El funcionario detalló que el hombre, que se encontraba merodeando la zona a pie y no era un infractor directo del operativo, empezó con una agresión verbal sistemática, insultando a la trabajadora por el solo hecho de ejercer su labor de control en el barrio.

La situación escaló rápidamente de la violencia verbal a la física. En un movimiento sorpresivo, el atacante le arrojó una piedra y luego medio ladrillo, proyectiles que impactaron en la trabajadora.

“Estábamos haciendo un control en calle Ijurco, que en una mano tiene prohibición de estacionar porque tiene doble sentido”, contextualizó Villarruel sobre el hecho y agregó que los inspectores estaban labrando actas por los vehículos parados en la vereda incorrecta.

“Una persona que estaba ahí, que era supuestamente del barrio, primero empezó a agredir verbalmente, insultando porque veía mal que la inspectora estuviera haciendo infracciones y que esté controlando. Segundo paso, arrojó unas piedras. Lamentablemente, una rozó a la inspectora y la otra, que era medio ladrillo, le impacta en la cabeza”, describió.

Tras el ataque, desde Control Urbano trasladaron a la inspectora al Hospital Ramón Santamarina, “donde se hizo los estudios correspondientes, le hicieron una tomografía. Por suerte, estaba bien. Por supuesto con el golpe, el dolor de la cabeza, hinchada. Después, realizamos la denuncia correspondiente en la comisaría Cuarta”, agregó el funcionario.

Por otro lado, señaló que ayer acompañaron a la trabajadora a hacer la denuncia a la ART para que pueda recibir atenciones. “Por suerte, está bien”, reiteró el director y precisó que “ya está en la casa, con la pauta de alarma correspondiente pero está bien”.

En esta situación, los vecinos habrían reconocido al autor. “Nosotros hicimos la denuncia correspondiente, y esperamos que pueda ser identificado y puesto a disposición de la Justicia”, expresó el director.

Al evaluar lo ocurrido, Walter Villarruel lamentó que “estas acciones violentas a veces uno las naturaliza porque no pasan más que la agresión verbal”, aunque el último lunes “sucedió lo que muchas veces puede pasar que es la agresión física”.

El funcionario recalcó que el hombre no se encontraba circulando en vehículo, ni tenía relación con los autos infraccionados por no respetar las reglas de estacionamiento sobre Ijurco. Por ese motivo, “la inspectora al principio no le prestó importancia porque generalmente, cuando uno está trabajando hay mucha gente que pasa o te insulta o no quiere que estés”, advirtió sobre un contexto de trabajo habitual para los agentes.

Sin embargo, en este caso el hombre “después se aleja un poco, y cuando pasa la inspectora le arroja una piedra. No era un infractor sino alguien que no estaba de acuerdo con el procedimiento de control que uno tiene que hacer desde el área”.

Villarruel puso de relieve que las agresiones verbales o insultos son cotidianos durante los operativos. “Muchas veces la gente pasa y siempre tiene algo para decir con los controles, y es muy frecuente que pase alguien y te insulte, o no quiere que estés trabajando en el lugar, pero no se llega habitualmente a esta cuestión de agresión física”.

Sorprendido y consternado, el director advirtió que “uno tiene que hacer cumplir la norma y sobre todo, tomar recaudos porque a veces no le damos importancia a los insultos que por ahí terminan en una acción como la que ocurrió”.

En ese sentido, descansó sobre la denuncia radicada, por lo cual será la Justicia la que deberá identificar al agresor y avanzar con los procedimientos que corresponden.

Por otra parte, el titular de Control Urbano señaló que comenzaron a fiscalizar algunas situaciones de tránsito en los barrios a partir de contar con disponibilidad de personal y reveló que la presencia de los inspectores ha sorprendido a los vecinos, generando diversas reacciones.

Más allá de ciertas manifestaciones de rechazo, expuso que “hemos estado trabajando mucho con lo que es la recuperación de espacio público con las notificaciones de los vehículos abandonados, y eso nos ha dado la visión de que no toda la gente está en desacuerdo” con los controles.

Y agregó que “nosotros nos llevamos la sorpresa a veces de que la gente del barrio se asombra y además está dispuesta a colaborar, pero no dejan de existir estas personas que son inadaptados que no corresponde las acciones que hacen y sobre todas las cosas, que nadie es dueño de nada, la vía pública hay que controlarla y aquel que está fuera de la norma puede ser sancionado”.

