El secretario de Legal y Técnica del Municipio de Tandil, Juan Maciá Cantarelli, brindó precisiones sobre la estrategia jurídica desplegada por el intendente Miguel Lunghi para salvaguardar el beneficio de la tarifa de Zona Fría. 

La presentación, que busca frenar los efectos de la Ley Nacional 27.828, se gestó tras un análisis exhaustivo de la normativa vigente y el impacto directo que su aplicación tendría sobre la economía de las familias tandilenses y las instituciones de bien público.

Según explicó el funcionario en diálogo con El Eco de Tandil, el equipo legal municipal tomó conocimiento de la promulgación de la nueva norma y, tras evaluar acciones similares iniciadas por otros jefes comunales, como el de Bahía Blanca, y por la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata, decidió avanzar con una presentación conjunta. 

En este proceso, el Municipio trabajó de manera coordinada con la Defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, y la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), además de contar con el respaldo de clubes y entidades locales, grandes perjudicados con los nuevos cuadros tarifarios.

Maciá Cantarelli destacó que el eje central del amparo es el principio de no regresividad en materia de derechos. "Entendemos que al borrar con el codo la normativa anterior se retrotrae, se va para atrás, o sea, se degradan derechos que ya habían sido adquiridos", afirmó el secretario. 

El funcionario subrayó que la inclusión de Tandil en el régimen en 2021 no fue arbitraria, sino el resultado de un trabajo técnico basado en normas IRAM y estudios académicos que equipararon las condiciones climáticas de la ciudad con las de localidades patagónicas como Trelew, Comodoro Rivadavia y Madryn.

El planteo realizado por Maciá Cantarelli sostiene que la nueva legislación resulta discriminatoria al excluir a 90 municipios de la provincia de Buenos Aires mientras mantiene el beneficio para las ciudades del sur del país, bajo criterios que no contemplan la realidad climática de la zona.

"Hablando en criollo, hace tanto frío en invierno en Tandil, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, como en aquellas ciudades", enfatizó el funcionario, señalando que la igualdad ante la ley es uno de los pilares fundamentales de la defensa presentada ante la Justicia Federal.

La presentación no solo busca proteger a los usuarios residenciales, sino también a entidades de bien público como clubes, bibliotecas y fundaciones, que verían severamente afectada su operatividad ante un eventual incremento en las facturas de gas. 

"Esto va a repercutir fuertemente en el invierno que viene si no se deroga esta ley o no se llevan a cabo algunas medidas paliativas", advirtió el secretario, subrayando la importancia de la medida cautelar solicitada para suspender la aplicación de las modificaciones mientras se resuelve la cuestión de fondo.

En cuanto a los pasos procesales, el funcionario explicó que el juez interviniente deberá requerir a la Suprema Corte información sobre otros juicios con el mismo objeto, siendo el radicado en la Justicia Federal de Bahía Blanca el antecedente más relevante. 

La expectativa del Municipio es que los magistrados consideren los argumentos técnicos y climáticos presentados para impedir que el nuevo cuadro tarifario se aplique en Tandil. Maciá Cantarelli manifestó su esperanza de que esta acción se convierta en un "cúmulo de fuerzas" que impulse a otros municipios a sumarse al reclamo colectivo.

La acción judicial incluye, además, la solicitud de que se impida el cobro de diferencias derivadas de las normas impugnadas y se eviten cortes de suministro por falta de pago. El Municipio ha aportado informes del Servicio Meteorológico Nacional y facturas de usuarios para respaldar la necesidad de mantener el régimen. 

Aunque los plazos judiciales pueden variar, el equipo legal confía en que la urgencia del tema, dada la esencialidad del servicio de gas, permita una resolución favorable que proteja a los sectores más vulnerables, incluyendo a personas mayores y familias con niños.

El secretario de Legal y Técnica reiteró que el compromiso del intendente Miguel Lunghi es agotar todas las instancias necesarias para defender los intereses de la comunidad. La presentación del amparo es, en este sentido, una herramienta clave para evitar que la modificación de los criterios de acceso al beneficio, que ahora dependen de ingresos y patrimonio en lugar de condiciones climáticas, termine por excluir a una gran parte de la población de Tandil de un derecho que ya formaba parte de su realidad.

El intendente Miguel Lunghi presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal para preservar los beneficios del régimen de Zona Fría para los usuarios de gas del partido de Tandil. El planteo incluye una medida cautelar urgente destinada a suspender la aplicación de las modificaciones nacionales que restringen el acceso a los descuentos.

La presentación se formalizó luego de un encuentro que el jefe comunal mantuvo esta mañana con la defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, y el secretario de Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, para firmar la documentación.

La acción fue promovida junto con la Defensoría del Pueblo de Tandil, la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), el Club Gimnasia y Esgrima, la Fundación Internado de Ancianos Jorge Fernando Adderly, la Sociedad de Fomento Unión y Progreso y el Municipio, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

El reclamo cuestiona las disposiciones de la Ley Nacional 27.828 y su reglamentación, que modifican las condiciones de acceso al régimen para las localidades incorporadas en 2021, entre ellas Tandil.

Según sostiene el escrito, los cambios reemplazan el criterio climático por requisitos de inscripción, ingresos y patrimonio, mientras otras regiones conservan el beneficio sin esas condiciones. Ese tratamiento diferente constituye uno de los ejes del planteo judicial.

La presentación recuerda que las bajas temperaturas y la necesidad de calefaccionar las viviendas durante períodos prolongados del año fundamentaron la incorporación de Tandil al régimen, que estableció descuentos del 30 y del 50 por ciento, según la situación de los beneficiarios.

Desde esa perspectiva, el amparo sostiene que las condiciones climáticas que justificaron la inclusión de la ciudad no cambiaron. También advierte que restringir los beneficios puede afectar la economía familiar y el acceso a un servicio esencial, especialmente en hogares con personas mayores, niños y personas con problemas de salud.

Para respaldar el pedido se acompañaron informes técnicos y climáticos, antecedentes del Servicio Meteorológico Nacional, facturas de usuarios e instituciones y adhesiones reunidas mediante campañas de firmas.

La documentación también incorpora las gestiones realizadas por Lunghi ante el Senado de la Nación para defender la continuidad del régimen. Además, menciona el amparo presentado en Bahía Blanca y antecedentes de acciones judiciales vinculadas con las tarifas y la continuidad del suministro de gas en Tierra del Fuego, Chubut y Córdoba.

La acción solicita que las disposiciones cuestionadas sean declaradas inconstitucionales e inaplicables para los usuarios alcanzados del partido de Tandil. Como respuesta urgente, requiere una medida cautelar que permita mantener los beneficios mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El planteo también busca impedir el cobro de las diferencias que surjan de las normas impugnadas y evitar cortes de suministro por falta de pago de esos importes. A su vez, solicita la devolución o compensación de las sumas que eventualmente se hubieran abonado en exceso.

Con esta presentación, el Municipio, la Defensoría y las instituciones que acompañan el reclamo buscan preservar la tarifa diferencial para las familias y entidades tandilenses frente a las restricciones cuestionadas.

La eliminación de Tandil del régimen de Zona Fría dejará a los usuarios residenciales sin el descuento del 30 por ciento que percibían desde hace cinco años por las condiciones climáticas de la ciudad.

A partir de ahora, la posibilidad de mantener una bonificación dependerá de los requisitos establecidos por el Gobierno nacional y de la inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

“El impacto en el bolsillo de los tandilenses va a ser grande”, advirtió la defensora del Pueblo, Paula Lafourcade, en declaraciones a El Eco Multimedios.

En ese sentido, recomendó a quienes reúnan las condiciones para acceder al subsidio que realicen el trámite cuanto antes y mantengan actualizados sus datos personales.

