El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) publicó las cifras de femicidios ocurridos entre el 1º de enero y el 30 de julio de 2026. El informe revela que la problemática de la violencia machista persiste en el país, registrándose una muerte cada 33 horas por motivos de odio de género.

De acuerdo con el documento, se contabilizaron 153 femicidios y 559 tentativas en territorio argentino durante dicho período. El informe destaca que solo el 9% de las víctimas había denunciado a su agresor previamente, lo que evidencia que “faltan denuncias como consecuencia de la ausencia de políticas de difusión, sensibilización, prevención y asistencia”.

El relevamiento precisó que se perpetraron 112 femicidios directos, 13 vinculados (10 niños/varones y 3 niñas/mujeres), 5 trans/travesticidios, 14 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, y 9 suicidios feminicidas. Además, 109 chicos y chicas perdieron a su madre en un contexto de violencia familiar irresuelto.

“Frente a la vulnerabilidad extrema y el desamparo institucional, las MuMaLa, exigimos al Gobierno Nacional la urgente Declaración de Emergencia en Violencias de Género siendo fundamental para restituir de manera prioritaria los recursos humanos y económicos indispensables para garantizar una atención integral y eficaz a las mujeres y al colectivo LGTBIQ+”, recalcó el documento.

Asimismo, el texto sentenció: “No hay falsas denuncias, faltan denuncias y recursos para abordar la violencia machista”.

A nivel nacional, las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe y San Luis encabezan las tasas más altas, superando la media de 0,6 femicidios por cada 100.000 mujeres. El hogar continúa siendo el lugar más inseguro, ya que el 67% de los hechos ocurrieron en la vivienda de la víctima o en la compartida con el agresor.

Respecto a los victimarios, el 60% fueron parejas, exparejas o familiares. El 11% fue cometido por sicarios o bandas mafiosas, otro 11% por conocidos, el 6% por desconocidos y existe un 12% sin datos. La edad promedio de las víctimas es de 39 años, incluyendo a 16 niñas y adolescentes y 16 adultas mayores de 60 años.

Finalmente, el informe cuestiona el accionar de la Justicia y las fuerzas de seguridad, señalando que, por mala acción u omisión, no protegieron al 9% de las víctimas que habían denunciado, a pesar de que el 75% de ellas contaba con una orden de restricción o perimetral.

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo suspendió de manera cautelar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había prohibido el acceso de personas menores de 18 años a tratamientos hormonales contemplados en la Ley de Identidad de Género.

La decisión, adoptada por la Sala V del tribunal, restablece provisoriamente la plena vigencia de la Ley 26.743 y obliga a obras sociales, empresas de medicina prepaga y hospitales públicos a garantizar la continuidad de los tratamientos mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La medida fue dictada al hacer lugar a un recurso presentado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), que impulsa una acción judicial para que el decreto sea declarado inconstitucional. La suspensión tendrá alcance en todo el país hasta que exista una sentencia definitiva.

El DNU, publicado en febrero de 2025, había modificado el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género para establecer una prohibición absoluta del acceso de menores de edad a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas destinadas a adecuar su cuerpo a la identidad de género autopercibida.

En su resolución, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani sostuvieron que el Poder Ejecutivo no acreditó la existencia de circunstancias de necesidad y urgencia que justificaran modificar mediante un decreto una ley sancionada por el Congreso. Además, señalaron que el Gobierno no explicó por qué resultaba necesario restringir un derecho reconocido por la legislación vigente.

Los magistrados recordaron que la Ley de Identidad de Género ya contemplaba un régimen específico para los tratamientos en menores de edad, con intervención judicial, consentimiento informado, participación del abogado del niño y evaluaciones de especialistas antes de autorizar procedimientos irreversibles.

Según el fallo, el decreto reemplazó ese esquema de evaluación caso por caso por una prohibición general, lo que podría vulnerar el principio de capacidad progresiva establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Cámara también advirtió que mantener vigente el DNU mientras se desarrolla el proceso judicial podía generar un perjuicio mayor para las personas alcanzadas por la norma, ya que algunas obras sociales y prestadores de salud habían comenzado a rechazar la continuidad de tratamientos hormonales ya iniciados, con posibles consecuencias sobre el derecho a la salud.

Durante el proceso, la FALGBT argumentó que el decreto implicaba una grave afectación al derecho a la identidad de género y al principio de no discriminación, además de poner en riesgo tratamientos cuya interrupción podría ocasionar consecuencias irreversibles.

En el fallo, el tribunal también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo a la salud de las personas trans y de género diverso, consideradas una población históricamente vulnerable.

La resolución fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+. La presidenta de la FALGBT, María Rachid, sostuvo que "ningún decreto de necesidad y urgencia puede modificar una ley nacional aprobada por amplia mayoría". Por su parte, Gabriela Mansilla, fundadora de la asociación Infancias Libres, afirmó que el fallo devuelve a muchas familias la posibilidad de continuar tratamientos que "jamás debieron suspenderse".

Desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), su presidenta Valeria Pavan calificó la decisión como "un límite contundente a la crueldad" y advirtió que la prohibición había tenido un impacto negativo en el desarrollo de las adolescencias trans, además de recordar que históricamente la falta de acceso a tratamientos médicos llevó a muchas personas trans a recurrir a prácticas informales con graves riesgos para la salud.

Si bien la suspensión cautelar deja sin efecto por el momento el DNU y restablece el régimen previsto por la Ley de Identidad de Género, el expediente continuará su trámite judicial. El próximo paso será la sentencia de primera instancia sobre la constitucionalidad del decreto, que definirá si la norma queda definitivamente anulada o puede volver a entrar en vigencia.

Un sector de los docentes bonaerenses volvió a reclamar cambios en el régimen de licencias por violencia de género al denunciar que la reglamentación vigente impuso restricciones que, según sostuvieron, dificultan el acompañamiento integral de las trabajadoras que atraviesan este tipo de situaciones.

