La denuncia presentada contra el titular del sindicato de trabajadores municipales, Roberto Martínez Lastra, ha ingresado en una etapa clave de su instrucción penal preparatoria. 

Así lo confirmó el doctor Facundo Llano, abogado de una de las denunciantes, durante su participación en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1. 

Según detalló el letrado, tras resolverse una cuestión de competencia, la causa ha sido asignada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12, donde se continuará con la investigación de los hechos denunciados por la trabajadora municipal.

El proceso penal, que se inició a partir de la presentación formal de la víctima, busca esclarecer una serie de situaciones de violencia de género ocurridas en el ámbito laboral. Llano explicó que, en su rol de particular damnificado, su estudio jurídico se encuentra ejerciendo un acompañamiento activo a la investigación que lleva adelante el fiscal. 

El objetivo es que, una vez reunidas las pruebas y analizada la calificación legal de los hechos, se pueda avanzar hacia una imputación objetiva y, eventualmente, a una instancia de juicio oral para determinar las responsabilidades penales del denunciado.

Más allá de la arista judicial, el caso ha puesto el foco en la responsabilidad del Municipio como empleador. Al tratarse de una trabajadora que cumplía funciones en comisión dentro del sindicato, el abogado subrayó “la importancia de analizar cómo se gestionan estos pases y quiénes son los responsables de supervisar las condiciones laborales”. 

Y en este punto, Llano manifestó que "nosotros tenemos que velar por la salud del empleado municipal; hay que avanzar respecto a la responsabilidad del empleador en cómo destina a esa persona, en qué ámbito de trabajo y bajo qué órdenes", refirió durante la entrevista.

En este sentido, el letrado destacó que “ya se ha iniciado un sumario administrativo por parte de las autoridades municipales, en cumplimiento con el protocolo de actuación para casos de violencia de género”. 

Esta instancia “es independiente de la penal y busca determinar si la conducta del denunciado configura una falta administrativa pasible de sanción”, explicó. 

El equipo legal de la denunciante se encuentra siguiendo de cerca este expediente, con el fin de asegurar que se apliquen las medidas de protección necesarias para la trabajadora, quien actualmente se encuentra bajo licencia y recibiendo acompañamiento psicológico.

Respecto a la situación de la víctima, el abogado reconoció que el proceso resulta sumamente complejo desde lo personal. "Es el temor a que no pase nada", señaló Llano al describir el estado de ánimo de su representada, quien ha tenido que someterse a diversos informes. 

Estos estudios, realizados por profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima (CAP), ya han sido incorporados al expediente judicial, “aportando elementos fundamentales para el avance de la causa”, agregó el letrado, quien valoró “la celeridad con la que han actuado los organismos judiciales en esta etapa inicial”.

El enfoque de la representación legal está puesto ahora en la protección integral de la trabajadora ante su futuro reintegro laboral. Llano enfatizó que, “si bien el proceso penal se mantendrá bajo reserva para preservar la integridad de la investigación, la cuestión administrativa es de interés público debido a la envergadura de los involucrados”. 

"Estamos hablando de un ámbito público y de funcionarios con responsabilidades, por lo que es necesario explicarle a la comunidad lo que está sucediendo", afirmó el abogado, quien mantendrá reuniones con las autoridades sumariantes para coordinar los pasos a seguir.

El letrado también hizo hincapié en que existen al menos dos denuncias contra el mismo dirigente, lo que refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva. 

La expectativa es que, durante la presente semana, surjan novedades concretas desde la fiscalía interviniente. Mientras tanto, el equipo legal se prepara para realizar nuevas presentaciones administrativas que garanticen que la cadena de mando y las responsabilidades institucionales sean debidamente evaluadas, evitando que el caso quede limitado únicamente a una cuestión personal entre las partes involucradas.

“La transparencia en el manejo de estos expedientes” es, para el doctor Llano, “una condición indispensable para restaurar la confianza en las instituciones”. 

El abogado reiteró que, aunque no ha mantenido comunicaciones directas con el Ejecutivo municipal hasta el momento, se encuentra “abierto al diálogo siempre que este sea en beneficio de la protección de la víctima”, afirmó. 

La prioridad absoluta, según remarcó, es que “la trabajadora pueda sentirse respaldada por el Estado, tanto en su faceta de empleador como en su rol de garante de los derechos fundamentales de sus agentes”.

Finalmente, el representante legal destacó la importancia de que los organismos de control actúen con celeridad y rigor. "Nosotros no buscamos el reproche administrativo solamente, queremos determinar todas las responsabilidades", concluyó Llano.

La causa, que ha generado una fuerte repercusión, se encamina ahora hacia una etapa de definiciones donde tanto la justicia penal como el sumario administrativo deberán dictaminar sobre las conductas denunciadas, marcando un precedente sobre el tratamiento de la violencia de género en el ámbito público local.

Un nuevo femicidio conmocionó a la localidad de Valeria del Mar, en el partido bonaerense de Pinamar, donde una mujer de 37 años fue asesinada en su vivienda durante la tarde del sábado. La víctima fue identificada como Aldana Novik Rojas, madre de dos hijos, mientras que el principal acusado es su pareja, Cristina Navarro, de 45 años, quien fue detenido al día siguiente del crimen.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en Betbeder al 400, donde los vecinos comenzaron a escuchar gritos y llantos alrededor de las 15. Preocupados por la situación, dieron aviso al servicio de emergencias 911, lo que motivó la intervención de efectivos de la Policía Bonaerense.

Al ingresar al domicilio, los uniformados encontraron el cuerpo de la mujer, que presentaba graves lesiones en la cabeza y heridas provocadas por un arma blanca. Los peritos que trabajaron en la escena secuestraron una cuchilla con manchas de sangre, que podría haber sido utilizada durante el ataque.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por El Mensajero de la Costa, el acusado habría golpeado violentamente a la víctima en el rostro, provocándole una fractura de cráneo, y posteriormente la habría atacado con un arma blanca. Las lesiones sufridas le ocasionaron la muerte.

Luego del crimen, Navarro abandonó la vivienda y permaneció prófugo durante varias horas. Durante ese período, se habría comunicado telefónicamente con su madre y con un amigo, a quienes les manifestó lo sucedido.

“Me mandé una cagada”, habría expresado durante una de esas conversaciones, según trascendió de la investigación.

El rastreo de las comunicaciones permitió a los investigadores avanzar en la búsqueda del sospechoso, quien finalmente fue localizado y detenido el domingo en un descampado cercano al lugar del asesinato.

Al momento de ser encontrado, presentaba heridas cortantes en los brazos, el cuello y el abdomen, que presuntamente se había provocado a sí mismo luego del ataque. Por ese motivo, fue trasladado al Hospital de Pinamar, donde recibió asistencia médica.

Una vez atendido, quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura que contempla la pena de prisión perpetua.

Uno de los aspectos más estremecedores del caso es que, al momento del asesinato, una hija menor de edad del acusado, que presenta una discapacidad, se encontraba en una habitación contigua al sector donde ocurrió el ataque.

Según la información conocida, la niña no es hija de Novik Rojas y quedó bajo la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, que deberá evaluar su situación familiar y garantizar las medidas de resguardo correspondientes.