El nuevo esquema contempla a los hogares cuyos ingresos no superen las tres canastas básicas totales, un límite que, según los valores consignados para su implementación, equivale actualmente a 4.816.491 pesos para una familia tipo.

También podrán acceder los hogares que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y los veteranos de la Guerra de Malvinas.

En las familias que tengan un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el acceso quedará sujeto a la evaluación de la Secretaría de Energía.

“Los que ya estén inscriptos en los subsidios focalizados tienen que ingresar en la página argentina.gob.ar, en la Secretaría de Energía. El que ya está inscripto no tiene que hacer más nada”, explicó Lafourcade.

Para quienes ya forman parte del ReSEF y cumplen los requisitos, la continuidad de la bonificación será automática.

En cambio, quienes nunca se hayan inscripto en el régimen anterior ni en el actual perderán el beneficio territorial.

“El sector de los residenciales del gas que van a seguir manteniendo el subsidio será un grupo muy reducido”, señaló la defensora.

La inscripción a los Subsidios Energéticos Focalizados es gratuita y se realiza de manera digital, a través de la página oficial argentina.gob.ar, en el apartado de subsidios de la Secretaría de Energía, o mediante la aplicación Mi Argentina. El trámite se gestiona a través del registro RASE/ReSEF.

Quienes necesiten orientación pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo de Tandil, ubicada en Maipú 253 (Depto. 3), de lunes a viernes, de 8 a 14.

“Lo que nosotros le aconsejamos a la ciudadanía es que aquellos que no se inscribieron en el subsidio y que cumplan con esos requisitos, lo hagan rápidamente”, remarcó Lafourcade.

La inscripción no garantiza por sí sola el acceso: es necesario cumplir con las condiciones establecidas.

Además, los datos deberán mantenerse actualizados, ya que los ingresos se evalúan según el grupo familiar y pueden ser verificados periódicamente.

“Las tres canastas básicas se miden por grupo familiar, se cruzan datos en forma permanente. Y si mañana se mudan, hay que informarlo a la Secretaría de Energía para poder seguir manteniendo este subsidio de Zona Fría para el grupo”, explicó Lafourcade.

La modificación no solo reduce la cantidad de beneficiarios, sino que también cambia la base de cálculo de la bonificación.

Mientras que anteriormente el descuento del 30 o el 50 por ciento se aplicaba sobre el total de la tarifa, ahora se calculará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

“Para nosotros la gran pérdida es que las asociaciones y las entidades de bien público no estén incluidas, y que la forma de calcular el descuento de Zona Fría va a impactar muchísimo más porque ahora se calculará sobre el PIST y no sobre el total de la factura, como venía ocurriendo”, cuestionó Lafourcade.

La defensora también advirtió que las entidades de bien público, como asociaciones, merenderos, bibliotecas y clubes, quedaron excluidas del descuento del 50 por ciento que recibían.

Además, señaló que incluso quienes mantengan el subsidio podrían afrontar aumentos en sus facturas por los cambios tarifarios.

El impacto, estimó, se sentirá especialmente durante el próximo invierno, cuando aumenta el consumo de gas.

“Lo que estamos consumiendo hoy lo vamos a pagar dentro de dos meses y sabemos que el gran impacto va a ser en el invierno que viene”, sostuvo.

Tandil quedó fuera del beneficio territorial tras la modificación aprobada por el Senado nacional el 24 de septiembre.

La ampliación del régimen, establecida por ley en 2021, había incorporado a la ciudad y a otros municipios bonaerenses.

La reglamentación de los cambios fue formalizada díasa atrás por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1266/2026.

Según un informe del Instituto Consenso Federal, que dirige el tandilense Alejandro “Topo” Rodríguez, la medida alcanzará a 49.863 hogares tandilenses.

El relevamiento estimó, además, que las facturas podrían registrar un aumento promedio del 55 por ciento durante los próximos meses, aunque se trata de una proyección y no de un incremento uniforme para todos los usuarios.

Lafourcade cuestionó que Tandil pierda el beneficio pese a sus condiciones climáticas.

“La verdad es que para la ciudad en general es un revés muy grande no tener el subsidio, porque estamos en las mismas condiciones climáticas que la Patagonia, Malargüe o la Puna”, afirmó.

A futuro, no descartó que esta medida pueda revertirse, pero eso quedará a criterio del Poder Legislativo nacional.

“Siempre el debate está donde tiene que estar, que es en el Congreso nacional. Lo interesante era que el régimen de Zona Fría ampliada fue por ley. Ahora lo que quedó en la ley es mucho más reducido y las ciudades y los porcentajes quedarán a criterio del Ejecutivo”, aseguró.

Para terminar, reiteró la recomendación de inscribirse en el SEF y ofreció las instalaciones y el personal de la Defensoría para asistir a quienes lo necesiten.  

“Lo pueden hacer en la página de la Secretaría de Energía, en la que hay una pestaña que dice ‘subsidios’. O, si no, acercarse a la Defensoría del Pueblo, que con gusto nosotros los vamos a orientar sobre cómo es la inscripción”, concluyó.

El Gobierno nacional estableció las bonificaciones del régimen de Zona Fría para las tarifas de gas, con un descuento del 50% para los usuarios de determinadas regiones del país y una bonificación adicional del 20% para hogares que cumplan con requisitos socioeconómicos y de ubicación del suministro. 

La medida fue dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación a través de una resolución que reglamenta la aplicación de los cambios introducidos por la Ley 27.828 y su decreto reglamentario.

El esquema conserva beneficios del 50% para usuarios de la Patagonia, que incluye al partido bonaerense de Patagones, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. Al mismo tiempo, incorpora una asistencia adicional para hogares comprendidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Cabe destacar que múltiples provincias y 94 municipios bonaerenses quedaron fuera del beneficio.

La bonificación del 50% alcanzará además a los usuarios del Servicio General P de las localidades abastecidas con gas propano indiluido por redes. No obstante, es importante aclarar que el descuento se aplicará sobre el precio del gas natural o del gas propano indiluido por redes, por lo que no equivale a una rebaja del 50% sobre el importe total de la factura, que incluye cargos de transporte, distribución, impuestos y tasas.

En cuanto al descuento adicional del 20%, este estará destinado a usuarios residenciales inscriptos en el régimen de SEF que cumplan con los criterios establecidos por la normativa y tengan el suministro ubicado en las zonas bioambientales contempladas por la resolución. La bonificación se aplicará sobre los consumos base definidos por el régimen de subsidios focalizados y será complementaria a los beneficios que correspondan a cada hogar dentro de ese esquema.

La resolución también contempla a las entidades de bien público, los clubes de barrio y de pueblo y otras categorías asimilables de usuarios sin fines de lucro. Para estos casos, la bonificación adicional del 20% se aplicará sobre la totalidad del volumen consumido, sin los límites de consumo previstos para los hogares.

La identificación de los beneficiarios se realizará mediante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), cruzando la información de los usuarios con la ubicación de los suministros y las zonas bioambientales alcanzadas. La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética deberá elaborar y actualizar el padrón correspondiente.

Por su parte, las distribuidoras y subdistribuidoras serán las encargadas de aplicar las bonificaciones en las facturas, de acuerdo con el padrón que se les comunique y los procedimientos que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). 

La norma entrará en vigencia a partir de su publicación y se aplicará a los consumos comprendidos desde la entrada en vigor de la Ley 27.828.

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de las modificaciones al Régimen de Zonas Frías, una medida que introduce cambios en la administración de los subsidios al gas y en el mecanismo de compensación a las empresas proveedoras. La nueva normativa quedó formalizada a través del Decreto 1266/2026 y establece que la Secretaría de Energía será la autoridad encargada de aplicar el régimen.

Para Tandil, el tema cobra relevancia por su relación con el acceso al servicio de gas y el impacto que las modificaciones del sistema de subsidios tendrá en las facturas de los hogares.