El planteo fue impulsado por SUTEBA Multicolor, cuya secretaria de Género y Diversidades en La Matanza, Natalia Hernández, cuestionó la aplicación del Decreto 121/20, reglamentario de la Ley 14.893, al considerar que fijó un límite de 35 días para las licencias y dejó de contemplar las particularidades de cada caso.

Desde el sector señalaron que, antes de la reglamentación, la duración de las licencias se definía en función de las recomendaciones de la Justicia y de los equipos interdisciplinarios que intervenían en cada situación. En cambio, afirmaron que el esquema actual estableció un plazo uniforme que, en numerosos casos, resultó insuficiente para garantizar la protección de las víctimas.

Hernández sostuvo que el objetivo del reclamo fue asegurar que las docentes pudieran contar con el tiempo necesario para reorganizar aspectos fundamentales de sus vidas, como la vivienda, la situación familiar, los procesos judiciales y los tratamientos terapéuticos, sin perder la cobertura de la licencia laboral.

En ese marco, la dirigente sindical responsabilizó a la Subsecretaría de Educación por las demoras o rechazos en las prórrogas de las licencias y afirmó que existen más de mil casos activos en la provincia que requieren una respuesta por parte del Estado bonaerense. Además, reclamó la derogación de la reglamentación vigente por considerar que contradice el espíritu de la ley aprobada en 2016.

El reclamo también llegó a la Legislatura bonaerense. El diputado provincial Christian Castillo presentó un proyecto de declaración para que la Cámara manifieste su preocupación por las limitaciones que, según la iniciativa, existen en la aplicación de las licencias por violencia de género dentro de la Dirección General de Cultura y Educación.

La propuesta apuntó a revisar la implementación del decreto reglamentario al entender que restringe un derecho destinado a proteger a las trabajadoras que sufren situaciones de violencia.

La discusión por las licencias se dio en paralelo con el conflicto salarial que atraviesa el sector docente bonaerense. Desde SUTEBA Multicolor vincularon ambas problemáticas y señalaron que la mayoría de quienes integran el sistema educativo son mujeres, por lo que las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo y de las situaciones de violencia impactan especialmente sobre ellas.

En ese contexto, el sector anticipó que continuará impulsando presentaciones sindicales y nuevas medidas de fuerza una vez finalizado el receso invernal, con el objetivo de que el Gobierno provincial revise la reglamentación de las licencias y garantice una respuesta acorde a las necesidades de las trabajadoras afectadas.

El Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá registró una alarmante cifra de 127 femicidios en el territorio argentino entre el 1 de enero y el 29 de junio de 2026. Esta estadística equivale a una muerte violenta cada 40 horas, una cifra similar a la del primer semestre del año pasado que vuelve a encender las alarmas en todo el país.

De acuerdo al informe, en los primeros seis meses del año se contabilizaron 94 femicidios directos, 10 vinculados (ocho niños/varones y dos niñas/mujeres), cuatro trans/travesticidios, 12 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, y siete suicidios feminicidas. Un dato que preocupa especialmente es la cantidad de casos en grado de tentativa: se relevaron 486 hechos, lo que representa 3,8 intentos por cada femicidio consumado.

La violencia de género dejó además un saldo trágico de 92 niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus madres. En este sentido, el informe recordó el caso de la localidad de General Lagos, Santa Fe, donde Horacio Colombo asesinó a sus hijos de 10 y 4 años para ocasionar un daño irreparable a su expareja y madre de los menores.

En cuanto a la distribución geográfica, Santiago del Estero (1,3), Santa Fe (1,2), San Luis (1,1) y Chubut (1) encabezan las tasas más altas del país por cada 100.000 mujeres, superando la media nacional de 0,5. El 67% de los crímenes se cometieron en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido, mientras que seis de cada diez agresores eran parejas, exparejas o familiares.

El informe también puso el foco en el accionar judicial. Aunque el 9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, el 75% de ellas ya contaba con una orden de restricción o perimetral que no logró evitar el desenlace fatal. Ante este contexto de vulnerabilidad y desamparo institucional, la vocera nacional de MuMaLá, Victoria Aguirre, exigió al Gobierno nacional la declaración de Emergencia Nacional en Violencias de Género.

Esta medida es fundamental para restituir de manera prioritaria los recursos humanos y económicos indispensables para garantizar una atención integral y eficaz a las mujeres y al colectivo LGTBIQ+.

La organización social La Poderosa anunció el desplazamiento de Ignacio “Nacho” Levy de la conducción del movimiento luego de activar su protocolo de géneros, tras las denuncias públicas por violencia de género realizadas en los últimos días por distintas exparejas del referente social. La decisión fue comunicada mediante un documento difundido en redes sociales, en el que las asambleas de la organización informaron el “corrimiento total” de Levy de todos sus espacios de conducción.

“A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros”, expresó el comunicado. En ese sentido, la organización señaló que resolvió avanzar en el apartamiento de Levy y sostuvo: “No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos. Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar”.

La decisión llegó luego de que la sexóloga y divulgadora Cecilia Ce denunciara públicamente a Levy por presunto abuso psicológico y manipulación durante la relación que mantuvieron. Tras conocerse ese testimonio, otras exparejas del dirigente, entre ellas la actriz y cantante Gloria Carrá y Tati Dell, también compartieron relatos sobre situaciones similares.

En el documento, La Poderosa destacó que la resolución fue adoptada de manera “colectiva y consensuada” y recordó que desde hace años cuenta con un protocolo específico para abordar situaciones de violencia hacia mujeres y disidencias sexuales.

Al mismo tiempo, la organización sostuvo que las dinámicas propias de las redes sociales suelen exigir respuestas inmediatas que no siempre son compatibles con los procesos internos de construcción colectiva que caracterizan al movimiento.

“Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana”, afirmaron al inicio del texto. Además, remarcaron que “lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización”, justificando así el apartamiento del histórico referente.