Por su parte, uno de los hijos de la víctima se encontraba realizando actividades fuera de la vivienda cuando ocurrió el crimen.

La causa quedó en manos del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción interviniente, con participación del Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.

Los investigadores buscan reconstruir las circunstancias del asesinato, establecer la secuencia de los hechos y determinar si existían antecedentes de situaciones violentas dentro de la pareja.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, no se habían registrado denuncias previas por violencia de género vinculadas con los involucrados.

Mientras continúa la investigación judicial, el asesinato de Aldana Novik Rojas provocó una profunda conmoción en Valeria del Mar y volvió a poner en primer plano la problemática de la violencia de género y sus consecuencias sobre las víctimas y sus familias.

Un estremecedor crimen conmocionó a la localidad bonaerense de La Reja, en el partido de Moreno, donde un hombre de 41 años fue encontrado asesinado con más de 20 puñaladas y una bolsa de nylon colocada sobre la cabeza. Por el hecho fueron detenidas su esposa, de 42 años, y una de sus hijas, de 23, quienes quedaron imputadas por homicidio agravado por el vínculo.

El episodio ocurrió en una precaria vivienda ubicada sobre la calle San Nicolás al 3300, en el barrio Cascallares. La víctima fue identificada como Alberto Federico Araoz Arocena, quien mantenía una relación de pareja desde hacía más de dos décadas con una de las acusadas.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron el cuerpo del hombre tendido sobre una cama, rodeado por un charco de sangre. En el interior de la casilla también estaban las dos mujeres, quienes, según trascendió, se encontraban en estado de shock.

Las detenidas fueron identificadas como Edith Elizabeth Castellano y Florencia Anabella Araoz, esta última una de las cinco hijas del matrimonio.

Las denuncias de violencia familiar

Con el avance de la investigación comenzaron a conocerse testimonios de vecinos que describieron un contexto de presunta violencia familiar dentro de la vivienda.

Según relataron habitantes del barrio, el hombre tenía comportamientos violentos y eran frecuentes los gritos y las discusiones que provenían del domicilio.

"Era muy violento", aseguró uno de los testimonios recogidos en la zona. Otros vecinos señalaron que la esposa del fallecido "estaba permanentemente golpeada" y que solía utilizar ropa que cubría gran parte de su cuerpo, presuntamente para ocultar lesiones.

De acuerdo con la información publicada por el portal Primer Plano Online, ambas mujeres presentaban hematomas en distintas partes del cuerpo, con diferentes tiempos de evolución, una circunstancia que será analizada en el marco de la investigación judicial.

Al momento de ser detenidas, las acusadas manifestaron que atravesaban una situación de violencia extrema y aseguraron que la esposa de la víctima era sometida a torturas por parte del hombre.

Sin embargo, esas expresiones fueron realizadas fuera de una declaración judicial formal y deberán ser corroboradas mediante las pruebas que se incorporen al expediente.

Las dos mujeres se negaron a declarar

La causa quedó en manos de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien dispuso la imputación de ambas mujeres por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

Al ser convocadas a prestar declaración indagatoria, las dos acusadas hicieron uso de su derecho a guardar silencio y se negaron a declarar ante la representante del Ministerio Público Fiscal.

La Justicia busca ahora reconstruir la secuencia de los acontecimientos que terminaron con la muerte de Araoz Arocena y determinar cuál fue la participación de cada una de las detenidas.

Uno de los aspectos centrales de la investigación será establecer si existían antecedentes de violencia familiar y en qué circunstancias se produjo el ataque.

Por el momento, las dos mujeres permanecen detenidas, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer el crimen y determinar si el contexto de violencia denunciado tiene relación directa con lo ocurrido.

Un video en el que se ve a un hombre golpear de manera salvaje a su pareja se viralizó en las últimas horas y el agresor ya fue identificado, aunque una entidad cuestionó la lentitud de la Justicia para actuar en este hecho ocurrido en la localidad bonaerense de Tapalqué.

En ese sentido, la asociación civil “Madres que rompen el silencio” de Río Negro exteriorizó su más enérgico repudio ante el caso y  denunció una alarmante demora y falta de respuestas de la Justicia local, a pesar de contar con registros fílmicos y fotográficos contundentes.

En el video se ve al agresor, quien fuera identificado presuntamente como Rodrigo Carrica, revisar el teléfono de su pareja y golpearla de manera salvaje en reiteras ocasiones, mientras ella pide por favor que se detenga.

La organización tomó conocimiento directo del caso y dispone de material probatorio de alto valor -que incluye registros fílmicos y fotográficos contundentes- que acreditan una brutal agresión física sufrida por la mujer.

Sin embargo, advirtieron que la respuesta estatal está lejos de estar a la altura de las circunstancias.

La entidad “Madres que rompen el silencio” señaló que la fiscalía y los organismos locales incurren en una peligrosa demora procesal y advirtieron que “la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro”.

El reclamo se dio ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, a las cuáles se les exigió una serie de medidas, como la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas que certifican la agresión.

“No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian”, indicó la asociación, al tiempo que advirtió que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva. (NA).

Alejandro Sofía, acusado por el femicidio de Mili Aixa Dana en el partido bonaerense de Tigre, fue detenido este jueves luego de permanecer prófugo desde el hallazgo del cuerpo de la joven de 20 años.

La víctima fue encontrada sin vida el miércoles 30 de septiembre en su vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján, y el médico de Policía certificó su fallecimiento.

Según informaron fuentes policiales, personal de la DDI San Isidro y de la SubDDI Tigre avanzó con distintas tareas investigativas y estableció que la joven había sufrido episodios de violencia de género por parte de su expareja.

Sofía había sido detenido el 13 de diciembre de 2025 en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa. Posteriormente recuperó la libertad y, tras la muerte de la joven, volvió a quedar bajo investigación.

A partir de peritajes, testimonios, diligencias de campo y la intervención del médico de Policía, los investigadores reunieron elementos que llevaron a señalar al hombre como presunto autor material del crimen.

Además, durante la investigación se estableció que Sofía habría enviado mensajes a un amigo, Lautaro Isaías Paiz, de 24 años, en los que manifestó que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida.

De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, los investigadores también analizan la hipótesis de que el escenario donde fue encontrada Aixa haya sido montado para intentar ocultar la autoría del crimen.

Mientras avanzaba la investigación, se desplegó un operativo para localizar al acusado. Finalmente, efectivos de la DDI lograron detenerlo este jueves en una zona descampada de Tigre.

La causa quedó en manos de la UFI de Género de Tigre, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el femicidio.

Incidentes durante la detención

Tras la captura de Sofía se produjeron momentos de tensión e incidentes en inmediaciones de la vivienda de su abuela, donde familiares, amigos, allegados y vecinos se concentraron luego de conocerse la detención.

De acuerdo con la información difundida, varias personas arrojaron piedras contra la propiedad e intentaron agredir al acusado cuando era trasladado esposado por efectivos policiales hacia un patrullero.

También se registraron destrozos en la vivienda, principalmente en las ventanas, que fueron atacadas con cascotes y ladrillos.

