Néstor Ortigoza fue imputado este viernes por lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género, a raíz de una denuncia presentada en 2024 por su expareja, Lucila Cassiau. La fiscal María Lorena González, titular de la UFI N°3 de Ezeiza, determinó que existen motivos suficientes para sospechar que el dirigente de San Lorenzo participó en los hechos denunciados.

Fuentes judiciales confirmaron que el futbolista deberá comparecer a una indagatoria el 5 de agosto a las 10:00 en la sede fiscal. El expediente, que se inició hace dos años, cuenta con pruebas que incluyen registros fílmicos, fotografías, un informe psicológico y declaraciones testimoniales que ratifican la existencia de un marco de violencia.

Entre los testimonios clave se encuentra el de una mujer que trabajó durante 10 años con la pareja. La testigo relató un episodio ocurrido en el verano de 2015, cuando intervino para frenar una agresión física:

“Cuando entro, veo a Lucila tirada en el piso en posición fetal y Néstor pegándole patadas como si fuera una pelota. Lo único que me salió en ese momento fue agarrarlo de la parte del brazo y tirarlo para atrás. Le dije que por favor la deje, que la estaba matando”.

La testigo también recordó que, en aquel momento, el futbolista le gritó a Lucila: “Hija de puta, te voy a matar”. Según el expediente, la fiscal consideró probada la existencia de un contexto de convivencia donde se sucedieron diversos episodios de violencia verbal y física.

La movilización por Ni Una Menos volvió a reunir a una importante cantidad de personas en las calles de Tandil. Integrantes de organizaciones sociales, referentes feministas y vecinas que participaron de la jornada coincidieron en remarcar la necesidad de sostener las marchas, reclamar políticas públicas y visibilizar las distintas formas de violencia que atraviesan mujeres y disidencias.

Una de las mujeres que brindó su testimonio fue la reconocida cantante tandilense July James, quien describió la jornada como “muy emocionante” y subrayó la importancia de mantener viva la movilización social a nivel local. “Hemos vivido la marcha de una forma muy emocionante. Es muy importante no olvidar y seguir haciendo estas movilizaciones, para que la lucha no quede en el olvido”, indicó en diálogo con El Eco de Tandil.

También expresó una mirada esperanzadora desde su experiencia personal y su rol como madre: “Tenemos esperanza. Con mis 36 años, esta no es mi primera marcha, hemos marchado muchas veces por diferentes motivos. Hoy me interpela desde un lugar de madre, con la responsabilidad de criar un niño que sea consciente a la hora de tratar con las mujeres”.

“De todas las que estamos acá, estoy segura de que no hay ni una sola mujer que no haya pasado por un momento violento en su vida. Basta. Hoy no hay política, no hay espacio para hablar de otras cuestiones. Hoy luchamos por todas nosotras para que no vuelva a suceder”, concluyó.

Paula Silva, referente del colectivo Malajunta y Casa Violeta, sostuvo que la convocatoria estuvo atravesada por el enojo frente a la persistencia de la violencia de género. “Estamos hartas de que cada 31 horas nos roben a una de nosotras”, declaró. 

En ese sentido, cuestionó el clima político y social actual: “Salimos con mucha bronca porque este Gobierno no hace más que propagar discursos de odio contra las mujeres, disidencias y feminismos. Todo el sistema está completamente en nuestra contra”.

Silva afirmó que el movimiento continuará ocupando el espacio público. “Nos vamos a seguir organizando y tomando las calles”, certificó. También destacó el aspecto colectivo y emocional de la movilización: “El fuego, la magia y el poder que te deja ver que estamos todas es una alegría inmensa”.

“La pelea no está terminada. Tenemos que seguir luchando en nuestras casas, en las calles, en el trabajo, en todos lados. Necesitamos que los varones dejen de callarse y mirar para otro lado, porque la lucha los compete como a toda la sociedad. Que dejen de ser cómplices”, finalizó.

Por otra parte, Micaela Herrera señaló que la movilización se realizó en un contexto de fuerte conmoción social y reclamó mayor presencia estatal. “Hoy salimos, como todos los 3 de junio, pero particularmente la conmoción de este último tiempo es brutal. Faltan políticas públicas, no están habiendo respuestas y las que tanto nos costaron construir están siendo desfinanciadas”, señaló.

Además, valoró la participación de distintos sectores de la comunidad: “Es esperanzador de que vengan muchas personas, que vengan varones también y que se pueda entender lo que implica el sistema patriarcal”. Sobre las demandas de la jornada, indicó que “lo que se buscan son respuestas. Necesitamos más Estado, donde el poco Estado que nos queda es responsable de que lo está pasando”.

Finalmente, Erica Lanzini destacó el carácter masivo de la convocatoria y el compromiso de la comunidad tandilense. “Volvemos a convocarnos en las calles para marchar contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, las niñas, las adolescentes y las disidencias”, manifestó la referente de la Mesa Intersectorial para la Prevención y el Abordaje de la Violencia Familiar y por Razones de Género. “Ha sido una convocatoria masiva, después de aquella masividad increíble que ha sido aquella movilización en 2015”, subrayó posteriormente.

Lanzini también resaltó la presencia de hombres en la movilización, al referirse a “los varones que acompañan y se comprometen con la transformación de la forma de vincularnos”. En esa línea, definió la marcha como una “jornada que da cuenta que vivimos en una ciudad muy comprometida con lograr mejores condiciones de vida para todos y todas”.

Finalmente, agradeció la participación ciudadana y reiteró el reclamo de políticas públicas sostenidas: “Es muy importante saber que hay tantas personas comprometidas con una vida sin violencias, por lo que tenemos que trabajar en todos los ámbitos donde se produce. Seguimos insistiendo en la responsabilidad del Estado, donde a nivel municipal y provincial lo vienen sosteniendo, pero con un reclamo muy fuerte hacia el Gobierno nacional”.

De esta forma, la marcha de Ni Una Menos en Tandil volvió a dejar como eje central el reclamo por una vida libre de violencias, con demandas dirigidas al Estado y a la sociedad en su conjunto para profundizar las acciones de prevención y transformación cultural.

Este miércoles 3 de junio, en el marco del undécimo aniversario de Ni Una Menos y a pocos días del femicidio de Agostina Vega, de 14 años, distintas figuras del espectáculo argentino compartieron reflexiones sobre la violencia de género. Entre ellas, la actriz Rocío Igarzábal decidió alzar la voz al relatar una traumática vivencia de su niñez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 914 mil seguidores, la artista se sumó a la conmemoración mediante una publicación compuesta por fotografías de su infancia y un crudo testimonio. En el epígrafe del posteo, Igarzábal escribió:

“Por mi Rochi de cinco años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #niunamenos”

La actriz develó que el agresor era una persona de su entorno de confianza.

“Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años. Por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años”,

manifestó al hacer alusión a la postal que eligió para abrir su carrusel en la red social.

A partir de los recuerdos compartidos, la actriz profundizó sobre las secuelas que afrontó:

“Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios y me quedé callada”.

Según detalló, le llevó gran parte de su adolescencia y juventud procesar lo ocurrido, logrando ponerlo en palabras recién en su etapa adulta debido a la vergüenza y el miedo.

Pese a la angustia que le genera mirar sus fotos de la infancia, Rocío Igarzábal destacó que logró reconstruirse.

“Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir”, subrayó. No obstante, concluyó con un mensaje de lucha al recordar a aquellas mujeres y niñas que no pudieron sobrevivir a situaciones de violencia:

“Hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar”.

La fiscal María Verónica Ballari de Rosario será suspendida por tener demoras en un expediente en violencia de género que terminó en el femicidio de la enfermera Ailén Ayelén Oggero a mediados de febrero de 2025 y este jueves habrá una Asamblea Legislativa donde se tomará la decisión.

Desde hacía tiempo Oggero venía denunciando a su expareja, Jonathan Omill, por diversos episodios de violencia y hostigamiento. Sin embargo, las acusaciones no fueron escuchadas y, a comienzos del año pasado, fue asesinada a balazos cuando salía de su casa del barrio Belgrano para ir a trabajar al Hospital Centenario.

Este jueves se llevará a cabo una asamblea tras una recomendación por parte de la Comisión de Acuerdos y se estableció que, si deciden suspender a la fiscal, la medida será por tres meses y sin goce de sueldo.

La familia de Oggero sostiene desde un comienzo que la fiscalía tenía varias denuncias realizadas por la víctima, pero que ninguna fue escuchada, lo que permitió que su caso concluya con su brutal asesinato.

Hasta el momento la causa no tiene avances significativos, mientras que, horas después del femicidio, Omill fue detenido e imputado por la fiscal en cuestión por delitos vinculados a la violencia de género ejercida, pero no por el crimen. En marzo de ese año, fue condenado mediante un juicio abreviado a cuatro años y seis meses de prisión por esos hechos.

Acerca de la investigación por el femicidio se encuentra paralizada debido a que la Justicia todavía no logra saber quién es el culpable. Entre las hipótesis se baraja que Omill la mató, mientras que otra es que hubo un instigador y un ejecutor. (NA).

A once años de la histórica movilización que marcó un punto de inflexión en la lucha contra las violencias por motivos de género en Argentina, este miércoles por la tarde Tandil volvió a ser escenario de una multitudinaria convocatoria bajo la consigna "Ni Una Menos".

La movilización, impulsada por la Asamblea Transfeminista de Tandil, reunió a integrantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y vecinos autoconvocados que se concentraron en el centro de la ciudad para luego marchar por las calles con banderas, pancartas y carteles con consignas contra la violencia machista. A lo largo del recorrido se escucharon cánticos reclamando justicia por las víctimas de femicidios y exigiendo la implementación de políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género.

La columna avanzó acompañada por referentes de distintos espacios y por familias que se sumaron a la convocatoria. Durante el trayecto, las manifestantes realizaron intervenciones y recordaron que el movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 como respuesta a la creciente cantidad de femicidios en el país y que, más de una década después, los reclamos continúan vigentes.

Durante la jornada, las organizaciones recordaron a las víctimas de femicidios, transfemicidios, lesbicidios y crímenes de odio, al tiempo que reclamaron justicia por casos recientes que conmocionaron al país. Entre los nombres mencionados estuvieron Agostina, Dulce y Noelia, además de otras mujeres y disidencias víctimas de distintas formas de violencia.

La movilización culminó con un acto y la lectura de un documento consensuado por las organizaciones participantes. Allí se hizo un repaso de los once años transcurridos desde la primera marcha y se destacó la importancia de sostener la organización colectiva frente a un contexto que, según señalaron, presenta retrocesos en materia de derechos y protección para mujeres y diversidades.

En el documento leído al finalizar la marcha, las agrupaciones señalaron que desde el primer Ni Una Menos, realizado el 3 de junio de 2015, se registraron miles de femicidios y crímenes por razones de género en el país. También expresaron preocupación por el desfinanciamiento de programas de asistencia y prevención, así como por el incumplimiento de normativas destinadas a proteger a mujeres y diversidades.

Entre los principales reclamos, se cuestionaron iniciativas vinculadas a las supuestas "falsas denuncias" de las víctimas y se advirtió sobre el impacto que podrían tener en el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género. “Las mujeres y disidencias no mentimos, los mentirosos son el Presidente y su gobierno” sostuvieron. Asimismo, se denunció la persistencia de prácticas judiciales y mediáticas que revictimizan a quienes denuncian agresiones.

La Asamblea también puso el foco en otras problemáticas, como la violencia digital, los obstáculos para acceder a derechos sexuales y reproductivos, la situación de las infancias y adolescencias, y las consecuencias sociales de la crisis económica. Durante la lectura se reclamó la implementación de la Ley Olimpia, el fortalecimiento de las políticas de salud mental y el sostenimiento de programas de acompañamiento a víctimas, a partir se las siguientes palabras: 

La violencia digital también es violencia de género. Esta violencia aparece en la vida de les adolescentes como moneda corriente donde las pibas son las más afectadas. Se difunden sus fotos, se editan sus cuerpos, y mientras esto ocurre, son señaladas, culpabilizadas y aisladas, profundizando su sufrimiento. No se trata solamente de lo que pasa detrás de una pantalla. El hostigamiento, la difusión no consentida de imágenes, las amenazas, la suplantación de identidad y los discursos de odio, tienen consecuencias sobre nuestros vínculos y nuestras vidas.

Además, el documento vinculó la lucha contra las violencias de género con otros debates sociales y políticos, incluyendo la defensa de la democracia, el acceso a derechos laborales, la educación pública y las problemáticas ambientales.

La actividad concluyó con la lectura colectiva de las consignas que dieron origen al movimiento y que siguen vigentes once años después: "Ni Una Menos", "Paren de matarnos" y "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", reafirmando el compromiso de las organizaciones locales de continuar visibilizando las violencias y exigiendo respuestas concretas por parte del Estado.

La senadora bonaerense del bloque Fuerza Patria, Mónica Macha, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para que la administración de Javier Milei declare la emergencia nacional por violencia de género. La iniciativa surge tras el femicidio de Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada en Córdoba.

Al fundamentar su pedido, la legisladora cuestionó duramente el accionar del Poder Judicial y del Gobierno nacional. “Seguimos siendo asesinadas ante la indiferencia y la impunidad de un Poder Judicial, fiscales misóginos y cómplices, seguimos siendo el blanco de odio del Gobierno nacional, lo que primero que hicieron fue poner en duda nuestras voces y las de las infancias”, remarcó Macha.