Devastados. Sin consuelo. Así transcurren las horas los padres y la numerosa familia de Mili. Todavía no entienden razones sobre la muerte tan trágica como inexplicable de la chica de 18 años, víctima del crimen ocurrido el domingo, cerca de las 6.30. Milagros Pilar Andrea Quenaipe había salido a bailar y ya de regreso a descansar, se detuvo en la esquina de Rodríguez y Uriburu Sur, donde una certera puñalada le arrancó la vida y ahora multiplica los recuerdos de su dulzura entre los suyos, pero también en sus amigos y aquellos que la conocieron. 

Hasta El Eco de Tandil, tras la inhumación del cuerpo de Mili, llegaron sus papás César Oscar Quenaipe y Andrea Pereyra, la esposa del papá Yanina Grecco, los hermanos Micaela y Kevin Quenaipe, Jonathan y Brian Molina y Thiago Giménez, la tía Cecilia Pereyra, la prima Nayla López y la pareja de la joven Aylén Romero. En la numerosa familia, ahora refugiada en la fortaleza de la unión y tras haber agotado las lágrimas, aún faltaban otras dos hermanas, Yaro y Lourdes Quenaipe, además de los cuñados y los siete sobrinos –uno en camino-.

Aún muy conmovidos, tras una larga jornada en la que también se entrevistaron con efectivos policiales y con el fiscal de la causa por “Homicidio”, el doctor Damián Borean, le contaron a este Diario cómo era Mili y convocaron a una marcha para pedir justicia, que se realizará el próximo sábado, a las 18, desde España y Rodríguez.

En paralelo, solicitaron a la comunidad que tenga empatía y que pare de viralizar el video con las imágenes del momento en que Mili fue asesinada, en la esquina de Rodríguez y Uriburu Sur. 

Milagros nació el 25 de diciembre de 2006, en el Hospital Santamarina, y era de las hermanas más pequeñas de una familia ensamblada. Terminó en el primario en la Escuela 1 y transitó por las aulas de Técnica y Comercio, y se había propuesto culminar el secundario de noche. Como a muchos jóvenes, le gustaba salir a bailar, también cocinar –eran muy apreciados sus panes rellenos- y cortar el pelo, por lo que tenía el proyecto de estudiar barbería.

A los 18 años, vivía con su mamá, quien fue la última en verla antes de la tragedia. Cantaron karaoke en su casa de la zona de El Calvario, hasta que Mili se fue con una amiga al boliche Sol Disco.

Compañera, buena, auténtica, dulce. Así la definieron a coro sus padres y hermanos, en una mezcla de genuino amor y profundo dolor. Conservaba amigas desde el primario y había sumado muchos más vínculos a fuerza de ser querible y solidaria, una encantadora de especial sonrisa.

“Era dulce, la quería todo el mundo. Era imposible no quererla. Se ponía a jugar con una criatura de 3 años y a charlar con una mujer de 70. Para Mili no existía género, edad, diferencias, abrazaba a todos”, compartió Yanina, la esposa de César.

“Estaba conmigo cantando y bailando, un ratito antes de salir. Siempre cuando salía, un rato cantábamos, nos hacíamos las Pimpinela. Bailamos un ratito y después se fue”, contó Andrea Pereyra sobre los últimos instantes que compartió con su hija, en su casa.

“Esa noche salió con Luna, una amiga”, dijo y confirmó que sabía que iban a Sol. “Ella siempre me avisaba. Me mandaba un mensaje ‘ma, ya estoy llegando’ o ‘me quedo a dormir en casa de Nayla, que era una de sus amigas’”, relató.

“Yo hacía unos días que no la veía”, agregó el papá, inmerso como en una pesadilla de la que desea despertar, y confió que habían discutido porque le pedía que estudiara. “Cuidate”, era la palabra con la que la despedía cada vez que salía de casa, sobre todo de noche.

El domingo por la mañana, César se levantó cerca de las 9.30, prendió la tele para ver la carrera de Fórmula 1, puso el agua para el mate y empezó a scrollear las noticias en el celular. Junto a su esposa Yanina comentaron que habían matado a una joven de 18 años. “Mili no es porque las noticias feas te llegan enseguida”, le dijo y pasó. Cerca de las 11, otra vez pensó en la crónica policial y se planteó si su hija habría llevado documentos.

Mientras se preparaba para cocinar unas pastas, cerca de las 11.30 recibió un llamado de la Comisaría de la Mujer. Con las sospechas a cuestas, partió junto a su esposa Yanina y en la sede policial se encontró con Andrea, entre lágrimas.