La reglamentación dispone que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas continuará financiando las compensaciones vinculadas con la comercialización de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), además de las bonificaciones correspondientes al Régimen de Zonas Frías.

El esquema contempla beneficios para los consumos de gas en la Región Patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. También prevé una bonificación adicional por Zona Fría dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esta bonificación adicional se aplicará sobre los consumos base de los usuarios residenciales de gas natural por redes y de gas propano indiluido distribuido por redes que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación.

La normativa también mantiene las compensaciones relacionadas con la venta de cilindros, garrafas y otros productos de GLP, así como del gas propano comercializado a granel en las regiones alcanzadas por el régimen.

En cuanto al financiamiento, el fondo fiduciario se sostendrá mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, calculado por cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías.

El recargo alcanzará al gas consumido o comercializado para consumo a través de redes o ductos en todo el territorio nacional, independientemente de su destino final. Quedarán exceptuados el gas natural y el gas natural licuado destinados a la exportación, así como el gas natural inyectado al sistema de transporte que provenga de GNL importado y regasificado.

Los productores de gas serán agentes de percepción del recargo cuando emitan las facturas o documentos equivalentes. La reglamentación también contempla a los importadores con esa función, excepto a quienes importen gas natural licuado para su posterior regasificación.

Uno de los principales cambios de la nueva operatoria es el mecanismo de cálculo y pago de las compensaciones. Según la reglamentación, estas deberán calcularse sobre el precio del gas y abonarse directamente a las empresas proveedoras.

De esta manera, las distribuidoras y subdistribuidoras dejarán de administrar y percibir los fondos correspondientes a los subsidios. Su participación quedará limitada a aplicar las bonificaciones en las facturas de los usuarios finales y a brindar la información necesaria para determinar y distribuir las compensaciones.

La Secretaría de Energía de la Nación tendrá a su cargo la aplicación del régimen y podrá determinar las compensaciones y bonificaciones previstas, intervenir en la validación de los importes que deban abonarse y dictar las disposiciones complementarias necesarias para implementar el sistema.

Tandil es uno de los 94 municipios bonaerenses que quedaron fuera del beneficio territorial del Régimen de Zonas Frías, tras la modificación aprobada por el Senado el pasado 24 de septiembre. La medida elimina los descuentos del 30% y el 50% en las facturas de gas que regían desde 2021. Según un informe elaborado por el Instituto Consenso Federal, alcanzará a 49.863 hogares de la ciudad.

El impacto podría extenderse también a la actividad comercial. De acuerdo con las estimaciones difundidas por el Instituto, la eliminación del beneficio implicaría que alrededor de $7.180 millones anuales dejen de destinarse al consumo local, mientras que las facturas de gas podrían registrar un aumento promedio del 55% durante los próximos meses, como consecuencia de la quita del descuento y de otros cambios tarifarios. Cabe destacar que las cifras corresponden a estimaciones y no representan aumentos uniformes para todos los usuarios.

Además, la exclusión alcanza a instituciones como clubes de barrio, bibliotecas populares, centros de jubilados y comedores comunitarios, que también contaban con beneficios vinculados a la Zona Fría.

La diputada nacional Natalia de la Sota visitó Tandil en el marco de una agenda de actividades en la provincia de Buenos Aires. Durante una entrevista en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, analizó la situación económica y social del país, cuestionó distintas políticas del Gobierno nacional y planteó la necesidad de construir una alternativa política desde el interior.

La legisladora cordobesa también se refirió a su trayectoria, al legado político de su padre, el exgobernador José Manuel de la Sota, y al trabajo que comparte con el dirigente tandilense Alejandro «Topo» Rodríguez.

Al recordar a su padre, la diputada destacó la tenacidad, la coherencia y la capacidad de escucha como valores fundamentales para el ejercicio de la política. "El recuerdo es, primero, desde lo personal, de consultarle cosas y preguntarle. Pero creo que lo más importante es este ejemplo de tenacidad; él insistió de acuerdo a su vocación y mantuvo sus ideas a pesar de los vaivenes de la vida política", expresó.

Asimismo, resaltó la importancia de mantener el contacto directo con la ciudadanía y escuchar las necesidades de los distintos sectores sociales.

En relación con su trabajo legislativo, valoró el vínculo con Alejandro “Topo” Rodríguez, a quien conoció durante su primera etapa como diputada nacional, cuando él se desempeñaba como jefe de bloque. "Es una persona con una gran capacidad de trabajo, que está sobre todos los temas y sabe sobre todos los temas. Ha sido un placer y un aprendizaje permanente trabajar con él", afirmó.

Uno de los ejes de su visita fue el encuentro con representantes de la Federación Agraria. Natalia De la Sota sostuvo que el desarrollo productivo requiere un Estado que acompañe a los sectores económicos y promueva la ciencia y la tecnología. "Yo siempre digo, soy diputada electa por Córdoba, pero cada mano que levanto y cada ley que apruebo repercute sobre toda la Argentina. Estar en contacto con los distintos sectores es fundamental", señaló.

En ese marco, manifestó su preocupación por la situación de la industria nacional y afirmó que, según los relevamientos que maneja, algunos sectores trabajan al 50 por ciento de su capacidad, en un contexto marcado por la caída del consumo y las importaciones.

Natalia de la Sota también abordó la brecha digital que afecta a las personas mayores y explicó que presentó un proyecto para garantizar una atención humana que les permita realizar trámites sin depender exclusivamente de herramientas digitales.

"Se van quedando fuera desde hacer un trámite de un servicio público hasta reclamar algo en la obra social. Por eso presentamos una ley de atención humana a la tercera edad, donde nadie pueda quedar sin realizar un trámite porque no haya una persona que lo ayude", explicó.

Para De la Sota, la digitalización de los servicios debe contemplar alternativas presenciales que permitan garantizar el acceso a los derechos y evitar que las personas mayores queden excluidas.

Otro de los temas abordados fue la atención de niños con cáncer. La diputada  cuestionó al Gobierno nacional por lo que considera un incumplimiento de la legislación vigente en materia de asistencia integral a pacientes y sus familias. "El Estado se tiene que hacer cargo de los tratamientos y del transporte", sostuvo.

En ese sentido, cuestionó el enfoque del Gobierno respecto del rol estatal y mencionó las dificultades que, a su entender, enfrentan la ciencia, la tecnología, los jubilados y los sectores productivos.

Por otro lado, Natalia de la Sota criticó la eliminación del beneficio de Zona Fría que alcanzó a Tandil y otras localidades. Consideró que la medida perjudica a los hogares y representa una dificultad adicional para los sectores medios y los trabajadores.

"Es otro golpe a la clase media y a los trabajadores. Pagar menos el gas significa que uno puede acceder a tener un poco más de calidad de vida", afirmó.

Además, cuestionó la decisión de modificar el régimen sin alcanzar acuerdos amplios y sostuvo que las políticas públicas deben construirse mediante consensos.

Al analizar el escenario nacional, De la Sota planteó la necesidad de revisar las experiencias de gobierno del peronismo y de otros espacios políticos desde el retorno de la democracia. "No hemos solucionado los problemas estructurales, como la pobreza y la falta de empleo. Creo que tenemos que pensar en nuevas opciones y el interior es una opción", expresó.

En esa línea, consideró que las provincias deben tener mayor participación en la elaboración de propuestas nacionales y defendió la construcción de un modelo que combine solidaridad social, eficiencia estatal y protección de la producción.

Finalmente, consultada sobre una eventual candidatura a la gobernación de Córdoba, De la Sota no descartó esa posibilidad, aunque evitó confirmar una decisión. "No lo descarto. Hay un espacio en Córdoba de peronistas que no avalan esta relación de rueda de auxilio con el Gobierno nacional. Yo me fui del oficialismo porque su relación con el gobierno de Javier Milei ha sido demasiado colaboradora para mi gusto", concluyó.