La senadora advirtió que, en los últimos días, se registraron además los femicidios de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en la localidad misionera de Eldorado, y el de Noelia Carolina Rivero, de 30 años, en Temperley. “Estos crímenes generan una profunda conmoción pública y renuevan el reclamo social por mayores mecanismos de prevención, protección y acompañamiento para niñas y adolescentes, expuestas a situaciones de violencia”, resaltó.

Citando un informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, la legisladora señaló que durante 2024 se registraron 247 víctimas letales de violencia de género. De ese total, 228 fueron víctimas directas de femicidio y 19 de femicidios vinculados, lo que equivale a una mujer asesinada cada 39 horas en la República Argentina.

Macha denunció que el desmantelamiento de estructuras estatales por parte del Gobierno nacional, como la eliminación del Ministerio de la Mujer, la Línea 144 y el Programa Acercar Derechos, ha debilitado la capacidad de respuesta del Estado. “Los datos revelan que la violencia machista mantiene niveles alarmantes y exige respuestas estatales integrales, coordinadas y sostenidas en el tiempo”, enfatizó.

Finalmente, la senadora sostuvo que la declaración de emergencia es una herramienta necesaria para recomponer recursos presupuestarios y asegurar una respuesta federal ante la problemática.

“La situación actual denota el carácter urgente e indispensable de reforzar dispositivos fundamentales de asistencia y acompañamiento, promover campañas masivas de prevención, fortalecer áreas locales especializadas y garantizar el acceso efectivo a mecanismos de protección para mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo”, concluyó.

El exrugbier Patricio Albacete, quien integró el plantel de Los Pumas en 67 partidos, fue procesado por la Justicia en el marco de una causa por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas. La resolución judicial, que se dictó sin prisión preventiva, surge a raíz de la denuncia presentada por su exesposa, la modelo Pamela Pombo.

La investigación judicial logró acreditar al menos cinco hechos de violencia física y un episodio de hostigamiento. En el fallo, el magistrado consideró que los hechos denunciados no pueden analizarse de manera aislada, sino que forman parte de distintos episodios de agresión dentro de una dinámica de violencia sostenida en el tiempo, caracterizada por la intimidación y el control.

Como parte de la determinación, la Justicia dictó un embargo por 30 millones de pesos contra el exsegunda línea, quien participó en tres mundiales de rugby. La denuncia original, presentada a fines de abril, incluyó además una acusación por tentativa de homicidio agravado, tras un episodio de asfixia relatado por la denunciante.

Pamela Pombo difundió a través de sus redes sociales grabaciones que registran momentos de tensión y agresiones físicas sufridas en el ámbito doméstico. Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2024 en la localidad de Pilar, lugar donde residieron hasta que se produjo la separación.

La Mesa Intersectorial para la prevención y el abordaje de la violencia familiar y por razones de género del municipio de Tandil emitió un comunicado en el que expresó su rechazo al proyecto de ley sobre “falsas denuncias” que actualmente se encuentra en debate en el Congreso de la Nación. 

La iniciativa propuesta por la senadora de la UCR Carolina Losada  propone modificar el Código Penal para endurecer las sanciones relacionadas con las figuras de "falsas denuncias", "falso testimonio" y "encubrimiento" en contextos de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos contra la integridad sexual.

Desde el espacio local advirtieron que esta propuesta, que ya cuenta con dictamen favorable y se encamina a ser discutida en el Senado de la Nación, constituye un grave retroceso en materia de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

Según el documento difundido, la normativa representa un intento de silenciar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, cuestionando sistemáticamente la palabra de las víctimas y deslegitimando las políticas de género implementadas en los últimos años.

Para los integrantes de la Mesa, el proyecto no solo busca castigar, sino que funciona como una herramienta para desmantelar los mecanismos fundamentales de protección que el Estado ha construido. 

En este sentido, recordaron que el reconocimiento de la violencia de género y el abuso sexual como delitos contra la integridad de las personas fue el resultado de décadas de lucha por parte de organizaciones feministas, movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos.

El comunicado destacó que, recientemente, las víctimas han comenzado a sentirse acompañadas y cuidadas por las instituciones estatales al momento de formalizar una denuncia. Sin embargo, alertaron que estos avances, respaldados por estadísticas que enumeran a las víctimas por decenas, se encuentran hoy en peligro debido a una propuesta legislativa que, lejos de promover la justicia, intenta obstruir el acceso a la misma a través del miedo y la criminalización de la denuncia.

Además, la Mesa Intersectorial aportó datos técnicos para contrastar los argumentos que sostienen el proyecto de ley. 

Según señalaron, diversos estudios indican que las falsas denuncias en Argentina representan apenas el 0,3 por ciento del total. En contraposición, la problemática real reside en la falta de denuncias y en la impunidad persistente en los delitos de integridad sexual.

Se estima que, de cada mil abusos cometidos, solo se denuncian cien, lo que representa apenas el diez por ciento de los casos. La cifra se vuelve aún más alarmante al observar el proceso judicial: de ese universo, solo uno recibe condena, lo que equivale al 0,001 por ciento. 

"El problema no es la existencia de falsas denuncias, sino la falta de denuncias en estos casos", sentenciaron desde el organismo local, subrayando que el proyecto de ley ignora esta realidad estructural.

El rechazo de la entidad tandilense se fundamenta también en el riesgo de avalar un nuevo obstáculo para las presentaciones judiciales genuinas. El texto advirtió que se está "extorsionando con el castigo a quien se atreva a denunciar", lo cual genera un efecto disuasorio en delitos que, por su naturaleza, ya son extremadamente difíciles de llevar al ámbito judicial.

Además, el impacto de esta posible reforma no se limita a las víctimas directas, sino que se extiende a los profesionales de la salud, la educación y el ámbito social. Estos trabajadores tienen la obligación legal de denunciar ante cualquier sospecha de vulneración de derechos. Bajo un régimen que persiga penalmente las supuestas falsas denuncias, estos actores podrían verse condicionados o intimidados, lo que debilitaría sensiblemente las redes de cuidado y prevención territorial.

Frente a este escenario, la Mesa Intersectorial de Tandil reafirmó la necesidad de transitar el camino inverso al propuesto por el legislativo: fortalecer las políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia y el acompañamiento integral. 

El organismo instó a profundizar la formación con perspectiva de género y niñez en todos los niveles y poderes del Estado.

Finalmente, el comunicado hizo un llamado a la responsabilidad de los representantes legislativos, comprometiéndolos ante cualquier situación que pretenda devolver la violencia machista y el abuso en la infancia a la "esfera de lo indecible". 

La postura del espacio local fue muy clara: la protección de los derechos humanos debe primar sobre cualquier intento de retroceso normativo que ponga en duda la palabra de las víctimas.