En medio de los incidentes, un vecino cuestionó la actuación de las autoridades y sostuvo ante la prensa: “La Policía es la principal asesina de Aixa”, en referencia a que el acusado había recuperado previamente

Un hombre de 37 años fue detenido acusado de atacar con un martillo a una mujer de 36 años en una playa de la zona norte de Mar del Plata, provocándole graves lesiones en la cabeza. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia imputado por tentativa de femicidio.

El violento episodio ocurrió durante la noche del viernes, en inmediaciones de Ruta 11 y Scaglia, dentro de la jurisdicción de la comisaría 15ta.

La mujer fue encontrada alrededor de las 22.30, ensangrentada y gravemente herida en la vía pública. Ante la situación, fue trasladada en un patrullero hasta un centro de salud para recibir asistencia médica.

Según pudo relatar inicialmente a los investigadores, se había trasladado hasta el lugar junto al acusado a bordo de un automóvil. Ambos habrían consumido cerveza y marihuana antes de que, por circunstancias que ahora son investigadas, el hombre presuntamente comenzara a atacarla con un martillo.

A partir de la denuncia se inició un operativo para identificar y localizar al sospechoso. En ese marco, las imágenes obtenidas mediante el sistema de monitoreo municipal permitieron establecer que durante la franja horaria vinculada con la agresión un automóvil gris había circulado por el sector, cuyas características coincidían con la descripción aportada por la víctima.

La gravedad del ataque quedó confirmada posteriormente en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los profesionales determinaron que la mujer presentaba un hundimiento de cráneo y otras graves lesiones como consecuencia del golpe recibido.

En el registro inicial de ingreso al hospital también se consignaron signos que podrían resultar compatibles con un posible abuso. Sin embargo, hasta el momento no se pudo establecer que haya existido una agresión sexual, por lo que esa circunstancia continuará siendo investigada.

La causa quedó en manos de la fiscal María Florencia Salas, quien busca reconstruir la secuencia completa del episodio y determinar qué ocurrió durante el encuentro.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la víctima y el acusado se habían encontrado solamente en cuatro oportunidades. El vínculo que mantenían y las circunstancias que derivaron en el violento ataque también forman parte de la investigación.

Con los datos aportados por la mujer y la información obtenida durante las primeras averiguaciones, el sospechoso fue localizado alrededor de las 4.30 de la madrugada en una estación de servicio ubicada en Constitución y la costa.

Allí fue aprehendido y posteriormente quedó a disposición de la Justicia, acusado de tentativa de femicidio.

Mientras avanza la investigación para reconstruir las horas previas y posteriores a la agresión, la mujer continúa bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Dos años después de la búsqueda de paradero que movilizó a las fuerzas de seguridad de Tandil y terminó con su hallazgo en Mar del Plata, Luciana Villegas decidió contar la historia que atravesó.

Aquel episodio, que expuso públicamente una situación de violencia de género que llevaba años, fue también el punto de partida de un largo proceso de recuperación que –según aseguró- no hubiera podido transitar sin el apoyo de su familia, de profesionales de la salud, de la Policía y de distintas áreas estatales.

Hoy, a los 31 años, Villegas sostuvo que su objetivo es hacer llegar su experiencia a otras mujeres que atraviesan situaciones similares y que todavía no encuentran una salida. "Si alguna persona está atravesando violencia de género y está leyendo esta nota, tiene que saber que no está sola, que lamentablemente hay un montón de mujeres que pasan por lo mismo y que se puede salir adelante”, expresó en diálogo con El Eco de Tandil.

“Cuesta, obviamente que no es fácil, pero se puede salir adelante", remarcó la mujer que además es madre de un niño.

Y dijo que "haber pasado violencia no te define".

Según relató, el camino hasta llegar a este presente no fue sencillo. Si bien destacó el acompañamiento que recibió de la Policía, de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Municipio y del entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, también aseguró que durante el proceso judicial se sintió revictimizada y que esa experiencia le ayudó a entender por qué muchas mujeres deciden no denunciar sus agresores.

Una historia que comenzó en 2022

En la redacción de El Eco, Villegas contó que conoció a su expareja en julio de 2022 y que, apenas dos meses después, realizó la primera denuncia en su contra.

"Cuando lo conocí era la mejor persona del mundo. No pensás ni esperás que todo vaya a terminar así", recordó Villegas, que en ese momento había terminado sus estudios de Organización de Eventos y trabajaba como community manager.

La violencia, explicó, fue escalando con el paso del tiempo. En 2023 se realizó un juicio oral y el hombre permaneció detenido por violencia de género.

Pero esas respuestas judiciales nunca le dieron tranquilidad. "Mi agresor pedía la prisión domiciliaria y se la daban, pedía la reducción de pena y se la daban. Tenía que hacer cursos sobre violencia de género y yo sé que no los hacía", contó Villegas.

También recordó que una de las primeras causas fue calificada como lesiones leves. "La carátula era lesiones leves, pero él casi me mata. Como yo no tenía una gran marca en el cuello, se calificó como lesiones leves, pero si mi vecino no llamaba a la policía, yo no estaba hoy acá hablando de esto", advirtió.

Y aunque la violencia llevaba tiempo, Villegas identifica un momento que cambió todo. "Yo pasé por todas hasta llegar al límite, que fue cuando me llevó a Mar del Plata", en febrero de 2024, señaló.

Según relató, durante ese episodio permaneció incomunicada porque su expareja destruyó su teléfono celular y la amenazó para que se quedara con él.

"No sé si secuestrar es la palabra correcta, pero él me decía que si yo no hacía lo que él quería, iba a matar a mis amigas o no iba a ver más a mi hijo. Me rompió el celular delante mío, me dejó incomunicada", recordó.

Mientras tanto, en Tandil, su madre comenzó a preocuparse cuando pasaron las horas y su hija no regresaba a su casa. "Había quedado con ella en volver a las ocho de la noche pero nunca llegué. Mi mamá fue con unas amigas mías a buscarme a mi departamento y, como no me encontró, fue directo a la Comisaría 1ra.”, aseguró.

Allí –dijo-, lejos de encontrar respuestas burocráticas, se activó inmediatamente un operativo de búsqueda. "Mi mamá tuvo la suerte de que nadie le dijera que tenía que esperar a que pasaran las 24 horas porque yo era mayor de edad. Enseguida montaron un operativo tremendo", destacó.

"La peor parte empezó cuando volví"

Pero el momento más difícil llegó después. "Yo creo que una de las peores partes empezó después de febrero del 2024, cuando volví a casa", recordó.

La violencia física y psicológica habían dejado secuelas que todavía hoy continúa tratando. "Obviamente en el momento fue todo muy feo -la violencia física, la psicológica-; y claramente no se lo deseo a nadie. De hecho me quedaron un montón de secuelas físicas que tengo que seguir tratando", mencionó.

Poco después de regresar a Tandil fue internada durante un mes en una clínica psiquiátrica. En este punto, señaló que "cuando volví de Mar del Plata me tenía que hacer cargo de mi hijo y de mi casa y no podía. No me quería levantar de la cama, no podía ni ver la luz del día; solo quería dormir, que no me hablaran. Me dolía todo el cuerpo y la mente".

La recuperación continuó con tratamiento psicológico y psiquiátrico y, tras recibir el alta, se mudó durante un tiempo a la casa de su madre.