La legisladora reafirmó así sus diferencias con la conducción nacional del peronismo y su intención de impulsar una alternativa política que, según planteó, represente a los sectores que no se identifican con el actual modelo económico.

Pablo Garate, el intendente de Tres Arroyos, presentó una demanda judicial contra el Gobierno de Javier Milei con el objetivo de reclamar la restitución de los descuentos en las tarifas de gas. La medida surge tras la formalización del recorte en el Régimen de Zona Fría, una decisión que dejó sin el beneficio automático a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires y que ha generado una creciente reacción de los jefes comunales afectados.

La presentación judicial de la administración de Garate se produjo después de que el Ejecutivo nacional promulgara la Ley 27.828 mediante el Decreto 1161/2026, normativa que modificó el esquema de bonificaciones para las regiones con bajas temperaturas. La ley, que entró en vigencia el pasado 13 de octubre, revirtió gran parte de la ampliación del régimen que el Congreso había aprobado en 2021 por impulso del entonces diputado nacional Máximo Kirchner.

Desde el municipio de Tres Arroyos, bajo la conducción del alcalde del Frente Renovador, cuestionaron que la reforma no solo elimina los descuentos generalizados para los hogares incorporados al régimen por sus condiciones climáticas, sino que también excluye a clubes de barrio, entidades sin fines de lucro y organizaciones de bien público. 

Al mismo tiempo, la demanda apunta contra la modificación de la base de cálculo de las bonificaciones, que anteriormente oscilaban entre el 30% y el 50%. Con el nuevo esquema, los descuentos se aplican únicamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), excluyendo componentes como distribución, transporte e impuestos.

Esta avanzada judicial se suma a los reclamos de otros distritos como Bahía Blanca, General Pueyrredón y el Partido de La Costa. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, calificó la medida como un "despojo" y advirtió sobre el impacto en los usuarios: “La pérdida de este beneficio va a afectar al 100% de los hogares de Bahía Blanca, a muchos hogares de clase media, con más de un 100% de aumento en sus boletas, de un servicio que ya aumentó un 1.600% desde que asumió el Gobierno”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata presentó un amparo colectivo, mientras que el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, anunció acciones legales. “El objetivo será cuestionar la decisión y evitar que los habitantes del distrito pierdan una herramienta que contribuía a aliviar el costo de los servicios”, destacó el líder municipal.

La reforma afecta a 1,24 millones de hogares en 94 municipios, entre ellos Tandil, Olavarría, Necochea y Azul. La Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, estableció nuevos requisitos socioeconómicos para acceder a los subsidios, con un límite de ingresos de tres Canastas Básicas Totales. Ante este escenario, municipios como Junín, bajo la gestión de Juan Fiorini, han comenzado a implementar operativos de acompañamiento para facilitar los trámites de inscripción y evitar la pérdida del beneficio.

La promulgación de la ley que modifica el régimen de Zona Fría generó las primeras respuestas judiciales en la provincia de Buenos Aires. Este martes, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, y la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon impulsaron acciones judiciales para intentar frenar la eliminación de los descuentos en las facturas de gas y garantizar la continuidad del beneficio para los usuarios afectados.

La medida se conoció el mismo día en que el Gobierno nacional formalizó la Ley 27.828 mediante el decreto 1161/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa modifica las condiciones de acceso al régimen de Zona Fría, que había sido ampliado en 2021 para incorporar a numerosas localidades del país.

Con los cambios, residir en una zona alcanzada por la ampliación ya no será suficiente para acceder automáticamente a la bonificación. Los usuarios deberán cumplir determinados requisitos socioeconómicos y patrimoniales establecidos por el nuevo esquema de subsidios focalizados.

La reforma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031 y alcanza a aproximadamente 3,35 millones de hogares de todo el país, de los cuales 1,24 millones corresponden a 94 municipios bonaerenses.

En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) y el Club Estrella.

La presentación busca garantizar la continuidad de los descuentos y solicitar la suspensión de los cobros adicionales y eventuales cortes del suministro vinculados con la eliminación del beneficio, mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Entre los argumentos expuestos, los demandantes sostienen que las condiciones climáticas de Bahía Blanca justifican su permanencia dentro del régimen de Zona Fría y cuestionan que la modificación pueda vulnerar los principios de igualdad, no discriminación, razonabilidad y proporcionalidad.

Según informó el medio bahiense La Nueva, el escrito judicial incorpora estudios climáticos y un relevamiento de 44 facturas de gas correspondientes a usuarios de la ciudad.

El análisis determinó que, sin el descuento por Zona Fría, el monto total de esas facturas pasaría de 4,67 millones de pesos a 6,61 millones, lo que representa un incremento estimado del 41,5 por ciento, aun manteniendo los mismos niveles de consumo.

Una presentación similar se realizó en Mar del Plata, donde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, encabezada por Marcelo Lacedonia, promovió un amparo colectivo ante la Justicia Federal.

La acción está dirigida contra el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía de la Nación, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad y la empresa Camuzzi Gas Pampeana.

De acuerdo con lo publicado por el portal 0223, la Defensoría solicitó que se mantengan las condiciones tarifarias que regían hasta la promulgación de la nueva ley y que se suspenda la aplicación de los requisitos establecidos por el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Además, reclamó que no se aprueben nuevos cuadros tarifarios sin la realización de audiencias públicas y solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.828.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a las diferencias que establece la reforma entre distintas regiones del país. Según el planteo, mientras determinados usuarios deberán acreditar condiciones patrimoniales y económicas para conservar la bonificación, en otras zonas el descuento continuará aplicándose automáticamente.

La reforma del régimen de Zona Fría genera preocupación en numerosos municipios bonaerenses que habían sido incorporados al beneficio mediante la ampliación aprobada en 2021.

Entre ellos se encuentra Tandil, donde la continuidad de los descuentos en las facturas de gas representa un tema de especial interés para los usuarios residenciales, particularmente por las bajas temperaturas que se registran durante los meses de otoño e invierno.

Hasta ahora, el régimen permitía aplicar bonificaciones sobre el componente correspondiente al gas en las facturas de los hogares comprendidos dentro de las zonas alcanzadas. Con la nueva legislación, una parte de esos usuarios deberá cumplir condiciones adicionales para conservar el beneficio.

La modificación podría traducirse en incrementos significativos en las facturas de quienes dejen de recibir el descuento, aunque el impacto final dependerá de la situación particular de cada usuario y de su nivel de consumo.

Por el momento, las presentaciones judiciales impulsadas en Bahía Blanca y Mar del Plata constituyen dos de las primeras acciones destinadas a cuestionar la reforma.

La Justicia Federal deberá determinar si corresponde dictar medidas cautelares que suspendan la aplicación de los cambios mientras se analiza la constitucionalidad de la normativa y los argumentos presentados por los demandantes.

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828, la cual introduce modificaciones sustanciales en el régimen de Zona Fría y establece un límite al acceso automático a los descuentos en las facturas de gas. La normativa, publicada este martes 13 de octubre en el Boletín Oficial y plasmada en el Decreto 1161/2026, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

La medida impactará en la tarifa de 3.350.000 hogares del país, de los cuales 1.240.000 se encuentran distribuidos en 94 municipios bonaerenses. La ley modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga diversos artículos de la Ley 27.637, que anteriormente había ampliado el alcance territorial del beneficio.

Uno de los cambios centrales es que la residencia en una zona previamente alcanzada por la ampliación ya no será suficiente para obtener el descuento de manera automática. Ahora, los usuarios deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y acreditar vulnerabilidad socioeconómica. El tope de ingresos fijado es de tres Canastas Básicas Totales, cifra que actualmente asciende a 4.816.491 pesos para una familia tipo.