Un alto jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue denunciado por violencia de género y quedó desafectado de sus funciones, tras un episodio ocurrido en el sur del conurbano bonaerense.

El hecho tuvo lugar en la localidad de El Pato, partido de Berazategui, donde la denunciante —una subteniente de la misma fuerza— acusó a su pareja, el comisario general Gastón Ghe, quien se desempeñaba como superintendente de Seguridad Vial.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, todo comenzó el 3 de mayo, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio tras un llamado por un conflicto de pareja. En esa primera intervención, la fiscalía dispuso actuaciones por “averiguación de ilícito”, sin adoptar medidas inmediatas.

Sin embargo, horas más tarde se produjo una nueva intervención, esta vez con participación de la Prefectura Naval Argentina. La mujer denunció que el jefe policial se presentó en su casa en estado de ebriedad, con una importante suma de dinero, y que la situación derivó en un forcejeo, amenazas de muerte e incluso manifestaciones de intención de suicidio por parte del acusado.

A partir de estos hechos, la Fiscalía especializada en violencia de género de Berazategui inició una causa por “lesiones y amenazas en concurso real”, y el expediente fue derivado a la comisaría de la Mujer y la Familia correspondiente.

En paralelo, se dispuso la desafectación inmediata del comisario y la apertura de actuaciones administrativas en el ámbito de Asuntos Internos de la fuerza. La medida también generó una serie de cambios en la estructura de la Policía Bonaerense, con nuevos nombramientos en áreas clave.

La investigación continúa en manos de la Justicia, mientras el caso vuelve a poner el foco sobre situaciones de violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad.

Un hombre que se mantuvo prófugo de la Justicia durante varios días acusado de asesinar y enterrar a su pareja en Claypole, cuyo cuerpo fue encontrado en el patio de su casa por el hijo de la víctima -de 12 años-, tras no tener novedades de su paradero durante una quincena, fue detenido por efectivos de la Policía bonaerense en la localidad de Merlo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que, en las últimas horas, se logró la detención de Brian Leandro Lesta, de 30 años, por el femicidio de Gisela Alejandra Ruocco, de 35, y su captura se logró luego de que vecinos lo vieran caminando en las inmediaciones del cruce de las calles Juncal y Balbín, en la citada localidad bonaerense. En sus denuncias, señalaron que lograron identificarlo por la difusión de imágenes en los medios de comunicación.

El hallazgo del cuerpo de la víctima sucedió el pasado sábado 18 de abril cuando uno de sus hijos se acercó hasta la casa en la que vivían su mamá y Lesta en Claypole, partido de Almirante Brown.

En su testimonial, el menor expuso que no tenía novedades de su mamá desde hacía quince días, que a comienzos de abril le consultó al acusado sobre su mamá y que el sujeto le respondió que no sabía dónde estaba, mientras que el adolescente contó que observó tierra removida en el patio.

Ante la falta de comunicación, el adolescente se acercó una vez más hasta la vivienda y allí Lesta le expresó que “nunca más” iba a ver a su mamá, por lo que el menor corrió hasta el patio, empezó a remover la tierra y observó un brazo que tenía un tatuaje confirmando que se trataba de su mamá.

De manera inmediata se realizó un operativo en el lugar y las autoridades constataron que el cuerpo de Ruocco “se encontraba en avanzado estado de descomposición y tenía un trapo colocado en la boca”.

La causa, a cargo de la UFI 17 de Lomas de Zamora, está caratulada como homicidio en contexto de género. (NA).

Un informe del Observatorio MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) relevó que en el primer trimestre de 2026 hubo 73 femicidios y 263 tentativas, concretándose un crimen por odio de género cada 29 horas.

"Este informe revela las formas más extremas de violencia de género ocurridas desde el 1º de enero al 30 de Marzo de 2026 en todo el territorio argentino", indica el documento, que fue elaborado "a partir del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, buscadores, sistema de alertas, seguimiento de organizaciones, portales especializados en género, feminismo, DDHH y policiales/forense".

Para sistematizar los datos, agrega, "se analizan y enumeran Femi(ni)cidios, Femi(ni)cidios Vinculados, Trans-Travesticidios, Lesbicidios, Feminicidios por narcotráfico y economías delictivas, Suicidios feminicidas, Femi(ni)cidios en grado de tentativa así como las muertes violentas de mujeres que están en proceso de investigación y otras muertes violentas asociadas al género".

En el primer trimestre de 2026 se registraron:

De acuerdo a las jurisdicciones en las que se cometieron los graves delitos y agresiones, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos: hubo 32 femicidios, 25 de los cuales fueron directos, dos vinculados de niño/varón, dos trans/travesticidios, y tres por narcotráfico y crimen oprganizado.

En relación al vínculo entre víctima y victimario, el documento revela que el 51% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas; el 16% por familiares (directos e indirectos); el 6% por otros hombres conocidos por la víctima (vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc); el 11% fue cometido por sicarios o bandas mafiosas; el 5% fue perpetrado por desconocidos; de un 11% no hay datos.

Además, el 9,5% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor. De las que denunciaron, el 50 % tenía orden de restricción de contacto o perimetral.

Respeto al lugar de los crímenes, el 64% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida; el 11% de los femicidios fueron en la vía pública; y el 3% de los femicidios fueron en la vivienda del victimario.

Las autoras del documento de la organización MuMaLá aclaran además los alcances de los términos utilizados. "Definimos Feminicidios y Feminicidios Vinculados a partir de los criterios aportados por las autoras pioneras feministas y en base a las recomendaciones internacionales", expresan. Y describen: “La muerte violenta de mujeres cuya causa principal es la existencia de relaciones asimétricas de poder por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

En esa línea, indican: "No obstante la legislación Argentina ha utilizado el término feminicidio para referirse a la problemática (Ley Nº 26.485 y Artículo 80, incisos 1°, 4°, 11 y 12 del Código Penal), es por ello que utilizaremos en el presente informe femi(ni)cidio y femicidios/feminicidios".

El diputado provincial del bloque de Unión por la Patria, Ricardo Lissalde, presentó esta semana un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para que todas las líneas de colectivo urbanas e interurbanas cuenten con un boleto gratuito destinado a personas en situación de violencia de género.

En la normativa, el legislador advirtió por la situación de vulnerabilidad económica que atraviesan muchas mujeres cuando son alejadas de sus agresores. Lissalde resaltó que la movilidad es un factor clave para que las víctimas puedan sostener sus redes y avanzar en procesos judiciales.

“Además las mujeres deben trasladarse a diario para continuar las acciones judiciales de su eventual denuncia, mantener o buscar trabajo, continuar llevando a sus hijos a la escuela, entre otros tipos de trámites, que, en un contexto de vulneración se les dificulta”, graficó el legislador.