“Estoy en stand by. Te cambia la vida. Hace 48 horas que me cambió la vida totalmente. Pensé en muchas cosas; en muchas cosas malas, muchas buenas. En hacer lo peor, pero uno se tiene que controlar, están los hijos, los nietos. Y me dicen que Dios te ayude. No. No me ayuda más Dios. Ya con esto, no me puede ayudar, me tendría que haber ayudado antes”, expresó el padre como en un desahogo.

“Yo creí que lo peor para el ser humano era privarlo de la libertad. Hasta el domingo pensé eso”, reflexionó y manifestó que es católico, siempre fue creyente. “Cómo me va a ayudar Dios si me sacó a una criatura de 18 años”, lamentó y aseveró que el detenido “salió a matar por matar”.

En paralelo, sostuvo que “respecto a la libertad, siempre creí que para la persona lo peor que había era sacarle la libertad, privarlo de la libertad, y eso es mentira. A mí me sacaron a mi hija de 18 años y no es lo peor la libertad”.

Entre lágrimas, clamó: “No es lo peor. Yo quiero pena de muerte para el asesino de mi hija. Yo voy a pedir pena de muerte, aunque no sea ley en Argentina. Los que me quieran apoyar, me van a apoyar, pero yo quiero que este muchacho se muera, lo maten”.

En medio del dolor, opinó que “la pena de muerte tiene que existir, no puede ser que en la Argentina una persona salga con un cuchillo a matar, haya tenido drogas, estupefacientes, porque pensó lo que iba a hacer. Fue hasta la casa, agarró un cuchillo y volvió, porque había tenido una discusión afuera de un boliche con unos chicos. Volvió. Empezó a correr a uno. Después, cuando llegó a un grupo de personas a uno le pegó un puntazo por la espalda y con mi hija no sé qué palabras cruzaron por un tema de un cantante y le pegó a mi hija de costado en el cuello. Inexplicable”.

Aclaró que la pelea del ahora detenido con un grupo a la salida del boliche “no tuvo nada que ver con mi hija. Mi hija estaba en grupo, tres chicas y dos chicos” y señaló que “dicen que estaba defendiendo a una persona, es mentira. Había una chica descompuesta y paró a ayudarla”.

Los familiares agradecieron a Luna, la amiga de su hija, que “estuvo hasta último momento, hasta que vino la Policía Científica” y se encargó de dar aviso para solicitar ayuda.

“Quiero agradecer al subcomisario Genko, que estuvo en todo momento y todo el procedimiento que hizo él, como policía, que lo llamaron, actuó muy rápido con las cámaras de seguridad de Monitoreo y en 45 minutos ya lo habían detenido”, manifestó César Quenaipe y destacó que “quiero agradecer porque no llegó ni a cambiarse este muchacho. Esa parte del policía y de las cámaras fue un espectáculo”.

En relación a la marcha convocada para el sábado próximo, a las 18, César Quenaipe insistió en que “voy hasta las últimas consecuencias, quiero la pena de muerte” y reflexionó que “para la persona lo peor que había era quitarle la libertad, hasta que me quitaron a mi hija. A  partir del domingo, esa palabra quedó archivada. No me alcanza eso, por eso digo que tiene que ser pena de muerte”.

En tanto, invitó a los medios nacionales a venir a Tandil para cubrir la movilización y expresó “sé que no hay pena de muerte en la Argentina, pero este presidente que tenemos ha cambiado tantas cosas, por ahí nos da bolilla, porque esto se tiene que terminar. Cualquiera no puede salir a matar”.

Confió que instaba a su hija a salir porque “acá no pasa nada, esto es la gloria, no es Buenos Aires ni Mar del Plata, pero hoy en día se está poniendo” y clamó que “se tiene que terminar esto, cambiando las leyes, poniendo mano dura”.

La familia aclaró que el detenido, Wilson Sánchez, es oriundo de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, y como dato, agregaron que en alguna ocasión habían ido al Hospital de Niños y observaron que en la casa de enfrente, donde vivía el autor, “siempre estaban chupando, con la música alta”. Por lo tanto, César remarcó que “el alcohol y las drogas llevan a esto, a muertes de inocentes”.

Para reafirmar el concepto, citó el choque del 20 de julio pasado, en la madrugada del Día del Amigo, en el que murió Iván González, también a causa de otro conductor que había consumido drogas y alcohol.