La Secretaría de Energía de la Nación evaluará los casos de quienes posean Certificado Único de Discapacidad, veteranos de Malvinas o aquellos hogares que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, quienes podrán acceder de forma directa. No obstante, el subsidio será menor, ya que el cálculo se aplicará exclusivamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y no sobre la factura total.

Se estima que la medida permitirá un ahorro de 400 millones de dólares por año, afectando a casi 4 millones de personas en 11 provincias. En la provincia de Buenos Aires, los hogares alcanzados representan el 20 por ciento del total de usuarios, conservando el beneficio únicamente el distrito de Patagones. Estudios preliminares indican que, en promedio, los usuarios bonaerenses podrían recibir facturas con incrementos del 55 por ciento.

Entre los municipios afectados se encuentran 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Madariaga, General La Madrid, General Las Heras, Lavalle, General Paz, General Pinto, General Viamonte, General Rodríguez y General Villegas.

Asimismo, la lista incluye a Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.

También se verán alcanzadas grandes localidades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Necochea, La Costa, Pinamar y Villa Gesell.

La defensora del pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, visitó los estudios de El Eco Streaming para abordar la compleja situación que atraviesan los usuarios de gas ante la reciente modificación en el esquema de subsidios. Durante el programa La Mañana, que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, la funcionaria explicó que la eliminación de la Zona Fría ampliada representa un golpe directo al bolsillo de gran parte de la comunidad tandilense.

Lafourcade detalló que, si bien el beneficio no desaparece por completo, su alcance se ha reducido drásticamente. "Lo que hay que entender ahora es que se redujo el universo que estábamos cobrando el 30 o el 50 por ciento. Ahora, la decisión sobre qué ciudades y qué porcentajes se subsidian queda en manos del Poder Ejecutivo nacional", señaló. Según la defensora, esta discrecionalidad genera una profunda incertidumbre, ya que lo que hoy es un beneficio garantizado podría variar en el futuro.

Actualmente, solo un grupo reducido mantendrá el subsidio: personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), veteranos de Malvinas y aquellos grupos familiares cuyos ingresos no superen las 3,2 canastas básicas, lo que equivale a unos 5 millones de pesos. Además, se establecieron criterios de exclusión, como la tenencia de un vehículo de menos de tres años de antigüedad, salvo excepciones vinculadas a personas con CUD.

Uno de los puntos más críticos del análisis de Lafourcade fue la exclusión de las asociaciones civiles. "Para nosotros, este es uno de los reclamos más genuinos. Las bibliotecas, los clubes y los comedores perdieron automáticamente el subsidio del 50 por ciento que recibían por estar en zona fría", lamentó. Además, subrayó que estas entidades no tienen margen para absorber incrementos tarifarios, ya que sus cuotas sociales son limitadas.

Asimismo, advirtió que el impacto será significativo para la clase media trabajadora. "El 66 por ciento de los tandilenses tenía el 30 por ciento de subsidio por zona fría y ahora lo pierde. Esto va a impactar en el bolsillo de las familias, que además enfrentan un consumo mayor por razones climáticas", afirmó. La Defensora del Pueblo local enfatizó que el sistema energético argentino debe contemplar la realidad climática de cada región con criterios de razonabilidad, evitando contraponer las necesidades del norte del país con las del centro o el sur.

Sobre la modalidad de cálculo, Lafourcade aclaró que el impacto no será menor incluso para quienes conserven el beneficio. "El sistema anterior aplicaba el descuento sobre el total de la factura. Ahora, el cálculo es diferente y se aplica solo sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Esto significa que, aunque se mantenga el subsidio, el impacto en la factura final será de al menos un 30 por ciento", explicó.

Ante este escenario, instó a los vecinos a monitorear sus consumos y a acercarse a la Defensoría del Pueblo en Maipú 253, de 8 a 14, ante cualquier irregularidad. "Tenemos acceso a la base de datos mediante un convenio con la Secretaría de Energía. Podemos chequear si el usuario mantiene el subsidio y realizar los reclamos pertinentes", aseguró. La funcionaria también recordó que, ante cambios en la situación familiar o de ingresos, los usuarios deben actualizar su declaración jurada a través de la página oficial del Gobierno nacional.

Finalmente, la defensora se refirió al reciente plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) en Río Cuarto, donde se abordaron problemáticas nacionales como el estado de las rutas y la protección de las infancias en entornos digitales. "Presentamos informes contundentes sobre la siniestralidad vial y la necesidad de que los fondos recaudados por impuestos a los combustibles se traduzcan en obras reales. En Tandil, el estado de la Ruta 226 es una preocupación central que seguiremos exigiendo ante las autoridades competentes", concluyó.

La Liga de Intendentes se reunió en la ciudad de Bahía Blanca con el objetivo de respaldar el reclamo por la Ley de Zona Fría. Durante el encuentro, los jefes comunales cuestionaron una eventual reducción del beneficio que, según advirtieron, afectaría a 93 municipios y a más de tres millones de familias bonaerenses.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, recibió a sus pares Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza). Durante la jornada, los mandatarios locales pusieron en el centro de la agenda el debate por la Zona Fría y expresaron su apoyo a los distritos que se verían perjudicados por los cambios en la normativa.

“Los intendentes tenemos la responsabilidad de escuchar, trabajar y representar a nuestras comunidades. Por eso acompañamos este reclamo y defendemos un beneficio que representa un alivio concreto para millones de bonaerenses”, manifestaron. En la misma línea, los jefes comunales sostuvieron que “las gestiones territoriales tienen que ser escuchadas cuando las decisiones nacionales impactan en la vida cotidiana de nuestras comunidades”.

La visita a Bahía Blanca también contempló una agenda centrada en la producción, el empleo, la infraestructura y el desarrollo provincial. Los intendentes recorrieron el Consorcio de Gestión del Puerto, la Bolsa de Cereales y Productos y el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera. En ese marco, destacaron las capacidades productivas de la ciudad y analizaron oportunidades vinculadas con el puerto, la industria, el campo y las nuevas inversiones. “Bahía Blanca tiene una enorme capacidad productiva y es un claro ejemplo del potencial que tiene nuestra Provincia para generar desarrollo, empleo y oportunidades”, señalaron.

Finalmente, los integrantes de la Liga de Intendentes remarcaron la necesidad de generar condiciones propicias para la llegada de inversiones, planteando que estas deben traducirse en empleo, infraestructura y el fortalecimiento de las capacidades locales. Esta recorrida formó parte del trabajo que el espacio desarrolla en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para impulsar una agenda común desde los municipios.

La modificación de la Ley de Zona Fría, sancionada recientemente por el Senado de la Nación, generó preocupación entre las instituciones comunitarias de Tandil. Brian Urban, referente de la Biblioteca Popular Sarmiento, analizó las consecuencias que la medida podría generar en asociaciones civiles, centros de jubilados y otros espacios de contención.

Durante su participación en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1,  Urban cuestionó la eliminación de los descuentos contemplados para las entidades de bien público y advirtió que la modificación tendrá un impacto directo sobre sus costos de funcionamiento.

Según explicó, la quita del beneficio del 50% sobre el cuadro tarifario, junto con cambios en la base imponible de los impuestos y un incremento en el aporte al fondo fiduciario, podría traducirse en facturas de gas considerablemente más elevadas.

“Para quienes dicen que esto no afecta a las entidades de bien público, eso es falaz. Leyendo la ley, nos encontramos con que vamos a tener facturas hasta un 50 por ciento con mayor valor”, afirmó.

El referente sostuvo además que la tarifa diferencial vigente desde 2015 no compensa la eliminación del beneficio de Zona Fría, debido a que este último alcanzaba a la totalidad de los componentes de la factura.