"Yo tuve mucho apoyo de mi mamá; no tenía obra social y mi mamá bancó toda la internación", aseguró, y reconoció que haber podido acceder a una clínica privada fue una posibilidad que muchas mujeres no tienen.

Las críticas al sistema

A la hora de evaluar la respuesta institucional, Villegas hizo una marcada diferencia entre el trabajo de quienes la acompañaron durante la búsqueda y la experiencia que atravesó en sede judicial.

"El trato de la policía fue súper positivo; el del juez ya no tanto", señaló y agregó que "no sentí acompañamiento y eso que se supone que es un juez que trabaja en la temática de violencia de género".

"Yo me sentí muy juzgada, demasiado. Me dijo que hiciera terapia, y yo ya hacía terapia. Siento que no hubo mucha empatía", enfatizó.

En su opinión, muchas de las medidas que se toman con la intención de proteger a la víctima terminan poniendo el foco sobre su vida y su accionar.

En ese marco, explicó que utilizó el sistema de monitoreo con tobillera electrónica y, aunque reconoció que sirve para advertir situaciones de riesgo, también consideró que implica convivir permanentemente con recordatorios de episodios de violencia.

"Muchas veces los agresores pasan a propósito por la casa de la víctima para activar el ruido de la tobillera. A mí me pasó. Entonces te empiezan a llamar desde el centro de monitoreo para ver si estás bien y, si no llegás a atender, te suena el celular todo el tiempo. Te llegás a sentir perseguida porque están todo el tiempo rastreándote", explicó.

A eso sumó las entrevistas periódicas en las que, según dijo, debía responder constantemente sobre su vida cotidiana. "Me preguntaban '¿Y tu hijo con quién está? ¿Quién lo cuida?'", recordó con malestar.

"Siento que yo tenía que demostrar un montón de cosas: que iba al psicólogo, que iba al psiquiatra, que era buena mamá, que conseguía trabajo de vuelta, que me podía mantener económicamente. Y a la otra parte no le pedían nada", cuestionó.

“Creo que son cosas que te revictimizan; tenés que revivir todo lo que pasaste", remarcó. Y agregó: "Entonces después entiendo cuando hay un montón de chicas que sufren violencia y no denuncian".

Pese a las críticas, aclaró que no cuestiona la existencia de las herramientas de protección sino que realizó un análisis sobre su funcionamiento.

"No tenemos la culpa"

Al principio del proceso, Villegas tuvo el asesoramiento y acompañamiento de integrantes del Ministerio de las Mujeres de la Nación y ya en 2024 ya obtuvo el patrocinio de un abogado particular.

Hoy la condena fue cumplida, su agresor se encuentra en libertad y las restricciones de acercamiento vencieron. Tiene que convivir con la posibilidad de cruzárselo por la calle, algo que efectivamente le ha pasado.

“A él le dieron solo dos años. Siento que si sos, por ejemplo, Julieta Prandi que es conocida y tiene muy buenos abogados, al agresor lo condenan a 19 años de prisión”, señaló.

Y destacó que “hay millones de mujeres pasando por lo mismo. Yo dentro de todo tuve suerte, porque hay casos en los que los hombres ni llegan a estar detenidos”.

Aunque todavía convive con secuelas y que cada notificación judicial vuelve a ponerla frente a lo ocurrido, hoy Villegas asegura que pudo reconstruir su vida.

Su mensaje final fue empático y esperanzador para otras mujeres: "No tenemos la culpa de pasar por esto; muchas veces tendemos a pensar que estamos rotas o que la culpa es nuestra, pero no es así", resaltó.

Y reiteró que "acá en Tandil está la oficina de Políticas de Género, está la Comisaría de la Mujer. Obviamente que no es fácil porque una siente vergüenza y siente que va a ser juzgada, y muchas veces claramente pasa”.

“Pero lo mejor es poder hablarlo y exteriorizarlo", concluyó.

En la provincia de Buenos Aires, la Línea 144 brinda contención, asesoramiento y orientación ante situaciones de violencia de género las 24 horas, los 365 días del año.

También podés comunicarte por WhatsApp o Telegram al 221 508 5988 (solo mensajes escritos).

En Tandil, la Dirección de Políticas de Género del Municipio funciona en calle 9 de Julio 441 y atiende de manera presencial de lunes a viernes de 8 a 14.

El teléfono de administración es (249) 4343677.

Fuera de ese horario, podés dirigirte a la Comisaría de la Mujer ubicada en Alem 1073 para recibir asistencia técnica y realizar denuncias.

En lo que va del 2026 se registraron 176 casos de femicidios, crímenes cometidos cada 33 horas en la Argentina, y ya hay más víctimas que el año pasado.

De acuerdo al informe del Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, únicamente el 11% de las víctimas se presentaron ante la Justicia para denunciar los hechos, mientras que el 75% de ellas tenía una orden de restricción contra el agresor y el 12% botón antipánico.

Desde el 1ro. de enero hasta el 31 de agosto hubo 127 femicidios directos, 15 vinculados de varones/niños, ocho trans/travesticidios, 17 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado y nueve suicidios femicidas.

Además, 132 niños y adolescentes se quedaron sin madres, al tiempo que Santiago del Estero (1,7), Santa Fe (1,6) y Catamarca (1,4) son las provincias con tasas más altas de femicidios en el país.

Las armas de fuego fueron las más utilizadas para matar (32%), seguidas por las armas blancas (24%) y otras modalidades como asfixia (13 %) y golpes (11 %).

La edad promedio de las víctimas es de 39 años; 16 eran niñas y adolescentes y 17 eran adultas mayores, a la vez que el femicida tiene 41 años.

MuMaLá criticó la falta de prevención y políticas para abordar esta problemática social, por lo que exigió “a nivel nacional la restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y las iniciativas que garantizan el derecho a vivir libres y sin miedo”. (NA).

El juez Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez. Esta decisión posterga la posibilidad de que el caso sea elevado a juicio.

Según informaron fuentes judiciales, el magistrado solicitó a la Policía Federal Argentina informes sobre cuatro agentes que se desempeñaban como custodios de la expareja presidencial. Asimismo, el juez dispuso que los efectivos sean citados para prestar declaración testimonial.

En la misma línea, Daniel Rafecas pidió al Sanatorio Otamendi una copia de la historia clínica de Fabiola Yáñez con el objetivo de constatar sus ingresos al centro de salud en el período comprendido entre 2018 y 2024.

Estas diligencias fueron dispuestas tras una resolución de la Sala II de la Cámara Federal de Casación. El tribunal intervino ante un pedido de la defensa de Alberto Fernández, que buscaba declarar la nulidad del caso tras la recusación del juez Julián Ercolini. Si bien la Cámara no hizo lugar al pedido del exmandatario, consideró que la instrucción omitió producir importantes diligencias probatorias sobre su imputación.

Estas nuevas pruebas resultan determinantes para que el juez Daniel Rafecas defina el futuro procesal de la causa, evaluando si existen elementos suficientes para llevar a Alberto Fernández a juicio o si, por el contrario, corresponde dictar su sobreseimiento.