En ese marco, el proyecto solicita que el Estado proporcione la gratuidad del boleto de colectivo por un tiempo determinado, establecido en 6 meses con posibilidad de prórroga, mientras la persona continúe atravesando una situación de violencia. La iniciativa propone que el beneficio se aplique en todas las líneas de la provincia de Buenos Aires, sin distinción de días hábiles, no hábiles o feriados.

El referente del Frente Renovador señaló que las delegaciones en convenio con las oficinas de cada Municipalidad deberán elaborar un certificado para que cada beneficiaria pueda acreditar el acceso a la gratuidad. Al respecto, Lissalde alegó que un alto porcentaje de las víctimas están desocupadas y tienen grandes dificultades económicas, por lo que la medida es una "necesidad imperiosa".

Finalmente, el autor de la propuesta remarcó que el objetivo central es fomentar la autonomía de quienes sufren este flagelo.

“La única forma efectiva para que una persona en esta situación pueda salir del círculo de violencia es a través de la independencia económica, es en esa dirección que el proyecto apunta a sumarse a los beneficios que actualmente asisten y acompañan”, concluyó Lissalde.

 En medio de un escenario de estricto hermetismo investigativo, dadas las connotaciones del caso, se vivieron días de extrema zozobra en la ciudad y en localidades vecinas a raíz de un grave suceso de violencia de género que, gracias a la eficaz labor policial, logró desactivarse sin que se lamentaran víctimas fatales.

El hermetismo impuesto por la pesquisa se disipó ayer por la mañana, cuando se confirmó el desenlace satisfactorio de la intervención policial y judicial.

Todo comenzó con la irascible reacción de un tandilense que desoyó una medida judicial, raptó a su expareja y se atrincheró en un establecimiento rural en la vecina localidad de Rauch. Allí, tras unas nueve horas de negociaciones, los uniformados y los grupos especializados lograron poner a salvo a los rehenes y apresar al agresor.

Pero antes de esas horas, hubo otros tantos días en los que una tarea silenciosa procuró dar con el paradero del sujeto buscado. Este se había quitado la tobillera electrónica que la Justicia le había concedido tras permanecer detenido por la denuncia de su expareja, quien lo acusaba de abuso sexual.

En un contexto complejo de violencia de género, aquella denuncia, que motivó la detención de Corsi en septiembre del año pasado, derivó en presentaciones judiciales apoyadas incluso por su propio entorno familiar, que solicitó la morigeración de Jairo Saúl Corsi, de 48 años, el hombre acusado de abuso sexual y amenazas agravadas.

Ante dicha instancia, la Justicia concedió en enero su arresto domiciliario, ya que los propios integrantes de la familia solicitaron que mantuviera su actividad laboral al ser el sustento del grupo familiar.

Siguiendo los pasos procesales, Corsi se atuvo al régimen con la tobillera electrónica, asistiendo incluso a las pericias psicológica y psiquiátrica solicitadas. Al día siguiente de dicha diligencia, a la que acudió en Azul, por razones aún indescifrables, se arrancó la tobillera. Esto fue alertado por el Servicio Penitenciario, que realiza el correspondiente monitoreo del sistema.

Desde aquel instante comenzó un periplo que aún se procura establecer, en medio de un pedido de captura, hasta que el viernes pasado se recibió un llamado de alerta de su expareja, quien lo había denunciado, informando que había sido raptada por el agresor.

A partir de allí, se activó el protocolo policial: búsqueda desesperada, rastreo de antenas telefónicas, seguimiento de cámaras en Tandil y ciudades limítrofes, hasta dar con su paradero.

El operativo incluyó horas de extrema tensión, disparos al aire, amenazas de muerte, amenazas con pistola en la cabeza, negociaciones y, finalmente, la aprehensión informada.

Según se informó en las últimas horas, luego de un amplio operativo policial en la región, el personal del Grupo Halcón logró reducir ayer por la mañana al hombre que se encontraba atrincherado en un establecimiento rural del partido de Rauch.

En el procedimiento también se concretó la liberación de la víctima, y previamente la de varios menores que se hallaban en dicha propiedad.

El suceso se había iniciado durante la tarde del domingo en Tandil, cuando Corsi —quien cumplía una morigeración de prisión preventiva por abuso sexual y amenazas— se fugó de su domicilio llevándose contra su voluntad a la mujer, según informaron fuentes oficiales. A partir de allí, el seguimiento de antenas telefónicas permitió establecer que ambos se encontraban en jurisdicción de Rauch.

Previamente, se había rastreado su ubicación en localidades rurales de la zona como Juan N. Fernández y San Manuel, e incluso se detectó su paso por Tandil, en la zona de Don Bosco y el peaje de La Vasconia.

Según se confió, por su actividad laboral, Corsi poseería un gran conocimiento de los caminos rurales, lo que le habría permitido eludir las principales rutas que unen a las ciudades de la zona.

Sobre la labor policial, se destacó la primera intervención de los uniformados de Rauch, quienes lograron contener al agresor para evitar una tragedia hasta que arribara el grupo especializado Halcón, cuyo mediador completó la tarea de salvamento.

El epicentro del operativo se centró en el establecimiento tambero La Lonja, ubicado sobre la Ruta Provincial 50, a pocos kilómetros de la rotonda Di Candilo. Allí, el imputado se atrincheró armado con un revólver y amenazó con quitarse la vida ante una eventual intervención.

Cabe reseñar que el 5 de septiembre pasado, la mujer denunció en la Comisaría de la Mujer y en la fiscalía que su expareja Jairo Corsi la llevó hasta un campo donde la amenazó con un cuchillo para abusarla sexualmente.

Ante el testimonio, la Justicia ordenó la detención del señalado, a quien se le imputaron los delitos de abuso sexual y amenazas agravadas.

Tras el recurso presentado por la defensa, con el apoyo de toda la familia, el acusado quedó con prisión domiciliaria en una casa del pasaje Catriel al 200, con una tobillera electrónica.

Bajo el procesamiento vigente, el apresado acudió a las pericias oficiales citadas en párrafos anteriores, hasta que al día siguiente se arrancó la tobillera, lo que activó la alarma en el Servicio Penitenciario, que dio aviso de la situación. Allí se activó un pedido de captura, solicitado por el fiscal Marcos Eguzquiza y avalado por el Juzgado de Garantías.

En paralelo, con el correr de los días, se tomó conocimiento de la ausencia de la mujer, lo cual activó una instrucción por averiguación de paradero. Sin embargo, aún había pocas certezas sobre lo ocurrido, e incluso circulaban versiones y especulaciones cruzadas en el propio entorno familiar.

Hasta que el viernes pasado, un llamado al 101 desde una estación de servicio ubicada en Juan N. Fernández (Partido de Necochea) alertó. En él, una mujer avisaba que su expareja, quien debía estar en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, la había privado de su libertad.