Urban remarcó que el consumo de gas en bibliotecas, clubes y centros de jubilados está directamente relacionado con las actividades que desarrollan y con la atención de sectores vulnerables.

En el caso de la Biblioteca Popular Sarmiento, explicó que la calefacción resulta necesaria para sostener talleres, propuestas de promoción de la lectura y distintas actividades destinadas a la comunidad. “Parece que hay que explicar lo obvio: en Tandil hace frío. No estamos en la biblioteca con un jacuzzi o un centro de jubilados con piletas climatizadas. El consumo está vinculado a poder dar un servicio”, sostuvo Brian Urban.

Asimismo, cuestionó que Tandil quede alcanzada por la modificación mientras otras ciudades de la Patagonia mantienen el beneficio, pese a presentar condiciones climáticas similares.

Desde su perspectiva, la situación plantea un debate jurídico y constitucional vinculado con la posible regresividad de derechos de las instituciones de la sociedad civil.

Urban repasó las gestiones realizadas junto con otras organizaciones locales, entre ellas el Club Unión y Progreso, para advertir a los senadores nacionales sobre el impacto de la modificación.

Si bien reconoció que hubo instancias de diálogo, lamentó que las particularidades de las asociaciones civiles no hayan tenido suficiente lugar en el debate legislativo. “No hay interlocución, y menos en buenos términos. No son cuestiones personales ni partidarias; estamos hablando de que una institución que trabaja con cultura, con discapacidad o un comedor comunitario no va a tener zona fría”, explicó.

En ese sentido, señaló que existe un posible “vacío operacional” en el nuevo esquema de subsidios focalizados impulsado por el Gobierno nacional, debido a que estaría pensado principalmente para personas físicas y no contemplaría de la misma manera la situación de las entidades comunitarias.

Por último, el referente de la Biblioteca Popular Sarmiento puso el foco en las dificultades que pueden enfrentar algunas personas para acceder a los mecanismos digitales necesarios para realizar trámites y solicitar beneficios.

“Estamos discriminando a las personas que no saben utilizar una aplicación o no tienen acceso a la tecnología. Es una lectura que no hemos dado lo suficiente”, planteó.

Ante este escenario, reclamó que las futuras reglamentaciones contemplen mecanismos de acompañamiento territorial que permitan a las instituciones y a sus integrantes acceder a los beneficios disponibles y sostener las actividades que desarrollan en la comunidad.

La Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia manifestó su “profundo rechazo” a la eliminación de Tandil del régimen de Zona Fría y cuestionó especialmente el impacto de la medida sobre las entidades de bien público que hasta ahora contaban con un descuento del 50 por ciento en la tarifa de gas.

“Desde la Biblioteca Popular Sarmiento Villa Italia manifestamos nuestro profundo rechazo a la modificación del régimen de zona fría aprobado por el Senado de la Nación”, expresó la institución en un comunicado difundido tras la aprobación de la modificación de la normativa en la sesión parlamentaria del último jueves.

La entidad advirtió que, a partir de la medida, “50.000 hogares tandilenses serán afectados” y señaló que entre los sectores alcanzados se encuentran clubes de barrio, centros de jubilados, comedores comunitarios, merenderos, sociedades de fomento y asociaciones civiles sin fines de lucro.

La preocupación había sido planteada por la Biblioteca Sarmiento meses atrás, cuando junto a la Sociedad de Fomento Unión y Progreso impulsó una campaña de recolección de firmas bajo la consigna “No a la eliminación de descuento en la tarifa de gas en clubes y entidades de bien público”.

En agosto, representantes de instituciones de Tandil y de otras localidades bonaerenses llevaron las adhesiones al Congreso de la Nación.

Braian Urban, por la Biblioteca Sarmiento, y Alberto Franco, del Centro Cultural y Biblioteca Popular Andrés Ferreyra de Necochea, entregaron el petitorio en los despachos de los senadores nacionales Maximiliano Abad y Juliana di Tullio.

Con esta última, además, mantuvieron una reunión para plantear la situación de las entidades.

El reclamo apuntaba a evitar la derogación de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.637, que establecían el beneficio tarifario para las entidades incorporadas al Registro Único de Beneficiarios.

Con la aprobación de la modificación, la Biblioteca Sarmiento volvió a advertir sobre las consecuencias para las organizaciones comunitarias. “La quita del subsidio es desconocer la función social fundamental que cumplen las bibliotecas populares, en particular y las entidades de bien público en general”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que para una institución que funciona con el aporte de socios y voluntarios, el gas representa un gasto necesario para sostener sus actividades durante el invierno.

“El gas natural no es un insumo suntuario, sino una condición básica para garantizar un espacio digno de lectura, estudio y encuentro durante los meses de invierno en una ciudad con bajas temperaturas”, afirmaron desde la institución ubicada en Quintana 450 para terminar.

La reciente modificación del régimen de Zona Fría, que dejó a Tandil fuera de los descuentos en las tarifas de gas incorporados en 2021, generó preocupación por el impacto que tendrá sobre los hogares y las instituciones de la ciudad. En ese contexto, el director del Instituto Consenso Federal y exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez analizó la medida durante una entrevista en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1.

Rodríguez sostuvo que la eliminación del beneficio representa un retroceso para las localidades que fueron incorporadas al régimen en 2021 y remarcó que el descuento no constituía un privilegio, sino una herramienta destinada a contemplar las condiciones climáticas de las denominadas zonas frías.

La reforma fue sancionada por el Senado el pasado 24 de septiembre y restringió el alcance territorial del régimen principalmente a la Patagonia, Malargüe y la Puna. De esta manera, Tandil quedó excluido del esquema que permitía acceder a descuentos del 30% y 50% en las facturas de gas. Según un informe del Instituto Consenso Federal, la medida alcanzará a 49.863 hogares tandilenses.

Rodríguez recordó que el régimen ampliado fue impulsado a partir de criterios vinculados con las condiciones climáticas y el mayor consumo energético que requieren los hogares ubicados en zonas frías.

Según los datos difundidos por el Instituto Consenso Federal, los hogares de estas regiones utilizan, en promedio, un 94% más de gas que aquellos ubicados en zonas con temperaturas más moderadas. Si se considera exclusivamente el consumo destinado a calefacción, la diferencia alcanza el 180%.

El dirigente también hizo referencia a registros del Servicio Meteorológico Nacional para remarcar las bajas temperaturas que se registran en Tandil durante el invierno y cuestionó que la ciudad quede fuera del esquema mientras otras localidades mantienen el beneficio.

Para plantear las diferencias que genera el nuevo esquema, Alejandro Rodríguez comparó la situación de familias de distintas regiones del país y puso el foco en la relación entre las condiciones climáticas, el consumo energético y el acceso al descuento. “¿Quién tiene más frío? La de Tandil. ¿Quién está obligado a consumir más gas? La de Tandil. ¿Quién va a tener descuento? La de Comodoro Rivadavia y la de Madryn”, cuestionó.

En esa línea, consideró que la modificación establece un criterio que no contempla de manera suficiente las condiciones climáticas de las localidades incorporadas al régimen en 2021.

Otro de los puntos planteados durante la entrevista fue el reemplazo del beneficio territorial por un sistema focalizado según los ingresos de los hogares. “Topo” Rodríguez advirtió sobre la incertidumbre que puede generar el nuevo mecanismo y cuestionó que los usuarios que pierdan el descuento deban realizar trámites para acceder a un subsidio.

La modificación del régimen deja a Tandil fuera del beneficio territorial, aunque los hogares que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno nacional podrán solicitar el Subsidio Energético Focalizado (SEF).