Finalmente, La Poderosa reconoció que ninguna organización está exenta de reproducir prácticas violentas y aseguró que continuará fortaleciendo sus mecanismos internos de revisión. “Entendemos que ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas violentas que busca combatir”, señalaron, al tiempo que reafirmaron su compromiso con la construcción de “una forma de hacer política cuidada, compañera y, sobre todo, feminista”.

Hay silencios que cuidan. De hecho, son necesarios. Cuando una persona atraviesa una situación de violencia por motivos de género, preservar su identidad, respetar sus tiempos y evitar cualquier exposición innecesaria es una condición básica para que pueda hablar. Sin ese cuidado, muchas veces la denuncia ni siquiera sería posible.

Pero no todos los silencios cumplen esa función. Hay otros que, casi sin advertirlo, empiezan a proteger algo distinto. Y ahí es donde vale la pena detenerse. Porque una cosa es cuidar a quien denuncia y otra muy diferente es que ese mismo silencio termine preservando el prestigio, la autoridad o el lugar de poder de quien fue señalado. La diferencia parece pequeña, pero cambia por completo el sentido de la discusión. No se trata de reclamar escraches ni condenas anticipadas. Tampoco de desconocer el derecho de cualquier persona a defenderse o a que los hechos sean investigados con todas las garantías. Pero el debate nunca pasó por ahí.

La pregunta es otra. ¿Qué hacen las organizaciones, los medios, las universidades, los sindicatos o los movimientos sociales cuando una denuncia alcanza a alguien que ocupa un lugar de reconocimiento? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué comunican esas decisiones, incluso cuando creen que no están diciendo nada?

Hace poco volvió a discutirse a partir de un caso ampliamente conocido. Un periodista, columnista y especialista en política internacional, sobre quien pesan múltiples denuncias públicas por violencia de género, fue convocado nuevamente para analizar la coyuntura internacional. El ejemplo no importa por sí mismo, sino porque dejó al descubierto un mecanismo que aparece una y otra vez. Bastó que algunas mujeres señalaran la contradicción para que la conversación cambiara de eje. Las denuncias dejaron de ocupar el centro de la escena. También quedó en un segundo plano la responsabilidad ética de quienes habían decidido ofrecerle ese espacio. En cambio, comenzaron a repetirse otros argumentos: que era una voz importante, que sabía mucho del tema, que su trayectoria era indiscutible, que una cosa eran las denuncias y otra muy distinta su capacidad profesional. Y, casi sin darse cuenta, el foco dejó de estar donde había empezado.

No deja de llamar la atención que eso ocurra con tanta frecuencia. Cuando quien es denunciado tiene prestigio, una larga trayectoria o un lugar ganado dentro de un espacio, la conversación cambia. Se empieza a hablar de sus libros, de sus investigaciones, de su experiencia, de su inteligencia o de su capacidad profesional. Como si todo eso pudiera ubicarse en un plano completamente separado de las violencias denunciadas. Con otras vulneraciones de derechos no suele hacerse el mismo ejercicio.

Difícilmente alguien proponga entrevistar a una persona condenada por corrupción para hablar de transparencia institucional. Resulta evidente que una invitación nunca es un acto neutro. Elegir una voz también implica construir legitimidad. Sin embargo, cuando las denuncias tienen que ver con violencia por motivos de género aparecen los matices. "Hay que separar la obra del autor. -  "No podemos perder una voz tan importante. - Lo relevante es lo que viene a explicar. No confundamos la vida privada con la capacidad profesional.” Son frases que se escuchan una y otra vez. Y vale la pena preguntarse por qué aparecen justamente en estos casos. ¿Por qué algunas violencias parecen admitir excepciones y otras no?

Tal vez porque, aunque hace décadas se afirma que la violencia de género constituye una violación a los derechos humanos, todavía cuesta asumir todas las consecuencias de esa afirmación. Se repite en documentos, protocolos y discursos institucionales. Pero cuando ese principio entra en tensión con una figura prestigiosa o con un dirigente importante, empiezan las excepciones. Ahí aparece una jerarquía silenciosa de derechos. No hace falta que nadie la enuncie. Se expresa en las decisiones que se toman, en los debates que se postergan y en aquello que siempre parece poder esperar un poco más. Ese mecanismo no pertenece solamente al periodismo.

También atraviesa organizaciones populares, sindicatos, universidades, partidos políticos, cooperativas y tantos otros espacios que construyeron su identidad alrededor de la defensa de la igualdad y los derechos humanos. Quizá por eso resulte más difícil advertirlo. Porque nadie espera encontrar esas contradicciones en lugares que hicieron de la justicia social una bandera. Sin embargo, es precisamente ahí donde la discusión se vuelve indispensable.

No alcanza con tener protocolos o declaraciones de principios si, llegado el momento de decidir, el peso de una trayectoria termina condicionándolo todo. Hay una diferencia enorme entre cuidar a una víctima y cuidar una estructura de poder. La primera obligación no admite discusión. La segunda merece ser discutida. Preservar la identidad de quien denuncia no impide revisar responsabilidades institucionales, preguntarse qué lugar debe ocupar quien fue denunciado o debatir qué mensajes transmiten las decisiones que se toman. Confundir esas dos cuestiones termina produciendo un efecto paradójico: una política pensada para cuidar puede convertirse, sin querer, en una política de inmovilidad.

Quienes integran organizaciones saben que estas discusiones nunca son cómodas. No se debate sobre personas desconocidas, sino sobre compañeros, dirigentes, referentes o personas con las que se compartieron años de trabajo, de militancia y de vínculos. Tal vez por eso resulte tan difícil sostener los mismos principios cuando el conflicto aparece de este lado.

Pero justamente ahí se juega la coherencia.

No es suficiente con denunciar las violencias que ejercen otros. Lo verdaderamente difícil es sostener el mismo estándar cuando la violencia interpela a quienes comparten las propias ideas, la historia común o los espacios de pertenencia. Es allí donde los principios dejan de ser una declaración y empiezan a convertirse en una forma de actuar.