“Yo sé que a Mili no la vamos a ver más, va a quedar en nuestros recuerdos”, expresó el padre, destrozado por la angustia, e insistió con que va a pedir un cambio de legislación para instituir la pena de muerte.

El Ministerio de Seguridad presentó hoy una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal por los incidentes en la caravana encabezada por el presidente Javier Milei ayer en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Según el texto difundido por la cartera de Patricia Bullrich, se solicita profundizar la investigación judicial en virtud de la posible "comisión organizada del ataque", lo que configuraría un agravamiento de los delitos.

En los disturbios lanzaron un piedra al mandatario nacional que no llegó a impactar. La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.

En el comunicado difundido por Seguridad resalta: "Uno de los lemas de gestión es claro: “el que las hace, las paga”, y todo hecho de violencia debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley".

El capitán de Universidad de Chile Marcelo Díaz cuestionó duramente al presidente de Independiente, Néstor Grindetti, tras los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América.

El mediocampista calificó de “repudiables” las declaraciones del dirigente argentino, quien responsabilizó exclusivamente a los hinchas chilenos por los hechos de violencia.

Díaz, exjugador de Racing y actual referente del conjunto chileno, se expresó con dureza al arribar al aeropuerto Arturo Merino Benítez: “La declaración del presidente de Independiente es repudiable, fuera de contexto. En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”.

El volante de 38 años lamentó la falta de seguridad en el estadio y denunció agresiones sufridas por simpatizantes de la U: “Hinchas de Independiente entraron a pegarles a nuestros hinchas que se estaban retirando del estadio y que no lo pudieron hacer”.

Díaz concluyó: “Estamos muy preocupados por nuestra gente, que ha sido brutalmente agredida. No puede volver a ocurrir un evento deportivo con tan pocas medidas de seguridad”.

Por su parte, Grindetti desligó de responsabilidad al club de Avellaneda y apuntó directamente contra los fanáticos visitantes: “Está claro el comienzo y la continuidad del problema con un solo público. Hay 90 detenidos, que son simpatizantes de la U”.

Además, confirmó que mantuvo contacto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que le informó sobre “algunos heridos leves y un par, sin riesgos, internados acá en Avellaneda”.

La Conmebol aún no se pronunció oficialmente sobre lo sucedido. Grindetti anticipó que defenderá la posición institucional de Independiente ante el organismo, mientras desde Chile se exige una investigación profunda sobre el operativo y las responsabilidades del club local.

La tensión entre Independiente y Universidad de Chile se intensificó luego del partido disputado el miércoles por la noche en Avellaneda, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro, que terminó con disturbios dentro y fuera del estadio, derivó en una fuerte polémica entre dirigentes y referentes de ambos clubes. La Comisaría 1° de Avellaneda reportó un total de 98 detenidos, de los cuales solo uno es argentino. Desde Universidad de Chile informaron que hay 19 heridos, uno de ellos en estado reservado.

Comunicado de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó “enérgicamente la impactante violencia” al hablar sobre los graves incidentes ocurridos en el estadio de Independiente durante el partido con la  Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y dijo que en la entidad madre del fútbol mundial esperan “que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, expresó Infantino en el inicio de su mensaje, subrayando que lo sucedido constituye un retroceso en la lucha contra la violencia en el fútbol.

Un hombre de 48 años fue a cortar leña con una motosierra en un campo privado de la localidad bonaerense de Junín y resultó baleado en el rostro, y el cuidador del predio fue detenido por  el brutal ataque, informaron fuentes policiales.

El caso sucedió este jueves en San José Obrero y Circunvalación cuando un hombre arribó en una moto con un carro y se dispuso a cortar leña con una motosierra.

Poco después llegó el cuidador, un hombre de 78 años, armado con una escopeta calibre 16, y por razones que se investigan, el leñador sufrió una perdigonada que impactó en el rostro.

El hombre herido fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Félix Piñeyro” donde quedó internado en terapia intensiva.

Respecto al presunto agresor, se supo que fue detenido, que le incautaron el arma y que este viernes será indagado por la fiscal Fernanda Sánchez acusado por el delito de tentativa de homicidio.

Una nueva marcha de jubilados frente al Congreso activó otra vez un fuerte operativo de seguridad del Gobierno. El despliegue de efectivos de la Gendarmería, Policía Federal y Prefectura al borde de la plaza buscaba evitar esta tarde pasadasque los manifestantes corten las calles de las inmediaciones del Palacio Legislativo, pero temprano ya se registraron al menos dos fotógrafos afectados por el gas pimienta, pero fuera de peligro.