Activados los operativos de búsqueda, primeramente se logró determinar que el prófugo circulaba en una camioneta Ford Ranger. Por los impactos de las antenas de los teléfonos, se los ubicó en San Manuel, localidad de Lobería, al día siguiente del pedido de auxilio de la mujer. Posteriormente, se encontró la camioneta pick-up atrapada en un zanjón de un camino vecinal, posiblemente estancada debido al mal estado del camino tras el fuerte temporal sabatino.

Luego, se logró divisar al buscado a bordo de una motocicleta, más precisamente una Kawasaki de color negro, rumbo a la ciudad de Rauch.

Finalmente, ayer a la madrugada, el personal policial halló al prófugo y la víctima en el establecimiento rural citado.

Una vez allí, Corsi advirtió la presencia policial y se atrincheró, tomando a su expareja como rehén revólver en mano.

También había un trío de jóvenes en dicha propiedad, quienes fueron rápidamente liberados tras la insistencia de los efectivos y la voluntad del imputado.

Sin embargo, las horas corrieron. Corsi disparó al aire, se enfrentó verbalmente con los policías e incluso se puso la pistola en la sien, amenazando con quitarse la vida. Finalmente, llegó el Grupo Halcón, y el mediador logró desgastar al agresor. En un instante de distracción y tras nueve horas de extrema tensión, irrumpieron en la casa y lograron capturar a Corsi, quien había dejado el revólver calibre 22 a su lado sobre una mesa.

Mientras Corsi permanece detenido, los investigadores esperarán que la víctima se encuentre en condiciones físicas y psicológicas para prestar declaración, esclarecer los pormenores de lo que sufrió y determinar las consecuencias penales para el imputado.

Hasta aquí, este volvió tras las rejas por el delito primigenio (abuso sexual), con el agravante de haberse evadido y por la tenencia de un arma de uso civil, a la espera de imputarle nuevos delitos una vez que la mujer pueda exteriorizar lo sufrido.

De acuerdo a un informe del observatorio de la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), en lo que va de 2026 - del 1º de enero al 8 de marzo - se han registrado en el país 48 víctimas de feminicidios, es decir, crímenes por cuestiones de género en los que han perdido la vida mujeres, lesbianas, travestis y trans en Argentina. Estos 48 casos dejaron, a su vez, 24 niños, niñas y adolescentes sin madre.

Este número asume que muere por motivos de odio patriarcal 1 persona cada 33 horas, y se desagrega de la siguiente manera: 37 femicidios directos; 3 femicidios vinculados; cuatro crímenes por narcotráfico y crimen organizado; 2 trans/travesticidios y 2 suicidios femicidas.

En tanto, la provincia de Buenos Aires es la que suma la cifra más preocupante de las distintas jurisdicciones del país: han ocurrido 25 de los 48 casos mencionados.

El informe de MuMaLá indica también que se produjeron 183 intentos de femicidios y que, de todos los casos, el promedio de edad de las víctimas es 35 años.

El 59% fue asesinada en su casa, al tiempo que el 12% había denunciado a su agresor con anterioridad.

"La eliminación de políticas públicas, los discursos negacionistas y de odio de género del gobierno nacional, generan obstáculos para el acceso a la justicia y al derecho de vivir libres de violencias", expresaron desde MuMaLá con motivo del 8 de marzo, que conmemora el Día de la Mujer Trabajadora y de la desigualdad estructural que plantea el sistema capitalista.

"Este 8 de marzo también gritamos #NiUnaMenos. La violencia no es inevitable; es política! Exigimos la inmediata Declaración de Emergencia Nacional, restituir y priorizar recursos humanos y económicos. No es momento de recortes, es momento de salvar vidas", precisaron.

El informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género comprende todas las causas iniciadas por delitos consignados en el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG) del Ministerio Público y todos los hechos de femicidios.

Para elaborar los datos relativos a femicidios, se analizaron todos los procesos penales iniciados en el año 2025 en la provincia de Buenos Aires, en los que se investigaron muertes violentas de mujeres y mujeres trans/travestis, hayan o no recibido la calificación jurídica de femicidio del artículo 80 inciso 11 del Código Penal. Luego, se examinó exhaustivamente cada causa a fin de determinar la existencia indicadores de violencia de género en el hecho.

Con relación al Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, los datos oficiales muestran que durante el 2025 se iniciaron un total de 146.046 procesos penales de violencia familiar y/o de género (incluyendo los procesos penales iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y en el Fuero Criminal y Correccional). Ello representa el 14,1% del total de procesos penales iniciados durante el transcurso del año (1.035.350, datos provisorios).

Los departamentos judiciales con mayor número de procesos penales fueron San Martín (23.483) y Lomas de Zamora (19.304), en tanto Necochea (1.006) y Pergamino (1.829) fueron los que registraron un menor número de procesos penales asignados al REVIFAG iniciados durante el 2025.

Asimismo, se pudo advertir que del total de las víctimas registradas (147.902), el 73,9% fueron de sexo femenino; mientras que en el 88% de las causas donde se consignaron víctimas femeninas, los imputados/sindicados eran de sexo masculino.

Por otra parte, con relación a los delitos denunciados en el marco de estos procesos penales, se advierte que el 27,7% se corresponde con “Amenazas”, el 24,5% con “Lesiones”, el 12,3% con “Desobediencia”; luego le siguen, en menor porcentaje, los delitos de “Abuso sexual” (7,8%), “Daño” (5,5%), entre otros de menor incidencia.

Por su parte, del análisis de los casos de femicidios, surge que durante el  2025 se iniciaron 74 procesos penales por muertes de mujeres producto de la violencia de género, con un total de 78 víctimas fallecidas, de las cuales una era una mujer trans/travesti.

Se ha podido acreditar que el principal móvil de las muertes violentas de mujeres es la violencia de género. En efecto, las 78 víctimas de femicidio representan el 60,5% de la totalidad de víctimas femeninas de homicidios consumados en la provincia. En este sentido, la tasa anual de víctimas de femicidios para la Provincia en 2025 es de 0,88 cada 100.000 mujeres.

En cuanto a las características de los hechos de femicidios, surge que la mayor cantidad de casos del 2025 ocurrieron en el mes de enero, que el 85,9% ocurrieron en una vivienda y que el principal medio utilizado fue la fuerza física (35,9%) seguido de arma de fuego (23,1%).

Se observa también que, más del 90% de las víctimas conocía a su agresor, en el 64% de estos casos existía un vínculo de pareja, ex pareja o noviazgo.

Con relación a las víctimas, se destaca que el 55,1% tenían entre 18 y 40 años. El 15,4% de las víctimas (12) había realizado denuncias penales previas contra el agresor, de las cuales en 9 casos el vínculo era íntimo y en 3 familiar. A su vez se relevó que al menos 83 hijos e hijas fueron víctimas indirectas del femicidio de sus madres. En 37 casos son mayores de edad y en 46 menores de 18 años.