La perspectiva de género no es un documento institucional, ni en una declaración bien escrita. Se demuestra cuando orienta decisiones concretas. Cuando obliga a hacerse preguntas incómodas sobre personas a las que se respeta, sobre espacios que se sienten propios y sobre relaciones que sería más fácil no revisar.

Implica discutir poder, privilegios, lealtades y formas de construir autoridad. También implica aceptar que ninguna organización está exenta de reproducir las mismas desigualdades que denuncia. Asumir esa posibilidad no debilita los proyectos colectivos; por el contrario, los fortalece, porque los vuelve más honestos y más coherentes con los valores que dicen sostener.

Quizá de eso se trate. De entender que la igualdad deja de ser una consigna cuando empieza a orientar las decisiones, incluso las más difíciles. Porque, si la perspectiva de género no es capaz de interpelar también los propios espacios, corre el riesgo de quedarse en el plano del discurso. Y los discursos, por sí solos, nunca transformaron la realidad.

Por Soledad Restivo | Lic. en Comunicación Social especialista en Comunicación Institucional.

La Justicia Federal dictó el procesamiento con prisión preventiva para Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el ámbito delictivo como “Pequeño J”. El sujeto está acusado de ser uno de los principales responsables del triple femicidio de Lara Gutiérrez, de 15 años, Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20, ocurrido en la localidad bonaerense de Florencio Varela en septiembre de 2025.

La medida fue dispuesta el pasado viernes por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón. El magistrado consideró que existen pruebas suficientes para imputar a Valverde Victoriano como coautor de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y violencia de género en tres hechos, en concurso real entre sí.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, se determinó que “Pequeño J” habría tenido una participación activa desde la planificación del hecho hasta la logística necesaria para captar y trasladar a las víctimas. Asimismo, se lo vincula con el aseguramiento del lugar donde las jóvenes permanecieron cautivas y con tareas de control y sometimiento dentro del inmueble donde finalmente fueron asesinadas.

En el documento judicial se sostiene que su accionar estuvo directamente relacionado con el desenlace fatal y que el acusado actuó con pleno conocimiento del plan común. Además, el magistrado remarcó que el imputado “aceptó la posibilidad - e incluso la finalidad - de provocar la muerte de las tres jóvenes”.

La situación judicial de Janzen Valverde se agravó durante los últimos meses. En un inicio, la Justicia había solicitado su extradición desde Perú por los cargos vinculados al triple homicidio. No obstante, posteriormente se requirió una ampliación de los delitos imputados a partir de nuevos elementos incorporados al expediente. En este marco, los investigadores comenzaron a profundizar distintas líneas que vinculan al acusado con una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala. A su vez, en la causa se incorporaron hipótesis relacionadas con posibles delitos de trata de personas, explotación sexual y eventuales maniobras de lavado de activos.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal y permanece en la etapa investigativa. Con la detención de Valverde Victoriano, ya son 11 los imputados por el caso ocurrido el 19 de septiembre del año pasado en Florencio Varela.

Néstor Ortigoza fue imputado este viernes por lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género, a raíz de una denuncia presentada en 2024 por su expareja, Lucila Cassiau. La fiscal María Lorena González, titular de la UFI N°3 de Ezeiza, determinó que existen motivos suficientes para sospechar que el dirigente de San Lorenzo participó en los hechos denunciados.

Fuentes judiciales confirmaron que el futbolista deberá comparecer a una indagatoria el 5 de agosto a las 10:00 en la sede fiscal. El expediente, que se inició hace dos años, cuenta con pruebas que incluyen registros fílmicos, fotografías, un informe psicológico y declaraciones testimoniales que ratifican la existencia de un marco de violencia.

Entre los testimonios clave se encuentra el de una mujer que trabajó durante 10 años con la pareja. La testigo relató un episodio ocurrido en el verano de 2015, cuando intervino para frenar una agresión física:

“Cuando entro, veo a Lucila tirada en el piso en posición fetal y Néstor pegándole patadas como si fuera una pelota. Lo único que me salió en ese momento fue agarrarlo de la parte del brazo y tirarlo para atrás. Le dije que por favor la deje, que la estaba matando”.

La testigo también recordó que, en aquel momento, el futbolista le gritó a Lucila: “Hija de puta, te voy a matar”. Según el expediente, la fiscal consideró probada la existencia de un contexto de convivencia donde se sucedieron diversos episodios de violencia verbal y física.

La movilización por Ni Una Menos volvió a reunir a una importante cantidad de personas en las calles de Tandil. Integrantes de organizaciones sociales, referentes feministas y vecinas que participaron de la jornada coincidieron en remarcar la necesidad de sostener las marchas, reclamar políticas públicas y visibilizar las distintas formas de violencia que atraviesan mujeres y disidencias.

Una de las mujeres que brindó su testimonio fue la reconocida cantante tandilense July James, quien describió la jornada como “muy emocionante” y subrayó la importancia de mantener viva la movilización social a nivel local. “Hemos vivido la marcha de una forma muy emocionante. Es muy importante no olvidar y seguir haciendo estas movilizaciones, para que la lucha no quede en el olvido”, indicó en diálogo con El Eco de Tandil.

También expresó una mirada esperanzadora desde su experiencia personal y su rol como madre: “Tenemos esperanza. Con mis 36 años, esta no es mi primera marcha, hemos marchado muchas veces por diferentes motivos. Hoy me interpela desde un lugar de madre, con la responsabilidad de criar un niño que sea consciente a la hora de tratar con las mujeres”.

“De todas las que estamos acá, estoy segura de que no hay ni una sola mujer que no haya pasado por un momento violento en su vida. Basta. Hoy no hay política, no hay espacio para hablar de otras cuestiones. Hoy luchamos por todas nosotras para que no vuelva a suceder”, concluyó.