Rodríguez también cuestionó la modificación de una normativa que establecía la vigencia del régimen ampliado hasta diciembre de 2031. “En ocasiones se habla mucho de la seguridad jurídica, pero pareciera ser que solo está reservada a cuatro o cinco grandes empresarios extranjeros, mientras que se rompe para el conjunto de los usuarios cuando una ley se corta al medio”, sostuvo.

El dirigente atribuyó la decisión al Gobierno nacional y planteó que la eliminación del beneficio tendrá consecuencias tanto sobre las economías familiares como sobre la actividad comercial de Tandil.

De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Consenso Federal, la eliminación del descuento podría significar que alrededor de 7.180 millones de pesos anuales dejen de destinarse al consumo local. El estudio también estimó un posible aumento promedio del 55 por ciento en las facturas durante los próximos meses, como resultado de la combinación de la quita del beneficio y otros cambios tarifarios.

También advirtió por las consecuencias de la medida para las instituciones de bien público. Según el informe de Consenso Federal, la modificación alcanzará a clubes de barrio, bibliotecas populares, centros de jubilados y comedores comunitarios que también contaban con rebajas en las tarifas de gas.

En ese sentido, Rodríguez sostuvo que el impacto no se limitará a los hogares y planteó la necesidad de recuperar un esquema que contemple las condiciones climáticas de Tandil y de otras localidades bonaerenses que quedaron excluidas.

Finalmente, Alejandro Rodríguez explicó que el camino para modificar nuevamente el régimen será legislativo y anticipó que su equipo trabaja en una nueva iniciativa.

El director del Instituto Consenso Federal señaló que se buscará elaborar un proyecto que permita recuperar los descuentos para las zonas que quedaron fuera del esquema y adelantó que se promoverá una instancia de participación y consulta en distintos puntos del interior bonaerense.

Mientras tanto, Tandil deberá afrontar el nuevo escenario tarifario luego de que el Senado convirtiera en ley la modificación del régimen de Zona Fría. La medida alcanza, según las estimaciones difundidas por Consenso Federal, a casi 50.000 hogares de la ciudad.

La Federación Argentina de Municipios (FAM) hizo público un comunicado en el que manifestó su rechazo ante la reciente aprobación de los cambios en el régimen de Zona Fría. La medida, que impacta en diversas provincias como Buenos Aires y Córdoba, fue calificada por la organización como un retroceso en los derechos de los ciudadanos.

A través de un documento oficial, la entidad que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, expresó su postura frente a la normativa sancionada en el Senado de la Nación por impulso del gobierno de Javier Milei. 

Según la FAM, la decisión tendrá consecuencias negativas para una gran cantidad de usuarios del servicio de gas: “Es otro ataque insensible del Gobierno de Javier Milei a los derechos de las familias argentinas”.

El texto difundido por la organización, que es conducida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sostiene que la normativa que fue derogada resultaba esencial para las regiones donde las condiciones climáticas exigen un mayor consumo de calefacción. En este sentido, el comunicado subraya que la quita de este beneficio representa un “golpe directo al bolsillo” de las familias.

“Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, repudiamos la modificación del Régimen de Zona Fría sancionada en el Senado de la Nación por impulso del gobierno de Javier Milei”, señalaron.

Desde la federación advirtieron sobre el impacto de esta medida en un contexto económico complejo. Al respecto, el escrito señala que “este nuevo avance sobre los derechos de las argentinas y los argentinos les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas”.

“En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”, se remarcó.

Finalmente, la entidad reafirmó su postura crítica frente a la gestión nacional y concluyó el comunicado con una advertencia sobre sus pasos a seguir: “Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”.

El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez analizó las consecuencias de la reciente sanción del Senado de la Nación que modificó el régimen de Zona Fría y dejó a Tandil fuera del beneficio. El dirigente tandilense, coautor de la normativa original, manifestó su preocupación por el impacto económico que la medida tendrá sobre los usuarios residenciales y las instituciones de bien público.

Durante la entrevista, el exlegislador cuestionó la eliminación de los descuentos tarifarios y sostuvo que la decisión no responde a una necesidad fiscal real, sino a una determinación del Gobierno nacional. “Ayer, 24 de septiembre, fue un día negro para Tandil y para todas las zonas frías de la provincia de Buenos Aires. Después de cinco años de haber logrado una decisión justa, Javier Milei decidió eliminar una ley del Congreso que tenía vigencia hasta el año 2031”, afirmó el director del Instituto Consenso Federal.

Rodríguez señaló que la eliminación del beneficio, junto con otros cambios previstos en el esquema tarifario, podría derivar en un aumento promedio del 55% en las facturas de gas para los usuarios locales. Esta estimación surge de un informe elaborado por el Instituto Consenso Federal, que también calculó que 49.863 hogares tandilenses perderán el descuento.

Asimismo, el dirigente cuestionó la seguridad jurídica del modelo económico y afirmó que se están utilizando fondos destinados a infraestructura para “maquillar” el déficit fiscal.

Uno de los puntos planteados durante la entrevista fue la situación de las entidades de bien público. Según explicó Rodríguez, la modificación también tendrá impacto sobre clubes de barrio, centros de jubilados, comedores comunitarios y bibliotecas populares, que perderán los descuentos que recibían en sus facturas de gas. “Un club de barrio no puede trasladar a la cuota el impacto del aumento en la tarifa de gas”, advirtió.

Ante declaraciones previas del concejal Gonzalo Santamarina, quien había señalado que los sectores que realmente necesitan el subsidio no lo perderían, Alejandro “Topo” Rodríguez lo invitó públicamente a debatir el tema en Eco TV.

“Le propongo públicamente al concejal Gonzalo Santamarina sentarnos en Eco TV el lunes a la mañana. Si él puede demostrar que las familias que necesitan el descuento no lo van a perder, yo le pediré disculpas públicamente y no hablaré nunca más de Zona Fría”, sostuvo.

El director del Instituto Consenso Federal también cuestionó el criterio utilizado para determinar quiénes conservarán el beneficio. En ese sentido, comparó la situación de Tandil con la de ciudades como Viedma y Comodoro Rivadavia, que continuarán dentro del esquema territorial contemplado por la nueva normativa.

Respecto de los pasos a seguir, el entrevistado descartó que la vía judicial sea la solución definitiva y consideró que el camino para modificar la situación será político y legislativo.

“La responsabilidad no es de la ciudadanía, es nuestra, al poder ofrecer una alternativa de futuro que recupere lo que se ha perdido. Esto se resuelve cambiando la composición del Congreso a través del voto popular y cambiando el gobierno nacional a partir del año 2027”, sostuvo.

Finalmente, Rodríguez confirmó que su equipo técnico ya trabaja en la elaboración de un nuevo proyecto de ley destinado a recuperar los beneficios para las zonas que quedaron excluidas del régimen.

La modificación del régimen de Zona Fría ya fue convertida en ley por el Senado y deja a Tandil fuera del esquema territorial de descuentos que rige desde 2021. La normativa restringe el alcance del beneficio y mantiene el régimen principalmente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Consenso Federal, la exclusión alcanzará a unos 49.863 hogares tandilenses.

La Zona Fría había permitido que los usuarios residenciales de Tandil accedieran a descuentos de entre 30% y 50% en sus facturas de gas. La ciudad había sido incorporada al régimen ampliado en 2021, después de años de reclamos vinculados con las bajas temperaturas y el mayor consumo necesario para calefaccionar los hogares. 

Con el nuevo esquema, sin embargo, el beneficio deja de estar determinado exclusivamente por la ubicación geográfica. Los hogares de las zonas que quedan excluidas podrán acceder al nuevo Subsidio Energético Focalizado (SEF) si acreditan determinadas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Según el criterio establecido para el nuevo régimen, podrán acceder al SEF los hogares que acrediten ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, un límite que, de acuerdo con los valores utilizados en el proyecto, equivale actualmente a $4.816.491 para una familia tipo.