Respecto a los imputados/sindicados, el 58,0% tenían al momento del hecho entre 18 y 40 años. En 13 casos los agresores se suicidaron inmediatamente luego de cometer el femicidio.

Finalmente se relevaron otros homicidios dolosos ocurridos en contextos de violencia por razones de género. Se identificaron 10 hechos con víctima masculina, ocurridos principalmente en una vivienda (50%) y perpetrados con armas de fuego y arma blanca (40% cada una).

Durante los últimos 11 años (periodo 2015- 2025), en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1000 mujeres asesinadas producto de la violencia de género (1.010 víctimas).

En esta línea, los datos oficiales que emergen del informe revisten relevancia en la medida que transparentan la magnitud y características de estos gravísimos delitos que preocupan a toda la sociedad y sus instituciones, como objetivo estratégico de política criminal del Ministerio Público.

Por otra parte, permite acercar a la sociedad la problemática de la violencia familiar y de género que impacta en el ámbito penal, a través de datos cuantitativos que posibiliten el acceso a la información, así como la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

En los 146.046 procesos penales obrantes en el REVIFAG, se registraron 147.902 víctimas: 109.280 mujeres o niñas (73,9%), 36.671 hombres o niños (24,8%), y 1.951 sin dato consignado (1,3%).

La información del sexo de las víctimas con relación al de las personas imputadas/sindicadas, calculado sobre el total de datos disponibles sin tener en cuenta los casos sin registrar (el dato se pudo cotejar en el 82,4% de los casos). Se observa que, en las causas donde se consignan víctimas femeninas, la mayoría de las personas imputadas/sindicadas son de sexo masculino (88,0%); mientras que cuando la víctima consignada es un hombre o niño, las personas imputadas/sindicadas son de sexo masculino en el 42,4% de los casos y femenino en el 57,6%.

En los 146.046 procesos penales de violencia familiar y/o de género se han registrado un total de 137.241 personas imputadas/sindicadas. De estas, 35.386 son de sexo femenino, 100.824 masculinos y en 1.031 casos no se registró el dato.

Respecto a la cantidad de víctimas de femicidio por mes de ocurrido el hecho, se observa que el mes de mayor concentración fue el mes de enero con 13 hechos (16,7%), seguido por julio con 9 hechos, y agosto y diciembre con 8 hechos en cada caso. Por otra parte, surge que el promedio provincial es de entre 6 a 7 víctimas de femicidio por mes, equivalente a una víctima cada 4 días.

Contexto femicida refiere a escenarios y modalidades comisivas específicas de este delito. Su clasificación busca ampliar la caracterización y descripción de los hechos, independientemente de la relación vincular o no vincular entre víctima y victimario.

Los Íntimos comprenden aquellos casos que se dan en el ámbito de vínculos sexo afectivos de cualquier tipo (actuales o pasados) entre víctimas y los contextos se basan en las propuestas realizadas en el Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).

Por contexto Familiar se hace referencia al ámbito familiar en cualquier grado de parentesco entre las víctimas y victimarios que no esté incluido en el Íntimo.

Los femicidios Sexuales pueden darse en cualquier ámbito y pueden ser cometidos por personas del entorno de las víctimas o desconocidos. Incluyen ataques sexuales directos o simbólicos y representan características específicas de ejecución, procedimiento y circunstancias que dejan rastros en la escena del hecho y el cuerpo de la víctima.

Por su parte, los Travesticidios/Transfemicidios comprenden las muertes de mujeres travestis y trans y se encuentran asociados a asesinatos por discriminación o a crímenes de odio. Si bien comparten con los otros contextos el determinante de género, su especificidad se centra en las condiciones estructurales y sistemáticas de vulnerabilidad, marginalidad y violencia de esta población, las cuales suelen operar como condicionante en su transcurso vital.

Los femicidios en contexto de criminalidad organizada ocurren en el marco de organizaciones criminales o de bandas organizadas de menor envergadura dedicadas a acciones ilícitas (narcocriminalidad/ narcomenudeo, la trata de personas, tráficos variados, etc.). Estos homicidios suelen emerger de la utilización de las mujeres como mercancías, como producto de venganza entre bandas o como respuesta a su desviación en relación al comportamiento esperado de acuerdo al status de género en la organización. Pueden incluir acciones como captación, traslado, privación de libertad, suministro de estupefacientes, secuestro y/o abuso sexual, además puede tratarse de casos en los cuales el descarte del cuerpo de la víctima impide su hallazgo.

Por último, la categoría Otro abarca todos los demás supuestos en los que un hombre mata a una mujer mediando violencia de género no incluidos en los contextos precedentes. Por ejemplo, cuando una mujer es asesinada por un vecino, un colega de trabajo o una persona completamente desconocida sin vínculos previos. Los casos en los cuales no se pudo aún determinar el contexto del hecho, se categorizan como Indeterminado.

En cuanto a los datos referidos al medio empleado para consumar los femicidios analizados y la modalidad de muerte de la víctima, se refiere a las diferentes formas de utilización del medio empleado para la comisión del hecho. Cabe aclarar que en algunos casos pudo existir más de un procedimiento homicida, pero para el relevamiento se tuvo en cuenta el mecanismo principal que incidió en la muerte de las víctimas.

De los 78 hechos de femicidio, el 85,9% tuvo lugar en una vivienda. Por su parte, los hechos que tuvieron lugar en el espacio público representan un 7,7% para el año en análisis. 

Un informe realizado durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025 señaló que hubo 262 víctimas fatales por violencia de género, a la vez que detalló que 238 fueron femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, mientras que hubo un lesbicidio, tres trans/travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Esto significa que, en promedio, hay una víctima fatal por violencia de género cada 33 horas y los datos se desprenden del Informe Anual de Femicidios, Lesbicidios y Trans-travesticidios del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, elaborados a partir de un relevamiento de medios digitales nacionales y provinciales.

Además, el informe es una herramienta que visibiliza y denuncia la violencia de género y sus consecuencias en la sociedad, por lo cual también aporta estadísticas sobre los “femicidios vinculados”, es decir, personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el femicida para castigarla o destruirla psíquicamente y quienes fueron asesinadas/os al intentar impedir el femicidio o quedaron atrapadas/os “en la línea de fuego” y sobre los hijos, víctimas colaterales de estos crímenes: en 2025, 260 hijos quedaron sin madre.

“Realizar los informes de femicidios implica mucho más que elaborar una estadística. Es asumir la responsabilidad de nombrarlas, de recordar que no son números ni cifras. Detrás de cada mujer asesinada hay un proyecto de vida que no se concretará, sueños que no llegaron a cumplirse, abrazos que ya no estarán. Cada informe es memoria. Es visibilización. Es denuncia. Pero también es compromiso”, afirmó Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Además, destacó: “A 18 años de nuestro primer informe de femicidios, desde La Casa del Encuentro continuamos trabajando para fortalecer la prevención, exigir políticas públicas eficaces y garantizar acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia. Porque cada vida importa, cada ausencia nos duele y porque nuestra lucha es por una sociedad más igualitaria para todas las personas”.