Paula Silva, referente del colectivo Malajunta y Casa Violeta, sostuvo que la convocatoria estuvo atravesada por el enojo frente a la persistencia de la violencia de género. “Estamos hartas de que cada 31 horas nos roben a una de nosotras”, declaró. 

En ese sentido, cuestionó el clima político y social actual: “Salimos con mucha bronca porque este Gobierno no hace más que propagar discursos de odio contra las mujeres, disidencias y feminismos. Todo el sistema está completamente en nuestra contra”.

Silva afirmó que el movimiento continuará ocupando el espacio público. “Nos vamos a seguir organizando y tomando las calles”, certificó. También destacó el aspecto colectivo y emocional de la movilización: “El fuego, la magia y el poder que te deja ver que estamos todas es una alegría inmensa”.

“La pelea no está terminada. Tenemos que seguir luchando en nuestras casas, en las calles, en el trabajo, en todos lados. Necesitamos que los varones dejen de callarse y mirar para otro lado, porque la lucha los compete como a toda la sociedad. Que dejen de ser cómplices”, finalizó.

Por otra parte, Micaela Herrera señaló que la movilización se realizó en un contexto de fuerte conmoción social y reclamó mayor presencia estatal. “Hoy salimos, como todos los 3 de junio, pero particularmente la conmoción de este último tiempo es brutal. Faltan políticas públicas, no están habiendo respuestas y las que tanto nos costaron construir están siendo desfinanciadas”, señaló.

Además, valoró la participación de distintos sectores de la comunidad: “Es esperanzador de que vengan muchas personas, que vengan varones también y que se pueda entender lo que implica el sistema patriarcal”. Sobre las demandas de la jornada, indicó que “lo que se buscan son respuestas. Necesitamos más Estado, donde el poco Estado que nos queda es responsable de que lo está pasando”.

Finalmente, Erica Lanzini destacó el carácter masivo de la convocatoria y el compromiso de la comunidad tandilense. “Volvemos a convocarnos en las calles para marchar contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, las niñas, las adolescentes y las disidencias”, manifestó la referente de la Mesa Intersectorial para la Prevención y el Abordaje de la Violencia Familiar y por Razones de Género. “Ha sido una convocatoria masiva, después de aquella masividad increíble que ha sido aquella movilización en 2015”, subrayó posteriormente.

Lanzini también resaltó la presencia de hombres en la movilización, al referirse a “los varones que acompañan y se comprometen con la transformación de la forma de vincularnos”. En esa línea, definió la marcha como una “jornada que da cuenta que vivimos en una ciudad muy comprometida con lograr mejores condiciones de vida para todos y todas”.

Finalmente, agradeció la participación ciudadana y reiteró el reclamo de políticas públicas sostenidas: “Es muy importante saber que hay tantas personas comprometidas con una vida sin violencias, por lo que tenemos que trabajar en todos los ámbitos donde se produce. Seguimos insistiendo en la responsabilidad del Estado, donde a nivel municipal y provincial lo vienen sosteniendo, pero con un reclamo muy fuerte hacia el Gobierno nacional”.

De esta forma, la marcha de Ni Una Menos en Tandil volvió a dejar como eje central el reclamo por una vida libre de violencias, con demandas dirigidas al Estado y a la sociedad en su conjunto para profundizar las acciones de prevención y transformación cultural.

Este miércoles 3 de junio, en el marco del undécimo aniversario de Ni Una Menos y a pocos días del femicidio de Agostina Vega, de 14 años, distintas figuras del espectáculo argentino compartieron reflexiones sobre la violencia de género. Entre ellas, la actriz Rocío Igarzábal decidió alzar la voz al relatar una traumática vivencia de su niñez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 914 mil seguidores, la artista se sumó a la conmemoración mediante una publicación compuesta por fotografías de su infancia y un crudo testimonio. En el epígrafe del posteo, Igarzábal escribió:

“Por mi Rochi de cinco años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #niunamenos”

La actriz develó que el agresor era una persona de su entorno de confianza.

“Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años. Por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años”,

manifestó al hacer alusión a la postal que eligió para abrir su carrusel en la red social.

A partir de los recuerdos compartidos, la actriz profundizó sobre las secuelas que afrontó:

“Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios y me quedé callada”.

Según detalló, le llevó gran parte de su adolescencia y juventud procesar lo ocurrido, logrando ponerlo en palabras recién en su etapa adulta debido a la vergüenza y el miedo.

Pese a la angustia que le genera mirar sus fotos de la infancia, Rocío Igarzábal destacó que logró reconstruirse.

“Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir”, subrayó. No obstante, concluyó con un mensaje de lucha al recordar a aquellas mujeres y niñas que no pudieron sobrevivir a situaciones de violencia:

“Hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar”.

La fiscal María Verónica Ballari de Rosario será suspendida por tener demoras en un expediente en violencia de género que terminó en el femicidio de la enfermera Ailén Ayelén Oggero a mediados de febrero de 2025 y este jueves habrá una Asamblea Legislativa donde se tomará la decisión.

Desde hacía tiempo Oggero venía denunciando a su expareja, Jonathan Omill, por diversos episodios de violencia y hostigamiento. Sin embargo, las acusaciones no fueron escuchadas y, a comienzos del año pasado, fue asesinada a balazos cuando salía de su casa del barrio Belgrano para ir a trabajar al Hospital Centenario.

Este jueves se llevará a cabo una asamblea tras una recomendación por parte de la Comisión de Acuerdos y se estableció que, si deciden suspender a la fiscal, la medida será por tres meses y sin goce de sueldo.

La familia de Oggero sostiene desde un comienzo que la fiscalía tenía varias denuncias realizadas por la víctima, pero que ninguna fue escuchada, lo que permitió que su caso concluya con su brutal asesinato.