Además, tendrán acceso directo al esquema:

- Hogares que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

- Veteranos de la Guerra de Malvinas.

- Hogares en los que haya un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque estos casos quedarán sujetos a evaluación de la Secretaría de Energía.

El trámite para solicitar el Subsidio Energético Focalizado (SEF) —a través del registro RASE/ReSEF— es digital, gratuito y se realiza de forma 100% online en la plataforma oficial argentina.gob.ar o en la aplicación Mi Argentina.

La incorporación al SEF, de todos modos, no implica conservar el descuento de Zona Fría tal como se aplicaba hasta ahora. El mecanismo de cálculo del subsidio también cambia y reduce su alcance.

Actualmente, el régimen de Zona Fría permite descuentos que oscilan entre el 30% y el 50%, según la región, y tienen incidencia sobre la factura de gas. Con la nueva legislación, el subsidio estará focalizado sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y no sobre el conjunto de los componentes de la factura.

Tal como ya había explicado, este cambio modifica sustancialmente el impacto del beneficio: aunque un usuario pueda ingresar al nuevo régimen, el descuento no necesariamente tendrá el mismo peso que el actual.

Por eso, ser beneficiario del SEF no equivale a mantener el descuento de Zona Fría. El monto final dependerá de la condición del hogar y también de su nivel de consumo.

Las estimaciones difundidas durante el debate de la reforma anticiparon aumentos importantes para quienes queden fuera del nuevo esquema focalizado. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea, citado en el análisis sobre la reforma, proyectó para Bahía Blanca —como ejemplo de una ciudad que dejaría el régimen— que un hogar con un consumo promedio de 118 m³ mensuales podría pasar de pagar $19.945 a $39.890, es decir, duplicar su factura. Para los hogares que sí calificaran para el SEF, la estimación era de un incremento del 22%.

En términos generales, otras estimaciones citadas en torno a la reforma ubicaron en aproximadamente 55% el aumento promedio que podrían afrontar en los próximos meses los usuarios bonaerenses como consecuencia de los cambios tarifarios.

Un ejemplo permite dimensionar la diferencia: si una jubilada de la Zona Fría actualmente recibe una factura de Camuzzi Gas Pampeana de unos $60.000 mensuales con impuestos, con un descuento aproximado de $42.000, la eliminación del régimen territorial podría llevar el monto a unos $102.000. Se trata, sin embargo, de una referencia: el valor efectivo dependerá del consumo y de si la usuaria reúne las condiciones para ingresar al SEF.

La reforma también estuvo acompañada por un acuerdo con gobernadores de distintas provincias para establecer un esquema de subsidios eléctricos destinado a las regiones bioambientales cálidas y muy cálidas durante los meses de mayor temperatura.

El compromiso contempla ampliar el bloque de consumo eléctrico subsidiado entre noviembre y abril: para la Zona Muy Cálida, de 300 a 550 kWh, y para la Zona Cálida, de 150 a 300 kWh.

Sin embargo, a diferencia de la modificación de la Zona Fría, este compromiso no quedó incorporado al texto de la ley y será instrumentado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa fue sancionada por 38 contra 8 votos.

El tratamiento del proyecto se inició tras haber sancionado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tuvo modificaciones y fue girada en revisión a la Cámara de Diputados.

Antes de iniciar el debate, el presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anticipó que se retiraban, con lo cual el oficialismo deberá garantizar el quórum de 37 senadores para votar esta iniciativa.

Con la sanción de esta ley, el Gobierno podrá reducir el déficit energético en 272 millones de pesos y ordenar las deudas que mantiene con la empresa distribuidora de energía mayorista Camessa.

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados afectará a más de un millón de usuarios, ya que se elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis

El proyecto fija que el subsidio se mantendrá únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna.

También tendrán el subsidio los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas, o los hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad.

En cambio, perderán el subsidio aquellas ciudades que tenían este beneficio desde el 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Otro clave es que el descuento se hace sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.

Las personas que pierden el subsidio por zona fría podrán gestionar una rebaja de las tarifas si acreditan que cobran hasta 3 canastas básicas para hogar tipo 2, que hoy se ubican en valores de 4,8 millones de pesos.

Se prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.

También propone un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con Cammesa, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad.

La doctora Paula Lafourcade, Defensora del Pueblo local, expresó su profunda preocupación ante el tratamiento en el Senado de la Nación de la modificación al régimen de zona fría. 

Durante su entrevista en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la funcionaria calificó la iniciativa como “un retroceso significativo para la comunidad”, subrayando que el actual esquema, vigente desde 2021, “garantiza descuentos esenciales para los habitantes de Tandil y gran parte del centro y sur de la provincia de Buenos Aires”.

La defensora explicó que el proyecto, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, “busca otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de definir discrecionalmente qué ciudades y qué porcentajes de subsidio se aplicarán a través del fondo fiduciario”. 

Y enfatizó que "para nosotros es un retroceso muy grave",  al tiempo que recordó que “el beneficio actual se basa en una ley del Congreso que brinda seguridad jurídica”, a diferencia de la propuesta que dejaría la decisión sujeta a actos administrativos del gobierno nacional.

Uno de los puntos más críticos señalados por la defensora es la exclusión total de las entidades de bien público. Según advirtió, instituciones fundamentales para el tejido social como bibliotecas, clubes de barrio y merenderos perderían el subsidio del 50 por ciento que reciben actualmente. 

"Mañana una biblioteca, un club de barrio, un comedor no va a tener como hoy que recibe el 50 por ciento. Quedan completamente excluidos", sentenció.

La funcionaria detalló que el impacto económico será doblemente perjudicial. Por un lado, el cambio en la metodología de cálculo del subsidio —que pasaría a realizarse sobre el precio del transporte y no sobre el total de la factura— “implicará un incremento del 30 por ciento en los costos para aquellos usuarios que logren mantener el beneficio”. Por otro lado, “el 60 por ciento de los usuarios residenciales de Tandil que hoy acceden a un 30 por ciento de subsidio perderían dicho alivio económico por completo”, detalló.

Ante este escenario, Paula Lafourcade destacó el trabajo conjunto que vienen realizando las defensorías del pueblo de diversas ciudades como Río Cuarto, Villa María y Mar del Plata, integradas en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). Los defensores han enviado notas individuales a los 72 senadores nacionales solicitando el rechazo a esta modificación.

La defensora cuestionó la lógica detrás de la negociación política que impulsa esta reforma, la cual "estaría vinculada a reclamos de provincias del norte argentino por una ‘zona cálida’". 

Al respecto, sostuvo que "es poner un usuario contra otro" y aclaró que, “si bien el reclamo por las altas temperaturas en el norte es legítimo, la solución no debería ser en desmedro de la zona fría, sino mediante la creación de un fondo especial por ley, tal como se hizo para las regiones de bajas temperaturas”.

Asimismo, Lafourcade desmintió que el fondo fiduciario sea deficitario, aclarando que se trata de un sistema solidario financiado por los propios usuarios. 

"Es solidaridad por razones climáticas", afirmó, recordando que Tandil se encuentra entre las ciudades con temperaturas más extremas del país, “lo que justifica la necesidad de mantener el beneficio por ley y no bajo criterios discrecionales que, además, prevén una reducción del 50 por ciento en el fondo total”.

Finalmente, la Defensora del Pueblo hizo referencia a la falta de un defensor del pueblo de la Nación, cargo que permanece vacante desde hace más de 17 años. 

Según la doctora, esta ausencia “obliga a los defensores locales y provinciales a redoblar esfuerzos para visibilizar problemáticas que afectan a la ciudadanía, como la falta de obras de infraestructura en la Ruta 226”, tema que también ocupa la agenda de la Defensoría local ante la recurrencia de siniestros viales.