El Índice de Violencia hacia las Mujeres de la Fundación Instituto Natura y Avon (2025) reveló que el 30% de las personas todavía cree que lo que pasa en la pareja, queda en la pareja, manteniendo la violencia encerrada entre cuatro paredes. Sin embargo, en la privacidad del hogar es donde se perpetúan la mayoría de los femicidios: más del 58% de las mujeres fueron asesinadas en una vivienda propia o compartida. Además, el 83,5% de las víctimas tenían algún tipo de vínculo con el femicida y más del 50% eran sus parejas o exparejas.

“Tenemos en nuestras manos una herramienta colectiva que nos permite ver, nombrar y comprender una realidad. Sostener datos en el tiempo es actuar. Hoy sabemos que solo el 27% de la población alcanza niveles altos de conciencia sobre la violencia de género, y que casi cinco de cada diez personas tienen poca o ninguna información sobre cómo acompañar a quien la atraviesa. Por eso, además de fortalecer las respuestas institucionales, tenemos que fortalecer la trama humana que sostiene, escucha y acompaña, amplificando este conocimiento experto y trabajando en red”, afirmó Florencia Mezzadra, gerenta de la fundación. (NA).

En Junín, una mujer fue baleada en la cabeza por su pareja, un joven de 25 años, delante de los dos hijos del matrimonio. El hecho ocurrió anoche en una vivienda precaria ubicada sobre la calle Chile, entre Alsina y Malvinas Argentinas, en el barrio El Molino.

Según consignó el diario La Verdad, el episodio se desató tras una fuerte discusión. De acuerdo con la reconstrucción inicial, fue el propio acusado quien llamó a la policía y aseguró que la mujer había recibido un disparo mientras se encontraba en la vereda.

Al llegar al lugar, el personal médico encontró a la víctima consciente, aunque con una herida a la altura del cráneo. El parte médico indicó que el proyectil ingresó en la cabeza y quedó alojado en proximidades del parénquima cerebral.

La fiscal Fernanda Sánchez y efectivos policiales establecieron luego que el joven se encontraba alcoholizado al momento del hecho. En la vivienda se secuestró una pistola calibre 22, presuntamente utilizada para efectuar el disparo. La mujer, pese a la gravedad de la lesión, afirmó que había recibido el impacto, pero no señaló a su pareja como autor y declaró: “Mi marido no fue”.

Igual, el acusado fue aprehendido y la víctima trasladada al Hospital Interzonal, donde permanecía internada. La causa fue caratulada como “femicidio en grado de tentativa”.

De acuerdo con La Verdad, el imputado registra antecedentes y en 2025 fue condenado por lesiones leves agravadas, con una pena de seis meses de prisión en suspenso. Está previsto que mañana declare ante la fiscalía.

La fiscal María José Basiglio, a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos vinculados con violencia de género del distrito Pilar, solicitó en las últimas horas la detención del empresario Luis Cavanagh en el marco de la causa por lesiones leves agravadas contra su expareja, la actriz Romina Gaetani. 

Según la fiscal, existen pruebas suficientes para considerar que mantener a Cavanagh en libertad representa un riesgo concreto para el proceso judicial y, especialmente, para la integridad física y psíquica de la víctima. En el fallo, Basiglio sostuvo: “Se han acreditado elementos que configuran riesgo procesal y un alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima”.

El pedido de detención se fundamenta en la posibilidad de que el imputado obstruya la investigación y en el riesgo de que Gaetani quede expuesta a nuevos episodios de violencia. La decisión quedó ahora en manos del Juzgado de Garantías N°7, a cargo del juez Walter Saettone.

De acuerdo a los elementos incorporados en el expediente, el hecho denunciado ocurrió en el lote 60 del Tortugas Country Club. Tras una discusión originada por un episodio de celos, Cavanagh habría arrojado al suelo a Gaetani, la habría inmovilizado y luego trasladado fuera de la vivienda, donde finalmente la abandonó.

El personal policial de la Comisaría Pilar 4 intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar. Al arribar al lugar, Gaetani manifestó sentirse descompensada y con dolores, por lo que fue asistida por una ambulancia y trasladada al Hospital Central de Pilar.

El informe médico elaborado en el hospital constató diversas lesiones: escoriaciones en el dorso izquierdo, antebrazo derecho y cadera derecha, un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha.

La investigación incluyó el análisis de registros fílmicos de las cámaras de seguridad del country, donde se observa a la víctima acercándose en dos oportunidades al domicilio y, en la segunda, la llegada del personal policial y la ambulancia. Además, la fiscalía recopiló declaraciones testimoniales de allegados y testigos, así como placas fotográficas de las lesiones.

Un informe elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) resultó clave en la causa. En la evaluación psicológica, las profesionales intervinientes indicaron que Gaetani describió una relación que comenzó de manera positiva, pero que luego estuvo marcada por episodios de control y celos.

La actriz relató que en al menos tres oportunidades encontró a Cavanagh revisando su teléfono celular, lo que le generaba sentimientos de desilusión y control. También señaló que la pareja solía moverse en el entorno social del empresario, con una restricción de sus vínculos personales, y que en eventos públicos, como la entrega de los premios Martín Fierro, él habría reaccionado con enojo y gritos ante logros profesionales de ella.

El informe psicológico identificó indicadores de violencia de género con predominio de violencia psicológica, presencia de maltrato sexual asociado, celos intensos, mecanismos de control, restricción de redes de apoyo, dependencia afectiva y una marcada asimetría de poder en la relación.

Durante la investigación, la fiscalía fue informada de que el denunciado sería usuario de armas de fuego. Un registro del Renar confirmó que Cavanagh contaba con una Credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego vencida desde 2020, correspondiente a una pistola semiautomática CZ P-07 calibre 9 milímetros.

En un allanamiento realizado en su domicilio, las autoridades secuestraron una pistola de aire comprimido, cartuchos, vainas servidas, municiones intactas y piezas de un arma, aunque no fue hallada la pistola registrada a su nombre. Para la fiscalía, este hecho constituye un indicio de posible obstaculización del proceso.

El expediente también destaca que la víctima manifestó temor ante la ausencia del arma y la imposibilidad de localizarla durante el procedimiento, sumado a la falta de colaboración del imputado con la investigación.

Por estos motivos, la fiscal Basiglio solicitó la detención de Cavanagh, imputado por el delito de “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una persona con quien mantenía una relación de pareja, en un contexto de violencia de género”, al considerar que existe una situación de alto riesgo para la víctima en caso de que se retome cualquier tipo de contacto entre ambos.