Hasta el momento la causa no tiene avances significativos, mientras que, horas después del femicidio, Omill fue detenido e imputado por la fiscal en cuestión por delitos vinculados a la violencia de género ejercida, pero no por el crimen. En marzo de ese año, fue condenado mediante un juicio abreviado a cuatro años y seis meses de prisión por esos hechos.

Acerca de la investigación por el femicidio se encuentra paralizada debido a que la Justicia todavía no logra saber quién es el culpable. Entre las hipótesis se baraja que Omill la mató, mientras que otra es que hubo un instigador y un ejecutor. (NA).

A once años de la histórica movilización que marcó un punto de inflexión en la lucha contra las violencias por motivos de género en Argentina, este miércoles por la tarde Tandil volvió a ser escenario de una multitudinaria convocatoria bajo la consigna "Ni Una Menos".

La movilización, impulsada por la Asamblea Transfeminista de Tandil, reunió a integrantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y vecinos autoconvocados que se concentraron en el centro de la ciudad para luego marchar por las calles con banderas, pancartas y carteles con consignas contra la violencia machista. A lo largo del recorrido se escucharon cánticos reclamando justicia por las víctimas de femicidios y exigiendo la implementación de políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género.

La columna avanzó acompañada por referentes de distintos espacios y por familias que se sumaron a la convocatoria. Durante el trayecto, las manifestantes realizaron intervenciones y recordaron que el movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 como respuesta a la creciente cantidad de femicidios en el país y que, más de una década después, los reclamos continúan vigentes.

Durante la jornada, las organizaciones recordaron a las víctimas de femicidios, transfemicidios, lesbicidios y crímenes de odio, al tiempo que reclamaron justicia por casos recientes que conmocionaron al país. Entre los nombres mencionados estuvieron Agostina, Dulce y Noelia, además de otras mujeres y disidencias víctimas de distintas formas de violencia.

La movilización culminó con un acto y la lectura de un documento consensuado por las organizaciones participantes. Allí se hizo un repaso de los once años transcurridos desde la primera marcha y se destacó la importancia de sostener la organización colectiva frente a un contexto que, según señalaron, presenta retrocesos en materia de derechos y protección para mujeres y diversidades.

En el documento leído al finalizar la marcha, las agrupaciones señalaron que desde el primer Ni Una Menos, realizado el 3 de junio de 2015, se registraron miles de femicidios y crímenes por razones de género en el país. También expresaron preocupación por el desfinanciamiento de programas de asistencia y prevención, así como por el incumplimiento de normativas destinadas a proteger a mujeres y diversidades.

Entre los principales reclamos, se cuestionaron iniciativas vinculadas a las supuestas "falsas denuncias" de las víctimas y se advirtió sobre el impacto que podrían tener en el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género. “Las mujeres y disidencias no mentimos, los mentirosos son el Presidente y su gobierno” sostuvieron. Asimismo, se denunció la persistencia de prácticas judiciales y mediáticas que revictimizan a quienes denuncian agresiones.

La Asamblea también puso el foco en otras problemáticas, como la violencia digital, los obstáculos para acceder a derechos sexuales y reproductivos, la situación de las infancias y adolescencias, y las consecuencias sociales de la crisis económica. Durante la lectura se reclamó la implementación de la Ley Olimpia, el fortalecimiento de las políticas de salud mental y el sostenimiento de programas de acompañamiento a víctimas, a partir se las siguientes palabras: 

La violencia digital también es violencia de género. Esta violencia aparece en la vida de les adolescentes como moneda corriente donde las pibas son las más afectadas. Se difunden sus fotos, se editan sus cuerpos, y mientras esto ocurre, son señaladas, culpabilizadas y aisladas, profundizando su sufrimiento. No se trata solamente de lo que pasa detrás de una pantalla. El hostigamiento, la difusión no consentida de imágenes, las amenazas, la suplantación de identidad y los discursos de odio, tienen consecuencias sobre nuestros vínculos y nuestras vidas.

Además, el documento vinculó la lucha contra las violencias de género con otros debates sociales y políticos, incluyendo la defensa de la democracia, el acceso a derechos laborales, la educación pública y las problemáticas ambientales.

La actividad concluyó con la lectura colectiva de las consignas que dieron origen al movimiento y que siguen vigentes once años después: "Ni Una Menos", "Paren de matarnos" y "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", reafirmando el compromiso de las organizaciones locales de continuar visibilizando las violencias y exigiendo respuestas concretas por parte del Estado.

La senadora bonaerense del bloque Fuerza Patria, Mónica Macha, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para que la administración de Javier Milei declare la emergencia nacional por violencia de género. La iniciativa surge tras el femicidio de Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada en Córdoba.

Al fundamentar su pedido, la legisladora cuestionó duramente el accionar del Poder Judicial y del Gobierno nacional. “Seguimos siendo asesinadas ante la indiferencia y la impunidad de un Poder Judicial, fiscales misóginos y cómplices, seguimos siendo el blanco de odio del Gobierno nacional, lo que primero que hicieron fue poner en duda nuestras voces y las de las infancias”, remarcó Macha.

La senadora advirtió que, en los últimos días, se registraron además los femicidios de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en la localidad misionera de Eldorado, y el de Noelia Carolina Rivero, de 30 años, en Temperley. “Estos crímenes generan una profunda conmoción pública y renuevan el reclamo social por mayores mecanismos de prevención, protección y acompañamiento para niñas y adolescentes, expuestas a situaciones de violencia”, resaltó.

Citando un informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, la legisladora señaló que durante 2024 se registraron 247 víctimas letales de violencia de género. De ese total, 228 fueron víctimas directas de femicidio y 19 de femicidios vinculados, lo que equivale a una mujer asesinada cada 39 horas en la República Argentina.

Macha denunció que el desmantelamiento de estructuras estatales por parte del Gobierno nacional, como la eliminación del Ministerio de la Mujer, la Línea 144 y el Programa Acercar Derechos, ha debilitado la capacidad de respuesta del Estado. “Los datos revelan que la violencia machista mantiene niveles alarmantes y exige respuestas estatales integrales, coordinadas y sostenidas en el tiempo”, enfatizó.