Fernando Cerimedo declaró este jueves ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia, luego de haber sido imputado por “feminicidio en grado de tentativa” en la causa que investiga el ataque de sicarios contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

El exconsultor político de Javier Milei se había negado en dos oportunidades a brindar su testimonio, pero finalmente se presentó de manera voluntaria y respondió preguntas vinculadas con su relación con la víctima y con el episodio ocurrido en el hotel Viru Viru.

Durante su declaración, Cerimedo aseguró que conoció a Beller en octubre de 2025, a través de un amigo en común, en el marco de la campaña de Ideas Universidad de Santa Cruz. Según relató, el vínculo comenzó como una amistad y posteriormente la mujer comenzó a quedarse en su departamento de La Paz.

“La conozco desde octubre de 2025. Nos conocimos a través de un amigo común, por la campaña con Ideas Universidad de Santa Cruz”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que entre ambos existía una relación basada en la amistad y el respeto. “En diciembre de 2025 firmé el decreto 5515; ella me hizo observaciones y tomamos un café. Se empezó a quedar en mi departamento en La Paz. Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto”, manifestó.

En relación con el ataque, Cerimedo negó cualquier participación y aseguró que vio a Beller por última vez el 17 de agosto, cuando ella le comentó que se trasladaría al hotel Viru Viru.

“El día domingo, nos vimos, me dijo que iba al hotel”, relató el exconsultor. Según su versión, al día siguiente tomó un vuelo a primera hora rumbo a La Paz, por lo que sostuvo que no pudo haber intervenido en el ataque.

“Yo me fui a La Paz en el vuelo de las 06:00”, señaló durante su declaración.

La investigación, sin embargo, continúa abierta y todavía resta realizar distintas pericias. Entre ellas se encuentran estudios balísticos, informáticos y de telefonía, mientras que también deberán prestar declaración empleados del hotel y personal de la ambulancia que trasladó a Beller luego del ataque.

La Fiscalía puso especial atención en las comunicaciones telefónicas, los registros del lugar del hecho, fotografías y los movimientos posteriores al episodio.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía solicitó a la jueza que fije una fecha para la audiencia en la que se analizará el pedido de medidas cautelares contra Cerimedo.

Los fiscales Yolanda Aguilera y Herlan Rodríguez Cuevas calificaron el hecho como “feminicidio en grado de tentativa” y solicitaron seis meses de prisión preventiva. La audiencia que debía realizarse este jueves a las 14.30, hora local, fue suspendida y podría ser reprogramada para este viernes 21 al mediodía.

La acusación sostiene que Cerimedo habría actuado como autor intelectual del ataque, al presuntamente planificar el atentado y convencer a Beller de concurrir al hotel bajo la excusa de obtener información de inteligencia relacionada con un supuesto caso de abuso sexual vinculado al expresidente boliviano Evo Morales.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el consultor le habría prometido protección mediante custodios armados y posteriormente habría coordinado el ataque de manera remota, a través de comunicaciones telefónicas, para que terceras personas ejecutaran el hecho.

Los fiscales también argumentaron que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, al considerar que Cerimedo no tendría domicilio, residencia, familia, negocios o trabajo debidamente acreditados en Bolivia.

Por ese motivo, solicitaron que, en caso de disponerse la detención preventiva, sea trasladado al centro de rehabilitación San Pedro-Chonchocoro, en La Paz, por un plazo de hasta 180 días.

En Bolivia, el delito de feminicidio contempla penas de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto, y la Fiscalía sostiene que por la gravedad de la imputación corresponde aplicar la prisión preventiva.

La causa continuará ahora con las pericias y declaraciones pendientes, mientras la Justicia deberá resolver la situación procesal de Cerimedo y determinar si permanece detenido durante el avance de la investigación.

Nadia Beller, ex pareja del consultor político Fernando Cerimedo, difundió en sus redes sociales una serie de fotografías y capturas de conversaciones privadas en las que denunció episodios de violencia física y apuntó contra el entorno del ex asesor del presidente Javier Milei.

Entre las imágenes que publicó la abogada de 33 años se observan numerosos fajos de dinero guardados dentro de un cajón y una placa de reconocimiento otorgada por la Policía de Bolivia a Cerimedo. La condecoración lleva la inscripción: “Curso de seguridad y protección de personas. Reconocimiento a Licenciado Fernando Cerimedo”.

Junto a las fotografías, Beller lanzó una fuerte acusación: “La policía lo va a encubrir”. Además, señaló sobre la distinción: “Miren cómo lo condecoraban”, en referencia al reconocimiento recibido por Cerimedo, quien actualmente es colaborador del mandatario boliviano Rodrigo Paz.

La publicación se produjo luego de que Beller recibiera tres disparos el lunes por la noche. En ese contexto, manifestó que no quiere que la investigación sea declarada en reserva y reclamó conocer los avances de la causa. “Tengo derecho de conocer las investigaciones”, sostuvo.

Posteriormente, la mujer publicó fotografías en las que se observan moretones en distintas partes de su cuerpo y adjuntó capturas de chats que mantuvo con Cerimedo, en los que ambos hacen referencia a episodios de violencia física.

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En una de las conversaciones, Beller le recrimina: “Ahora decís que no me pegaste. Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos”. Luego agrega: “Me alegro de saber que todas tus disculpas anteriores eran falsas, nunca fueron de arrepentimiento. Igual ya me di cuenta por la forma en la que actuaste”.

Cerimedo, por su parte, responde: “Te pedí disculpas de mil formas, pero vos solo querés seguir castigándome, vengándote. Y te entiendo. Pero no tenés límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue”.

En otro tramo del intercambio, Beller asegura: “Se me está haciendo moretón en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo”. Ante ese mensaje, el consultor le responde: “Tenés que ponerte frío amor”.

La mujer, en tanto, concluye: “No, tengo que alejarme de vos”.

Las publicaciones de Beller se conocieron mientras continúa la investigación por el ataque que sufrió y luego de que la propia abogada reclamara que las actuaciones sean transparentes y que se le permita acceder a la información vinculada con el caso.

El consultor político marplatense Fernando Cerimedo, conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei durante la campaña electoral de 2023, fue detenido en Bolivia cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina, en el marco de la investigación por el ataque a balazos que sufrió su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.

La aprehensión se concretó en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, luego de que Beller fuera atacada el lunes por la noche y recibiera tres impactos de bala. La mujer permanecía internada con diagnóstico reservado.

En un primer momento, Cerimedo había quedado imputado por tentativa de homicidio, debido a que los investigadores sospechaban que podría haber sido el gestor del ataque. Sin embargo, con el avance de las primeras diligencias y tras la declaración de la víctima, la imputación fue modificada a tentativa de feminicidio.

El fiscal general del Estado de Bolivia, Róger Mariaca Montenegro, confirmó la medida y señaló que se emitió una orden de aprehensión contra el consultor.

“Se ha determinado emitir una resolución de aprehensión y su respectivo mandamiento por el delito de tentativa de feminicidio contra el señor Cerimedo”.

El funcionario adelantó además que la Fiscalía solicitará la detención preventiva del acusado durante la audiencia cautelar.