La de este miércoles es la 15° marcha en lo que va del año contra el ajuste de Javier Milei. A raíz de la represión policial, entre enero pasado y mayo se registraron 129 detenidos y 406 heridos, de acuerdo a un relevamiento realizado por el CELS, en base a los registros de detenciones que llevan adelante abogados, organizaciones independientes y defensa oficial, así como la Comisión Provincial por la Memoria (CMP), las postas sanitarias y el Same.

El número de detenidos y heridos aumenta si se amplía el rango de manifestaciones. Un informe realizado por la CPM, consignado por Página/12, relevó la dureza del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: 1.231 manifestantes terminaron lastimados y debieron ser asistidos por distintas lesiones durante los operativos policiales en base a un monitoreo de 25 movilizaciones de este año. La CPM contabilizó 132 detenidos, contra los 98 del año pasado.

A la nueva manifestación de jubilados de este miércoles se sumaron, entre otros, médicos residentes del Hospital Garrahan, que están en lucha contra el vaciamiento de la salud pública. La protesta también cuenta con el apoyo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de izquierda, entre otras.

Uno de los heridos este miércoles es el fotógrafo Antonio Becerra, colaborador del medio Tiempo Argentino, a quien el asesor presidencial Santiago Caputo intimidó semanas atrás durante el debate de los candidatos porteños.

Según trascendió, el protocolo de Bullrich desplegó unos 1.000 efectivos para evitar la nueva marcha. El miércoles de la semana pasada se produjeron nuevos episodios de gravedad en la protesta debido a la represión policial y la detención no solo de manifestantes sino también de reporteros gráficos.

Los mayores incidentes se produjeron sobre el final de la tarde, cuando los efectivos de seguridad concretaron detenciones y demoraron a reporteros gráficos.

El jueves pasado, un hecho de extrema violencia nos sacudió a todos los tandilenses: un grupo de jóvenes golpeó brutalmente a un hombre dormido en la calle. Las imágenes de la agresión recorrieron las redes, generando indignación y desconcierto. Pero la pregunta que me quedó retumbando con fuerza es: ¿realmente nos sorprende? La violencia entre adolescentes está más presente de lo que queremos admitir. No sólo en los episodios brutales que llegan a los titulares, sino en las aulas, en los pasillos de los colegios, en los grupos de whatsapp dónde se gestan ataques invisibles pero muy destructivos.

Es una violencia cotidiana, solapada, a veces disfrazada de “broma”, pero que destruye poco a poco a quienes la padecen. Lo más preocupante es el efecto que tiene este tipo de acoso en la autoestima de los jóvenes. Le apagan la alegría y destruyen la confianza en sí mismos. ¡Y las familias? ¿Qué estamos haciendo como padres? No alcanza con señalar a los adolescentes agresores y condenar sus actos si no miramos más allá.

¿De dónde viene tanta ira, tanta necesidad de destruir al otro?

La violencia no surge de la nada. Se gesta en hogares donde la indiferencia, el resentimiento, y el maltrato son moneda corriente. Se alimenta en familias donde no se enseña empatía, donde el abuso se minimiza o donde la impunidad es un derecho adquirido.

Las familias de los agresores tienen una responsabilidad enorme. No se debe justificar, se debe intervenir. Esos chicos necesitan más que sanciones escolares: necesitan educación emocional que les enseñe lo que no aprendieron en casa. Ignorar el problema sólo los condena a repetir patrones de violencia en su adultez.

Las instituciones educativas deben asumir su responsabilidad. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de formar ciudadanos, de garantizar espacios seguros donde cada adolescente pueda desarrollarse sin miedo. La violencia no se combate con silencio ni con indiferencia. Se enfrenta con educación, límites claros y acciones concretas.

Como adultos, podemos racionalizar nuestros impulsos. Pero cuando nos tocan lo más sagrado—nuestros hijos—el instinto nos invade, nos arrastra al rincón más primitivo donde la justicia toma la forma de ira. Sentimos en las entrañas el deseo de hacer lo que no corresponde, de vengar esa situación de angustia e impotencia. Pero como adulto llega la razón, los límites culturales, los valores, la moral y la ética.