Finalmente, la senadora sostuvo que la declaración de emergencia es una herramienta necesaria para recomponer recursos presupuestarios y asegurar una respuesta federal ante la problemática.

“La situación actual denota el carácter urgente e indispensable de reforzar dispositivos fundamentales de asistencia y acompañamiento, promover campañas masivas de prevención, fortalecer áreas locales especializadas y garantizar el acceso efectivo a mecanismos de protección para mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo”, concluyó.

El exrugbier Patricio Albacete, quien integró el plantel de Los Pumas en 67 partidos, fue procesado por la Justicia en el marco de una causa por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas. La resolución judicial, que se dictó sin prisión preventiva, surge a raíz de la denuncia presentada por su exesposa, la modelo Pamela Pombo.

La investigación judicial logró acreditar al menos cinco hechos de violencia física y un episodio de hostigamiento. En el fallo, el magistrado consideró que los hechos denunciados no pueden analizarse de manera aislada, sino que forman parte de distintos episodios de agresión dentro de una dinámica de violencia sostenida en el tiempo, caracterizada por la intimidación y el control.

Como parte de la determinación, la Justicia dictó un embargo por 30 millones de pesos contra el exsegunda línea, quien participó en tres mundiales de rugby. La denuncia original, presentada a fines de abril, incluyó además una acusación por tentativa de homicidio agravado, tras un episodio de asfixia relatado por la denunciante.

Pamela Pombo difundió a través de sus redes sociales grabaciones que registran momentos de tensión y agresiones físicas sufridas en el ámbito doméstico. Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2024 en la localidad de Pilar, lugar donde residieron hasta que se produjo la separación.

La Mesa Intersectorial para la prevención y el abordaje de la violencia familiar y por razones de género del municipio de Tandil emitió un comunicado en el que expresó su rechazo al proyecto de ley sobre “falsas denuncias” que actualmente se encuentra en debate en el Congreso de la Nación. 

La iniciativa propuesta por la senadora de la UCR Carolina Losada  propone modificar el Código Penal para endurecer las sanciones relacionadas con las figuras de "falsas denuncias", "falso testimonio" y "encubrimiento" en contextos de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos contra la integridad sexual.

Desde el espacio local advirtieron que esta propuesta, que ya cuenta con dictamen favorable y se encamina a ser discutida en el Senado de la Nación, constituye un grave retroceso en materia de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

Según el documento difundido, la normativa representa un intento de silenciar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, cuestionando sistemáticamente la palabra de las víctimas y deslegitimando las políticas de género implementadas en los últimos años.

Para los integrantes de la Mesa, el proyecto no solo busca castigar, sino que funciona como una herramienta para desmantelar los mecanismos fundamentales de protección que el Estado ha construido. 

En este sentido, recordaron que el reconocimiento de la violencia de género y el abuso sexual como delitos contra la integridad de las personas fue el resultado de décadas de lucha por parte de organizaciones feministas, movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos.

El comunicado destacó que, recientemente, las víctimas han comenzado a sentirse acompañadas y cuidadas por las instituciones estatales al momento de formalizar una denuncia. Sin embargo, alertaron que estos avances, respaldados por estadísticas que enumeran a las víctimas por decenas, se encuentran hoy en peligro debido a una propuesta legislativa que, lejos de promover la justicia, intenta obstruir el acceso a la misma a través del miedo y la criminalización de la denuncia.

Además, la Mesa Intersectorial aportó datos técnicos para contrastar los argumentos que sostienen el proyecto de ley. 

Según señalaron, diversos estudios indican que las falsas denuncias en Argentina representan apenas el 0,3 por ciento del total. En contraposición, la problemática real reside en la falta de denuncias y en la impunidad persistente en los delitos de integridad sexual.

Se estima que, de cada mil abusos cometidos, solo se denuncian cien, lo que representa apenas el diez por ciento de los casos. La cifra se vuelve aún más alarmante al observar el proceso judicial: de ese universo, solo uno recibe condena, lo que equivale al 0,001 por ciento. 

"El problema no es la existencia de falsas denuncias, sino la falta de denuncias en estos casos", sentenciaron desde el organismo local, subrayando que el proyecto de ley ignora esta realidad estructural.

El rechazo de la entidad tandilense se fundamenta también en el riesgo de avalar un nuevo obstáculo para las presentaciones judiciales genuinas. El texto advirtió que se está "extorsionando con el castigo a quien se atreva a denunciar", lo cual genera un efecto disuasorio en delitos que, por su naturaleza, ya son extremadamente difíciles de llevar al ámbito judicial.

Además, el impacto de esta posible reforma no se limita a las víctimas directas, sino que se extiende a los profesionales de la salud, la educación y el ámbito social. Estos trabajadores tienen la obligación legal de denunciar ante cualquier sospecha de vulneración de derechos. Bajo un régimen que persiga penalmente las supuestas falsas denuncias, estos actores podrían verse condicionados o intimidados, lo que debilitaría sensiblemente las redes de cuidado y prevención territorial.

Frente a este escenario, la Mesa Intersectorial de Tandil reafirmó la necesidad de transitar el camino inverso al propuesto por el legislativo: fortalecer las políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia y el acompañamiento integral. 

El organismo instó a profundizar la formación con perspectiva de género y niñez en todos los niveles y poderes del Estado.

Finalmente, el comunicado hizo un llamado a la responsabilidad de los representantes legislativos, comprometiéndolos ante cualquier situación que pretenda devolver la violencia machista y el abuso en la infancia a la "esfera de lo indecible". 

La postura del espacio local fue muy clara: la protección de los derechos humanos debe primar sobre cualquier intento de retroceso normativo que ponga en duda la palabra de las víctimas.

Un alto jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue denunciado por violencia de género y quedó desafectado de sus funciones, tras un episodio ocurrido en el sur del conurbano bonaerense.