De acuerdo con la investigación, los agresores llegaron hasta el lugar vestidos como repartidores de una aplicación de delivery. Luego interceptaron a Beller en las escalinatas de un hotel y le dispararon a quemarropa, sin mediar palabra.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, imágenes que forman parte de las primeras evidencias reunidas por los investigadores.

Beller recibió heridas en el cuello, el tórax y uno de sus brazos. Fue trasladada a un centro de salud, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanecía bajo observación.

Según informó Mariaca Montenegro, la mujer se encontraba consciente y orientada, aunque continuaba internada en la unidad de terapia intensiva. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) constató lesiones compatibles con un trauma penetrante provocado por proyectiles de arma de fuego.

Nadia Beller es abogada y activista política. En 2019 fue candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS), el espacio político del expresidente boliviano Evo Morales.

Posteriormente se alejó de ese sector y adoptó una postura crítica hacia Morales. También mantuvo vínculos con el entonces dirigente cívico Luis Fernando Camacho durante las protestas que derivaron en la salida del poder del exmandatario.

El ataque se produjo además pocas semanas después de que Cerimedo negara públicamente versiones que lo vinculaban con un supuesto episodio de violencia contra Beller.

A fines de julio, el consultor había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que calificaba de falsas las acusaciones y aseguraba que no existía una denuncia, una orden de aprehensión ni una investigación en su contra por ese supuesto hecho.

Ahora, Cerimedo quedó a disposición de la Justicia boliviana y la Fiscalía anticipó que solicitará su detención preventiva mientras avanza la investigación por el ataque contra Beller.

Un hombre de 28 años fue aprehendido luego de ser acusado de embestir intencionalmente con un automóvil a su expareja, una mujer de 27 años, en inmediaciones de Patagonia y Bereterbide. La víctima sufrió lesiones y debió ser trasladada al Hospital Municipal Ramón Santamarina.

De acuerdo con las actuaciones iniciadas a partir del hecho, el episodio se registró cuando el hombre circulaba a bordo de un Renault 18 y, por circunstancias que eran materia de investigación, habría dirigido deliberadamente el vehículo hacia su expareja y el grupo de personas que se encontraba junto a ella.

Tras el impacto, el conductor se habría dado a la fuga, mientras que la mujer fue asistida y posteriormente trasladada al Hospital Municipal para recibir atención médica.

A partir de lo ocurrido, efectivos de la Comisaría Tercera desplegaron un operativo para localizar al sospechoso y al automóvil involucrado. Finalmente, el hombre fue aprehendido en inmediaciones de Lavalle y Bereterbide.

Durante el procedimiento también se concretó el secuestro preventivo del Renault 18, que quedó a disposición de la investigación judicial.

El hombre permanecía alojado en una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como lesiones graves agravadas por la relación de pareja y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.

La investigación buscaba determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el episodio y reunir elementos que permitieran establecer la mecánica del hecho.

El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) publicó las cifras de femicidios ocurridos entre el 1º de enero y el 30 de julio de 2026. El informe revela que la problemática de la violencia machista persiste en el país, registrándose una muerte cada 33 horas por motivos de odio de género.

De acuerdo con el documento, se contabilizaron 153 femicidios y 559 tentativas en territorio argentino durante dicho período. El informe destaca que solo el 9% de las víctimas había denunciado a su agresor previamente, lo que evidencia que “faltan denuncias como consecuencia de la ausencia de políticas de difusión, sensibilización, prevención y asistencia”.

El relevamiento precisó que se perpetraron 112 femicidios directos, 13 vinculados (10 niños/varones y 3 niñas/mujeres), 5 trans/travesticidios, 14 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, y 9 suicidios feminicidas. Además, 109 chicos y chicas perdieron a su madre en un contexto de violencia familiar irresuelto.

“Frente a la vulnerabilidad extrema y el desamparo institucional, las MuMaLa, exigimos al Gobierno Nacional la urgente Declaración de Emergencia en Violencias de Género siendo fundamental para restituir de manera prioritaria los recursos humanos y económicos indispensables para garantizar una atención integral y eficaz a las mujeres y al colectivo LGTBIQ+”, recalcó el documento.

Asimismo, el texto sentenció: “No hay falsas denuncias, faltan denuncias y recursos para abordar la violencia machista”.

A nivel nacional, las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe y San Luis encabezan las tasas más altas, superando la media de 0,6 femicidios por cada 100.000 mujeres. El hogar continúa siendo el lugar más inseguro, ya que el 67% de los hechos ocurrieron en la vivienda de la víctima o en la compartida con el agresor.

Respecto a los victimarios, el 60% fueron parejas, exparejas o familiares. El 11% fue cometido por sicarios o bandas mafiosas, otro 11% por conocidos, el 6% por desconocidos y existe un 12% sin datos. La edad promedio de las víctimas es de 39 años, incluyendo a 16 niñas y adolescentes y 16 adultas mayores de 60 años.

Finalmente, el informe cuestiona el accionar de la Justicia y las fuerzas de seguridad, señalando que, por mala acción u omisión, no protegieron al 9% de las víctimas que habían denunciado, a pesar de que el 75% de ellas contaba con una orden de restricción o perimetral.

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo suspendió de manera cautelar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había prohibido el acceso de personas menores de 18 años a tratamientos hormonales contemplados en la Ley de Identidad de Género.

La decisión, adoptada por la Sala V del tribunal, restablece provisoriamente la plena vigencia de la Ley 26.743 y obliga a obras sociales, empresas de medicina prepaga y hospitales públicos a garantizar la continuidad de los tratamientos mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La medida fue dictada al hacer lugar a un recurso presentado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), que impulsa una acción judicial para que el decreto sea declarado inconstitucional. La suspensión tendrá alcance en todo el país hasta que exista una sentencia definitiva.

El DNU, publicado en febrero de 2025, había modificado el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género para establecer una prohibición absoluta del acceso de menores de edad a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas destinadas a adecuar su cuerpo a la identidad de género autopercibida.

En su resolución, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani sostuvieron que el Poder Ejecutivo no acreditó la existencia de circunstancias de necesidad y urgencia que justificaran modificar mediante un decreto una ley sancionada por el Congreso. Además, señalaron que el Gobierno no explicó por qué resultaba necesario restringir un derecho reconocido por la legislación vigente.

Los magistrados recordaron que la Ley de Identidad de Género ya contemplaba un régimen específico para los tratamientos en menores de edad, con intervención judicial, consentimiento informado, participación del abogado del niño y evaluaciones de especialistas antes de autorizar procedimientos irreversibles.

Según el fallo, el decreto reemplazó ese esquema de evaluación caso por caso por una prohibición general, lo que podría vulnerar el principio de capacidad progresiva establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Cámara también advirtió que mantener vigente el DNU mientras se desarrolla el proceso judicial podía generar un perjuicio mayor para las personas alcanzadas por la norma, ya que algunas obras sociales y prestadores de salud habían comenzado a rechazar la continuidad de tratamientos hormonales ya iniciados, con posibles consecuencias sobre el derecho a la salud.

Durante el proceso, la FALGBT argumentó que el decreto implicaba una grave afectación al derecho a la identidad de género y al principio de no discriminación, además de poner en riesgo tratamientos cuya interrupción podría ocasionar consecuencias irreversibles.