Y los adolescentes… ¿Cómo procesan todo esto? ¿Dónde depositan su miedo, su impotencia, su bronca? ¿Qué les pasa por la cabeza cuando ven que nada cambia, que los agresores siguen ahí, burlones, sin enfrentar consecuencias? Porque esa bomba de emociones se va cargando día tras día, con cada insulto en los grupos de whatsapp, con cada golpe en el patio, con cada profesor que mira para otro lado.

Y si no encuentran contención en su hogar, si en lugar de escuchar apoyo y contención, les dicen: “Mandálo a la mier…”, “Pegale una piña, así no te jode más”, “Aguantátela”, ¿Qué opción les queda?

Necesitan saber que ejercer violencia tiene consecuencias. Que si alguien es víctima de agresiones, verbales o físicas, habrá respuestas reales, sanciones efectivas, adultos que intervienen con firmeza. Porque si seguimos ignorando el problema, un día ese adolescente que siempre agachó la cabeza, el que soportó en silencio, explotará. Su ira contenida puede convertirse en algo mucho más grande que la violencia que recibió. Ya lo hemos visto.

Los adultos estamos fallando en nuestra tarea de proteger, guiar y contener. Ya no podemos seguir esperando que los chicos resuelvan solos algo que claramente no pueden manejar. Es hora de reaccionar. Es ahora. No después.

Silvia Archuby

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Un incidente vial ocurrido al mediodía en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Beltrán desencadenó una serie de eventos que culminaron con la detención de un hombre. Según lo informado a este medio, personal policial se constituyó en el lugar tras recibir un llamado a la línea de emergencias 101 alertando sobre un accidente de tránsito.

En el sitio del siniestro, se constató la presencia de una camioneta Ford Ranger, con dominio AG549UC, involucrada en el hecho. Sin embargo, al momento de intentar realizar las diligencias judiciales correspondientes, el conductor del vehículo emprendió la fuga.

Esta acción motivó el inicio de una breve persecución por parte de los efectivos, que culminó en la calle Alvarado, a la altura del 400, donde el rodado logró ser interceptado.

Al ser requerido por los efectivos para que descendiera del vehículo, el masculino hizo caso omiso, y lejos de acatar la orden, empujó a uno de los policías, lanzandole a la vez golpes de puño, aunque sin lograr lesionarlos. Ante la manifiesta resistencia y atentado contra la autoridad, se procedió a su inmediata aprehensión.

El aprehendido fue identificado como Lucas Ezequiel Fernandez, de 36 años de edad.

En el marco de las actuaciones, se procedió al secuestro del vehículo mencionado. Fernandez ha sido puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción UFI 16. Se le imputa el delitos de Atentado y resistencia a la autoridad .

La línea 378 de colectivos no presta servicio este lunes como medida de fuerza tras un violento asalto a uno de sus choferes en Isidro Casanova. El ataque ocurrió el sábado por la noche, cuando un delincuente abordó la unidad simulando no tener dinero para pagar el boleto y luego desfiguró con un arma blanca al conductor.

El paro fue convocado por el cuerpo de delegados de la empresa Almafuerte, que también nuclea las líneas 218, 284, 325, 622 y 628, por lo que ninguna estará en funcionamiento durante toda la jornada. Además, los trabajadores anunciaron una marcha para este martes a las 11 hacia la plaza de San Justo bajo el lema “Ya basta, queremos trabajar tranquilos”. También se sumarán choferes de la compañía La Cabaña.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.45 del sábado, cuando el chofer levantó a un pasajero que pidió viajar sin abonar el boleto. Según la víctima, el hombre conversó con él durante todo el recorrido y, al llegar al final del trayecto, lo atacó brutalmente: lo cortó en varias partes del rostro, le robó sus pertenencias y huyó a pie.

El conductor fue atendido por una ambulancia del SAME y luego denunció el hecho. Las heridas fueron profundas y requirieron varios puntos de sutura. “Casi lo degollaron”, describió un compañero. Otro delegado, Gabriel Gusso, fue tajante: “No lo mataron de casualidad. Si lo cortaban un poco más abajo, lo podrían haber matado”.

El reclamo de los trabajadores va más allá del hecho puntual. “Hace un mes tuvimos el mismo problema con otro compañero”, advirtieron. También cuestionaron el accionar de las autoridades: “Nos prometieron más presencia policial, pero solo estuvieron dos días y se fueron. No tenemos bandera política, queremos una solución”.

Uno de los puntos más criticados es la discontinuidad en el monitoreo en tiempo real dentro de las unidades. “Se había destinado presupuesto para instalar cámaras en los colectivos, pero la Provincia no renovó el contrato de cobertura vía satélite. Solo graban, pero no permiten prevenir”, explicaron desde la UTA.