El hecho tuvo lugar en la localidad de El Pato, partido de Berazategui, donde la denunciante —una subteniente de la misma fuerza— acusó a su pareja, el comisario general Gastón Ghe, quien se desempeñaba como superintendente de Seguridad Vial.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, todo comenzó el 3 de mayo, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio tras un llamado por un conflicto de pareja. En esa primera intervención, la fiscalía dispuso actuaciones por “averiguación de ilícito”, sin adoptar medidas inmediatas.

Sin embargo, horas más tarde se produjo una nueva intervención, esta vez con participación de la Prefectura Naval Argentina. La mujer denunció que el jefe policial se presentó en su casa en estado de ebriedad, con una importante suma de dinero, y que la situación derivó en un forcejeo, amenazas de muerte e incluso manifestaciones de intención de suicidio por parte del acusado.

A partir de estos hechos, la Fiscalía especializada en violencia de género de Berazategui inició una causa por “lesiones y amenazas en concurso real”, y el expediente fue derivado a la comisaría de la Mujer y la Familia correspondiente.

En paralelo, se dispuso la desafectación inmediata del comisario y la apertura de actuaciones administrativas en el ámbito de Asuntos Internos de la fuerza. La medida también generó una serie de cambios en la estructura de la Policía Bonaerense, con nuevos nombramientos en áreas clave.

La investigación continúa en manos de la Justicia, mientras el caso vuelve a poner el foco sobre situaciones de violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad.

Un hombre que se mantuvo prófugo de la Justicia durante varios días acusado de asesinar y enterrar a su pareja en Claypole, cuyo cuerpo fue encontrado en el patio de su casa por el hijo de la víctima -de 12 años-, tras no tener novedades de su paradero durante una quincena, fue detenido por efectivos de la Policía bonaerense en la localidad de Merlo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que, en las últimas horas, se logró la detención de Brian Leandro Lesta, de 30 años, por el femicidio de Gisela Alejandra Ruocco, de 35, y su captura se logró luego de que vecinos lo vieran caminando en las inmediaciones del cruce de las calles Juncal y Balbín, en la citada localidad bonaerense. En sus denuncias, señalaron que lograron identificarlo por la difusión de imágenes en los medios de comunicación.

El hallazgo del cuerpo de la víctima sucedió el pasado sábado 18 de abril cuando uno de sus hijos se acercó hasta la casa en la que vivían su mamá y Lesta en Claypole, partido de Almirante Brown.

En su testimonial, el menor expuso que no tenía novedades de su mamá desde hacía quince días, que a comienzos de abril le consultó al acusado sobre su mamá y que el sujeto le respondió que no sabía dónde estaba, mientras que el adolescente contó que observó tierra removida en el patio.

Ante la falta de comunicación, el adolescente se acercó una vez más hasta la vivienda y allí Lesta le expresó que “nunca más” iba a ver a su mamá, por lo que el menor corrió hasta el patio, empezó a remover la tierra y observó un brazo que tenía un tatuaje confirmando que se trataba de su mamá.

De manera inmediata se realizó un operativo en el lugar y las autoridades constataron que el cuerpo de Ruocco “se encontraba en avanzado estado de descomposición y tenía un trapo colocado en la boca”.

La causa, a cargo de la UFI 17 de Lomas de Zamora, está caratulada como homicidio en contexto de género. (NA).

Un informe del Observatorio MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) relevó que en el primer trimestre de 2026 hubo 73 femicidios y 263 tentativas, concretándose un crimen por odio de género cada 29 horas.

"Este informe revela las formas más extremas de violencia de género ocurridas desde el 1º de enero al 30 de Marzo de 2026 en todo el territorio argentino", indica el documento, que fue elaborado "a partir del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, buscadores, sistema de alertas, seguimiento de organizaciones, portales especializados en género, feminismo, DDHH y policiales/forense".

Para sistematizar los datos, agrega, "se analizan y enumeran Femi(ni)cidios, Femi(ni)cidios Vinculados, Trans-Travesticidios, Lesbicidios, Feminicidios por narcotráfico y economías delictivas, Suicidios feminicidas, Femi(ni)cidios en grado de tentativa así como las muertes violentas de mujeres que están en proceso de investigación y otras muertes violentas asociadas al género".

En el primer trimestre de 2026 se registraron:

De acuerdo a las jurisdicciones en las que se cometieron los graves delitos y agresiones, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos: hubo 32 femicidios, 25 de los cuales fueron directos, dos vinculados de niño/varón, dos trans/travesticidios, y tres por narcotráfico y crimen oprganizado.

En relación al vínculo entre víctima y victimario, el documento revela que el 51% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas; el 16% por familiares (directos e indirectos); el 6% por otros hombres conocidos por la víctima (vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc); el 11% fue cometido por sicarios o bandas mafiosas; el 5% fue perpetrado por desconocidos; de un 11% no hay datos.

Además, el 9,5% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor. De las que denunciaron, el 50 % tenía orden de restricción de contacto o perimetral.

Respeto al lugar de los crímenes, el 64% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida; el 11% de los femicidios fueron en la vía pública; y el 3% de los femicidios fueron en la vivienda del victimario.

Las autoras del documento de la organización MuMaLá aclaran además los alcances de los términos utilizados. "Definimos Feminicidios y Feminicidios Vinculados a partir de los criterios aportados por las autoras pioneras feministas y en base a las recomendaciones internacionales", expresan. Y describen: “La muerte violenta de mujeres cuya causa principal es la existencia de relaciones asimétricas de poder por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

En esa línea, indican: "No obstante la legislación Argentina ha utilizado el término feminicidio para referirse a la problemática (Ley Nº 26.485 y Artículo 80, incisos 1°, 4°, 11 y 12 del Código Penal), es por ello que utilizaremos en el presente informe femi(ni)cidio y femicidios/feminicidios".