En el fallo, el tribunal también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo a la salud de las personas trans y de género diverso, consideradas una población históricamente vulnerable.

La resolución fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+. La presidenta de la FALGBT, María Rachid, sostuvo que "ningún decreto de necesidad y urgencia puede modificar una ley nacional aprobada por amplia mayoría". Por su parte, Gabriela Mansilla, fundadora de la asociación Infancias Libres, afirmó que el fallo devuelve a muchas familias la posibilidad de continuar tratamientos que "jamás debieron suspenderse".

Desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), su presidenta Valeria Pavan calificó la decisión como "un límite contundente a la crueldad" y advirtió que la prohibición había tenido un impacto negativo en el desarrollo de las adolescencias trans, además de recordar que históricamente la falta de acceso a tratamientos médicos llevó a muchas personas trans a recurrir a prácticas informales con graves riesgos para la salud.

Si bien la suspensión cautelar deja sin efecto por el momento el DNU y restablece el régimen previsto por la Ley de Identidad de Género, el expediente continuará su trámite judicial. El próximo paso será la sentencia de primera instancia sobre la constitucionalidad del decreto, que definirá si la norma queda definitivamente anulada o puede volver a entrar en vigencia.

Un sector de los docentes bonaerenses volvió a reclamar cambios en el régimen de licencias por violencia de género al denunciar que la reglamentación vigente impuso restricciones que, según sostuvieron, dificultan el acompañamiento integral de las trabajadoras que atraviesan este tipo de situaciones.

El planteo fue impulsado por SUTEBA Multicolor, cuya secretaria de Género y Diversidades en La Matanza, Natalia Hernández, cuestionó la aplicación del Decreto 121/20, reglamentario de la Ley 14.893, al considerar que fijó un límite de 35 días para las licencias y dejó de contemplar las particularidades de cada caso.

Desde el sector señalaron que, antes de la reglamentación, la duración de las licencias se definía en función de las recomendaciones de la Justicia y de los equipos interdisciplinarios que intervenían en cada situación. En cambio, afirmaron que el esquema actual estableció un plazo uniforme que, en numerosos casos, resultó insuficiente para garantizar la protección de las víctimas.

Hernández sostuvo que el objetivo del reclamo fue asegurar que las docentes pudieran contar con el tiempo necesario para reorganizar aspectos fundamentales de sus vidas, como la vivienda, la situación familiar, los procesos judiciales y los tratamientos terapéuticos, sin perder la cobertura de la licencia laboral.

En ese marco, la dirigente sindical responsabilizó a la Subsecretaría de Educación por las demoras o rechazos en las prórrogas de las licencias y afirmó que existen más de mil casos activos en la provincia que requieren una respuesta por parte del Estado bonaerense. Además, reclamó la derogación de la reglamentación vigente por considerar que contradice el espíritu de la ley aprobada en 2016.

El reclamo también llegó a la Legislatura bonaerense. El diputado provincial Christian Castillo presentó un proyecto de declaración para que la Cámara manifieste su preocupación por las limitaciones que, según la iniciativa, existen en la aplicación de las licencias por violencia de género dentro de la Dirección General de Cultura y Educación.

La propuesta apuntó a revisar la implementación del decreto reglamentario al entender que restringe un derecho destinado a proteger a las trabajadoras que sufren situaciones de violencia.

La discusión por las licencias se dio en paralelo con el conflicto salarial que atraviesa el sector docente bonaerense. Desde SUTEBA Multicolor vincularon ambas problemáticas y señalaron que la mayoría de quienes integran el sistema educativo son mujeres, por lo que las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo y de las situaciones de violencia impactan especialmente sobre ellas.

En ese contexto, el sector anticipó que continuará impulsando presentaciones sindicales y nuevas medidas de fuerza una vez finalizado el receso invernal, con el objetivo de que el Gobierno provincial revise la reglamentación de las licencias y garantice una respuesta acorde a las necesidades de las trabajadoras afectadas.

El Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá registró una alarmante cifra de 127 femicidios en el territorio argentino entre el 1 de enero y el 29 de junio de 2026. Esta estadística equivale a una muerte violenta cada 40 horas, una cifra similar a la del primer semestre del año pasado que vuelve a encender las alarmas en todo el país.

De acuerdo al informe, en los primeros seis meses del año se contabilizaron 94 femicidios directos, 10 vinculados (ocho niños/varones y dos niñas/mujeres), cuatro trans/travesticidios, 12 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, y siete suicidios feminicidas. Un dato que preocupa especialmente es la cantidad de casos en grado de tentativa: se relevaron 486 hechos, lo que representa 3,8 intentos por cada femicidio consumado.

La violencia de género dejó además un saldo trágico de 92 niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus madres. En este sentido, el informe recordó el caso de la localidad de General Lagos, Santa Fe, donde Horacio Colombo asesinó a sus hijos de 10 y 4 años para ocasionar un daño irreparable a su expareja y madre de los menores.

En cuanto a la distribución geográfica, Santiago del Estero (1,3), Santa Fe (1,2), San Luis (1,1) y Chubut (1) encabezan las tasas más altas del país por cada 100.000 mujeres, superando la media nacional de 0,5. El 67% de los crímenes se cometieron en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido, mientras que seis de cada diez agresores eran parejas, exparejas o familiares.

El informe también puso el foco en el accionar judicial. Aunque el 9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, el 75% de ellas ya contaba con una orden de restricción o perimetral que no logró evitar el desenlace fatal. Ante este contexto de vulnerabilidad y desamparo institucional, la vocera nacional de MuMaLá, Victoria Aguirre, exigió al Gobierno nacional la declaración de Emergencia Nacional en Violencias de Género.

Esta medida es fundamental para restituir de manera prioritaria los recursos humanos y económicos indispensables para garantizar una atención integral y eficaz a las mujeres y al colectivo LGTBIQ+.

La organización social La Poderosa anunció el desplazamiento de Ignacio “Nacho” Levy de la conducción del movimiento luego de activar su protocolo de géneros, tras las denuncias públicas por violencia de género realizadas en los últimos días por distintas exparejas del referente social. La decisión fue comunicada mediante un documento difundido en redes sociales, en el que las asambleas de la organización informaron el “corrimiento total” de Levy de todos sus espacios de conducción.

“A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros”, expresó el comunicado. En ese sentido, la organización señaló que resolvió avanzar en el apartamiento de Levy y sostuvo: “No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos. Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar”.

La decisión llegó luego de que la sexóloga y divulgadora Cecilia Ce denunciara públicamente a Levy por presunto abuso psicológico y manipulación durante la relación que mantuvieron. Tras conocerse ese testimonio, otras exparejas del dirigente, entre ellas la actriz y cantante Gloria Carrá y Tati Dell, también compartieron relatos sobre situaciones similares.

En el documento, La Poderosa destacó que la resolución fue adoptada de manera “colectiva y consensuada” y recordó que desde hace años cuenta con un protocolo específico para abordar situaciones de violencia hacia mujeres y disidencias sexuales.

Al mismo tiempo, la organización sostuvo que las dinámicas propias de las redes sociales suelen exigir respuestas inmediatas que no siempre son compatibles con los procesos internos de construcción colectiva que caracterizan al movimiento.

“Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana”, afirmaron al inicio del texto. Además, remarcaron que “lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización”, justificando así el apartamiento del histórico referente.

Finalmente, La Poderosa reconoció que ninguna organización está exenta de reproducir prácticas violentas y aseguró que continuará fortaleciendo sus mecanismos internos de revisión. “Entendemos que ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas violentas que busca combatir”, señalaron, al tiempo que reafirmaron su compromiso con la construcción de “una forma de hacer política cuidada, compañera y, sobre todo, feminista”.

Hay silencios que cuidan. De hecho, son necesarios. Cuando una persona atraviesa una situación de violencia por motivos de género, preservar su identidad, respetar sus tiempos y evitar cualquier exposición innecesaria es una condición básica para que pueda hablar. Sin ese cuidado, muchas veces la denuncia ni siquiera sería posible.

Pero no todos los silencios cumplen esa función. Hay otros que, casi sin advertirlo, empiezan a proteger algo distinto. Y ahí es donde vale la pena detenerse. Porque una cosa es cuidar a quien denuncia y otra muy diferente es que ese mismo silencio termine preservando el prestigio, la autoridad o el lugar de poder de quien fue señalado. La diferencia parece pequeña, pero cambia por completo el sentido de la discusión. No se trata de reclamar escraches ni condenas anticipadas. Tampoco de desconocer el derecho de cualquier persona a defenderse o a que los hechos sean investigados con todas las garantías. Pero el debate nunca pasó por ahí.

La pregunta es otra. ¿Qué hacen las organizaciones, los medios, las universidades, los sindicatos o los movimientos sociales cuando una denuncia alcanza a alguien que ocupa un lugar de reconocimiento? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué comunican esas decisiones, incluso cuando creen que no están diciendo nada?

Hace poco volvió a discutirse a partir de un caso ampliamente conocido. Un periodista, columnista y especialista en política internacional, sobre quien pesan múltiples denuncias públicas por violencia de género, fue convocado nuevamente para analizar la coyuntura internacional. El ejemplo no importa por sí mismo, sino porque dejó al descubierto un mecanismo que aparece una y otra vez. Bastó que algunas mujeres señalaran la contradicción para que la conversación cambiara de eje. Las denuncias dejaron de ocupar el centro de la escena. También quedó en un segundo plano la responsabilidad ética de quienes habían decidido ofrecerle ese espacio. En cambio, comenzaron a repetirse otros argumentos: que era una voz importante, que sabía mucho del tema, que su trayectoria era indiscutible, que una cosa eran las denuncias y otra muy distinta su capacidad profesional. Y, casi sin darse cuenta, el foco dejó de estar donde había empezado.

No deja de llamar la atención que eso ocurra con tanta frecuencia. Cuando quien es denunciado tiene prestigio, una larga trayectoria o un lugar ganado dentro de un espacio, la conversación cambia. Se empieza a hablar de sus libros, de sus investigaciones, de su experiencia, de su inteligencia o de su capacidad profesional. Como si todo eso pudiera ubicarse en un plano completamente separado de las violencias denunciadas. Con otras vulneraciones de derechos no suele hacerse el mismo ejercicio.

Difícilmente alguien proponga entrevistar a una persona condenada por corrupción para hablar de transparencia institucional. Resulta evidente que una invitación nunca es un acto neutro. Elegir una voz también implica construir legitimidad. Sin embargo, cuando las denuncias tienen que ver con violencia por motivos de género aparecen los matices. "Hay que separar la obra del autor. -  "No podemos perder una voz tan importante. - Lo relevante es lo que viene a explicar. No confundamos la vida privada con la capacidad profesional.” Son frases que se escuchan una y otra vez. Y vale la pena preguntarse por qué aparecen justamente en estos casos. ¿Por qué algunas violencias parecen admitir excepciones y otras no?

Tal vez porque, aunque hace décadas se afirma que la violencia de género constituye una violación a los derechos humanos, todavía cuesta asumir todas las consecuencias de esa afirmación. Se repite en documentos, protocolos y discursos institucionales. Pero cuando ese principio entra en tensión con una figura prestigiosa o con un dirigente importante, empiezan las excepciones. Ahí aparece una jerarquía silenciosa de derechos. No hace falta que nadie la enuncie. Se expresa en las decisiones que se toman, en los debates que se postergan y en aquello que siempre parece poder esperar un poco más. Ese mecanismo no pertenece solamente al periodismo.

También atraviesa organizaciones populares, sindicatos, universidades, partidos políticos, cooperativas y tantos otros espacios que construyeron su identidad alrededor de la defensa de la igualdad y los derechos humanos. Quizá por eso resulte más difícil advertirlo. Porque nadie espera encontrar esas contradicciones en lugares que hicieron de la justicia social una bandera. Sin embargo, es precisamente ahí donde la discusión se vuelve indispensable.

No alcanza con tener protocolos o declaraciones de principios si, llegado el momento de decidir, el peso de una trayectoria termina condicionándolo todo. Hay una diferencia enorme entre cuidar a una víctima y cuidar una estructura de poder. La primera obligación no admite discusión. La segunda merece ser discutida. Preservar la identidad de quien denuncia no impide revisar responsabilidades institucionales, preguntarse qué lugar debe ocupar quien fue denunciado o debatir qué mensajes transmiten las decisiones que se toman. Confundir esas dos cuestiones termina produciendo un efecto paradójico: una política pensada para cuidar puede convertirse, sin querer, en una política de inmovilidad.

Quienes integran organizaciones saben que estas discusiones nunca son cómodas. No se debate sobre personas desconocidas, sino sobre compañeros, dirigentes, referentes o personas con las que se compartieron años de trabajo, de militancia y de vínculos. Tal vez por eso resulte tan difícil sostener los mismos principios cuando el conflicto aparece de este lado.

Pero justamente ahí se juega la coherencia.

No es suficiente con denunciar las violencias que ejercen otros. Lo verdaderamente difícil es sostener el mismo estándar cuando la violencia interpela a quienes comparten las propias ideas, la historia común o los espacios de pertenencia. Es allí donde los principios dejan de ser una declaración y empiezan a convertirse en una forma de actuar.

La perspectiva de género no es un documento institucional, ni en una declaración bien escrita. Se demuestra cuando orienta decisiones concretas. Cuando obliga a hacerse preguntas incómodas sobre personas a las que se respeta, sobre espacios que se sienten propios y sobre relaciones que sería más fácil no revisar.

Implica discutir poder, privilegios, lealtades y formas de construir autoridad. También implica aceptar que ninguna organización está exenta de reproducir las mismas desigualdades que denuncia. Asumir esa posibilidad no debilita los proyectos colectivos; por el contrario, los fortalece, porque los vuelve más honestos y más coherentes con los valores que dicen sostener.

Quizá de eso se trate. De entender que la igualdad deja de ser una consigna cuando empieza a orientar las decisiones, incluso las más difíciles. Porque, si la perspectiva de género no es capaz de interpelar también los propios espacios, corre el riesgo de quedarse en el plano del discurso. Y los discursos, por sí solos, nunca transformaron la realidad.

Por Soledad Restivo | Lic. en Comunicación Social especialista en Comunicación Institucional.