Además, apuntaron contra la deuda en subsidios a las empresas. “El dinero enviado por el Gobierno fue usado para cubrir deudas viejas y no se destinó a renovar la cobertura de cámaras. Así no se puede seguir. Es un desastre”, concluyeron.

En el primer trimestre de 2025, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema (OVD) recibió 712 denuncias por las que resultaron afectados 958 niñas, niños y adolescentes (NNyA) por situaciones de violencia doméstica. Esto equivale a un promedio de 11 afectados por día, de acuerdo al informe que publica la dependencia del máximo tribunal de Justicia.

La edad promedio de los y las afectados/as fue de 9 años, un 51% eran de sexo femenino y 49% masculino. En el 80% de los casos relevados, las personas denunciadas fueron los progenitores de los NNyA afectados. En el 67%, los padres; en el 33%, las madres.

Los datos los dio a conocer la OVD, en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, fecha instaurada por UNICEF con el objetivo de visibilizar la temática y comprometer a la sociedad en la erradicación de este tipo violencia.

Los equipos interdisciplinarios de la OVD detectaron maltrato psicológico o emocional en el 93% de las situaciones; maltrato físico, en el 38%, y abuso sexual en el 11% de las denuncias.

La mayoría de los episodios de violencia denunciados (54%) tuvieron una frecuencia diaria o semanal, y el riesgo fue evaluado como altísimo y alto en el 35% de los casos. El equipo médico de la OVD constató lesiones en 25 niños, niñas y adolescentes.

La Oficina de Violencia Doméstica es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona las 24 horas, todos los días del año, en Lavalle 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina, integran equipos interdisciplinarios que reciben las denuncias por situaciones de violencia doméstica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del relato de las personas afectadas y/o terceras personas, labran un acta, evalúan el nivel de riesgo y confeccionan un informe médico si es necesario constatar lesiones.

Una vez finalizada la entrevista y realizada la derivación correspondiente (judicial y no judicial), desde la OVD se realiza un seguimiento de la actividad judicial desplegada a partir de la recepción de la denuncia.

En la madrugada del pasado viernes tuvo lugar un violento ataque a un joven que regresaba a su domicilio después de la jornada laboral. Gastón, quien decidió resguardar sus datos personales por cuestiones de seguridad, había culminado su turno en una sucursal de una cadena de heladerías cuando se encontró con conductor agresivo. Lo que inició como una discusión terminó con goles con un palo en la cabeza de la víctima. 

De acuerdo a lo narrado a este diario, el joven regresaba por calle Figueroa alrededor de las 1.30 del viernes. Mientras caminaba con su celular en mano, casi es embestido por un automóvil. En el primer intercambio  fueron insultos y reproches por parte del hombre que iba a bordo del automóvil y a los pocos minutos, en la intersección de Figueroa y Urquiza, el mismo conductor volvió a cruzar al joven pero ahora con agresión física.

“Bajó con un palo, me empezó a decir de todo y también a golpear”, describió el damnificado y luego aseguró que se trataba de la misma persona que cuadras antes lo había insultado. “En un momento me quiso sacar el teléfono, pero logré forcejear con él y quedármelo. Él tropezó con el cordón, bajó el acompañante y yo atiné a irme porque estaba todo ensangrentado, no tenía visión y no iba a seguir”,  continuó.

Antes de llegar a su casa, Gastón llamó a su madre para contar lo sucedido y evitar el impacto que podía significar ver a un hijo todo ensangrentado. Esa misma madrugada estuvo cargada de trámites. Primero visitó la Guardia del Hospital Ramón Santamarina para hacerse las curaciones necesarias, donde le dieron más de cinco puntos de sutura a lo largo de la cabeza y le realizaron una radiografía en uno de sus brazos, y luego realizó la denuncia en la comisaría Tercera.

“Yo creo que fue una reacción violenta y aprovechó en el momento para ver si me podía afanar el teléfono. Le salió ese instinto. Igual es gracioso porque cuando se bajó del auto me dijo, "¿Qué estabas en el medio de la calle? ¿Me querías robar?" y me insultó”, contó.

Pasado el mal trago en la madrugada del viernes, Gastón tuvo unas horas con complicaciones respecto a su salud. Al dolor físico ocasionado por los golpes recibidos se sumó presión arterial alta. 

Esto despertó temor en él y su mamá por lo que en el transcurso del lunes tenía turno para realizarse una tomografía en la cabeza para conocer el alcance de los impactos y si estos tenían relación con la subida de la presión.

Respecto a la denuncia, contó que en primera instancia un patrullero se dirigió hasta el Hospital y los llevó a la Segunda. Por una cuestión de jurisdicción tuvieron que ir hasta la Tercera para asentar todo lo sucedido. Ahora se realizan las tareas de investigación para dar con el agresor, por lo que se revisarán las cámaras de seguridad de los negocios de la zona.

“Estuvimos de un lado para el otro. Están pasando muchísimas cosas y lo que vemos es que no tenemos apoyo de nadie y por ejemplo en una de las comisarías nos dijeron que hay 14 patrulleros para todo Tandil. Es una vergüenza”, contó la madre de la víctima de la golpiza que, entre indignación y preocupación, agregó: “Te preguntás qué hacer ¿Me voy?, ¿No me voy? No sé, lo estamos viviendo en toda la provincia esto, pero acá también, en el lugar soñado”.

Mientras transita sus días con algunos mareos y sin poder ir a trabajar por el reposo indicado por el médico, Gastón contó a este medio que no tiene miedo, sino “bronca. Creo que fue una reacción violenta, pero fue muy extremo. A lo sumo insultas a alguien y ya está. Además aprovechó y me quiso robar, quiso aprovechar dos cosas, atacarme y robarme”.

Por su parte, la madre, pidió por acción por parte del Estado. “Quiero saber qué medidas van a tomar porque después queda en la nada. Y si me hubieran traído un cadáver, ¿qué hago yo? ¿Qué me dice a mí el Intendente y las autoridades? A parte no sabemos qué puede pasar porque la cabeza es re delicada”, señaló.

En los últimos tiempos Villa Italia se convirtió en una zona caliente, como se califica en materia de seguridad. El barrio fue noticia en reiteradas oportunidades por hechos de inseguridad y vandalismo. Esta situación, sea por intento de robo, agresividad o una violenta defensa por el estado de alerta constante que viven los vecinos, se suma a los hechos registrados durante las últimas semanas.

La movilización de jubilados que se realiza todo los miércoles frente al Congreso Nacional fue reprimida por fuerzas de seguridad que lanzaron gases lacrimógenos e intentaron correr a los manifestantes con palos y a los empujones con los escudos. Al menos dos personas quedaron detenidas y una mujer fue hospitalizada tras sufrir un desmayo.

En tanto, varios jubilados y jubiladas fueron asistidas en las postas sanitarias de salud y cuidado con la piel y los ojos irritados por los gases. Una de ellas, de nombre Nancy, sufrió una descompensación y fue hospitalizada.

Como todas las semanas, organizaciones de jubilados se acercaron al anexo del parlamento para reclamar por la revisión del veto a la reforma previsional, por el aumento en los montos magros de las jubilaciones mínimas y por el recorte en el acceso a medicamentos gratuitos del PAMI para gran cantidad de afiliados, entre otras consignas.

Por su parte, un representante de la agrupación Jubilados Insurgentes describió lo que ocurrió, a diferencia de otros miércoles. “No nos permiten dar la vuelta, terminan reprimiendo. La vuelta nuestra es sencilla, damos la vuelta al Congreso, hacemos un par de semaforazos y nos vamos, pero no nos van a meter miedo”, indicó en declaraciones a Radio 10.

A la protesta de jubilados se sumaron personas de a pie, algunas agrupaciones estudiantiles, gremios y algunos legisladores, como Myriam Bregman y Nicolás del Caño del PTS/Frente de Izquierda. “La situación es de absoluto descontrol, no tiene una lógica, solamente (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich que quiere impedir esta congregación de jubilados que hoy fue masiva, tendrían que estar buscando los estafadores en la Casa Rosada, es increíble, esto es sin ningún sentido porque es la misma marcha de todos los miércoles”, indicó Bregman a los medios presentes. La diputada destacó que “se perdió el miedo” y que “la situación va a cambiar”, ya que “perder esa desconfianza va a hacer que cada vez más gente salga a manifestarse”.

Varias personas que estaban en el lugar filmaron videos del avance de las fuerzas de seguridad sobre el grupo de jubilados y las imágenes se replicaron en redes sociales. Actuaron Policía Federal Argentina (PFA), la División Motorizada de la PFA, Infantería y Prefectura, en el marco del llamado “protocolo antipiquete” diseñado por la ministra Bullrich.